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Procedimiento : 2010/2094(BUD)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

A7-0283/2010

Debates :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Votaciones :

PV 20/10/2010 - 4.5
CRE 20/10/2010 - 4.5
Explicaciones de voto
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P7_TA(2010)0370

Debates
Miércoles 20 de octubre de 2010 - Estrasburgo Edición DO

7. Explicaciones de voto
Vídeo de las intervenciones
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Explicaciones orales de voto

 
  
  

Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea - ejercicio 2011

 
  
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  Nicole Sinclaire (NI). – Señor Presidente, tengo los siguientes comentarios para mis colegas diputados.

Hoy ha sido la primera vez, tras la aprobación del Tratado de Lisboa, que hemos votado el presupuesto. Todos se han felicitado y piensan que han hecho un buen trabajo pero, en realidad, mientras los países de toda la Unión Europea están teniendo que recortar los servicios públicos y teniendo que recortar sus presupuestos públicos, ustedes han querido incrementar los suyos.

Han aumentado su presupuesto de representación en 2 millones de euros, un incremento del 85 %. ¿Es este el verdadero mensaje que quieren enviar a los ciudadanos europeos? Asimismo, han aprobado disposiciones sobre la prestación de maternidad que van a tener unas graves repercusiones sobre mis electores del Reino Unido. Esto va a perjudicar al empleo; y va a afectar a los servicios públicos. Espero que hoy estén orgullosos de si mismos. Esta no es la manera de dirigir Europa.

 
  
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  Licia Ronzulli (PPE). (IT) Señor Presidente, en este punto, por razones de equidad, formularé una explicación de voto a favor del resultado conseguido con relación al informe Estrela.

 
  
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  Presidente. – Ahora, sin embargo, no vamos a prolongar más esta cuestión. Hemos dado la palabra a dos diputados. Para las otras explicaciones —hay 61, todavía nos quedan 59— decidan si van a formularlas por escrito o si lo harán mañana al final de la votación.

 
  
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
  

Informe: Paulo Rangel (A7-0279/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de la revisión del Acuerdo marco que regulará las relaciones entre el Parlamento y la Comisión, de acuerdo con el Tratado de Lisboa, porque considero que esta revisión crea una relación de mayor transparencia y dinamismo entre ambos. Con anterioridad al Tratado de Lisboa y de conformidad con el fundamento jurídico del artículo 295 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los Tratados no instaban expresamente a las instituciones de la UE a celebrar acuerdos interinstitucionales. Por lo tanto, creo que esta revisión del Acuerdo marco refleja el equilibrio institucional creado por el Tratado de Lisboa, y consolida los logros alcanzados con este nuevo Tratado. Este texto representa así un compromiso entre las dos partes y garantiza una aplicación más coherente y sensata del Tratado de Lisboa.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. (IT) En todos los sistemas democráticos, el control parlamentario de las acciones del ejecutivo es una cuestión fundamental, así como es muy importante una intensa comunicación recíproca entre el gobierno y los representantes de los ciudadanos. Este acuerdo interinstitucional entre el Parlamento y la Comisión satisface —en la medida de lo posible en un sistema complejo y en continua evolución como el de la Unión Europea— algunas peticiones presentadas legítimamente por el Parlamento relativas a la Comisión Europea. Por lo tanto, es bueno que se facilite el control del Parlamento sobre la Comisión, ya que esta es un órgano técnico que no puede ser el cerebro político de todo un continente y debe responder del contenido, las razones y los métodos de sus acciones. Asimismo, es, sin duda, positivo que se esté intentando lograr una implicación aún mayor de la Comisión en la labor del Parlamento, en particular, en las sesiones plenarias, para que pueda responder a las peticiones de los representantes de los ciudadanos de la Unión Europea y rendir cuentas a su debido tiempo de la posición de la Comisión en asuntos políticos, económicos, sociales e internacionales de actualidad. Lo cierto es que si la UE desea avanzar hacia una estructura democrática diferente de la que existe hoy, tendrán que mejorar e intensificarse las relaciones entre la Comisión y el Parlamento. He votado a favor del informe del señor Rangel.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) Esta propuesta ha logrado el primer Acuerdo marco constructivo. El aumento de las competencias del Parlamento Europeo tras el Tratado de Lisboa es muy importante para una mayor cooperación con la Comisión Europea y para las futuras relaciones relativas a la ejecución de nuevos acuerdos. Por lo tanto, este documento establece directrices adicionales para la cooperación entre estas dos instituciones. El Parlamento Europeo y la Comisión podrán desarrollar un diálogo estrecho sobre el Programa de Trabajo de la Comisión y los acuerdos internacionales. El Parlamento tendrá derecho a obtener documentos confidenciales; se le informará sobre el progreso de las negociaciones internacionales y, además, podrá, a través de sus expertos, proporcionar propuestas a la Comisión sobre estas cuestiones. Asimismo, el Acuerdo marco establece un control parlamentario amplio, la consolidación de las disposiciones sobre la elección del Presidente de la Comisión y de ésta como organismo, así como su composición, y su posible modificación y restructuración. El Parlamento está luchando por una cooperación mejor y más transparente con otras instituciones. Acojo favorablemente el hecho de que una cooperación más estrecha entre estas dos instituciones ayudará a los Estados miembros a transponer la legislación de la Unión Europea al Derecho nacional de la manera más rápida y eficaz posible.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. (IT) La estructura constitucional de la Unión Europea cada vez está adoptando más la forma de un Estado nación. Además de las consideraciones que se generan sobre el futuro de la Unión, tenemos que reconocer la aceptación de esta similitud. De hecho, el diseño de las relaciones entre la Comisión y el Parlamento se deriva —justificadamente, en mi opinión— de esto, de una manera que ya se ha probado y puesto a punto durante décadas (si no siglos) en cada uno de los Estados miembros. En particular, se debe valorar la función de control y de supervisión del Parlamento, porque ayuda a reducir el denominado déficit democrático y hace que la relación entre los ciudadanos y la Comisión sea más transparente.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) Acojo favorablemente el éxito de las negociaciones y los compromisos alcanzados en este nuevo Acuerdo marco, el quinto acuerdo interinstitucional entre el Parlamento y la Comisión. Este nuevo acuerdo, indudablemente, marca un importante avance en cuanto a las relaciones con la Comisión. Aunque el compromiso acordado no alcanza todos los objetivos del Parlamento, tenemos un acuerdo que garantiza una aplicación coherente y sensata del Tratado de Lisboa. Quisiera destacar la importancia de las negociaciones sobre la dimensión interinstitucional de las relaciones internacionales de la UE, que permite al Parlamento estar totalmente informado en tiempo útil para que pueda pronunciarse sobre los acuerdos internacionales durante el proceso de negociación. Por último, con respecto a la obligación de informar, quisiera resaltar que será crucial la cooperación en una fase inicial con el Parlamento en relación con las solicitudes de iniciativas legislativas basadas en las peticiones de los ciudadanos para garantizar el vínculo entre estos y el Parlamento. Por lo tanto, voto a favor de la mayor parte de las propuestas de este informe.

 
  
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  Robert Dušek (S&D), por escrito. – (CS) El objetivo del proyecto de informe sobre la revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea es lograr el equilibrio institucional entre el Parlamento y la Comisión por el que se aboga en el Tratado de Lisboa. Aunque los acuerdos interinstitucionales no modifican la promulgación de legislación primaria, en este caso, aclaran las relaciones entre las instituciones de la UE. La versión final de la propuesta es, según el ponente, un compromiso equilibrado entre las opiniones y posiciones de ambas partes institucionales, teniendo en cuenta que las negociaciones más delicadas fueron las relativas a las relaciones internacionales de la UE. El Parlamento debe estar totalmente informado para facilitar el otorgamiento del consentimiento, para que nunca más tengamos una falta de acuerdos internacionales. Ya se han concluido las negociaciones relativas a dichos acuerdos.

Se acoge muy favorablemente que el Tratado de Lisboa haya otorgado nuevas competencias al Parlamento para supervisar mejor y más detenidamente la transposición de la legislación de la UE al Derecho nacional y su aplicación. La legislación comunitaria común no tiene mucho sentido si ciertos Estados miembros no la aplican a nivel nacional. Estoy de acuerdo con lo dispuesto en el informe, y voy a votar a favor de su aprobación.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Los acuerdos interinstitucionales dentro de la Unión Europea son esenciales para una supervisión, un control y un equilibrio de los poderes eficaces. Por lo tanto, tras las necesarias adaptaciones establecidas por el Tratado de Lisboa, me alegra ver el aumento de las competencias del Parlamento en sus relaciones con la Comisión. Tal y como se refleja en el informe, esto significa un mayor control y más eficaz sobre las propuestas de la Comisión, y una mayor transparencia en el proceso legislativo.

Por lo tanto, ha sido un paso más hacia el ejercicio efectivo del poder democrático, y contribuirá a una Europa más próxima a sus ciudadanos. Además, no puedo dejar de señalar los amplios poderes de negociación que ha requerido esta propuesta, especialmente por parte del ponente, el señor Rangel. Quiero felicitarle en este momento.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Acojo favorablemente la aprobación de este informe y el excelente trabajo realizado por el ponente, el señor Rangel. Este informe refleja y da forma al equilibrio institucional establecido por el Tratado de Lisboa, que tiene como resultado una clara e importante mejora en las relaciones con la Comisión. El proyecto de Acuerdo marco revisado sobre las relaciones entre el Parlamento y la Comisión es el quinto acuerdo de este tipo celebrado entre las dos instituciones. En cuanto al proceso legislativo y la programación, es importante señalar los cambios relativos al enfoque «Legislar mejor» y el anuncio de una revisión del acuerdo interinstitucional sobre esta cuestión, así como la nueva reglamentación sobre las evaluaciones de impacto llevadas a cabo por la Comisión. Respecto a la dimensión interinstitucional de las relaciones internacionales de la UE, el objetivo del Parlamento es tener derecho a ser informado para poder dar su aprobación con total conocimiento de los hechos, y evitar la no conclusión de acuerdos internacionales cuando las negociaciones ya han finalizado. Asimismo, quiero señalar la concesión del estatuto de observador a los diputados en las conferencias internacionales, que ahora pueden asistir a todas las reuniones pertinentes. Esta función es crucial para reforzar los poderes democráticos del Parlamento, especialmente durante la negociación de importantes conferencias internacionales como las conferencias de las Naciones Unidas sobre cambio climático.

 
  
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  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. (FR) El pasado miércoles, voté a favor del Acuerdo marco revisado sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, una revisión que establece, dentro de este acuerdo, las nuevas competencias del Parlamento que se derivan del Tratado de Lisboa.

Estas nuevas competencias del Parlamento Europeo son esenciales y suponen un cambio radical en el procedimiento institucional europeo. El control parlamentario reforzado sobre la Comisión, la facultad del Parlamento de aprobar acuerdos internacionales, su participación en el programa de trabajo de la Comisión, su participación en la elección del Presidente de la Comisión Europea son muchos avances esenciales en la construcción de una zona europea más democrática.

Lo que me parece también fundamental son las garantías adicionales que estamos obteniendo en cuanto a las obligaciones de informar al Parlamento: tendremos un mejor acceso a los documentos confidenciales relativos a los acuerdos y negociaciones internacionales. El Parlamento Europeo debe estar involucrado en estos «procedimientos internacionales», antes y después. Por lo tanto, este acuerdo establece un nuevo equilibrio para una zona europea más democrática y es bueno que todo esto esté plasmado en un acuerdo oficial.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) Aprobado por una gran mayoría, el Acuerdo marco revisado establece un avance indiscutible en las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión.

Realmente, es hora de que se refleje rigurosamente el equilibrio institucional puesto en vigor por el Tratado de Lisboa. Entre los elementos clave de esta revisión, debemos especialmente acoger favorablemente la igualdad de tratamiento entre el Parlamento y el Consejo, en particular en materia de intercambio de información y de acceso a las reuniones. A este respecto, estoy satisfecha con las disposiciones establecidas relativas a la negociación de acuerdos internacionales. ¿Cómo podría el Parlamento dar su aprobación con pleno conocimiento de los hechos si no se le informa durante el proceso de negociación?

Los diputados están clara y verdaderamente decididos a aplicar plenamente las mayores competencias que tienen a su disposición desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa: prueba de esto fue el rechazo en febrero del Acuerdo SWIFT. Una cosa es cierta; tendremos que permanecer alerta a fin de mantener este nuevo proceso institucional.

 
  
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  Peter Jahr (PPE), por escrito. (DE) El Tratado de Lisboa concede al Parlamento Europeo un considerable número de nuevas competencias de codecisión. Como consecuencia, deberá haber, sobre todo, una profundización de la democracia en la Unión Europea y una mayor participación por parte de los ciudadanos europeos.

Al regular y poner en práctica estos derechos, el nuevo Acuerdo marco tiene en cuenta los mismos y el nuevo equilibrio entre la Comisión y el Parlamento. Esto debe acogerse muy favorablemente, porque el Parlamento ahora tendrá mayor capacidad para estar a la altura de su papel como representante de los ciudadanos de la UE. Depende ahora de nosotros utilizar estos nuevos derechos de manera responsable.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – Este es un gran logro para el Parlamento y un marco positivo para las relaciones entre el Parlamento y la Comisión. Acojo especialmente bien el reconocimiento de que el Consejo y el Parlamento se encuentran en «pie de igualdad» y las implicaciones que tiene para el acceso del Parlamento a los documentos confidenciales, su derecho a ser informado de las reuniones de la Comisión con expertos nacionales y su participación en las conferencias internacionales. Asimismo, me satisface que el Parlamento tenga un papel más sólido en la programación legislativa y que tenga más posibilidades de debatir estas cuestiones con la Comisión en sesión plenaria y en comisión.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Tras la aprobación del Tratado de Lisboa, se han modificado en gran medida las relaciones entre el Parlamento y la Comisión, con mayores competencias para el Parlamento en diversos asuntos, en particular en aquellos relativos al procedimiento legislativo ordinario y a las cuestiones presupuestarias, y un papel más sólido en cuanto a la política exterior de la UE. Estos cambios significan que los ciudadanos europeos tienen ahora un nuevo papel en relación con la toma de decisiones a nivel de la UE. Por lo tanto, es necesario y oportuno revisar el Acuerdo marco que rige las relaciones entre el Parlamento y la Comisión.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. (LV) Estoy totalmente de acuerdo con el informe del señor Rangel. Hasta ahora, la Comisión Europea, en numerosas ocasiones, no ha hecho caso de las resoluciones del Parlamento Europeo. Esto, en mi opinión, es inaceptable. Por ejemplo, la Resolución del Parlamento Europeo de 11 de marzo de 2004, en la que se recomienda que la República de Letonia otorgue a los no ciudadanos el derecho a votar en las elecciones municipales y simplifique el proceso de naturalización de las personas de edad, no se ha aplicado hasta ahora. Quisiera saber por qué los comisarios europeos pertinentes tienen todavía que hacer preguntas al Gobierno de Letonia. ¿Por qué se ignora esta Resolución del Parlamento Europeo? Quizá como consecuencia de la firma del nuevo acuerdo sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión, el Parlamento Europeo juzgará adecuadamente este tipo de inactividad por parte de la Comisión, y aquellos que no realicen correctamente su trabajo, en la siguiente ocasión, dejarán de ser miembros de la Comisión.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) Celebro la elaboración del informe sobre el Acuerdo marco revisado sobre las relaciones entre el Parlamento y la Comisión, y su aprobación en sesión plenaria, a la que contribuí, como un marco esencial para una mayor democratización de la Unión Europea mediante una división de poderes entre la Comisión y el Parlamento que respeta mejor sus respectivas competencias.

Este Acuerdo marco es especialmente importante porque es el primero desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que otorgó al Parlamento mayores poderes, especialmente a nivel legislativo.

Creo que con arreglo a este nuevo Acuerdo marco, el Parlamento participa de una manera más activa en la construcción del proyecto europeo, ya que puede cumplir sus competencias de forma más plena, eficaz y responsable.

 
  
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  Marc Tarabella (S&D), por escrito. (FR) A pesar de las importantes medidas que la Resolución de la señora Figueiredo propone sobre el papel de unos ingresos mínimos en la lucha contra la pobreza y el fomento de una sociedad inclusiva en Europa, lamento que la mayoría de los miembros del Parlamento Europeo no fueran más ambiciosos. Como socialista, creo que es indispensable una directiva marco para luchar eficazmente contra la pobreza, que afecta al 17 % de la población europea.

Esta Directiva marco, propuesta por mi colega, Frédéric Daerden, establecería el principio de unos ingresos mínimos adecuados en Europa, ciertos en función de criterios comunes a todos los Estados miembros y de conformidad con las prácticas nacionales relativas a la negociación colectiva y con la legislación nacional. Nuestra obligación es aspirar a una Europa más social.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) Con anterioridad al Tratado de Lisboa y el nuevo fundamento jurídico del artículo 295 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los Tratados no instaban expresamente a las instituciones de la Unión Europea a celebrar acuerdos interinstitucionales. Estos acuerdos no pueden modificar las disposiciones de la legislación primaria, pero con frecuencia puede clarificarlas.

Estoy convencido de que este proyecto refleja estrictamente el equilibrio institucional establecido por el Tratado de Lisboa. Doy mi consentimiento porque este acuerdo representa una mejora clara y significativa en las relaciones con la Comisión. Al igual que todos los acuerdos, el texto final tiende a ser un compromiso entre ambas partes; sin embargo, este compromiso final ofrece un juicio equilibrado y una aplicación razonable y coherente del Tratado de Lisboa.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – El informe Rangel señala los logros más importantes para el Parlamento Europeo incluidos en el Acuerdo marco revisado con respecto a los siguientes aspectos:

En cuanto al «Procedimiento y programación legislativos: cooperación mutua» incluye la mejora de la implicación del Parlamento, la revisión de todas las propuestas pendientes al iniciarse el mandato de una nueva Comisión, teniendo en cuenta las opiniones del Parlamento, y el compromiso de la Comisión de informar acerca del seguimiento específico de toda solicitud de iniciativa legislativa con arreglo al artículo 225 del TFUE.

En cuanto al «control parlamentario», incluye las nuevas normas de participación de los Comisarios en campañas electorales, la obligación de la Comisión de recabar el dictamen del Parlamento si desea revisar el Código de Conducta, y la obligación de los candidatos al cargo de Director ejecutivo de comparecer ante las comisiones parlamentarias responsables.

Asimismo, establece las obligaciones de información y el requisito de la presencia de la Comisión en el Parlamento.

 
  
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  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito. (PL) La entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha otorgado nuevos derechos a la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. El proyecto del texto modificado del Acuerdo marco es una expresión de una aplicación más eficaz de los cambios que se derivan del acuerdo sobre las relaciones entre las dos instituciones. Establece cambios beneficiosos en el procedimiento legislativo, el control parlamentario y la obligación de información. Representa un gran avance en las relaciones con la Comisión y es un importante paso hacia una cooperación más estrecha. Los intercambios de información y el diálogo constructivo nos permitirán lograr resultados más eficaces y transparentes, que es una cuestión clave desde el punto de vista de los ciudadanos europeos cuyos intereses representamos. Por esa razón considero que es importante que se dé prioridad en el acuerdo a la participación de los miembros de la Comisión en las sesiones plenarias y en otras reuniones relacionadas con las actividades del Parlamento. Me complace especialmente que la Comisión se haya comprometido a cooperar estrechamente con el Parlamento en las propuestas de iniciativas legislativas de los ciudadanos en una fase temprana.

Gracias a ello, en el Parlamento podemos estar más cerca de los ciudadanos, lo que reforzará nuestra democracia. Sin embargo, a fin de actuar de manera eficaz en interés de los ciudadanos europeos, la Comisión debe otorgar a los diputados el estatuto de observador en todas las conferencias internacionales y, si fuera posible, facilitar nuestra presencia en otras reuniones importantes aún en mayor medida, así como informar al Parlamento de sus posiciones negociadoras en dichas reuniones y conferencias.

 
  
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  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), por escrito. – He votado a favor del informe Rangel A7-279/2010. Sin embargo, estoy totalmente en desacuerdo con la hipótesis del ponente según la cual «el Tratado de Lisboa profundiza significativamente la democracia en la UE, al ofrecer a los ciudadanos de la Unión, principalmente mediante el Parlamento, un mayor poder de control sobre la Comisión».

 
  
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  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. (LT) Este nuevo Acuerdo marco sobre las relaciones pueden potencialmente consolidar los logros del Tratado de Lisboa y esto puede representar un avance significativo. Especialmente importantes son las enmiendas que mejoran los procedimientos jurídicos y refuerzan el control parlamentario. Estoy de acuerdo con todas las enmiendas que contribuyen a mejorar el intercambio de información y a fomentar la eficacia de las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Es importante garantizar que esta asociación institucional sea lo menos burocrática posible. El nuevo Acuerdo marco sobre las relaciones regula la «relación especial de colaboración» entre el Parlamento y la Comisión Europea. No debemos olvidar que la relación más importante de todas es la que existe entre la Unión Europea y sus ciudadanos. La Unión Europea debe concentrarse más en encontrar perspectivas comunes con sus ciudadanos y en demostrar su importancia en sus vidas diarias.

Como muy bien señala el ponente, este acuerdo supone un «nuevo equilibrio interinstitucional», es decir, un compromiso razonable. Sin embargo, hay algunas cuestiones sobre las que la Unión Europea no puede negociar —los derechos humanos y las libertades fundamentales—. Mayores poderes significan mayor responsabilidad. Una cosa es hablar de valores comunes, y otra muy distinta aplicar y defender estos valores. A menos que esto se consiga, los diferentes poderes del sistema institucional de la Unión Europea no podrán desarrollar plenamente su potencial. Para ser una fuerza de cohesión, la Unión Europea debe tener credibilidad.

 
  
  

Informe: Paulo Rangel (A7-0278/2010)

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) Ahora que se ha aprobado la revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento y la Comisión, lo normal es la subsiguiente adaptación del Reglamento del Parlamento a dicho Acuerdo marco. Por lo tanto, voto a favor de este informe.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Estoy de acuerdo con las enmiendas al Reglamento del Parlamento a fin de adaptarlo al Acuerdo marco revisado sobre las relaciones entre el Parlamento y la Comisión. Dada la apertura de la Comisión en cuanto a dar más información a los diputados, se acuerda que éstos están obligados a respetar el Reglamento del Parlamento en materia de tratamiento de la información confidencial. Dicha apertura requiere que los presidentes y ponentes de la comisión competente y, en su caso, de las comisiones asociadas, tomen conjuntamente las medidas apropiadas para velar por que se facilite al Parlamento, con carácter periódico e inmediatamente toda la información, en su caso con carácter confidencial, en todas las etapas de la negociación y conclusión de los acuerdos internacionales, incluyendo los proyectos y los textos finales de las directivas adoptadas.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Tras la aprobación del Tratado de Lisboa, se han modificado en gran medida las relaciones entre el Parlamento y la Comisión, con mayores competencias para el Parlamento en diversos asuntos, en particular en aquellos relativos al procedimiento legislativo ordinario y a las cuestiones presupuestarias, y un papel más sólido en cuanto a la política exterior de la UE. Estos cambios significan que los ciudadanos europeos tienen ahora un nuevo papel en relación con la toma de decisiones a nivel de la UE. Por lo tanto, es necesario y oportuno adaptar el Reglamento al Acuerdo marco revisado sobre las relaciones entre el Parlamento y la Comisión.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) La adaptación del Reglamento del Parlamento al Acuerdo marco revisado entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea dimana naturalmente de la revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, lo que permite aprobar inmediatamente el acuerdo marco para poder ponerlo en vigor tal como se exige, y tal y como, por lo tanto, se asegurará. Los antecedentes y el acuerdo que los dos informes comparten también garantizan mi aprobación de este último.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – El informe Rangel señala los logros más importantes para el Parlamento Europeo incluidos en el Acuerdo marco revisado con respecto a los siguientes aspectos:

En cuanto al «Procedimiento y programación legislativos: cooperación mutua» incluye la mejora de la implicación del Parlamento, la revisión de todas las propuestas pendientes al iniciarse el mandato de una nueva Comisión, teniendo en cuenta las opiniones del Parlamento, y el compromiso de la Comisión de informar acerca del seguimiento específico de toda solicitud de iniciativa legislativa con arreglo al artículo 225 del TFUE.

En cuanto al «control parlamentario», incluye las nuevas normas de participación de los Comisarios en campañas electorales, la obligación de la Comisión de recabar el dictamen del Parlamento si desea revisar el Código de Conducta, y la obligación de los candidatos al cargo de Director ejecutivo de comparecer ante las comisiones parlamentarias responsables.

Asimismo, establece las obligaciones de información y el requisito de la presencia de la Comisión en el Parlamento.

 
  
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  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), por escrito. – He votado a favor del informe Rangel A7-0278/2010. Sin embargo, estoy totalmente en desacuerdo con la hipótesis del ponente según la cual «el Tratado de Lisboa profundiza significativamente la democracia en la UE, al ofrecer a los ciudadanos de la Unión, principalmente mediante el Parlamento, un mayor poder de control sobre la Comisión».

 
  
  

Informes: Paulo Rangel (A7-0279/2010), (A7-0278/2010)

 
  
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  Bairbre de Brún y Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), por escrito. – He votado a favor de los informes Rangel A7-0278/2010 y A7-0279/2010. Sin embargo, estoy totalmente en desacuerdo con la hipótesis del ponente según la cual «el Tratado de Lisboa profundiza significativamente la democracia en la UE, al ofrecer a los ciudadanos de la Unión, principalmente mediante el Parlamento, un mayor poder de control sobre la Comisión».

 
  
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  Joe Higgins (GUE/NGL), por escrito. – Me he abstenido en las votaciones sobre los informes Rangel A7-0278/2010 y A7-0279/2010. A pesar de que apoyo muchas de las medidas mencionadas en los informes, como, por ejemplo, la mayor participación del Parlamento en la elaboración del Código de Conducta de los Comisarios y en las negociaciones internacionales, estoy totalmente en desacuerdo con la hipótesis del ponente según la cual «el Tratado de Lisboa profundiza significativamente la democracia en la UE, al ofrecer a los ciudadanos de la Unión, principalmente mediante el Parlamento, un mayor poder de control sobre la Comisión».

 
  
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  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. – He votado a favor de los informes Rangel A7-0278/2010 y A7-0279/2010. Sin embargo, estoy totalmente en desacuerdo con la hipótesis del ponente según la cual el Tratado de Lisboa profundiza significativamente la democracia en la UE, al ofrecer a los ciudadanos de la Unión, principalmente mediante el Parlamento, un mayor poder de control sobre la Comisión.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. (LV) El señor Rangel propone enmiendas muy importantes al Reglamento del Parlamento Europeo. Es posible que, directamente como consecuencia de estas adaptaciones de dicho Reglamento, los problemas que debatimos se resuelvan con mayor rapidez. Quisiera especialmente que las decisiones y recomendaciones del Parlamento Europeo se lleven a cabo en los Estados miembros de la UE. Únicamente cuando pongamos nuestros propios asuntos en orden, tendrán más influencia las recomendaciones de la UE a terceros países. Por ejemplo, todavía no se han aplicado las recomendaciones de la Resolución del Parlamento Europeo del 11 de marzo de 2004 sobre la situación de los no ciudadanos en Letonia. Espero que el Reglamento revisado del Parlamento Europeo ayude a las instituciones de la UE a crear una imagen clara de las violaciones de los derechos humanos fundamentales que se están produciendo en Letonia.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) Mediante este acuerdo, se ha «mejorado» y consolidado el Parlamento y se ha reforzado la democratización de la Unión Europea. La aprobación de este informe es una clara señal del deseo de consolidar el principio de la separación de poderes. El Acuerdo marco es muy importante ya que define las relaciones entre el Parlamento y la Comisión en un momento en el que el Parlamento ha obtenido mayores poderes, especialmente en el proceso legislativo, por lo que está ahora al mismo nivel que el Consejo. Ciertamente, sin perjuicio de los tratados y protocolos complementarios y de aplicación, era necesaria una legislación adicional para especificar y definir mejor algunas cuestiones. En particular, aplaudo el hecho de que el Acuerdo marco aclare los puntos relativos a la responsabilidad política de ambas instituciones, la circulación de información, las relaciones exteriores, los acuerdos de ampliación e internacionales, la ejecución del presupuesto, el programa político y legislativo de la Comisión y el programa plurianual de la Unión Europea, la competencia legislativa de la Comisión y el ejercicio de sus poderes específicos, la supervisión de la aplicación del Derecho comunitario y la participación de la Comisión en el trabajo del Parlamento.

 
  
  

Informe: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010)

 
  
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  George Becali (NI), por escrito. (RO) He votado a favor de este Reglamento, que incluye detalles técnicos, financieros y administrativos y explica las relaciones interinstitucionales que este servicio europeo y sus estructuras necesitan tener. Nuestro deseo ha sido, y todavía es, que la UE sea un actor influyente y reconocido en la política exterior. Para lograrlo, necesitamos también normas y reglamentos europeos adaptados a la misión.

 
  
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  Alain Cadec (PPE), por escrito. (FR) Cuando se creó el Servicio Europeo de Acción Exterior, fue necesario modificar el Reglamento financiero a fin de mejorar el control y el seguimiento de la aplicación del SEAE.

El informe Gräßle-Rivellini incrementa el presupuesto y la responsabilidad financiera, mejora la transparencia y fomenta la eficacia del SEAE. Las propuestas de mejora contribuirán a crear una cultura de la integridad financiera necesaria para promover la confianza en el funcionamiento adecuado del SEAE.

Asimismo, acojo favorablemente las partes del informe que exigen que se conceda al Parlamento un poder de control significativo. Por consiguiente, estoy de acuerdo con los ponentes en pedir que el Parlamento pueda ejercer plenamente sus derechos de aprobación de la gestión y que los jefes de delegación presenten sus informes sobre la ejecución del presupuesto a la Comisión de Control Presupuestario.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) Voto a favor de la mayor parte de las medidas propuestas en este informe, cuyo objetivo es proporcionar al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) una cultura de la integridad financiera necesaria para confiar en que el SEAE funcione en el futuro de manera correcta e indiscutible. La distinta procedencia de los miembros del personal hará del SEAE un crisol de culturas corporativas, y el Servicio tendrá que crear gradualmente su propia cultura. Al definir la estructura de este nuevo Servicio, es importante establecer sus normas financieras y garantizar desde el principio las máximas salvaguardias, de manera que la integridad financiera esté en adelante arraigada en la cultura corporativa del SEAE. Asimismo, quiero poner de relieve que a fin de garantizar un control democrático y aumentar la confianza de los ciudadanos europeos en sus instituciones comunitarias, cada año, se remitirá al Parlamento una declaración de fiabilidad sobre los sistemas internos de gestión y control creados en las delegaciones de la Unión.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE) , por escrito. (FR) El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) está ahora en buen camino de convertirse en un cuerpo diplomático operativo. El Parlamento garantizó que el 60 % del personal tenga que proceder de otras instituciones europeas, lo que asegurará un cierto grado de independencia de los Estados miembros. Se estableció el principio de equilibrio geográfico para garantizar una presencia adecuada y significativa de nacionales de todos los Estados miembros.

Esta votación ha reforzado el papel del Parlamento: en efecto, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento escuchará a los jefes de delegación de la Unión Europea nombrados en regiones «de importancia estratégica». Además, el Parlamento tendrá un derecho de control sobre la utilización del presupuesto del SEAE y su personal tendrá que seguir una formación específica sobre gestión presupuestaria.

 
  
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  Philippe de Villiers (EFD), por escrito. (FR) Se ha pedido al Parlamento que dé su opinión sobre la propuesta de Reglamento presentada por Ingeborg Gräßle y Crescenzio Rivellini relativa a la creación de un presupuesto general de las Comunidades Europeas en relación con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Es imposible apoyar la creación de un futuro servicio diplomático europeo que va a estar bajo el control administrativo, presupuestario y político de la Comisión. Francia, que puede enorgullecerse de tener el servicio diplomático más antiguo del mundo, tendrá que ceder una vez más prerrogativas diplomáticas a la Unión Europea cuyos ciudadanos son totalmente indiferentes a las posiciones que adopta.

Este servicio diplomático, que la Comisión ha pedido con tanto entusiasmo, supondrá un total abandono del patrimonio nacional. Los funcionarios del SEAE no podrán recibir instrucciones de los Estados miembros y tendrán que trabajar por el interés general «superior» de una Unión Europea que sólo es referencia para los propios eurócratas.

 
  
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  Diane Dodds (NI), por escrito. – Señor Presidente, siempre me he opuesto a la creación del SEAE —nada habría cambiado mi opinión al respecto—. Pero estoy informada de las garantías ofrecidas ya que la UE realizó una campaña de persuasión, para obtener apoyo para el SEAE.

Se nos dijo que el SEAE no afectaría al presupuesto. Sin embargo, ¿dónde estamos ahora? La neutralidad presupuestaria no es más que otra promesa de la UE que cae en saco roto. Ya hemos superado el presupuesto previsto en 34 millones debido a que se ha solicitado más personal y a otros gastos de puesta en marcha, y ¡el SEAE no está ni siquiera operativo!

El SEAE supone otro ejemplo más de dinero de los contribuyentes malgastado, en un servicio que mis electores no quieren pero que les han impuesto burócratas que buscan quitar más y más poder a los gobiernos nacionales en favor de la UE. Dicha burocracia es inaceptable y, por lo tanto, debemos recortarla en estos momentos de crisis económica, no incrementarla.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) El objetivo de la propuesta de Reglamento es modificar el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades debido a la institucionalización del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que resulta de la aprobación del Tratado de Lisboa por parte de los Estados miembros. Esta nueva entidad carece de un marco presupuestario, y, por lo tanto, es necesaria esta modificación. La equiparación del SEAE a una institución le permite tener una autonomía presupuestaria y le confiere competencia para gestionar sus propios gastos administrativos, con sujeción a la aprobación de la gestión por parte del Parlamento.

Espero que el SEAE lleve a cabo sus actividades de manera competente, eficaz, complementaria y, sobre todo, no competitiva con las representaciones diplomáticas de los Estados miembros. En este asunto, la Comisión ha señalado que desea garantizar que el SEAE pueda cumplir esta tarea de una acción exterior unificada sin que ello suponga un debilitamiento de la buena gestión financiera, de la responsabilidad y de la protección de los intereses financieros de la Unión. Espero que así sea.

 
  
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  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. (DE) El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) será el portavoz de la futura política exterior de la Unión Europea. En este Servicio, nuestras diferentes posiciones encontrarán una sola voz —que transmitirá un mensaje firme—, así que es importante apoyarlo. A fin de que el SEAE pueda desempeñar su labor de una manera eficaz, es necesario un control financiero eficiente. Sólo se puede garantizar el mejor control posible si el SEAE forma parte de la Comisión. La clara distribución de derechos y obligaciones le permitirá trabajar sin contratiempos. Apoyo el exitoso informe de la señora Gräßle y el señor Rivellini, y he votado, por supuesto, a favor de esta contribución constructiva del Parlamento Europeo.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe de la señora Gräßle y el señor Rivellini que establece el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas en relación con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), porque creo que el fomento de la integridad financiera es importante a fin de garantizar que las instituciones europeas se gestionen de manera adecuada y con transparencia. La creación de este nuevo servicio diplomático, tal y como establece el Tratado de Lisboa, representa un gran avance para la Unión Europea, que finalmente puede beneficiarse de un único cuerpo diplomático que tiene la tarea de facilitar las acciones cuyo objetivo es que las relaciones exteriores de la Unión Europea sean más coherentes, seguras y eficientes. Por último, es importante resaltar que el Servicio Europeo de Acción Exterior gestionará su propio presupuesto administrativo y que será también responsable de aquellas partes del presupuesto operativo que entren dentro de su mandato.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) El nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior, creado tras la aprobación del Tratado de Lisboa, requiere un presupuesto a fin de llevar a cabo sus actividades y lograr los objetivos esbozados en el Tratado. Como consecuencia, es necesario modificar determinadas disposiciones del Reglamento financiero aplicable, con el objetivo de tener en cuenta los cambios establecidos por el Tratado de Lisboa.

 
  
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  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. (ES) Mi voto ha sido en contra de esta Resolución legislativa del Parlamento Europeo por el hecho de que la creación del servicio que se quiere financiar supone un grado más en la militarización de la política exterior de la Unión Europea. Aparte de mi oposición a esta filosofía militarista de las relaciones exteriores, mi voto en contra se justifica por la ausencia de los principios más básicos de transparencia y democracia en todo el proceso de creación del Servicio Europeo de Acción Exterior. La composición y financiación de este servicio no recoge el necesario control exhaustivo del Parlamento Europeo sobre el personal y la financiación, por lo que el SEAE adolece de un preocupante déficit democrático y de transparencia. De esta manera, no es de extrañar que la estructura planteada para el SEAE relegue al Parlamento Europeo a un secundario e irrelevante plano en la política exterior de la UE que desde mi grupo rechazamos firmemente. Por todo ello he votado en contra. No puedo estar a favor ante la propuesta de unos presupuestos para este tipo de servicio de tendencia belicista.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. (DE) Además de las estructuras duplicadas que creará el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), los costes de personal se dispararán debido al derroche y la burocracia típica de la UE. De los 1 643 puestos de trabajo con los que comenzará el SEAE el 1 de diciembre, 50 son, lo crean o no, puestos de director general, y durante las fases iniciales, habrá apenas algo más de 30 miembros del personal a cargo de cada director general. Cuando se complete la estructura final no habrá ni siquiera 80. Dichos directores generales ganarán, de media, 17 000 EUR al mes. Por debajo de estos directores generales, hay otro nivel que incluye 224 directores y 235 jefes de unidad. Además, todavía estamos esperando que se definan las tareas y objetivos del personal del SEAE. Queremos que la UE tenga una voz fuerte en el mundo, pero esto no requiere seguramente un aparato administrativo voluminoso que costará a los ciudadanos europeos miles de millones como consecuencia de las estructuras duplicadas y los miembros del personal que disfrutarán de una fuente de ingresos muy lucrativa. Por consiguiente, he votado en contra de este informe.

 
  
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  Justas Vincas Paleckis (S&D), por escrito. (LT) En las negociaciones con los representantes del Consejo Europeo y la Comisión, el Parlamento y, en particular, los negociadores del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, consiguieron asegurar que el presupuesto para el nuevo servicio diplomático de la UE se utilizara de una manera más transparente. El Parlamento ratificará su aprobación de la gestión presupuestaria anualmente y la Comisión proporcionará a los diputados información detallada sobre su gasto de manera periódica. He votado a favor de este informe porque subraya que a la hora de contratar ciudadanos de los Estados miembros de la UE, se garantizará una mayor cobertura geográfica además de una representación adecuada y significativa de los ciudadanos de todos los Estados miembros.

Estoy de acuerdo con los ponentes en que nuestro objetivo debería ser garantizar la elección de los empleados de acuerdo con sus capacidades y, asimismo, que se tenga en cuenta la igualdad de género. Es importante que el Servicio Europeo de Acción Exterior, que está previsto que se inicie el 1 de diciembre, sea rápidamente eficaz y represente, sobre todo, los intereses de la UE y, si fuera necesario, los intereses nacionales.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) gestionará su propio presupuesto administrativo y rendirá cuentas de dicha gestión. De hecho, al crear el nuevo servicio, y especialmente al establecer sus normas financieras, es necesario proporcionar las salvaguardias económicas pertinentes desde el principio.

Por consiguiente, a fin de fomentar su integridad financiera, es importante garantizar la correcta interacción de los diferentes servicios responsables de supervisar las cuestiones financieras, sobre todo en las delegaciones de la UE. Esperamos que, reforzando estas salvaguardias, aumente la confianza de los ciudadanos europeos en las instituciones europeas. Por lo tanto, con las mejoras estructurales presentadas en esta propuesta se pretende imponer la integridad financiera necesaria para confiar en que el SEAE funcione de manera correcta e indiscutible.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Ha habido muchos obstáculos, pero gracias a los esfuerzos del Parlamento, el Servicio de Acción Exterior de la UE tiene ahora la posibilidad de ser el motor de una política exterior de la UE más eficaz y legítima. Acogemos favorablemente que se hayan abordado en gran parte las preocupaciones clave del Grupo Verts/ALE —como, por ejemplo, en relación con el equilibrio de género y la formación común para crear un «espíritu de cuerpo»—, y que el Parlamento vaya a tener un mayor control democrático sobre el funcionamiento del SEAE, sobre todo a través del establecimiento de líneas presupuestarias individuales para las principales operaciones exteriores. Asimismo, el Parlamento Europeo ha conseguido salvaguardar el método comunitario y, gracias la presión de nuestro Grupo, las prioridades de desarrollo.

 
  
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  Angelika Werthmann (NI), por escrito. (DE) A fin de poder representar los intereses de los Estados europeos en el ámbito internacional de una manera más eficaz, las acciones de política exterior deberán debatirse con anterioridad y comunicarse después al mundo exterior con una sola voz. Ahora se está intentando, a través del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), incluir los instrumentos de política exterior de la Unión dentro de un marco coherente —se están agrupando los recursos existentes y complementando con otros nuevos—. En vista de lo novedoso de esta estructura, han de aplicarse disposiciones especialmente rigurosas en materia de transparencia y responsabilidad presupuestaria y financiera. Dado que el Parlamento tiene competencia presupuestaria sobre el SEAE, este debe estar integrado en la estructura de la Comisión. De lo contrario, será imposible aprobar la gestión presupuestaria a tenor de lo dispuesto en los Tratados. Se proporcionarán también a las Autoridades Presupuestarias los informes anuales de actividades.

 
  
  

Informe: Bernhard Rapkay (A7-0288/010)

 
  
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  George Becali (NI), por escrito. (RO) Yo también creo, al igual que mis colegas, que el SEAE tiene que tener autonomía dentro del Estatuto de los funcionarios europeos. Apoyo la disposición que establece que los funcionarios de la UE y los agentes temporales procedentes de los Estados miembros y los servicios diplomáticos deben disfrutar de los mismos derechos y de la posibilidad de solicitar nuevos puestos. Espero que la contratación sobre una base geográfica lo más amplia posible, y con ello, estoy aludiendo a los nuevos Estados miembros, sea una realidad.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) El Servicio Europeo de Acción Exterior es un instrumento esencial para una UE que está más abierta al mundo y puede establecer contactos fructíferos con las más diversas regiones y países. Para que este Servicio funcione, es esencial encuadrar debidamente a los funcionarios y aclarar su estatuto y el de los agentes temporales procedentes de servicios diplomáticos nacionales que ejercen funciones en él. Esta modificación del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas se muestra, por lo tanto, plenamente justificada. Espero que el Servicio funcione en colaboración con los servicios diplomáticos nacionales y que actúe como un elemento positivo para mejorar su actuación. Confío en que las principales prioridades de la política europea no descuiden su componente externo y que, en el curso de su actuación, el Servicio no desatienda el papel esencial de las lenguas europeas en la comunicación universal, ni las lenguas europeas globales que son más adecuadas para establecer una comunicación directa con grandes partes del mundo.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) El Servicio Europeo de Acción Exterior forma parte ahora de la administración europea: es abierto, eficaz e independiente, con arreglo a lo establecido en el artículo 298 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). En la modificación del Estatuto de los funcionarios y del Régimen aplicable a los otros agentes, quiero destacar que se otorga el mismo estatuto a los funcionarios de la UE y a los agentes temporales procedentes de los servicios diplomáticos de los Estados miembros, en particular, con respecto a la posibilidad de ocupar cualquiera de los puestos en condiciones equivalentes y en el fomento de la igualdad de oportunidades para el género poco representado.

 
  
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  Tunne Kelam (PPE), por escrito. – Me he abstenido en la votación final sobre el informe Rapkay el 20 de octubre de 2010. Apoyo totalmente la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior y valoro enormemente los esfuerzos de Elmar Brok y otros diputados que han conseguido equilibrar satisfactoriamente el proyecto original presentado por la Alta Representante. Mi intención era destacar el hecho de que la modificación de la representación geográfica, que apoyaron las Comisiones de Asuntos Exteriores y Presupuestos, no se ha aprobado en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Como consecuencia, existen dudas sobre si la versión final de este informe podrá proporcionar al Parlamento Europeo un fundamento jurídico con respecto al equilibrio geográfico.

 
  
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  Andrey Kovatchev (PPE), por escrito. (BG) Le deseo a usted, señora Ashton, y al nuevo SEAE, que ansiamos sea otro sueño europeo convertido en realidad, el mayor éxito, y espero que Europa se dirija al mundo con una única voz fuerte y autoritaria. Este es lo que quiere un gran parte de nuestro Parlamento. Puede estar segura de que la ayudaremos.

Quiero explicar por qué me he abstenido en la votación sobre la modificación del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas. Creo que para la nueva institución son beneficiosos los objetivos indicativos en relación con el equilibrio geográfico. Necesitamos un servicio diplomático altamente cualificado integrado por personas procedentes de todos los Estados miembros para que puedan mejorar la representación de la UE en el mundo.

Estoy seguro de que el Servicio será un éxito si se puede beneficiar de la experiencia de todos los Estados miembros. Comprendo que el número de Estados miembros ha aumentado más de cuatro veces desde el inicio del proceso de integración europeo. Es comprensible que los países recientemente admitidos se queden rezagados en esta etapa en cuanto al nivel de representación. Sin embargo, debe haber determinación para establecer claramente textos legislativos que superen esto.

Creo en su deseo y determinación, que usted nos ha expresado en numerosas ocasiones, de trabajar por una representación geográfica real y adecuada para el nuevo Servicio para así poder ser la Alta Representante de toda la UE. Seguiremos su actividad de cerca.

 
  
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  Edvard Kožušník (ECR), por escrito. (CS) Aprecio que hayamos conseguido introducir algunas salvaguardias, en forma de enmiendas, en el informe, que garantizarán que, en cuestión de cubrir puestos en el Servicio Europeo de Acción Exterior, los funcionarios procedentes de ciertos Estados miembros no tengan ventaja sobre los procedentes de otros Estados. La política exterior de la Unión Europea es, después de todo, sólo un ámbito específico, y, por lo tanto, además de las cualificaciones y de una amplia representación geográfica, se deberá aplicar el principio según el cual los funcionarios nacionales procedentes de todos los Estados miembros estarán debidamente representados entre el personal del Servicio Europeo de Acción Exterior. Por consiguiente, creo que es muy importante que el Parlamento haya propuesto suprimir las disposiciones que permitían la transferencia de funcionarios procedentes del Consejo o la Comisión al Servicio Europeo de Acción Exterior sin organizar concursos para las vacantes.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) El Servicio Europeo de Acción Exterior trabaja en colaboración con los servicios diplomáticos de los Estados miembros y está compuesto por funcionarios de los servicios competentes de la Secretaría General del Consejo y de la Comisión y por personal en comisión de servicios de los servicios diplomáticos nacionales de los Estados miembros. Por consiguiente, a efectos del Estatuto de los funcionarios y del Régimen aplicable a los otros agentes, al SEAE hay que tratarlo como una institución de la UE. Como consecuencia, los funcionarios de la UE y los agentes temporales procedentes de los servicios diplomáticos de los Estados miembros deben tener los mismos derechos y obligaciones y recibir el mismo trato, en particular en lo que se refiere a su posibilidad de ocupar cualquiera de los puestos en condiciones equivalentes. Por lo tanto, es necesaria la modificación prevista en esta Resolución.

 
  
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  Alajos Mészáros (PPE), por escrito.(HU) He apoyado este informe al que han precedido debates muy importantes, principalmente en cuanto a cubrir los puestos del Servicio Europeo de Acción Exterior. La principal causa de estos debates ha sido el principio del equilibrio geográfico, que —junto con las prioridades del equilibrio institucional y de género— se ha incluido al final en el informe de una forma considerablemente atenuada.

Sin duda, los nuevos Estados miembros no están totalmente satisfechos, pero, sin embargo, es bueno que se haya alcanzado un acuerdo, y confiamos en que en el futuro, este se pueda revisar para que sea aún más justo. Con este fin, debemos hacer todo lo posible para garantizar que los diplomáticos designados por cada uno de los Estados miembros estén altamente cualificados y además tengan cualificaciones equivalentes. Sin embargo, debemos estar satisfechos de haber adoptado una medida importante para conseguir una representación exterior unificada y eficaz de la UE, ya que dados los retos actuales y futuros, este es uno de los aspectos más importantes de la política de la UE.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Hemos aprobado con una gran mayoría el paquete transaccional que refleja la posición de los Verdes, al que ha contribuido de manera sustancial nuestro grupo.

 
  
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  György Schöpflin (PPE), por escrito. – Para aquellos que pertenecemos a los nuevos Estados miembros, es decepcionante la omisión de un compromiso jurídicamente vinculante con el equilibrio geográfico en el Servicio Europeo de Acción Exterior. Es cierto que se han realizado varias declaraciones políticas en las que se promete tener en cuenta los intereses de los nuevos Estados miembros. Sin embargo, por muy positivo que pueda ser un compromiso político, es lamentable la falta de una disposición jurídica. Sin dicha disposición, no se entiende cómo van a considerar los votantes de los nuevos Estados miembros que disfrutan del servicio. Por esa razón algunos hemos tenido reservas en cuanto a ofrecer nuestro apoyo total al informe Rapkay.

 
  
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  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito. (PL) Estamos concluyendo la muy difícil tarea de decidir la forma que debe adoptar el Servicio Europeo de Acción Exterior, sobre el que estamos a punto de votar hoy. Hemos hablado mucho del desarrollo sostenible en cuanto al género y el ámbito geográfico y de la transparencia de la contratación basada en normas y reglamentos preestablecidos, pero la cuestión más importante es la eficacia y ventajas que tendrá el SEAE, que es la razón por la que los criterios que se basan en el mérito son tan importantes en cuestión de contratación de personal. Quiero poner de relieve el requisito, de hecho la necesidad, de garantizar que los empleados procedentes de las Direcciones Generales de la Comisión Europea pertinentes en cuanto al fondo, así como del Consejo y del Parlamento, participen en estos servicios.

Lo fundamental no es la representación de las instituciones europeas, sino el hecho de que estas personas deban tener las cualificaciones adecuadas en diferentes ámbitos de las actividades de la UE, como, por ejemplo, aspectos complejos de energía, comercio, agricultura y otras cuestiones, por no mencionar los derechos humanos o el terrorismo. Me preocupa que la mayoría de las personas involucradas en el SEAE vayan a tener cualidades diplomáticas generales, pero no conocimientos sobre las cuestiones fácticas complejas que tendrán que abordar.

 
  
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  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), por escrito. (PL) La abstención en la votación no es una solución. Aquellos que no están presentes tienen siempre la culpa. Creo que en la Resolución en conjunto, hay muchas más buenas medidas que aquellas que son menos importantes. Necesitamos el Servicio Europeo de Acción Exterior. Debe empezar a trabajar lo antes posible, para incrementar la importancia de Europa en el mundo.

La Resolución que se ha aprobado dice que todos los Estados miembros estarán representados en el servicio. Ahora tenemos que encargarnos de que esto se produzca realmente. Esto creará confianza en el proceso de establecimiento del Servicio de Acción Exterior. Hay que recordar que la Unión Europea se creó sobre la confianza mutua, y que Polonia se ha beneficiado enormemente de ello. Voy a observar el proceso muy detenidamente.

 
  
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  Rafał Trzaskowski (PPE), por escrito.(PL) Hace sólo un año, la introducción del concepto del equilibrio geográfico en el debate sobre el Servicio Europeo de Acción Exterior se recibió con rechazo, incluso por parte del Parlamento Europeo. Hoy, nadie en absoluto duda de que este sea un problema y que tiene que solucionarse. El compromiso hallado en todos los documentos más importantes relativos al SEAE de adoptar medidas para garantizar la representación paritaria de todos los Estados miembros de la Unión Europea en el nuevo servicio diplomático de la Unión es un éxito. La revisión prevista para 2013 nos permitirá considerar si se han adoptado estas medidas.

 
  
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  Traian Ungureanu (PPE), por escrito. – Los resultados de la votación sobre el informe Rapkay demuestran que un número considerable de diputados procedentes de los nuevos Estados miembros se han abstenido o votado en contra del mismo. Yo soy uno de los diputados que se han abstenido. Mi principal preocupación ha sido la falta de ambición de lo dispuesto sobre el principio de equilibrio geográfico dentro de la política de empleo y del personal del futuro Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). El informe no ha establecido un compromiso jurídicamente vinculante con el equilibrio geográfico en el SEAE, y, por lo tanto, depende de las promesas políticas de los principales responsables de la toma de decisiones de la UE en materia de asuntos exteriores. Por esta razón a la mayoría de los nuevos Estados miembros no le tranquiliza la aplicación adecuada del principio del equilibrio geográfico en el futuro SEAE. Es lamentable que el ponente eligiera una línea tan minimalista, si bien la poca disposición del Consejo a aceptar expresamente este compromiso vinculante resulta incluso más preocupante. Pido al Consejo y a la Comisión que examinen el resultado de la votación sobre este informe minuciosamente y que cumplan sus promesas de respetar el principio del equilibrio geográfico al contratar el futuro personal del SEAE. Una de las prioridades de los diputados será supervisar este proceso detenidamente en el futuro.

 
  
  

Informe: Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010)

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de la Resolución del Parlamento porque estoy de acuerdo en que para la UE es fundamental poder utilizar la totalidad de sus instrumentos exteriores en el marco de una estructura coherente, y en que la provisión de los recursos presupuestarios para 2010 para establecer dicha estructura, en su fase inicial, constituye el objetivo político del presente informe.

 
  
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  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. (EL) He votado en contra del informe, que hace referencia al Servicio Europeo de Acción Exterior creado en virtud del Tratado de Lisboa. Es inaceptable la ayuda financiera y de cualquier otra índole para este servicio porque utiliza los recursos políticos y militares para acciones equivocadas en el contexto de la política exterior de la Unión, que tiene como resultado, en última instancia, una mayor militarización de la Unión Europea. Al mismo tiempo, aparta a Europa del papel independiente y pacífico que debe desempeñar en la resolución de los problemas internacionales. Hace que participe en las hostilidades y en las intervenciones militares y disgregadoras en las zonas en guerra.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Es necesario adaptar los instrumentos presupuestarios a la nueva realidad del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Sin embargo, creo que están ampliamente justificados los esfuerzos dirigidos a garantizar los fondos adecuados para sus competencias y su funcionamiento eficiente y eficaz de acuerdo con lo pretendido, junto con un control eficaz de sus costes.

En los primeros días de su existencia efectiva, las instituciones europeas y los Estados miembros deberán prestar especial atención al SEAE para poder supervisar adecuadamente sus actividades e identificar sus principales problemas.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Esta propuesta de presupuesto rectificativo se impone dentro del ámbito de ejecución del Tratado de Lisboa para facilitar la aplicación y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Por lo tanto, apoyo esta iniciativa, y es importante garantizar que se aplique en el marco de los principios de gestión eficiente de los recursos europeos, subrayando, al mismo tiempo, una buena relación entre coste y beneficio, junto con los requisitos de contención presupuestaria, debido a las repercusiones de la crisis económica sobre las finanzas públicas.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) Nuestro voto en contra de este informe, que representa un paso más hacia el establecimiento y la utilización del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), es una posición coherente con nuestra oposición a la creación de este servicio. Punto esencial del Tratado de Lisboa y elemento fundamental del federalismo de la Unión Europea, involucrará a más de 5 000 en las 130 futuras embajadas de la UE en diferentes países.

Una gran estructura diplomática que inevitablemente subordinará las representaciones y los intereses de los Estados miembros, imponiéndoles, también aquí, los intereses de las potencias que han determinado el curso de la UE. Además, no existen garantías de que el SEAE no se vincule a estructuras militares y de información. Por lo tanto, existe la posibilidad de una militarización preocupante de la UE y de las relaciones internacionales, contra la que lucharemos enérgicamente.

Cabe igualmente preguntar, ya que el presupuesto de la UE es extremadamente reducido, ¿de dónde van a proceder las contribuciones para cubrir este gasto? Todo esto en un momento en el que se agudizan los efectos de la crisis, con las denominadas políticas de «austeridad» que ejercen una enorme presión sobre los presupuestos nacionales; en el que se están recortando los salarios y las prestaciones de la seguridad social, y están aumentando los impuestos sobre los rendimientos del trabajo.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Tras la modificación del Estatuto de los funcionarios y la modificación del Reglamento financiero para incluir la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior en dichos documentos, ahora es necesario aprobar un presupuesto para su adecuado funcionamiento. Así pues, para que este servicio funcione adecuadamente y logre los objetivos para los que se creó, debe asignarse un presupuesto que sea suficiente para proporcionar los recursos humanos y materiales necesarios para el buen funcionamiento de sus actividades.

 
  
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  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. (ES) Mi voto ha sido en contra de esa Resolución legislativa del Parlamento Europeo por el hecho de que la creación del servicio que se quiere financiar supone un grado más en la militarización de la política exterior de la Unión Europea. Aparte de mi oposición a esta filosofía militarista de las relaciones exteriores, mi voto en contra se justifica por la ausencia de los principios más básicos de transparencia y democracia en todo el proceso de creación del Servicio Europeo de Acción Exterior. La composición y financiación de este servicio no recoge el necesario control exhaustivo del Parlamento Europeo sobre el personal y la financiación, por lo que el SEAE adolece de un preocupante déficit democrático y de transparencia. De esta manera, no es de extrañar que la estructura planteada para el SEAE relegue al Parlamento Europeo a un secundario e irrelevante plano en la política exterior de la UE que desde mi grupo rechazamos firmemente. Por todo ello he votado en contra. No puedo estar a favor ante la propuesta de unos presupuestos para este tipo de servicio de tendencia belicista.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Sin duda, hay que considerar la forma concreta que debe adoptar el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que se va a crear. Un sistema en el que cada uno de los 50 directores generales tendría inicialmente 30 miembros del personal a su cargo y después por lo menos 80, significaría una administración voluminosa y cara.

Asimismo, se espera que el establecimiento del SEAE produzca una oleada de ascensos. Todavía no se han resuelto suficientemente algunas cuestiones. Se debe someter a un control previo los posibles efectos sobre los gastos de creación. Se han ignorado otros factores, como, por ejemplo, otorgar realmente la importancia adecuada al alemán como lengua de trabajo, tal y como se establece en los Tratados. Por todas estas razones, considero que, en su forma actual, debe rechazarse la financiación para el SEAE.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de la Resolución del Parlamento porque estoy de acuerdo en que para la UE es fundamental poder utilizar la totalidad de sus instrumentos exteriores en el marco de una estructura coherente, y en que la provisión de los recursos presupuestarios para 2010 para establecer dicha estructura, en su fase inicial, constituye el objetivo político del presente informe.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – La creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) necesita una modificación del presupuesto 2010 y de la propuesta de presupuesto 2011. Se tiene que crear una nueva sección X en el presupuesto y modificar el presupuesto 2010 para proporcionar 100 puestos adicionales en la plantilla de personal del SEAE y un paquete financiero para financiar otros 70 puestos de agentes contractuales. La mayor parte de los recursos necesarios simplemente se transferirá de las secciones del Consejo Europeo y del Consejo y de la Comisión. La opinión imperante en la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) es que la Alta Representante, baronesa Ashton, no ha estado totalmente a la altura de las promesas que realizó al Parlamento Europeo sobre la creación del SEAE. La Comisión AFET considera que se debería consultar al Parlamento Europeo sobre las prioridades de la contratación de personal dentro del servicio (p. ej. en cuanto a equilibrios geográficos) y que sería mejor tratar la cuestión del equilibrio de género en el procedimiento de contratación del SEAE. Desde el punto de vista del Grupo Verts/ALE, se considera un gran obstáculo, el hecho de que hasta ahora, la baronesa Ashton no haya transferido el personal de la Comisión de la Dirección General de Relaciones Exteriores que se encarga de la consolidación de la paz y la respuesta a la crisis al SEAE, especialmente porque la Alta Representante ha garantizado al Parlamento Europeo esta transferencia.

 
  
  

Informes: Ingeborg Gräßle, Crescenzio Rivellini (A7-0263/2010), Bernhard Rapkay (A7-0288/2010), Roberto Gualtieri, László Surján (A7-0283/2010)

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. (FR) Nos oponemos firmemente a la creación de un Servicio Europeo de Acción Exterior. Los asuntos exteriores y la diplomacia pertenecen a la soberanía nacional, y por esa razón hemos votado en contra de todos los informes relativos a esta materia.

Una política exterior común llevada a cabo en pro únicamente del interés de la Unión Europea, tarde o temprano, contradecirá necesariamente los intereses fundamentales de uno, varios o todos los Estados miembros. Por ejemplo, si existe un conflicto en el que se pide a los países que intervengan, pero sus ciudadanos se oponen. O si se fomenta una política especialmente hostil o favorable a un país o a un grupo de países, en contra de las tradiciones seculares de algunos servicios diplomáticos o de los intereses fundamentales de algunos miembros.

Peor aún: los Tratados ya estipulan que, pase lo que pase, todo esto estará sujeto a otros compromisos o restricciones a una escala incluso mayor y posiblemente mundial: la OTAN, las Naciones Unidas, y quién sabe qué más. Por lo tanto, lo que aquí se propone no es ni siquiera un servicio diplomático fuerte e independiente, sino un instrumento de sumisión a un liderazgo no europeo.

 
  
  

Informe: László Surján (A7-0281/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Dado que la asignación anual para la ayuda financiera destinada a medidas de seguimiento en el sector de los plátanos ha ascendido a 75 millones de euros en 2010, en que la parte más importante de esta ayuda financiera se ha derivado de una reasignación de la rúbrica 4 del presupuesto, cuyo importe es de 55,8 millones de euros, y que en 2011, esta rúbrica es de solo 875 530 euros, estamos de acuerdo con la propuesta del Parlamento de pedir a la Comisión que presente una nueva propuesta para la movilización del Instrumento de Flexibilidad para los 74 124 470 euros restantes. Esta propuesta está justificada por el hecho de que es necesaria la ayuda financiera para las medidas de seguimiento en el sector de los plátanos, especialmente teniendo en cuenta que consideramos que debe garantizarse la ayuda financiera de la UE a los países ACP productores de plátanos, afectados por la liberalización que permite la cláusula de la nación más favorecida en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) si la UE desea conservar su influencia como actor mundial. Asimismo, debemos mencionar que tiene sentido aplicar esta propuesta, dado que estas medidas están previstas en el punto 27 del Acuerdo Interinstitucional en relación con la utilización del Instrumento de Flexibilidad.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de la Resolución porque estoy de acuerdo en que no debería cuestionarse la ayuda financiera de la UE a los países ACP productores de plátanos, afectados por la liberalización que permite la cláusula de la nación más favorecida en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ni debería retrasarse el esfuerzo presupuestario correspondiente. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión de modificación del Reglamento (CE, Euratom) n° 1905/2006 con el fin de permitir la financiación de las medidas de acompañamiento en el sector de los plátanos (MAP), que se prolongarían durante el periodo 2010-2013 y tendrían un presupuesto total de 190 millones de euros, con la posibilidad de un presupuesto suplementario de 10 millones de euros, si los márgenes lo permiten.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE) , por escrito. – (FR) El sector de los plátanos es esencial para algunas regiones de la UE, especialmente para los departamentos y territorios de ultramar franceses; por esta razón, frente a la competencia de los países latinoamericanos exacerbada por los acuerdos en curso de negociación, el Parlamento ha adoptado medidas de financiación cuyo fin es ayudar a este sector debilitado.

A los diputados les gustaría que se movilizara el Instrumento de Flexibilidad por valor de 74,12 millones de euros. Esto supone una fuerte señal del Parlamento a la Comisión y el Consejo, que sólo han previsto 18,3 millones. Asimismo, es una oportunidad para que el Parlamento señale que es necesario dejar de recurrir al presupuesto destinado a la acción exterior de la UE para financiar las medidas de acompañamiento en el sector de los plátanos. Los 190 millones de euros en ayuda prometidos para el período 2010-2013 se tendrán que financiar con nuevos fondos, que es lo que el Parlamento demandará durante las nuevas perspectivas financieras.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) La Comisión propone una modificación del Reglamento (CE, Euratom) n° 1905/2006 con el fin de financiar las medidas de acompañamiento en el sector de los plátanos (MAP), que se prolongarían durante el periodo 2010-2013 y tendrían un presupuesto total de 190 millones de euros. El desglose anual de la ayuda financiera prevé un importe de 75 millones de euros en 2010. Cabe señalar que el margen disponible en la rúbrica 4 asciende tan solo a 875 530 euros. La parte más importante de esta ayuda financiera relativa a 2010 proviene de una reasignación dentro de la rúbrica 4 del presupuesto (55,8 millones de euros de un total de 75 millones de euros), que afecta a instrumentos y acciones que la UE, y en particular el Parlamento Europeo, estima de gran interés. Además, la necesidad de financiar las medidas de acompañamiento en el sector de los plátanos no se previó en el momento de la aprobación del marco financiero plurianual vigente. Sin embargo, no debería cuestionarse la ayuda financiera de la UE a los países ACP productores de plátanos, afectados por la liberalización que permite la cláusula de la nación más favorecida en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ni debería retrasarse el esfuerzo presupuestario correspondiente. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la modificación del proyecto de presupuesto rectificativo n° 3/2010, tal y como propone el ponente.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) El informe tiene como objetivo establecer las medidas necesarias para la ayuda financiera a los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) a los que afectará la liberalización del comercio de plátanos entre la UE y 11 países de América Latina, según la cual la UE se compromete a no aplicar restricciones cuantitativas o medidas equivalentes sobre las importaciones de plátanos a su territorio.

Cuando se firmó el Acuerdo de Ginebra, que establece esta liberalización, la UE se comprometió a canalizar 200 millones de euros a los países ACP en concepto de indemnización por el impacto que esta medida tendría en sus exportaciones a la UE. En su momento criticamos este acuerdo, porque va a beneficiar, principalmente, a las multinacionales estadounidenses que dominan el mercado mundial del sector.

Varios países ACP, así como varios productores de plátanos de esos países, expresaron su preocupación por las consecuencias del acuerdo, ya que consideraban que la suma de 200 millones de euros no compensará todos sus efectos. Ahora, el informe prevé «un presupuesto total de 190 millones de euros, con la posibilidad de un presupuesto suplementario de 10 millones de euros, si los márgenes lo permiten». Además, no se advirtió adecuadamente de las repercusiones sobre los países productores de plátanos y las regiones de la UE, como la Región Autónoma de Madeira. Por todas estas razones, nos hemos abstenido en la votación sobre el informe.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) La propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre la Posición del Consejo relativa al proyecto de presupuesto rectificativo n° 3/2010 de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección III – Comisión, asigna nuevos recursos para financiar las medidas de acompañamiento en el sector de los plátanos para los países ACP (África, el Caribe y el Pacífico). La propuesta de la Comisión, hecha en realidad sin la implicación de ninguna de las ramas de la Autoridad Presupuestaria, prevé que se consignará en la reserva una asignación de 75 millones de euros a la espera de la aprobación de la normativa que modifique el reglamento correspondiente. Tengo que señalar que el Parlamento y el Consejo no han conseguido alcanzar un acuerdo sobre esta materia. El Parlamento, en realidad, había considerado utilizar el Instrumento de Flexibilidad, que ha resultado excelente para abordar situaciones similares, porque los fondos en cuestión están preparados para su movilización y tienen un fundamento jurídico. El Consejo, por otra parte, tenía una idea diferente, debido a la reticencia de los Estados miembros a utilizar el Instrumento de Flexibilidad, que implicaba un aumento de sus contribuciones. Por todas estas razones, la Comisión de Presupuestos reconoció la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el presupuesto 2010.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La UE siempre se ha centrado en ayudar a los países en desarrollo, en particular los países ACP. El caso concreto que se aborda en esta propuesta de presupuesto rectificativo es el de los países ACP productores de plátanos. Esta ayuda especial adopta la forma de la liberalización del comercio de plátanos entre la UE y 11 países latinoamericanos productores de plátanos. Esta clase de ayuda es, en nuestra opinión, mejor y más eficaz que la ayuda directa en virtud de la cual los fondos se utilizan sin ningún criterio. Al ayudar al sector de los plátanos de estos países, les ayudamos a desarrollar su economía, a crear puestos de trabajo y a luchar contra la pobreza.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) El razonamiento es que, a fin de superar la crisis económica, se debe disponer de la mayor cantidad de dinero posible para financiar las prioridades de la UE para 2010. Esto se logró mediante la reasignación de los fondos del presupuesto. No se previó la ayuda financiera para las medidas de acompañamiento en el sector de los plátanos cuando se elaboró el actual marco financiero plurianual.

Para amortiguar la liberalización del comercio a nivel de la Organización Mundial del Comercio y la reducción pertinente de los aranceles establecidos en la cláusula de nación más favorecida, se nos dice que ahora se tiene que seguir prestando ayuda financiera de la UE a los países ACP que suministran plátanos. Especialmente en momentos en los que la propia UE está luchando contra la crisis económica, debe rechazarse esta clase de utilización del Instrumento de Flexibilidad.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Debido a la evolución de los intercambios comerciales, en particular, de la liberalización del comercio en la OMC, la reducción del margen preferencial del que gozan los países ACP exportadores de plátanos ha tenido un efecto negativo.

Por consiguiente, la Comisión Europea propone apoyar a los principales países ACP exportadores de plátanos mediante el establecimiento de las medidas de acompañamiento en el sector de los plátanos (MAP) que se prolongarían durante un período de 4 años (2010-2013) y que tendrían un presupuesto de 190 millones de euros. El objetivo de esta ayuda es apoyar a los países ACP exportadores de plátanos en el establecimiento de programas de ajuste. Aunque todo lo relativo a los plátanos es una vieja cuestión, la financiación de las MAP sigue siendo problemática.

La Comisión y el Consejo no la incluyeron en la rúbrica 4 del marco financiero plurianual para el período 2007-2013, y la Comisión de Desarrollo considera que la propuesta no es compatible con el límite máximo de dicha rúbrica y pide a la Comisión que realice modificaciones sustanciales o que la cambie por otro texto.

 
  
  

Proyecto de presupuesto general de la Unión Europea - ejercicio 2011

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Estoy satisfecha con el proyecto de presupuesto para 2011, que se está debatiendo hoy, porque contempla exactamente las prioridades establecidas. Por primera vez, el Parlamento se encuentra en pie de igualdad con el Consejo en estas cuestiones. Este es el primer presupuesto tras la aprobación del Tratado de Lisboa. Por este motivo, y debido a la crisis que está padeciendo Europa, es importante que el procedimiento de concertación sea un éxito. Es fundamental que la UE esté dotada de un presupuesto para la aplicación de las áreas prioritarias y las nuevas competencias que le otorgó el Tratado. Es importante luchar por nuestras convicciones y por un presupuesto que tenga visión de futuro en tiempos de crisis. La propuesta del Parlamento refleja este objetivo. Por otra parte, los valores propuestos por el Consejo reproducen la austeridad de los presupuestos aprobados a nivel nacional dentro de la UE. Sin embargo, la UE debe tener capacidad para reaccionar a los cambios de políticas provocados por los grandes desafíos. Tiene la obligación de presentar un presupuesto europeo ambicioso que pueda contribuir a la recuperación económica. Sólo a través del fortalecimiento de áreas como la ciencia y la innovación, y a través de la contribución al crecimiento económico y a más y mejores empleos, podemos hacer que Europa sea un lugar más atractivo para vivir y trabajar.

 
  
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  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose y Britta Thomsen (S&D), por escrito.(DA) Los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo, hemos votado a favor de las enmiendas 700, 701 y 706 al presupuesto. Lo hemos hecho así, aunque en las observaciones se establece que la UE debe avanzar hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Todos sabemos bien que los que apoyan la energía nuclear están intentando utilizar este término para ocultar el hecho de que realmente están hablando de una economía en la que la energía nuclear desempeña un papel destacado como fuente de energía. Queremos poner de relieve que creemos que es una muy mala idea gastar los recursos de la UE en energía nuclear, y con esta condición hemos votado a favor de la enmienda.

 
  
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  Anne E. Jensen (ALDE), por escrito. (DA) En la votación sobre el presupuesto 2011 de la UE, el Partido Liberal danés ha votado en contra de varias enmiendas relativas al recorte de fondos para las restituciones a la exportación. El gasto en materia de restituciones a la exportación se determina por ley y, por lo tanto, se pagará sin perjuicio de la cantidad especificada en el presupuesto. Sin embargo, si el gasto no se especifica en el presupuesto de la UE lo tendrán que pagar cada uno de los Estados miembros. En un momento en el que se están recortando los presupuestos nacionales sería irresponsable desde un punto de vista económico que este importante gasto adicional supusiera una carga para los Estados miembros. El Partido Liberal danés está satisfecho con la considerable reducción de las subvenciones a la exportación de la UE de los últimos años y seguirá trabajando para cambiar la normativa aplicable en la materia para poder continuar con la supresión gradual. Ha votado también en contra de una declaración que impide el pago de una prima especial por bovinos machos para los toros utilizados en espectáculos taurinos.

La razón por la que el Partido Liberal danés ha votado en contra de esta propuesta es que la prima sólo se paga en Dinamarca, Suecia y Eslovenia, países, como sabemos, en los que no existen tales espectáculos. Finalmente, el Partido Liberal danés ha votado en contra de asignar 300 millones de coronas danesas a un fondo lechero europeo. Los precios de la leche y de los productos lácteos se han incrementado durante el último año y, en este contexto, la Comisión ha concluido que, con arreglo a la normativa actual, no se podrá pagar con dinero procedente de ese fondo.

 
  
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  Véronique Mathieu (PPE), por escrito. (FR) He votado a favor de la modificación del presupuesto que consigna en la reserva una parte del presupuesto 2011 a la Escuela Europea de Policía (CEPOL). Acojo favorablemente la votación en sesión plenaria que, con 611 votos a favor, 38 en contra y 6 abstenciones, refuerza la posición del Parlamento con relación a la CEPOL. De hecho, el Parlamento liberará los créditos consignados en la reserva si recibe información satisfactoria de la Agencia sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria de 2008.

Estos requisitos están claros: informar al Parlamento de los resultados de las investigaciones de la OLAF; publicar la lista de miembros del Consejo de Administración; proporcionar un informe final realizado por auditores externos sobre los créditos utilizados para financiar gastos privados; y garantizar que se realicen cambios en el Consejo de Administración a fin de evitar que se vuelva a repetir esta situación en el futuro. Deseo fervientemente que la CEPOL reaccione sin demora y demuestre su disposición a cooperar totalmente con el Parlamento.

 
  
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  Marit Paulsen, Olle Schmidt y Cecilia Wikström (ALDE), por escrito. (SV) Una Europa fuerte y moderna necesita un presupuesto orientado hacia el futuro y el crecimiento, si bien, al mismo tiempo, la situación económica exige reflexión y restricciones. Por lo tanto, hemos decidido conservar una línea presupuestaria restrictiva que se centra en amplias inversiones en investigación, desarrollo e innovación que generen crecimiento y puestos de trabajo de conformidad con la Estrategia Europa 2020. Puesto que queremos que Europa sea sostenible desde el punto de vista de la economía, los asuntos sociales y el clima, hemos votado a favor de las inversiones en el medio ambiente y en el capital humano y el control de los mercados financieros, pero siempre dentro de los límites de los recursos existentes.

Una parte del presupuesto injustificadamente elevada se utiliza todavía para la política agrícola de la UE, y los retos del mañana no se satisfarán aplicando las políticas de ayer. Por consiguiente, hemos votado en contra de la propuesta del fondo lechero de 300 millones de euros y hemos presentado nuestra propia propuesta de abolir las subvenciones a la exportación de la UE para los productos agrícolas, por ejemplo, así como las subvenciones para el cultivo del tabaco. Puesto que cada uno tiene que aportar su grano de arena en estos tiempos de dificultad económica, hemos votado también a favor de reducir los gastos de administración de la UE.

 
  
  

Informe: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel (A7-0284/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) En vista de la frágil recuperación de la zona del euro y de las débiles finanzas públicas de muchos Estados miembros, si se utiliza el presupuesto de manera inteligente, puede estimular la recuperación económica, pero es necesario saber cómo aprovecharlo al máximo. Con respecto a los ciudadanos, cabe señalar el incremento dentro de la rúbrica relativa a la Competitividad para el crecimiento y el empleo y de la relativa a la «Cohesión para el crecimiento y el empleo», aunque hay una reducción en materia de educación y formación. Existe un incremento notable en el Fondo Social Europeo (FSE), pero es lamentable que sólo el 1,4 % de los fondos se destine a la aplicación de la política social, en la que la salud experimenta una reducción de 15,77 millones de euros en relación a 2010. En el ámbito del desarrollo regional, hay un incremento de más o menos el 3,2 %, lo que se considera esencial. En cuanto a la agricultura, cabe señalar la enorme volatilidad del sector lechero, que pone de relieve la necesidad de un enfoque permanente para abordar esta cuestión, principalmente, a través de un fondo para dicho sector. Con respecto a la pesca, se reduce lamentablemente las asignaciones a la política pesquera común (PPC).

 
  
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  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), por escrito. (EL) El presupuesto de la UE para 2011 está concebido para apoyar la rentabilidad de las grandes empresas y el feroz ataque de los monopolios y los gobiernos burgueses sobre los derechos laborales y sociales de los trabajadores. Facilita incluso más capital volátil, subvenciones e instrumentos a los monopolios, además de los casi 5 billones que ya les han dado los gobiernos burgueses, a fin de reforzar su posición en la competencia inexorable entre los imperialistas, con la clara intención de reavivar el sistema capitalista. Su enfoque básico es, por una parte, repartir dinero al capital y, por otra, recortar drásticamente —el ya mísero— gasto destinado a los trabajadores, las pequeñas empresas comerciales y de artesanía, las empresas agrícolas modestas de tamaño medio y los jóvenes, y proporcionar incluso más dinero a la intervención imperialista por parte de la UE y a los mecanismos que utiliza para reprimir y perseguir a los ciudadanos.

El primer presupuesto aprobado por el Parlamento Europeo, supuestamente con sus competencias reforzadas con arreglo al Tratado de Lisboa, es digno de su naturaleza reaccionaria. Demuestra, una vez más, que el Parlamento Europeo está satisfaciendo fielmente las necesidades y los intereses de los monopolios y que va totalmente en contra de las necesidades de los trabajadores y las bases. El movimiento de la clase obrera y de las bases tiene que incrementar su lucha, para que los trabajadores no paguen el precio de la crisis capitalista.

 
  
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  Liam Aylward, Brian Crowley y Pat the Cope Gallagher (ALDE), por escrito. (GA) En los últimos años, se ha incrementado la volatilidad en los mercados internacionales de la leche y de los productos lácteos. Los 300 millones de euros de los fondos extraordinarios consignados al sector lechero en el presupuesto 2010 fueron especialmente beneficiosos para los productores de leche, que se vieron muy afectados por la crisis. Hemos votado a favor de una nueva línea presupuestaria, para que haya un fondo lechero para apoyar la innovación, la diversificación y la reestructuración y mejorar la capacidad de negociación de los productores de leche a fin de poder abordar los desequilibrios de la cadena de suministro de alimentos. Además, acogemos favorablemente lo que el informe dice sobre el apoyo ofrecido al régimen de distribución de leche en las escuelas, y la propuesta de la Comisión en relación con el aumento de la financiación de este programa y del régimen de distribución de fruta en las escuelas.

El objetivo de la política agrícola común es garantizar la seguridad del suministro de alimentos, proteger el medio ambiente y la biodiversidad, y garantizar unos ingresos adecuados a los agricultores. A este respecto, acogemos con satisfacción lo que el informe dice sobre la petición a la Comisión de la inclusión de una reserva de caja en el presupuesto 2011 para que no aumente la volatilidad del mercado en 2011, para reducir la burocracia, y para mejorar y clarificar el acceso a la financiación.

 
  
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  George Becali (NI), por escrito. (RO) Estoy de acuerdo con los diputados que no apoyan los recortes presupuestarios propuestos por el Consejo. El mejor argumento en contra es la situación de los Estados miembros que han proseguido con esta acción a nivel nacional. Me refiero en particular a Rumanía. La presión ejercida sobre el consumo mediante su restricción no nos ha sacado de la crisis, sino que, en realidad, ha creado una presión social sin precedentes. Por lo tanto, estoy de acuerdo con el aumento de 300 millones de euros en el fondo lechero. He adoptado la misma postura en apoyo a las asignaciones financieras adicionales para este producto durante todo el período de la crisis europea. Apoyo firmemente la idea del mecanismo de estabilización europeo y la necesidad de dos nuevas líneas presupuestarias en las que se consignen cifras concretas y que no aparezcan en blanco, como sucede actualmente, para que este instrumento europeo de intervención pueda ser una realidad y no una simple teoría. Espero que se respete la opinión del Parlamento durante la concertación, que se alcance un acuerdo con el Consejo y que podamos votar «sí» en noviembre al presupuesto de la UE para 2011.

 
  
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  Zuzana Brzobohatá (S&D), por escrito. (CS) El Parlamento Europeo, por primera vez en su historia, ha debatido el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para 2011 de conformidad con la nueva normativa prevista en el Tratado de Lisboa. Varios cambios realizados en la sesión plenaria del Parlamento demuestran claramente que ha aumentado el nivel de control y el funcionamiento democrático de la Unión Europea. Con respecto a la mejora de los procedimientos democráticos, pero también con respecto a la estructura del presupuesto, he apoyado esta propuesta.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de la Resolución del Parlamento porque estoy de acuerdo con las prioridades transversales del Parlamento para 2011 en los ámbitos de juventud, educación y movilidad que requieren, entre las diferentes políticas, una inversión transectorial específica como medio para fomentar el crecimiento y el desarrollo de la UE. Estoy de acuerdo con la propuesta de incrementar la financiación destinada a todos los programas relativos a estas prioridades, concretamente los Programas «Aprendizaje Permanente», «Personas» y Erasmus Mundus. También coincido en que la movilidad del empleo de los jóvenes constituye una herramienta esencial a fin de garantizar el desarrollo de un mercado laboral competitivo y dinámico en Europa y, como tal, necesita reforzarse. Acojo favorablemente el aumento de financiación del Servicio Europeo de Empleo y por lo tanto apoyo firmemente el lanzamiento de la acción preparatoria «Tu primer empleo EURES» destinada a ayudar a los jóvenes a incorporarse al mercado laboral o a acceder a trabajos especializados en otro Estado miembro, como primer paso hacia un programa específico de movilidad juvenil no académica.

 
  
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  Françoise Castex (S&D), por escrito. (FR) El presente presupuesto no está a la altura de lo que la Unión Europea necesita para salir de la recesión, hacer efectiva la recuperación y afrontar sus responsabilidades en términos de solidaridad. En este sentido, lamento el hecho de que la propuesta del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo para la creación de una línea de «recursos propios» financiada con un impuesto sobre transacciones financieras, haya sido sencillamente rechazada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos). Esta incoherencia entre el discurso y los actos de la derecha resulta escandalosa habida cuenta de que llevan meses manifestando a los ciudadanos y a los medios de comunicación que respaldarían dicho impuesto. Sin embargo, cuando se trata de votar, y cuando el Parlamento Europeo posee el poder para hacer que esto ocurra, estas mismas personas son las que quieren ver enterrada esta propuesta. Mientras la UE se amplía y se le confían cada vez más competencias, los recursos a su disposición son cada vez más limitados. Se trata de una mala señal para la recuperación del crecimiento y el empleo en Europa, en general, y para los ciudadanos europeos, en particular.

 
  
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  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE), por escrito. (SV) Nos gustaría que las prioridades para el presupuesto de la UE en el futuro se centren más en el futuro, en un aumento de la competitividad y en inversiones de infraestructura e investigación en lugar de sostener la política agrícola. Hoy nos hemos mantenido fieles a nuestras prioridades al votar a favor de una seguridad jurídica, de un incremento en los créditos de pago destinados a la investigación y de más dinero para medidas en materia climática, así como a favor de una reducción de los créditos de pago destinados a subvenciones agrícolas, a subvenciones a la exportación, cultivo de tabaco y fondos lácteos. Aunque que no contenía todas las prioridades que nos hubiera gustado ver, hemos votado, por supuesto, a favor del presupuesto de la UE para 2011.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. (FR) Acabamos de aprobar el presupuesto para 2011 que el Parlamento Europeo quería. La presente votación nos ha permitido reafirmar nuestras prioridades con respecto a los más pobres, para quienes se ha solicitado un paquete de 100 millones de euros, y también con respecto a los productores lácteos, para quienes nos gustaría ver cómo el fondo lácteo continúa.

Las empresas que experimentan dificultades también deberían seguir recibiendo el apoyo del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, que debería tener carácter permanente y disponer de presupuesto independiente. Por último, quisiéremos ver cómo se dota al Parlamento Europeo de recursos propios y cómo se introduce finalmente un impuesto sobre las transacciones financieras.

 
  
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  Christine De Veyrac (PPE), por escrito. (FR) En un momento en el que los Estados, los contribuyentes y las empresas están asumiendo sacrificios financieros, la Unión no puede quedar exenta de este círculo virtuoso. Los aumentos desproporcionados en el presupuesto comunitario que algunos desean ver, no son aceptables. Eso no significa que haya llegado el momento de recortar gastos estratégicamente imprescindibles, tales como la política agrícola común, política gracias a la cual disfrutamos de independencia en lo que respecta a los comestibles y nos beneficiamos de una fuente de exportaciones (y por consiguiente, de ganancias).

Por otro lado, esta sería un buen momento para cuestionar las exenciones con respecto a los pagos que disfrutan determinados Estados por motivos históricos y que ahora no tienen razón de existir. La idea de un impuesto europeo no puede contemplarse en el contexto actual: antes debería reducirse la presión fiscal que pesa sobre los Estados miembros.

 
  
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  Philippe de Villiers (EFD), por escrito. (FR) El Parlamento Europeo se ha pronunciado sobre el proyecto de resolución legislativa relativo a la posición del Consejo con respecto al proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2011. El examen del Parlamento Europeo del presupuesto general de la Unión Europea siempre ha proporcionado una oportunidad para ver con más claridad cómo se han visto ampliadas las competencias de la Unión con los años y viceversa, cómo se ha ido perdiendo la soberanía de los Estados miembros.

El presente informe es un indicador de la presión fiscal que se va a ejercer sobre los contribuyentes. A pesar de que resulta patente la desilusión de los ciudadanos con la Unión Europea, esta última todavía insiste en aumentar su presupuesto en un 6 % a fin de financiar políticas que se ha atribuido a sí misma. ¿Por qué este incremento, cuando entre el 10 % y el 15 % de los recursos no se utilizan y la Comisión está exigiendo contención en todos los Estados miembros?

 
  
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  Diane Dodds (NI), por escrito. – Considero inadmisible cualquier propuesta de incrementar el presupuesto de la UE sobre la base de que no puedo justificar a mis electores un aumento del gasto comunitario cercano al 6 % en 2011. En este momento, el Ministro de Hacienda del Reino Unido está presentando una serie de drásticos recortes en el sector público: recortes que la UE ha instado a realizar a los Estados miembros. Sin embargo, al mismo tiempo, la misma UE considera apropiado que el presupuesto de este lugar se incremente un 6 %. Hagan ustedes lo que digo, no lo que hago, esa parece ser la política oficial de la UE. Lo encuentro inaceptable.

No podría mirar a los ojos a mis electores, algunos de los cuales perderán seguramente sus empleos como resultado de los recortes en el Reino Unido, y decirles que los diputados al Parlamento Europeo han gastado sabiamente una cantidad aún mayor de su dinero —y recuerden que se trata de su dinero— inyectando las arcas del SEAE, de la Europol y de los reglamentos de los servicios financieros. Y yo desde luego tampoco podría justificar el aumento del presupuesto destinado a gastos de representación de este lugar. Por eso he votado en contra del presente presupuesto. Es tarea de otros justificar por qué lo han apoyado.

 
  
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  Lena Ek (ALDE), por escrito. (SV) Una Europa fuerte y moderna necesita un presupuesto orientado al futuro y al crecimiento mientras que, al mismo tiempo, la situación económica exige reflexión y moderación. He optado, por lo tanto, por mantener una línea restrictiva en cuanto al presupuesto y me he centrado en grandes inversiones en materia de investigación, desarrollo e innovación que creen crecimiento y puestos de trabajo con arreglo a la estrategia Europa 2020. Habida cuenta de que deseo ver una Europa sostenible desde el punto de vista de la economía, los asuntos sociales y el clima, he votado, por lo tanto, a favor de invertir en medio ambiente, en individuos y en el control de los mercados financieros, pero siempre dentro de los límites de los recursos existentes.

Un gran porcentaje del presupuesto se destina a la política agrícola de la UE. Lamentablemente, la estructura de la política agrícola actual apenas se centra en superar los retos del futuro. Las zonas rurales florecientes son muy importantes. Sin embargo, continuar con las subvenciones a la exportación y al cultivo del tabaco no es el camino correcto a seguir. Lo que necesitamos en su lugar son condiciones razonables para la producción de alimentos en Europa, una protección adecuada de los animales e incentivos para que los agricultores produzcan energía ecológica. Teniendo en cuenta que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena en estos difíciles tiempos económicos, he votado también a favor de reducir los gastos de administración de la UE.

 
  
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  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson y Marita Ulvskog (S&D), por escrito. (SV) Los socialdemócratas suecos hemos votado hoy a favor del proyecto de presupuesto de la UE para 2011. Se trata de un presupuesto moderado, pero también contiene las inversiones necesarias en investigación, energía e iniciativas para los jóvenes, así como permite la creación del nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE y nuevas autoridades para la supervisión financiera.

Sin embargo, también se trata de un presupuesto en el que muchas de las nuevas prioridades de la UE carecen de una financiación razonable, por ejemplo, la nueva estrategia de la UE para el crecimiento y el empleo (UE 2020), la política en materia de clima y la política exterior y de ayudas de la UE, sobre todo la ayuda destinada a Palestina.

A fin de mantener bajo el presupuesto, hemos propuesto más recortes en la ayuda agrícola de la UE, pero se ha rechazado en la votación. También hemos votado a favor de una revisión del sistema de recursos propios de la UE, incluido un impuesto sobre transacciones financieras. Independientemente de la forma que pueda adoptar un nuevo sistema de ingresos de la UE, debe ser neutral en lo que se refiere a los presupuestos y respetar la competencia de los Estados miembros en el ámbito de la fiscalización.

Con respecto al propio presupuesto del Parlamento, consideramos que deben fortalecerse aquellas comisiones que estén recibiendo un volumen de trabajo mayor como consecuencia del Tratado de Lisboa. Esto justifica un aumento de personal para el Parlamento y las secretarías de grupo. Sin embargo, no creemos que los diputados al Parlamento Europeo necesiten más personal. El Parlamento ahora ha decidido mantener los créditos de pago para aumentar las dietas de asistencia parlamentaria en reserva, y esto no debería liberarse a menos que se cumplan todas las condiciones. Hubiésemos preferido haber presenciado un aumento de los recursos del Parlamento Europeo gracias a redistribuciones y medidas orientadas a mejorar la eficiencia, en lugar de aumentar el presupuesto total.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) El presupuesto de la UE resulta vital para el desarrollo de las actividades de la UE y, sobre todo, en tiempos de crisis, para la asignación eficaz de fondos relacionados con la política de cohesión.

Considero que el Consejo no debería reducir arbitrariamente estos fondos, tal y como se ha advertido en prioridades como los fondos destinados a la innovación y en objetivos de crecimiento y competitividad. El Consejo también ha reducido los créditos de compromiso en un 0,55 % y los créditos de pago en un 2,77 %, aprobando un presupuesto final de 141 800 millones de euros en créditos de compromiso y 126 500 millones de euros en créditos de pago, que podría resultar especialmente crítico si tiene repercusión sobre el crecimiento europeo y la competitividad.

Por consiguiente, apoyo que el Parlamento mantenga la financiación inicial destinada a estas áreas.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la distinción entre gastos obligatorios y gastos no obligatorios se ha suprimido, lo que significa que el Parlamento y el Consejo serán corresponsables de todos los gastos de la UE, sobre los que decidirán conjuntamente. Además, el procedimiento presupuestario anual, se está convirtiendo en un procedimiento legislativo especial, con el presupuesto aprobado mediante una regulación, que puede considerarse un caso especial de codecisión o, para evitar confusiones, una decisión conjunta del Parlamento y el Consejo. El presupuesto para el ejercicio de 2011 que está proponiendo el Parlamento es ambicioso, inteligente y respeta los compromisos asumidos de forma rigurosa y realista. Estamos concediendo prioridad a políticas relacionadas con los jóvenes, la educación, la movilidad, la formación, la investigación, la competitividad y la innovación. Quisiera subrayar la acción preparatoria en la que he participado personalmente: «Tu primer trabajo EURES». Este programa impulsará la movilidad de los jóvenes y ayudará a combatir el desempleo. El presente presupuesto de la UE sigue siendo equivalente a aproximadamente un 1 % de la renta nacional bruta. Esto pone claramente de manifiesto la necesidad de revisar el marco financiero plurianual, dados los ajustados márgenes de sus rúbricas, sobre todo de las rúbricas 1a, 3b y 4. También resulta evidente que es urgente que se mantenga un debate sobre la necesidad de nuevos recursos para el presupuesto de la Unión.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) Compartimos las críticas realizadas a los recortes y las reducciones arbitrarias efectuadas por el Consejo en el proyecto de presupuesto, dejándolo casi 7 000 millones de euros por debajo de lo acordado en el marco financiero plurianual (MFP) 2007-2013 para 2011. Esto resulta aún más inaceptable, si cabe, habida cuenta de que la suma acordada en el MFP ya se trata de una cantidad sumamente exigua, lo que compromete desde el principio cualquier objetivo de cohesión económica y social. Por consiguiente, acentúa los perjudiciales efectos de las políticas que ha venido persiguiendo la UE.

Así pues, somos también de de la opinión de que es absolutamente necesaria una revaloración sustancial del presupuesto, así como una inmediata revisión de los límites máximos del actual MFP. No obstante, esta crítica no puede llevarnos a aceptar la intención de «lisboizar» el presupuesto que, según menciona el informe, lo mantendría supeditado a los pilares fundamentales del Tratado de Lisboa: el neoliberalismo, el federalismo y el militarismo. En otras palabras, lo mantiene fundamentalmente supeditado a las mismas políticas que han provocado la profunda crisis a la que se enfrentan los trabajadores y los pueblos europeos. Lo que hace falta —empezando por el necesario refuerzo del presupuesto de la Unión sobre la base de contribuciones de los Estados miembros proporcionales a su renta nacional bruta— es una ruptura con estas políticas y un compromiso genuino con la cohesión, el progreso social y la preservación del medio ambiente.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. (FR) El Tratado de Lisboa entró en vigor el 1 de diciembre del año pasado. Confiere nuevas competencias a la Unión Europea: por consiguiente, nuevas oportunidades para gastar dinero. Nadie o casi nadie tiene aquí la decencia de subrayar que resulta escandaloso pedir un aumento de los recursos asignados a la Unión Europea o la creación de un nuevo impuesto cuando se está conminando a los Estados miembros a practicar la austeridad y a recortar drásticamente su protección social.

Europa tiene un coste directo enorme en Francia: 8 000 millones de euros por año, una cifra en constante aumento. En otras palabras, da cuenta de una parte muy importante del déficit de la seguridad social, por ejemplo. El coste indirecto es aún mayor en términos de desempleo, escasez de crecimiento, deslocalización, etc., vinculados a las políticas europeas. El presupuesto europeo no complementa a los presupuestos nacionales; rivaliza con ellos y los ataca. Junto a los sistemas de financiación de las políticas estructurales, que no son más que salpicaduras de clientelismo, constituye igualmente una incitación al gasto. Una circunstancia agravante es la siguiente: durante 15 años, el Tribunal de Cuentas Europeo ha sido incapaz de aprobar la gestión realizada por la Comisión de decenas de miles de millones de euros. Creo que es hora de acabar con todo esto.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. (FR) He apoyado la Resolución del Parlamento Europeo sobre el proyecto de presupuesto general de la UE para el ejercicio 2011. Si deseamos ser capaces de asumir las prioridades políticas de la Unión Europea, los nuevos gastos ahora necesarios como consecuencia de la crisis económica y las nuevas competencias conferidas por el Tratado de Lisboa, debemos apoyar un proyecto de presupuesto ambicioso que permita liberar las inversiones necesarias a fin de lograr más puestos de trabajo y una vuelta al crecimiento sostenible o bien, en otras palabras, un presupuesto que esté a la altura de la Europa que queremos.

Al Consejo le gustaría reducir el presupuesto de la Unión, porque los Estados miembros se enfrentan a déficits importantes. Por eso hemos introducido una nueva línea de presupuesto para los recursos propios de la Unión, a fin de que el presupuesto no dependa tanto de las contribuciones nacionales. Lamentamos el hecho de que la enmienda que solicitaba la creación de un impuesto sobre transacciones financieras haya sido nuevamente rechazada por la derecha.

 
  
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  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. (DE) Respaldo las propuestas del Parlamento Europeo para el proyecto de presupuesto de 2011. En el informe se han tenido en cuenta las principales áreas políticas así como las opiniones individuales. El Parlamento reconoce que en el futuro, la Unión Europea no podrá arreglárselas para cumplir con su extensa y variada colección de tareas contando con menos recursos financieros. Eso se aplica, sobre todo, a la agricultura. La Opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural sobre el presupuesto para el ejercicio de 2011 ya expresaba la preocupación por el excesivo optimismo de los razonamientos de la Comisión en cuanto a la planificación y el aprovechamiento de recursos sin utilizar. Los proyectos de investigación europeos a gran escala se encuentran financieramente asociados a los flujos de recuperación, cuya cantidad nadie conoce de antemano. Las recuperaciones financieras del fondo común agrícola deberían utilizarse para su propósito original.

 
  
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  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. (RO) He votado a favor del presente informe porque el Parlamento Europeo identifica las prioridades más importantes de sus políticas en materia de juventud, educación y movilidad. Yo también he sostenido en diversas ocasiones que constituyen componentes fundamentales y necesarios de la estrategia de recuperación económica de la UE y de la Estrategia Europa 2020. La juventud, la educación y la movilidad exigen inversiones transectoriales, en el marco de políticas adecuadas, a fin de fomentar el crecimiento y el desarrollo de la UE.

Apoyo, por tanto, la necesidad de incrementar los préstamos de todos los programas relacionados con estas prioridades, como el Programa «Aprendizaje Permanente», el Programa «Personas» y Erasmus Mundus. Resulta igual de importante, asimismo, incrementar los préstamos para la red europea de servicios de empleo. A tal fin, apoyo el lanzamiento de la acción preparatoria «Tu primer empleo EURES» destinada a ayudar a los jóvenes a incorporarse al mercado laboral o a acceder a trabajos especializados en otro Estado miembro, como primer paso hacia un programa específico de movilidad juvenil no académica.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – En las votaciones individuales, he votado en contra de las disposiciones que considero que tienen consecuencias negativas para los ciudadanos de la UE y los habitantes de países en desarrollo. Esto incluye la financiación destinada a la producción de tabaco, así como las subvenciones a las exportaciones agrícolas de la UE, que perjudican a los países en desarrollo. También he votado en contra de incrementar líneas presupuestarias relacionadas con gastos, costes de viajes y administrativos. No obstante, acojo favorablemente los elementos positivos de la primera lectura del Parlamento, incluida la financiación destinada a respaldar actividades cruciales de investigación y desarrollo, así como a aumentar la ayuda a los países en desarrollo, acorde con el objetivo del Reino Unido de incrementar la ayuda al desarrollo. Considero que el presupuesto es necesario a fin de proporcionar estabilidad a largo plazo frente a las rigurosas medidas de austeridad que están introduciendo los gobiernos nacionales en Europa. Mientras los gobiernos nacionales aplican recortes drásticos, en algunos casos, con una visión a corto plazo, el presupuesto de la UE puede proporcionar estabilidad y planificación a largo plazo a fin de contribuir —a través de fondos como los fondos estructurales y de cohesión— a crear puestos de trabajo, proporcionar formación profesional e impulsar las economías europeas mediante la recuperación, sobre todo proporcionando fondos estructurales a las zonas más necesitadas y más gravemente afectadas.

 
  
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  Barbara Matera (PPE), por escrito. (IT) Por primera vez desde que el Tratado de Lisboa entró en vigor, el presupuesto europeo se ha adoptado en una única lectura. También se trata de la primera vez que el Parlamento tiene más repercusión en su toma de decisiones que el Consejo. Este aumento de poder, sin embargo, debe venir acompañado de un fuerte sentido de responsabilidad y realismo impuesto por la persistente crisis económica.

En este sentido, la Comisión de Presupuestos ha enviado una señal inequívoca al optar por respetar los márgenes impuestos por la coyuntura financiera actual y aplicar una política de rigor basada en prioridades encaminadas a fomentar el crecimiento, poniendo el énfasis en la investigación, la innovación y la juventud. Acojo favorablemente la decisión de la Cámara de seguir las orientaciones de la Comisión de Presupuestos y los Estados miembros, que a menudo se ven obligados a endeudarse como consecuencia de los excesivos adelantos de efectivo de la UE.

El presupuesto de la Unión debe, no obstante, reconsiderarse a la luz de las nuevas responsabilidades derivadas del Tratado de Lisboa y la necesidad de recursos propios. Estas cuestiones requieren firmeza durante la conciliación a fin de proporcionar un apoyo financiero adecuado a un proyecto tan ambicioso como la Estrategia UE 2020.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La entrada en vigor del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) ha reforzado las políticas de la UE y creado nuevos ámbitos de competencia: en particular, Política Exterior y de Seguridad Común, competitividad e innovación, espacio, turismo, lucha contra el cambio climático, política social, política energética, justicia y asuntos de interior. Estas nuevas competencias presuponen un presupuesto que permita su puesta en marcha y por consiguiente necesitan que todas las entidades con autoridad presupuestaria sean coherentes y consistentes con respecto al aumento de sus competencias financieras. Por eso es preciso que dotemos al presupuesto comunitario de los fondos necesarios a fin de posibilitar la consecución de los objetivos trazados para 2014, de tal manera que la Estrategia Europa 2020 no se vea comprometida. Naturalmente, en esta situación de crisis, los Estados miembros están ofreciendo cierta resistencia ante el aumento de las contribuciones, pero deben aceptar las intenciones de la UE y la necesidad de no poner en peligro todo aquello que se ha logrado en materia de cohesión e integración.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Una de las cosas que el Tratado de Lisboa ha cambiado han sido las estructuras financieras de la UE, en particular el marco financiero plurianual (MFP) y el procedimiento presupuestario anual. El Tratado dota al MFP de una categoría jurídica vinculante y estipula que esta debe quedar establecida por el Consejo, que ha pronunciarse unánimemente previo consentimiento del Parlamento Europeo. Habida cuenta de que ambas entidades presupuestarias ahora son conjuntamente responsables, ya no es preciso realizar una distinción entre gastos obligatorios y gastos no obligatorios, quedando, en consecuencia, simplificado el proceso. El hecho de que el Parlamento posea ahora derecho de codecisión sobre la totalidad del presupuesto, fortalece el control democrático.

Igualmente, se prevén algunos avances más con objeto de simplificar la burocracia. Es importante que el Parlamento Europeo, como única institución elegida de forma directa, vea reforzados sus derechos presupuestarios de modo que pueda influir sobre importantes decisiones de la UE tales como la exigencia de reducción de costes en el nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior. Sin embargo, no puedo respaldar tendencias a la centralización.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del proyecto de presupuesto porque apruebo su posición general y sus contenidos. Estoy conforme con los límites máximos restablecidos en relación con los recortes realizados por el Consejo. Considero que la presente votación es sumamente importante y aplaudo la posición expresada por el Parlamento, que realmente hace uso de las nuevas prerrogativas. De hecho, gracias al nuevo procedimiento presupuestario establecido tras entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento puede hacer valer su importancia y sus poderes con respecto al Consejo, defendiendo un presupuesto sólido, ambicioso y al mismo tiempo difícil si somos conscientes del hecho de que a fin de relanzar la economía de la Unión Europea —sometida a una dura prueba con la reciente crisis económica y financiera— son necesarias inversiones sustanciales en áreas clave como la investigación y la innovación tecnológica.

 
  
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  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. (EL) El proyecto de presupuesto inicial presentado ante la Comisión de Cultura y Educación por la Comisión de Presupuestos no se ha cumplido en lo referente a la adopción de medidas ambiciosas destinadas a alcanzar las metas principales de la Estrategia UE 2020 en materia de educación, formación y movilidad. Para ser precisos, la comisión competente adoptó inicialmente la posición de la Comisión y el Consejo y propuso una congelación de los créditos asignados al aprendizaje permanente, la educación y los programas para jóvenes emprendedores. Sin embargo, resulta reconfortante que la Comisión de Presupuestos presentara las enmiendas necesarias, que yo he apoyado, y que incrementara los créditos inicialmente previstos (por ejemplo, en el caso del artículo 15 02 02 relativo a los programas de aprendizaje permanente) a raíz de la oposición y las inquietudes expresadas por los miembros de la Comisión de Cultura y Educación en lo que respecta a la degradación de políticas en materia de educación y formación, especialmente en un momento en el que el desempleo va en aumento y está ocasionando problemas en numerosos Estados miembros de la Unión Europea.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de la resolución del Parlamento porque estoy de acuerdo con las prioridades transversales del Parlamento para 2011, especialmente en las políticas de juventud, educación y movilidad, que requieren, entre las diferentes políticas, una inversión transectorial específica como medio para fomentar el crecimiento y el desarrollo de la UE. Estoy de acuerdo con la propuesta de incrementar la financiación destinada a todos los programas relativos a estas prioridades, concretamente los Programas «Aprendizaje Permanente», «Personas» y Erasmus Mundus.

Considero asimismo que la movilidad del empleo de los jóvenes constituye una herramienta esencial a fin de garantizar el desarrollo de un mercado laboral competitivo y dinámico en Europa y que, como tal, necesita verse reforzada. Por eso acojo favorablemente el aumento de financiación del Servicio Europeo de Empleo y apoyo firmemente el lanzamiento de la acción preparatoria «Tu primer empleo EURES» destinada a ayudar a los jóvenes a incorporarse al mercado laboral o a acceder a trabajos especializados en otro Estado miembro, como primer paso hacia un programa específico de movilidad juvenil no académica.

 
  
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  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. (FR) Un total de 142 650 000 millones de euros: ese es el presupuesto adoptado hoy al mediodía por el Parlamento Europeo para el año financiero 2011. Un presupuesto ajustado, prácticamente similar al propuesto por la Comisión Europea, y adoptado en un escenario de austeridad. Sin embargo, todos sabemos que Europa no puede hacer más ni puede hacerlo mejor con menos dinero.

Por este motivo una serie de colegas y yo, junto al Comisario de Programación Financiera y Presupuesto, el señor Lewandowski, estamos desarrollando un alegato de defensa a favor de que la Unión Europea se dote de recursos propios. Un mecanismo financiero que garantice autonomía y margen de maniobra con respecto a los Estados miembros que, ya sea en situación de crisis o no, hace mucho tiempo han abandonado la idea de proporcionar a Europa los medios para obtener sus ambiciones. Veo al menos dos razones para no reducir el presupuesto europeo.

La primera se deriva de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y las nuevas competencias europeas en materia de política exterior, energía y supervisión financiera, por mencionar solo algunas. La segunda está relacionada con la nueva Estrategia Europa 2020, que pretende lograr que Europa recupere la senda del crecimiento sostenible, de los grandes proyectos y la innovación. Se trata de nuevos retos y competencias que será preciso financiar bien. Esto nos conduce nuevamente a la única solución: la financiación directa de la Unión Europea.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – El debate para el ejercicio del presente año pone nuevamente de relieve la necesidad de acordar un buen sistema de recursos propios para la UE. La disputa anual que se produce entre las Instituciones europeas a causa del presupuesto desemboca en una toma de decisiones caótica y genera una enconada distracción que podría evitarse de forma tan sencilla como a través de un sistema de recursos propios, que asigne, por ejemplo, parte de los ingresos procedentes de un impuesto sobre transacciones financieras comunitarias, de un impuesto sobre el carburante de los aviones o de un impuesto sobre el carbono, a la financiación del presupuesto de la UE. A pesar de esto, la votación de hoy establece a grandes rasgos un equilibrio a la hora de responder a las nuevas exigencias creadas por el Tratado de Lisboa, restringiendo al mismo tiempo el aumento de los presupuestos de la UE en respuesta a las dificultades presupuestarias actuales.

 
  
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  Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) , por escrito. (SV) He optado por abstenerme en lo que respecta a la decisión relativa al proyecto de presupuesto del Parlamento. El refuerzo del programa DAPHNE que trata sobre la violencia hacia las mujeres, resulta alentador. Asimismo, me complace que el Parlamento rechace la propuesta de la Comisión y el Consejo de recortar la ayuda financiera dirigida a la Autoridad Palestina. No obstante, quisiera también destacar que considero que el Parlamento está actuando irresponsablemente al concederse a sí mismo y al sistema de la UE tan importantes cantidades de dinero en forma de programas, subvenciones y ayuda para la burocracia, mientras los Estados miembros se están viendo obligados a realizar recortes brutales para cumplir los requisitos del Pacto de Estabilidad; es decir, el pacto neoliberal que apoya incondicionalmente la mayoría del Parlamento.

El gran vencedor es la agricultura, en especial gracias a la creación de un fondo lácteo de 300 millones de euros. A los diputados al Parlamento Europeo nos resultará vergonzosamente difícil explicar esta decisión a aquellas personas que están luchando y se están manifestando en un país tras otro. ¿Por qué deberían sufrir ellos cuando el gasto presupuestario del sistema de la UE no se ve en absoluto afectado por la realidad?

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) Este es el primer presupuesto de la UE votado con arreglo a las normas del Tratado de Lisboa en una única lectura. A pesar de que todavía se han dejado para la conciliación algunos puntos sensibles que yo considero de máxima importancia, como una dotación para la cohesión y la agricultura, me satisface la presente propuesta.

El documento aprobado restablece la propuesta inicial de la Comisión relativa a la sección dedicada a la cohesión para el crecimiento y el empleo después de que el Consejo haya reducido la cantidad asignada. Aunque la cantidad asignada para 2011 ya se encuentra prevista en el marco financiero plurianual (MFP) con un límite máximo de 50 650 millones de euros a precios actuales, cabe señalar que la ponente declara que esta rúbrica exigirá un nivel superior de pagos.

También recibo favorablemente las asignaciones destinadas a la sección de la competitividad para el crecimiento y el empleo, que incluyen una provisión de financiación para la mayoría de las propuestas del Parlamento, tales como las relacionadas con pequeñas y medianas empresas (PYME) y programas en materia de juventud, educación y movilidad.

He votado a favor del presente documento, a pesar que de que no incluye las propuestas realizadas por el Partido Popular Europeo (PPE) referentes a medidas de intervención con respecto el almacenamiento de cereales, leche y sus derivados y leche en polvo, que han sido desgraciadamente rechazadas por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI).

 
  
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  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), por escrito.(PL) Abstenerse de votar no es una solución. Los ausentes siempre se equivocan. Considero que en el conjunto de la resolución las medidas buenas superan con creces a las poco favorables. Necesitamos el Servicio Europeo de Acción Exterior. Debería comenzar su trabajo tan pronto como sea posible a fin de potenciar la importancia de Europa en el mundo.

La Resolución que se ha adoptado indica que todos los Estados miembros estarán representados en el Servicio. Ahora bien, debemos velar por que esto ocurra realmente. Esto genera confianza en el proceso de creación del Servicio Europeo de Acción Exterior. Debería recordarse que la Unión Europea se construyó sobre la confianza mutua y que Polonia se ha beneficiado enormemente de ello. Seguiré muy de cerca este proceso.

 
  
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  Derek Vaughan (S&D), por escrito. – Recibo con satisfacción los elementos positivos del presupuesto para el ejercicio de 2011, que incluyen la financiación para el desarrollo económico en Gales, el apoyo a la investigación y el desarrollo y la ayuda a los países en desarrollo. Reconozco que el gasto adicional derivado del Servicio Europeo de Acción Exterior y las nuevas autoridades europeas de supervisión es necesario y en el Consejo lo respaldan todos los Estados miembros, incluido el Reino Unido. Sin embargo, me preocupa el gasto en una serie de áreas que no reflejan una optimización de los recursos o que poseen consecuencias negativas para los ciudadanos de la UE y para los habitantes de países en desarrollo. Esto incluye la financiación de la UE destinada a la producción de alcohol y tabaco, que entra en conflicto con los objetivos sanitarios de la UE, y las subvenciones a la exportación agrícola de la UE, que perjudican a los países en desarrollo, así como los incrementos en líneas presupuestarias relacionadas con gastos, costes de viaje, publicaciones y otros gastos administrativos. En la coyuntura económica actual, resulta más importante que nunca que justifiquemos el gasto realizado en nuestras prioridades luchando contra cualquier gasto superfluo y excesivo en otros sectores. No me he sentido capaz de oponerme a este presupuesto. En tiempos de dificultades económicas, sería contraproducente votar en contra de una financiación que resultará vital para una amplia gama de prioridades. No obstante, también considero que algunos incrementos no estaban justificados y, por lo tanto, he tomado la decisión de abstenerme.

 
  
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  Angelika Werthmann (NI), por escrito. (DE) Los puntos claves del presupuesto de la UE para 2011 son la inversión en materia de formación, investigación e innovación, una necesidad teniendo en cuenta la actual situación del mercado laboral. La reducción del desempleo actual en Europa debe estar en el centro de cada decisión, incluso en la aplicación real de los ambiciosos objetivos de Europa 2020. Conceder prioridad a los jóvenes en relación con los programas de formación y movilidad constituye una inversión muy valiosa, con buenas oportunidades de desarrollo para el mercado laboral. Se producen algunos incrementos, pero también reducciones: el presupuesto es un compromiso, como cualquier otra decisión entre partidos. Reasignar los fondos a la investigación nuclear, sin embargo, no puede redundar en beneficio de los ciudadanos europeos, y este dinero estaría mejor empleado, por ejemplo, en fuentes de energía renovables.

 
  
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  Glenis Willmott (S&D), por escrito – El EPLP recibe con satisfacción los elementos positivos de la posición del Parlamento en su primera lectura, incluyendo la financiación destinada al desarrollo económico de nuestras regiones, el apoyo a actividades cruciales de investigación y desarrollo y el aumento de la ayuda destinada a países en desarrollo, acorde con el objetivo de Reino Unido de incrementar la ayuda total al desarrollo. Reconocemos asimismo que el gasto adicional derivado del Servicio Europeo de Acción Exterior y las nuevas autoridades europeas de supervisión resulta esencial para implementar estas nuevas e importantes actividades, y en el Consejo todos los Estados miembros lo respaldan, incluido el Reino Unido. No obstante, nos preocupa mucho el gasto en una serie de áreas que no reflejan una optimización de los recursos o que poseen consecuencias negativas para los ciudadanos de la UE y para los habitantes de países en desarrollo. Esto incluye la financiación de la UE destinada a la producción de alcohol y tabaco, que entra en conflicto con los objetivos sanitarios de la UE, y las subvenciones a la exportación agrícola de la UE, que perjudican a los países en desarrollo, así como los incrementos en líneas presupuestarias relacionadas con gastos, costes de viajes, publicaciones y otros gastos administrativos. En la coyuntura económica actual, resulta más importante que nunca que justifiquemos el gasto realizado en nuestras prioridades luchando contra cualquier gasto superfluo y excesivo en otros sectores. El EPLP ha votado en contra de la resolución final sobre el presupuesto en esta fase, a fin de transmitir un mensaje claro antes de las negociaciones entre las Instituciones.

 
  
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  Artur Zasada (PPE), por escrito. (PL) Es para mí un gran placer felicitar a la ponente, la señora Jędrzejewska, por su informe, excelentemente preparado. Hoy, por primera vez, hemos adoptado un presupuesto de la UE con arreglo a la disposición establecida en el Tratado de Lisboa y también por primera vez, no nos hemos excedido en los límites financieros establecidos en la perspectiva financiera actual. Considero que las soluciones propuestas por la señora Jędrzejewska expresan una óptica realista y pragmática en un momento difícil de crisis económica. También me complace comprobar que el presupuesto aprobado hoy refuerza las prioridades del Parlamento en términos financieros.

 
  
  

Informe: Edite Estrela (A7-0032/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) La ampliación del permiso de maternidad de 14 a 20 semanas debería considerarse un derecho fundamental. Este nuevo periodo no debería verse como una amenaza, incluso teniendo en cuenta la introducción de derechos para los padres. Sus implicaciones para el marco jurídico de los distintos Estados miembros resultan insignificantes, incluido su impacto sobre la economía cuando, por ejemplo, consideramos la posibilidad de crear vacantes de trabajo temporales a escala europea que promuevan la movilidad profesional y que permitan estimular el intercambio de mejores prácticas y la continuación de las tareas profesionales de las mujeres en permiso de maternidad. La garantía de percibir un 100 % del salario mensual durante el permiso de maternidad, así como la ampliación del periodo de prohibición de despido de seis meses a un año, no deberían cuestionarse si se tienen en cuenta tanto las preocupaciones demográficas como la actual coyuntura económica. Otras medidas sencillas pero importantes son, por ejemplo, la posibilidad de flexibilizar horarios durante el periodo posterior al permiso de maternidad, la aplicación de medidas preventivas en materia de salud y seguridad y la extensión de estos derechos a las parejas que adopten niños, favoreciendo así un marco jurídico más equitativo.

 
  
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  Roberta Angelilli (PPE), por escrito. (IT) Desgraciadamente, en Europa el índice de natalidad varía de un país a otro, y a menudo depende, no solo de la garantía de protección de los derechos, sino también de los servicios sociales a disposición de las madres trabajadoras, como por ejemplo, las guarderías. Todavía nos queda mucho por hacer en lo que respecta a la conciliación de la vida laboral y la vida familiar.

El sistema de protección de la maternidad vigente en Italia resulta, en términos generales, acorde a los nuevos parámetros propuestos en la Directiva, no sólo con respecto al número de semanas de licencia de maternidad obligatoria, sino también con respecto al pago de una indemnización del 100 % de la retribución por el periodo de ausencia. Resulta significativo que la Directiva introduzca claramente el permiso de paternidad: un objetivo importante a fin de garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de reforzar las responsabilidades compartidas entre progenitores.

 
  
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  George Becali (NI), por escrito. (RO) Estoy de acuerdo con ampliar el periodo del permiso de maternidad a un mínimo de 20 semanas con paga completa que por otro lado proporcione, al mismo tiempo, una cierta flexibilidad a los Estados que ya cuenten con disposiciones para este tipo de licencia. Las trabajadoras que hagan uso de su permiso de maternidad deben percibir su salario completo, que será el 100 % del salario que percibieron durante el último mes trabajado o su salario mensual medio. Las enmiendas adoptadas evitarán el despido de mujeres embarazadas desde el inicio del embarazo hasta seis meses después de haber disfrutado del permiso de maternidad. Además, las mujeres deben tener derecho a volver a su puesto de trabajo o a un puesto de la misma remuneración, categoría y trayectoria profesionales que el que poseían antes de comenzar el permiso de maternidad.

 
  
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  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. (FR) La ampliación del permiso de maternidad, la mejora de las condiciones de trabajo…, las mujeres han sido el centro del debate de hoy en el Parlamento Europeo. Dieciocho años después de la primera Directiva sobre de trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz recientemente y/o en período de lactancia, la situación económica y demográfica en Europa efectivamente ha cambiado. Por lo tanto, hoy hemos votado en el plenario para modificar la legislación vigente relativa al permiso de maternidad, a fin de fomentar el empleo de las mujeres, permitiéndoles al mismo tiempo tener una familia en las mejores condiciones posibles.

Permitir que las mujeres puedan conciliar su vida familiar con su vida profesional y también que se cumplan los objetivos de la igualdad de género: eso es lo que hoy defendemos para todas las mujeres europeas El Parlamento Europeo ha respaldado por mayoría un periodo totalmente remunerado de 20 semanas de permiso de maternidad. Por lo tanto, ahora tendremos que negociar con los Estados miembros a fin de alcanzar un compromiso sobre el presente texto.

 
  
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  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. (ES) Si tras conocer el resultado de esta votación tuviéramos que poner un título al resultado de esta iniciativa, sería el de «Rebelión en las aulas». Las vísperas conocíamos las resistencias que los miembros de los distintos grupos mantenían para la aprobación de la ampliación a 20 semanas del permiso maternal, la necesidad de abonar el 100 % de la retribución a las personas en esa situación, la ampliación de la medida en el caso de hijos discapacitados o la inclusión de las bajas paternales. Todo hacía pensar que no se aprobarían, pero no ha sido así. La indisciplina de muchos diputados a las listas de sus propios grupos ha hecho posible el milagro. Hoy el Parlamento Europeo ha estado a la altura de lo que la ciudadanía, hombres y mujeres, esperaba de él. Es además un paso más en el camino de la igualdad que aún estamos lejos de alcanzar, pero que tenemos que realizar juntos hombres y mujeres.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) Recibo con satisfacción el hecho de que, después de un debate muy esperado, hoy, el Parlamento Europeo aprobara esta Directiva tan importante. Sobre la base de esta nueva Directiva, la duración del permiso por maternidad se verá ampliado de 14 a 20 semanas con remuneración completa. Hoy, a fin de resolver tan pronto como sea posible los problemas demográficos a los que nos enfrentamos debido a la baja tasa de natalidad y el envejecimiento de la población, debemos compartir responsabilidades familiares. Por lo tanto, es muy importante que esta Directiva establezca el derecho de los hombres a disfrutar de al menos dos semanas de permiso de paternidad. También es indiscutible que el niño tiene derecho a establecer vínculos con ambos progenitores. La presente propuesta nos permitirá crear un mejor equilibrio en el seno familiar y mejorará la integración en el mercado laboral. El Parlamento ha demostrado que puede lograr los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020 de posibilitar que las familias mantengan un mejor equilibrio entre vida laboral y familiar mientras luchan por conseguir crecimiento económico, bienestar, competitividad e igualdad de género. Espero de veras que la presente Directiva adoptada por el Parlamento también sea aprobada por el Consejo tan pronto como sea posible.

 
  
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  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. (RO) La UE se enfrenta en la actualidad a problemas demográficos ocasionados por la caída en la tasa de natalidad y el aumento del número de personas mayores. Mejorar las disposiciones que promueven un equilibrio entre vida familiar y laboral constituye una de las vías a las que recurrir para dar respuesta a este declive demográfico. Resulta evidente que los estereotipos de género aún persisten en la sociedad, lo que supone un obstáculo que impide el acceso de las mujeres a puestos de trabajo, sobre todo el acceso a puestos de trabajo de calidad. Todavía se considera a las mujeres como principales cuidadoras de hijos y otras personas a su cargo, lo que significa que en muchas ocasiones se enfrentan a la necesidad de elegir entre la maternidad y una carrera profesional.

Con frecuencia se considera a las mujeres como trabajadoras de «alto riesgo», de «segunda clase» o «inadecuadas», dada la fuerte probabilidad de que se queden embarazadas y ejerzan el derecho a disfrutar del permiso de maternidad. Es, por lo tanto, sumamente importante que las nuevas formas de permiso no reflejen o confirmen los estereotipos que actualmente existen en la sociedad. La presencia de los padres en las vidas de sus hijos desde los primeros meses posteriores a su nacimiento posee una importancia capital para el desarrollo saludable del niño desde una perspectiva física, emocional y psicológica.

 
  
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  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. (IT) La tasa de natalidad en muchos Estados miembros sigue siendo sin lugar a dudas muy baja. Las Instituciones deben, por tanto, promover la natalidad por medio de una política adecuada de apoyo a la familia. He votado a favor del informe de la señora Estrela porque apunta en esta dirección. Considero acertado, en efecto, que armonicemos los derechos de maternidad entre los Estados miembros (siempre teniendo presente, ante todo, la salud de las nuevas madres y sus recién nacidos) con el fin de evitar discrepancias y de evitar una reducción en la competitividad de los Estados que adoptaron hace algún tiempo medidas más avanzadas para la protección de la maternidad.

En este sentido, valoro la propuesta de ampliar el permiso de maternidad a 18 semanas en todos los países de la UE, una práctica que ya se encuentra vigente en varios Estados miembros: en Italia, por ejemplo, se concede un permiso de veintiún semanas y media. Por último, considero esencial garantizar el derecho a continuar en el mismo puesto de trabajo o a que se adjudique una posición laboral equivalente.

 
  
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  David Casa (PPE), por escrito – Estoy en contra del concepto de 20 semanas con remuneración completa y he votado en contra de esa enmienda concreta. No obstante, he decidido votar a favor del texto final con sus modificaciones porque incluye una cláusula negociada por el PPE que permite un margen de flexibilidad durante las últimas cuatro semanas. Por tanto, he decidido apoyar a mi grupo político a la hora de lograr este compromiso.

 
  
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  Françoise Castex (S&D), por escrito. (FR) Me complace que el Parlamento Europeo haya realizado progresos en esta materia desde el debate sobre el desafío demográfico en el que participé como ponente en 2007. La presente votación demuestra que todavía es posible lograr un nuevo acervo en materia social hoy en día: mediante la movilización y la acción política podemos proteger los logros de victorias pasadas, así como obtener también nuevos derechos. Hoy, hemos reforzado los derechos de las mujeres, pero también los de los hombres, con este permiso de paternidad. Este último representa un auténtico cambio de actitudes y, con los años, contribuirá a mejorar el reparto de las funciones entre los progenitores.

 
  
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  John Bufton, William (The Earl of) Dartmouth y Nigel Farage (EFD), por escrito. – Con respecto a la enmienda 9: el UKIP ha votado a favor de esta enmienda, que se limitaba a afirmar que «todos los padres tienen derecho a atender a sus propios hijos». El UKIP no respalda en absoluto la legitimidad de la presente Directiva, toda vez que debería corresponder a los gobiernos nacionales electos decidir sobre bienestar y políticas sociales. Sin embargo, el Gobierno del Reino Unido es demasiado arrogante como para poner a niños bajo tutela del Estado, así que votar a favor de este considerando representará para ellos un tiro de advertencia. Con respecto a la propuesta en general: el UKIP no acepta la legitimidad de esta Directiva, toda vez que debería corresponder a los gobiernos nacionales electos decidir sobre bienestar y políticas sociales. La presente Directiva acarreará unos increíbles costes para empleadores y gobierno que a duras penas podemos permitirnos en estos momentos. Esto también contribuirá a una mayor discriminación de las mujeres, pues hace que su contratación sea aún más cara de lo que ya lo es, especialmente para las pequeñas empresas, que constituyen la columna vertebral de la economía del Reino Unido. El UKIP simpatiza además, con los padres de niños discapacitados y los que optan por la adopción. Sin embargo, la UE no tiene derecho a crear semejantes reglas en relación con la maternidad y no se le puede conceder legitimidad para hacerlo. El UKIP ha votado en contra de la presente Directiva a fin de velar por que la legislación se imponga a través de las urnas y no a través de los burócratas de Bruselas.

 
  
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  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. (EL) He votado a favor del informe porque es muy importante para la igualdad de género y para la defensa de los derechos de los trabajadores —hombres y mujeres— en materia de derechos de maternidad y de paternidad. Constituye un importante avance para la defensa y promoción de los derechos de la mujer y de la igualdad en el puesto de trabajo en general, dado que, según el informe, «la vulnerabilidad de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia hace necesario un derecho a un permiso de maternidad de como mínimo veinte semanas ininterrumpidas, antes y/o después del parto, y obligatorio un permiso de maternidad de como mínimo seis semanas después del parto».

Igualmente, he votado a favor del informe sobre la base de un elemento adicional y muy importante: el reconocimiento del derecho del padre a un permiso de paternidad de dos semanas.

 
  
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  Derek Roland Clark y Paul Nuttall (EFD), por escrito. – Con respecto a la propuesta en general: el UKIP no acepta la legitimidad de esta Directiva, toda vez que debería corresponder a los gobiernos nacionales electos decidir sobre bienestar y políticas sociales. La presente Directiva acarreará unos increíbles costes para empleadores y gobierno que a duras penas podemos permitirnos en estos momentos. Esto también contribuirá a una mayor discriminación de las mujeres, pues hace que su contratación sea aún más cara de lo que ya lo es, especialmente para las pequeñas empresas, que constituyen la columna vertebral de la economía del Reino Unido.

El UKIP simpatiza además, con los padres de niños discapacitados y los que optan por la adopción. Sin embargo, la UE no tiene derecho a crear semejantes reglas en relación con la maternidad y no se le puede conceder legitimidad para hacerlo. El UKIP ha votado en contra de la presente Directiva a fin de velar por que la legislación se imponga a través de las urnas y no a través de los burócratas de Bruselas.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) La presente propuesta pretende mejorar las condiciones de seguridad y salud asociadas a la paternidad. En esta cuestión, defiendo que deben reducirse las asimetrías entre hombres y mujeres y debe fomentarse una conciliación equilibrada entre la vida profesional y la vida familiar y privada. Esta será la única manera de fomentar la paternidad con responsabilidades compartidas. Partiendo de esta presunción, coincido con la propuesta de la ponente y considero que ampliar el permiso de maternidad a 20 semanas, de las cuales seis deben disfrutarse tras el parto y pueden compartirse entre los padres, es un periodo adecuado.

Recibo con satisfacción, asimismo, la propuesta incluida en el informe que tiene como objetivo garantizar el pago del salario mensual completo durante el permiso por maternidad, que constituye el 100 % del último salario mensual o del salario mensual medio. Por último, me parece apropiado que se apliquen las mismas medidas en los casos de adopción de niños menores de 12 años, y que se apliquen a las mujeres que trabajan por cuenta propia.

Declaro que he votado a favor del presente informe por las razones expuestas.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. (IT) La igualdad de género a menudo es un eslogan, una declaración de derechos vacía que no siempre viene acompañada de la asunción de responsabilidades y sólidos argumentos. El presente proyecto de Directiva, por otro lado, encuentra un equilibrio correcto entre el papel biológico de la mujer y los derechos atribuibles a aquellos que desempeñan ese papel en su totalidad. Con la cuestión demográfica, que cada vez se va asemejando más y más a una emergencia y con una economía que exige índices de empleo femenino cada vez más elevados, estas medidas constituyen una respuesta de sentido común. El reconocimiento de la igualdad es completo cuando determinados derechos se hacen extensivos también a los padres, permitiendo que las cargas familiares sean compartidas de la forma más adecuada, y cuando la flexibilidad de la organización se deja en manos de cada familia.

 
  
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  Corina Creţu (S&D), por escrito. (RO) He votado a favor de mejorar la seguridad y la salud en el trabajo de las trabajadoras embarazadas por respeto hacia el principio de igualdad de género y la no discriminación por motivos de género, así como para fomentar una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral.

Uno de los resultados de esta medida es la creación de un equilibrio entre la vida familiar y profesional de las mujeres. Además, las mujeres necesitan este apoyo legal para proteger su salud y a sus hijos. Otro aspecto importante de esta medida, dirigida a la seguridad laboral de las mujeres, es la prohibición de despido durante el periodo comprendido entre el comienzo de su embarazo hasta al menos seis meses después del final de su permiso de maternidad. También se ha fijado un límite salarial para el periodo del permiso de maternidad, que de nuevo pretende satisfacer las necesidades relativas a la seguridad social.

Por último pero no menos importante, un argumento decisivo a favor de esta votación es aumentar la tasa de natalidad, un problema particularmente grave al que se enfrentan los Estados miembros de la UE.

 
  
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  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. (RO) Según las estadísticas, la tasa de natalidad está disminuyendo en la UE. Esta baja tasa de natalidad, combinada con el envejecimiento de la población, supondrá un auténtico problema para nosotros en el futuro en lo que respecta al pago de las pensiones y los costes de la atención médica en Europa. No se debería castigar a las familias, especialmente a las mujeres, si quieren tener hijos. Las trabajadoras embarazadas y las trabajadoras en periodo de lactancia no deben desempeñar actividades que, basadas en evaluaciones, conlleven un riesgo de exposición a determinados agentes o a condiciones laborales especialmente perjudiciales que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estas trabajadoras. Por este motivo respaldo la noción de aplicar medidas encaminadas a fomentar mejoras en la seguridad y la salud de las trabajadoras que hayan dado a luz recientemente o se encuentren en periodo de lactancia. Estas medidas no deben colocar a las mujeres en desventaja en el mercado laboral o ir en detrimento de las directivas relativas a la igualdad de trato entre hombres y mujeres.

 
  
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  Michel Dantin (PPE), por escrito. (FR) Francia es uno de los países de la Unión con la tasa de natalidad más elevada. Esto se debe a una colección de medidas recogidas en una política familiar integral. La Resolución, en su forma actual tras la votación de las enmiendas, no proporciona ninguna mejora real. Por el contrario, pondrá todo en tela de juicio porque el peso presupuestario de las medidas no va a poder asumirse en este momento. Esas son las razones que me han conducido a no aprobar este texto que, a propósito, es bienintencionado.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) En líneas generales, estoy de acuerdo con las medidas propuestas en el presente informe, pues considero que esta cuestión constituye uno de los desafíos más importantes que tendrá que superar Europa en las próximas décadas: el envejecimiento de la población. Este es el caso de Portugal, por ejemplo, una realidad que me toca más de cerca. Sin embargo, al igual que otros países de la UE, la tasa de natalidad no es lo bastante elevada como para asegurar una renovación de las generaciones, y esta dura situación está poniendo en peligro el futuro. Considero que políticas más flexibles con respecto al permiso de maternidad y de paternidad pueden contribuir a invertir estas tendencias. Por eso resulta vital enviar a las familias un mensaje consecuente de apoyo a la maternidad y la paternidad, con medidas concretas para una mejor conciliación de la vida profesional, privada y familiar. Superar este desafío resulta vital para alcanzar los objetivos económicos y sociales establecidos en la Estrategia Europa 2020 y como forma de tratar de invertir el envejecimiento demográfico de nuestro continente. En Portugal, también, el permiso de maternidad ya está retribuido al 100 % durante 120 días. Quisiera, por tanto, defender que los salarios de las mujeres durante el permiso maternal queden garantizados del modo descrito en el presente informe.

 
  
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  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), por escrito. (IT) La votación de la propuesta de resolución legislativa por la que se modifica la Directiva 92/85/CEE se ha llevado a cabo no solo con el propósito de apoyar medidas nuevas y mejoradas para la seguridad y salud en el trabajo de las trabajadoras embarazadas, las que acaben de dar a luz o las que se encuentren en periodo de lactancia, sino también, más en general, con el propósito de apoyar nuevas medidas que promuevan un mejor equilibrio entre vida laboral y familiar. Incluso a pesar de que el sistema jurídico italiano es más innovador, el aumento del número de semanas de permiso de maternidad a escala europea representa un fuerte impulso en favor de la asistencia familiar a recién nacidos. Apoyar el permiso de paternidad supone un avance en la misma dirección, aunque hacerlo obligatorio no sea quizá la mejor forma de perseguir el loable objetivo de asegurar una mayor presencia efectiva de ambos progenitores en el momento más difícil para el nuevo hogar y de garantizar que el padre tome más conciencia y esté más presente. El apoyo y la extensión de los derechos de los niños adoptados permite un refuerzo, es de esperar, y también una simplificación del proceso de adopción. Por último, con vistas a encontrar un mejor equilibrio entre vida laboral y familiar, opino que también es importante haber respaldado la petición realizada a los Estados miembros de reforzar los servicios para la infancia con centros de acogida para niños hasta la edad de escolarización obligatoria.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. (FR) La votación del informe Estrela relativo a los derechos de mujeres embarazadas y madres jóvenes en el trabajo ayudará a armonizar la duración y la remuneración del permiso de maternidad en un nivel mínimo. El Parlamento Europeo ha optado por adoptar una posición fuerte para negociar con el Consejo y por lo tanto ha apoyado el principio de un periodo de 20 semanas de permiso remunerado al 100 % (permítanme señalar que en Suecia, el permiso por maternidad puede alcanzar hasta 75 semanas, con 14 semanas exclusivamente para la madre y el resto puede compartirse con el padre).

Se trata de un enérgico gesto a favor de los progenitores europeos y como consecuencia, contribuirá a que mujeres y hombres puedan conciliar mejor su vida laboral y familiar. Ahora corresponde a los gobiernos europeos estudiar sus recursos presupuestarios para asumir y aceptar dicho cambio. Finalmente, es probable que el permiso mínimo sea el propuesto por la Comisión Europea y respaldado por la delegación MODEM, concretamente un periodo de permiso de 18 semanas, que iría en consonancia con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 
  
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  Anne Delvaux (PPE), por escrito. (FR) Considero que la presente votación, que ha quedado aprobada por una amplia mayoría, es una contundente señal para el Consejo: además de la ampliación del permiso de maternidad de 14 a 20 semanas con remuneración completa, hemos votado a favor de la introducción de dos semanas de permiso de paternidad. Es nuestro deber garantizar que nadie tenga que elegir entre renunciar a tener hijos por su trabajo o renunciar a su trabajo para tener hijos.

Es más, acojo favorablemente el hecho de que el Parlamento haya votado a favor de medidas que permitan que a nivel legal se trate del mismo modo a las madres adoptivas que a las madres biológicas. Este es un parlamento que ha concedido, por fin, igualdad de derechos a las madres adoptivas y a las biológicas. Los padres adoptivos son padres en el estricto sentido de la palabra y merecen ser tratados como tal. La legislación no puede seguir discriminando este tipo de paternidad.

Este es, por consiguiente, un gran día para las muchas familias incapaces de conciliar su vida familiar y profesional. Además, las difíciles condiciones económicas no han sido motivo para decidir dejar en la estacada durante las próximas décadas a todas aquellas familias que también realizan una contribución significativa a nuestra sociedad.

 
  
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  Christine De Veyrac (PPE), por escrito. (FR) Ampliar el periodo de maternidad a 20 semanas con remuneración completa es una buena idea falsa. Una medida legislativa semejante perjudicará la empleabilidad de la mujer en las empresas, que la considerarán una carga demasiado grande a asumir en caso de maternidad. Además, pondrá en peligro la reincorporación de una mujer al trabajo en exactamente el mismo puesto que ocupaba antes del permiso. Por último, optar por el 100 % de la remuneración durante un largo periodo representa un coste para los sistemas de seguridad social (en un contexto en el que las Instituciones europeas están instando enérgicamente a los Estados a reducir sus déficits presupuestarios).

Por estas razones no he podido apoyar el presente informe, y porque considero que conviene conservar algo de realismo y permitir que los Estados miembros mantengan cierto nivel de flexibilidad en esta materia.

 
  
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  Harlem Désir (S&D), por escrito. (FR) El Parlamento acaba de votar en primera lectura la ampliación de la duración del permiso de maternidad a un mínimo de 20 semanas en toda Europa, con salario completo, a excepción de los salarios elevados, y la posibilidad de que los padres disfruten de al menos dos semanas de permiso tras el nacimiento de un hijo. Esto constituye una victoria para los defensores de una Europa social y un paso hacia una mayor igualdad entre hombres y mujeres en Europa.

Una sección de la derecha ha utilizado el coste futuro de estas medidas como pretexto para rechazar este progreso. Pero ayudar a los padres a conciliar vida laboral y vida familiar facilitará a los padres la vuelta al trabajo, impulsará la tasa de natalidad europea y protegerá la salud de madres y bebés.

La izquierda del Parlamento, con la socialista portuguesa, la señora Estrela, como ponente, se ha mantenido firme, mientras que la derecha europea ha quedado dividida y el camino hacia el progreso ha triunfado. Ahora se debe ganar la batalla en el Consejo, donde los diversos gobiernos amenazan con bloquear esta Directiva. Los miembros de los parlamentos nacionales deberían hacerse cargo de esto e intervenir con sus gobiernos de modo que los gobiernos no puedan deshacer lo que el Parlamento Europeo propone para una Europa que proteja los derechos de sus ciudadanos.

 
  
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  Diane Dodds (NI), por escrito. – Aunque apoyo los derechos de las mujeres embarazadas, en las circunstancias económicas actuales, no puedo apoyar el presente informe. La estimación de la evaluación de impacto para el Reino Unido, si se amplía el permiso de maternidad a 20 semanas, es de casi 2 500 millones de libras esterlinas por año de promedio. Como resultado, esto multiplicaría por dos el coste del permiso de maternidad en el Reino Unido. La evidencia revela que ahora mismo las mujeres se están beneficiando considerablemente de las disposiciones ya vigentes en el seno del Reino Unido, 9 de cada 10 mujeres toman el permiso de maternidad, así como 3 de cada 4 tienen todo el permiso pagado. Con tan elevada respuesta, es evidente que en el Reino Unido resulta innecesario añadir más trámites burocráticos europeos además de la actual legislación vigente.

Además, el requisito propuesto del pago completo de las 20 semanas daría lugar a una regresión social. Esto se debe al hecho de que las mujeres con los salarios más elevados recibirán la compensación más alta. Apoyo plenamente la necesidad de un permiso de maternidad adecuado y flexible, pero considero que le corresponde al Gobierno electo del Reino Unido decidir, con una aportación por parte de los padres y de sus empleadores, qué cantidad de nuestra propia economía puede permitirse el lujo de dar y cómo se ha de aplicar un paquete de maternidad.

 
  
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  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt y Cecilia Wikström (ALDE), por escrito. (SV) Trabajar para lograr una sociedad en la que hombres y mujeres sean iguales es una cuestión de principios muy importante; nadie debería ser discriminado por ser padre. Deberíamos añadir que resulta sumamente importante desde una perspectiva socioeconómica que hombres y mujeres puedan combinar su vida familiar y laboral con el fin de alcanzar un alto nivel del empleo.

Por lo tanto, consideramos lamentable que el informe no constituya un claro paso hacia delante con respecto a la igualdad en Europa. Refleja una visión obsoleta de la igualdad en la que la madre debe asumir la responsabilidad principal de los niños en lugar de que ambos padres compartan la responsabilidad. También es erróneo proponer, como hace el informe, que sea obligatorio prohibir a las madres trabajar durante las seis semanas posteriores al parto.

En consecuencia, hemos elegido votar a favor de las partes que consideramos positivas, como la enmienda que defiende los sistemas nacionales que dispongan de un seguro parental más ambicioso, el aumento de la duración mínima del permiso de maternidad y la inclusión del permiso de paternidad en la Directiva. Sin embargo, nos hemos abstenido de votar el informe en su totalidad, puesto que lo consideramos demasiado vago, ambiguo y obsoleto. La razón principal reside en la ausencia de una perspectiva clara e inequívoca sobre la igualdad de género.

 
  
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  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson y Marita Ulvskog (S&D), por escrito. (SV) Los socialdemócratas suecos optamos por apoyar el informe de la señora Estrela sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/85/CEE del Consejo, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.

Hubiéramos preferido que la Directiva se centrara en el permiso de paternidad en lugar de en el permiso de maternidad. Asimismo, nos hubiera gustado que fuera menos detallada y más flexible —sobre todo porque se trata de una Directiva mínima— por ejemplo, con respecto al nivel de remuneración y el límite temporal para el periodo inmediatamente posterior al parto. No obstante, consideramos que el informe es importante en lo que tocante a mejorar la actual Directiva, que ofrece posibilidades muy limitadas para combinar trabajo y paternidad en muchos Estados miembros de la UE. Con esta decisión, ahora disponemos de una primera oferta de negociación con respecto a la cual el Consejo debe adoptar una posición.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) El Partido del Centro Democrático y Social - Partido Popular (CDS-PP) lleva mucho tiempo considerando la cuestión de la tasa de natalidad como una prioridad de Estado y reconoce que resulta imposible estimular la tasa de natalidad sin proteger la paternidad. Los capítulos dedicados a la familia y a la tasa de natalidad no representan una nueva inclusión en nuestros programas. Tampoco es nada nueva nuestra defensa de los derechos de madres y padres a crear una familia sin que esto se considere una carga adicional o un motivo de dificultades laborales.

Las políticas en favor de las familias y la tasa de natalidad, como aquellas por las que abogamos, son, sin embargo, transversales y no quedan reducidas a ampliar el permiso de maternidad. No obstante, esta es una medida que aplaudimos, puesto que en nuestro programa de gobierno de 2009 ya defendimos una ampliación del permiso parental a seis semanas. Por ese motivo quisiera ver al Partido Socialista de nuestro lado en el Parlamento defendiendo a madres y padres. Sería una posición muy diferente a la que este partido está adoptando en el plano de las políticas nacionales, donde está recortando las ayudas familiares por hijos, el reembolso del coste de los medicamentos para los enfermos crónicos y las deducciones tributarias destinadas a gastos de educación y sanidad, y donde está incrementando drásticamente la carga fiscal aplicada a los ciudadanos, especialmente a las familias con niños e ingresos más bajos.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) La UE se están enfrentando a un desafío demográfico marcado por las bajas tasas de natalidad y un porcentaje de población mayor en aumento. La mejora de las disposiciones orientadas a fomentar el equilibrio entre vida profesional y familiar ayuda a abordar este descenso demográfico. En Portugal, la tasa de natalidad no es lo bastante alta como para asegurar una renovación de las generaciones, y esta situación está poniendo en peligro el futuro. Quisiera defender, por tanto, que se promueva una mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia a fin de invertir esta tendencia, lo que pasa por la promoción de una conciliación equilibrada de la vida profesional, con la vida privada y familiar. Coincido con la posición de la ponente y con los cambios introducidos, tales como la ampliación del periodo mínimo del permiso de maternidad de 14 a 20 semanas, el principio de remuneración equivalente a un salario completo, el establecimiento de requisitos de seguridad y salud en el lugar de trabajo y la prohibición de despido. También estoy de acuerdo, en caso de que se apruebe, con que se reconozca el derecho a dividir un periodo de permiso parental entre ambos progenitores.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) La votación favorable al informe relativo a las mejoras de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, constituye la culminación de un largo proceso de debate en el Parlamento Europeo que ya venía de la anterior legislatura y en el que hemos participado activamente, contribuyendo a la aprobación del informe.

A pesar de que todavía nos encontramos en la primera lectura de la propuesta de Directiva, resulta positivo para el ámbito de los derechos de la mujer por la señal que envía, en especial a los países que aún no disponen del permiso de maternidad de 20 semanas totalmente pagado y que aún no aplican las dos semanas de permiso de paternidad, también percibiendo remuneración completa.

La aprobación de esta propuesta para la negociación con el Consejo reconoce el valor social fundamental de la maternidad y la paternidad, respetando los derechos de las mujeres trabajadoras que desean convertirse en madres.

La aprobación de esta propuesta representa también una victoria sobre las posiciones más conservadoras que aún existen en el seno del Parlamento Europeo, lo que significa que va a continuar la lucha en defensa de los derechos de las mujeres, los derechos de maternidad y paternidad y los derechos del niño.

Esperamos que el Consejo acepte ahora la posición del Parlamento Europeo, que aumenta la propuesta de la Comisión de 18 a 20 semanas con vistas a modificar la actual Directiva vigente, que apenas concede 14 semanas de permiso de maternidad.

 
  
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  Robert Goebbels (S&D), por escrito. (FR) He apoyado a mi colega, la señora Estrela, en sus llamamientos a favor de una mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. La mujer es el futuro del hombre, escribió Louis Aragon. Los niños son preciosos. Deben ser protegidos. Y también deben serlo sus madres.

 
  
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  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. (FR) Al votar a favor de un permiso de maternidad mínimo de 20 semanas (actualmente es de 14 semanas) con plena remuneración, y al respaldar un permiso de paternidad obligatorio en la UE de dos semanas, el Parlamento Europeo ha dado un paso hacia adelante en la dirección del innegable progreso social.

Dicho esto, he votado a favor de ampliar el permiso de maternidad a 18 semanas más que a 20 semanas. De hecho, me parece que un periodo de 20 semanas, aunque se trate de una propuesta sumamente generosa, podría volverse en contra de las mujeres y utilizarse como argumento adicional para no contratarlas o para complicar su reincorporación al trabajo. Además, lamento que se haya rechazado la disposición que preveía la posibilidad de ampliar el permiso de maternidad en caso de complicaciones (nacimiento prematuro, discapacidad, etc.).

 
  
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  Françoise Grossetête (PPE), por escrito. (FR) Lamento el resultado de esta votación. Todos compartimos el deseo de permitir que las madres jóvenes construyan un fuerte vínculo con sus recién nacidos durante el periodo de convalecencia tras dar a luz. Sin embargo, me preocupa mucho el impacto económico de dicha medida, que le costará a nuestro país 1 500 millones de euros.

Durante este periodo de crisis económica, afirmar que habrá que pagar la factura no es demagogia. Las empresas no podrán pagarla y los presupuestos de los Estados miembros todavía menos. Tales medidas podrían castigar a ciertas trayectorias profesionales o poner freno a la contratación de mujeres jóvenes. Perpetuar un sistema tradicional en el que el padre trae el sueldo a casa y la madre cuida de los hijos, como les gustaría a algunos, representa un paso atrás. La libertad de elección también constituye un derecho de la mujer.

Las negociaciones que se van a iniciar ahora entre los 27 Estados miembros en el Consejo serán complicadas.

 
  
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  Pascale Gruny (PPE), por escrito. (FR) No deseaba apoyar el presente informe en la medida en que un aumento de 14 a 20 semanas con salario completo tendría unas consecuencias catastróficas para los varios Estados miembros. El estudio de la OCDE revela que se producirán costes muy importantes para los presupuestos sociales de los Estados miembros.

Para Francia, la cantidad anual es de 1 300 millones de euros, y para Reino Unido de 2 400 millones de libras esterlinas. En la situación económica actual no es posible integrar estos presupuestos. Es más, las empresas tendrían que cargar con estos costes adicionales, lo que resulta imposible. Sin embargo, apoyar a las mujeres durante la maternidad es esencial. Aplicar estas medidas representa un gran riesgo para el empleo de las mujeres. El estudio de la OCDE revela, asimismo, que ampliar el periodo de maternidad se traduciría en un descenso del empleo femenino.

En nuestra voluntad de ayudar a las mujeres, existe un riesgo de castigarlas en el mercado laboral. Deseo ayudar a las mujeres en sus empleos y apoyarlas durante la maternidad. El aumento de 14 a 18 semanas propuesto por la Comisión ha supuesto un verdadero paso adelante. Otro avance habría sido la adopción de medidas progresistas en lo que respecta a los métodos de cuidado infantil.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. (FR) He votado a favor del informe Estrella y me alegra que el Parlamento haya adoptado una posición tan progresista hacia las madres, las futuras madres y los padres. La ampliación del permiso de maternidad a 20 semanas constituye un progreso social innegable que encarna la Europa social que deseamos de todo corazón. Este texto mejora el equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral.

La introducción de un permiso de paternidad obligatorio de dos semanas constituye igualmente un gran paso adelante en cuanto al cambio de actitudes y la división de responsabilidades entre progenitores. El argumento de los costes adicionales en los que incurriría esta medida sería válido si las mujeres no estuvieran complementando ya su permiso de maternidad con bajas por enfermedad y/o permisos retribuidos. Las empresas y los sistemas de protección social ya están pagando estos costes.

 
  
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  Richard Howitt (S&D), por escrito. – Estoy orgulloso de haber votado en favor de la ampliación de los derechos de la maternidad y condeno a los diputados conservadores y demócrata-liberales al Parlamento Europeo, quienes primero conspiraron con objeto de bloquear un acuerdo parlamentario sobre esta Directiva y hoy han votado con el propósito de negar unos derechos dignos a las mujeres trabajadoras. Deseo que quede constancia del hecho de que yo deseaba votar a favor de un compromiso diferente en lo que respecta a la duración del periodo de prestación por maternidad pero respeto que esta opción cayera habida cuenta de que una mayoría en el Parlamento ha apoyado las 20 semanas. Reconozco que se producirán más negociaciones acerca de este punto antes de que la Directiva quede finalmente acordada y que resultaba vital para este Parlamento que finalmente se acordara un texto con objeto de permitir que el proceso avanzara. Coincido totalmente con mis colegas laboristas británicos, quienes pretenden proteger a las mujeres con bajos salarios en particular y, en este sentido, pido al Gobierno británico que respete plenamente la cláusula de no regresión de la Directiva.

 
  
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  Romana Jordan Cizelj (PPE), por escrito. (SL) El Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) ha señalado que muchas de las propuestas (enmiendas) presentadas exceden el alcance y propósito de la Directiva. Estoy de acuerdo con ellos pero, a la hora de decidir cómo votar, esta vez he hecho una excepción. La situación de las mujeres en la UE en términos de empleo, niveles salariales, exposición a la pobreza es considerablemente más débil que la de los hombres. Considero que la igualdad de oportunidades constituye uno de los principios básicos que sustentan el trabajo de la UE y, por esa razón, aprovecharé cualquier oportunidad para igualar la situación de hombres y mujeres. La votación de hoy no es final, pero nos proporcionará una sólida posición negociadora ante el Consejo.

 
  
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  Cătălin Sorin Ivan (S&D), por escrito. (RO) Ampliar el periodo de maternidad a 20 semanas percibiendo el salario completo durante dicho periodo es una medida que restituye la dignidad de las madres. Por este motivo he votado sin reservas a favor de la propuesta recogida en el informe, confiando en que los Estados miembros hagan caso a nuestra decisión y la incorporen a sus legislaciones nacionales.

Aparte del apoyo a las madres, el presente informe también recomienda a los Estados que introduzcan un permiso parental completamente remunerado, reconociendo de este modo el papel de ambos progenitores en la crianza de los hijos. Hemos enviado un mensaje importante con nuestra votación de hoy, que pide una vida digna que se extienda más allá de los límites ideológicos y los sistemas sociales nacionales.

 
  
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  Philippe Juvin (PPE), por escrito (FR) No deseaba apoyar el presente informe porque la ampliación del periodo de maternidad de 14 semanas (como prevé la actual Directiva) a 20 semanas con salario completo tendría un impacto financiero considerable en los Estados miembros (1 300 millones de euros para Francia) en un momento de crisis económica poco favorable al crecimiento presupuestario.

En segundo lugar, los costes adicionales para las empresas en el seno de los Estados miembros en los que estas financian en parte el permiso de maternidad (por ejemplo, Alemania) sería muy elevado. En tercer lugar, las consecuencias negativas para la empleabilidad de las mujeres son reales, sobre todo en lo que respecta a su reincorporación al mercado de trabajo.

Finalmente, el Parlamento Europeo, al adoptar medidas que no son financieramente factibles y que podrían incluso ser contraproducentes en lo que concierne a la participación de la mujer en el mercado laboral, está perjudicando su credibilidad en el proceso europeo de toma de decisiones. Ampliar el permiso de maternidad a 18 semanas, como propone la Comisión, habría constituido un importante paso adelante en la mejora de la situación de las mujeres, evitando los escollos del texto en la forma que ha quedado finalmente adoptada por el Parlamento Europeo, cuando lo verdaderamente importante es permitir a las mujeres conciliar su vida profesional y su vida familiar.

 
  
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  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. (PL) Ante un envejecimiento de la población y ante las dificultades a las que se enfrenta la economía europea, tenemos que aprovechar todas las oportunidades que se nos brindan para alentar a las mujeres a tener hijos y facilitarles la vuelta al trabajo. Muchas mujeres son destacadas especialistas en sus campos, y la economía europea no puede permitirse el lujo de prescindir de los servicios de esta mano de obra altamente cualificada. La situación es similar con las mujeres que viven y trabajan en el campo. A menudo no se les concede un permiso de maternidad propiamente dicho, pero deben volver al trabajo tan pronto como les sea posible. Esto pone en riesgo, evidentemente, tanto su salud como la de sus hijos. Por eso deberían gozar de los mismos privilegios que las mujeres que trabajan fuera del sector agrícola.

 
  
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  Sandra Kalniete (PPE) , por escrito (LV) He votado a favor de ampliar el permiso de maternidad mínimo obligatorio a 18 semanas, pero estoy en contra de ampliarlo a 20 semanas. Aprecio enormemente la necesidad de garantizar unas condiciones adecuadas para las madres que han dado a luz de forma reciente. Sin embargo, a largo plazo, la ampliación del permiso de maternidad mínimo a 20 semanas constituiría una desventaja para las mujeres jóvenes que se planteen tener una familia y una carrera profesional. Es más, a los Estados miembros les resultará sencillamente imposible asumir los costes adicionales en sus presupuestos. Las empresas se han opuesto a un permiso de maternidad mínimo de 20 semanas porque generará costes adicionales que no es posible asumir en el contexto económico actual. Se corre, por tanto, el riesgo de que muchos empleadores sencillamente dejen de contratar a mujeres jóvenes. Ya hemos podido comprobar que a la gente joven le resulta difícil encontrar empleo, y ampliar el permiso de maternidad reducirá aún más la capacidad de las mujeres de competir con los hombres en el mercado laboral. Considero que no debemos tolerar que esto ocurra y que debemos pensar a largo plazo. Establecer 20 semanas de permiso de maternidad se traduciría en miles de millones de costes presupuestarios en Europa. Se trata de gastos que en este momento ni los gobiernos nacionales ni los contribuyentes se pueden permitir. Naturalmente, esto nos granjeará la crítica de un segmento de la sociedad, pero estamos aquí para trabajar y para tomar decisiones las mejores decisiones posibles por el bien de todos los europeos.

 
  
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  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE), por escrito. (EL) He expresado una opinión diferente en las votaciones sobre la cuestión del permiso. Prefiero la propuesta de la Comisión de 18 semanas.

La propuesta es realista y equilibrada en relación con las condiciones laborales, no solo por la crisis económica, sino también por las exigencias, así como las obligaciones y las ambiciones profesionales de las propias mujeres trabajadoras.

Las mujeres no deben ser seres sobreprotegidos de los que rehúya el mercado de trabajo.

Además, tal y como he defendido sistemáticamente, los esfuerzos por conciliar la vida familiar y laboral con la crianza de los hijos exigen fundamentalmente infraestructuras sociales y una responsabilidad social de las empresas durante el transcurso de la vida laboral de una mujer.

 
  
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  Constance Le Grip (PPE) , por escrito. (FR) He votado en contra del informe Estrela porque ampliar el permiso de maternidad a 20 semanas realmente resulta una buena idea solo a primera vista. De hecho, esta ampliación se nos retrata como una manera de conceder más derechos a las mujeres, mientras que en mi opinión, tendría repercusiones negativas para las mujeres que tratan de acceder al mercado laboral.

Cabe temer que esta propuesta, si se implementara, pueda repercutir negativamente sobre las mujeres y, como consecuencia, pueda impedir su contratación. Contrariamente a lo reivindicado por la ponente y aquellos que respaldan este texto, no existe ninguna conexión evidente entre las tasas de natalidad y la duración del permiso de maternidad.

Es más, la propuesta de ampliar de 14 a 20 semanas con remuneración completa no resulta una posición financieramente aceptable para muchos países. De hecho, ni las empresas ni los Estados miembros pueden permitirse los costes derivados de esta ampliación. La propuesta inicial de la Comisión Europea, concretamente el aumento de 14 a 18 semanas, ya supuso un avance lo bastante importante.

 
  
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  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), por escrito. (PL) Quisiera subrayar que, en el informe de la señora Estrela, he votado a favor de las normas relativas al periodo de maternidad de 20 semanas, que protegen a las mujeres del despido improcedente durante un periodo de seis meses tras su reincorporación, y a favor de una remuneración completa y de la protección de las mujeres durante el periodo de lactancia, pero, en este caso, sin recomendaciones específicas puesto que considero que estas normas deberían formar parte del ámbito de competencia de los Estados miembros.

En el caso de los partos múltiples, considero que el permiso debería ampliarse proporcionalmente. Siempre estoy a favor de cualquier idea que favorezca que las mujeres disfruten de una experiencia de maternidad segura y de que se les garantice unas mejores condiciones de reincorporación al mercado de trabajo.

 
  
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  Toine Manders (ALDE), por escrito. (NL) La delegación del Partido Popular neerlandés por la Libertad y la Democracia (VVD) al Parlamento Europeo ha votado hoy en contra de la propuesta de Directiva relativa a la ampliación del permiso (remunerado) de maternidad a 20 semanas. Somos de la opinión de que el periodo mínimo previamente establecido de 14 semanas es suficiente. Las mujeres que se encuentren incapaces de reincorporarse al trabajo tras finalizar el permiso de maternidad pueden recurrir a un permiso con arreglo a las disposiciones de baja por enfermedad establecidas por cada país. Esta propuesta implicaría una ampliación de la seguridad social, una cuestión que deberían poder decidir por sí mismos los propios Estados miembros, especialmente en tiempos como los que corremos, en los que todos los Estados miembros tienen que economizar. Existen otras formas menos rigurosas de poner en marcha medidas que permitan una mejora del equilibrio entre vida profesional y privada. La propuesta entraña el riesgo de que las mujeres vean reducidas sus oportunidades en el mercado laboral porque los empleadores no van a querer correr el riesgo de tener que pagar muchos meses de permiso de maternidad a sus trabajadoras. Tampoco tiene que regularse a escala comunitaria el incremento de las cifras de natalidad de la UE, que es la solución deseada al problema de un envejecimiento de la población. En lo que respecta al VVD, las normas de la UE destinadas a regular la exención de trabajo con fines de lactancia resultan superfluas. El Grupo VVD en el Parlamento Europeo: Han van Baalen, Jan Mulder y Toine Manders.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor del presente informe. Habida cuenta de que todos los ciudadanos de la UE tienen derecho a residir y trabajar en toda la UE, resulta vital que ofrezcamos a las mujeres un mínimo derecho a un permiso de maternidad si están trabajando en el momento de tener un hijo. Un permiso de maternidad digno forma parte del marco más amplio de la participación femenina en el mercado laboral y de la lucha contra las implicaciones financieras de una sociedad envejecida. El objetivo de la UE es lograr el 75 % de participación laboral para 2020, y un elemento crucial para ello consistirá en ofrecer a todas las madres la posibilidad de hacer uso de un permiso de maternidad que puedan permitirse y que después puedan volver al trabajo. En una sociedad envejecida donde la demanda de prestación social va en aumento y el número de personas que proporcionan dicha prestación disminuye, es necesario un permiso más realista, como el permiso de maternidad. Las mujeres no deberían pensar que tener hijos es incompatible con su trabajo; es necesario que nuestras políticas faciliten ayudas tanto a personas jóvenes como a mayores. Esto no entrará en vigor hasta al menos dentro de 5 años. Además, con un aumento de solamente el 1,04 % de participación de las mujeres en el mercado laboral, quedarían cubiertos los costes adicionales derivados del permiso de maternidad.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) Una de las prioridades establecidas en la agenda social de la UE consiste en la necesidad de promover políticas orientadas a facilitar un equilibrio entre vida laboral y familiar, tanto para hombres como para mujeres. Igualmente, una mejora del equilibrio entre vida familiar y laboral constituye uno de los seis ámbitos de acción prioritarios establecidos en el Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010

Mejorar estas disposiciones constituye, por tanto, una parte integral de la política europea en respuesta al declive demográfico registrado recientemente. La maternidad y la paternidad son, en efecto, derechos inalienables fundamentales para el equilibrio social. Por lo tanto, cabe esperar que la revisión de la Directiva en cuestión redunde en beneficio tanto de las trabajadoras como de los trabajadores que desean asumir responsabilidades familiares.

No podemos separar el respeto hacia un mejor equilibrio entre el principio de protección de salud y seguridad del respeto hacia el trato igualitario. Estos y otros aspectos me han persuadido de respaldar la necesidad, sin embargo, de dejar a los Estados miembros mucho margen de flexibilidad en lo que respecta a establecer normas sobre los permisos cuando sea necesario. Esto es únicamente por razones de sostenibilidad económica, a fin de cubrir los costes adicionales derivados de ello.

 
  
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  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. (PT) El informe adoptado propone un permiso de maternidad de 20 semanas sin pérdida salarial. Esta medida, por sí sola, podría significar una gran mejora social en las vidas de las mujeres de alrededor de dos tercios de los países de la UE. Este es el caso de Portugal, donde las mujeres solo tienen derecho a 16 semanas totalmente remuneradas. La inclusión de dos semanas de permiso de paternidad también representa un paso importante en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Lo que es más importante, el presente informe ha sido aprobado a pesar de ir en contra de las medidas recientemente adoptadas, como resultado de las políticas de austeridad, que favorecen recortes en el gasto público y la reducción de derechos sociales. Espero, por tanto, que el presente informe pueda contribuir a reforzar los derechos laborales y sociales en toda la UE y en todos los Estados miembros.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La perspectiva unánime en el seno de la UE es que uno de los problemas principales es el bajo crecimiento de la población debido a las reducidas tasas de natalidad. Por eso todo lo que pueda contribuir a alterar esta situación resulta importante. La protección de las madres embarazadas y lactantes en el lugar de trabajo así como la reducción de desequilibrios entre hombres y mujeres constituyen pasos importantes en esa dirección. A pesar de la crisis que atravesamos en estos momentos, las medidas aprobadas aquí hoy son muy importantes para revertir la tendencia demográfica decreciente a la que se enfrenta la UE en un futuro próximo.

 
  
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  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. (ES) He votado a favor de la Resolución legislativa del Parlamento Europeo relativa a la «aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o esté en período de lactancia, y de medidas de apoyo a los trabajadores para conciliar la vida profesional y familiar» porque creo que reforzar el derecho de las mujeres en el trabajo es un avance real hacia la igualdad de género en un terreno en el que desgraciadamente existen muchas barreras para ello. La discriminación que sufren las mujeres en el terreno laboral es muy preocupante ya que, en la mayoría de los casos, son ellas las que tienen que hacerse cargo del trabajo doméstico y conciliarlo con el empleo profesional. Esta situación se agudiza en los meses previos y posteriores al parto, siendo necesaria una protección mayor para evitar la actual discriminación. Entiendo que el aumento del permiso de maternidad a un mínimo de veinte semanas interrumpidas, antes y/o después del parto, con un mínimo de seis semanas obligatorio después del parto, es un avance en el derecho de las mujeres a conciliar vida familiar y profesional.

 
  
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  Louis Michel (ALDE), por escrito. (FR) Ampliar el permiso de maternidad es un proyecto importante en lo que respecta al lugar que se asigna a los hijos y a la paternidad en nuestra sociedad. Apoyo la propuesta de garantizar un periodo de maternidad de 18 semanas y también el principio de permiso por paternidad. Debemos evitar los efectos negativos de medidas demasiado generosas que corran el riesgo de provocar discriminación en materia de empleo. Además, soy partidario de una mayor libertad de elección para las mujeres embarazadas o para las mujeres que han dado a luz recientemente. Ellas deben ser capaces de determinar cuándo desean aprovechar la parte no obligatoria de su permiso de maternidad. Eso debería ayudarlas a lograr un mejor equilibrio entre su vida privada y profesional y a mantenerse laboralmente activas.

Resulta igual de importante crear una categoría adecuada para las mujeres que deseen volver al trabajo después de una interrupción en su carrera. También quisiera llamar la atención sobre el hecho de que el derecho al permiso parental y la garantía de recuperar el mismo puesto de trabajo al volver debería estar a cargo de los empleadores, en particular en las pequeñas y medianas empresas, o de lo contrario bien podrían mostrarse reacias a contratar o ascender a mujeres en edad fértil.

 
  
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  Miroslav Mikolášik (PPE), por escrito. (SK) En vista de los profundos cambios demográficos y el envejecimiento de la sociedad europea, la Unión Europea debe participar activamente adoptando medidas a fin de apoyar la paternidad.

La ampliación de la duración mínima del permiso de maternidad, en mi opinión, prevé el hecho de que los primeros meses en la vida de un niño son cruciales para su crecimiento saludable y su equilibrio mental. Por lo tanto, apoyo el pago del salario completo durante la duración del permiso de maternidad. Esto debería tener un efecto positivo en las mujeres en el sentido de que pueden convertirse en madres sin preocuparse por el riesgo de pobreza o exclusión social. Debe garantizarse el derecho a reincorporarse al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con las mismas condiciones de trabajo tras el nacimiento. Es más, se debe conceder la posibilidad de solicitar un cambio en los horarios de trabajo o en la organización del trabajo, así como la posibilidad de negarse a trabajar horas extraordinarias poco tiempo después de dar a luz.

 
  
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  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), por escrito. (FR) Me opongo al proyecto de ampliar el periodo de maternidad a 20 semanas con salario completo. La adopción de este plan tendría consecuencias muy importantes sobre los presupuestos de los Estados miembros y las empresas; para Francia, el coste adicional anual ascendería a 1 300 millones de euros, una carga financiera inasumible en tiempos de restricciones presupuestarias. Aunque se trata de una buena idea, las consecuencias en el empleo de las mujeres podrían ser negativas. No querríamos que esta medida representara un retroceso para la mujer. La mujeres que vuelven al trabajo después del embarazo y las mujeres jóvenes que están buscando empleo corren el riesgo de verse fuertemente castigadas por esta medida. En cambio, la propuesta de un máximo de 18 semanas todavía era socialmente justa. Pido que se apliquen ideas innovadoras con respecto al cuidado de los niños y el equilibrio entre vida familiar y profesional lo antes posible, a fin de permitir a las madres así como a los padres desempeñar plenamente su papel de progenitores.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) Mi decisión de votar a favor de la presente propuesta viene determinada por la necesidad de mejorar la seguridad y la salud en el trabajo de a trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. La enmienda a la Directiva tiene como objetivo, de hecho, promover la igualdad de género en el mundo profesional, fomentando un mejor equilibrio entre el trabajo y las vidas privadas de las mujeres. A menudo se percibe a las mujeres como sujetos «de riesgo» o de «segunda categoría» dada la alta probabilidad de que se queden embarazadas o de que hagan uso del permiso de maternidad. Es importante apoyar algún tipo de permiso para luchar contra determinados prejuicios y estereotipos. No debemos olvidar, sin embargo, que la maternidad y la paternidad constituyen derechos esenciales si queremos garantizar la posibilidad de lograr un equilibrio entre vida privada y laboral. Existen determinados puntos relacionados con algunas enmiendas que me han hecho expresar una opinión contraria. Considero, de hecho, que el Derecho europeo debe establecer un marco general que ofrezca unas garantías y salvaguardias mínimas dentro de cuyos límites se debe dejar espacio a los Estados miembros para que determinen las medidas más oportunas según sus propios criterios. Existen, de hecho, diferencias vinculadas a la cultura, al bienestar y a los sistemas de seguridad social que deben tenerse debidamente en cuenta, también incluso en virtud del respeto del principio de subsidiariedad.

 
  
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  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. (EL) He votado a favor del informe sobre sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/85/CEE del Consejo, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. Dos factores importantes han decidido mi votación en ciertas enmiendas: en primer lugar, la importancia fundamental de garantizar la seguridad y la salud de las madres jóvenes o de las futuras madres y, en segundo lugar, el hecho de que Grecia cuenta con legislación específica para proteger a las mujeres embarazadas.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de las propuestas sobre la introducción de medidas destinadas a promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, que incluyen 20 semanas de permiso de maternidad y dos semanas de permiso de paternidad, ambas sin reducción de salario.

Estas son medidas sociales que encajan con la Europa que queremos, con el objetivo de apoyar la tasa de natalidad, la familia, la salud de los bebés y los puestos de trabajo de los padres.

No obstante, se trata de un proyecto difícil de llevar a cabo y que podría tener la perversa capacidad de exacerbar la discriminación contra la mujer en el mundo del trabajo porque: (1) ejerce una presión adicional sobre los sistemas de seguridad social que, en muchos casos, se encuentran ya al límite de la sostenibilidad; y (2) introduce nuevas restricciones en el mercado laboral, que deja de responder a las necesidades de la actual población activa. Por eso me temo que estas medidas para apoyar a los padres que trabajan podrían desembocar en un aumento de las tasas de desempleo y/o del trabajo precario entre las madres jóvenes.

Las negociaciones del Parlamento con el Consejo tienen que ser realistas y pragmáticas, y también ambiciosas, con el propósito de que la futura ley, cuando entre en vigor, favorezca y fomente verdaderamente los valores de la propuesta votada esta semana en el plenario.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) Con mi voto, pido un nuevo enfoque global que permita enviar un enérgico mensaje a las compañías en el sentido de que la reproducción humana afecta tanto a hombres como mujeres. El acuerdo marco sobre el permiso de paternidad es un aspecto importante de la política de igualdad de oportunidades que promueve la conciliación de la vida profesional, privada y familiar, pero que se limita a establecer requisitos mínimos, por lo que solo puede considerarse como un primer paso.

Estoy de acuerdo con la Comunicación que considera los derechos de los niños como una prioridad de la UE y pide a los Estados miembros que respeten Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y los Protocolos Adicionales, así como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En lo que concierne a esta Directiva, esto significa asegurar a todos los niños la posibilidad de recibir cuidados apropiados de acuerdo con sus necesidades de desarrollo y acceso a cuidados adecuados y de alta calidad.

 
  
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  Rovana Plumb (S&D), por escrito. (RO) El Parlamento Europeo ha realizado hoy una inversión en el futuro de la Unión Europea al promover la maternidad mediante la ampliación del permiso de maternidad a 20 semanas con salario completo. Esto puede describirse como un progreso, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. El argumento simplista de los beneficios económicos a corto plazo no se ha mantenido con la sostenibilidad de la sociedad europea imperante, que resulta imposible de obtener sin unas buenas estadísticas demográficas y por lo tanto, por extensión, sin una mayor protección de las madres y de sus hijos.

Yo he redactado la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y he votado a favor de que la maternidad no sea castigada y se perciba el salario completo; de que las trabajadoras embarazadas no sean despedidas durante el periodo comprendido desde el inicio del embarazo hasta seis meses después del fin de su permiso de maternidad; de que las madres tengan derecho a volver a su puesto de trabajo o a un «puesto de trabajo equivalente», lo que significa el mismo salario, categoría y trayectoria profesionales que tenían antes de hacer uso del permiso de maternidad; a favor de que hacer uso de un permiso de maternidad no afecte a su plan de pensiones; de que no se obligue a las mujeres trabajadoras a realizar turnos nocturnos u horas extraordinarias durante las 10 semanas previas a la fecha de salida de cuentas ni durante el resto del embarazo si es necesario para la salud de la madre o del feto, ni durante todo el periodo de lactancia.

 
  
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  Cristian Dan Preda (PPE), por escrito. (RO) He votado en contra de la presente Resolución porque creo que la paga por maternidad es una cuestión que debe decidirse a nivel nacional, aplicando el principio de subsidiariedad. Además, opino que, en un momento de crisis, adoptar esta medida puede tener un efecto totalmente contrario, al actual como factor disuasorio para las empresas que deseen contratar a mujeres.

 
  
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  Evelyn Regner (S&D), por escrito. (DE) Respaldo la mejora de las normas mínimas para la protección de la maternidad a escala europea. Sin embargo, finalmente, he votado en contra del presente informe, habida cuenta de que provengo de un país que ha establecido una particular combinación de protección de la maternidad y de permiso retribuido/no retribuido. Además de las 16 semanas de permiso con salario completo y una prohibición absoluta de trabajar, las mujeres también tienen derecho a un permiso de maternidad no remunerado con una ayuda familiar. La cuantía de la prestación familiar durante el permiso de maternidad no remunerado depende de su duración y del nivel de ingresos más reciente. La normativa austriaca supera los estándares mínimos estipulados en el presente informe.

Por otra parte, también estoy a favor de introducir un permiso de paternidad totalmente remunerado, aunque para ello se debería elegir una base jurídica diferente. Considero que dicho permiso de paternidad no debería estar regulado por la Directiva relativa a la protección de la maternidad, sino que, en su lugar, debería estar regulado por una directiva especial que no esté dirigida a la protección de la salud de madres y niños.

 
  
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  Mitro Repo (S&D), por escrito. (FI) He votado a favor de que el permiso de maternidad dure 20 semanas. Los permisos de maternidad de más larga duración resultan importantes para el desarrollo y el bienestar de los hijos, que representan el más preciado capital de la sociedad. En Finlandia existe un sistema viable para el permiso paternal y de maternidad. La aplicación de un sistema como el nuestro no es posible, sin embargo, para todos en Europa. Por esta razón, resulta importante asegurar que las mujeres no se vean perjudicadas financieramente si deciden tener hijos. No se debería gravar solamente a las empresas con la carga financiera del permiso de maternidad: el sector público debe sin lugar a dudas compartir los costes. Las pequeñas y medianas empresas, en particular, corren el peligro de enfrentarse a dificultades. Del mismo modo, los sectores dominados por las mujeres no deben tener una presión económica excesiva. La posición de las mujeres en lo que respecta al salario resulta alarmante. No debe debilitarse aún más. Es de vital importancia velar por que esto no suceda.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. (ES) Finalmente este Parlamento ha hecho un poco de justicia para con las madres trabajadoras de la Unión Europea, aunque no toda la que se merecen. Ha sido un proceso largo. Ya a finales del mandato pasado estuvimos a punto de aprobar, en este Parlamento, un texto que hubiera significado un salto de gigante en favor de los derechos de las mujeres trabajadoras madres. No pudimos votar porque PPE y Liberales se aliaron en su contra y decidieron devolver el informe a la Comisión de Derechos de la Mujer.

Tras meses de trabajo hoy hemos votado nuevamente un texto que, sin ser tan ambicioso como el anteriormente rechazado por PPE y Liberales, es significativamente valiente: permite a las mujeres mantener su sueldo durante el periodo de maternidad, fortalece su protección legal contra el despido, permite mayor flexibilidad horaria para compatibilizar mejor la maternidad con el trabajo, amplia el permiso de maternidad hasta, al menos, 20 semanas (aunque algunas y algunos hubiéramos querido que fueran 24, como recomienda la OMS), facilita la movilidad de las mujeres trabajadoras en la UE y avanza, aunque no tanto como algunas y algunos quisiéramos, en la corresponsabilidad de los padres.

 
  
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  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. (IT) La votación de hoy anima a las trabajadoras que quieran ser madres, marcando un paso importante hacia una mayor protección que permitirá a millones de mujeres europeas conciliar más eficazmente el papel de madre con el de mujer trabajadora. Los intereses económicos no han contribuido: en este momento nos estamos embarcando en una ruta encaminada a satisfacer las necesidades de las nuevas familias. El resultado de la votación mira hacia una sociedad que coloca el crecimiento, la formación y la educación en el centro de la acción política. Creo que los temores a que la ampliación del permiso de maternidad de 14 a 20 semanas con salario completo acabe penalizando a las mujeres resultan infundados: es nuestro deber proteger a las trabajadoras más vulnerables, concediéndoles el derecho a permanecer en casa con sus hijos. La victoria de hoy en el Parlamento también representa una satisfacción personal debido a los esfuerzos que he llevado a cabo personalmente con el objetivo de garantizar que ninguna trabajadora en periodo de lactancia realice trabajos pesados o peligrosos, quedando exentas de hacer horas extraordinarias y de trabajar por la noche. Ahora le pasamos el testigo a los Estados miembros y espero que nos comprometamos con ello plenamente. Con la decisión de hoy, el Parlamento Europeo ha demostrado que ya no desea que las mujeres se enfrenten a una disyuntiva, sino que sean libres y conscientes de su papel en nuestra sociedad.

 
  
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  Oreste Rossi (EFD), por escrito. (IT) En una Europa que envejece, las políticas favorables a las mujeres que deciden tener hijos resultan esenciales. Con la legislación fragmentaria de hoy en día, existen demasiadas diferencias entre los Estados miembros en lo que respecta a la maternidad, lo que impide que muchas mujeres puedan convertirse en madres. La presente Directiva establece un periodo mínimo de permiso de maternidad de 20 semanas, de las que al menos seis estarán completamente remuneradas.

Es evidente que en países como Italia, esta legislación resulta superflua porque el periodo con remuneración completa es mucho más largo que el periodo mínimo establecido por la Directiva, y los periodos que prevén la ausencia de las mujeres del trabajo para cuidar de sus hijos se extienden hasta los ocho años de edad. Para otros países, sin embargo, esto significa que por fin se sentarán las bases para garantizar la dignidad de las madres. La propuesta también prevé que los padres puedan disponer de dos semanas de permiso retribuido para que puedan estar con sus esposas durante el periodo inmediatamente posterior al parto.

 
  
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  Daciana Octavia Sârbu (S&D), por escrito. – Hoy he votado para apoyar una mejora de los derechos y un equilibrio entre vida privada y laboral para los padres que trabajan. Las disposiciones relacionadas con las mujeres en periodo de lactancia en el trabajo son de especial importancia en este informe. Los descansos para la lactancia permiten a las madres disponer del tiempo necesario para proporcionar a su bebé la mejor y más natural forma de nutrición. Me satisface que el presente informe favorezca a aquellas madres que han vuelto al trabajo y que todavía opten por dar el pecho a su hijo y proporcionarle los beneficios nutricionales.

 
  
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  Carl Schlyter e Isabella Lövin (Verts/ALE), por escrito. (SV) Consideramos que un permiso parental legal bien desarrollado reviste suma importancia para cada país. En la votación final, sin embargo, no hemos querido votar a favor de la propuesta legislativa del Parlamento porque iba en contra de varios principios muy importantes para nosotros. En primer lugar, la propuesta quiere introducir un permiso obligatorio de seis semanas solo para la madre.

Consideramos que los propios padres deberían ser capaces de decidir cómo hacer uso de su permiso parental y que esta propuesta supondría un retroceso para la igualdad de género en Suecia. En segundo lugar, no consideramos razonable que la cuantía de la remuneración sea completa. En lo que concierne a Suecia, esto podría obligar a una reducción de la duración del seguro parental a fin de financiar un sistema tan costoso. Somos de la opinión de que la organización de los sistemas de seguridad social es una cuestión que compete a los parlamentos nacionales.

 
  
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  Brian Simpson (S&D), por escrito. – El EPLP apoya totalmente la necesidad de aumentar la protección de la mujer embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia y por lo tanto he votado a favor de una serie de propuestas clave de la Directiva. Estas incluyen la ampliación del permiso de maternidad a 20 semanas, el pago íntegro del salario para las madres durante las primeras seis semanas obligatorias tras el parto, y dos semanas de permiso de paternidad con salario completo. No obstante, al EPLP le preocupa que las propuestas adoptadas por el Parlamento puedan tener consecuencias imprevistas en países que ya emplean un abanico más complejo de disposiciones en el ámbito de la maternidad. En concreto, nos preocupa que las propuestas puedan permitir que un gobierno regresivo recorte sus disposiciones, de manera que las trabajadoras que perciban salarios inferiores puedan incluso salir perdiendo durante el permiso de maternidad. Mientras algunos aspectos del presente informe constituirán una inestimable mejora en Estados miembros con niveles muy bajos de cobertura por maternidad, estas enmiendas podrían conducir a una regresión social en otros países.

 
  
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  Bogusław Sonik (PPE), por escrito. (PL) Hoy, el Parlamento Europeo ha aprobado un informe para velar por la salud de las madres embarazadas y de las madres con permiso de maternidad. Al adoptar una posición común con esta forma estamos transmitiendo una clara señal de que apoyamos los cambios destinados a mejorar los criterios europeos para la protección de madres jóvenes. A las mujeres se les garantizaba un permiso de maternidad de una duración mínima, que en adelante se pagará en su totalidad. Al impedir el despido improcedente, hemos aumentado también la protección de los puestos de trabajo de las mujeres que se reincorporan tras el permiso de maternidad.

Los cambios que introduce la Directiva constituyen un paso en la dirección correcta, garantizando a las mujeres europeas derecho a un permiso mínimo de maternidad. Me complace igualmente que se anime a los padres a cuidar de sus hijos con la introducción de un permiso de paternidad de dos semanas.

 
  
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  Catherine Soullie (PPE), por escrito. (FR) La votación del informe de la señora Estrela es de vital importancia. La posición adoptada resulta puramente demagógica e irresponsable. Al exigir 20 semanas de permiso de maternidad estamos desacreditando al Parlamento Europeo. Somos la voz de los ciudadanos; la adopción de posiciones tan poco realistas no les haría justicia. Se incurriría en costes muy importantes para los presupuestos sociales de los Estados miembros: en lo que respecta a Francia, por ejemplo, la cantidad ascendería a 1 300 millones de euros.

La situación económica actual no nos permite asumir este tipo de aumento en nuestros presupuestos estatales, por no mencionar las consecuencias para nuestras empresas, que tendrán que soportar parte de estos costes adicionales. Necesitamos respaldar y animar a las mujeres a conciliar mejor su maternidad y su vida profesional, sin echar por tierra sus oportunidades de encontrar un empleo.

El aumento de 14 a 18 semanas propuesto por la Comisión fue un verdadero paso adelante; un paso que se podría haber valorizado mediante una reflexión sobre las nuevas opciones de cuidado infantil. El mensaje que transmite este texto conlleva una enorme responsabilidad: la maternidad se convertiría claramente en una barrera para el desarrollo personal en el lugar de trabajo.

 
  
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  Marc Tarabella (S&D), por escrito. (FR) Recibo con satisfacción la adopción del presente informe sobre la propuesta de Directiva relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, y de medidas orientadas a ayudar a los trabajadores a alcanzar un equilibrio entre vida privada y profesional. Hemos logrado que el permiso maternal sea más duradero y esté mejor pagado y hemos introducido, por primera vez en la historia europea, el permiso de paternidad. Esta votación ocupará un lugar destacado en la historia de los derechos fundamentales de las madres y padres europeos.

A todos aquellos que querían sacrificar los derechos sociales en el altar de la crisis económica, les digo que vayan y cojan el dinero allá donde esté y que no castiguen más a los ciudadanos. Un permiso de maternidad mejorado y la introducción de un permiso de maternidad; estas también representan luchas por una sociedad más humana, mientras la familia se convierte cada vez más en el último baluarte contra las vicisitudes de la vida.

 
  
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  Keith Taylor (Verts/ALE), por escrito. – Hoy he votado en el Parlamento a favor de una propuesta legislativa que garantiza una mejora así como una ampliación de la retribución por maternidad/paternidad. Soy muy consciente de las condiciones financieras del Reino Unido, que empeorarán todavía más debido a los recientes comunicados presupuestarios que anuncian más recortes en los gastos. No obstante, el Parlamento Europeo se ha manifestado a favor de 20 semanas de permiso de maternidad con salario completo y 2 semanas de permiso de paternidad, y considero que se trata de una inversión sensata en la economía, que ayudará a alcanzar el objetivo de la UE del 75 % de la participación laboral para 2020. Mejora la salud de los recién nacidos y protege la salud y el bienestar de las madres. Constituye un paso más hacia la eliminación del desequilibrio existente en lo que respecta a la diferencia salarial entre sexos. Se calcula que, por término medio, las mujeres ganan un 17 % menos que los hombres. Si no garantizamos sueldos dignos durante el permiso de maternidad, la mujer se verá castigada por tener hijos en lo que respecta a sus ingresos. También representa un buen estímulo aumentar la participación de los padres en el cuidado de los hijos. Aparte de la muerte y los impuestos, el nacimiento es la única certeza en la vida. Nuestros hijos son el futuro y las mejoras que se han votado hoy proporcionarán a sus vidas un comienzo mejor y más seguro.

 
  
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  Marianne Thyssen (PPE), por escrito. (NL) Señor Presidente, Señorías, a fin de mantener nuestra prosperidad y estar en posición de poder pagar nuestras pensiones, necesitamos que se incorporen más mujeres y hombres al trabajo y asegurar su permanencia en el mercado laboral. Por añadidura, en un momento de férrea competencia internacional y de austeridad presupuestaria, debemos tener el valor de emprender medidas que supongan inversión en las familias y que resten algo de presión a la tarea de hacer malabarismos entre el trabajo y la familia. Ampliar el permiso de maternidad constituye uno de los medios para lograr tal fin. Por esta razón, apoyo una ampliación del permiso de maternidad. Sin embargo, en un momento de dificultades presupuestarias, debemos ser realistas. Un permiso de maternidad de veinte semanas con salario completo no constituye una solución viable para nuestros sistemas de seguridad social y nuestros presupuestos de gobierno. Teniendo en cuenta estos argumentos, me he abstenido en la votación final, a pesar de que apoyo una ampliación del permiso maternal. Por otro lado, respaldo la propuesta original de la Comisión para una ampliación del permiso de maternidad a 18 semanas, siempre y cuando se respete el límite del sistema de compensación actual. Espero que esta propuesta tenga una mejor oportunidad en la segunda lectura parlamentaria.

 
  
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  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. (RO) He votado a favor del informe sobre la propuesta de Directiva relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.

Considero de fundamental importancia que las trabajadoras que disfruten del permiso de maternidad perciban su salario completo y que la prestación sea equivalente al 100 % del último salario mensual o del salario mensual medio, si su salario mensual es más bajo. Esto significa que las mujeres no se verán penalizadas a causa del permiso de maternidad en lo que respecta a sus pensión de jubilación.

Dadas las tendencias demográficas de la UE, la tasa de natalidad necesita un impulso por medio de una legislación específica y de medidas orientadas a contribuir a un mejor equilibrio entre vida profesional, privada y familiar. A fin de ayudar a los trabajadores a alcanzar un equilibrio entre vida privada y profesional, resulta vital que se proporcionen periodos de maternidad y paternidad más amplios, también en la adopción de niños con un tiempo inferior a 12 meses. Establecer el periodo obligatorio de permiso de maternidad en 20 semanas se ajusta a la recomendación realizada por la Organización Mundial de la Salud el 16 de abril de 2002 sobre una Estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño.

 
  
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  Thomas Ulmer (PPE), por escrito. (DE) He votado en contra del presente informe toda vez que no cumple rigurosamente el principio de subsidiariedad e interfiere con las modalidades de pago y las obligaciones de los Estados miembros. Además, también contiene elementos como el aborto y la libertad de reproducción a causa de los cuales no puedo participar en la responsabilidad por motivos religiosos.

 
  
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  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito (LT) Señorías, no se debe castigar a las mujeres porque hayan decidido formar una familia. No se trata simplemente de una cuestión ética, sino también estratégica: la UE está experimentado en la actualidad cambios demográficos debido a la baja tasa de natalidad y el aumento del número de personas de edad avanzada. Especialmente en estos tiempos difíciles, no debemos ahuyentar a las mujeres del mercado laboral. Necesitamos más mujeres trabajadoras si la UE quiere aumentar su competitividad a escala internacional. Ha llegado el momento de luchar contra los estereotipos arraigados en la sociedad A menudo se percibe a las mujeres como trabajadoras «de riesgo» o de «segunda categoría». Es fundamental, por lo tanto, que las nuevas modalidades de permiso presentadas en este informe contribuyan a romper estos estereotipos. También deberíamos ofrecer más ayuda a las mujeres que han sido abandonadas por la sociedad. Las estadísticas de la UE revelan que en Lituania, las madres solteras se enfrentan al mayor riesgo de pobreza. El riesgo de pobreza para las personas que trabajan de este grupo es del 24 %. La UE ha recorrido un largo camino para llegar a garantizar legalmente la igualdad de género. Sin embargo, debemos lograr aún más y convertir la igualdad de género teórica en igualdad de género real y tangible, que se aplique en la vida cotidiana.

 
  
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  Frank Vanhecke (NI), por escrito. (NL) He votado a favor del informe Estrela porque no quiero que se produzcan malentendidos acerca de lo siguiente: huelga decir que las mujeres tienen necesidades especiales durante e inmediatamente después del embarazo, y estas necesidades deben cubrirse en beneficio del conjunto de la sociedad, y la sociedad, por tanto, también debe asumir gran parte de la responsabilidad por ello. Sin embargo, quisiera plantear algunas cuestiones de principio. En primer lugar, ¿es de veras razonable que impongamos desde aquí, desde nuestras torres de marfil, normas obligatorias para su aplicación en toda la Unión Europea, incluidos los Estados miembros, cuando se encuentran económicamente muy lejos de poder llevar a cabo tal aplicación?

¿Quién va a pagar la factura por eso? Eso me lleva a mi segundo comentario fundamental: ¿es razonable imponer la carga, por así decirlo, de estas medidas exclusivamente en los hombros de los empleadores? ¿No nos conducirá esto al final a una situación precisamente opuesta a la pretendida; es decir, habrá menos puestos de trabajo disponibles para las mujeres jóvenes porque los empleadores simplemente no estarán dispuestos a asumir por sí solos las consecuencias del riesgo que implica para ellos que sus trabajadoras jóvenes queden embarazadas? Está muy bien votar «socialmente» en esta Cámara, pero nosotros no somos los que tenemos que soportar la carga de las votaciones sociales.

 
  
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  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), por escrito. (FR) La Directiva sobre el permiso de maternidad ha sido finalmente adoptada hoy, 20 de octubre, por el Parlamento Europeo. He votado a favor del presente texto, que representa un auténtico progreso para la mujer.

La Directiva aún tiene que ser aceptada por el Consejo. El texto aprobado hoy pretende conferir a las mujeres europeas el derecho a un permiso de maternidad de 20 semanas, es decir, cuatro semanas más que en Francia, donde en este momento las mujeres tienen derecho a un permiso de maternidad de 16 semanas.

El texto que hemos adoptado también prevé un derecho a un permiso de paternidad de 20 días (más que los 11 días que se conceden en este momento en Francia).

La Directiva prevé igualmente que las mujeres reciban la totalidad de su salario durante el permiso: una señal significativa en la situación de crisis actual.

Además, el texto incluye una cláusula de no regresión social, lo que significa que si la ley de los Estados miembros es más generosa en determinados puntos, se continuará aplicando. Por tanto, se trata realmente de un paso adelante y lo celebro.

 
  
  

Informe: Barbara Weiler (A7-0136/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del presente informe, pues en muchos países existe una gran disparidad en lo que respecta a las condiciones de pago de las empresas cuando están implicados el Estado, las pequeñas y medianas empresas (PYME) y las grandes empresas. Todos somos conscientes de que en la situación de crisis actual y con el aumento de las dificultades, las empresas luchan cada vez más con problemas de liquidez y que, en muchos Estados miembros, se encuentran incluso expuestas a un riesgo de quiebra cada vez mayor. La Directiva que trataba de regular esta cuestión tenía un efecto limitado y la propuesta que acabamos de adoptar ahora representa un paso importante en lo que respecta a fijar y respetar los plazos de pago, no solo en las relaciones con las empresas y las entidades públicas, sino también en las relaciones que las empresas establecen entre sí. Ahora dispondremos de una legislación que nos ofrezca mayor efectividad a la hora de respetar plazos de pago, con un claro sistema de sanciones por morosidad, y eso también representa una eficaz mejora a la hora de equilibrar el abuso de posición dominante que con frecuencia ejercen el Estado y las grandes compañías sobre las PYME. La Directiva debe ahora ser aplicada rápidamente por los Estados miembros, a fin de que se resuelvan por fin los graves problemas motivados por el establecimiento de largos plazos de pago y la prolongación innecesaria de los pagos.

 
  
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  Roberta Angelilli (PPE), por escrito. (IT) El cumplimiento de las obligaciones contractuales en la transacciones comerciales por parte tanto de las administraciones públicas como privadas, no es solamente una cuestión de deber cívico, sino también de asumir la responsabilidad por una serie de condiciones negativas que podrían ir en detrimento de las empresas de acreedores, sobre todo de las PYME. Poder contar con un pago sin demora significa garantizar a estas empresas estabilidad, crecimiento, creación de puestos de trabajo e inversiones.

Desgraciadamente, según los datos de la Comisión Europea, la morosidad representa algo frecuente en Europa y perjudica la competitividad. Los responsables de crear dificultades son sobre todo los poderes públicos, a menudo debido a una administración incorrecta de sus presupuestos y de su flujo de caja o como consecuencia de un exceso de burocracia en su maquinaria administrativa. En ocasiones, optan por operar sobre la base de nuevas estructuras de gastos, sin tener en cuenta los compromisos ya contraídos con anterioridad, que deberían cumplirse en los términos acordados contractualmente.

Por lo tanto, considero que es nuestro deber adoptar medidas a fin de subsanar las deficiencias de la anterior Directiva 2000/35/CE, tratando así de impedir el fenómeno de la morosidad mediante la adopción de medidas que induzcan a los deudores a no pagar con retraso y otras medidas que permitan a los acreedores ejercer sus derechos plena y eficazmente en caso de morosidad.

 
  
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  Liam Aylward (ALDE), por escrito. (GA) He votado a favor de este oportuno informe y a favor del establecimiento de un plazo máximo de 30 días para pagar las facturas. Las PYME son la piedra angular de la economía europea; estas pequeñas empresas constituyen el 99,8 % de todas las empresas de la UE y generan el 70 % de todo el empleo de la UE. Las medidas recogidas en el informe para hacer frente a la morosidad son medidas prácticas que pretenden respaldar a las PYME y velar por que las empresas más pequeñas no salgan perdiendo a causa de las facturas impagadas.

Las nuevas normas podrían crear mejores condiciones para la inversión y deberían permitir que las PYME se centren en la innovación y el desarrollo. Además, recibo favorablemente lo que indica el informe en lo que respecta a garantizar que las nuevas medidas no incrementen el nivel de burocracia existente y que no se generen problemas administrativos y burocráticos adicionales para las PYME.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito (LT) He votado a favor del presente informe y me alegro de que el Parlamento Europeo y el Consejo se las hayan arreglado para llegar a este acuerdo, que es muy importante, especialmente para la pequeña empresa. Aunque las pequeñas y medianas empresas son los pilares de la competitividad de la Unión Europea y los mayores creadores de puestos de trabajo, la crisis ha demostrado muy claramente que, al mismo tiempo, los propietarios de las pequeñas y medianas empresas son los más vulnerables, y la política que persiguen los Estados miembros no resulta especialmente favorable a su promoción y desarrollo porque la legislación comunitaria, como por ejemplo la «Small Business Act», no se está poniendo en funcionamiento ni se ha aplicado plenamente. Muchas empresas se han ido a la quiebra durante la crisis y supone una pérdida enorme. Estoy muy satisfecho, pues, con este paso que, aunque pequeño, posee gran importancia para las pequeñas empresas, proporcionándoles claridad en lo que respecta a los plazos de pago. Comenzaremos a crear de verdad un entorno claro y comprensible para las pequeñas y medianas empresas que contribuya a establecer una cultura empresarial.

 
  
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  Sergio Berlato (PPE), por escrito. (IT) Con la aprobación de la nueva Directiva contra la morosidad, una medida que representa un apoyo práctico para las empresas, en especial para las pequeñas y medianas empresas, el Parlamento Europeo está realizando una contribución decisiva en beneficio de los ciudadanos y del sistema productivo europeo. De hecho, la Directiva refundida establece términos de pago categóricos y sanciones adecuadas para fomentar pagos sin demora en el seno de la Unión tanto por parte de los poderes públicos como de las empresas privadas. Se estima que esta medida podría volver a poner en circulación aproximadamente 180 000 millones de euros en la economía: esta es la deuda real contraída por los poderes públicos con el sistema empresarial de la Unión.

El problema de la morosidad afecta de forma especialmente manifiesta a Italia, donde los poderes públicos disponen de un promedio de 128 días para hacer efectivos los pagos frente a la media europea de 67 días. Los efectos negativos de la morosidad en las operaciones comerciales resultan, por lo tanto, considerables. Espero que los gobiernos implementen la presente Directiva tan pronto como sea posible, a fin de eliminar uno de los principales obstáculos para el desarrollo del mercado interior europeo.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. (IT) Por fin estamos aquí, después de meses de aplazamientos: hemos votado un informe que supone una verdadera bocanada de aire fresco para el futuro de nuestras empresas. La morosidad es un fenómeno que, sobre todo en Italia, ha puesto en peligro a miles de empresas, costándole al sistema económico italiano alrededor de 30 000 millones de euros según los cálculos de las asociaciones profesionales. Dejando de lado consideraciones específicas y circunstancias nacionales, voto a favor del informe, que establece de una vez por todas normas bien definidas tanto para operadores públicos como privados. La crisis económica ya ha provocado una cantidad impresionante de quiebras, cierres de plantas y empresas y cese de actividades empresariales. Gracias a esta medida, Europa podrá de verdad echar una mano a muchas empresas pequeñas que viven en una asfixia permanente por los préstamos bancarios debido a la crisis y que pueden estar ya navegando por aguas turbulentas a causa de cuentas por cobrar que se demoran.

 
  
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  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. (RO) En un clima económico inestable, la morosidad puede tener efectos sumamente negativos para las pequeñas y medianas empresas que necesitan dinero para pagar a sus empleados y proveedores. Las nuevas normas sobre morosidad en las operaciones comerciales, que acordaron el Parlamento y el Consejo el 5 de octubre, deberían facilitar y acelerar el proceso para que las empresas recuperen el dinero que les deben. Son las pequeñas y medianas empresas las que mantienen la economía en marcha, incluso durante la crisis. Esto sucede en todas las economías europeas. El Parlamento Europeo se ha cerciorado de que todas las partes estén en pie de igualdad y de que las normas se apliquen a todos, lo que beneficiará a muchas PYME.

Gracias al presente acuerdo, las PYME cesarán de actuar como bancos para empresas públicas o grandes empresas. Junto a la Recomendación del Parlamento Europeo de que solamente se cargue el IVA a las PYME después de que se hayan hecho efectivas las facturas, establecer un plazo definitivo para que estas facturas se paguen ayudará a aquellos preocupados por su supervivencia en una época de declive de los mercados.

 
  
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  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe porque considero de fundamental importancia poner en marcha todas las acciones posibles con el objetivo de reforzar la competitividad de las PYME. Por otra parte, debe impulsarse la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que representa un abuso inaceptable, especialmente en una época de recesión económica como la que atravesamos. Los efectos negativos de la morosidad son considerables, toda vez que representan costes importantes para las empresas acreedoras, reducen los flujos de caja y la posibilidad de inversión y repercuten en la competitividad de las PYME.

La presente Directiva incluye medidas destinadas a disuadir a los deudores de retrasarse en los pagos, medidas que permiten a los acreedores ejercer sus derechos, también identifica normas específicas y precisas, tales como requerimientos de pago, compensación por costes de cobro y el plazo de 30 días, salvo que se apliquen excepciones especiales, para el pago de las deudas. Estas medidas adjudican una obligación a los poderes públicos y los apartan de formas de comportamiento susceptibles de repercutir negativamente sobre las PYME, comprometiendo la credibilidad de las políticas adoptadas.

Los pagos sin demora también constituyen una condición necesaria y preliminar para la inversión, el crecimiento y la creación de puestos de trabajo.

 
  
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  Françoise Castex (S&D), por escrito. (FR) Me declaro igualmente satisfecho con la solución hallada en lo referente a los plazos de pago y me complace que se haya aceptado la propuesta de los socialistas y demócratas de conceder un plazo más amplio a los servicios de salud pública, donde los complejos procedimientos presupuestarios dan lugar a retrasos superiores en los pagos. Además, si se respeta la libertad contractual entre las empresas privadas, se introduce una considerable garantía mediante la prohibición de retrasos excesivos en los pagos a los acreedores, que a menudo son PYME.

 
  
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  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. (EL) Me he abstenido en la votación del informe porque reafirma los esfuerzos de la Comisión para ejercer presión sobre los Estados deudores, proponiendo medias estrictas en un momento en el que sus finanzas públicas se encuentran en malas condiciones. La presión para que las deudas sean saldadas inmediatamente, amenazando con graves sanciones monetarias en la forma de interés, sirve principalmente a los intereses de las empresas que se aprovechan de la crisis para buscar que se produzcan recortes en la protección social y que congelen o reduzcan los salarios de los trabajadores. El argumento de que esto ayudará a las pequeñas y medianas empresas no se sostiene porque, con las cifras citadas en la regulación, las empresas en cuestión no son ni pequeñas ni medianas. Este tipo de acción estaría justificado si fuera precedido de un enérgico apoyo a la economía real de los trabajadores y de la promoción de una cohesión social y económica.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. (IT) Apoyo la necesidad de reforzar la Directiva 2000/35/CE y de identificar los instrumentos necesarios a fin de eliminar o reducir la morosidad en las operaciones comerciales. Mi atención se centra en las PYME, que representan una parte esencial del mercado europeo en lo que respecta a la creación de riqueza y empleo. Esta opción política de la Comisión Europea constituye un paso en la dirección correcta, con el propósito de conseguir que el clima empresarial sea más propicio para las PYME. Con respecto a la tasa de interés disuasoria del 8 %, albergo cierta procupación por los resultados de ciertas regiones de mi país y de otros Estados europeos, que están luchando de veras por acatar las nuevas normas. Espero que este nuevo enfoque pueda constituir una verdadera oportunidad para el cambio. Ahora debemos concentrarnos en supervisar la implementación de la Directiva en el seno de los sistemas jurídicos nacionales con la participación de las autoridades locales, a fin garantizar que esto se lleve a cabo de forma homogénea en todos los países.

 
  
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  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. (RO) Espero que la entrada en vigor de la Directiva sobre la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales beneficie a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas de la Unión Europea, a las que se ofrecerá más protección y a las que se dotará de recursos con el fin de incrementar las inversiones y de crear nuevos puestos de trabajo. Al mismo tiempo, espero que la Directiva permita el desarrollo de mecanismos para la recuperación de las deudas, puesto que los atrasos en los pagos por parte de los poderes públicos provocan desequilibrios en el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas y, por extensión, también del mercado.

 
  
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  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), por escrito. (IT) Los pagos con demora entre empresas y entre empresas y administraciones públicas son una de las causas que obstaculizan en estos momentos la recuperación del crecimiento económico. La aprobación de la nueva Directiva sobre la lucha contra la morosidad en las operaciones financieras representa una innovación muy importante que requerirá una preparación adecuada, especialmente en el sector público, tanto a nivel político como administrativo. En el plano político, para que la planificación financiera y presupuestaria pueda tener en cuenta no solo el impacto de las normas de la Unión Europea sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sino ahora también el impacto de las nuevas normas sobre los pagos con demora que, si no se gestionan satisfactoriamente, podrían tener un efecto directo y un efecto reflejo en el margen de maniobra de los gobiernos a varios niveles. En el plano administrativo, es necesaria una preparación adecuada para la correcta gestión financiera de los organismos públicos, empezando con la relación entre compromisos y gastos, para que los ingresos fiscales y, por tanto, los ciudadanos, no se vean abrumados por cargas como los pagos de intereses, que podrían tener un efecto importante en las finanzas públicas. Por último, resulta importante conceder especial atención y flexibilidad a diversos sectores, como por ejemplo el sector sanitario, donde los poderes públicos han acumulado importantes retrasos en los pagos adeudados a las empresas por los productos y los servicios regulares proporcionados.

 
  
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  Diane Dodds (NI), por escrito. – En el clima económico actual, la supervivencia ya les resulta bastante difícil a las pequeñas y medianas empresas sin la carga adicional de los pagos con demora en las operaciones financieras. Por tanto, cualquier mecanismo que contribuya a proteger estas empresas de los costes añadidos y de las implicaciones financieras derivadas de la morosidad debería recibirse con satisfacción.

Sin embargo, considero que corresponde al Gobierno británico regular sobre esta cuestión, no a la Unión Europea, a fin de garantizar que las compañías y los organismos públicos estén a la altura de sus obligaciones de pago. El presente informe, aunque tiene mérito, requiere una mayor aclaración de determinados aspectos y por lo tanto esta vez he optado por abstenerme en esta votación.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales porque permitirá la adopción de medidas armonizadas que podrían ser especialmente importantes para el desempeño de las empresas —en particular de las pequeñas y medianas empresas— en la coyuntura de crisis económica actual. Sin embargo, considero positivo garantizar un régimen de excepción para el sector sanitario.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) El atraso de los pagos constituye un problema de consecuencias sumamente graves para la salud de la economía global, con un impacto especialmente devastador en las pequeñas y medianas empresas (PYME). Sus efectos son incluso más perniciosos en el periodo de crisis económica y financiera actual. Resulta intolerable el mal ejemplo dado por la administración pública, tal y como está sucediendo de forma especialmente grave en Portugal. Se imponen medidas en la morosidad de las operaciones comerciales a fin de proteger la buena salud de la economía europea, evitando situaciones de asfixia financiera de las estructuras productivas y de sobrecarga de los productos financieros, incrementando de este modo la dependencia del sector bancario. Quisiera destacar el caso concreto de los productores agrícolas, que a menudo ven retardadas las liquidaciones que los supermercados y los distribuidores les deben. El periodo máximo de 30 días —que podrían elevarse excepcionalmente a 60 días— para el pago, después de la prestación y la facturación del servicio, resulta bastante razonable para el equilibrio de las relaciones comerciales y será decisivo para promover una cultura de cumplimiento oportuno de los compromisos.

 
  
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  Louis Grech (S&D), por escrito. – La adopción del informe Weiler hoy marca un cambio importante en lo que respecta a la dimensión del límite de pagos en las relaciones empresariales. En la actualidad, constituye una práctica común —y lo que es aún más preocupante, una práctica aceptada— para los poderes públicos presionar a las PYME con el propósito de que firmen acuerdos que les permitan el pago con demora de las facturas.

Malta es un caso ilustrativo. Numerosas PYME, que dan cuenta de más del 70 % del empleo en el sector privado, se han encontrado con graves dificultades de liquidez debido a los pagos con demora por parte de las empresas, especialmente de los poderes públicos, incluido el gobierno.

En una serie de Estados miembros, el límite de 60 días de los poderes públicos servirá como importante cláusula de protección para las PYME y los ciudadanos. Sin embargo, para que esta disposición sea verdaderamente efectiva, debe llevarse a cabo una transposición y aplicación correcta de la Directiva en cada Estado miembro, acompañada de una rigurosa supervisión por parte de la Comisión. Solo entonces podrá traducirse verdaderamente esta nueva norma a beneficios concretos para los ciudadanos y para las PYMES en particular.

 
  
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  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. (PL) Las condiciones de pago en las transacciones comerciales es un tema prioritario para el buen funcionamiento de las economías europeas. Lamentablemente, las disparidades son considerables en lo que respecta al cumplimiento de las condiciones de pago entre los Estados miembros, lo que hace necesario verificar cuidadosamente la Directiva 2000/35/CE actualmente vigente.

La falta de disciplina en las operaciones constituye una especial amenaza para las pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas por la crisis económica. Los retrasos en los pagos a menudo provocan dificultades tanto en el mercado interior como en el comercio transfronterizo. Por esta razón, apoyo la propuesta de la ponente de endurecer la legislación, introducir instrumentos para proteger a las empresas e introducir una compensación obligatoria para hacer cumplir el pago retrasado de las facturas y del interés.

 
  
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  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. (DE) Acojo favorablemente la decisión del informe de permanecer firmemente del lado de las pequeñas y medianas empresas. La morosidad constituye un problema económico enorme en las operaciones comerciales que se producen en el seno de la UE. También se trata de un asunto grave en el sector agrícola si se trasladan los problemas de liquidez a las empresas agrícolas. Unos plazos de pago definidos podrán fin a estos métodos. Apoyo el plazo de pago de 30 días como norma propuesto en el informe y también la introducción de un límite superior general de 60 días. Encuentro incomprensible que, en muchos Estados miembros, se demoren pagos procedentes de fondos públicos relativos a operaciones con administraciones públicas. La morosidad afecta gravemente al entorno empresarial y al mercado interior y tiene un efecto directo sobre los Estados miembros. La compensación a tanto alzado que se ha pedido, que debe hacerse efectiva desde el primer día de retraso del pago, representa un método tangible para impedirlo.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe de la señora Weiler porque considero esencial proteger a los acreedores de las administraciones públicas, que en la mayoría de casos se trata de pequeñas y medianas empresas. Esta medida permitirá que se pongan nuevamente en circulación aproximadamente 180 000 millones de euros de fondos líquidos: el importe total adeudado por las administraciones públicas a las empresas en toda la UE. Este es verdaderamente un paso importante porque se concederá a las empresas el derecho automático a exigir el pago del interés no pagado y también a obtener una cantidad mínima establecida de 40 euros como compensación por los costes de recuperación de la deuda. Las empresas podrán igualmente, en cualquier caso, exigir el reembolso de todos los costes razonables en los que haya incurrido para este fin. Considero que esta iniciativa servirá como estímulo para que los Estados miembros preparen códigos de pago sin demora. Podrían, de hecho, conservar o introducir leyes y reglamentos que contengan disposiciones más favorables a los acreedores que las establecidas por esta Directiva.

 
  
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  Erminia Mazzoni (PPE), por escrito. (IT) Entre las muchas propuestas recogidas en la «Small Business Act», la relacionada con la enmienda a la Directiva 2000/35/CE estaba entre las más urgentes, en mi opinión. La morosidad se ha convertido en una práctica de rutina para los poderes públicos de muchos países (y estoy incluye por supuesto a Italia). Si la media europea es de 180 días desde la fecha acordada, no resulta difícil imaginar los extremos que puede alcanzar la demora en algunos casos y las consecuencias para los que gestionan las pequeñas y medianas empresas.

La paradoja reside en que el mismo Estado que exige un pago puntual de obligaciones e impuestos, repartiendo sanciones y aplicando intereses desde el primer día de demora, ignora sus propios compromisos cuando él es el deudor. La enmienda que estamos votando es muy importante, sobre todo en esta época de grave dificultad económica, pero no será suficiente para resolver el problema por sí misma. Si los Estados miembros individuales no modifican sus procedimientos para recuperar las deudas de los poderes públicos con objeto de hacer que estos procedimientos sean más breves y efectivos, las disposiciones aprobadas resultarán ineficaces.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La morosidad de las operaciones comerciales ya sea entre empresas o entre empresas y entidades públicas, es responsable de problemas de liquidez en pequeñas y medianas empresas (PYME) y, a su vez, contribuye a que haya nuevos retrasos en los pagos, iniciando así un círculo vicioso difícil de contrarrestar. Estamos seguros de que la implementación de las nuevas normas aquí propuestas representa un paso importante para acabar con esta situación y ayudar así a las compañías a hacer frente a este periodo de crisis económica y financiera. Las sanciones propuestas son proporcionales y necesarias, y se espera que resulten disuasorias para evitar las prácticas comerciales indebidas que han adoptado los operadores comerciales.

 
  
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  Alajos Mészáros (PPE), por escrito.(HU) Era esencial que la resolución relativa a la Directiva sobre la morosidad fuera aceptada, y por eso he votado a favor de la Resolución. El debate de esta mañana también ha revelado que los efectos de la crisis, que en el pasado reciente no perdonaron a los Estados miembros, todavía pueden sentirse muy de cerca. Necesitamos llevar a cabo numerosos cambios para el buen funcionamiento del mercado interior. Como parte de estos cambios, el informe recomienda acertadamente la transición a una cultura de puntualidad en los pagos. Esto hará posible que la morosidad tenga consecuencias desfavorables.

Según la evaluación de impacto previa a la revisión, las autoridades de varios Estados miembros son conocidas por sus prácticas de pago deficientes. Espero sinceramente que la decisión de hoy pueda cambiar eso también. Por último, facilitar la vida a las PYME puede ser algo que tengamos también muy presente entre nuestras prioridades. La propuesta de mecanismos alternativos de solución de conflictos puede ofrecer una solución, así como hacer públicas las prácticas de los Estados miembros. Aprovechar al máximo las oportunidades ofrecidas a través del portal europeo de justicia en red puede contribuir a que acreedores y empresas operen con menos preocupaciones.

 
  
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  Miroslav Mikolášik (PPE), por escrito. (SK) Acojo favorablemente la propuesta de la Comisión para abordar el problema de los pagos, que se están convirtiendo en un problema grave, especialmente en las operaciones comerciales transfronterizas, puesto que violan la seguridad jurídica.

A fin de que las consecuencias de la morosidad sean de tan calibre como para disuadir de tal práctica, hace falta se introduzcan procedimientos de acción rápida para recuperar deudas pendientes en regla relativas a la morosidad en el establecimiento de una cultura de puntualidad en los pagos. La propuesta de modificación, que pretende hacer cumplir el pago de reclamaciones de esta naturaleza contra una empresa o una autoridad pública a través de un procedimiento en línea ampliamente accesible, será un paso positivo para acelerar y simplificar la recuperación de este tipo de deudas pendientes. Será beneficioso fundamentalmente para las pequeñas y medianas empresas más afectadas por la morosidad y por los laboriosos procedimientos de recuperación.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Las deudas pendientes representan un considerable riesgo fiscal, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. La ausencia de una moral de pago, especialmente en época de crisis, puede restringir severamente la liquidez. Hay, efectivamente, un beneficio que extraer de las medidas destinadas a crear una mayor conciencia de pago. Me he abstenido porque no estoy convencido de que tenga sentido regular esto a nivel paneuropeo o de que el hecho de así hacerlo ejerza una influencia positiva en la moral de pago.

 
  
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  Claudio Morganti (EFD), por escrito. (IT) El informe aborda el problema de la morosidad, un problema que desestabiliza el mercado y, sobre todo, perjudica a las pequeñas y medianas empresas, a las que dedico una especial atención. Mi voto a favor del informe debe verse como una esperanza de que nazca una nueva cultura comercial más proclive a la puntualidad en el pago y en la que la morosidad sea considerada como un abuso intolerable de la posición del cliente y un incumplimiento de contrato, y no como una práctica normal.

 
  
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  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), por escrito. (LT) He votado a favor de la presente legislación porque considero que un sistema de pago mejor gestionado resulta beneficioso para las pequeñas y medianas empresas y para la cultura empresarial en general. Considero especialmente progresista una de las disposiciones recogidas en este documento: la petición de publicar rápidamente listas de las entidades en cuestión. Estas medidas no solo fomentarían que las empresas (especialmente las PYME) se paguen entre ellas puntualmente, reduciendo así los riesgos de tener problemas de liquidez, sino que también aumentaría la credibilidad y, a su vez, la competitividad de dichas empresas.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe de la señora Weiler, en tanto en cuanto considero esencial establecer un límite máximo en el que las empresas deben hacer efectivos sus pagos. Esta necesidad resulta incluso más apremiante y esencial en estos tiempos de crisis. Las pequeñas y medianas empresas, junto a los empresarios, desempeñan un papel importante en todas nuestras economías y son generadores clave de empleo e ingresos, así como propulsores de innovación y crecimiento. Desgraciadamente, últimamente hemos sido testigos con demasiada frecuencia de situaciones en las que empresas a las que los poderes públicos deben varios millones se han visto lamentablemente obligadas a cerrar o a declararse en quiebra debido precisamente a estos pagos atrasados. Por eso espero que en la fase de aplicación, se apliquen también otros factores, que se establezca una flexibilización de las obligaciones del Pacto de Estabilidad para los poderes públicos y, al mismo tiempo, una reducción gradual de los plazos de pago. Esto combinaría ambos requisitos y beneficiaría a todos los sistemas del país. Espero que la transposición de la Directiva por parte de los Estados miembros sea rápida, de manera que pueda aplicarse tan pronto como sea posible. Se trata de un deber por parte de los que legislamos y un derecho adeudado a las empresas acreedoras.

 
  
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  Robert Rochefort (ALDE), por escrito. (FR) La morosidad puede provocar dificultades financieras e incluso la quiebra en algunas empresas, especialmente PYME: de acuerdo con la Comisión Europea, la morosidad le cuesta a la economía europea alrededor de 180 000 millones de euros cada año. Nuestros estudios hablan de alrededor de 300 000 millones por año, una cantidad equivalente a la deuda pública griega. En el clima económico actual, me alegro de que el Consejo y el Parlamento haya sido capaces de acordar desde el principio una ambiciosa revisión de la legislación europea en este ámbito. La contribución del Parlamento Europeo ha resultado esencial en esta materia. Nuestros esfuerzos por asegurarnos de que el texto final se inspirara en las numerosas mejoras votadas en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor tuvieron éxito, entre ellas: tipos de interés legales superiores en caso de demora; para las operaciones entre empresas, un plazo de 30 días de mora y una ampliación a 60 días prorrogables en ciertas condiciones; para las instituciones públicas, un máximo de 60 días; mayor flexibilidad para las instituciones de sanidad pública y para las instituciones médicas y sociales; y finalmente, una simplificación de la compensación por los costes de recuperación (una cantidad mínima a tanto alzado equivalente a 40 euros).

 
  
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  Crescenzio Rivellini (PPE), por escrito. (IT) Quisiera felicitar a la señora Weiler por su excepcional trabajo. El Parlamento Europeo ha dado luz verde a nuevas leyes para limitar el retraso en el pago de los poderes públicos a sus proveedores, que en la mayoría de los casos son pequeñas y medianas empresas. El Parlamento ha previsto que los poderes públicos estén obligados a pagar por los servicios prestados o los bienes adquiridos en un plazo de 30 días. Si no lo hacen, deben pagar un interés por demora de un 8 %.

El principio de retribuir sin demora el trabajo es un principio fundamental de conducta correcta, pero también posee una capital importancia a la hora de determinar la solidez de una empresa, su disponibilidad de fondos y su acceso al crédito y financiación. Esta nueva Directiva, que ahora se implementará en los sistemas jurídicos nacionales en un plazo de 24 meses desde su aprobación, beneficiará, por tanto, a toda la economía europea.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Toda vez que la morosidad es un fenómeno con numerosas causas interrelacionadas, solo puede combatirse con un amplio abanico de medidas suplementarias. El Parlamento, por tanto, considera necesario un enfoque puramente legalista con el fin de remediar mejor el atraso en los pagos, pero no es suficiente. El «duro» enfoque de la Comisión, centrado en sanciones severas y falta de incentivos, debe ampliarse a fin de incluir medidas «blandas» que se centren en ofrecer incentivos positivos para combatir la morosidad.

Además, paralelamente a la aplicación de la Directiva se deberían fomentar medidas prácticas tales como la utilización de facturas electrónicas.

 
  
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  Marco Scurria (PPE), por escrito. (IT) Italia es el país más afectado por la morosidad de los poderes públicos, un plazo medio de pago a los proveedores de 180 días frente al plazo medio europeo de 67 días. Esto ocasiona problemas financieros, una reducción drástica de las oportunidades de inversión y una pérdida de competitividad, sobre todo para las PYME.

La Directiva que hemos votado hoy desalienta a los deudores de retrasar los pagos y permite a los acreedores proteger eficazmente sus intereses contra tales demoras, introduciendo el derecho a un interés legal por la demora en el pago, incluso cuando no se encuentra especificado en el contrato. También obliga a los poderes públicos a pagar en un plazo máximo de 60 días desde la solicitud de pago, siempre que el servicio se haya prestado satisfactoriamente.

La adopción de la presente Directiva representa de veras una gran ayuda para nuestras empresas: hoy en día, una compañía de cada cuatro cierra por problemas de falta de liquidez financiera. Con estas nuevas normas sobre pagos, las compañías recuperarán su competitividad de mercado y no se perderán puestos de trabajo.

 
  
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  Marc Tarabella (S&D), por escrito. (FR) Mediante la adopción por mayoría abrumadora del informe de mi colega, Barbara Weiler, sobre la propuesta de Directiva relativa a la morosidad, el Parlamento Europeo ha introducido normas equilibradas y claras que promueven la solvencia, la innovación y los empleos. Las pequeñas empresas y los hospitales públicos se beneficiarán de las medidas que proponemos.

Las primeras ya no se tendrán que enfrentar con problemas financieros derivados de la morosidad y los últimos podrán beneficiarse de un plazo de pago ampliado de 60 días debido a su particular naturaleza, con financiación procedente de reembolsos conforme a los sistemas de seguridad social. Además, el acuerdo que deberíamos alcanzar con el Consejo permitirá una rápida entrada en vigor de la Directiva y una rápida transposición por parte de los Estados miembros ya en enero de 2011. Celebro la eficacia de esta votación.

 
  
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  Salvatore Tatarella (PPE), por escrito. (IT) Durante los últimos años, la morosidad se ha convertido en una carga cada vez más importante para la gestión financiera de las empresas. Representa un problema grave y peligroso que rebaja la calidad del sistema de licitaciones, socavando gravemente la supervivencia de empresas pequeñas y contribuyendo a la pérdida de competitividad de la economía europea. Las estadísticas son alarmantes, sobre todo en lo que respecta a Italia, donde la media de tiempo en que se efectúan los pagos es de 186 días, alcanzando su nivel más alto en 800 días a escala regional, en el sector de la sanidad. Es una verdadera vergüenza, que a menudo ha obligado a cerrar a muchas PYME. Con el presente informe, estamos dando un gran paso adelante para establecer en 60 días el límite para los pagos del sector público al sector privado. Por supuesto, la adopción de esta legislación no resolverá los problemas por arte de magia, pero sin duda representa un punto de partida para crear un círculo virtuoso, sobre todo en lo referente a las relaciones comerciales con autoridades públicas. La eficiencia e inmediatez de los poderes públicos en el pago de facturas constituye un paso importante que también tendrá beneficios para la economía europea. Espero que los Estados miembros, sobre todo Italia, transpongan la legislación muy rápidamente.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) El presente informe ha realizado una significativa contribución a la resolución del problema de la morosidad en las operaciones comerciales entre empresas y entre empresas y entidades públicas. La iniciativa aspira a lograr una mayor liquidez entre las empresas de la Unión Europea a través de una armonización. La lucha contra la morosidad es particularmente bienvenida en el actual periodo de crisis, ya que las largas demoras tienen repercusiones negativas en las actividades de las empresas. La medida pretende contribuir a un buen funcionamiento del mercado interior a través de la reforma urgente del plazo exigido y de las sanciones a aplicar en caso de no respetar este plazo.

En este contexto, recibo favorablemente la propuesta legislativa, que ha granjeado el apoyo generalizado del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), al que pertenezco, con la estipulación de un plazo general de 30 días para el pago de operaciones entre empresas y entre empresas y entidades públicas, permitiendo a estas últimas beneficiarse de un plazo de 60 días en casos excepcionales.

También considero positivo el establecimiento de un de interés aplicable, en situaciones de demora de pago, basado en la tasa de referencia, más un 8 %. En mi opinión, esta media se traduce en un fuerte impulso para la actividad económica de pequeñas y medianas empresas, que a menudo ven su desempeño económico seriamente afectado por obstáculos burocráticos.

 
  
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  Marianne Thyssen (PPE), por escrito (NL) Señor Presidente, Señorías, acabamos de votar la nueva Directiva revisada contra la morosidad en las operaciones financieras. He prestado mi máximo apoyo a este acuerdo. Los plazos de pago excesivamente largos y, por supuesto, la morosidad, constituyen una amenaza para la sana gestión de una empresa, pues afectan a la competitividad y la rentabilidad y podrían, a la larga, poner en peligro su pervivencia. Habida cuenta de que la actual Directiva no parece resultar lo bastante efectiva para desalentar el atraso en los pagos, también apoyo el refuerzo de las normas existentes. En lo que respecta a los plazos máximos de pago, pondremos en práctica garantías adicionales para las empresas porque, en principio, los pagos tienen que realizarse en un plazo de 30 días. Esto es especialmente importante para los pagos entre compañías y organismos gubernamentales. Después de todo, de ahora en adelante, los propios Estados miembros y gobiernos tendrán que predicar con el ejemplo. Esta es una cuestión de credibilidad, es decir, una cuestión de que en el futuro se exija a las Instituciones europeas que cumplan los mismos plazos legales que todos los demás. El hecho de que la Directiva estipule claramente que cualquier desviación contractual de las condiciones de pago estándar únicamente será posible por razones objetivas y leales, será un importante factor para su aplicación. Para concluir, espero que la compensación fijada con respeto a los costes de recuperación obligue a los morosos a ir por el buen camino y, mejor aún, a que permanezcan en él. Eso sería bueno para nuestras empresas y para nuestros trabajos.

 
  
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  Iva Zanicchi (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe de las señora Weiler sobre la lucha contra la morosidad en las operaciones financieras.

Las actividades empresariales se ven enormemente entorpecidas por las deudas o por la morosidad que, por una especie de efecto dominó, a menudo representan la causa del fracaso de empresas solventes en otras circunstancias. La morosidad representa un acontecimiento frecuente en Europa que está perjudicando a empresas, especialmente a empresas pequeñas.

Además, en la mayoría de Estados miembros, los poderes públicos suelen pagan con retraso en situaciones de dificultad financiera. Por tanto, ha surgido una necesidad de reforzar las medidas legales existentes emprendiendo una lucha contra la morosidad a fin de apoyar a las empresas, particularmente a las PYME, y establecer términos precisos y sanciones adecuadas para los infractores.

 
  
  

Informe: Ilda Figueiredo (A7-0233/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del presente informe dado que la pobreza representa un problema muy serio que afecta a 85 millones de nuestros conciudadanos, así que nadie deberían permanecer indiferente a ello. Es necesario que se coloque al frente de nuestras prioridades, y se merece una respuesta colectiva que garantice un mínimo de dignidad a aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social. La pobreza afecta a nuestros jóvenes y a nuestros mayores, y también cada vez más a nuestros trabajadores. Se calcula que solo durante los últimos dos años se han perdido 6 millones de puestos de trabajo, lo que viene acompañado de un empeoramiento de la precariedad y la inestabilidad de los salarios de los trabajadores, incluso si consiguen permanecer en sus puestos de trabajo. Necesitamos un enfoque sistémico que aborde y resuelva las causas de los problemas, cortando los problemas incipientes de raíz. Sin embargo, al mismo tiempo, en estos momentos no podemos proporcionar respuestas inmediatas y urgentes a sus consecuencias. Ante esto, garantizar que los más vulnerables de nuestra sociedad reciban una renta mínima para vivir y ofrecerles respuestas inmediatas que les permitan salir de esta situación, no solo representa una necesidad, sino también un imperativo que deberíamos respaldar, y que debe alcanzarse en un marco de responsabilidad y exigencia.

 
  
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  Roberta Angelilli (PPE), por escrito. (IT) La UE ha demostrado su compromiso de lucha contra la pobreza en el marco de las iniciativas promovidas para 2010, el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y con respecto a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Teniendo en cuenta la gravedad de la crisis económica y social y su impacto en el aumento de la pobreza y la exclusión social, algunos grupos de población vulnerables como las mujeres, los niños, los ancianos y los jóvenes han padecido con más intensidad los efectos negativos de la situación. En esta situación, incluso a pesar de que una renta mínima puede constituir un sistema adecuado para proteger a estos grupos, no tiene en cuenta el principio de subidiariedad ni, por tanto, el hecho de que este tema es responsabilidad de Estados miembros individuales.

Debido a las desigualdades entre salarios y niveles sociales que existen en Europa, resulta difícil establecer un límite de ingresos común. Creo que, en su lugar, resultaría útil alentar a los Estados miembros a mejorar las respuestas políticas a la lucha contra la pobreza, promoviendo la inclusión activa, unos ingresos adecuados, acceso a servicios de calidad y una redistribución justa de la riqueza. Sobre todo, sin embargo, se debería animar a los Estados miembros a optimizar el uso de los Fondos Estructurales a su disposición.

 
  
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  Elena Băsescu (PPE), por escrito. (RO) La comunidad internacional ha confirmado su compromiso de lucha contra la pobreza en varias ocasiones. Este enfoque global es necesario porque la pobreza no se limita a los países subdesarrollados del África subsahariana o Asia, sino que también afecta a un 17% de la población de la UE.

Creo que la cumbre del mes pasado de la ONU marca un avance importante hacia la adopción de un plan de acción específico para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La UE, por su parte, ha sugerido para 2020 una reducción del 25 % del número de personas que viven en la pobreza y una asignación del 0,7 % de la renta nacional bruta. Además, el Parlamento Europeo está promoviendo, mediante la adopción del presente informe, la inclusión activa de grupos desfavorecidos y proporcionando una cohesión económica y social eficaz.

Quisiera hacer referencia a la importante contribución realizada por Rumanía a los programas de las Naciones Unidas de lucha contra la pobreza, que asciende a 250 millones de euros. Dado que la ayuda al desarrollo debe ser mutua, mi país seguirá cumpliendo sus compromisos. No obstante, opino que se debe prestar más atención a los grupos de riesgo de pobreza, como la población rural o la minoría étnica romaní.

 
  
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  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. (ES) Esta iniciativa pretende que se aprueben distintas medidas a nivel europeo que eliminen la pobreza y la exclusión social. La crisis ha agravado la situación de muchas personas a nivel europeo, se han incrementado los índices de paro, siendo en este contexto más precaria la situación de las personas más vulnerables, como son las mujeres, los niños, las personas jóvenes y las de más edad. Por eso estamos necesitados de adoptar medidas a nivel europeo y estatal, y las rentas mínimas son buen instrumento para que las personas que las necesiten puedan vivir con dignidad. Pero el objetivo final es el de la integración total en el mercado laboral, que es lo que permite la verdadera cohesión social. En este sentido, espero que podamos conseguir que el desarrollo económico vaya acompañado de desarrollo social e incidir especialmente en el desarrollo de la economía social, así como cumplir los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de reducir en 20 millones el número de personas en riesgo de pobreza.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor del presente informe porque, a pesar de las numerosas declaraciones sobre la lucha contra la pobreza, los ciudadanos europeos siguen viviendo en la pobreza, las desigualdades sociales han aumentado y también está aumentando el número de trabajadores que sufren la pobreza. La Unión Europea debe emprender medidas activas a fin de combatir la pobreza y la exclusión social, prestando especial atención a personas con empleos precarios, desempleados, familias, ancianos, mujeres, madres solteras, niños necesitados y personas enfermas o con discapacidad a distinto nivel. Una renta mínima constituye una de las medidas básicas para luchar contra la pobreza, con el fin de ayudar a estas personas a salir de la pobreza y garantizar su derecho a una vida digna. Quisiera llamar la atención sobre el hecho de que una renta mínima solamente logrará su objetivo de combatir la pobreza si los Estados miembros emprenden acciones concretas a fin de garantizar una renta mínima y de aplicar programas nacionales de lucha contra la pobreza. Asimismo, en algunos Estados miembros los regímenes de renta mínima no alcanzan el umbral de pobreza relativa. Por lo tanto, la Comisión Europea debería tratar las buenas y malas prácticas en la evaluación de los planes de acción nacionales.

 
  
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  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. (RO) Cerca de 300 000 familias en Rumanía perciben una renta mínima garantizada del Estado con arreglo a una ley vigente desde 2001, y para la cual se realiza un esfuerzo fiscal de casi 300 millones de euros. Con la actual crisis económica como telón de fondo, cuyo impacto están experimentando sobre todo los ciudadanos de los países económicamente menos desarrollados, la recomendación realizada por el Parlamento Europeo para la introducción de un régimen de renta mínima en todos los Estados miembros ofrece una solución evidente. Si bien nadie puede discutir la necesidad de un régimen de renta mínima garantizada, resulta obvio que puede dar pie a que se cometan abusos.

Serán necesarios un plazo adecuado y un marco de control para el régimen porque existe el riesgo de que este régimen incite a las personas a no trabajar. Precisamente a fin de garantizar que esto no ocurra, se recomienda que todos los que reciban esta renta puedan también realizar algunas horas de trabajo para el beneficio de la comunidad. Hacia finales de 2008, 85 millones de personas en toda la UE vivían por debajo del umbral de la pobreza. Estas cifras ponen de relieve lo necesario que es el apoyo, especialmente cuando hablamos de jóvenes o ancianos.

 
  
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  Alain Cadec (PPE), por escrito. (FR) La crisis económica ha agravado considerablemente la pobreza. Cerca de 85 000 personas viven actualmente por debajo del umbral de la pobreza en la Unión Europea. En el contexto del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, acojo favorablemente el compromiso político asumido por el Parlamento Europeo a fin de garantizar una cohesión económica y social sólida y efectiva.

El informe Figueiredo señala que la introducción de una renta mínima a nivel nacional es una de las formas más efectivas de hacer frente a la pobreza. Sin embargo, estoy en contra de que exista una renta mínima a escala de la Unión Europea. Dicha medida sería demagógica y totalmente inapropiada en la situación actual. Los Fondos Estructurales, asimismo, desempeñan un papel fundamental a la hora de abordar la exclusión social. El Fondo Social Europeo, en particular, es una fuerte inversión europea diseñada para hacer el mercado laboral más accesible a aquellas personas que atraviesan dificultades. Debería continuar siendo un fuerte instrumento para la cohesión política durante el periodo 2014-2020.

 
  
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  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. (EL) He votado a favor de este excelente informe, porque insiste en la necesidad de adoptar medidas específicas a fin de eliminar la pobreza y la exclusión social, promoviendo una redistribución equitativa de ingresos y riqueza, garantizando de ese modo una renta adecuada y dotando de verdadero significado al Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Insta a los Estados miembros a adoptar una «perspectiva renovada» de las políticas para garantizar una renta adecuada, sabiendo que es necesario crear trabajos dignos y viables a fin de luchar contra la pobreza. Considera que los objetivos sociales deberían formar una parte integral de la estrategia de salida de la crisis y que la creación de empleo debe ser una prioridad para la Comisión Europea y los gobiernos de los Estados miembros, como primer paso hacia la reducción de la pobreza. Considera que los se deben establecer regímenes de renta mínima adecuados a un nivel en un nivel de al menos el 60 % de la mediana de la renta en el Estado miembro de que se trate. Destaca asimismo la importancia de la existencia de unas prestaciones de desempleo que garanticen un nivel de vida digno a sus beneficiarios, así como la necesidad de reducir la duración de las ausencias del trabajo, entre otros medios, aumentando la eficacia de las agencias públicas de empleo. También destaca la necesidad de adoptar normas en materia de seguros para establecer un vínculo entre la pensión mínima abonada en los diferentes Estados miembros y el correspondiente umbral de pobreza.

 
  
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  Ole Christensen (S&D), por escrito. (DA) Nosotros, los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo (Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Britta Thomsen y Ole Christensen), hemos votado a favor del informe de iniciativa propia sobre el papel de la renta mínima en la lucha contra la pobreza y la promoción de una sociedad integradora en Europa. Consideramos que todos los Estados miembros de la UE deberían aceptar objetivos de lucha contra la pobreza e introducir regímenes de renta mínima. Al mismo tiempo, consideramos que estos objetivos y regímenes deben adaptarse a las circunstancias de los Estados miembros individuales. Consideramos que existen muchas maneras de evaluar la pobreza y debería ser decisión de cada Estado miembro encontrar la mejor forma de hacerlo, así como elaborar un régimen de renta mínima a la medida de ese Estado miembro.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) La actual crisis económica ha tenido un enorme impacto en el aumento del desempleo, en la aceleración desenfrenada de la pobreza y en la exclusión social de personas por toda Europa. La pobreza y la exclusión social han alcanzado niveles intolerables: cerca de 80 millones de europeos viven por debajo del umbral de la pobreza, 19 millones de los cuales son niños —el equivalente a casi 2 de cada 10 niños— y muchos otros se enfrentan a serios obstáculos en el plano del empleo, la educación, la vivienda y los servicios sociales y financieros. El desempleo también ha alcanzado niveles sin precedentes en todos los Estados miembros, con un promedio europeo del 21,4 %, en el que uno de cada cinco jóvenes se encuentra desempleado. La situación es inaceptable y es necesario que hagamos todo lo que esté en nuestro poder para ayudar a resolver la tragedia que estas personas están viviendo.

El año 2010 se ha designado como año europeo de lucha contra este azote a tal efecto, con el propósito de fortalecer el compromiso político de la UE y de adoptar medidas con un impacto decisivo en la erradicación de la pobreza. Coincido en la necesidad de que exista un salario mínimo en cada Estado miembro, acompañado de una estrategia de reintegración social y acceso al mercado laboral.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. (IT) La cohesión económica y social son un requisito previo fundamental de cualquier política común, tanto en Europa como en contextos de menor escala. Allí donde los intereses difieren, los objetivos también divergirán y resultará imposible planificar nada de forma conjunta. Mejorar el nivel de vida de los que viven por debajo del umbral de la pobreza es una prioridad. Los recursos públicos disponibles en este ámbito son, sin duda alguna, una inversión a medio plazo, habida cuenta de que, si bien distribuidos, dan lugar a fenómenos de crecimiento que se retroalimentan. Siempre resulta incierto transferir sumas fijas de dinero, si no forman parte de un programa más amplio de incentivos. Dos situaciones requieren un enfoque distinto. La primera situación, relacionada con el bienestar social, es cuando un trabajador no puede ganar lo suficiente como para llevar una vida digna, ya sea por discapacidades de tipo físico o mental, o por otras razones relacionadas. La segunda situación, relacionada con cuestiones legales y económicas, tiene que ver con la rigidez del mercado laboral, que no equipara productividad y salarios, o que no le permite a uno trabajar tanto como quisiera o de forma proporcional a la cantidad que desea ganar para llevar una vida digna. En estas dos situaciones, el sector público puede y debe intervenir, dejando que en el resto se cree un incentivo para trabajar denodadamente, y nunca al revés.

 
  
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  Corina Creţu (S&D), por escrito. (RO) Aproximadamente una quinta parte de la población de la UE vive por debajo del umbral de la pobreza, con tasas de pobreza mayores entre los niños, los jóvenes y los ancianos. El porcentaje de trabajadores pobres está aumentando de forma paralela a la proliferación de trabajos precarios y mal pagados. En diez Estados miembros, la tasa de privación material afecta a al menos una cuarta parte de la población en el caso de Rumanía y Bulgaria. Todos estos factores se suman al hecho de que Europa se enfrenta a un problema de pobreza exacerbado no solo por la recesión, sino también por las políticas antisociales aplicadas por los gobiernos de derecha. La renta mínima puede garantizar protección social para amplios segmentos de la población que viven en la pobreza. La renta mínima posee un papel absolutamente primordial para evitar situaciones trágicas derivadas de la pobreza y para detener la exclusión social. A fin de luchar eficazmente contra la pobreza, es necesario, asimismo, mejorar la calidad de empleos y salarios e introducir el derecho a una renta, así como los medios para proporcionar prestaciones sociales, pensiones y subsidios. El año 2010 es el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, continuando con la campaña a favor de una sociedad integradora adoptada por el Tratado de Lisboa. Esto me proporciona otra razón para votar a favor de esta campaña.

 
  
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  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito (RO) Considero necesario actuar tanto a a nivel europeo como a nivel nacional para proteger a los ciudadanos y a los consumidores contra las cláusulas abusivas relativas al reembolso de préstamos y cargos en tarjetas de crédito y para establecer unas condiciones de acceso al crédito orientadas a impedir que las familias caigan en el endeudamiento excesivo y, por ende, en la pobreza y la exclusión social.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. (FR) En Europa, 20 Estados miembros disponen de una legislación nacional que establece un salario mínimo, y las diferencias entre los países pueden ser muy importantes. De este modo, el salario mínimo en Luxemburgo asciende aproximadamente a 1 682 euros, mientras que en Bulgaria es solo de 123 euros.

Por ese motivo el Parlamento Europeo ha reiterado su petición de una renta mínima europea. Esta renta mínima podría ser una de las soluciones a explorar para impedir que millones de europeos caigan en la pobreza. Consideramos importante señalar que la garantía de una renta mínima debería naturalmente ir acompañada de una estrategia social general que incluya acceso a servicios básicos como la atención sanitaria, el acceso a la vivienda, la educación y la formación permanente, para todas las edades y de forma adaptada a cada país.

Los diputados al Parlamento Europeo han puesto de relieve que el verdadero objetivo de los regímenes de renta mínina no debería residir solamente en prestar ayuda sino también en apoyar a los beneficiarios de modo que puedan pasar de una situación de exclusión social a una vida laboral.

 
  
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  Christine De Veyrac (PPE), por escrito. (FR) Mi apoyo favorable al presente informe subraya la importancia de la solidaridad en el seno de nuestras sociedades europeas, especialmente en este Año Europeo de Lucha contra la Pobreza.

Determinados Estados miembros, como Francia, han desempeñado un papel pionero en la creación de una «renta mínima garantizada» hace 20 años. Sin embargo, la experiencia nos ha enseñado que este sistema puede generar efectos contrarios y, por ejemplo, alentar a algunas personas a la inactividad. Por ese motivo la Unión debe considerar medidas que, como el revenu de solidarité active francés, o renta de solidaridad activa, creen un sentido de responsabilidad en los beneficiarios y les incite a buscar empleo, que constituye el primer auténtico factor de integración social.

 
  
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  Anne Delvaux (PPE), por escrito. (FR) Yo siempre he reclamado, y ya hice figurar esto en mi programa electoral para las elecciones europeas de 2009, la introducción de una renta mínima equivalente al 60 % de los ingresos medios de cada ciudadano de la Unión. Hoy, sin embargo, esta Cámara ha votado desgraciadamente en contra de esta propuesta legislativa a nivel comunitario.

En este año europeo 2010 de lucha contra la pobreza, estoy convencida de que una Directiva marco sobre renta mínima podría haber servido como texto de referencia para políticas y legislaciones nacionales.

Creo que esta era la manera más eficaz de reducir la pobreza y de sacar de la pobreza a 20 millones de personas para 2020. Cabe recordar que 80 millones de personas en Europa se encuentran viviendo por debajo del umbral de la pobreza.

 
  
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  Ioan Enciu (S&D), por escrito. (RO) Opino que es preciso evitar a toda costa que aumente el riesgo de pobreza en Europa, pues puede tener una repercusión negativa a nivel estructural a largo plazo, tanto desde una perspectiva social como económica. He votado a favor del presente informe porque considero que se debe garantizar una renta mínima razonable a fin de asegurar un nivel de protección social digno, en particular, para los segmentos de población más vulnerables, que se han visto gravemente afectados por las políticas de austeridad aplicadas por los gobiernos europeos durante la crisis económica y financiera actual.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Aunque no soy insensible a las graves consecuencias que está teniendo la crisis sobre los ciudadanos, creando o agravando la situación de pobreza de muchos europeos, no coincido con la visión estatista que pretende resolver este problema con más beneficios sociales, como en el caso de una renta mínima fija a nivel europeo.

Aumentar los beneficios sociales exige más dinero por parte del Estado, y dado que esto no genera riqueza, solo se puede obtener incrementando los ingresos fiscales. Esto se traduce en más impuestos para todos, lo que hace que todo el mundo sea más pobre y más dependiente de ese mismo Estado-sanguijuela.

La lucha contra la pobreza debe llevarse a cabo a través de políticas de empleo y competitividad económica. Si Portugal no fuera testigo semana tras semana del cierre de varias empresas, no estaría viendo a tantos portugueses quedarse en paro y viviendo en la pobreza. Por tanto, considero que la lucha contra la pobreza debería llevarse a cabo estimulando la economía y el mercado, no a través de subsidios, que siempre han de financiarse con impuestos que, como sabemos, asfixian tanto a los contribuyentes como a la economía y constituyen un obstáculo para la competitividad económica.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Tal y como manifesté hace un año en esta Cámara, abogo por un nuevo concepto de socialidad en la Unión Europea, capaz de asegurar a cada ciudadano unas condiciones de vida mínimas. En una Europa socialmente consciente, equitativa, evolucionada y cohesiva resulta imperativo garantizar a sus ciudadanos medidas destinadas a erradicar y minimizar el riesgo de dumping social y la degradación de las condiciones de vida, de cara a los efectos devastadores de la crisis económica actual. Para conseguir una Europa más fuerte y unida, debemos velar por la protección de los derechos básicos de los ciudadanos en todo el espacio europeo. Entiendo que sean necesarios unos estándares mínimos en los ámbitos de la salud, la educación y las pensiones sociales, incluso en lo que respecta a la remuneración, con objeto de garantizar una mayor uniformidad en las condiciones de empleo. En el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, acojo favorablemente el presente informe porque contribuye a incentivar a los Estados miembros a fin de que asuman sus responsabilidades en materia de inclusión activa, corrigiendo las desigualdades sociales y la marginación. Quisiera destacar que debería existir un equilibrio realista y un respeto por el principio de subsidiariedad. Por todo lo expuesto, voto a favor del presente informe.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Quisiera destacar la importancia de la aprobación del presente informe, del que he sido responsable, en la sesión plenaria del Parlamento Europeo, proponiendo la introducción de regímenes de renta mínima en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Ha sido aprobado en esta Cámara por 437 votos frente a 162, con 33 abstenciones, y ha surgido como medida específica en el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Tal y como indica este informe, «la introducción en todos los Estados miembros de la UE de regímenes de renta mínima, consistentes en medidas específicas de apoyo a las personas (niños, adultos y ancianos) con ingresos insuficientes mediante prestaciones económicas y acceso facilitado a los servicios, es uno de los medios más eficaces para combatir la pobreza, garantizar un nivel de vida adecuado y fomentar la integración social».

La Resolución aprobada defiende que los regímenes de renta mínima deben establecer ingresos mínimos en un nivel de al menos el 60 % de la mediana de la renta en el Estado miembro de que se trate. Insta a la Comisión a elaborar un plan de acción destinado a acompañar la puesta en práctica de una iniciativa europea sobre una renta mínima en los Estados miembros. Llama la atención sobre el número creciente de pobres con trabajo y sobre la necesidad de abordar este nuevo desafío, y pide una distribucion justa de los ingresos.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. (FR) Pocas veces me he encontrado ante un informe tan demagógico y poco realista. Demagógico porque pretende introducir una renta mínima de al menos el 60 % de la renta media en todos los Estados miembros y para todos, sin ningún requisito de nacionalidad. ¿Se trata de una renta media bruta o neta? ¿Es ese el nivel de vida medio que se utiliza para calcular el umbral de la pobreza? En mi país, esto equivale a fomentar la inactividad y crear un poderoso imán para la inmigración.

Porque, de acuerdo con la definición empleada, esta renta podría ser superior al salario mínimo, que es lo que percibe el 15 % de los trabajadores franceses; un récord entre países desarrollados. No son ayudas lo que Europa necesita, sino puestos de trabajo reales, con una remuneración digna. Sin embargo, y esta es la parte poco realista, el informe ignora las verdaderas causas de la pobreza: la presión que ejerce sobre los salarios la competencia externa de países de bajos costes en los que se practica el dumping social, así como la competencia interna de la inmigración no europea; y la explosión del desempleo, las deslocalizaciones y los cierres de empresas causados por una globalización descontrolada. También pasa por alto el caso extremadamente preocupante del empobrecimiento de las clases medias europeas. Es preciso que la lucha contra estas causas se convierta en prioridad.

 
  
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  Louis Grech (S&D), por escrito. – A pesar de que la Unión Europea es una de las regiones más ricas del mundo, todavía se puede encontrar un elevado porcentaje de ciudadanos europeos haciendo frente al problema de la escasez de ingresos, lo que limita su capacidad adquisitiva en lo referente a las necesidades básicas en materia de alimentación, salud, energía y educación. La pobreza afecta a 85 millones de personas en Europa. Además, como consecuencia del declive financiero y económico actual, existe un mayor riesgo de que la pobreza afecte principalmente a niños, jóvenes y ancianos, colocando a muchos hogares en una situación más vulnerable al reducir su acceso a medicinas, atención sanitaria, escuelas, educación y empleo. Tenemos que asegurarnos de que la riqueza se distribuya uniformemente entre Estados miembros ricos y pobres, entre países grandes y pequeños, así como entre sus ciudadanos.

Es preciso asignar fondos adicionales a diferentes estudios y análisis relacionados con la pobreza y la exclusión social para comparar los sistemas de los 27 Estados miembros e identificar qué política funciona mejor. Tenemos que continuar luchando contra la pobreza y la exclusión social en Europa y en todo el mundo a través de una acción urgente y, aún más importante, colaborando en solidaridad a pesar de las distintas presiones fiscales y políticas que nos podamos encontrar.

 
  
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  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. (FR) Actualmente en Europa el 17 % de la población, el equivalente a aproximadamente 85 millones de personas, vive por debajo del umbral de la pobreza. Detrás de estas cifras, la pobreza extrema es la más preocupante y está realizando avances, especialmente en estos tiempos de recesión, motivo por el cual una renta mínima resulta crucial.

Habida cuenta de que 2010 es el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y después del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en el Parlamento Europeo hemos votado a favor de una Resolución que pide una renta mínima europea de al menos el 60 % de la renta media en cada Estado miembro.

Nuestro informe hace hincapié en que la introducción de regímenes de renta mínima en todos los Estados miembros constituye una de las medidas más eficaces para luchar contra la pobreza, asegurar unas condiciones de vida dignas y fomentar la integración social, y acojo favorablemente la adopción de la presente Resolución.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. (FR) He respaldado el informe que invita a los Estados miembros a hacer frente a la pobreza por medio de la introducción de regímenes de renta mínima basados en el modelo francés de RSA (revenu de solidarité active - renta de solidaridad activa), anteriormente RMI (revenu minimum d’insertion – renta mínima de inserción). La gran utilidad de esta herramienta para luchar contra la precariedad laboral ha quedado claramente reconocida.

El texto propone que este tipo de renta mínima ascienda al menos al 60 % del salario medio de cada país y, sobre todo, que sea parte de una estrategia global para la integración, con una vuelta al empleo duradero y acceso a servicios públicos, principalmente a la vivienda.

El texto ha sido aprobado pero, desgraciadamente, se han rechazado las versiones alternativas propuestas por los grupos de izquierda, que pedían una directiva marco vinculante a fin de aplicar la renta mínima en toda la Unión. La posición que hemos adoptado a favor de estos regímenes de renta mínima es, por tanto, alentadora, pero probablemente resulte insuficiente.

 
  
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  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito (PL) Los datos recientes revelan que los niveles de pobreza aumentan en la Unión Europea. En muchos Estados miembros, la pobreza ha afectado especialmente a niños y a ancianos, y la proliferación de contratos de trabajo temporales y de ingresos bajos y precarios comportan el riesgo de deteriorar los niveles de vida en toda la sociedad. Si a eso le sumamos la crisis demográfica que afecta a algunos países, obtenemos la receta de un declive económico garantizado. Nuestra labor consiste en asegurar una vida digna para todos los ciudadanos.

No podemos permitir que nuestros hijos y nietos vivan bajo la amenaza del hambre, el desempleo y la exclusión social. Debemos garantizar a las futuras generaciones unos niveles de salario dignos, estabilidad profesional, acceso a los servicios públicos e integración social durante toda su vida; desde la más temprana edad hasta la jubilación.

 
  
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  Alan Kelly (S&D), por escrito – Se calcula que aproximadamente 85 millones de personas están en situación de pobreza o corren el riesgo de caer en ella y considero que a un nivel europeo se debe hacer todo lo que sea posible con el fin de hacerle frente. Resulta vital que se introduzcan procedimientos como este para ayudar a reducir el número de personas en riesgo de pobreza en la UE a fin de garantizar el cumplimiento del objetivo UE 2020 de eliminar este riesgo para 20 millones de europeos.

 
  
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  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. (RO) La crisis económica y financiera ha agravado la situación del mercado laboral en toda la Unión Europea. Muy recientemente se han perdido aproximadamente 5 millones de puestos de trabajo, lo que ha provocado pobreza y exclusión social en los Estados miembros. Apoyo firmemente el presente informe porque considero que son necesarias medidas urgentes para reintegrar en el mercado laboral a las personas afectadas, así como la garantía de una renta mínima que permita asegurar un nivel de vida digno y una vida acorde con la dignidad humana. Opino que debemos desarrollar unos indicadores relevantes que nos permitan introducir regímenes de renta mínima en los Estados miembros, garantizando de ese modo un nivel de vida adecuado que fomente la integración social y promueva la cohesión social y económica en toda la Unión Europea.

 
  
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  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), por escrito. (PL) Una herramienta eficaz para luchar contra la pobreza consiste en garantizar a los ciudadanos de la Unión Europea una renta mínima que incluya salarios, pensiones y beneficios. Una renta mínima debería ser un derecho universal, y no contributivo.

Deberíamos prestar una atención particular a grupos sociales que se encuentren en una situación especialmente vulnerable a la pobreza y la exclusión social, lo que incluye, concretamente, a personas discapacitadas, familias numerosas y familias monoparentales, enfermos crónicos y ancianos. Un análisis de la experiencia de distintos Estados miembros nos ha demostrado la importancia del papel que desempeñan las rentas mínimas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y por eso he votado a favor del informe de la señora Figueiredo.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. (IT) Hoy en día resulta esencial incluir la prevención y la lucha contra la pobreza y la exclusión social en otras políticas de la UE con el fin de garantizar el respeto por los derechos humanos fundamentales, el acceso universal a los servicios públicos básicos y el derecho a la salud, la educación y la formación profesional.

Todo esto exige una sostenibilidad social de las políticas macroeconómicas, lo que implica un cambio en las prioridades y políticas monetarias, incluyendo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como todas las políticas en materia de competencia, políticas de mercado interior y políticas presupuestarias y fiscales. El presente informe utiliza el término «renta mínima», un término controvertido definido como un instrumento permite acompañar a los beneficiarios en su paso desde situaciones de exclusión social a la vida activa, pero también subraya la importancia de políticas más amplias que tengan en cuenta igualmente otras necesidades: atención sanitaria, educación, formación, servicios sociales y vivienda.

He votado a favor del presente informe porque apoyo la idea de la necesidad de una estrategia de coordinación a escala europea. Considero, no obstante, que la renta mínima es competencia de los Estados miembros individuales, sobre la base del principio de subsidiariedad. Resulta difícil establecer un umbral mínimo en los diversos Estados miembros cuando existen importantes diferencias entre salarios y el coste de la vida en general.

 
  
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  Barbara Matera (PPE), por escrito. (IT) Los contenidos del Tratado de Lisboa, las disposiciones de la Estrategia UE 2020 y los principios incluidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio no parece estar reflejados, ni siquiera en términos de perspectivas de futuro, en la desconcertante realidad, que es que un enorme número de personas viven en la miseria incluso hoy. Solamente en Europa, alrededor de 80 millones de ciudadanos viven en condiciones de pobreza, de los cuales 19 millones son niños. Las ambiciosas políticas que la comunidad internacional se ha fijado para erradicar la pobreza con demasiada frecuencia han demostrado resultar ineficaces y difíciles de aplicar o bien terminan siendo únicamente medidas de bienestar social.

En su lugar, los objetivos deben lograrse teniendo en cuenta un enfoque más estructural, evaluando iniciativas específicas coordinadas a nivel europeo que tengan un impacto sobre la renta, los servicios sociales y la atención sanitaria, con el objetivo de contrarrestar el impacto de una crisis financiera que ha afectado a las personas en situación más vulnerable en el mercado laboral, sobre todo a las mujeres, concretamente a las mujeres de mayor edad, y a los jóvenes. Considero que valorar las iniciativas europeas que pretendan establecer una renta mínima podría representar una de las vías para luchar contra la pobreza, siempre y cuando se respete el principio de subsidiariedad.

 
  
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  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. (PT) La aplicación de una renta mínima en todos los países de la Unión Europea es una medida fundamental para luchar contra la pobreza. Por lo tanto, voto a favor de este importante informe.

La renta mínima, sin embargo, se calcula país por país, por lo que no contribuye a una convergencia social en el espacio europeo. Mantiene las desigualdades nacionales en el contexto de crisis que estamos experimentando en este momento. Por consiguiente, son necesarias más medidas sociales transversales a nivel europeo a fin de asegurar una redistribución más justa de la riqueza. Esta es una parte importante del papel de la UE.

 
  
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  Erminia Mazzoni (PPE), por escrito. (IT) La Unión Europea siempre ha proclamado la «integración social» como uno de sus principios fundacionales. Resulta difícil luchar contra las muchas situaciones que conducen a la marginalidad, el alejamiento y el abandono. Entre ellas, la pobreza debe sin duda ocupar una alta posición en la lista. A diferencia de otras causas como la enfermedad, el comportamiento antisocial, la raza o el dinero, esta representa una condición para la que los países civilizados deberían organizar medidas ordinarias de prevención.

Una renta mínima para los ciudadanos constituye un remedio, no una solución. En la Resolución, apoyo la petición de la Comisión de incluir acciones a nivel estatal dentro de un marco de coordinación a escala europea a fin de asegurar que la renta mínima venga acompañada de un enfoque integrado que incluya atención sanitaria, educación y vivienda. Yo añado también mi propio llamamiento personal a la Comisión para que se conceda prioridad al objetivo de la prevención en la «Plataforma para la lucha contra la pobreza y la exclusión social».

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Los Estados miembros no pueden permanecer insensibles a las situaciones de extrema pobreza, y deben asegurarse de que nadie quede simplemente abandonado a su suerte en situaciones que muchas veces son profundamente degradantes. Sería preciso considerar una ayuda de carácter extraordinario y excepcional para estos casos concretos.

No obstante, experiencias como la portuguesa de atribución de rentas sin un control eficaz y con un número enorme de personas inscritas como beneficiarias, que podrían y deberían trabajar pero que no trabajan ni lo intentan, constituyen una perversión del enfoque que se debe abordar. Por tanto, me he abstenido debido al hecho de que los aspectos que he descrito con respecto a la supervisión adecuada del sistema lo ponen en entredicho, tanto a un nivel financiero como moral.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Los Estados miembros no pueden permanecer insensibles a las situaciones de extrema pobreza, y deben asegurarse de que nadie quede simplemente abandonado a su suerte en situaciones que muchas veces son profundamente degradantes. Debería considerarse un apoyo de carácter extraordinario y excepcional estrictamente para estos casos.

No obstante, experiencias como la portuguesa de atribución de rentas sin un control eficaz y con un número enorme de personas inscritas como beneficiarias, que podrían y deberían trabajar pero que no trabajan ni lo intentan, constituyen una perversión de la lógica que se debe considerar. Por ese motivo me he abstenido: por el hecho de que los aspectos descritos con respecto a la supervisión adecuada del sistema lo ponen en entredicho, tanto a nivel financiero como moral.

 
  
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  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. (ES) Me he posicionado a favor de la Resolución del Parlamento Europeo «El papel de la renta mínima en la lucha contra la pobreza y la promoción de una sociedad integradora en Europa» ya que comparto la mayoría de las peticiones y opiniones que recoge, como, por ejemplo, la necesidad de que los Estados miembros, el Consejo y la Comisión implementen «medidas concretas para eliminar la pobreza y la exclusión social» o que «la lucha contra la pobreza requiere la creación de unos empleos dignos y duraderos para las categorías sociales desfavorecidas en el mercado laboral». En ese punto creo de gran valor la defensa del establecimiento de una renta mínima en todos los Estados miembros que permita que todas las personas, empleadas o no, puedan vivir dignamente. He apoyado esta Resolución puesto que, en general, exige una mayor intervención estatal frente a la situación de pobreza que sufren millones de ciudadanos. Para ello, demanda de los Estados y de las instituciones europeas medidas concretas para la reinserción laboral digna de las personas en situación de pobreza.

 
  
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  Siiri Oviir (ALDE), por escrito. (ET) Como diputada, me preocupa particularmente que las mujeres de la UE se hayan visto mucho más amenazadas por la pobreza extrema que los hombres durante la actual crisis. Si se fijan ustedes en las cifras de Eurostat, el 27 % de las mujeres en este momento, antes de recibir las prestaciones sociales, se encuentran en riesgo de pobreza. En la sociedad europea, la tendencia sostenida hacia la feminización de la pobreza revela que el marco existente de sistemas de prestación social así como las diferentes medidas en materia de política social, económica y de empleo adoptadas por la UE no están diseñadas para las necesidades de las mujeres o para eliminar las diferencias existentes con respecto empleo femenino. Apoyo, por lo tanto, a la ponente, que afirma que la pobreza y la exclusión social de las mujeres en Europa exigen soluciones políticas concretas, y basadas en el género; también he apoyado con mi voto que se aborde esta cuestión.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe de la señora Figueiredo. El trabajo representa la máxima prioridad para la población. La solidaridad sobre la que se basa el modelo de economía social de mercado y la coordinación de respuestas nacionales resultan vitales. Las iniciativas emprendidas por los Estados miembros individuales no resultarán efectivas a menos que se emprenda una acción coordinada a escala de la UE. Resulta esencia, por tanto, que la Unión Europea se pronuncie con una sola voz enérgica y con una visión común, permitiendo posteriormente a los Estados individuales elegir la aplicación concreta de medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad. En la economía social de mercado, consagrada y fomentada por el Tratado, los poderes públicos deben aplicar medidas destinadas a resolver, acelerar y facilitar el logro de un equilibrio a fin de evitar dificultades a los ciudadanos o al menos minimizar sus efectos. Son necesarias políticas sociales para proteger a las familias, limitando las desigualdades así como el impacto y los efectos de la crisis. Es necesario mejorar los sistemas de protección social mediante la aplicación de políticas a largo plazo, también con respecto a los empleos, que aporten una mayor estabilidad al empleo, evitando al mismo tiempo cargas insostenibles sobre nuestros presupuestos nacionales.

 
  
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  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. (EL) He votado a favor de la propuesta de resolución —enmienda 3— (artículo 157, apartado 4, del Reglamento) para reemplazar la propuesta legislativa por una Resolución A7-0233/2010 sobre el papel de la renta mínima en la lucha contra la pobreza y la promoción de una sociedad integradora en Europa. Esta disposición, especialmente en la época de crisisi actual, no entra en conflicto con el principio de economía social de mercado, un principio que suscribo sin reservas.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) La pobreza constituye un problema social muy importante en todo el mundo y, lamentablemente, la UE no es inmune. Además, la ya prolongada crisis financiera y económica que vivimos ha agravado el nivel de pobreza de los europeos, creando una nueva ola de pobres en algunos países, como Portugal, e incluso afectando a la comúnmente denominada clase media.

La asignación de una renta mínima es una medida social importante con un impacto significativo en el terreno económico, y muchos lo consideran una obligación moral. Lo fundamental es que esta renta mínima se regule de tal forma que actúe como palanca para sacar de la pobreza a las personas y las integre en un nivel de vida aceptable y que nunca sea un incentivo para actuar con pasividad ante una situación difícil, concretamente actuando con falta de compromiso en la búsqueda de empleo.

 
  
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  Rovana Plumb (S&D), por escrito. (RO) La pobreza es una realidad que afecta a personas cuyos ingresos resultan insuficientes para proporcionarles un nivel de vida aceptable; y la cantidad de personas en esta situación va en aumento debido a la crisis actual. En 2008, el 17 % de la población europea (aproximadamente 85 millones de personas) ha quedado expuesta a la amenaza de la pobreza. En el caso de los niños y de los jóvenes hasta los 17 años, la tasa de riesgo de pobreza ha sido superior a la del resto de población, alcanzando el 20 % en la UE-27, con la tasa más alta registrada en Rumanía (33 %). La tasa de riesgo de pobreza para los desempleados fue de un 8 % de media en la UE-27, y la tasa más elevada se ha registrado nuevamente en Rumanía.

He votado a favor de la necesidad de adoptar un sistema para calcular la renta mínima (equivalente a al menos el 60 % de la mediana de la renta en el Estado miembro de que se trate) en cada Estado miembro, que consiste en adoptar medidas específicas destinadas a apoyar a las personas con rentas insuficientes mediante una dotación de fondos y facilitando el acceso a servicios. Este paso podría ser una de las formas más efectivas de luchar contra la pobreza, de garantizar un nivel de vida adecuado y de fomentar la integración social.

 
  
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  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. (FR) Sacar a 20 millones de ciudadanos europeos de la pobreza para 2020; ese es el ambicioso objetivo fijado en la Estrategia UE 2020, un objetivo que bien podría seguir siendo una esperanza infundada si Europa no domina el aumento del empobrecimiento, que en este momento afecta a más de 80 millones de ciudadanos.

Por eso resulta importante introducir a escala europea una renta mínima de subsistencia o su ampliación a todos los Estados miembros. Diseñada como «última red de seguridad», la renta mínima ya desempeña una función en la lucha contra la exclusión social.

Ahora es necesario que aumentemos su eficacia, teniendo principalmente presentes tres aspectos: debemos conservar el diferencial entre renta mínima y salario mínimo garantizado, porque el trabajo debe seguir siendo atrayente y la inserción profesional debe seguir siendo la mejor manera de no caer en la pobreza; debemos convertir la renta mínima en parte de una política coordinada y exhaustiva para ayudar a las personas más vulnerables (acceso a la vivienda, atención sanitaria, cuidado de los hijos y del hogar); y debemos borrar la rúbrica I referente a la integración de los objetivos asignados para ello y aprovechar la renta mínima como herramienta para ayudar financieramente, en un momento dado, a una persona o familia que esté atravesando dificultades.

 
  
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  Robert Rochefort (ALDE), por escrito. (FR) Un total de 85 millones de personas se ven amenazadas por la pobreza en Europa. La actual crisis económica que atravesamos está provocando que los jóvenes (de los cuales, uno de cada cinco no tiene empleo) y las mujeres y familias monoparentales aún sean más vulnerables. Asimismo, las condiciones laborales precarias van en aumento: la cifra de personas afectadas por la pobreza es actualmente de 19 millones. Pese a que el año 2010 fue declarado «Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social», una reciente encuesta del Eurobarómetro sobre la opinión de los ciudadanos de la UE demostró que el 74 % de ellos esperan que la UE desempeñe un papel importante en este ámbito. Escuchémosles y actuemos. Presté mi apoyo a la resolución sobre el papel de la renta mínima a la hora de abordar la pobreza y promover una sociedad integradora en Europa. Lamentablemente, no todos los 27 Estados miembros cuentan con una renta mínima. En consecuencia, respaldé la invitación hecha a la Comisión para ejercer su derecho de iniciativa a fin de proponer una Directiva marco que establezca el principio de una renta mínima adecuada en Europa, basándose en criterios comunes, aunque lamentablemente esta invitación ha sido rechazada.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. (FR) Con nuestra propuesta de una Directiva marco sobre una renta mínima, el Parlamento hoy ha tenido la ocasión de dotar a Europa de un instrumento fundamental para combatir realmente la pobreza y garantizar a todos y cada uno de los jóvenes, adultos y personas mayores el derecho de contar con unos ingresos suficientes para sacarles de la pobreza y permitirles finalmente vivir con dignidad. Esta decisión precisaba de valor y coraje políticos, para poner fin al indignante escándalo de la pobreza a largo plazo.

Sin embargo, debido a su cobardía e incoherencia política, la derecha europea soportará la pesada responsabilidad del fracaso de la Estrategia UE 2020 y aún provocará más desilusión entre nuestros conciudadanos y entre todas aquellas organizaciones que luchan día a día a favor de los más vulnerables.

 
  
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  Oreste Rossi (EFD), por escrito. (IT) En una sociedad moderna habitada por ciudadanos activos y honrados, sería fantástico instaurar una renta mínima para aquellos que están sin empleo. En la realidad, garantizar una renta a aquellas personas que no trabajan provoca una distorsión en el mundo laboral. Así, mucha gente preferiría no buscar trabajo y complementar su renta mínima garantizada con trabajo no declarado o cometiendo pequeñas infracciones.

Estas situaciones negativas sin duda afectarían a los grupos de población con menos medios para la supervivencia, especialmente familias que no son de la UE y que a menudo tienen que contentarse con compartir viviendas pequeñas y por ello de bajo coste. La garantía de un bienestar para todos claramente atraería a la población más pobre del mundo en busca de una vida en Europa ya que, pese a que no sea mucho lo que se les garantiza, sin duda es mejor que nada. Estos son los argumentos que motivan mi firme oposición a este informe.

 
  
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  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito. (PL) La pobreza y la exclusión social son una manifestación de la falta de respeto por la dignidad humana. Combatir el fenómeno es una prioridad de la Unión Europea, y también se contempla en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Qué podemos hacer y qué tareas debemos asumir en este sentido? Los factores más importantes son la educación y asegurar las condiciones de desarrollo, puesto que estas soluciones permitirían enseñar a las personas cómo gestionar el problema de la pobreza por ellos mismos, con su propio potencial, respaldados por soluciones sistémicas. Dicho de otro modo, debemos transmitirles los conocimientos y la experiencia que necesitan.

En los países en desarrollo, es importante apoyar la creación de infraestructuras, especialmente dar acceso a las personas a agua salubre. La ayuda al desarrollo debe ir vinculada a la creación de condiciones que fomenten el comercio. Facilitar el desarrollo y la creación de nuevos empleos es la mejor manera de combatir la pobreza en distintas regiones del mundo, tanto ricas como pobres. No se puede abordar la pobreza de manera efectiva sólo mediante normas administrativas, incluso aquellas que establecen rentas mínimas.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) La crisis económica ha agravado las desigualdades sociales en la UE. A finales de 2008, casi el 17 % de la población europea —es decir, 85 millones de personas— vivían por debajo del umbral de la pobreza. Los efectos de la crisis, es decir, el aumento del desempleo y unas menores oportunidades laborales, han colocado a muchas personas en una situación difícil. Es fundamental que Europa se implique en la promoción de una sociedad más integradora mediante medidas de erradicación de la pobreza. El año 2010 es el «Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social», y uno de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 es reducir en 20 millones la cantidad de personas que corren el riesgo de caer en la pobreza. Lo cierto es que el nivel de pobreza no sólo afecta a la cohesión social, sino también a la economía.

En consecuencia, y si se tiene en cuenta el compromiso del Parlamento de participar en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, creo que el programa de renta mínima que se basa en el 60 % de los ingresos medios de los Estados miembros en cuestión constituye una contribución importante a la cohesión económica y social. He votado a favor por los motivos anteriormente expuestos y porque creo que el informe destaca la necesidad de contar con medidas concretas que conduzcan a una cohesión social y económica más efectiva que respete la subsidiaridad.

 
  
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  Thomas Ulmer (PPE), por escrito. (DE) He votado en contra de este informe porque da la vuelta a la consolidación presupuestaria de los Estados miembros y porque desprende el típico tufo de ornamentación comunista sobre los traslados entre Estados. Además, existe una clara violación del principio de subsidiaridad en el ámbito social. En la República Federal de Alemania, la ayuda social y los ingresos garantizados por el Estado mediante los subsidios por desempleo a largo plazo Hartz IV son ya tan altos que en el caso de los trabajos de baja calificación, no vale la pena trabajar. En este sentido, debe existir una separación mínima obligatoria entre las prestaciones sociales y los ingresos. El requisito previo para garantizar la prosperidad sigue siendo, como lo ha sido siempre, un saludable crecimiento económico.

 
  
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  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. (LT) Señorías, pese a todas las declaraciones relativas a la reducción de la pobreza, la desigualdad social ha aumentado; así, aproximadamente 85 millones de residentes en la UE corren el riesgo de caer en la pobreza. Esto representa un ingente problema para Lituania, ya que el 20 % de nuestra población corre el riesgo de caer en la pobreza. Debemos contar con una política de empleo sólida que permita estimular el crecimiento y la competitividad en la economía del mercado social europeo y evitar las desigualdades además de garantizar la integración social.

Sin embargo, esto no basta para luchar contra el desempleo. El simple hecho de tener un empleo no garantiza la protección ante la pobreza. El aumento del empleo precario y los sueldos bajos implica que el porcentaje de trabajadores que corre el riesgo de caer en la pobreza va en aumento.

Según informes de la UE, los ingresos de más del 20 % de trabajadores a tiempo completo en Lituania son inferiores al 60 % de los ingresos medios, mientras que la media de la UE se sitúa en el 14 %. Un aumento del sueldo mínimo mensual puede ayudar a reducir la pobreza pero no garantiza una sociedad sin aislamiento. La mayoría de jóvenes se van de Lituania, no sólo por la falta de dinero y trabajo (el año pasado, el desempleo entre los jóvenes de Lituania alcanzó casi el 30 %), sino también porque se sienten abandonados e impotentes frente a las decisiones que se adoptan y que repercuten en sus vidas cotidianas. Esto tiene que cambiar.

 
  
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  Derek Vaughan (S&D), por escrito. – A pesar de los esfuerzos que se realizan en todo el mundo y los compromisos asumidos por muchas instituciones internacionales, la UE incluida, la batalla contra la pobreza está lejos de haberse ganado. El porcentaje de personas que viven en la pobreza en Europa aumentó del 16 % al 17 % entre 2005 y 2008. En Europa, existe el consenso tanto entre gobiernos como entre ciudadanos de que debemos luchar por erradicar la pobreza. Al mismo tiempo que consideramos los compromisos de Europa 2020, debemos pensar de nuevo en qué medidas pueden adoptarse para luchar contra la pobreza.

Respaldo el informe Figueiredo, que insta a volver a evaluar los compromisos de la UE a fin de combatir la pobreza y la exclusión social y a favor de incluir objetivos difíciles pero factibles y claros en el programa de Europa 2020. Hago mío el llamamiento de los ciudadanos europeos para poner fin a la pobreza y la desigualdad mediante la aplicación de estrategias efectivas, integradoras y con visión de futuro que luchen de manera proactiva contra la pobreza mundial.

 
  
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  Angelika Werthmann (NI), por escrito. (DE) Aproximadamente 85 millones de personas en la UE se ven actualmente amenazadas por la pobreza. Entre ellas, se incluyen varios grupos distintos: los niños y jóvenes hasta los 17 años corren mayor riesgo de caer en la pobreza, lo que, en términos específicos, significa que uno de cada cinco niños y jóvenes son víctimas de la pobreza. Asimismo, las personas mayores se enfrentan a un mayor riesgo de pobreza que la población general. En 2008, el índice de exposición a la pobreza para las personas de 65 años o más se situaba en el 19 %. Sin embargo, el índice de exposición a la pobreza para las personas con empleo era del 8 % como media en el año 2008 —los conocidos como «trabajadores pobres». El concepto de renta mínima contribuirá significativamente a la integración social de grupos que están en situación de riesgo. Sin embargo, en la elaboración de la política debe prestarse la mayor atención posible al máximo control y evitación de cualquier forma de «explotación» de esta ayuda social. Si tan nos fijamos exclusivamente en la cantidad de personas que reciben subsidios de desempleo, existen 23 millones de personas que tienen que recibir ayudas de desempleo para poder vivir dignamente.

 
  
  

Informe: Pervenche Berès (A7-0267/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe ya que respalda la continuación del trabajo realizado por la Comisión Especial sobre la Crisis Financiera, Económica y Social que, desde su creación, ha llegado a una conclusión y ha hecho recomendaciones específicas sobre ciertos puntos. Sin embargo, todavía se necesita más trabajo en profundidad para establecer un intercambio con los parlamentos nacionales partiendo de esta base, para transformar estas recomendaciones en propuestas legislativas y que los objetivos conseguidos se traduzcan en un programa de trabajo. El hecho de que esta Comisión Especial cese su actividad daría la impresión de que la crisis se ha superado, cuando, en realidad, la situación del mercado financiero todavía no se ha estabilizado y aún no se conocen los efectos económicos y sociales de este enorme colapso, que tendrá un impacto profundo y persistente. Todos los expedientes abiertos, o que se vayan a abrir ahora, es decir, la Estrategia Europa 2020 y las nuevas directivas, la gobernanza económica, las perspectivas financieras, la regulación y la supervisión, la reforma de la gobernanza mundial y la representación de la UE, deben empezar por reconocer la crisis del modelo actual. Entre otras cosas, esta continuación permitiría el pleno cumplimiento de este programa múltiple y desarrollar el análisis y las recomendaciones políticas tomando como base un programa de trabajo que debe definirse, y, una vez establecida esta base, permitiría formular un informe de seguimiento para la segunda mitad de 2011.

 
  
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  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), por escrito. (EL) He votado en contra del informe porque el ataque a la clase trabajadora por parte del sistema capitalista y sus representantes políticos es un ataque indiscriminado que no tiene nada que ver ni con los déficits financieros ni con la deuda excesiva. La posición adoptada por los oficiales comunitarios y en la resolución del Parlamento Europeo lo confirma. Las luchas internas entre los imperialistas no pueden superarse y evolucionarán a peor. La UE y el G-20 están diseñando planes sencillos para reducir los ingresos de base, transferir la propiedad de base a manos de las grandes empresas a fin de que aumenten sus beneficios, aumentar la explotación de la clase trabajadora y recortar la seguridad social y los derechos laborales. Las medidas generalizadas decidieron fortalecer los monopolios y trasladar la carga de la crisis capitalista sobre los hombros de los trabajadores; al mismo tiempo, la UE y la plutocracia intentan dorar la píldora con la promoción de nuevos modelos de gobernanza económica y economías verdes y prometen que hay luz al final del túnel a fin de generar falsas esperanzas y conseguir la aceptación por parte de la sociedad. Las manifestaciones multitudinarias en Grecia, Francia, Italia y otros países son una prueba evidente de que las opciones escogidas por el sistema capitalista cuentan con el rechazo de los trabajadores. Este rechazo puede, y debe, convertirse en un rechazo de los monopolios y del imperialismo y debe transformarse en una lucha por el poder popular.

 
  
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  Liam Aylward (ALDE), por escrito. (GA) La Estrategia UE 2020 tiene una importancia crítica para la competitividad, la sostenibilidad y las características sociales de la Unión y he votado a favor de lo que plasma el informe sobre prestar más atención a iniciativas relacionadas con el sector de la energía, la investigación y la innovación, así como en temas de salud y educación en los próximos años. Estoy totalmente de acuerdo en que los temas educativos deben ser centrales en la estrategia económica de la Unión y en que debe haber más respaldo a programas como «Lifelong Learning», «Erasmus» y «Leonardo» para la educación y formación en el extranjero y que los ciudadanos de Europa deben contar con más acceso a estos programas. La investigación y el desarrollo son cruciales para la competitividad, y los estudiantes e investigadores deben contar con el apoyo y estímulo cuando intentan aprovechar la movilidad transfronteriza; a su vez, el acceso a la financiación debe ser transparente y sencillo.

Asimismo, respaldo lo que se menciona en el informe respecto a la mejora de la capacidad de las PYME para obtener crédito, tanto mediante la reducción de la burocracia asociada con los contratos de suministro como con el establecimiento de un punto único de gestión de las dificultades administrativas de esas empresas.

 
  
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  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. (ES) Los factores de la crisis actual han sido diversos: el comportamiento especulativo de los mercados financieros, el desarrollo de una demanda interior durante los últimos años sobre la base del crédito al consumo, entre otros. Múltiples razones de las que hemos hablado mucho en este Parlamento, pero necesitamos mirar al futuro. El futuro es parte del cumplimiento del contenido de esta iniciativa. Para ello Europa tiene que superar el problema del envejecimiento de la población. Debe regular, reorganizar y supervisar el mercado financiero de la Unión, mejorar su coordinación y, con esa fortaleza, desempeñar un papel activo en el plano mundial. Debe adoptar medidas para reforzar la coordinación entre los distintos niveles de gobernanza, definir un nuevo modelo de crecimiento económico que vaya acompañado de desarrollo humano y social, centrarse en la solidaridad europea, en la mejora de la competitividad, en la calidad, en la mejora de la educación, en la innovación, en las nuevas tecnologías, en el conocimiento. Solo así podremos hacer que Europa sea una gran oportunidad para el mundo.

 
  
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  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. (IT) Hemos votado sobre un informe muy extenso y complejo, con un texto y estructura difíciles. Sin embargo, existe un punto que no convence demasiado: no se ha prestado suficiente atención a la causa real y profunda que ha desencadenado la crisis económica que estamos atravesando, pese a que se incluye en los considerandos del texto. La causa no es contingente, sino estructural, y no sólo en términos económicos. En primer lugar, la crisis financiera ha derivado de la ilusión, cultivada por las élites políticas y financieras mundiales, de que en el tercer milenio, la economía y la riqueza podrían basarse más en las finanzas que en la producción de bienes, más en la creación sorprendente de productos de ingeniería financiera que en lo que realmente se crea, produce, vende y comercializa a través de cientos y cientos de empresas de todo el mundo. A no ser que reconozcamos la importancia económica y política de restaurar la economía real, en lugar de la economía virtual, el informe corre el riesgo de incurrir en un grave error: recomendar maneras para salir de la crisis que, en última instancia, no representarían una solución real. Europa no necesita más descentralización de poderes económicos a escala de la UE. Europa necesita empresas y menos burocracia. Por todo ello, he votado en contra del informe.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este informe porque la actual crisis financiera que ha afectado a los sectores económicos y financieros ha causado una crisis social y económica general en la que los ciudadanos europeos siguen viviendo en la pobreza, las desigualdades sociales se están acentuando todavía más, y, asimismo, la cantidad de trabajadores pobres está aumentando.

Me gustaría subrayar que la recesión se ha exacerbado aún más por el hecho de que los diversos planes de recuperación económica nacionales están mal coordinados, ya que es muy probable que con coordinación a escala de la Unión Europea, se pudiese influir más ampliamente en comparación con los logros que la mayoría de programas a escala nacional pueden alcanzar. Según la Estrategia Europa 2020, la Unión Europea se ha comprometido a combatir el desempleo y aumentar el empleo y reducir la pobreza y la exclusión social, pero esta estrategia debe ser un esfuerzo social concertado, parte de la gestión de la crisis y del proceso de planificación estratégico de después de la crisis.

Coincido con la posición del Parlamento en cuanto a que este objetivo estratégico de la Unión Europea también debe perseguirse mediante la estrecha cooperación con los gobiernos nacionales, los interlocutores sociales y la sociedad civil, y que el Parlamento Europeo debe participar más extensamente en su realización.

 
  
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  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. (IT) La adopción de este complejo informe representa un paso muy importante para la comunidad europea que pide a gritos respuestas claras y soluciones rápidas para superar esta difícil crisis económica. He votado a favor porque el texto aprobado hoy incluye principios que siempre han formado parte de los fundamentos de la política económica de mi grupo. Por ejemplo, me refiero a la necesidad de contar con una mayor consolidación presupuestaria, un refuerzo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la finalización del mercado único.

De hecho, tengo el convencimiento de que Europa necesita una transformación radical para duplicar su potencial de crecimiento y este objetivo sólo puede alcanzarse mediante una mayor coordinación de las políticas fiscales y económicas de los Estados miembros. Sin embargo, antes de dar este paso creo que es preciso revisar el sector de regulación financiera que no sólo ha demostrado ser falaz sino también una de las causas principales de la crisis. Asimismo, la UE debe enfrentarse rápidamente a varios desafíos, empezando por el desempleo, el reto demográfico y el sistema de pensiones. Y, todavía en un paso previo, debemos aplicar políticas de respaldo a las PYME, la fuerza motriz y el corazón económico de Europa, especialmente con la promoción de paquetes fiscales e incentivos que permitan un acceso más fácil al crédito.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe ya que estoy de acuerdo en que la Comisión asuma la plena responsabilidad de garantizar el control y la financiación de proyectos en los siguientes ámbitos: nuevas inversiones en la investigación, el desarrollo y el despliegue de energías renovables, en la eficiencia energética, especialmente en los edificios europeos, y en el uso eficiente de los recursos en general; un refuerzo de la red europea de la energía, interconectando las redes nacionales y distribuyendo la energía de grandes centrales de producción de energías renovables hacia los consumidores, así como introduciendo nuevas formas de almacenamiento de la energía y la súper red europea de corriente continua de alta tensión; la promoción de infraestructuras basadas en el espacio de la UE en el ámbito de la radionavegación y observación de la Tierra para fomentar la disposición de nuevos servicios de la UE y el desarrollo de aplicaciones innovadoras, así como para facilitar la aplicación de la legislación y las políticas de la UE; el acceso rápido a Internet dentro de la Unión, la puesta en práctica rápida de la agenda digital de la UE y la garantía de un acceso gratuito y fiable para todos los ciudadanos.

 
  
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  David Casa (PPE), por escrito. – Este informe analiza detallada y profundamente las causas de la crisis económica y los avances que se han conseguido a escala de la UE a fin de evitar, prevenir o al menos reducir el efecto de crisis futuras. Las conclusiones alcanzadas en este informe están bien equilibradas y presentan una visión general precisa de las causas y los efectos de la crisis. Asimismo, el informe añade valor al debate actual respecto a las posibles vías de progreso en este sentido. Por todo ello, he decidido votar a favor de este informe.

 
  
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  Françoise Castex (S&D), por escrito. (FR) Mientras la recesión en la que nos vemos inmersos desde el verano de 2007 habrá costado 60 billones de dólares estadounidenses y la recuperación no está garantizada, he votado a favor de este texto ya que, con este voto, junto con algunos colegas diputados, hemos querido demostrar que la responsabilidad y la ambición políticas pueden ir de la mano. Ante la cacofonía existente entre la Comisión, el grupo de trabajo Van Rompuy y el tándem Merkel-Sarkozy sobre la gobernanza política, planteamos una propuesta clara: nombrar un Mr. o Mrs. Euro que se encargue de conseguir la coherencia interna y externa de las decisiones en política económica de la Unión.

 
  
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  Nessa Childers (S&D), por escrito. – He votado a favor del informe Berès por respaldar la amplia mayoría de su contenido. Sin embargo, existe la necesidad de establecer un debate continuado y detallado sobre una cuestión en concreto, una BICCIS. Coincido en que es preciso asegurar que los distintos regímenes de impuestos de sociedades no permitan a las empresas evadir sus responsabilidades a la hora de apoyar a la sociedad con un reparto de sus beneficios mediante un régimen de impuesto sobre sociedades justo.

Sin embargo, es necesario prestar atención especial al efecto negativo que tendría una BICCIS en países pequeños como Irlanda, cuyos niveles de prosperidad y empleo dependen en gran medida de su capacidad de atraer inversión extranjera. Asimismo, me gustaría destacar que el Partido Laborista irlandés no apoya una BICCIS.

 
  
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  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. (EL) He votado en contra del informe, ya que la izquierda no puede aceptar un informe fruto del compromiso entre los socialistas y la derecha europea, un informe que no profundiza en la raíz del problema, es decir, las causas básicas de la crisis social y económica. El informe vincula al Parlamento políticamente con las propuestas neoliberales de Merkel, Sarkozy y el grupo de trabajo para controlar de manera más estricta los tratados y el Pacto de Estabilidad, algo que dividirá el Estado social y privará de derechos a los trabajadores.

Desde nuestro frente, criticamos el Pacto de Estabilidad antisocial y anticrecimiento, las flaquezas políticas e institucionales de la UEM, la línea antidemocrática con que funciona el BCE y el crecimiento desigual dentro de la UE y propusimos vías para salir de la crisis que respetaban los derechos sociales y laborales. Lamentablemente, sin embargo, el espíritu y la letra del texto sigue siendo fiel a desastrosas políticas neoliberales que van en detrimento de los trabajadores, conducen a la recesión y al desempleo y están exacerbando la crisis.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. (IT) La crisis nos ha enseñado una dura lección y aún tiene mucho que enseñarnos sobre los aspectos estáticos y dinámicos de las políticas económicas. A nosotros nos corresponde aprender de estas lecciones y ponerlas en práctica a fin de recuperar nuestro funcionamiento habitual. Debemos evitar los errores cometidos en el pasado y reconocer los fenómenos que no se habían identificado antes, pero, sobre todo, debemos ser rigurosos a la hora de establecer las relaciones entre la economía real y las finanzas, la protección del empleo y el bienestar general ante impactos de esta naturaleza. No obstante, la Unión Europea debe hacer más. Debe crear valor añadido, fortalecer los instrumentos que han funcionado bien (como la divisa), refinar los que se pueden mejorar (como la coordinación de las políticas presupuestarias y fiscales) y crear economías de alcance para conseguir una recuperación rápida y duradera. Creo que el hecho de que el Parlamento refleje estas cuestiones y que continúe supervisando la situación es algo muy positivo, siempre que estos signos se traduzcan en medidas tangibles y efectivas.

 
  
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  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Alf Svensson (PPE), por escrito.(SV) Hemos votado a favor de este informe, pero hemos votado en contra, y con una fuerte oposición, de la recomendación a favor de la aplicación del impuesto sobre las transacciones y la distribución de la deuda entre los países de fuera de la zona del euro.

 
  
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  Corina Creţu (S&D), por escrito. (RO) He votado a favor de la aprobación de este informe por dos motivos. El primer motivo es que sus autores han realizado un magnífico trabajo, plasmado en un extenso análisis de las causas y del efecto de la crisis económica sobre la economía mundial, por una parte, y, sobre la economía europea, por otra. El segundo motivo por el que he votado a favor es porque el informe contiene una serie de recomendaciones importantes que aparecen en la sección del informe titulada «El futuro – una Europa de valor añadido». Debemos reconocer que un enfoque a corto plazo y limitado sobre los beneficios ha derivado en la pérdida de una enorme cantidad de empleos en Europa, en sectores que ofrecen valor añadido, mientras se han creado empleos precarios y de baja calidad. Este es el momento de invertir la tendencia, de volver a industrializar la Unión Europea y restaurar su habilidad de ser innovadores y crear empleos en sectores vinculados a la I+D y las nuevas tecnologías.

 
  
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  Anne Delvaux (PPE), por escrito. (FR) Celebro esta votación ya que era importante mencionar por fin la cuestión de las sanciones por incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), muy a menudo ignorado alegremente por parte de los Estados miembros.

Debemos crear un mecanismo eficaz de incentivos y sanciones para controlar la aplicación del PEC, lo que contribuiría a la prevención de todo empeoramiento de la crisis actual y garantizaría la prevención de una nueva crisis en el futuro. Por ello, he respaldado el párrafo en que se pide a la Comisión que se incorpore un mecanismo vinculante de sanciones inequívocamente bajo su control para forzar a los Estados miembros a cumplir las normas del PEC.

 
  
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  Harlem Désir (S&D), por escrito. (FR) La crisis ha revelado las deficiencias de la Unión Económica y Monetaria: casi hizo caer al euro y ha causado la pérdida de millones de empleos en todo el continente. Con el informe de Pervenche Berès, el Parlamento Europeo acaba de aprobar una estrategia coherente para que Europa salga de la recesión y aborde las repercusiones sociales, económicas y financieras que esta conlleva.

Esta propuesta incluye la incorporación de una supervisión financiera real, que hemos empezado a aplicar, pero que deberá ser fortalecida considerablemente; la adopción de un impuesto sobre las transacciones financieras para regular y financiar bienes públicos y reducir los déficits públicos; la coordinación de las políticas económicas y los presupuestos de los Estados miembros para el beneficio del crecimiento sostenible; el nombramiento de un Mr. o Mrs. Euro que se encargue de la zona del euro y de unificar su representación en el G-20 y el FMI; y la creación de la Comunidad de la Energía Europea.

Este es el momento de que Europa vuelva a ponerse en marcha. Esto es lo que esperan los ciudadanos. En un mundo que se transforma continuamente, la inercia equivale al declive. Es por ello que debemos movilizarnos tomando como punto de partida este informe y pasar a las medidas prácticas.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre la crisis financiera, económica y social: recomendaciones relativas a las medidas e iniciativas que deberán adoptarse, porque establece medidas concretas para superar la crisis económica y social mediante la construcción de una auténtica economía de mercado social europea, con vistas al crecimiento sostenido, el empleo y la inclusión social.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) Los efectos de la crisis económica y financiera persisten más allá de lo que hubiésemos deseado, con repercusiones sociales cada vez más graves. Como he argumentado, y como también consta en este informe, esta crisis ha demostrado que necesitamos más Europa. En una amplia zona con fronteras abiertas a la libre circulación y al mercado interior, es intolerable permitir la resistencia de un sistema de mediación, supervisión y control que se base en cada uno de los estados, algo que resulta pequeño y limitado dentro del alcance de la situación de Europa y el resto del mundo. El fortalecimiento de la gobernanza económica, el control financiero y el poder de coordinar políticas y asuntos monetarios y económicos por parte de las instituciones de la UE asegurarán una mayor estabilidad y una mayor capacidad de actuar rápida y eficientemente. Me gustaría resaltar el reconocimiento de la importancia de la Estrategia Europa 2020, en que la investigación y la innovación son fundamentales como parte de la competitividad de las empresas y en la creación de empleo. Me gustaría reiterar la importancia del mercado interior y de las PYME en la revitalización y dinamización de la economía, hacia cuyo fin se están desplegando medidas que promuevan su consolidación y desarrollo sostenido.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) He votado en contra de este informe porque la propuesta inicial de la ponente se ha distorsionado, y se han incluido posiciones que instan a la aplicación de medidas que se encontraban en la raíz de la crisis. Asimismo, establece sanciones para los Estados miembros que no cumplan el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pese a que ha mantenido alguna propuesta en el ámbito social, la dirección que toma en general es negativa.

Por otro lado, las propuestas que defendíamos en el pleno se han rechazado, específicamente en los ámbitos siguientes:

- El rechazo de las propuestas legislativas recientes de la Comisión sobre gobernanza económica, incluidas las sanciones –que tendrán efectos a la baja sobre los ya débiles índices de crecimiento de los Estados miembros– mientras se defiende un ambicioso plan europeo de inversiones para fomentar el empleo.

- Celebrar la amplia participación en el Día europeo de movilización contra la austeridad y la inseguridad organizado por los sindicatos el día 29 de septiembre de 2010, haciendo hincapié en su importante significación política y expresando apoyo a favor de sus peticiones, exigiendo empleos seguros que garanticen un sueldo con que poder vivir, una sólida protección social y protección del poder adquisitivo, la garantía de unas pensiones mejores así como de servicios públicos de alta calidad que sean accesibles a todos.

- La condena enérgica del papel que desempeñan los paraísos fiscales al fomentar e instrumentalizar el fraude, la evasión de impuestos y la fuga de capitales.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI) , por escrito. (FR) Como suele ocurrir cuando nos enfrentamos a la crisis financiera, económica y social en esta Cámara, el informe de la señora Berès pasa por alto las cuestiones principales y se concentra en salvar el sistema en lugar de cuestionarlo de manera fundamental. Este informe añade incluso una profesión de fe entre las virtudes de la autorregulación del mercado, que simula creer que pueda convertirse en más ética.

Cree en las ventajas de la competencia mundial y de la circulación libre y sin límites del capital y los bienes. La supervisión de un sistema que no funciona no nos permitirá evitar las peores de sus aberraciones. El sistema bancario ha demostrado su cinismo reembolsando por adelantado la ayuda del Estado que, en definitiva, evitó su desplome, con lo que se fomenta que no tenga que cambiar de conducta, incluidas sus prácticas más escandalosas.

Todo el sistema financiero mundial, como lo conocemos hoy, es perjudicial para la economía real. Fomenta la especulación y la creación de productos complejos, productos que a menudo son opacos y potencialmente tóxicos. Crea riqueza del humo. Obliga a las empresas a seguir estrategias muy a corto plazo y favorece a los accionistas en detrimento de otros actores económicos. Hacer como que se supervisa no es suficiente. Debe haber un cambio.

 
  
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  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. (FR) Más allá de la pérdida de millones de empleos en todo el continente europeo y las diversas amenazas al euro, la recesión ha tenido el efecto de resaltar la carencia de una gobernanza económica sólida y armonizada dentro de la Unión Europea y las deficiencias en la supervisión financiera.

Por ello, he votado a favor de esta resolución porque tiene como objetivo remediar estos males y promueve la aplicación de un impuesto sobre las transacciones que tendrá la ventaja de limitar la especulación de las transacciones financieras, regular los mercados, financiar los bienes públicos y, también, reducir el déficit público. Se trata de una medida convincente que desde hace tiempo he ido reclamando, por lo que la celebro.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. (FR) He prestado mi apoyo al informe de mi colega socialista francesa sobre la crisis financiera, económica y social. Este ambicioso texto propone muchas ideas y soluciones para salir de la recesión, asegurar una recuperación sostenible y evitar que crisis financieras similares vuelvan a ocurrir gracias a mecanismos de supervisión y gobernanza.

Con este voto, el Parlamento Europeo demuestra que la responsabilidad y la ambición políticas pueden ir de la mano. Se otorga prioridad al empleo, ya que la recuperación económica está en peligro si no se reduce el desempleo. El texto insta a establecer una auténtica Comunidad Europea para la energía. El nombramiento de un Mr. o Mrs. Euro que sea responsable de las decisiones monetarias y económicas de la Unión representará un gran progreso. Finalmente, el texto nos recuerda la necesidad de un impuesto sobre las transacciones financieras de manera que al fin se obligue a los responsables de la recesión a contribuir.

 
  
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  Gay Mitchell, Mairead McGuinness, Jim Higgins y Seán Kelly (PPE), por escrito. – Los diputados de Fine Gael no respaldan la propuesta de una directiva sobre una base común y consolidada para el impuesto de sociedades pero no observan este punto como fundamento para votar en contra de este importante informe en su totalidad.

 
  
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  Anne E. Jensen (ALDE), por escrito. (DA) El Partido Liberal danés se ha abstenido de votar en la votación final sobre el informe Berès sobre la crisis financiera ya que recomienda positivamente el establecimiento de un impuesto sobre las transacciones financieras.

 
  
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  Alan Kelly (S&D), por escrito. – Yo, junto a mis colegas laboristas, he votado a favor del informe Berès por respaldar la amplia mayoría de su contenido. Sin embargo, existe la necesidad de establecer un debate continuado y detallado sobre una cuestión en concreto, una BICCIS. Coincido en que es preciso asegurar que los distintos regímenes de impuestos de sociedades no permitan a las empresas evadir sus responsabilidades a la hora de apoyar a la sociedad con un reparto de sus beneficios mediante un régimen de impuesto sobre sociedades justo. Sin embargo, es necesario prestar atención especial al efecto negativo que tendría una BICCIS en países pequeños como Irlanda, cuyos niveles de prosperidad y empleo dependen en gran medida de su capacidad de atraer inversión extranjera. Asimismo, me gustaría destacar que el Partido Laborista irlandés no apoya una BICCIS.

 
  
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  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE), por escrito. (EL) El informe Berès abarca cuestiones de importancia para la estabilidad de la zona del euro, por lo que he votado a favor.

Sin embargo, me he abstenido en la votación final porque creo que, en primer lugar, se está adoptando un enfoque general y simplificado en relación a los problemas económicos y financieros de la UE y respecto a las medidas que se deben tomar y, en segundo lugar, se refiere a las propuestas de la Comisión sobre sanciones para los Estados miembros que no cumplan lo estipulado, como medidas fiscales o financieras, que el Parlamento Europeo todavía no ha debatido y sobre las cuales no se ha llegado a ningún acuerdo.

En consecuencia, me reservo el derecho a expresar una opinión concreta en una fecha posterior.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe Berès porque creo en la necesidad de la cooperación efectiva entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión para encontrar una salida a la crisis económica y financiera.

El Fondo Monetario Internacional ha hecho público recientemente un informe sobre el estado actual de la economía mundial que demuestra que el proceso de recuperación es todavía frágil e irregular. De hecho, nos enfrentamos a dos escenarios distintos: por una parte, una situación de crecimiento sólido para los países emergentes y, por otra, altos niveles de desempleo y un índice de recuperación general lento en los Estados más avanzados económicamente.

Por lo tanto, creo que sería útil dirigirnos hacia el objetivo de garantizar la solidez apropiada de las finanzas públicas para mantener la confianza en los mercados y asegurar que los ciudadanos puedan creer de nuevo en el valor del proyecto europeo.

 
  
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  Thomas Mann (PPE), por escrito. (DE) He votado a favor del informe de la Comisión Especial sobre la Crisis Financiera, Económica y Social, que representa un compromiso constructivo entre todos los grupos implicados. No necesitamos menos Europa, ¡necesitamos más! Nuestras economías nacionales están estrechamente vinculadas, los egoísmos nacionales sólo intensificarán la crisis. Este informe insta a Europa a ser unánime sobre cuestiones fundamentales. Una política financiera, económica y de empleo en la UE que sea sostenible debe ser la piedra angular de nuestro funcionamiento. Las recomendaciones para la acción muestran un claro camino a seguir: en el futuro, las empresas deben tener su calificación crediticia evaluada por una agencia de calificación de la UE que sea independiente. Debe ponerse fin a la especulación de alto riesgo mediante un impuesto sobre las transacciones financieras. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento debe estar mejor relacionado con la Estrategia Europa 2020. Nuestra posición es clara a la hora de instar a la Comisión a que cree un equilibrio entre crecimiento, igualdad de oportunidades y estabilidad del mercado financiero. Existe la necesidad de reducir la tasación sobre el trabajo a fin de fortalecer la inversión y, de este modo, la competitividad de Europa. Las PYME, en concreto, necesitan contar con un acceso al crédito más fácil.

En el ámbito social, la prioridad principal es el avance de los recursos humanos, mediante medidas reales y tangibles para que las personas reciban formación y cualificación. Gracias a diversas audiencias públicas, talleres y análisis nosotros, como miembros del comité, hemos podido contribuir con aportaciones bien fundadas y basadas en hechos al debate público. Es importante para el Parlamento que ofrezca respuestas claras a las crisis. Sólo de este modo podemos reforzar nuestra credibilidad y fiabilidad a los ojos de los ciudadanos.

 
  
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  Mario Mauro (PPE), por escrito. (IT) Mi voto a favor del informe se debe enteramente al nuevo acuerdo obtenido gracias, sobre todo, al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos). Inicialmente, el proyecto presentado por la ponente representaba una clara provocación y, por lo tanto, debía ser modificado en su totalidad. Según el Fondo Monetario Internacional, las prioridades son corregir las fisuras que quedan en el sector financiero, asegurar un crecimiento sólido en demanda y empleo, mantener la sostenibilidad de la deuda, trabajar para conseguir un mayor equilibrio en el crecimiento mundial y resolver los desafíos derivados de los amplios y volátiles movimientos del capital. El informe, en el que se reconoce la necesidad imperiosa de asegurar la solidez adecuada en las finanzas públicas para mantener la confianza en los mercados financieros y reales, está en perfecta consonancia con el último presupuesto aprobado por el Gobierno italiano, que tiene como objetivo reducir el déficit por debajo del umbral del 3 %.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La constitución de una Comisión Especial sobre la Crisis Financiera, Económica y Social (CRIS) tenía como objetivo evaluar los factores que han conducido a la crisis, determinar qué es lo que la UE no supo ver para afirmar que la crisis no se preveía y diseñar futuras medidas para evitar situaciones similares y ser capaces de revitalizar las economías y detener definitivamente las situaciones de crisis que persisten en los Estados miembros. Creo que la Comisión Especial sobre la Crisis Financiera, Económica y Social ha llevado a cabo sus tareas correctamente y que, en este documento, establece nuevas vías, medidas e iniciativas que permitirán a la UE estar mucho mejor preparada para cualquier crisis que pueda acontecer en el futuro.

 
  
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  Louis Michel (ALDE), por escrito. (FR) Doy mi apoyo al informe de la señora Berès, que insta a tener más Europa y no menos, para conseguir más eficiencia y menos burocracia y para poder contar con una única voz de la Unión Europea en el panorama internacional.

Pese a haber retomado el crecimiento, no nos debemos engañar y creer que ya hemos dejado atrás la recesión por completo, y, sobre todo, que hemos solucionado sus causas. Si existe una lección que aprender de esta crisis, es la ausencia de una gobernanza mundial (la ausencia de un Estado mundial). Necesitamos una distribución más justa de la riqueza entre los países y dentro de cada país. Ahí radica la verdadera crisis. Por ello, estoy a favor de que el Consejo Europeo convoque una cumbre del G20 dedicada exclusivamente a esta cuestión.

Con respecto al desarrollo, destacaría —al igual que la señora Berès hace en su informe— que es importante para los Estados miembros respetar sus compromisos de 2005 en términos de asistencia oficial para el desarrollo. No hay nada que justifique una reducción de la asistencia oficial para el desarrollo. La asistencia oficial para el desarrollo debe continuar aumentando y no debe sufrir las consecuencias de la crisis financiera.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) La crisis financiera ha puesto fin al cuento de hadas de los mercados financieros autorregulados. En concreto, la falta de transparencia de los productos financieros y las estructuras de paquetes de alto riesgo, junto con la política monetaria blanda de los Estados Unidos y sus conflictos de interés en cuanto a calificaciones, ha dado como resultado una crisis financiera mundial. Los Estados miembros de la UE y sus ciudadanos tienen que considerar muchos aspectos relacionados con la crisis económica resultante, con su creciente índice de desempleo y los recortes en el sector de servicios sociales. Los paquetes de rescate sólo pudieron detener la espiral a corto plazo. A largo plazo, sólo cambian de lugar los problemas subyacentes. De ningún modo la crisis debe utilizarse para ampliar las competencias de la UE.

La eurocracia y la burocracia no son una respuesta a la crisis. En su lugar, gracias a su plena conformidad y al hecho de que no tienen en cuenta las diferencias culturales, han contribuido a crearla. Estoy totalmente a favor de conseguir una mejor coordinación y consulta a escala de la UE. Por otra parte, la gobernanza económica a escala europea debe rechazarse enérgicamente, por lo que definitivamente rechazo este informe.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe intermedio de la Comisión Especial sobre la Crisis Financiera, Económica y Social. Como miembro de esta Comisión Especial, he participado activamente en los procedimientos y he contribuido a la elaboración de este informe. En concreto, creo que dentro de la economía de mercado social, como se ha reconocido y planteado como objetivo por parte del tratado, el sistema público debe aplicar más ajustes para acelerar y facilitar que se alcance un equilibrio, a fin de evitar pérdidas y dificultades, o limitarlas al mínimo. En lugar de dejar la búsqueda de nuevas vías a seguir al sector de la producción, que debe experimentar un cambio radical, debemos abordar planes de transformación, crédito, cambios de dirección y otros medios adecuados. Una vez más, Europa debe atraer inversión y producción, estableciéndose como modelo mundial de la innovación y el crecimiento. Las instituciones financieras privadas y públicas deben esforzarse al máximo para asegurar que los mercados funcionan para beneficiar a la economía real y a las PYME, a fin de posicionarlas para que puedan contribuir a la recuperación económica y al crecimiento en Europa.

 
  
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  Georgios Papastamkos (PPE), por escrito. (EL) Me he abstenido sobre el informe Berès ya que las propuestas sobre la gobernanza económica europea no abordan los problemas estructurales de una unión económica incompleta y no mitigan la asimetría entre la unión económica «truncada» y una unión monetaria plena. Más concretamente, me he abstenido porque no europeízan las políticas económicas y el riesgo económico. Sólo europeízan las sanciones, que ahora son más estrictas. No existen directrices estratégicas de ningún tipo para salvaguardar el crecimiento equilibrado y estimular la competitividad de todos los Estados miembros.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe porque creo que la Comisión debe asegurar la dirección y la financiación de proyectos en los siguientes ámbitos: (1) la investigación, el desarrollo y el despliegue de energías renovables; (2) un refuerzo de la red europea de la energía, así como introduciendo nuevas formas de almacenamiento de la energía y la súper red europea de corriente continua de alta tensión; (3) la promoción de infraestructuras basadas en el espacio de la UE en el ámbito de la radionavegación y observación de la Tierra; (4) el acceso rápido a Internet; (5) desarrollo del liderazgo de la UE en el ámbito de la salud en línea; (6) la puesta a punto del desarrollo y el establecimiento de normas comunes para la movilidad eléctrica. Por lo que respecta a la regulación financiera, el Parlamento debe tener como objetivo establecer un sistema de regulación y supervisión que no deje sin registrar ningún mercado financiero, ningún instrumento financiero ni ninguna institución financiera. En consecuencia, los siguientes aspectos deben ser significativos: (1) reforzar la regulación anticíclica; (2) reducir los riesgos sistémicos vinculados a las entidades de gran tamaño y a los mercados de productos derivados; (3) reforzar las estructuras de supervisión y regulación en los planos europeo y mundial; (4) investigar el uso de las transacciones fuera de balance; (5) introducir una tasa sobre las transacciones financieras; (6) establecer nuevas normas para la información estadística en el sector financiero.

 
  
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  Mario Pirillo (S&D), por escrito. (IT) Este informe intermedio sobre la crisis financiera, económica y social representa una herramienta útil para analizar la situación financiera actual en Europa, pero, sobre todo, indica la vía principal por la que Europa debe seguir con valentía para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir.

Creo que para conseguirlo, como afirma convenientemente el informe, Europa debe establecer inmediatamente órganos competentes y sólidos que sean capaces de ofrecer gobernanza estándar para las políticas económicas de todos los Estados. Estoy convencido de que Europa ya no puede quedarse parada mirando como los Estados miembros ofrecen respuestas fragmentadas e incoherentes a las crisis económicas cuyas consecuencias representan una amenaza real al potencial de crecimiento de nuestras economías.

 
  
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  Rovana Plumb (S&D), por escrito. (RO) El proceso de los Estados miembros de convertir la Estrategia UE 2020 en programas nacionales debe contribuir a establecer una Unión Europea más competitiva, social y sostenible, que sitúe a los ciudadanos y a la protección medioambiental en el núcleo de la formulación de políticas.

Las prioridades de los Estados miembros deben centrarse en empleos de alta calidad y asegurar que los mercados laborales funcionan adecuadamente, así como garantizar la existencia de condiciones sociales apropiadas con vistas a mejorar el rendimiento del empleo. El índice de desempleo entre la población de la UE es de un promedio del 10 %, con cifras del 20 % en algunos países y más del 40 % para los jóvenes. Estos datos resaltan la importancia de un gasto público responsable y de alta calidad, con el fomento del potencial emprendedor e innovador del sector privado a fin de estimular el progreso social y económico.

He votado para respaldar la necesidad de los Estados miembros de elaborar programas viables que impulsen el mercado laboral mediante la mejora de los incentivos y las condiciones de los trabajadores, a la vez que se consigue que los incentivos sean más atractivos para los empleadores a la hora de contratar y retener personal. Al mismo tiempo, debe hacerse hincapié en el trabajo digno y en conceder acceso al mercado laboral a personas que actualmente se ven excluidas de él.

 
  
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  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. (PT) Me ha entristecido votar en contra del informe Berès. Francamente, la primera versión era prometedora, tanto por lo que respecta a sus análisis de causas de la crisis como por sus muchas propuestas para solucionarlas. Sin embargo, las peticiones de los grupos de la derecha han distorsionado el informe original en puntos fundamentales. Pese a que es cierto que algunas buenas propuestas se mantienen —como la creación de una agencia europea de calificación crediticia— también es verdad que, respecto a la gobernanza económica, el informe se ha decantado hacia el «Consenso de Bruselas». Como se debe escoger entre déficit y deuda pública o crecimiento y empleo, y, como el informe no se pronuncia sobre esta cuestión crucial, no puedo darle mi apoyo.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe ya que estoy de acuerdo en que la Comisión debe asumir responsabilidad para asegurar la supervisión y la financiación de los proyectos, especialmente en ámbitos de nuevas inversiones en la investigación, el desarrollo y el despliegue de energías renovables, así como en el acceso rápido a Internet dentro de la Unión, con la puesta en práctica rápida de la agenda digital de la UE. Respecto a la regulación financiera, el Parlamento debe tener como objetivo establecer un sistema de regulación y supervisión que no deje sin registrar ningún mercado financiero, ningún instrumento financiero ni ninguna institución financiera. Para conseguir este acuerdo, se deberán reforzar las estructuras de supervisión y regulación en los planos europeo y mundial.

 
  
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  Carmen Romero López y Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Me complace que el informe se apruebe por una amplia mayoría pero, sobre todo, que el intento por parte de ALDE de debilitar el párrafo del impuesto sobre las transacciones financieras no haya prosperado y que el texto basado en nuestra enmienda, en que se insta a la aplicación de un impuesto sobre las transacciones financieras a escala de la UE como primera medida, se haya aprobado.

 
  
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  Oreste Rossi (EFD), por escrito. (IT) Este informe es el resultado de un compromiso ya que se presentaron nada menos que 1 625 enmiendas sobre él y se divide en una serie de puntos clave que abarcan las causas de la crisis, desde la burbuja inmobiliaria a los productos bancarios no seguros, la falta de una armonización tributaria europea y el hecho de no saber observar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Todos podemos ver los efectos con nuestros propios ojos: una reducción de la riqueza y desempleo.

Las únicas respuestas posibles son crear empleo mediante la promoción de la empresa y la investigación y el desarrollo, la adopción de medidas que recompensen la transparencia y fomenten las normas europeas comunes, por ejemplo, sobre la tributación, el IVA y la tasación indirecta.

Lo único que sigue planteando dudas es la aplicación de un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras, que se convertiría efectivamente en el primer impuesto europeo que financia directamente los presupuestos de la Unión. No podemos aceptar el hecho de que Europa vacíe aún más los bolsillos de sus ciudadanos, ya de por sí vacíos, durante una época de crisis como la que atravesamos en este momento.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) La Unión Europea atraviesa actualmente la que debe ser su crisis económica y social más grave desde que se fundó. Este panorama plantea el gran reto de encontrar respuestas a la situación actual, con vistas a perspectivas a largo plazo.

Celebro la creación de la Comisión Especial sobre la Crisis Financiera, Económica y Social, así como el presente informe. Defiendo la necesidad de crear mecanismos de gobernanza económica, especialmente mediante la coordinación y supervisión de las políticas de los Estados miembros respecto a la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Sin embargo, me parece lamentable que el Parlamento Europeo no participe más activamente en este ejercicio estratégico de búsqueda de soluciones a la crisis: es deseable tanto para el Parlamento Europeo como para los parlamentos nacionales que estén más estrechamente vinculados en el futuro. Resaltaría la importancia de los instrumentos de cohesión en este proceso.

En primer lugar, la UE debe reforzar la coordinación, y hacer un mejor uso de la cooperación entre los diversos niveles de gobernanza y las distintas políticas. En segundo lugar, deben tenerse en cuenta las peculiaridades territoriales y el efecto asimétrico de la crisis. Como se subraya en el informe, de hecho, la fuerza de la política de cohesión a la hora de establecer un vínculo entre la recuperación y el crecimiento a largo plazo radica exactamente en lo siguiente: establecer directrices estratégicas y ofrecer a los Estados miembros y a las regiones motivos para aplicarlas, y garantizar los instrumentos para lograr los objetivos.

 
  
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  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. (LT) Señorías, Europa se ha convertido en una víctima no sólo de la crisis financiera y social. También estamos sufriendo una enorme crisis respecto a la confianza pública. En Lituania y en toda Europa, debemos volver a ganarnos la confianza pública en nuestras instituciones financieras y políticas y establecer un sistema financiero sostenible y viable, que ofrezca protección ante futuras crisis. Necesitamos un mecanismo transparente y regulador a múltiples niveles, que se base en una ética sana, que sirva al público general.

La crisis financiera ha atestado a Lituania un golpe especialmente duro. En 2009, nuestra economía disminuyó en un 15 %. Al diseñar una estrategia de salida de la crisis, debemos considerar las peculiaridades regionales y el efecto diverso de la crisis. Celebro el hecho de que la comisión especial subraye la importancia de los instrumentos de cohesión cruciales para prestar ayuda a las regiones de la UE que más la necesitan. Estos instrumentos pueden contribuir a superar las consecuencias de la crisis mediante el apoyo de inversión fundamental en infraestructuras, empresas y creación de empleo.

Asimismo, el éxito de la recuperación depende en gran medida del éxito de la Estrategia UE 2020. Es importante que todas las estrategias de inversión de la UE a largo plazo estén comprometidas con el mantenimiento de la competitividad y el fortalecimiento del mercado interior (uno de los motores principales del crecimiento europeo).

 
  
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  Derek Vaughan (S&D), por escrito. – Estos últimos años se ha demostrado como nuestras economías dependen las unas de las otras, y los problemas que se pueden originar por la falta de regulación de la legislación o cohesión de economías en Europa. Mientras dirigimos nuestra salida de la crisis, debemos buscar soluciones europeas que se comprometan a crear una economía europea más sólida y sistemas financieros mejor integrados que benefician a los ciudadanos de Gales y a la Unión Europea en su totalidad.

Por todo ello, he votado a favor de las recomendaciones relativas a las medidas e iniciativas que se deben adoptar tras la crisis financiera, económica y social tal y como se reflejan en el informe Berès. Debemos intentar encontrar soluciones comunes a los problemas de Europa, mientras respetamos que cada uno de los Estados miembros de la UE elija la opción de decidir cómo progresamos. El Consejo, la Comisión y el Parlamento deben trabajar conjuntamente para asegurar que construimos una economía mundial más sólida y robusta válida para la Unión Europea en su totalidad.

 
  
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  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), por escrito. (FR) El Parlamento Europeo ha aprobado hoy, miércoles 20 de octubre, el informe elaborado por la Comisión Especial sobre la Crisis Financiera, Económica y Social.

Nosotros, desde el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica hemos votado en contra de este informe, ya que las propuestas que contiene son de algún modo surrealistas y no tienen en cuenta en absoluto las manifestaciones sociales que han tenido lugar durante varios meses en los Estados miembros de la UE contra los planes de austeridad, las medidas antisociales y el desmantelamiento de los sistemas de seguridad social y los servicios públicos: estas son las únicas medidas que tienen como objetivo limitar los déficits presupuestarios de los Estados miembros.

Este informe es una continuación de la contrarreforma de pensiones planteada por Nicolas Sarkozy y su gobierno y que ha recibido la oposición y la condena del movimiento de protesta francés durante varias semanas a fecha de hoy.

Así, este informe continúa alabando el Pacto de Estabilidad y las medidas y políticas que hemos estado condenando durante años y que nuestros conciudadanos consideran un fracaso.

Evidentemente, la muy amplia mayoría (501 votos a favor) que ha votado a favor de este informe no entiende el mensaje de esos ciudadanos que han estado protestando en toda Europa durante varias semanas en contra de los planes de austeridad y sus contrarreformas asociadas.

 
  
  

Informe: Diego Feio (A7-0282/2010)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe que se ha presentado y debatido aquí hoy, ya que representa un paso adelante para la UE mediante la creación de una institución como el Fondo Monetario Europeo (FME) y con la subsiguiente creación de un supervisor de los progresos de la deuda soberana para complementar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) como mecanismo de último recurso para los Estados miembros. Asimismo, merece la pena destacar la propuesta de crear un grupo político de alto nivel con el mandato de estudiar posibles cambios institucionales dentro de las reformas en curso sobre gobernanza económica, incluida la posibilidad de crear una Hacienda Común Europea (HCE), a fin de garantizar a la Unión Europea recursos con cargo a su propia financiación para reducir su dependencia de las aportaciones nacionales, así como llevar a cabo un estudio de viabilidad para establecer, a largo plazo, un sistema con el que los Estados miembros puedan participar en la formulación de obligaciones europeas comunes. De esta manera, con un estudio de evaluación del impacto y la formulación de diferentes alternativas jurídicas, junto con una definición clara de los objetivos y la financiación de infraestructura europea, será más sencillo conseguir los proyectos a largo plazo estratégicos para construir una UE más sólida.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe. La actual crisis económica, financiera y social ha demostrado que el modelo de gobernanza económica existente en la Unión no ha funcionado de forma tan eficaz como estaba idealmente previsto. En los últimos años, no se ha producido la suficiente convergencia entre los Estados miembros. Por el contrario, los desequilibrios macroeconómicos y fiscales han permanecido e incluso han aumentado en la última década. El marco de vigilancia era demasiado débil y las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no fueron suficientemente respetadas, en especial por lo que se refiere al brazo preventivo. Coincido con las propuestas plasmadas en el documento respecto a que debemos intentar coordinar mejor las acciones con y entre los Estados miembros, especialmente a fin de evitar que la situación que acaba de acontecer se repita. Es crucial que los Estados miembros cumplan del todo las normas y decisiones acordadas al nivel de la UE, como las normas y los instrumentos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Debe hacerse hincapié en el crecimiento sostenible a largo plazo, en garantizar las condiciones para la creación de puestos de trabajo de alta calidad y no en las ganancias a corto plazo, que han perjudicado gravemente la estabilidad financiera de los mercados europeos.

 
  
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  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. (ES) La actual crisis económica ha puesto de manifiesto que en la Unión no ha funcionado ni la coordinación de la política económica, ni el marco de gobernanza, ni el de la supervisión económica, ni el marco reglamentario de los servicios financieros. Y todo ello ha sembrado de inestabilidad y decrecimiento a Europa. Y en este sentido quiero destacar y agradecer las recomendaciones que se acompañan a la propuesta y que van dirigidas a: establecer un marco coherente y transparente para vigilar los progresos macroeconómicos en la Unión y en los Estados miembros y reforzar la supervisión; reforzar las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; mejorar la gobernanza económica; establecer un mecanismo fuerte de prevención y resolución de la excesiva deuda en la zona euro, y revisar los instrumentos presupuestarios, financieros y fiscales. Y deseo destacar que comparto plenamente la mejora de la representación exterior de la Unión en el ámbito de los asuntos económicos y monetarios.

 
  
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  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. (IT) Me gustaría agradecer al señor Feio su excelente trabajo al redactar este complejo informe. He votado a favor porque lo considero de importancia fundamental para mejorar la gobernanza económica de la Unión Europea. Sin duda, la crisis económica ha destacado la falta de una auténtica coordinación política y económica entre los Estados miembros y la ineficacia de diversos instrumentos de control. Por lo tanto, este es el momento de que Europa establezca un marco jurídico más fiable que respete los objetivos de la Estrategia UE 2020 al tiempo que aplica una mayor vigilancia sobre la deuda y los ingresos públicos, los incentivos fiscales para las PYME, el desarrollo del mercado interior y la integración de los mercados laborales. Sin embargo, a la luz de recientes acuerdos, no respaldo la incorporación de normas numéricas que podrían resultar demasiado mecánicas para algunos Estados miembros y difíciles de conseguir. No debemos olvidar que los activos tóxicos, y, aún en mayor medida, la deuda personal excesiva (las hipotecas de alto riesgo) se encuentran en la raíz de la crisis financiera. En otras palabras, la crisis fue resultado del desequilibrio entre el sector privado y el bancario, no por la deuda pública del estado. Finalmente, coincido con la recomendación nº 3 sobre incrementar la coordinación de los estados mediante informes anuales de vigilancia de la zona del euro.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe ya que estoy de acuerdo en que se debe establecer un marco coherente y transparente para la vigilancia multilateral de los progresos macroeconómicos en la Unión y en los Estados miembros. Me gustaría hacer un llamamiento a favor de un debate anual entre Parlamento Europeo, Comisión, Consejo y representantes de los parlamentos nacionales sobre los Programas de Estabilidad y Convergencia y los Programas Nacionales de Reformas, así como sobre la valoración de la evolución económica, como parte del Semestre Europeo. Asimismo, me gustaría instar a la creación de un mecanismo a nivel nacional que permita evaluar el grado de realización de las prioridades Europa 2020 y la consecución de los objetivos nacionales incluidos en el Programa Nacional de Reforma, con miras a sustentar la evaluación anual efectuada por las instituciones de la UE.

 
  
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  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. (EL) He votado en contra del informe que, en nombre de la gobernanza económica de la Unión Europea, adopta una percepción y política soberanas para aplicar una disciplina estricta en el Pacto de Estabilidad y apoya las sanciones preventivas en detrimento de los Estados miembros que no respeten los indicadores de Maastricht. Propone el objetivo de la estabilidad presupuestaria y la supervisión rigurosa de los presupuestos nacionales y acaba adoptando medidas duras en detrimento de los ingresos de los trabajadores, las pensiones y los derechos laborales y de seguridad social. Todo esto, pese al hecho de que podemos ver los efectos de estas políticas en Grecia, Irlanda, España, Portugal y otros lugares. Todo esto, en un momento en que trabajadores de numerosos países han salido a la calle como protesta por el hecho de convertirse en las víctimas de la crisis y el contraataque neoliberal que ha lanzado la UE, el BCE y el FMI.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. (IT) La apuesta por el euro ha sido de importancia fundamental para la UE. El principal factor de riesgo no se asocia tanto a asuntos de técnica monetaria, en cuyo ámbito el Banco Central Europeo está realizando un magnífico trabajo, sino a la cohesión económica y al vínculo con la economía real. El problema se hizo notar realmente durante la crisis: la moneda única tiene cada vez menos sentido en un mercado que todavía está fragmentado y que cuenta con políticas fiscales no siempre suficientemente homogéneas. La consideración de estas cuestiones no debería ser, y no debe ser, un mero ejercicio o una excusa para reclamar soberanía jurídica sobre cuestiones que actualmente son competencia nacional. En lugar de ello, resulta útil para aplicar coherencia y un enfoque sistemático a una acción económica que se enfrenta a situaciones cada vez más complejas, en que los desafíos monetarios no son los mismos que en el pasado y requieren instrumentos y objetivos diferentes, en que las responsabilidades de los técnicos deben contar con el apoyo de una supervisión coherente y continua así como de orientación política en base a una visión del futuro ponderada y con especial atención a la resolución de problemas contingentes.

 
  
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  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic y Alf Svensson (PPE), por escrito.(SV) Hemos votado a favor de este informe sin renunciar de ningún modo a nuestra oposición ante un impuesto europeo. Asimismo, seguiremos diciendo «no» a la creación de un grupo de alto nivel que debata la posibilidad de crear una Hacienda Común Europea (HCE) a fin de garantizar a la Unión Europea recursos con cargo a su propia financiación. También en otros puntos hemos utilizado nuestra votación para expresar una opinión diferente.

 
  
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  Corina Creţu (S&D), por escrito. (RO) La cuestión de la gobernanza económica a escala de la Unión Europea es un tema espinoso y la reticencia mostrada por algunos Estados miembros respecto a las nuevas transferencias de soberanía es comprensible. La crisis en Grecia ha puesto de manifiesto las limitaciones de los mecanismos de intervención, por no hablar de lo inadecuado de los instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento de los criterios de convergencia, especialmente en los países que pertenecen a la zona del euro. Establecer un marco coherente y transparente para la vigilancia multilateral de los progresos macroeconómicos en la Unión y en los Estados miembros, así como la consolidación de la supervisión fiscal, como se propone en el documento, marca un paso adelante en la dirección correcta, aunque pueda entrañar una enmienda parcial del Tratado Constitucional. En general, las recomendaciones de este documento son importantes y abordan problemas reales a la vez que ofrecen soluciones relevantes. Por todo ello, he votado a favor de la aprobación del informe.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) Con gran satisfacción y sentido de la responsabilidad, voto a favor de las recomendaciones a favor de mejorar la gobernanza económica de la UE que se indican en este informe. Puesto que la UE se enfrenta a la feroz competencia de las economías emergentes y que la estabilidad de las finanzas públicas es vital para consolidar oportunidades, fomentar la innovación y estimular el crecimiento económico, elementos fundamentales de una sociedad europea basada en el conocimiento y considerando que el crecimiento económico y unas finanzas públicas sostenibles son condición previa para la estabilidad económica y social, la consolidación presupuestaria a largo plazo de la UE, las normas actuales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento junto con un nivel de cumplimiento mediocre, no han sido suficientes para garantizar unas políticas fiscales —y por extensión macroeconómicas— sanas. Por lo tanto, es importante respaldar una aplicación más rigurosa de medidas y sanciones preventivas, así como fomentar una mejor vigilancia y gobernanza económica mediante estadísticas más exactas y comparables relativas a las políticas y posiciones económicas pertinentes de los Estados miembros, especialmente en la zona del euro.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. (FR) Al adoptar la resolución sobre gobernanza económica, el Parlamento Europeo reafirma sus principales objetivos de negociación sobre las seis propuestas legislativas de la Comisión.

Los diputados lamentan el hecho de que la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento sea inadecuada y proponen la creación de un mecanismo efectivo de incentivos y sanciones y resaltan la importancia de la inversión en energía, investigación, innovación, sanidad y educación.

Para acabar con la recesión, debemos planificar la financiación necesaria a escala europea y la idea de los recursos propios debe ponerse en práctica. Mantenemos que la aplicación de un impuesto sobre las transacciones financieras reduciría la especulación y mejoraría el funcionamiento del mercado interior. Además, los ingresos generados por este impuesto podrían contribuir a la financiación de los bienes públicos mundiales y reducir los déficits presupuestarios. Este impuesto debería aplicarse con el mayor alcance posible, y, ciertamente, a escala de la Unión Europea como primer paso.

 
  
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  Diane Dodds (NI), por escrito. – No cabe duda de que es oportuno que el Parlamento aborde esta cuestión tan solo días después del acuerdo entre el Presidente Sarkozy y la Canciller Merkel para intentar cambiar el Tratado de Lisboa a fin de garantizar una gestión ordenada de las futuras crisis de deuda soberana en la zona del euro. Por supuesto, todo esto con el telón de fondo de la crisis continuada en la zona del euro, que cada día deja patente la locura que representa el modelo de la moneda única. Pero aún implica algo más. Claramente, si progresa, el gobierno de coalición del Reino Unido se verá obligado a celebrar un referéndum.

Esto es lo que ha asegurado David Cameron, y, a diferencia de su total garantía de antes, ahora debe cumplir su promesa. Si Francia y Alemania pueden intentar cambiar el Tratado de Lisboa, es de vital importancia que el Gobierno del Reino Unido utilice el proceso de renegociación para recuperar poderes a favor de nuestro parlamento soberano.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor del informe Feio, que es resultado de negociaciones fructíferas entre los grupos políticos del Parlamento Europeo y toma como base un amplio consenso sobre la necesidad de reforzar las políticas de crecimiento y empleo, con miras a mejorar la gobernanza política que permitirá superar la crisis y que la economía europea se recupere.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. (PT) A raíz de la actual crisis económica, financiera y social, el Parlamento ha asumido un papel protagonista a la hora de dotar a la Unión Europea de mecanismos que aseguren la intervención efectiva que no sólo pueden servir para evitar otras crisis, sino, sobre todo, asegurar la estabilidad necesaria para el desarrollo sostenible y la cohesión en Europa. Este informe del señor Feio encarna la responsabilidad del Parlamento a la hora de conseguir una mayor unificación en Europa y en cuanto a la economía mundial, en los intereses de los ciudadanos europeos y su bienestar. Las recomendaciones propuestas representan un avance cualitativo muy significativo en la mejora de la gobernanza económica de la UE y hacen hincapié en el refuerzo de las normas para promover la estabilidad y el crecimiento de los estados y de la Unión, así como mecanismos para la prevención y, asimismo, la corrección y resolución de problemas y retos que tiene que encarar el desarrollo de la estrategia para la UE. Además, la fiabilidad de las estadísticas constituye un elemento importante para garantizar estructuras y autoridades con mejor capacidad de evaluar y determinar la intervención. Asimismo, me gustaría resaltar la cuestión relacionada con la necesidad de evitar situaciones de deuda pública, aparte de los déficits públicos.

 
  
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  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. (FR) No se trata de mejorar la gobernanza económica a escala de la UE de lo que estamos hablando, sino de un control de las políticas fiscales, presupuestarias y económicas de los Estados miembros, que están sometidas al requisito fundamental de no crear prosperidad económica sino de salvaguardar los intereses del mercado único y de Bruselas. Asimismo, hablamos de reactivar y empeorar el Pacto de Estabilidad, que sigue siendo nefasto.

Esta situación es inaceptable, al igual que la creación de una Hacienda Común que sea responsable de gestionar un impuesto europeo y la institucionalización de un gobierno económico europeo (¿para hacer qué?). Admito que el nivel de déficit público y deuda pública, que mayoritariamente se detenta en el extranjero, resulta peligroso tanto desde el punto de vista financiero como en términos de soberanía. Sin embargo, este déficit y esta deuda indudablemente serían inferiores si no fuera por sus políticas y la obligación de los Estados a pedir prestado a los mercados. Casi una sexta parte del presupuesto del Estado francés se gasta en pagar interés de su deuda. Mientras estemos pagando esto, no podemos utilizar los fondos para nada más.

 
  
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  Peter Jahr (PPE), por escrito. (DE) La crisis económica y financiera nos ha mostrado claramente que existe una necesidad urgente de mejorar la cooperación económica en la Unión Europea. Para conseguirlo, debe reforzarse y ampliarse el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para incluir opciones de sanción adecuadas y efectivas. Asimismo, existe la necesidad, por otra parte, de prestar especial atención a los presupuestos nacionales y a la competitividad de los Estados miembros.

De ahora en adelante, debemos identificar los desequilibrios entre los países de la zona del euro y prever cualquier deficiencia que exista en la competencia y debemos contar con la habilidad de exigir contramedidas efectivas. El objetivo debe ser conseguir que la unión monetaria y el euro sean sólidos y robustos de manera duradera para poder evitar crisis como la que acontece en Grecia.

 
  
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  Anne E. Jensen (ALDE), por escrito.(DA) El Partido Liberal danés ha votado en contra de una enmienda específica del informe Feio, que recomienda llevar a cabo un estudio sobre las ventajas de establecer un sistema de recaudación de impuestos europeo. El Partido Liberal danés ha votado a favor del informe en general, que, por otro lado, estaba bien equilibrado.

 
  
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  Alan Kelly (S&D), por escrito. – Es muy importante que se refuercen las normas de la gobernanza económica a la luz de la crisis económica por la que aún atraviesan muchos países de la UE. Sin embargo, coincido con las enmiendas del Parlamento en lo tocante a la eliminación de las recomendaciones sobre sanciones automáticas sobre los Estados miembros que incurran en un déficit excesivo ya que, como la crisis ha evidenciado, es necesario, en circunstancias extraordinarias, exceder los requisitos del déficit a fin de evitar efectos más graves de una crisis.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) El informe con recomendaciones a la Comisión sobre la mejora de la gobernanza económica y el marco de estabilidad de la Unión, en concreto en la zona del euro, que acabamos de votar, forma parte de un debate más general que ha tenido lugar a lo largo de varios meses, sobre iniciativas para combatir la crisis financiera. Surge claramente la necesidad de contar con una gobernanza económica sólida de la Unión Europea, especialmente después de presenciar lo ocurrido en Grecia hace unos meses.

Un día de estos, veremos el informe final realizado por el grupo de trabajo europeo sobre la gobernanza económica, organizado por el Presidente del Consejo Europeo, el señor Van Rompuy. Sin embargo, por ahora, podemos afirmar que existe la absoluta necesidad de identificar las normas de vigilancia de las políticas económicas, normas que no sólo sean mecánicas sino realistas y sostenibles, capaces de reforzar la política fiscal y mejorar la gobernanza europea en su conjunto.

 
  
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  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. (RO) Una observación que pudo plantearse durante el reciente período de crisis económica y financiera fue que la supervisión y la coordinación económica a escala de la UE debía reforzarse de manera significativa. Se apreciaban importantes desequilibrios macroeconómicos y algunos estados se enfrentan ahora a un aumento significativo de su deuda pública y de su proporción respecto al PIB. He votado a favor de este informe porque respaldo firmemente las ocho recomendaciones planteadas por el ponente con la intención de reflejar buena gobernanza y estabilidad económica en la Unión Europea.

Creo que vamos a enfrentarnos a grandes retos en los próximos años. Debemos ser capaces de establecer prioridades claras y adoptar decisiones difíciles a fin de prestar apoyo al potencial de crecimiento económico de la UE y consolidar las finanzas públicas. La coordinación a escala de la UE será vital en este sentido y puede contribuir a eliminar los efectos adversos.

 
  
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  Astrid Lulling (PPE), por escrito. (FR) El debate conjunto del Consejo Europeo, el G-20, el informe de la Comisión Especial sobre la Crisis Financiera, Económica y Social y el informe de la gobernanza europea no han facilitado directrices claras o recomendaciones pertinentes respecto a la crisis financiera. Todos han dicho la suya y han interpretado a su manera unos textos que son confusos y enrevesados. Lamentablemente, esta es la realidad de estos informes de iniciativa propia que aglutinan a grandes mayorías pero, al mismo tiempo, no dicen gran cosa.

El informe Feio se ha debatido demasiado tarde, ya que la Comisión Europea ya ha presentado las directivas que reformarán el Pacto de Estabilidad y la gobernanza de la zona del euro. ¿Qué sentido tiene, dadas las circunstancias, votar estas recomendaciones a la Comisión?

El Parlamento debería dotarse de normas de procedimiento más estrictas y observarlas. Su efectividad y credibilidad están en juego.

La reforma del Pacto de Estabilidad y la gobernanza de la zona del euro atravesará su momento decisivo cuando se analicen los textos legislativos. Junto con otros colegas, colaboraré en esta tarea con una mentalidad abierta y diligentemente. Es importante que el Parlamento respalde una reforma realista pero ambiciosa de manera que se construya la unión monetaria sobre nuevos cimientos. Una institución obtiene su legitimidad en la estructura europea mediante un trabajo minucioso y no mediante...

(Explicación de voto abreviada en aplicación del apartado 1 del artículo 170 del Reglamento)

 
  
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  Mario Mauro (PPE), por escrito. (IT) No se puede progresar sin normas o supervisión. La aplicación de las normas que nos hemos impuesto durante esta época de crisis, para mejorar la coordinación y la vigilancia de los asuntos económicos es lo mínimo que podemos exigir, a nosotros mismos y a los Estados miembros. En esta línea, el informe del señor Feio nos permite centrarnos en algunas distorsiones importantes, y observar como «los recientes acontecimientos económicos han puesto claramente de manifiesto que la coordinación de la política económica en la Unión no ha funcionado lo suficientemente bien y que pese a las obligaciones de los Estados miembros con arreglo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), estos se han abstenido de tratar sus políticas económicas como una cuestión de interés común». Por ello voto, sin vacilar, a favor del informe.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La actual crisis financiera y económica ha demostrado que la UE necesita una gobernanza económica y monetaria cada vez más sólida de manera que no se menoscabe la estabilidad del euro y la propia unión monetaria. Así, la Estrategia Europa 2020 debe intentar promover el crecimiento económico y la creación de empleo, puesto que la brusca caída del PIB, el descenso de la producción industrial y las elevadas cifras de desempleo plantean un reto económico y social de primer orden y sólo pueden remontarse con gobernanza sólida, armonizada y unida. El informe del señor Feio muestra maneras y define estrategias dirigidas hacia un fortalecimiento real de la gobernanza económica y el marco de estabilidad de la UE, centrándose principalmente en la zona del euro. Por ejemplo, plantea establecer un marco coherente y transparente para la vigilancia, reforzar las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y el fortalecimiento de la gobernanza económica en la zona del euro, entre otras recomendaciones.

 
  
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  Louis Michel (ALDE), por escrito. (FR) La crisis económica, financiera y social ha evidenciado los límites del modelo europeo de gobernanza económica. Por ello, debemos contar con un acuerdo en el próximo Consejo Europeo sobre gobernanza económica y sobre el Pacto de Estabilidad. Se deben adoptar reformas urgentes que nos permitan dar un gran salto adelante en términos cualitativos respecto a la gobernanza económica e incorporar instrumentos de supervisión transparentes y especializados.

Estoy a favor del informe del señor Feio porque respalda la propuesta de la Comisión, la cual, a mi modo de ver, es una propuesta de compromiso equilibrada. Estoy a favor de conseguir una mayor participación del Parlamento en la gobernanza económica de la Unión y de la centralización a escala europea de mecanismos de supervisión exclusivos de las principales instituciones financieras transfronterizas. Asimismo, creo que sería útil facilitar a la Unión sus propios recursos financieros como ayuda en su planificación de medidas y actividades.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. (LV) En mi opinión, el informe Feio es el informe más profesional con que hemos contado en los últimos tres meses. Todos los problemas y soluciones que plantea el informe son muy oportunos. La falta de información, la creación de informes distorsionados y, en ocasiones, las patentes mentiras de los gobiernos de los estados de la UE han conducido a unos resultados desastrosos. Con la ocultación temerosa de lagunas flagrantes en sus presupuestos, Grecia, Letonia y Hungría han hecho tambalear la confianza en el euro. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo deben reaccionar estrictamente y efectivamente ante cualquier distorsión de los hechos y la ocultación de la verdad. Es fundamental diseñar medidas respecto a los políticos deshonestos, responsables de que la UE haya entrado en crisis. Para poder salir de esta complicada situación económica, no sólo debemos formular normas de supervisión y estadísticas, sino que también debemos contar con un plan para superar la crisis. En primer lugar, esto significa criterios claros para una política fiscal y plazos establecidos y garantías para los contribuyentes. Asimismo, debemos asegurar que esta legislación tributaria no se enmiende cada día a gusto de los inversores. Lamentablemente, hoy en día, el Gobierno de Letonia modifica sus normas según las adopten los oficiales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Europeo. Espero que el informe Feio funcione como una alarma que indique a la Comisión Europea que el momento de ponerse manos a la obra ya está aquí.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe del señor Feio, pero, como ya he tenido la ocasión de resaltar, Europa necesita urgentemente una reforma profunda en este ámbito aunque la nueva gobernanza económica de Europa no debe centrarse sólo en la suma de la deuda pública. No necesitamos mecanismos para abordar la deuda que sean demasiado automáticos y procíclicos que corren el riesgo de que no se cumpla el objetivo y, con ello, que no se consiga impulsar el crecimiento económico. Al contrario, me inclino por la adopción de mecanismos de supervisión equipados con fórmulas flexibles y razonables, de fácil aplicación por parte de los Estados miembros. Los resultados y beneficios en el presupuesto de reformas importantes en asuntos sociales y económicos, sobre todo en la reforma de las pensiones, no se observan en el siguiente año financiero sino después de varios años, a medio o largo plazo, en la sostenibilidad de las finanzas públicas. En cualquier caso, estas son las reformas más importantes y necesarias. En consecuencia, debemos considerar más y mejor las reformas estructurales precisas para estimular la competitividad y el crecimiento económico en Europa. La competitividad implica crecimiento económico y el crecimiento aporta más ingresos fiscales y una consolidación financiera efectiva.

 
  
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  Georgios Papastamkos (PPE), por escrito. (EL) Me he abstenido de votar el informe Feio ya que las propuestas de gobernanza económica europea no reflejan los problemas estructurales de una unión económica incompleta y no mitigan la asimetría entre una unión económica «truncada» y una unión monetaria plena. Más concretamente, me he abstenido porque no europeízan las políticas económicas y el riesgo económico. Sólo europeízan las sanciones, que a partir de ahora aún son más estrictas. En ningún momento se observan directrices estratégicas que salvaguarden el crecimiento equilibrado y estimulen la competitividad para todos los Estados miembros.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe ya que opino que: (1) se debe establecer un marco coherente y transparente para la vigilancia multilateral de los progresos macroeconómicos en la Unión y en los Estados miembros y reforzar la supervisión fiscal, garantizando un debate anual entre Parlamento Europeo, Comisión, Consejo y representantes de los parlamentos nacionales sobre los Programas de Estabilidad y Convergencia y los Programas Nacionales de Reformas, así como sobre la valoración de la evolución económica de los Estados miembros; y que (2) debe crearse un mecanismo a nivel de cada Estado miembro que permita evaluar el grado de realización de las prioridades Europa 2020 y la consecución de los objetivos nacionales incluidos en el Programa Nacional de Reforma, con miras a sustentar la evaluación anual efectuada por las instituciones de la UE.

Asimismo, creo que deben reforzarse la normas del pacto de Estabilidad y Crecimiento con miras a: (1) tomar más enérgicamente en consideración el nivel, el perfil y la dinámica de la deuda en el ritmo de convergencia hacia el objetivo fiscal a medio plazo (OFMP) específico del Estado miembro que debe incluirse en el PEC; (2) fomentar el establecimiento de mecanismos de control presupuestario de alerta temprana a nivel nacional; y (3) establecer medidas especificadas previamente y preventivas dentro de la zona del euro, tanto para el brazo preventivo como para el correctivo del PEC.

 
  
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  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. (PT) El informe del señor Feio se centra en la cuestión primordial de la coordinación económica europea. Tiene como objetivo servir de orientación a los documentos legislativos de la Comisión y se está debatiendo 24 horas después de conocerse la posición del directorio franco-alemán. Las recomendaciones positivas incluidas en el informe están coordinadas de mala manera, bien por la posición franco-alemana bien por las propuestas de sanciones automáticas ya presentes en los textos del grupo de trabajo del Consejo y de la Comisión. El informe sigue la pauta de las sanciones disciplinarias del Consenso de Bruselas, que tiene como única meta diluirlas. Este consenso no puede reformarse: sólo se puede sustituir con otro que otorgue al empleo y a la corrección de las desigualdades hondas el protagonismo en la coordinación económica.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe ya que coincido en que se debe establecer un marco coherente y transparente para la vigilancia multilateral de los progresos macroeconómicos en la Unión y en los Estados miembros.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – La crisis económica mundial ha desafiado a los mecanismos actuales de coordinación de política económica de la UE y ha revelado algunos de sus puntos débiles.

La unión económica y europea se ha visto sometida a una presión excepcional, debido a anteriores fracasos a la hora de cumplir las normas subyacentes y por la falta de exhaustividad de procedimientos de vigilancia y coordinación existentes. Este informe de iniciativa propia tiene como objetivo que el Parlamento se posicione respecto al paquete legislativo sobre coordinación de política económica (seis propuestas, incluidas cuatro en codecisión) emitido por la Comisión dos semanas antes. Está previsto que la posición del Consejo se manifieste a finales de octubre mediante el informe final del grupo de trabajo Van Rompuy sobre gobernanza económica.

 
  
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  Oreste Rossi (EFD), por escrito. (IT) Después de la crisis económica y financiera, el Parlamento Europeo ha aprobado una serie de informes y directivas de la Comisión sobre sus resultados y maneras de combatirla. A fin de evitar que se repitan las burbujas especulativas como la que estamos intentado dejar atrás, es indispensable establecer una serie de medidas y evaluaciones entre y junto con los Estados miembros. Por ejemplo, resulta fundamental respetar el pacto de Estabilidad y Crecimiento. Probablemente, una supervisión seria y de gran alcance podría haber evitado las situaciones extremas de Grecia y España.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) La actual crisis económica, financiera y social ha demostrado que el modelo de gobernanza económica de la Unión Europea no ha funcionado tan bien como se hubiese deseado. Por lo tanto, es necesario encontrar soluciones para conseguir una gobernanza económica mejor y más eficiente en Europa a fin de evitar que los efectos de la crisis, ya graves, no empeoren.

En este contexto, el ponente recomienda que la Comisión Europea establezca un marco coherente para la vigilancia económica, se refuercen las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la gobernanza económica en la zona del euro y se revisen los instrumentos presupuestarios, financieros y fiscales de la UE.

Además, también se propone establecer un mecanismo robusto y creíble de prevención y resolución de la deuda excesiva para la zona del euro. Finalmente, se recomienda mejorar la fiabilidad de las estadísticas de la UE así como la representación exterior de la Unión en el ámbito de los asuntos económicos y monetarios.

En consecuencia, es preciso que los Estados miembros respeten plenamente las normas y decisiones de la Unión Europea. Asimismo, me gustaría hacer hincapié en la importancia de alinear la reforma con los objetivos de la Estrategia Europa 2020, especialmente en el sentido de reforzar el mercado interior y el papel que desempeñan las PYME como motores clave del crecimiento económico.

Por todo ello, voto a favor del informe.

 
  
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  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. (LT) Señorías, las normas actuales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el débil sistema de aplicación han fracasado a la hora de asegurar suficientemente una política fiscal y macroeconómica sólida. Las recomendaciones que ofrece este informe son un buen punto de partida. El ponente está en lo cierto al afirmar que debemos seguir adelante con reformas estructurales respecto a política social y la integración de los mercados laborales así como incentivos fiscales a las PYME. El proceso de reducir los déficits a largo plazo debe combinarse con otros esfuerzos de estímulo de la economía, como mejores condiciones previas para las inversiones y un mercado interior mejorado, que ofrezca una mayor competitividad. Asimismo, celebro el hecho de que el ponente reconozca que toda nueva medida propuesta debe evitar un efecto desproporcionado en los Estados miembros más vulnerables, en concreto en los países Bálticos. Esta situación obstaculizaría nuestros esfuerzos hacia la consecución del crecimiento económico y de la cohesión. El año pasado, el entusiasmo por el euro se desvaneció ligeramente en los Estados miembros que no tienen el euro, entre ellos Lituania. Por lo tanto, es importante que sepamos apreciar que las decisiones adoptadas en la primera parte del año para salvaguardar la estabilidad del euro son sólo temporales y necesitaremos contar con el refuerzo de un mejor marco de gobernanza económica a escala de la UE.

 
  
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  Derek Vaughan (S&D), por escrito. – Los objetivos de UE 2020 restablecen la necesidad de una integración más estrecha entre las economías de los Estados miembros de toda la Unión Europea a fin de promover la productividad, la competitividad y el crecimiento. La actual crisis económica ha demostrado que el presente modelo de gobernanza económica no tiene suficiente alcance y no puede facilitar la integración progresiva que asegure la estabilidad de las economías de la UE.

Por ello, voto a favor de las recomendaciones del informe Feio, que resaltan la necesidad de fortalecer las disposiciones económicas de la UE así como revisarlas y mejorarlas a largo plazo. A mi juicio, Europa debe considerar de manera crítica sus planes actuales de estabilidad económica y financiera a fin de avanzar juntos hacia una economía más sólida y más estrechamente interrelacionada que aproveche su potencial como superpotencia económica mundial.

 
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