Acta literal de los debates

Martes 23 de noviembre de 2010 - Estrasburgo

9. Explicaciones de voto

Explicaciones de voto orales

Informe: David Casa (A7-0325/2010)

  Daniel Hannan (ECR). – Señor Presidente, ¿confiaría en un pronosticador económico que hace poco ha dicho «El euro ha hecho más para hacer cumplir la disciplina presupuestaria en el resto de Europa que cualquier tipo de exhortación del FMI o la OCDE» o «El euro ya ha ofrecido una gran estabilidad interna para la zona del euro» o «Si nos deshacemos de la libra esterlina y adoptamos el euro, también podremos librarnos de las crisis esterlinas y de las sobrevaloraciones de la libra esterlina? ¿Realmente nos proporcionará esto un verdadero control de nuestro entorno económico»?

Estas tres citas provienen de nuestros antiguos colegas de esta Cámara, Nick Clegg y Chris Huhne —ahora, sorprendentemente, ministros del Gobierno británico—. Nosotros, por otra parte, los que nos oponíamos al euro —no hay forma de decir esto modestamente— hemos demostrado que estábamos totalmente en lo cierto. Siempre hemos dicho que un tipo del BCE determinado por las necesidades centrales sería algo desastroso para la periferia.

No espero humildad por parte de los que procedieron de forma tan desastrosa. Estoy seguro que en la BBC aún se referirán a ellos como expertos desinteresados y de que aún seguirán siendo retratados como partidarios de la línea dura y doctrinarios. Créanme, no me estoy regodeando por su bien. Un amigo mío acaba de decir que no hay nada más irritante que ser prudente durante el evento. Pero, por favor, escúchennos la próxima vez. La moneda única obliga a las naciones a adoptar la política monetaria incorrecta, con resultados desastrosos para los receptores de rescate y para los que pagan.

  Syed Kamall (ECR). – Señor Presidente, comparto la preocupación que acaba de manifestar mi colega en relación con esta obsesión por la armonización. Cuando tenemos en cuenta los movimientos hacia una base fiscal común en materia de IVA, escuchamos cómo los eurodiputados en esta Cámara abogan a favor de una armonización cada vez mayor en lo referente a la fiscalidad, olvidando que lo que realmente necesitamos aquí en la UE es más competencia fiscal. También necesitamos que esto se produzca a escala mundial a fin de garantizar que, por cuanto atañe a la economía y a la competitividad económica, no gravemos a nuestros ciudadanos fuera de su capacidad productiva y de sus fuerzas de producción —lo que estamos haciendo realmente es garantizar que tenemos suficientes empresas e innovadores en un país determinado—, y una de las mejores formas en que podemos hacerlo es mediante la competitividad fiscal.

Esta obsesión con la armonización nos ha llevado a una moneda única que no tiene en cuenta las diferencias nacionales ni las diferencias en los ciclos económicos. Este es el motivo por el que sufren los países; en parte, esta es la razón de ser del sufrimiento de Irlanda; y ya es hora de que nos inclinemos más hacia la competencia; en lugar de inclinarnos hacia bases imponibles comunes.

Informe: Burkhard Balz (A7-0314/2010)

  Clemente Mastella (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, el informe examina el informe anual y la actividad que se ha llevado a cabo este año. La crisis financiera internacional aún domina bastante las acciones económicas y financieras y, cada vez más, la actividad política.

Los acontecimientos de Grecia y de otros países de la zona, naturalmente, tienen causas complejas. En gran parte, los problemas son de origen interno, pues resultan de una falta de reformas estructurales.

Sin lugar a dudas, la unión monetaria europea no ha funcionado según lo previsto. No siempre se han respetado los principios del Pacto de estabilidad y crecimiento y las infracciones que en un principio parecían tener poca importancia han demostrado, con el paso del tiempo, ser una grave amenaza para el pacto en su conjunto.

Por tanto, debemos aprender una lección de la situación. Tenemos que reequilibrar la unión monetaria europea, lograr una mayor transparencia y una gestión más eficaz de la crisis en los mercados financieros y restablecer la confianza pública partiendo de cero. Se trata de un gran reto, pero también de una oportunidad que tenemos el deber de aprovechar.

  Daniel Hannan (ECR). – Señor Presidente, podemos observar cómo el euro ha llevado a la República de Irlanda a la situación crítica en que se encuentra hoy en día. Ya en 2001, los economistas irlandeses dieron la voz de alarma de que Irlanda necesitaba urgentemente aumentar los tipos de interés para interrumpir el auge insostenible. Pero, por supuesto, no había tipos de interés irlandeses, sólo existía el Banco Central Europeo, que, al dar a los miembros principales lo que necesitaban, daban también a los miembros periféricos una dosis doble de lo que no necesitaban, es decir, el dinero artificialmente barato.

Los problemas de Irlanda persistirán mientras siga con la moneda única. El rescate puede permitirle flaquear hasta la próxima vez que su política monetaria necesite desviarse de la del resto de la zona del euro. Es una locura, en un momento como este, cuando mi propio país ya debe 850 000 millones de libras esterlinas, cuando nos deben prestar otros 7 000 millones de libras para enviar a Irlanda. Ese dinero no solo será inútil, sino que también será bastante perjudicial, pues atrapará a la República de Irlanda en su malestar actual.

Si queremos servir de ayuda, podríamos ofrecer a nuestros amigos y vecinos asistencia mucho más práctica e inmediata para permitirles una unión monetaria temporal con la libra esterlina, permitiéndoles tratar sus préstamos como si estuvieran denominados en libras, y permitiéndoles entonces recuperar su camino de regreso al crecimiento.

Informe: Christian Ehler (A7-0308/2010)

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Señor Presidente, quisiera hacer hincapié en la importancia de la formación. Por lo demás, esta propuesta de resolución es excelente, pero me gustaría señalar que, desde la perspectiva de género, la UE y otros países involucrados en estas operaciones de gestión civil de crisis harían bien en mirar hacia el norte para aprender la lección de Suecia y Finlandia también en lo que respecta a la formación.

También me gustaría destacar que es muy importante que la cooperación funcione realmente y que también llevemos a cabo sondeos y estudios sobre qué bueno ha sido el éxito de estas operaciones. En este momento, aún hay fallas en el sistema.

Informe: Pat the Cope Gallagher (A7-0296/2010)

  Jim Higgins (PPE). – Señor Presidente, quisiera explicar la razón por la que he votado en contra de las enmiendas 30 y 31 al artículo 5 del informe Gallagher: por la sencilla razón de que separaría el total admisible de capturas (TAC) del Golfo de Vizcaya del resto de la zona. La justificación era simplemente que hay muy pocos barcos de pesca locales en dicha región que no tienen un gran impacto en las poblaciones de caballa en las aguas.

El argumento que podría dar es que todas las zonas costeras, prácticamente en todos los países, podrían dar el mismo argumento a fin de proteger los intereses de sus pescadores. El Comité científico, técnico y económico no parece sugerir que podamos separar las poblaciones de peces en las aguas. Los peces son una especie transitoria, pues se mueven de un lado para otro, y esta separación no está en consonancia con el Tratado de Lisboa.

No se puede juguetear con el plan de gestión a largo plazo de las poblaciones de peces en el Atlántico Norte. Si disponemos de una política pesquera común, esta debe ser común a todos, sin excepciones ni salvedades, y las consecuencias de esto a largo plazo son bastante graves.

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Señor Presidente, he votado a favor de las enmiendas 30 y 31, porque tanto la distribución por zonas de los TAC como la fijación de los TAC tienen que tener en cuenta las características y los objetivos de las distintas flotas –las artesanales y las industriales– para que puedan mantenerse las oportunidades de pesca que ya tenían hasta ahora.

Su modificación podría suponer cambios en el marco de la explotación, incluso podría originar disputas con las pesquerías locales, que utilizan fundamentalmente el jurel para el suministro al público de pescado de calidad.

Es necesario distinguir el TAC por zonas, en el caso del jurel, al igual que se hace en el caso de otras poblaciones de pesca que están dentro también de la política pesquera común.

Informe: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0295/2010)

  Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Señor Presidente, el problema de la reducción de las poblaciones de peces no solo nos afecta a nosotros, los europeos, sino también a los pescadores y consumidores de todo el mundo. La falta de caladeros es una amenaza para la seguridad alimentaria. También puede alterar el equilibrio de los ecosistemas acuáticos y, en consecuencia, de todo el entorno de nuestro planeta.

En relación con el cambio climático, cabe destacar que el Mar Báltico está expuesto al riesgo de que desaparezcan determinadas especies de peces, y los errores en la legislación pesquera, que impone la prohibición de la pesca, están exacerbando la situación. Es por esto que es tan importante llevar a cabo una revisión adecuada de la política pesquera común, que garantiza una pesca sostenible en las aguas de nuestra región. Estas son las razones por las que he apoyado el informe.

  Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Señor Presidente, he votado a favor de este informe. A mí también me preocupa el hecho de que tenemos que garantizar la subsistencia de las poblaciones de peces y que la pesca sea sostenible de forma genuina, también en la región del Mar Báltico. La reducción de las poblaciones de peces actualmente es una de los principales motivos de preocupación. A este respecto, obviamente, la atención se ha centrado principalmente en la platija y el rodaballo y, sin duda, ha consistido, en una reforma técnica general, una reforma que era necesaria en el momento en que el Tratado de Lisboa entró en vigor. En otras palabras, el antiguo sistema está siendo objeto de sanciones.

Ahora debería ampliarse el alcance de este debate. Estoy preocupado por las reservas de salmón salvaje, especialmente en la región del Báltico, y creo que debemos garantizar el hecho de que estas poblaciones también puedan restablecerse en dicha región y también considero que deberíamos empezar a conceder especial atención a garantizar que la pesca se practique de forma sostenible en la región del Mar Báltico.

Informe: João Ferreira (A7-0184/2010)

  Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, la propuesta de la Comisión de que la introducción y desplazamiento que implique el uso de instalaciones acuícolas cerradas deben estar exentas del permiso requerido debería ir acompañada de una definición más rigurosa de los requisitos que deben cumplir tales instalaciones. Por tanto, doy mi pleno apoyo al informe del señor Ferreira.

No obstante, me gustaría aprovechar esta oportunidad para destacar la falta del apoyo suficiente para el desarrollo tecnológico y de investigación científica en el ámbito de la cría de especies autóctonas. Es necesario que este sector cuente con mayor apoyo en aras del desarrollo sostenible de la agricultura europea. Sólo así seremos capaces de diversificar la producción y el suministro de alimentos, garantizando una mejora en la calidad y mayor seguridad medioambiental.

Informe: Bernhard Rapkay (A7-0324/2010)

  Giommaria Uggias (ALDE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, el mercado único es uno de los pilares de la Unión Europea. No hay duda de que, en las mismas condiciones generales, las empresas pueden producir y vender sus productos y servicios sin ayuda pública, pero no todos los sectores ni todos los ámbitos están operando en condiciones de igualdad. Por tanto, es justo, como en este caso, corregir situaciones de desventaja económica y permitir a las empresas productivas permanecer en el mercado y mantener los niveles de empleo, como en Sulcis, por ejemplo, donde 500 familias se han encontrado sin trabajo, sin ingresos y sin dignidad.

Debemos darnos cuenta de que, cuando hablamos del carbón, estamos hablando de zonas que no tienen otra alternativa a las minas y, por tanto, se les debe brindar la oportunidad de adoptar tecnologías productivas que sean competitivas y compatibles con el mercado libre y el medio ambiente. Lógicamente, el aplazamiento de la fecha límite para 2018 debe representar un imperativo para garantizar que las instituciones y las empresas tomen medidas inmediatas para desarrollar condiciones de compatibilidad tecnológica, financiera y ambiental que estén en consonancia con los retos que nos esperan.

  Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Señor Presidente, cuando hablamos de ayuda estatal, también tenemos que recordar que, en algunos casos, puede falsear la competencia.

Cuando, en el contexto del mercado único, se habla específicamente acerca de las minas de carbón y la ayuda destinada a ellas, hay que decir que, en Europa, debemos dirigir la mirada hacia un futuro más sostenible. El carbón es ahora uno de los combustibles fósiles más perjudiciales: realmente mata a cientos de miles de animales en el transcurso de un año como consecuencia de las diferentes emisiones. Por esa razón, espero que en Europa consigamos llegar a una situación en que podamos reducir gradualmente el uso del carbón como fuente de energía y cambiar a las fuentes de energías renovables. Soy consciente de que esto significará que tendrá que haber un periodo de transición de algún tipo en zonas en que la producción del carbón está estrechamente vinculada al empleo, pero en el fondo, deberíamos inclinarnos más por una energía y tecnología renovables.

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Señor Presidente, no creo que la UE deba apoyar las contaminantes minas de carbón. Debemos apoyar la adquisición de la energía renovable y su producción. No podemos pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo. Apoyo al Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa en este asunto, pero en la votación final, he cometido un error. Lo he corregido formalmente, pero también quería decirlo aquí.

  Bogusław Liberadzki (S&D). – (PL) Señor Presidente, yo intervengo porque Polonia es uno de los países que ha tenido que enfrentarse a los problemas más graves por la reducción repentina del gasto y la extracción del potencial en la industria del carbón. Hace diez años, presentamos un programa radical para el cierre de las minas, pero para sustituir el carbón polaco, se importan 10 millones de toneladas de carbón procedente de Rusia. Puedo garantizarles que las emisiones de CO2 que genera la producción de carbón en Polonia son exactamente las mismas que genera Rusia. Sin embargo, es bueno que tengamos un programa nacional de ayudas y que la Comisión lo permita. He apoyado este informe. Sin embargo, opino que tenemos que mantener un equilibrio. El objetivo no es cerrar las minas por el simple hecho de cerrar las minas, es garantizar la seguridad energética —y estamos considerando las minas como si fueran empresas—.

Informe: Eva Joly (A7-0315/2010)

  Clemente Mastella (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE ha tenido éxito a la hora de haberse establecido como un agente clave en la cooperación internacional Norte-Sur gracias a la calidad de su trabajo.

Reforzar la dimensión parlamentaria de la cooperación ha demostrado ser esencial para los fines basados en garantizar el buen despliegue de los fondos, satisfacer las necesidades de los ciudadanos y conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de salud y educación. Hace algún tiempo, la Comisión Europea introdujo la práctica de someter los documentos estratégicos nacionales y regionales al estudio parlamentario del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales.

He votado a favor de este informe porque tengo la intención de apoyar la labor realizada hasta la fecha por esta Cámara, un papel que incluso más importante hoy en día a medida que supervisamos las negociaciones sobre acuerdos de asociación económica.

En 2009, la Comisión Europea presentó, junto con los países ACP, algunas propuestas para una segunda revisión del acuerdo de asociación, y espero que podamos garantizar su supervivencia y desarrollo como una institución esencial en este proceso de cooperación y democratización del resto del mundo.

  Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quisiera felicitar a la señora Joly por su informe.

Hoy en día, vivimos en un mundo donde la historia humana parece viajar por caminos independientes. En algunos continentes, se pasan los días disfrutando en aras de la innovación, la tecnología y el bienestar objetivo, mientras que en otros, la gente pasa sus horas, desde el amanecer hasta el anochecer, buscando desesperadamente los recursos mínimos para sobrevivir.

En 2009, la Asamblea Parlamentaria Paritaria se esforzó de forma activa para garantizar que sus numerosas propuestas pudieran traducirse en compromisos sustanciales y para que se consiguieran los objetivos. La Unión Europea demostró ser resolutiva para emprender acciones oportunas, específicas y coordinadas destinadas a ayudar a los países más desfavorecidos, en particular, a los más pobres y vulnerables.

El 1 de diciembre, la vigésima sesión plenaria ACP-UE se celebrará en Kinshasa. En ella, se debatirá acerca de un importante informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Como ponente y también como Vicepresidenta de la Asamblea, estaré totalmente comprometida a garantizar que las medidas adoptadas no sean simplemente palabrería, sino que se conviertan en un compromiso firme para seguir el camino hacia un mundo más justo y, sobre todo, un mundo sin pobreza.

  Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE ha demostrado ser una herramienta esencial para la construcción de un diálogo abierto y democrático, implicando con éxito a los parlamentos nacionales, las autoridades locales y las organizaciones no gubernamentales de los países ACP.

Estoy de acuerdo con el enfoque general del informe y considero bastante útil la invitación a la Comisión a facilitar más información a los parlamentos de los países ACP. Es fundamental implicar de forma activa a estos parlamentos en la elaboración de las estrategias de desarrollo nacionales.

Doy mi apoyo a la señora Joly. Antes de que podamos hablar sobre el establecimiento de un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales, sin embargo, necesitamos llevar a cabo un estudio sobre su posible impacto.

Informe: Luigi Berlinguer (A7-0252/2010)

  Clemente Mastella (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, el objetivo del Programa de Estocolmo adoptado por el Consejo Europeo en diciembre del año pasado es crear un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, algo que debe lograrse en los próximos cinco años, con el objetivo de garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de todos sus derechos fundamentales.

El último objetivo del Derecho de la Unión, por lo tanto, debe ser el de facilitar la movilidad y garantizar que estos mismos ciudadanos pueden crear un espacio judicial europeo lo antes posible.

El plan de acción propuesto por la Comisión Europea prevé un conjunto de medidas que se derivan de los nuevos instrumentos que ha habilitado el Tratado de Lisboa con el fin de conciliar las necesidades de los ciudadanos del mercado único con las distintas tradiciones judiciales de los Estados miembros.

He votado a favor de este informe porque, tras haber expuesto las premisas necesarias, pide a los Estados miembros que se comprometan de forma activa a su aplicación, haciendo hincapié en los sectores que deben tratarse como una prioridad, a saber, los aspectos civiles, el reconocimiento mutuo de sentencias y documentos oficiales, un marco de referencia común, los activos de los deudores y la formación judicial común.

Insisto una vez más en mi convicción de que el Parlamento Europeo debe estar asociado a este proceso de armonización después de un examen cuidadoso de los sistemas jurídicos vigentes a escala nacional. Hoy en día, la armonización de los sistemas jurídicos y los respectivos ámbitos de aplicación de la legislación civil y penal en numerosos aspectos se correlaciona con y se ha convertido en parte integrante de los debates en las negociaciones comerciales internacionales, ya que plantea una serie de cuestiones jurídicas que aún no se han resuelto.

  Peter van Dalen (ECR). – (NL) Señor Presidente, la cooperación europea en el espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ) sigue siendo un tema delicado, un tema que hay que abordar con cuidado. Es posible que se precise de cooperación entre las autoridades judiciales a fin de prevenir la delincuencia y para dotar al mercado interior europeo de justicia y seguridad jurídica. Sin embargo, la cooperación en el marco del ELSJ lleva consigo el riesgo oculto de que Europa se ocupe de asuntos que realmente son de competencia nacional. En el apartado 40 del informe Berlinguer se hace referencia al reconocimiento mutuo del matrimonio y al Derecho de familia sin hacer ninguna referencia al apartado 3 del artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este artículo establece que los Estados miembros seguirán siendo soberanos en materia de Derecho de familia con implicaciones transfronterizas. He decidido no apoyar este informe porque no se ha contemplado explícitamente este principio europeo y porque se ha rechazado la enmienda de los Conservadores y Reformistas europeos a este respecto.

  Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Señor Presidente, me he abstenido de votar porque no estoy convencido de que se respete la subsidiariedad del Estado miembro en el ámbito del Derecho de familia. La Unión Europea debe respetar plenamente la división de competencias entre la Unión y los Estados miembros a la hora de crear la legislación. Por esta razón, apoyo plenamente un enfoque que siempre tenga en cuenta los diversos enfoques jurídicos y las tradiciones constitucionales en función de las condiciones específicas de cada Estado, en particular, en los ámbitos relacionados con los valores fundamentales de una sociedad determinada, como los valores encarnados en la legislación del Derecho de familia.

El objetivo del enfoque de la UE debe ser comprender y garantizar mejor las necesidades de todos los ciudadanos en todos los Estados, y no crear una especie de sociedad en blanco y negro. Por tanto, es esencial no sobrepasar por la fuerza el marco necesario del proyecto; de lo contrario, podría suponer una amenaza para los valores fundamentales de los Estados miembros en ámbitos específicos, como el Derecho civil y el de familia.

Informe: Bernhard Rapkay (A7-0324/2010)

  Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Señor Presidente, me gustaría decir que el carbón es una materia prima muy importante para el bienestar de la sociedad y la seguridad energética. A pesar de la investigación que se ha llevado a cabo y a pesar de la búsqueda de fuentes alternativas de energía, la demanda de carbón sigue aumentando. Es evidente, por tanto, que deben hacerse esfuerzos para garantizar el acceso permanente a las reservas de carbón.

Sin embargo, cuando una mina deja de ser rentable, mantenerla en funcionamiento con el uso de ayudas estatales trastorna el mercado, interfiere con la competitividad y desestabiliza, como resultado, la economía del país en cuestión. Lo que se necesita, por lo tanto, es una legislación adecuada que permita el cierre seguro y eficaz de dicha mina. El proyecto de Reglamento garantiza el logro de estos objetivos, garantizando así que se mantenga la competitividad del mercado energético y el fomento del desarrollo de industrias estrechamente relacionadas. Huelga decir que he votado a favor del informe.

Explicaciones de voto por escrito

Informe: Reimer Böge (A7-0328/2010)

  Jean-Pierre Audy (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de mi colega alemán, el señor Böge, sobre la propuesta de decisión relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad por valor de 13 millones de euros con el fin de ayudar a Irlanda, que se vio afectada por graves inundaciones en noviembre 2009. El importe de la ayuda me parece irrisorio (el 2,5 % de un daño total estimado que asciende a 500 millones de euros) y, además, ha llegado demasiado tarde. Yo sugiero que nos preguntemos si, en lugar de la concesión de sumas irrisorias, no debemos utilizar una parte para financiar una fuerza europea de protección civil para que vaya a ayudar a los Estados que se vean afectados por catástrofes para las que no están preparados (incendios, inundaciones, catástrofes naturales, desastres transfronterizos y demás) o para que ponga en práctica nuestros esfuerzos de cooperación internacional en caso de que se produzcan graves catástrofes como, por ejemplo, la que aconteció en Haití.

  Liam Aylward (ALDE), por escrito. – (GA) Estoy muy de acuerdo con lo que dice el informe sobre apoyar la decisión de la Comisión que consiste en destinar 13,02 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE para ayudar a Irlanda con el fin de restablecer la infraestructura y poner en práctica medidas para prevenir inundaciones en las zonas afectadas.

Las inundaciones que azotaron a Irlanda en noviembre de 2009 han causado daños considerables a hogares, explotaciones, empresas, infraestructuras, carreteras y aguas de manantial en las zonas afectadas. Este dinero de la Comisión ayudará a sufragar parte de los gastos que surgieron en el momento de la crisis. También es de suma importancia el grado en que este dinero se destinará a invertir en adoptar medidas a fin de prevenir inundaciones en las zonas implicadas.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de ofrecer fondos a Irlanda con cargo al Fondo de Solidaridad de la UE. En 2009, fuertes lluvias provocaron graves inundaciones que causaron graves daños al sector agrícola, a las propiedades residenciales y a las empresas, así como a la red de carreteras y a otras infraestructuras. El apoyo a Irlanda se aprobó con carácter excepcional porque la magnitud de los daños causados por las inundaciones no cumplía con los requisitos del Fondo de Solidaridad. A causa del cambio climático en Europa y en todo el mundo, cada vez hay más desastres naturales que resultan en la pérdida de vidas humanas y en daños graves. Por tanto, la Unión Europea debe establecer medidas para facilitar los fondos necesarios de manera oportuna cuando ocurran tales catástrofes. En su resolución de marzo, el Parlamento Europeo ha manifestado claramente su posición de que, a fin de resolver los problemas causados por los desastres naturales de forma más eficaz, es necesario contar con un nuevo Reglamento que rija el Fondo de Solidaridad. Creo que el objetivo de la revisión del Reglamento debe consistir en establecer una medida más fuerte y más flexible, cuya aplicación nos permitiría reaccionar con mayor eficacia a los nuevos desafíos del cambio climático y prestar ayuda con mayor rapidez a las víctimas de los desastres naturales.

  Gerard Batten, John Bufton, David Campbell Bannerman, Derek Roland Clark, Trevor Colman y Nigel Farage (EFD), por escrito. – Teniendo en cuenta la ilegitimidad, la estructura no democrática, la corrupción y la motivación megalómana ulterior de la Unión Europea en general y de la Comisión, en particular, nosotros, el Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP), no podemos tolerar que la Comisión monopolice los fondos públicos para cualquier fin y creemos, en consecuencia, que el dinero que destine a reparar el daño que causaron las inundaciones el año pasado en Irlanda no se utilizará correctamente y simplemente ocultará la necesidad de financiar la ayuda que está desembolsada y dirigida correctamente por parte de los gobiernos elegidos democráticamente.

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. – (FR) El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, cuyo objetivo es ayudar a los países forzados a enfrentarse a desastres naturales, se ha movilizado 33 veces desde que se creó hace ocho años. Ha demostrado su utilidad, y creo que es totalmente razonable haberlo movilizado para las inundaciones que se produjeron en noviembre de 2009 en Irlanda, algo que todos recordamos.

  Slavi Binev (NI) , por escrito. – (BG) Me gustaría explicar por qué he votado a favor de esta propuesta. Creo que es absolutamente necesario que demostremos que entendemos los problemas de este tipo, ya que a todos nos puede pasar algo como esto. Al actuar de esta forma, mostramos nuestra unidad y empatía en situaciones de desastres naturales. Estoy seguro de que nuestra ayuda se empleará de la mejor forma posible y ayudará a superar las consecuencias de las inundaciones de Irlanda.

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. – (RO) Considero que es importante la solicitud por parte de Irlanda de ayuda con cargo al Fondo de Solidaridad tras las lluvias torrenciales que produjeron graves inundaciones en noviembre de 2009 y también acojo con beneplácito dicha solicitud. Las inundaciones han causado graves daños al sector agrícola, a las propiedades residenciales, a las empresas, a la red de carreteras y a otras infraestructuras.

  Mário David (PPE), por escrito. – (PT) En general, he votado a favor de este informe porque Irlanda ha presentado una solicitud de ayuda y la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para responder a un desastre causado por las graves inundaciones que tuvieron lugar en noviembre de 2009 y también por el hecho de que estas inundaciones han causado daños considerables en muchos hogares, explotaciones, carreteras y redes de suministro de agua. También he votado a favor porque la ayuda financiera facilitada con cargo al fondo permitirá a las autoridades irlandesas recuperar parte de los gastos incurridos para responder a la emergencia.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de la movilización del Fondo de Solidaridad a favor de Irlanda después de las inundaciones que causaron graves daños al sector agrícola, los hogares y las empresas, la red de carreteras y otras infraestructuras. A pesar de que las pérdidas totales se mantienen por debajo del umbral normal, la solicitud de Irlanda cumple con el criterio de «catástrofe regional extraordinaria», que establece las condiciones para la movilización del Fondo de Solidaridad «en circunstancias excepcionales ». Sería conveniente que el Consejo desbloqueara el nuevo Reglamento sobre el Fondo de Solidaridad, que ha sido aprobado por el Parlamento.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Como he manifestado anteriormente, creo que la solidaridad entre los Estados miembros y, en particular, el apoyo europeo para los Estados afectados por los desastres, es una clara señal de que la UE ya no es sólo una zona de libre comercio. En un momento en que muchos cuestionan la solidez de nuestro proyecto común, los instrumentos de ayuda especial, tales como el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, muestran que somos capaces de permanecer unidos en la adversidad, incluso en situaciones que exigen mucho de los recursos humanos y materiales. Las inundaciones que tuvieron lugar en noviembre de 2009 azotaron con dureza a Irlanda y causaron graves daños estimados en más de 520 millones de euros. Por tanto, creo que la movilización del fondo está plenamente justificada a fin de ayudar a quienes más han sufrido a causa de este desastre natural, y felicito al Presidente de la Comisión de Desarrollo Regional por la rapidez con la que emitió su dictamen a fin de evitar retrasos indebidos en el proceso parlamentario.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Este informe contempla la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSE) para ayudar a Irlanda a hacer frente a los desastres causados por las lluvias torrenciales y las inundaciones de 2009. Esta inundación causó graves daños al sector agrícola, los hogares y las empresas, la red de carreteras y otras infraestructuras. A pesar de que las pérdidas totales se mantienen por debajo del umbral normal, la solicitud de Irlanda cumple con el criterio de «catástrofe regional extraordinaria», que establece las condiciones para la movilización del Fondo de Solidaridad «en circunstancias excepcionales».

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) En el informe, se aprueba la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSE) para ayudar a Irlanda a hacer frente a los desastres causados por las lluvias y las inundaciones de 2009. En los últimos años, los Estados miembros se han visto afectados por un número considerable de desastres. Durante los primeros seis años del Fondo Social Europeo, la Comisión recibió 62 solicitudes de ayuda financiera de 21 países diferentes. Aproximadamente un tercio de ellos se clasificaron en la categoría de «catástrofes grave». Muchas de estas peticiones no recibieron ningún apoyo. Otros desastres no dieron lugar a solicitudes para movilizar el fondo, a pesar de que habían causado un impacto considerable y, en muchos casos, duradero en las personas afectadas, el medio ambiente y la economía.

Es necesario adaptar las normas para la movilización de este fondo a fin de que ésta sea más flexible y oportuna, de forma que aborde también una amplia variedad de desastres con impactos significativos y con el fin de reducir también el tiempo que transcurre desde que se produce el desastres hasta que se habilitan los fondos. Sin embargo, también es importante señalar que, en primer lugar, debe haber un compromiso con la prevención de desastres, poniendo en práctica las recomendaciones que el Parlamento ha aprobado hace poco.

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), por escrito. – (GA) Acogemos con beneplácito la decisión del Parlamento Europeo de aprobar la solicitud del Gobierno irlandés de ayuda financiera con cargo al Fondo de Solidaridad de la UE para aliviar las inundaciones. Las inundaciones de Irlanda han causado graves daños en el país, sobre todo, en el Noroeste. En el marco del Fondo de Solidaridad de la UE, Irlanda recibirá 13 millones de euros. Este dinero se utilizará para cubrir parte de los gastos que las autoridades locales han tenido que asumir con motivo de la crisis a finales de 2009.

El coste total de los daños asciende a 520,9 millones de euros y —aunque no lo crean— esta cantidad está por debajo del umbral contemplado en el Fondo de Solidaridad. Sin embargo, la Comisión Europea aprobó los 13 millones de euros designados a Irlanda porque la Comisión reconoció que las inundaciones que afectaron a Irlanda a finales de 2009 se entiende como un desastre regional extraordinario.

  Seán Kelly (PPE), por escrito. – Ha sido un placer apoyar esta propuesta y quisiera expresar el agradecimiento de mi país por los fondos de solidaridad asignados a nuestro país a raíz de las inundaciones de noviembre de 2009. La semana pasada asistí a un foro sobre las inundaciones de Irlanda y hubo muchas muestras de gratitud cuando mencioné que esto se iba a someter hoy a votación en el Parlamento.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Solidaridad. Creo, de hecho, que el fondo es una valiosa herramienta que permite a la Unión Europea mostrar su solidaridad con las poblaciones de las regiones afectadas por los desastres naturales mediante la prestación de ayuda financiera destinada a garantizar un restablecimiento rápido de las condiciones de vida normales.

La solicitud aprobada durante la votación de hoy la ha realizado Irlanda y está relacionada con las lluvias torrenciales que causaron graves inundaciones en noviembre de 2009. Las inundaciones causaron graves daños al sector agrícola, las propiedades residenciales y las empresas, así como a la red de carreteras y a otras infraestructuras. Las autoridades irlandesas estiman que los daños directos totales ocasionados por el desastre ascienden a 520,9 millones de euros.

Aunque esta cifra se encuentra por debajo del umbral previsto en el Reglamento, la Comisión ha estudiado la solicitud basándose en el denominado criterio del «desastre regional extraordinario». En el marco de este criterio, una región puede beneficiarse de la ayuda con cargo al fondo cuando dicha región se haya visto afectada por una catástrofe natural, principalmente, de carácter natural, que afecte a la mayoría de su población, con repercusiones graves y duraderas en las condiciones de vida y en la estabilidad económica de la región. Por último, quisiera añadir que el fondo se ha movilizado por una cantidad total de 13 022 500 euros.

  David Martin (S&D), por escrito. – Acojo con satisfacción este informe, por el que se acuerda destinar fondos de la UE para ayudar a las víctimas de las inundaciones de Irlanda. Irlanda solicitó ayuda con cargo al Fondo de Solidaridad de la UE tras las lluvias torrenciales que provocaron graves inundaciones en noviembre de 2009. Tales inundaciones provocaron daños en el sector agrícola, las propiedades residenciales, las empresas, las redes de carreteras y las infraestructuras. Tras evaluar la solicitud, la Comisión ha propuesto movilizar el Fondo de Solidaridad por un valor total de 13 022 500 euros. Cabe señalar que se trata de la primera propuesta para la que se acuerda movilizar fondos en 2010 y la cantidad propuesta dejará al menos el 98 % del Fondo de Solidaridad disponible para asignarlo en lo que queda de 2010.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La UE es un espacio de solidaridad, y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) forma parte de él. Este apoyo es esencial para ayudar a los desempleados y las víctimas de las deslocalizaciones que se producen en un mundo globalizado. Cada vez hay más empresas que están llevando a cabo deslocalizaciones, aprovechándose de costes laborales reducidos en una serie de países, sobre todo, en China y la India, con efectos perjudiciales para los países donde sí se respetan los derechos de los trabajadores. El FEAG tiene por objeto ayudar a los trabajadores que son víctimas de la deslocalización de empresas, y es crucial para facilitar su acceso a un nuevo empleo en el futuro. Otros países de la UE ya han utilizado el FEAG en el pasado, y ahora es razonable ofrecer esta ayuda a Irlanda, que ha presentado una solicitud de ayuda financiera con cargo al fondo tras las lluvias torrenciales que causaron las inundaciones de noviembre de 2009.Las inundaciones han causado graves daños en el sector agrícola, en los hogares y las empresas, así como en la red de carreteras y en otras infraestructuras.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) En los últimos años, hemos visto un número creciente de desastres ambientales. En particular, las fuertes lluvias han causado inundaciones que con frecuencia tienen consecuencias devastadoras para el medio ambiente y producen daños que cuestan mucho dinero reparar.

El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea se está movilizando para reparar los daños causados por las inundaciones en Irlanda en 2009 (en el sector agrícola, en los hogares, en las empresas, en la red de carreteras y en otras infraestructuras). El coste total estimado del daño, que es un resultado directo del desastre, asciende a unos 520 millones de euros. La aportación de 13 millones de euros con cargo al presupuesto de la UE ayudará en el trabajo de reconstrucción. He votado a favor de prestar esta ayuda.

  Claudio Morganti (EFD), por escrito. – (IT) La Comisión ha hecho bien en movilizar 13 022 500 euros del Fondo de Solidaridad con la presentación paralela de un proyecto de presupuesto rectificativo (PPR nº 8/2010) tras la solicitud de ayuda presentada por Irlanda en relación con las inundaciones que tuvieron lugar en 2009, que causaron graves daños en la infraestructura nacional por un valor que asciende a 520,9 millones de euros. Los desastres y las calamidades nacionales deben ser una prioridad, y espero que, en el futuro, la Unión Europea actúe de forma más rápida e inmediata.

Las inundaciones irlandesas tuvieron lugar en noviembre de 2009 y el Parlamento no ha dado su aprobación hasta hoy, más de un año después del suceso. La región del Véneto ha sido víctima hace poco de una inundación y espero sinceramente que la acción de la Comisión sea más rápida y oportuna que en el pasado.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe del señor Böge porque creo que la Unión Europea tiene el deber de prestar ayuda y apoyo a las regiones afectadas por catástrofes y desastres naturales.

Creo que el concepto de solidaridad está vinculado a la idea y los valores en los que se basa la Unión Europea. Se trata de uno de los valores principales por los que nació la Unión y ha asegurado su prosperidad y ampliación con el paso del tiempo. Este es el motivo por el que esta asignación no solo está justificada y bien fundamentada, sino que prácticamente se trata de un deber.

Por tanto, espero que también se preste dicha ayuda a las regiones italianas que se han visto afectadas con dureza por las recientes inundaciones, algo que ha postrado a sus pies a las economías locales.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. – (IT) Estoy de acuerdo con el señor Böge, a quien felicito, en la necesidad de movilizar el Fondo Europeo de Solidaridad a favor de Irlanda sobre la base del apartado 26 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006. Este último permite la movilización del Fondo de Solidaridad con un límite máximo anual de 1 000 millones de euros. Se trata de la primera propuesta para movilizar el fondo en 2010.

Apoyo y destaco las recomendaciones del ponente a la Comisión y, dada la difícil situación económica que atraviesa Europa y, en particular, Irlanda, estoy de acuerdo en que debemos mostrar solidaridad.

Por último, quisiera destacar a este respecto que, habida cuenta de que también ha tenido lugar un desastre en el Norte de Italia, debemos actuar con rapidez para ayudar también a las regiones afectadas.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Hemos apoyado esta resolución basada en el hecho de que la Comisión propone movilizar el Fondo Europeo de Solidaridad a favor de Irlanda sobre la base del apartado 26 del Acuerdo Interinstitucional (AI), de 17 de mayo de 2006. El AI permite la movilización del Fondo de Solidaridad con un límite máximo anual de 1 000 millones de euros. Se trata de la primera propuesta para movilizar el fondo en 2010.

En paralelo a esta propuesta, la Comisión ha presentado un proyecto de presupuesto rectificativo (PPR nº 8/2010, de 24 de septiembre de 2010) con el fin de consignar en el presupuesto de 2010 el compromiso correspondiente y los créditos de pago según lo previsto en el apartado 26 del AI. Irlanda solicitó ayuda con cargo al fondo tras las lluvias torrenciales que causaron graves inundaciones en noviembre de 2009. Las inundaciones han causado graves daños al sector agrícola, a las propiedades residenciales, a la red de carreteras y a otras infraestructuras.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) La presente propuesta relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad Europeo (FSE) establece la necesidad de proporcionar ayuda a Irlanda debido a las inundaciones de noviembre de 2009, que causaron enormes pérdidas en el sector agrícola e industrial, en las infraestructuras, sobre todo, en carreteras y en el abastecimiento de agua, y también en zonas residenciales. En vista de ello, y recordando la catástrofe que asoló la isla de Madeira en febrero de 2010 y los efectos del temporal Xynthia en Europa, acojo con satisfacción la propuesta de la Comisión de conceder un total de 13 022 500 euros para ayudar a Irlanda, en función del criterio de «desastre natural extraordinario». Este criterio se utiliza cuando se demuestra que el daño causado ha afectado a la mayor parte de la población de la región y que ha tenido repercusiones graves y duraderas en las condiciones de vida y la estabilidad económica de la región en cuestión. Sin embargo, quisiera reiterar la necesidad de revisar el actual sistema del FSE con el fin de hacerlo más rápido y eficaz a la hora de mitigar los efectos permanentes de los desastres naturales.

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), por escrito. – He votado a favor de la movilización del Fondo de Solidaridad de la UE para ayudar a Irlanda con motivo de las inundaciones de noviembre de 2009. Como en el caso de mi país de origen, Polonia, las desoladoras inundaciones han destrozado a tantas comunidades y familias que es de vital importancia prestar ayuda a nuestros amigos irlandeses. Los fondos provendrán del Fondo de Solidaridad, que se asigna para catástrofes importantes como esta. Los fondos se destinarán a las comunidades más afectadas y para prestar ayuda a las familias y las empresas más afectadas por las inundaciones, así como para ayudarles a reconstruir y recuperar parte de los ingresos que han perdido a causa de la destrucción de sus negocios. Es importante que la UE siga apoyando a sus Estados miembros cuando lo necesitan y que realmente apele a la idea de la solidaridad.

Informe: Barbara Matera (A7-0318/2010)

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. – (FR) Como miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, simplemente he tenido que votar a favor de las seis resoluciones presentadas por la señora Matera destinadas a ayudar a los trabajadores neerlandeses despedidos como consecuencia directa de la crisis económica mundial. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización es un instrumento eficaz que se centra en la reinserción a largo plazo de los trabajadores que sufren de los efectos nocivos de la globalización. Por tanto, creo que el uso de esta herramienta, en casos específicos, está totalmente justificado. Durante los debates sobre el presupuesto, algunas personas querían descartar por completo y de forma inmediata el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: en este ejemplo, podemos observar que aún se trata de una herramienta muy útil en ciertos casos, pues aún se notan hoy en día las consecuencias de la crisis mundial.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Aquí está la explicación de mi voto. Dado que los Países Bajos han solicitado ayuda en relación con 821 despidos en 70 empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 18 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados) de la NACE, revisión 2, en las dos regiones NUTS II contiguas de Brabante Septentrional y Holanda Meridional, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y con las enmiendas que ha presentado el Parlamento. También estoy de acuerdo con el hecho de solicitar a las instituciones implicadas en el proceso que se esfuercen todo lo posible para agilizar la movilización del Fondo de Solidaridad de la UE (FSE).

  Mário David (PPE), por escrito. – (PT) La ayuda prestada a los trabajadores despedidos con motivo de la reestructuración y deslocalización debe ser dinámica y flexible para que pueda aplicarse con rapidez y eficacia. A la luz de los cambios estructurales en el comercio internacional, es vital que la economía europea sea capaz de aplicar eficazmente los instrumentos destinados a apoyar a los trabajadores afectados de esta manera y para reciclarles con el fin de ayudarlos a reintegrarse rápidamente en el mercado laboral. Por tanto, la ayuda financiera siempre debe prestarse con carácter individual. También es importante destacar que esta ayuda no sustituye las responsabilidades que normalmente competen a las empresas, ni tampoco pretende financiar ni reestructurar a las empresas. Voy a votar a favor de este informe por la solicitud presentada por los Países Bajos para recibir ayuda en el caso de los 821 despidos que se han producido en 70 empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 18 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados) de la NACE, revisión 2, en las regiones de Brabante Septentrional y Holanda Meridional.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Los 821 despidos que han tenido lugar en 70 empresas del sector de las Artes gráficas en las regiones neerlandesas de Brabante Septentrional y Holanda Meridional demuestran que la crisis económica y financiera mundial no escatima en sectores que, a simple vista, parecen estar más protegidos de sus repercusiones. Esto apunta a la reducción alarmante en el número de empresas de impresión y publicación en los Países Bajos y, en consecuencia, a la fuerte recesión de la economía en su conjunto. La Comisión Europea ha considerado razonable esta solicitud de las empresas del sector de la impresión y la reproducción de soportes grabados, y ha recibido un apoyo abrumador por parte de la comisión parlamentaria competente. Por tanto, creo que se cumplen todas las condiciones para que apoye la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en este caso. Espero que este apoyo temporal ayude a los trabajadores despedidos a integrarse con más éxito en el mercado laboral.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Habida cuenta del impacto social de la crisis económica mundial, que ha tenido un efecto particular sobre el empleo, el uso apropiado del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene una importancia fundamental a la hora de aliviar la difícil situación de muchas personas y familias europeas, contribuyendo así a su reintegración social y desarrollo profesional, mientras que, al mismo tiempo, se desarrolla una mano de obra renovada y cualificada para cubrir las necesidades de las empresas e impulsar la economía. Este plan de intervención en los Países Bajos para ayudar a las 821 personas despedidas en 70 empresas que operan en las regiones de Brabante Septentrional y Holanda Meridional encuadra en el mismo marco. Por tanto, espero que las instituciones europeas dupliquen sus efectos en la aplicación de medidas que agilicen y mejoren las tasas de utilización de un recurso tan importante como el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, que actualmente cuenta con muy bajos niveles de movilización. Este año sólo se ha solicitado el 11 % de los 500 millones de euros disponibles.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Se han presentado seis solicitudes más para movilizar el Fondo de Solidaridad en relación con el cierre de cientos de empresas en Europa. En total, se ha despedido a más de 3 000 trabajadores. De hecho, se han superado las estimaciones iniciales en lo referente al número de personas que se beneficiarían del fondo en el momento en que éste se creó. Mucho más allá de la movilización sistemática de este instrumento, lo que realmente se necesita es romper con las políticas neoliberales que están provocando ante nuestros ojos un desastre económico y social en los países de la Unión Europea. Se necesitan medidas paliativas para aliviar el desastre, pero, antes de nada, hay que abordar las causas.

Cada nueva solicitud para movilizar este fondo aumenta la urgencia de las medidas que defendemos, cuyos objetivos son combatir el desempleo de forma eficaz, impulsar la actividad económica, acabar con los puestos de trabajo carentes de seguridad y reducir la jornada laboral sin reducir el salario. Estas son medidas que también luchan contra la deslocalización de empresas. Por último, como en otras ocasiones, no podemos dejar de señalar la injusticia de un reglamento que ofrece mayores beneficios a los países con mayores ingresos, en particular, a los que tienen niveles más altos en materia salarial y también en términos de apoyo al desempleo.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para ayudar a los Países Bajos porque considero que se trata de un recurso importante para respaldar a los trabajadores en dificultades a causa de la crisis económica.

El FEAG se creó en 2006 para proporcionar apoyo práctico a los trabajadores despedidos por razones asociadas a la deslocalización de sus empresas o, tras la modificación de 2009, a causa de la crisis económica, con el fin de ayudar a su reinserción en el mercado de trabajo.

La votación de hoy estaba relacionada con una solicitud de ayuda para los 821 trabajadores despedidos en 70 empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 18 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados) de la NACE, revisión 2, en las dos regiones NUTS II contiguas de Brabante Septentrional y Holanda Meridional, que asciende a una suma de 2 890 027 euros financiados con cargo al FEAG. Para terminar, quisiera decir que acojo con beneplácito la aprobación del informe, que demuestra que el FEAG es un recurso útil y eficaz para combatir el desempleo causado por la globalización y la crisis económica.

  David Martin (S&D), por escrito. – Acojo este informe con satisfacción, que respalda la propuesta de la Comisión de movilizar 2 890 027 euros con cargo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para apoyar la reinserción en el mercado laboral de los trabajadores despedidos a raíz de la crisis económica. Esta solicitud está relacionada con los 821 despidos que han tenido lugar en 70 empresas del sector de la impresión y la reproducción de soportes grabados en un periodo de nueve meses. Este Fondo se creó con el fin de ayudar a mitigar estos desafortunados sucesos.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La UE es un espacio de solidaridad, y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) forma parte de él. Este apoyo es esencial para ayudar a los desempleados y las víctimas de las deslocalizaciones que se producen en un mundo globalizado. Cada vez hay más empresas que están llevando a cabo deslocalizaciones, aprovechándose de costes laborales reducidos en una serie de países, sobre todo, en China y la India, con efectos perjudiciales para los países donde sí se respetan los derechos de los trabajadores. El FEAG tiene por objeto ayudar a los trabajadores que son víctimas de la deslocalización de empresas, y es crucial para facilitar su acceso a un nuevo empleo en el futuro. Otros países de la UE ya han utilizado el FEAG en el pasado, y ahora es razonable ofrecer esta ayuda a los Países Bajos, que han presentado una solicitud de ayuda financiera en el caso de 821 despidos que se han producido en 70 empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 18 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados) de la NACE, revisión 2, en las dos regiones NUTS II contiguas de Brabante Septentrional y Holanda Meridional.

  Claudio Morganti (EFD), por escrito. – (IT) El Espacio Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó con el propósito de apoyar la reinserción en el mercado laboral de los trabajadores despedidos debido al actual proceso de globalización del mercado mundial. La Comisión se encarga de evaluar las solicitudes de ayuda con cargo al FEAG y, en este caso, se ha mostrado a favor de la solicitud de elegibilidad. Ahora, se precisa de la aprobación de la autoridad presupuestaria.

La solicitud examinada por el informe, que es la decimonovena durante el presupuesto de 2010, se refiere a la movilización del FEAG por un importe de 453 632 euros (tenemos constancia de que el fondo anual no puede superar los 500 millones de euros) solicitado por los Países Bajos con motivo de los 140 despidos que han tenido lugar en el sector de la prensa en la región de Drente. La crisis económica está planteando dificultades a muchas empresas y cada vez hay más empleados que están perdiendo sus puestos de trabajo. Tenemos que proteger a estos trabajadores. Por tanto, tengo claro que voy a votar a favor.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) La movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización beneficiaría a 70 empresas diferentes y salvaría 821 puestos de trabajo. Por tanto, he votado a favor de este informe.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) Una vez más, nos encontramos en esta Cámara para aprobar una asignación excepcional dentro de nuestras fronteras. Solo en la sesión de hoy vamos a aprobar seis asignaciones. Digo esto muy a mi pesar, ya que este tipo de medidas se asocia a situaciones de crisis y con una serie de problemas que tienen repercusiones para la economía, el mercado laboral, los trabajadores y sus familias. Afortunadamente, sin embargo, tenemos este recurso a nuestra disposición.

Es precisamente en este tipo de situaciones en las que la Unión Europea demuestra sus valores y las cualidades que la distinguen. La solidaridad europea y la defensa de las necesidades europeas son valores que hay que proteger. Este es el mensaje que el Parlamento y la Unión Europea desean transmitir, y espero que haya una mayor sensibilidad a la hora de transmitir dicho mensaje, sobre todo, para luchar contra la demagogia barata antieuropea y para mostrar, en su lugar, cuán importante son realmente el apoyo y la asistencia a escala europea.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) La solicitud presentada por los Países Bajos para recibir ayuda con cargo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en relación con los 821 despidos que se han producido en 70 empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 18 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados) de la NACE, revisión 2, en las dos regiones NUTS II contiguas de Brabante Septentrional y Holanda Meridional cumple con todos los criterios de elegibilidad establecidos oficialmente.

En efecto, en virtud del Reglamento (CE) nº 546/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, que modifica el Reglamento (CE) nº 1927/2006, por el se establece el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, el ámbito de aplicación del FEAG se amplió temporalmente para incluir su intervención en situaciones como ésta, en la que, como resultado directo de la crisis económica y financiera mundial, se provoca «el despido, durante un periodo de nueve meses, de al menos quinientos trabajadores, en un sector de actividad (división del nivel 2 de la NACE) y en una región o dos regiones contiguas (en el nivel NUTS II)». Por ello, he votado a favor de esta resolución, y espero que la movilización del FEAG contribuya al éxito de la integración de estos trabajadores en el mercado laboral.

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de la Resolución del Parlamento Europeo relativa a la movilización del FEAG para la concesión de ayudas a los trabajadores despedidos. En diciembre de 2009, los Países Bajos presentaron una solicitud de asistencia para utilizar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en el marco de los despidos que se hicieron en ocho regiones, en las empresas que operan en el sector gráfico. La solicitud se refiere a 821 despidos en 70 empresas que participan en la impresión y la reproducción de soportes grabados. Los despidos se efectuaron en el periodo comprendido entre el 1 de abril y 29 de diciembre de 2009 en las dos regiones contiguas de Brabante Septentrional y Holanda Meridional.

La crisis económica y financiera también ha causado una caída de la demanda en el sector de la impresión y publicación de cerca del 32 % en lo que respecta al material publicitario impreso y de entre el 7,5 % y el 18,2 % en la publicación de revistas y periódicos. La industria de la impresión y publicación en los Países Bajos pasó por un proceso de reestructuración con el fin de poder seguir compitiendo con sectores similares en Turquía, China y la India. Creo que es necesario simplificar el proceso de asignación de estos fondos a fin de facilitar el acceso de las empresas afectadas al FEAG.

Informe: Barbara Matera (A7-0321/2010)

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Aquí está la explicación de mi voto. Dado que los Países Bajos han solicitado ayuda en relación con 140 despidos que se han producido en dos empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 18 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados) de la NACE, revisión 2, en la región NUTS II de Drente, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y con las enmiendas que ha presentado el Parlamento. También estoy de acuerdo en que la ayuda del FEAG no sustituye las responsabilidades de las empresas en virtud de la legislación nacional o de los acuerdos colectivos, y tampoco financia la reestructuración de las empresas o los sectores.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Aunque apoyo todas las solicitudes para movilizar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización presentadas por los Países Bajos en relación con la gran ola de despidos que han tenido lugar en dos regiones del sector de las Artes gráficas —la impresión y la reproducción de soportes grabados—, creo que las autoridades neerlandesas podrían facilitar más detalles sobre el alcance de estas medidas y también sobre su precisión, con el fin de permitir que estas medidas puedan evaluarse con mayor eficacia. Espero que el sector pueda recuperarse y que las personas despedidas, en particular, los de edad más avanzada, puedan restablecer sus vidas y recuperar su lugar en el mercado laboral.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Habida cuenta del impacto social de la crisis económica mundial, que ha tenido un efecto particular sobre el empleo, el uso apropiado del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene una importancia fundamental a la hora de aliviar la difícil situación de muchas personas y familias europeas, contribuyendo así a su reintegración social y desarrollo profesional, mientras que, al mismo tiempo, se desarrolla una mano de obra renovada y cualificada para cubrir las necesidades de las empresas e impulsar la economía.

Este plan de intervención en los Países Bajos para ayudar a las 140 personas despedidas en dos empresas que operan en la región de Drente encuadra en el mismo marco. Por tanto, espero que las instituciones europeas dupliquen sus efectos en la aplicación de medidas que agilicen y mejoren las tasas de utilización de un recurso tan importante como el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, que actualmente cuenta con muy bajos niveles de movilización. Este año sólo se ha solicitado el 11 % de los 500 millones de euros disponibles.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para ayudar a los Países Bajos porque considero que se trata de un recurso importante para respaldar a los trabajadores en dificultades a causa de la crisis económica.

El FEAG se creó en 2006 para proporcionar apoyo práctico a los trabajadores despedidos por razones asociadas a la deslocalización de sus empresas o, tras la modificación de 2009, a causa de la crisis económica, con el fin de ayudar a su reinserción en el mercado de trabajo.

La votación de hoy estaba relacionada con una solicitud de ayuda para los 140 despidos que se han producido en dos empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 18 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados) de la NACE, revisión 2, en la región NUTS II de Drente, que asciende a una suma de 453 632 euros financiados con cargo al FEAG. Para terminar, quisiera decir que acojo con beneplácito la aprobación del informe, que demuestra que el FEAG es un recurso útil y eficaz para combatir el desempleo causado por la globalización y la crisis económica.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe, que respalda una solicitud de movilización del Fondo Europeo de Globalización en relación con 140 despidos en dos empresas dedicadas al sector de las Artes gráficas y la reproducción de soportes grabados durante un periodo de nueve meses en la División neerlandesa de Drente. Forma parte de un paquete de seis solicitudes relacionadas entre sí relacionadas con los despidos que han tenido lugar en ocho regiones diferentes de los Países Bajos. Se ha producido una disminución sustancial de la demanda en el sector de la impresión y publicación debido a la crisis económica. Acojo con satisfacción la solidaridad que estamos mostrando para con los trabajadores que atraviesan por tiempos difíciles.

  Iosif Matula (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor de los proyectos de informe de Barbara Matera sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para ayudar a los Países Bajos, pues creo que la Unión Europea debe prestar ayuda a los trabajadores despedidos, ofreciéndoles apoyo financiero eficaz y dinámico. En el contexto de la actual crisis económica y social, nuestras acciones deben estar dirigidas a conceder ayuda a quienes la necesitan. Todos somos conscientes de que la prioridad debe ser proteger a los ciudadanos de la UE de las repercusiones de la globalización y la recesión económica. Creo que la Unión puede hacer una aportación significativa a la lucha contra el impacto de la crisis económica y a la reducción del desempleo entre sus ciudadanos.

En esta ocasión, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que los Estados miembros pueden y deben pedir la ayuda concedida por el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. En este contexto, quiero señalar que mi país, Rumanía, ejemplifica el espíritu de solidaridad de la Unión Europea en situaciones de crisis, independientemente de que hablemos de Grecia, los Países Bajos, etc., para confirmar el hecho de que, juntos, formamos una gran familia: la familia de una Europa unida.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La UE es un espacio de solidaridad, y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) forma parte de él. Este apoyo es esencial para ayudar a los desempleados y las víctimas de las deslocalizaciones que se producen en un mundo globalizado. Cada vez hay más empresas que están llevando a cabo deslocalizaciones, aprovechándose de costes laborales reducidos en una serie de países, sobre todo, en China y la India, con efectos perjudiciales para los países donde sí se respetan los derechos de los trabajadores.

El FEAG tiene por objeto ayudar a los trabajadores que son víctimas de la deslocalización de empresas, y es crucial para facilitar su acceso a un nuevo empleo en el futuro. Otros países de la UE ya han utilizado el FEAG en el pasado, y ahora es razonable ofrecer esta ayuda a los Países Bajos, que han presentado una solicitud de ayuda financiera en el caso de 140 despidos en 2 empresas de la división 18 de la NACE, revisión 2 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados) en la región NUTS II de Drente.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Cada vez se despide a más personas como resultado de las medidas de la globalización. En el periodo de referencia de nueve meses, desde el 1 de abril de 2009 hasta el 29 de diciembre de 2009, se ha despedido a 140 personas en dos empresas en la región neerlandesa de Drente. Ahora, se está movilizando el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para hacer una contribución de 453 632 euros. He votado a favor del informe, porque permite que el FEAG cumpla sus obligaciones.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) La movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización beneficiaría a dos empresas diferentes y salvaría 140 puestos de trabajo. Por tanto, he votado a favor de este informe.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) Esta solicitud se basa en el apartado c) del artículo 2 del Reglamento relativo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), y forma parte de un paquete más grande de seis solicitudes relacionadas entre sí, que en su conjunto están relacionadas con los despidos que han tenido lugar en ocho regiones NUTS II diferentes de los Países Bajos en empresas dedicadas al sector de las Artes gráficas, al que la crisis económica y financiera mundial ha azotado con dureza. Más concretamente, se trata de 140 despidos en dos empresas de la división 18 de la NACE, revisión 2 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados) en la región NUTS II de Drente, una provincia que se enfrenta a una situación muy difícil, porque tiene la tercera tasa más alta de desempleo en los Países Bajos (7,5 %) y porque tiene una renta per cápita que es significativamente inferior a la media nacional. Por tanto, creo que, en este caso, se cumplen todas las condiciones para movilizar el FEAG, y espero que se facilite la ayuda a las personas despedidas de forma rápida y eficaz.

Informe: Barbara Matera (A7-0323/2010)

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Aquí está la explicación de mi voto. Habida cuenta de que los Países Bajos han solicitado ayuda en relación con los 129 despidos que se han producido en nueve empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 18 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabado) de la NACE, revisión 2, en la región NUTS II de Limburgo, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y con las enmiendas presentadas por el Parlamento.

También estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión de una alternativa a los recursos del Fondo Social Europeo no utilizados como una fuente de créditos de pago para movilizar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, tras los frecuentes recordatorios del Parlamento de que este Fondo se creó de forma independiente como un instrumento específico, con sus propios objetivos y plazos, por lo que es necesario identificar líneas presupuestarias adecuadas para las transferencias.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) El campo de la impresión y reproducción de soportes grabados, que forma parte del sector de las Artes gráficas, se ha visto especialmente erosionado en los Países Bajos, como bien ponen de manifiesto las diferentes solicitudes para movilizar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG). La región de Drente, que tiene la tercera tasa de desempleo más alta del país, no ha permanecido inmune a esta tendencia. Vale la pena subrayar la necesidad de que este fondo se movilice con rapidez y eficacia, sin burocracia excesiva, a fin de contribuir a una mejor formación de los trabajadores despedidos, y facilitar así su reinserción en el mercado laboral en mejores condiciones que aquellas en las que se fueron.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Habida cuenta del impacto social de la crisis económica mundial, que ha tenido un efecto particular sobre el empleo, el uso apropiado del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene una importancia fundamental a la hora de aliviar la difícil situación de muchas personas y familias europeas, contribuyendo así a su reintegración social y desarrollo profesional, mientras que, al mismo tiempo, se desarrolla una mano de obra renovada y cualificada para cubrir las necesidades de las empresas e impulsar la economía.

Este plan de intervención en los Países Bajos para ayudar a las 129 personas despedidas en nueve empresas que operan en la región de Limburgo encuadra en el mismo marco. Por tanto, espero que las instituciones europeas dupliquen sus efectos en la aplicación de medidas que agilicen y mejoren las tasas de utilización de un recurso tan importante como el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, que actualmente cuenta con muy bajos niveles de movilización. Este año sólo se ha solicitado el 11 % de los 500 millones de euros disponibles.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para ayudar a los Países Bajos porque considero que se trata de un recurso importante para respaldar a los trabajadores en dificultades a causa de la crisis económica.

El FEAG se creó en 2006 para proporcionar apoyo práctico a los trabajadores despedidos por razones asociadas a la deslocalización de sus empresas o, tras la modificación de 2009, a causa de la crisis económica, con el fin de ayudar a su reinserción en el mercado de trabajo.

La votación de hoy estaba relacionada con una solicitud de ayuda para los 129 trabajadores despedidos en nueve empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 18 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados) de la NACE, revisión 2, en la región NUTS II de Limburgo, que asciende a una suma de 549 946 euros financiados con cargo al FEAG. Para terminar, quisiera decir que acojo con beneplácito la aprobación del informe, que demuestra que el FEAG es un recurso útil y eficaz para combatir el desempleo causado por la globalización y la crisis económica.

  David Martin (S&D), por escrito. – Estoy a favor de esta medida de la solidaridad europea con los 129 trabajadores de nueve empresas (artes gráficas y reproducción) que se enfrentan al despido. La suma de 549 946 les ofrecerá parte del apoyo que necesitan para reintegrarse en el mercado laboral.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La UE es un espacio de solidaridad, y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) forma parte de él. Este apoyo es esencial para ayudar a los desempleados y las víctimas de las deslocalizaciones que se producen en un mundo globalizado. Cada vez hay más empresas que están llevando a cabo deslocalizaciones, aprovechándose de costes laborales reducidos en una serie de países, sobre todo, en China y la India, con efectos perjudiciales para los países donde sí se respetan los derechos de los trabajadores.

El FEAG tiene por objeto ayudar a los trabajadores que son víctimas de la deslocalización de empresas, y es crucial para facilitar su acceso a un nuevo empleo en el futuro. Otros países de la UE ya han utilizado el FEAG en el pasado, y ahora es razonable ofrecer esta ayuda a los Países Bajos, que han presentado una solicitud de ayuda financiera en el caso de 129 despidos que se han producido en nueve empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 18 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados) de la NACE, revisión 2, en la región NUTS II de Limburgo.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Los efectos de largo alcance de la globalización han dado lugar a que cada vez más personas pierdan sus puestos de trabajo; de hecho, los despidos son cada vez más comunes. Entre el 1 de abril de 2009 y el 29 de diciembre 2009, una fábrica neerlandesa de maquinaria y equipamiento ha despedido a 129 trabajadores en la región de Limburgo. Ahora se ha presentado una solicitud con cargo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para que haga una contribución de 549 946 euros para ayudar a los afectados. He votado a favor del informe, pues evitará que estas personas despedidas no tengan que enfrentarse a más problemas financieros.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) La movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización salvaría 129 puestos de trabajo en nueve empresas diferentes. Por tanto, he votado a favor de este informe.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) Esta solicitud se basa en el apartado c) del artículo 2 del Reglamento relativo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), y forma parte de un paquete más grande de seis solicitudes relacionadas entre sí, que en su conjunto están relacionadas con los despidos que han tenido lugar en ocho regiones NUTS II diferentes de los Países Bajos en empresas dedicadas al sector de las Artes gráficas, al que la crisis económica y financiera mundial ha azotado con dureza. Más concretamente, se trata de 129 despidos que se han producido en nueve empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 18 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados) de la NACE, revisión 2, en la región NUTS II de Limburgo, una provincia que se enfrenta a una situación muy difícil, porque tiene la segunda tasa más alta de desempleo en los Países Bajos (8 %) y porque tiene una renta per cápita que es significativamente inferior a la media nacional. Por tanto, creo que, en este caso, se cumplen todas las condiciones para movilizar el FEAG, y espero que se facilite la ayuda a las personas despedidas de forma rápida y eficaz.

Informe: Barbara Matera (A7-0322/2010)

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Habida cuenta de que los Países Bajos han solicitado ayuda en relación con los 650 despidos que se han producido en 45 empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 18 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados) de la NACE, revisión 2, en las dos regiones NUTS II contiguas de Güeldres y Overijssel, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y con las enmiendas presentadas por el Parlamento. También estoy de acuerdo con la postura del Parlamento en lo referente a lamentar las grandes deficiencias de la Comisión en la aplicación de programas de competitividad e innovación, sobre todo, durante esta crisis económica, algo que aumenta significativamente la necesidad de contar con tal apoyo.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Un total de 650 trabajadores han perdido sus puestos de trabajo en 45 empresas en el campo de la impresión y reproducción de soportes grabados en el sector de las Artes gráficas, en las regiones neerlandesas de Güeldres y Overijssel, sumando la difícil situación en la que se encuentran a la de otros trabajadores y otras empresas en todo el país. Frente a todas las solicitudes presentadas para la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, es importante averiguar cómo se orientará a los trabajadores y hasta qué punto los nuevos puestos de trabajo y los incentivos para emprender el trabajo por cuenta propia son sostenibles, o si, por el contrario, correrán los mismos riesgos que los que han fracasado al hacerlo. La innovación y el espíritu empresarial, desde hace mucho tiempo, han sido cualidades características de la sociedad neerlandesa, y esto hay que recordarlo y recrearlo en los tiempos tan difíciles por los que atravesamos.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Habida cuenta del impacto social de la crisis económica mundial, que ha tenido un efecto particular sobre el empleo, el uso apropiado del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene una importancia fundamental a la hora de aliviar la difícil situación de muchas personas y familias europeas, contribuyendo así a su reintegración social y desarrollo profesional, mientras que, al mismo tiempo, se desarrolla una mano de obra renovada y cualificada para cubrir las necesidades de las empresas e impulsar la economía.

Este plan de intervención en los Países Bajos para ayudar a las 650 personas despedidas en 45 empresas que operan en las regiones de Güeldres y Overijssel encuadra en el mismo marco. Por tanto, espero que las instituciones europeas dupliquen sus efectos en la aplicación de medidas que agilicen y mejoren las tasas de utilización de un recurso tan importante como el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, que actualmente cuenta con muy bajos niveles de movilización. Este año sólo se ha solicitado el 11 % de los 500 millones de euros disponibles.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para ayudar a los Países Bajos porque considero que se trata de un recurso importante para respaldar a los trabajadores en dificultades a causa de la crisis económica.

El FEAG se creó en 2006 para proporcionar apoyo práctico a los trabajadores despedidos por razones asociadas a la deslocalización de sus empresas o, tras la modificación de 2009, a causa de la crisis económica, con el fin de ayudar a su reinserción en el mercado de trabajo.

La votación de hoy estaba relacionada con una solicitud de ayuda para los 650 trabajadores despedidos en 45 empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 18 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados) de la NACE, revisión 2, en las regiones NUTS II de Güeldres y Overijssel, que asciende a una suma de 2 013 619 euros financiados con cargo al FEAG. Para terminar, quisiera decir que acojo con beneplácito la aprobación del informe, que demuestra que el FEAG es un recurso útil y eficaz para combatir el desempleo causado por la globalización y la crisis económica.

  David Martin (S&D), por escrito. – Acojo con satisfacción el informe, que respalda los planes para liberar 2 013 619 euros para ayudar a los trabajadores de Overijssel despedidos debido a la recesión en la industria de la impresión. Este apoyo con cargo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización debería ayudar a reintegrar a los trabajadores en el mercado de trabajo, y es un placer ver la solidaridad europea en acción.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La UE es un espacio de solidaridad, y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) forma parte de él. Este apoyo es esencial para ayudar a los desempleados y las víctimas de las deslocalizaciones que se producen en un mundo globalizado. Cada vez hay más empresas que están llevando a cabo deslocalizaciones, aprovechándose de costes laborales reducidos en una serie de países, sobre todo, en China y la India, con efectos perjudiciales para los países donde sí se respetan los derechos de los trabajadores.

El FEAG tiene por objeto ayudar a los trabajadores que son víctimas de la deslocalización de empresas, y es crucial para facilitar su acceso a un nuevo empleo en el futuro. Otros países de la UE ya han utilizado el FEAG en el pasado, y ahora es razonable ofrecer esta ayuda a los Países Bajos, que han presentado una solicitud de ayuda financiera en el caso de 650 despidos que se han producido en 45 empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 18 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados) de la NACE, revisión 2, en las dos regiones NUTS II contiguas de Güeldres y Overijssel.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Durante el periodo de referencia de nueve meses, desde el 1 de abril de 2009 hasta el 29 de diciembre de 2009, se ha despedido a 650 trabajadores en 45 empresas en las dos regiones neerlandesas de Güeldres y Overijssel. Los despidos han sido la consecuencia de la crisis económica y los cambios estructurales producidos en las pautas comerciales de carácter mundial. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se creó con el fin de mejorar las perspectivas de futuro de las personas que hayan perdido sus puestos de trabajo, con una financiación anual de 500 millones de euros destinados a intervenir en situaciones como estas. He votado a favor del informe porque los trabajadores despedidos merecen el apoyo del FEAG.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) La movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización salvaría 650 puestos de trabajo en 45 empresas diferentes. Por tanto, he votado a favor de este informe.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) La solicitud presentada por los Países Bajos para recibir ayuda con cargo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en relación con los 650 despidos que se han producido en 45 empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 18 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados) de la NACE, revisión 2, en las dos regiones NUTS II contiguas de Güeldres y Overijssel cumple con todos los criterios de elegibilidad establecidos oficialmente. En efecto, en virtud del Reglamento (CE) nº 546/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, que modifica el Reglamento (CE) nº 1927/2006, por el se establece el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, el ámbito de aplicación del FEAG se amplió temporalmente para incluir su intervención en situaciones como ésta, en la que, como resultado directo de la crisis económica y financiera mundial, se provoca «el despido, durante un periodo de nueve meses, de al menos quinientos trabajadores, en un sector de actividad (división del nivel 2 de la NACE) y en una región o dos regiones contiguas (en el nivel NUTS II)». Por ello, he votado a favor de esta resolución, y espero que la movilización del FEAG contribuya al éxito de la integración de estos trabajadores en el mercado laboral.

Informe: Barbara Matera (A7-0319/2010)

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Habida cuenta de que los Países Bajos han solicitado ayuda en relación con los 720 despidos en 79 empresas de la división 18 de la NACE, revisión 2 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados) en las dos regiones NUTS II contiguas de Holanda Septentrional y Utrecht, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y con las enmiendas presentadas por el Parlamento.

También estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión de una alternativa a los recursos del Fondo Social Europeo no utilizados como una fuente de créditos de pago para movilizar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, tras los frecuentes recordatorios del Parlamento de que este Fondo se creó de forma independiente como un instrumento específico, con sus propios objetivos y plazos, por lo que es necesario identificar líneas presupuestarias adecuadas para las transferencias.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La crisis en el sector de las Artes gráficas de los Países Bajos ha afectado a una serie de regiones del país, entre otras, Holanda Septentrional y Utrecht. En este caso, han tenido lugar 720 despidos en 79 empresas. Se trata de una de las seis solicitudes que han presentado los Países Bajos y que ha merecido el soporte de la Comisión Europea y la Comisión de Presupuestos. Yo también la respaldo y, además, espero que el sector pueda reorganizarse y que los trabajadores despedidos puedan encontrar nuevos puestos de trabajo, ya sea en el mismo sector de la impresión y la reproducción de soportes grabados o en otros para los que estén o pudieran estar capacitados. El apoyo otorgado podría ser un paso en esta dirección.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Habida cuenta del impacto social de la crisis económica mundial, que ha tenido un efecto particular sobre el empleo, el uso apropiado del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene una importancia fundamental a la hora de aliviar la difícil situación de muchas personas y familias europeas, contribuyendo así a su reintegración social y desarrollo profesional, mientras que, al mismo tiempo, se desarrolla una mano de obra renovada y cualificada para cubrir las necesidades de las empresas e impulsar la economía.

Este plan de intervención en los Países Bajos para ayudar a las 720 personas despedidas en 79 empresas que operan en las regiones de Holanda Septentrional y Utrecht encuadra en el mismo marco. Por tanto, espero que las instituciones europeas dupliquen sus efectos en la aplicación de medidas que agilicen y mejoren las tasas de utilización de un recurso tan importante como el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, que actualmente cuenta con muy bajos niveles de movilización. Este año sólo se ha solicitado el 11 % de los 500 millones de euros disponibles.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Este es uno de los informes sobre las seis solicitudes presentadas por los Países Bajos para la movilización del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización (FEAG) con objeto de apoyar la reinserción en el mercado laboral de los trabajadores despedidos como consecuencia de la crisis económica y financiera. Hay algunos aspectos específicos de estas seis solicitudes que es importante señalar, además del retraso en el proceso de aprobación por la Comisión Europea, que, sin embargo, ahora es algo habitual lamentablemente. Estos aspectos específicos se refieren al contenido de estas seis solicitudes, todas en relación con los despidos que han tenido lugar en ocho regiones diferentes de los Países Bajos, en pequeñas empresas dedicadas al sector de las Artes gráficas, en concreto, a la impresión y la reproducción de soportes grabados y a las actividades de publicación. Esta vez, se ha movilizado una suma total de 2 266 625 con cargo al FEAG para ayudar a los Países Bajos.

  Estelle Grelier (S&D), por escrito. – (FR) A este respecto, se da una coincidencia: se ha pedido al Parlamento que dé su opinión hoy sobre seis solicitudes de ayuda al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización presentadas por los Países Bajos mientras que, al mismo tiempo, las negociaciones del presupuesto de 2011 están atascadas porque los Países Bajos y otros dos Estados miembros se niegan a participar en un diálogo responsable y constructivo sobre el futuro del presupuesto europeo. Por tanto, creo que las votaciones de hoy son una oportunidad para señalar que el presupuesto europeo no es solo una herramienta de contabilidad que todo el mundo considera desalentadora: se trata, en primer lugar, de la «fuerza» que hay detrás de la Unión Europea que le permite trabajar día a día para proteger a sus ciudadanos y, en particular a través del FEAG, para proteger a los trabajadores desempleados.

La votación sobre la asignación de la ayuda con cargo al FEAG a los trabajadores neerlandeses podría haberse utilizado como «voto de protesta» contra el Gobierno neerlandés, que critica por una parte de lo que se beneficia por otra. En su lugar, ha sido una oportunidad para que el Parlamento recuerde que el principio de la solidaridad debe ser la base sobre la que se adopten todas las decisiones de la UE.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para ayudar a los Países Bajos porque considero que se trata de un recurso importante para respaldar a los trabajadores en dificultades a causa de la crisis económica.

El FEAG se creó en 2006 para proporcionar apoyo práctico a los trabajadores despedidos por razones asociadas a la deslocalización de sus empresas o, tras la modificación de 2009, a causa de la crisis económica, con el fin de ayudar a su reinserción en el mercado de trabajo. La votación de hoy estaba relacionada con una solicitud de ayuda para los 720 trabajadores despedidos en 79 empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 18 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados) de la NACE, revisión 2, en las dos regiones NUTS II de Holanda Septentrional y Utrecht, que asciende a una suma de 2 266 625 euros financiados con cargo al FEAG.

Para terminar, quisiera decir que acojo con beneplácito la aprobación del informe, que demuestra que el FEAG es un recurso útil y eficaz para combatir el desempleo causado por la globalización y la crisis económica.

  David Martin (S&D), por escrito. – Me complace que se haya puesto a disposición la suma de 2 266 625 con cargo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización a fin de respaldar la reinserción en el mercado laboral de los trabajadores despedidos en el sector de la impresión a causa de la crisis económica mundial. Esta solicitud está relacionada con el despido de 720 personas en 79 empresas sitas en la división de Holanda Septentrional y Utrecht de los Países Bajos.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La UE es un espacio de solidaridad, y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) forma parte de él. Este apoyo es esencial para ayudar a los desempleados y las víctimas de las deslocalizaciones que se producen en un mundo globalizado. Cada vez hay más empresas que están llevando a cabo deslocalizaciones, aprovechándose de costes laborales reducidos en una serie de países, sobre todo, en China y la India, con efectos perjudiciales para los países donde sí se respetan los derechos de los trabajadores.

El FEAG tiene por objeto ayudar a los trabajadores que son víctimas de la deslocalización de empresas, y es crucial para facilitar su acceso a un nuevo empleo en el futuro. Otros países de la UE ya han utilizado el FEAG en el pasado, y ahora es razonable ofrecer esta ayuda a los Países Bajos, que han presentado una solicitud de ayuda financiera en el caso de 720 despidos que se han producido en 79 empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 18 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados) de la NACE, revisión 2, en las dos regiones NUTS II contiguas de Holanda Septentrional y Utrecht.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) La movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización beneficiaría a 79 empresas diferentes y salvaría 720 puestos de trabajo. Por tanto, he votado a favor de este informe.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) La solicitud presentada por los Países Bajos para recibir ayuda con cargo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en relación con los 720 despidos que se han producido en 79 empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 18 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados) de la NACE, revisión 2, en las dos regiones NUTS II de Holanda Septentrional y Utrecht cumple con todos los criterios de elegibilidad establecidos oficialmente. En efecto, en virtud del Reglamento (CE) nº 546/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, que modifica el Reglamento (CE) nº 1927/2006, por el se establece el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, el ámbito de aplicación del FEAG se amplió temporalmente para incluir su intervención en situaciones como ésta, en la que, como resultado directo de la crisis económica y financiera mundial, se provoca «el despido, durante un periodo de nueve meses, de al menos quinientos trabajadores, en un sector de actividad (división del nivel 2 de la NACE) y en una región o dos regiones contiguas (en el nivel NUTS II)». Por ello, he votado a favor de esta resolución, y espero que la movilización del FEAG contribuya al éxito de la integración de estos trabajadores en el mercado laboral.

Informe: Barbara Matera (A7-0320/2010)

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Dado que los Países Bajos han solicitado ayuda en relación con 598 despidos que se han producido en ocho empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 58 (Edición) de la NACE, revisión 2, en las dos regiones NUTS II contiguas de Holanda Septentrional y Holanda Meridional, he votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y con las enmiendas que ha presentado el Parlamento. También estoy de acuerdo con pedir a las instituciones implicadas en el proceso que hagan los esfuerzos necesarios para agilizar la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSE).

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Cualquier persona que supervise la cantidad y la distribución geográfica de los despidos en el sector de las Artes gráficas en los Países Bajos, que son la razón de las diversas solicitudes para movilizar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), seguramente se alarmarán al ver la gran cantidad de despidos y su amplitud. Solo en las regiones contiguas de Holanda Septentrional y Holanda Meridional, un total de 598 han perdido sus puestos de trabajo en el sector de la edición en tan solo nueve meses. La competencia con terceros países, junto con la crisis financiera y económica asola toda Europa, es un factor crucial en lo que ha ocurrido, dejando claro que hay que dar soluciones a los problemas inmediatos de los ciudadanos: su reinserción en el mercado de trabajo y su subsistencia a medio y largo plazo. El FEAG tiene un papel paliativo y puede servir como un estímulo, pero es manifiestamente insuficiente para resolver los graves problemas que afectan a tantas familias por su cuenta.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Habida cuenta del impacto social de la crisis económica mundial, que ha tenido un efecto particular sobre el empleo, el uso apropiado del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene una importancia fundamental a la hora de aliviar la difícil situación de muchas personas y familias europeas, contribuyendo así a su reintegración social y desarrollo profesional, mientras que, al mismo tiempo, se desarrolla una mano de obra renovada y cualificada para cubrir las necesidades de las empresas e impulsar la economía.

Este plan de intervención en los Países Bajos para ayudar a las 598 personas despedidas en ocho empresas que operan en las regiones de Holanda Septentrional y Holanda Meridional encuadra en el mismo marco. Por tanto, espero que las instituciones europeas dupliquen sus efectos en la aplicación de medidas que agilicen y mejoren las tasas de utilización de un recurso tan importante como el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, que actualmente cuenta con muy bajos niveles de movilización. Este año sólo se ha solicitado el 11 % de los 500 millones de euros disponibles.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para ayudar a los Países Bajos porque considero que se trata de un recurso importante para respaldar a los trabajadores en dificultades a causa de la crisis económica.

El FEAG se creó en 2006 para proporcionar apoyo práctico a los trabajadores despedidos por razones asociadas a la deslocalización de sus empresas o, tras la modificación de 2009, a causa de la crisis económica, con el fin de ayudar a su reinserción en el mercado de trabajo. La votación de hoy estaba relacionada con una solicitud de ayuda para los 598 despidos que se han producido en ocho empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 58 (Edición) de la NACE, revisión 2, en las dos regiones NUTS II de Holanda Septentrional y Holanda Meridional, que asciende a una suma de 2 326 459 euros financiados con cargo al FEAG.

Para terminar, quisiera decir que acojo con beneplácito la aprobación del informe, que demuestra que el FEAG es un recurso útil y eficaz para combatir el desempleo causado por la globalización y la crisis económica.

  David Martin (S&D), por escrito. – Acojo con satisfacción este informe y el apoyo que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización brinda a los trabajadores despedidos. Esta propuesta consiste en asignar 2 326 459 euros para ayudar a los 598 trabajadores de las 8 empresas del sector de la impresión y la reproducción de soportes que están perdiendo sus puestos de trabajo a consecuencia de la crisis económica. Este es un ejemplo importante de la solidaridad europea.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La UE es un espacio de solidaridad, y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) forma parte de él. Este apoyo es esencial para ayudar a los desempleados y las víctimas de las deslocalizaciones que se producen en un mundo globalizado. Cada vez hay más empresas que están llevando a cabo deslocalizaciones, aprovechándose de costes laborales reducidos en una serie de países, sobre todo, en China y la India, con efectos perjudiciales para los países donde sí se respetan los derechos de los trabajadores.

El FEAG tiene por objeto ayudar a los trabajadores que son víctimas de la deslocalización de empresas, y es crucial para facilitar su acceso a un nuevo empleo en el futuro. Otros países de la UE ya han utilizado el FEAG en el pasado, y ahora es razonable ofrecer esta ayuda a los Países Bajos, que han presentado una solicitud de ayuda financiera en el caso de 598 despidos que se han producido en ocho empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 58 (Edición) de la NACE, revisión 2, en las dos regiones NUTS II contiguas de Holanda Septentrional y Holanda Meridional.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Durante el periodo de referencia de nueve meses comprendido entre el 1 de abril de 2009 y el 29 de diciembre 2009, han tenido lugar 598 despidos en un total de ocho empresas en Holanda Septentrional y Holanda Meridional. Cada uno de estos trabajadores ha sido una víctima de la globalización. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para amortiguar el impacto de las injusticias sociales de este tipo. He votado a favor del informe porque se han cumplido todos los requisitos para movilizar el FEAG.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) La movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización beneficiaría a ocho empresas diferentes y salvaría 598 puestos de trabajo. Por tanto, he votado a favor de este informe.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) La solicitud presentada por los Países Bajos para recibir ayuda con cargo al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en relación con los 598 despidos que se han producido en ocho empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 58 (Edición) de la NACE, revisión 2, en las dos regiones NUTS II contiguas de Holanda Septentrional y Holanda Meridional cumple con todos los criterios de elegibilidad establecidos oficialmente. En efecto, en virtud del Reglamento (CE) nº 546/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, que modifica el Reglamento (CE) nº 1927/2006, por el se establece el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, el ámbito de aplicación del FEAG se amplió temporalmente para incluir su intervención en situaciones como ésta, en la que, como resultado directo de la crisis económica y financiera mundial, se provoca «el despido, durante un periodo de nueve meses, de al menos quinientos trabajadores, en un sector de actividad (división del nivel 2 de la NACE) y en una región o dos regiones contiguas (en el nivel NUTS II)». Por ello, he votado a favor de esta resolución, y espero que la movilización del FEAG contribuya al éxito de la integración de estos trabajadores en el mercado laboral.

Informes: Barbara Matera (A7-0318/2010) y (A7-0319/2010)

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) recibe una financiación anual de 500 millones de euros con el objetivo de prestar apoyo financiero a los trabajadores afectados por cambios estructurales importantes en las pautas comerciales de carácter mundial. Las estimaciones indican que entre 35 000 y 50 000 trabajadores podrían beneficiarse de este apoyo cada año. El dinero puede utilizar para ayudar a la financiación de nuevos puestos de trabajo, formación a medida, apoyo para convertirse en empleados por cuenta propia o para poner en marcha una empresa, movilidad y apoyo a los trabajadores con discapacidad o de edad más avanzada. He votado a favor del informe porque la movilización de los fondos está totalmente justificada.

Informes: Barbara Matera (A7-0328/2010), (A7-0318/2010), (A7-0321/2010), (A7-0323/2010), (A7-0322/2010), (A7-0319/2010) y (A7-0320/2010)

  Mário David (PPE), por escrito. – (PT) En cuanto a la solicitud presentada por los Países Bajos para la asistencia en relación con los 140 despidos en dos empresas de la división 18 de la NACE, revisión 2 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados) en la región de Drente, me refiero a todas las alegaciones que figuran en mi declaración de voto sobre el informe A7-0318/2010 para justificar mi voto a favor de este informe.

  Robert Goebbels (S&D), por escrito. – (FR) Me he abstenido de votar en todos los informes de la señora Matera relativos a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización no porque me oponga a estos planes, sino para transmitir una señal de advertencia al Gobierno neerlandés, que tiene una política populista y antieuropea. Los Países Bajos se oponen al aumento del presupuesto europeo, pero no tienen reparos en aceptar la ayuda europea. Es más, los Países Bajos son los principales beneficiarios, después de Alemania, del mercado interior. Ya es hora de que las políticas neerlandesas vuelvan a sus orígenes. Después de todo, los Países Bajos son uno de los miembros fundadores de la UE.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Como en varias ocasiones anteriores, hemos apoyado este texto que: 1. Pide a las instituciones implicadas a que hagan los esfuerzos necesarios para agilizar la movilización del FEAG. 2. Recuerda el compromiso de las instituciones a garantizar un procedimiento sencillo y rápido para la adopción de las decisiones sobre la movilización del FEAG, proporcionando un apoyo individual de carácter excepcional y por tiempo limitado orientado a ayudar a los trabajadores que han sido despedidos a causa de la globalización y de la crisis económica y financiera y, además, destaca el papel que el FEAG puede desempeñar en la reinserción en el mercado laboral de los trabajadores despedidos. 3. Subraya que, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento FEAG, es necesario garantizar que el Fondo apoya la reinserción en el mercado laboral de cada uno de los trabajadores despedidos; reitera que la ayuda con cargo al FEAG no debe reemplazar las acciones que sean responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o de los convenios colectivos, ni tampoco las medidas para la reestructuración de las empresas o los sectores.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) El paquete de las seis solicitudes que han presentado los Países Bajos para la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) ha recibido el apoyo del Parlamento. Por supuesto, yo también he votado a favor de las solicitudes neerlandesas, porque es importante para nosotros ofrece una ayuda rápida a los ciudadanos de un Estado miembro que han perdido sus puestos de trabajo y, además, para esto es para lo que se creó el FEAG. Sin embargo, he dado mi apoyo a las seis solicitudes de bastante mala gana a causa de la actitud tan obstructiva que mostró el Gobierno neerlandés durante las negociaciones del presupuesto que tuvieron lugar el lunes de la semana pasada en Bruselas. A mi juicio, negarse rotundamente a que el Parlamento celebre un debate serio sobre su implicación en el futuro marco financiero y, al mismo tiempo, pedir que el Parlamento vote a favor de la solicitud de ayuda financiera destinada a los Países Bajos, son dos cosas totalmente incompatibles.

Informe: Paolo De Castro (A7-0305/2010)

  Slavi Binev (NI), por escrito. – (BG) Señorías, los informes de la Comisión no han establecido ni una sola violación de la competencia en el mercado interior por parte del Monopolio Alemán del Alcohol. Es por eso que estoy a favor de esta propuesta. El informe también hace hincapié en la importancia de estas disposiciones para la economía rural de Alemania, sobre todo, en lo relativo a las pequeñas destilerías.

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. – (RO) Dada la importancia para la pequeñas destilerías de su participación en el Monopolio Alemán del Alcohol y la necesidad de una mayor transición hacia el mercado y teniendo en cuenta que los informes presentados no demuestran que haya habido ninguna violación de la competencia en el mercado único, creo que la prórroga del Monopolio no debe ir más allá de 2013, a más tardar, la fecha en que entra en vigor la nueva PAC.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque creo que se necesita más tiempo para que las pequeñas destilería de Alemania se adapten a fin de que puedan sobrevivir en el mercado libre. Comparto la propuesta de la Comisión Europea prorrogar algunos años más la finalización del proceso de eliminación del Monopolio y también de la ayuda, y permitir que el cierre definitivo tenga lugar en 2017.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Al igual que el ponente, me parece lamentable que la política agrícola común después de 2013 tenga que arrastras situaciones anteriores, como este compromiso especial en el marco del Reglamento único para las organizaciones comunes de mercado (OCM) en lo relativo a las ayudas concedidas en el marco del Monopolio Alemán del Alcohol. Sin embargo, entiendo la necesidad de ampliar el periodo para cerrar el Monopolio, dadas las necesidades de la economía rural de Alemania, sobre todo, en algunos de los Estados federales del país. De hecho, mientras que las normas europeas deben ser previsibles e imparciales, también deben aportar la flexibilidad necesaria para satisfacer las necesidades específicas de los mercados y la opinión pública europea, en este caso, los propietarios de destilerías en Alemania.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Estoy de acuerdo con la posición de la Comisión, pues no se ha demostrado la existencia de ninguna violación de la competencia en el mercado interior. El Consejo está de acuerdo en respaldar esta propuesta, que es importante para la economía rural de Alemania. La propuesta de la Comisión va acompañada de un plan de reducción de las cantidades de alcohol producidas en el marco del Monopolio hasta su supresión total el 1 de enero de 2018.

Con arreglo al artículo 182, artículo 4, del Reglamento único para las OCM y no obstante lo establecido en las normas aplicables a las ayudas estatales, Alemania puede conceder ayudas estatales en virtud del Monopolio Alemán del Alcohol para los productos que, tras una nueva transformación, sean comercializados por el Monopolio como alcohol etílico de origen agrícola. El importe total que puede concederse como ayuda estatal está limitado a 110 millones de euros por año y está principalmente destinado a los agricultores que suministran la materia prima y a las destilerías que la utilizan. Sin embargo, el presupuesto realmente utilizado ha sido inferior a dicho importe y ha ido disminuyendo continuamente desde 2003. Por otra parte, un gran número de destilerías ya han realizado esfuerzos para prepararse para su entrada en el mercado libre creando cooperativas, invirtiendo en equipos energéticamente más eficientes y comercializando en grado creciente sus alcoholes directamente.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Hemos votado a favor de este informe, a pesar de que no estamos de acuerdo con los argumentos de la Comisión y el ponente para justificar la prórroga de la ayuda. Ambos piensan que se deben eliminar por completo las pocas medidas de intervención que quedan, sometiendo así la agricultura al «mercado libre». Por tanto, se limitan a afirmar que «se necesita más tiempo para facilitar el proceso de adaptación y para permitir la supervivencia de los destiladores en el mercado libre». Al contrario de lo que opina el ponente, creemos que la intervención en los mercados y los instrumentos de regulación, de hecho, deben convertirse en la regla y no en una excepción.

Esa es la única manera de garantizar unos ingresos para la supervivencia de los agricultores, sobre todo, para los productores de pequeña y mediana escala. Por tanto, esta es la única forma de garantizar el futuro de los pequeños y medianos agricultores, así como el derecho a producir y el derecho de cada país a la seguridad y soberanía alimentarias. En lugar de hacer una excepción con un producto específico de Alemania, debería considerarse la intervención de otros países y productos.

  Peter Jahr (PPE), por escrito. – (DE) En primer lugar, quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Presidente de la Comisión, el señor De Castro, así como a la ponente alternativa del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), la señora Jeggle, por su ardua labor. La ampliación final del Monopolio Alemán del Alcohol que se ha aprobado hoy representa un importante paso adelante. De hecho, ofrece a nuestras destilerías de fruta, en particular, la seguridad para programar el futuro más allá de 2010.

Esto es importante porque les permite prepararse para la transición hacia el libre mercado y mantener uno de los paisajes culturales exclusivos de Alemania. Sin embargo, ahora es esencial hacer un uso intensivo de este periodo de tiempo para aplicar las medidas de adaptación necesarias, porque no habrá más ampliaciones del Monopolio. Ese es el mensaje del informe de hoy.

  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. – (PL) Me gustaría expresar mi apoyo a este informe, principalmente porque la ayuda del Gobierno alemán al Monopolio del Alcohol se destina principalmente a los agricultores y a las pequeñas destilerías. Esta ayuda no muestra ninguna violación de los principios de la competencia y, además, se trata de una forma de apoyar a las empresas más pequeñas. A pesar de que la prestación de la ayuda se hace de forma adecuada, apoyo la propuesta relativa a que es necesario facilitar información sobre todos los eventos relacionados con este apoyo. No deben darse violaciones de ningún tipo; de lo contrario, esto sería injusto para otros productores que, a menudo, son más pobres y débiles. Yo, sin embargo, tengo algunas dudas de que la estabilidad del mercado europeo no pueda verse comprometida por el hecho de que un Estado miembro apoye su economía de esta forma. Este tipo de instrumento debería extenderse a otros Estados miembros, de modo que ellos también puedan apoyar sus economías.

  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. – (DE) Es necesario eliminar el Monopolio Alemán del Alcohol como un concepto. Los agricultores afectados se han preparado para la apertura del mercado. Por lo tanto, la ayuda ya no se utiliza plenamente y se han adoptado medidas, como el establecimiento de cooperativas y cambios en los métodos de marketing directo, a fin de prepararse para esta apertura del mercado. Sin embargo, se necesita una cantidad de tiempo considerable para adoptar estas medidas. Con el paso del tiempo, no son las grandes empresas las que se ven afectadas por este acuerdo, sino los pequeños agricultores de las zonas rurales. Por esta razón, apoyo la ampliación de este acuerdo.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe. Actualmente, como excepción a lo establecido en las normas aplicables a las ayudas estatales, las autoridades alemanas pueden conceder ayudas estatales en virtud del Monopolio Alemán del Alcohol para los productos que sean comercializados como alcohol etílico de origen agrícola. La excepción actual finaliza el 31 de diciembre de 2010 y el proyecto de Reglamento amplía la aplicación de la excepción y propone la eliminación gradual del Monopolio de producción/ventas hasta su supresión total el 1 de enero de 2018. Acojo con beneplácito esta propuesta basada en la eliminación gradual.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La búsqueda constante de un mercado único que funcione es incompatible con la presencia de Monopolios en cualquier sector. En el caso particular del Monopolio Alemán del Alcohol, existen algunas circunstancias atenuantes que permiten que siga existiendo. Sin embargo, de acuerdo con las recomendaciones de este informe, tenemos que avanzar hacia la abolición total de las destilerías agrícolas «selladas» a partir de 2013 y de las pequeñas destilerías que reciben una ayuda a tanto alzado a partir de 2017.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) El hecho de que siga existiendo el Monopolio Alemán del Alcohol, la forma en que lo haga y los cambios que experimente son factores que repercutirán principalmente en las pequeñas y medianas empresas (PYME). La UE afirma constantemente que quiere dar más apoyo a las PYME, que son el motor de la economía y los principales proveedores de empleo. En este contexto, necesitamos seguridad jurídica y, por tanto, una ampliación del Monopolio por un periodo más largo. Esta es la única forma en que las pequeñas y medianas empresas pueden hacer frente a las compras necesarias para prepararse para la próxima desregulación, por ejemplo, mediante el establecimiento de cooperativas, la modernización de su equipamiento o la ampliación de sus actividades de marketing directo. Por supuesto, la cuestión del Monopolio podría haberse combinado con la eliminación gradual de la política agrícola común y los nuevos reglamentos que se aplicarán a partir de 2013.

Sin embargo, no había razones apremiantes para hacerlo. Lo importante es garantizar que el proceso de adaptación esté diseñado de forma que las destilerías puedan sobrevivir después de la eliminación del Monopolio. Estoy de acuerdo con el ponente en lo relativo a esta cuestión. Sin embargo, no estoy a favor del procedimiento interno, que no satisface correctamente los requisitos de transparencia y democracia. Por esta razón, me he abstenido de votar.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) Estoy a favor de la propuesta, pero creo que hay que tener en cuenta un amplio abanico de factores.

En primer lugar, creo que debería haberse realizado una evaluación de impacto con regularidad y que el periodo de la prórroga del Monopolio no debería haber superado 2013, la fecha en que entra en vigor la nueva política agrícola común (PAC).

Sin embargo, dada la importancia para las pequeñas destilerías de su participación en el Monopolio y la necesidad de una mayor transición hacia el mercado y teniendo en cuenta que los informes presentados no demuestran que haya habido ninguna violación de la competencia en el mercado único, apoyo la ampliación.

Sin embargo, espero que se tengan en cuenta esos detalles como parte de la reforma de la nueva PAC y que se encuentre una solución equilibrada para abrir el mercado, protegiendo al mismo tiempo las actividades locales tradicionales.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque creo que las necesidades de la economía rural alemana justifican la ampliación del periodo inicial de la validez de la excepción establecido en el artículo 182, apartado 4, del Reglamento único para las OCM, con el fin de establecer las mejores condiciones posibles para que las pequeñas destilerías se preparen correctamente para entrar en el libre mercado.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Nuestro grupo ha apoyado este texto y la línea adoptada por el ponente en el sentido de que está a favor de la propuesta presentada, aunque consideramos que se deben tener en cuenta varios puntos para la aplicación del Reglamento. El ponente considera que debería haberse realizado una evaluación de impacto regular y que el periodo de ampliación del Monopolio no debería haber superado 2013, la fecha en que entra en vigor la nueva PAC. Sin embargo, dada la importancia para las pequeñas destilerías de su participación en el Monopolio y la necesidad de una mayor transición hacia el mercado y teniendo en cuenta que los informes presentados no demuestran que haya habido ninguna violación de la competencia en el mercado único, el ponente está dispuesto a apoyar la propuesta.

Informe: Vital Moreira (A7-0316/2010)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe, que autoriza la adición de otros 718 productos farmacéuticos y químicos a la lista actual de 8 619 productos que ya se benefician de la franquicia arancelaria en su importación a la UE, que debe aplicarse el 1 de enero de 2011, pues creo que es fundamental que la franquicia arancelaria empiece a aplicarse de inmediato el próximo año, dado que los Estados Unidos han condicionado la aplicación de la actualización a que entre en vigor el 1 de enero.

Me gustaría felicitar al ponente por su excelente informe, que muestra la gran importancia que tiene la cuarta revisión (Pharma IV), que se puso en marcha en 2009, para seguir el ritmo de la rápida evolución del marco de estos productos en la industria farmacéutica. Las listas son elaboradas por la industria y aprobadas por consenso por los participantes, hecho por el que acojo con beneplácito el acuerdo al que han llegado todos los Estados miembros que han apoyado las anteriores revisiones y apoyan la cobertura de los productos de la cuarta revisión.

  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) Felicito al ponente, el señor Moreira, por haber puesto de relieve la necesidad de llevar a cabo revisiones periódicas de la lista de productos farmacéuticos y químicos que entran en la Unión Europea libres de impuestos.

Estoy a favor de esta medida —de hecho, he votado a favor de la misma— porque el escenario de fabricación en que opera la industria farmacéutica se desarrolla a un ritmo frenético y, por ello, es esencial actualizar l lista constantemente, que actualmente incluye más de 8 000 productos. Todos los Estados miembros, que ya estaban a favor de los ajustes anteriores, han dado su consentimiento a la propuesta de ampliar esta lista mediante la inclusión de 718 productos nuevos. Por último, apoyo el mecanismo aplicado, que protege los intereses y la salud de los consumidores europeos.

  Lara Comi (PPE), por escrito. – (IT) Estoy a favor, a condición de que se lleven a cabo las pruebas científicas adecuadas y de que se amplíe la lista de medicamentos, productos intermedios y principios activos contemplados por el acuerdo relativo a la franquicia arancelaria.

La propuesta transmite una señal firme a los mercados. De hecho, sirve principalmente para confirmar el compromiso de algunos miembros importantes de la Organización Mundial del Comercio con el mercado libre. También tiene el efecto de ampliar los límites del mercado potencial para los resultados de algunos sectores de la investigación científica, fomentando así la inversión en esos sectores y, con ello, la lucha contra las enfermedades para las que aún no existe una cura efectiva. Por último, la propuesta establece un ejemplo para los países en los que los productos farmacéuticos representan un elemento necesario de los gastos si se quiere garantizar un futuro para las generaciones más jóvenes, y un llamamiento para adoptar una postura a favor de la adopción de políticas de desarrollo y creación de riqueza.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque yo abogo por la adición de otros 718 productos farmacéuticos y químicos a la lista de productos que se benefician de la franquicia arancelaria en su importación a la UE. Las revisiones de este acuerdo son necesarias para tener en cuenta la rápida evolución del marco de estos productos en la industria farmacéutica.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Dada la importancia del comercio de productos farmacéuticos, no solo para la salud pública, sino también para la economía, acojo con satisfacción la decisión de incluir 718 nuevas sustancias en la lista de productos aptos para beneficiarse de la franquicia arancelaria. El acuerdo cuenta con el apoyo unánime de la industria farmacéutica porque elimina los aranceles a los insumos y productos intermediarios que tienen que pagarse incluso en relación con el comercio intraempresarial, de forma que facilita el comercio internacional de estos productos y beneficia a las empresas farmacéuticas. En el análisis final, este acuerdo podría reflejarse en el precio al por menos de los medicamentos que se venden al público.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Esta propuesta invita al Consejo y al Parlamento a autorizar la adición de otros 718 productos farmacéuticos y químicos a la lista actual de 8 619 productos que ya se benefician de la franquicia arancelaria en su importación a la UE. Este problema no es controvertido, ya que existe consenso entre las partes interesadas y porque además cuenta con el apoyo de los Estados miembros.

Las listas son elaboradas por la industria y aprobadas por consenso por los participantes. La inclusión de estos productos es necesaria para tener en cuenta la rápida evolución del marco de estos productos en la industria farmacéutica. La fecha de aplicación prevista es el 1 de enero de 2011. Los Estados Unidos han condicionado la aplicación de la actualización a que entre en vigor el 1 de enero. Se espera que otros participantes sigan este ejemplo, excepto Japón, que ha anunciado que prevé un retraso de 6 meses para su aplicación.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – Las disposiciones de la OMC sobre las ventas libres de impuestos de los principios farmacéuticos cuenta con el apoyo universal de la industria farmacéutica. Se trata de una industria importante para Escocia, pues da empleo a unas 5 000 personas a escala nacional. La UE en su conjunto es un productor y usuario clave de productos farmacéuticos y, para mí, ha sido un placer apoyar este informe.

  David Martin (S&D), por escrito. – Esta propuesta invita al Consejo y al Parlamento a autorizar la adición de 718 productos farmacéuticos y químicos a la lista actual de 8 619 productos que ya se benefician de la franquicia arancelaria en su importación a la UE. Yo he votado a favor.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) El comercio de productos farmacéuticos es una parte importante del comercio mundial. La inclusión de otros 718 productos a la lista de productos que se benefician de la franquicia arancelaria es una medida beneficiosa tanto en lo referente a la economía como en lo relativo a la salud pública. La decisión de añadir estos productos a los 8 619 que ya están en la lista también puede tener un impacto en el precio final de los medicamentos, algo que es beneficioso para todos.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Como parte del acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la UE, los Estados Unidos, Japón, Canadá, Suiza, Noruega y Macao (China) han decidido reducir a cero las obligaciones impuestas en materia de aranceles sobre determinados productos farmacéuticos y principios activos. Por supuesto, la lista de productos está sujeta a cambios y ampliaciones constantes para seguir el ritmo de los resultados de investigación y de los últimos desarrollos experimentados en el mundo farmacéutico. La lista de productos que se benefician de la franquicia arancelaria, que inicialmente contenía 6 000elementos, y que fue elaborada por la industria y revisada por los Estados en cuestión, ahora se va a ampliar para incluir más de 8 600 productos farmacéuticos y químicos.

Es importante justificar la franquicia arancelaria de los productos farmacéuticos y químicos y también de los principios activos. Sin embargo, todo el sistema parece ser muy complicado y se traducirá en más burocracia para las autoridades aduaneras. La ampliación progresiva de la lista, en esta ocasión, por más de un tercio, en algún momento, significará que los regímenes aduaneros han alcanzado sus límites de capacidad de datos. Por tanto, solicito una simplificación del principio fundamental y, por esa razón, he decidido abstenerme.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. – (IT) Además de felicitar al ponente, el señor Moreira, con quien estoy de acuerdo en la necesidad de realizar revisiones periódicas para actualizar las listas de productos farmacéuticos aptos para beneficiarse de la franquicia arancelaria, también quisiera destacar que, gracias al nuevo mecanismo introducido, los consumidores finales serán quienes se beneficiarán.

De hecho, he votado a favor porque creo que es importante revisar periódicamente la lista de productos farmacéuticos que están exentos de derechos de aduana, en vista de la rápida evolución del marco de estos productos en la industria farmacéutica. Todos los Estados miembros han apoyado las revisiones anteriores y ahora respaldan la cobertura de los productos de la cuarta revisión. Por lo tanto, quisiera alabar el trabajo realizado y confirmar mi voto a favor.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) La adición de estas 718 sustancias adicionales a la lista actual de los 8 619 productos que se benefician de la franquicia arancelaria en su importación a la UE ha logrado un consenso en la industria farmacéutica y entre otras partes interesadas en el proceso de revisión y, por tanto, merece mi apoyo.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Este texto, básicamente, se refiere a la propuesta de invitar al Consejo y al Parlamento a autorizar la adición de otros 718 productos farmacéuticos y químicos a la lista actual de 8 619 productos que ya se benefician de la franquicia arancelaria en su importación a la UE. Se trata más bien de un texto técnico. Nuestro grupo ha votado a favor.

  Oreste Rossi (EFD), por escrito. – (IT) Estamos a favor de la propuesta de Reglamento que contempla la franquicia arancelaria para ciertos principios activos porque incluye productos farmacéuticos y químicos fundamentales para la industria farmacéutica. La revisión era necesaria tanto para incluir nuevos productos como para eliminar otros. Esta decisión se adoptó con la aprobación de las partes interesadas y con el consentimiento unánime de todos los participantes y todos los Estados miembros.

Informe: Herbert Reul (A7-0306/2010)

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) Estoy de acuerdo en que el Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y Ucrania debe renovarse por otro periodo de cinco años. Esta decisión ofrecerá tanto a la Comunidad como a Ucrania la oportunidad de continuar, mejorar y fortalecer la cooperación en ámbitos científicos y tecnológicos de interés común. El objetivo de esta cooperación es ayudar a Ucrania a participar más activamente en el Espacio Europeo de Investigación. Dicha cooperación ayudará a Ucrania a respaldar su sistema de gestión de la ciencia y a reformar y reestructurar las instituciones de investigación, creando así las condiciones necesarias para el establecimiento de una economía competitiva y de una sociedad del conocimiento.

Tanto Ucrania como la Unión Europea deberían obtener un beneficio mutuo del progreso científico y tecnológico mediante la aplicación de programas de investigación. Al aplicar esta decisión, será posible intercambiar algunos conocimientos y pasar experiencia práctica en beneficio de la comunidad de investigación, la industria y los ciudadanos. Por tanto, estoy totalmente a favor de que Ucrania y la Unión Europea deban seguir cooperando estrechamente en este ámbito.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) La cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y otros países es vital para el desarrollo tecnológico, con todas sus ventajas, en particular, en relación con la mejora de la calidad de vida. Por esta razón, he votado a favor de la renovación del acuerdo entre la CE y Ucrania.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) El Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y Ucrania se firmó en Copenhague el 4 de julio de 2002 y entró en vigor el 11 de febrero de 2003. Dada la importancia de los sectores de la ciencia y la tecnología para la Unión Europea, su capacidad en estos ámbitos y el importante papel que puede desempeñar junto a Ucrania, creo que la renovación del acuerdo beneficia a la Unión, en el sentido de seguir promoviendo la cooperación con Ucrania en los ámbitos de la ciencia y la tecnología que sean prioridades comunes y que beneficien a ambas partes. Espero que el acuerdo que acaba de renovarse siga demostrando ser ventajoso para ambas partes.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y Ucrania se celebró en Copenhague el 4 de julio de 2002 y entró en vigor el 11 de febrero de 2003 con el objetivo de fomentar, desarrollar y facilitar actividades de cooperación en ámbitos de interés común, tales como la investigación y el desarrollo en materia de ciencia y tecnología. He votado a favor de este acuerdo porque creo que su renovación contribuye al fortalecimiento de la creación del espacio de investigación común en Europa, ya que sirve como un catalizador para la asociación estratégica entre la UE y Ucrania. Por ello, espero que esta renovación sea fructífera para ambas partes.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe, que se refiere a la nueva consulta al Parlamento Europeo en relación con las decisiones previas del Consejo relativas a la renovación del acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Unión Europea y Ucrania. En una Cumbre en Ucrania en noviembre de 2008, ambas partes confirmaron su interés en la renovación del contrato por otros cinco años y acojo esta decisión con beneplácito.

  Iosif Matula (PPE), por escrito. – (RO) Acojo con satisfacción la aprobación en el Parlamento Europeo del proyecto de decisión por el que se sanciona la renovación del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica con Ucrania. La importancia de estos sectores para el desarrollo económico y social, tanto en la Unión Europea como en Ucrania, se reconoce a través de la cooperación en diversos ámbitos de interés común, entre otros, el medio ambiente y el cambio climático, la salud, la energía limpia, la sociedad de la información, la industria y la agricultura. No sólo el acceso a la infraestructura de investigación, sino también el intercambio de experiencias bilaterales y multilaterales entre los investigadores de la UE y Ucrania pueden ayudar a aumentar la eficacia financiera de los proyectos ejecutados, lo que reduce la duplicación de los esfuerzos y los recursos utilizados.

La comunidad académica de Ucrania debe evaluar con seriedad las ventajas competitivas que obtiene a raíz de su colaboración con la UE y el uso de los fondos europeos como un medio para desarrollar sus puntos fuertes y no solo como una fuente alternativa de financiación. La cooperación científica es sin duda un elemento clave del Espacio Europeo de Investigación y allanará el camino para el acceso a las redes mundiales en este sector.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) El Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y Ucrania, en vigor desde febrero de 2003, ha sido un éxito y ha jugado un papel importante para ambas partes. Su renovación, por tanto, confirma este éxito y esperamos que siga haciéndolo en el futuro.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (LV) Durante muchos años, Ucrania existía en una situación de desorden político y constitucional. Al fin, cuenta con un Presidente capaz de adoptar decisiones. Respaldo la inclinación del señor Yanukovych por poner orden en Ucrania. Debemos aprovechar todas las oportunidades disponibles para ayudar a la industria de Ucrania a integrarse en la Unión Europea tan pronto como sea posible. En este contexto, el Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y Ucrania beneficia a ambas partes. En segundo lugar, el hecho de que apoyemos la política que persigue poner en orden la legislación y los reglamentos representa una señal política importante para todas las fuerzas políticas de Ucrania.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) En el mundo moderno de hoy en día, donde los desarrollos técnicos duran poco, facilitar la cooperación científica y tecnológica beneficiará a ambas partes. Como la renovación del acuerdo aparentemente aporta ventajas económicas y sociales para ambas parte, también favorece a la Unión Europea. Los costes derivados de la aplicación del acuerdo, en forma de talleres, seminarios, reuniones, etc., correrán a cargo de las líneas presupuestarias correspondientes de los programas específicos del presupuesto de la UE.

Con el fin de fomentar el progreso técnico para hacer frente a la competencia en un mundo globalizado y en vista de los beneficios que los desarrollos tecnológicos aportan no solo a nuestras vidas cotidianas, sino también, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, he apoyado la renovación del acuerdo de cooperación científica y tecnológica con Ucrania.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de esta resolución porque creo que la renovación del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y Ucrania permitirá a las partes conseguir un progreso importante y beneficios mutuos.

  Teresa Riera Madurell (S&D), por escrito. – (ES) La renovación del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre la UE y Ucrania es sumamente importante para seguir facilitando la cooperación en ámbitos prioritarios comunes de ciencia y tecnología que reportan beneficios socioeconómicos a ambas partes. De ahí mi apoyo en el Pleno a la aprobación por parte del Parlamento para que se renueve un Acuerdo, siendo fiel a lo que ya habíamos decidido en la Comisión ITRE.

Este Acuerdo debe permitir que Ucrania y la UE obtengan beneficios mutuos de los progresos científicos y técnicos conseguidos mediante sus programas de investigación, permitiendo al mismo tiempo la transferencia de conocimientos en beneficio de la comunidad científica, la industria y los ciudadanos.

Por lo que se refiere a las realizaciones concretas, la renovación del Acuerdo permitirá que continúe el intercambio de información sobre las políticas de ciencia y tecnología entre la UE y Ucrania; la participación de Ucrania en determinados ámbitos del Programa Marco Europeo de Investigación y Desarrollo Tecnológico o la formación a través de programas de movilidad de investigadores y especialistas de ambas partes, entre otras.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Esta votación es muy sencilla. Sólo teníamos que dar nuestra aprobación y así lo hemos hecho.

Informe: Herbert Reul (A7-0303/2010)

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) La cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y otros países es vital para el desarrollo tecnológico, con todas sus ventajas, en particular, en relación con la mejora de la calidad de vida. Por esta razón, he votado a favor de la renovación del acuerdo entre la Unión Europea y las Islas Feroe.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La UE y las Islas Feroe han concluido sus negociaciones sobre el establecimiento de un acuerdo de cooperación científica y tecnológica, que fue rubricado el 13 de julio de 2009. El acuerdo se basa en los principios de beneficio mutuo, reciprocidad en las oportunidades para acceder a los programas y actividades pertinentes a los fines del acuerdo, la no discriminación, la protección efectiva de la propiedad intelectual y la distribución equitativa de los derechos de propiedad intelectual. Este acuerdo de asociación científica y tecnológica ayudará a estructurar y mejorar la cooperación sobre estas cuestiones entre la UE y las Islas Feroe, a través de reuniones periódicas de la Comisión Paritaria en las que se pueden planificar actividades específicas en materia de cooperación. Espero que el acuerdo que se acaba de aprobar demuestre ser beneficioso para ambas partes.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) La UE y las Islas Feroe han concluido sus negociaciones sobre el establecimiento de un acuerdo de cooperación científica y tecnológica, con el objetivo de facilitar la libre circulación y residencia de los investigadores involucrados en las actividades contempladas por este acuerdo y con el fin de facilitar la circulación transfronteriza de bienes para utilizarlos en tales actividades. He votado a favor de este acuerdo porque creo que su renovación contribuye al fortalecimiento de la creación del espacio europeo de investigación. Por tanto, espero que la renovación del acuerdo sea fructífera para ambas partes.

  Elie Hoarau (GUE/NGL), por escrito. – (FR) He votado en contra del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Feroe, no por el hecho de que esté en contra de la cooperación científica entre la Unión y las Islas Feroe, sino porque creo que hay que empezar a ejercer presión sobre las Islas Feroe para que cesen de una vez por todas las continuas matanzas de las ballenas piloto —se mata cada año a casi 1 000 ballenas de esta especie—. Mientras se sigan cometiendo estas masacres, yo seguiré votando en contra de cualquier acuerdo o convenio de ayuda financiera entre la Unión Europea y las Islas Feroe.

  David Martin (S&D), por escrito. – En junio de 2010, la Comisión ha negociado en nombre de la Unión un acuerdo con el Gobierno de las Islas Feroe en materia de cooperación científica y tecnológica. He votado a favor de este informe que aprueba la propuesta.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) El Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Unión Europea y las Islas Feroe, en vigor desde julio de 2009, ha sido un éxito y ha jugado un papel importante para ambas partes. Por tanto, su renovación confirma este éxito, y esperamos que siga haciéndolo en el futuro.

  Louis Michel (ALDE), por escrito. – (FR) La entrada en vigor del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Unión Europea y las Islas Feroe permitirá a las Islas Feroe participar plenamente en el Séptimo Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración de la Unión Europea. A pesar de que las Islas Feroe tienen una pequeña comunidad de investigación, sus investigadores ya han participado con éxito en los proyectos financiados por la UE. Tienen experiencia en los ámbitos de investigación relacionados con la ubicación geográfica de estas islas, en particular, en los recursos marinos y el medio ambiente. El acuerdo permitirá que los investigadores trabajen en otros ámbitos, como la energía, la alimentación, la agricultura, la pesca y la biotecnología. Las reuniones regulares ayudarán a identificar las prioridades comunes en materia de investigación, así como los ámbitos en los que los esfuerzos conjuntos pueden beneficiar a ambas partes. Además, el acuerdo promoverá la movilidad de estudiantes e investigadores de educación superior.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) La Unión Europea se ha fijado objetivos ambiciosos en el campo de la tecnología y no solo en el contexto de la Estrategia de Lisboa. Estos objetivos se han visto reforzados ahora en el plan para el futuro cercano, a saber, la estrategia «Europa 2020». Esto hace que la cooperación en ciencia y tecnología sea todavía más importante. En este contexto, debemos acoger con satisfacción el hecho de que se hayan alcanzado una serie de acuerdos con otros países para promover esta cooperación a través de talleres, reuniones y seminarios, por ejemplo. Este tema es de tanta importancia para la UE que se ha habilitado la opción de las subvenciones en el Séptimo Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración.

Ahora estamos a punto de renovar nuestro acuerdo con un grupo de islas en el Atlántico Norte, las Islas Feroe. A diferencia de Dinamarca, las Islas Feroe no forman parte de la Unión Europea ni de la unión aduanera. En su lugar, han creado un espacio económico único con Islandia. Con el fin de impulsar el adelanto tecnológico, he votado a favor de renovar el acuerdo de cooperación científica y técnica con las Islas Feroe.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de la celebración del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Feroe porque estoy convencido de que alinear nuestros esfuerzos en estos ámbitos estratégicos puede resultar beneficioso para ambas partes.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Visto el proyecto de Decisión del Consejo (11365/2010), visto el proyecto de Acuerdo de cooperación científica y técnica entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Feroe, por el que se asocia a las Islas Feroe al Séptimo Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración de la Unión Europea (2007-2013) (05475/2010) y vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 186, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0184/2010),

Vistos el artículo 81, el artículo 90, apartado 8, y el artículo 46, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Parlamento Europeo y vista la recomendación de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-0303/2010), hemos convenido lo siguiente:

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento, al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y de las Islas Feroe.

Informe: Herbert Reul (A7-0302/2010)

  Slavi Binev (NI) , por escrito. – (BG) La innovación y la globalización son las dos principales fuentes de desarrollo económico en todo el mundo. Tienen un efecto directo en la productividad, el empleo y el bienestar de los ciudadanos y, además, brindan una oportunidad para resolver algunos de los desafíos que enfrenta el mundo, por ejemplo, la salud y el medio ambiente. A medida que su papel se hace cada vez más visible y sus características más claras, las políticas deben adaptarse a ellas. Japón es un país con tradición en los ámbitos de la ciencia y la tecnología. Por ello, he votado a favor de colaborar con este país.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) La cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y otros países es vital para el desarrollo tecnológico, con todas sus ventajas, en particular en relación con la mejora de la calidad de vida. Por esta razón, he votado a favor de la conclusión del acuerdo sobre esta materia entre la UE y el Gobierno de Japón.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de Europa y Japón, y el hecho de que ambos se enfrentan a retos similares en materia de crecimiento económico, competitividad industrial, empleo, desarrollo sostenible y cambio climático significan que tanto la UE como Japón han expresado su deseo de mejorar e intensificar su cooperación en ámbitos de interés común, tales como la ciencia y la tecnología. En 2003, se iniciaron negociaciones sobre un futuro acuerdo de cooperación científica y tecnológica, que dio lugar al proyecto de texto sobre el que acabamos de votar. No podemos olvidar que esta asociación podría ser de gran ayuda para Europa, ya que Japón es uno de los principales países del mundo en términos de inversión en investigación, que ascendió al 3,61 % del producto interno bruto en 2008, con más del 81,6 % procedente del sector privado. Espero que el acuerdo que acabamos de aprobar sea beneficioso para ambas partes.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) La Unión Europea y Japón se enfrentan a desafíos comunes en términos de crecimiento económico, competitividad industrial, empleo, cohesión social y territorial, desarrollo sostenible y, quizá, lo más importante, la necesidad de adaptar sus economías a las sociedades que envejecen y a la crisis financiera actual.

También tienen prioridades de investigación similares, como las ciencias de la vida y las ciencias de la comunicación, por lo que este acuerdo servirá para mejorar la cooperación en ámbitos de interés común, tales como las ciencias de la vida, las tecnologías de la información y la comunicación, y la tecnología del medio ambiente, relacionados con el cambio climático y las energías renovables. He votado a favor de este acuerdo porque creo que su aprobación contribuye al fortalecimiento de la creación del espacio europeo de investigación, ya que sirve como un catalizador para la asociación estratégica entre la UE y Japón, que ya es uno de los principales países en términos de inversión en investigación (que alcanzó el 3,61 % del producto interior bruto en 2008, con más de 81,6 % procedente del sector privado).

  David Martin (S&D), por escrito. – La Comisión ha negociado un acuerdo de cooperación en ciencia y tecnología con Japón, firmado el 30 de noviembre de 2009. Acojo con satisfacción este informe, que aprueba el acuerdo, pero creo que la UE debe trabajar para intensificar su relación con Japón.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) El acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y Japón ha sido objeto de negociaciones desde 2003, y apenas ha concluido. Dada la importancia considerable de Japón en términos de investigación científica y tecnológica, el acuerdo que acaba de concluir es muy significativo para ambas partes.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (LV) Este acuerdo da luz verde a la Unión Europea para hacer uso de la tecnología de Japón, que es una de las naciones industriales más avanzadas. Este es un gran paso adelante por parte de la Unión Europea. Sin embargo, quiero esperar que esta cooperación sea en dos direcciones, pues la experiencia de trabajar con compañías japonesas indica que la parte japonesa no siempre cumple con este principio. Voy a votar a favor, con la esperanza de que no solo Japón, sino también la Unión Europea se beneficien de esta cooperación.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Japón es un modelo a seguir en el campo del desarrollo tecnológico. La tecnología japonesa está siempre a la vanguardia, independientemente de que hablemos de motores híbridos o de productos de entretenimiento. El país no solo es conocido por la exportación de sus productos de alta tecnología, son también de gran importancia para sus ciudadanos. Por ejemplo, en Japón, ya es posible pagar por bienes o servicios de forma segura utilizando un teléfono móvil. La escasez de los denominados elementos de tierras raras que son fundamentales para los componentes electrónicos de los productos de la más avanzada tecnología es el resultado de la estrategia china que persigue garantizar que hay escasez en el suministro de estas sustancias para mantener los precios de las mismas a un nivel artificialmente alto. Todo esto agilizará la búsqueda de alternativas.

La cooperación en el ámbito de la ciencia y la tecnología y la renovación del acuerdo pertinente merecen nuestro apoyo, no solo por estas razones. Los requisitos de la Estrategia de Lisboa y la Estrategia Europa 2020, donde la Unión Europea se ha fijado objetivos ambiciosos en el campo de la tecnología, también desempeñan un papel a este respecto.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) Europa y Japón se enfrentan a desafíos comunes en términos de crecimiento económico y desarrollo sostenible, por lo que la conclusión de este acuerdo es digna de celebración, ya que permite el fortalecimiento de su cooperación en los ámbitos de la ciencia y la tecnología, con considerables ventajas para ambas partes.

  Teresa Riera Madurell (S&D), por escrito. – (ES) La UE y Japón afrontan retos muy similares en materia de crecimiento económico y de competitividad industrial.

Además, la necesidad de reajustes socioeconómicos derivados del envejecimiento de sus sociedades y de la actual crisis económica hace que ambos se enfrenten a realidades similares y tengan unas prioridades análogas en materia de investigación, desarrollo e innovación.

Mi voto positivo para esta Recomendación, que concede la aprobación del Parlamento para que se celebre el Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre la UE y Japón, viene motivado por la necesidad de explotar al máximo el potencial de cooperación entre estos dos actores en los ámbitos científico y técnico.

El Acuerdo, previsto para un periodo de cinco años, persigue el beneficio mutuo entre ambas partes y prevé reuniones periódicas entre la UE y Japón, quienes podrán planificar actividades de cooperación específicas, incluyendo convocatorias coordinadas. Todo ello debe permitir que la UE y Japón, que ya cooperan en importantes proyectos como ITER, profundicen aun más su cooperación en ámbitos de interés común como las ciencias de la vida, la información y la comunicación, las tecnologías de fabricación o el medio ambiente, incluyendo el cambio climático y las energías renovables.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Con esta votación, el Parlamento Europeo, visto el proyecto de Decisión del Consejo (11363/2010), visto el proyecto de Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Japón (13753/2009), vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 186, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0183/2010), vistos el artículo 81, el artículo 90, apartado 8, y el artículo 46, apartado 1, de su Reglamento, vista la recomendación de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-0302/2010), 1.Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo; 2.Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento, al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y de Japón.

  Thomas Ulmer (PPE), por escrito. – (DE) He votado a favor del informe porque considero que es justo y necesario movilizar el Fondo de Solidaridad para las víctimas de las inundaciones que ocurrieron en años anteriores. En este caso, los fondos de la UE beneficiarán directamente a los afectados.

Informe: Herbert Reul (A7-0304/2010)

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) La cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y otros países es vital para el desarrollo tecnológico, con todas sus ventajas, en particular, en relación con la mejora de la calidad de vida. Por esta razón, he votado a favor de la celebración del acuerdo en este ámbito entre la CE y el Reino Hachemí de Jordania.

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. – (RO) La cooperación científica y tecnológica entre la Unión Europea y Jordania es una de las prioridades de la colaboración entre la UE y los países mediterráneos a través de la Política Europea de Vecindad y la estrategia de la UE de reforzar los lazos con los países vecinos. Asimismo, esto también está muy en consonancia con el programa ejecutivo del Gobierno jordano para la promoción de un proceso de reforma socioeconómica de carácter duradero en el país. Creo que es beneficioso para ambas partes cooperar en la investigación conjunta, el desarrollo técnico y las actividades de demostración en diferentes ámbitos de interés común, donde los frutos de esta cooperación se deben utilizar en función de los intereses sociales y económicos comunes.

  Mário David (PPE), por escrito. – (PT) La UE ha estado fomentando una estrecha asociación con Jordania, un país que está tratando de actuar como una fuerza para la moderación y la reforma en una región políticamente turbulenta. La UE ha pretendido apoyar a Jordania en sus esfuerzos a través de una relación que hace hincapié en una cooperación estrecha en la reforma democrática y la modernización económica. Como Presidente de la Delegación para las Relaciones con los Países del Mashreq, tengo el placer de votar a favor de este informe, cuyo objetivo es fortalecer la cooperación científica y tecnológica entre la Unión Europea y Jordania.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Desde 2008, la UE y Jordania han estado negociando un acuerdo de cooperación científica y tecnológica que ahora debe ser aprobado. La asociación con Jordania es de gran interés en el contexto de las relaciones euromediterráneas, ya que, además de su gran potencial, el país puede actuar como una plataforma para la cooperación científica con los demás países de la región. Por otra parte, Jordania tiene una amplia red de universidades y centros de enseñanza superior, además de centros de investigación y aplicaciones tecnológicas bien equipados en campos que son muy importantes para Europa, como la agricultura y la agronomía. El país también está bien integrado en las redes científicas internacionales y regionales. Espero que el acuerdo que se acaba de aprobar demuestre ser beneficioso para ambas partes.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) La cooperación científica y tecnológica entre la Unión Europea y Jordania ha sido una de las prioridades del acuerdo de asociación euromediterráneo, que ha estado en vigor desde 2002. He votado a favor de este acuerdo porque creo que su renovación contribuye al fortalecimiento de la creación del espacio europeo de investigación, ya que sirve como un catalizador para la asociación estratégica entre la UE y Jordania, que, en virtud de su ubicación estratégica en Oriente Medio, puede tener un impacto en la promoción de la cooperación científica con los países de esa región.

  David Martin (S&D), por escrito. – La Comisión ha negociado un acuerdo entre la UE y Jordania sobre cooperación científica y tecnológica. Este se firmó el 30 de noviembre de 2009. He votado a favor de este informe, que aprueba el acuerdo.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) El acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Reino Hachemí de Jordania ha sido objeto de negociación desde 2008, y apenas ha concluido. Este acuerdo es importante en vista de las posibilidades que ofrece para el intercambio entre Europa y el reino de Oriente Medio. También vale la pena señalar que hay un gran desarrollo en marcha en Jordania en términos de educación superior, que puede contribuir en gran medida al éxito de esta cooperación.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) A pesar de que los problemas ambientales se ven eclipsados por el conflicto en Oriente Medio, es posible que se necesiten soluciones más avanzadas a nivel tecnológico en estas regiones. Las estrategias relacionadas con el agua potable tanto por parte de Jordania como de Israel están resultando poco a poco en la reducción del caudal del Río Jordán y en el aumento de la contaminación del agua. En este contexto, habrá un alto nivel de demanda de desarrollos tecnológicos, por ejemplo, en el ámbito de las plantas de tratamiento de agua y alcantarillado.

La cooperación científica y técnica es importante a fin compartir el conocimiento y para sentar las bases para nuevos avances tecnológicos. Por esta razón, he votado a favor de renovar el acuerdo con el Reino de Jordania.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) La cooperación en materia de investigación científica y tecnológica entre la Unión Europea y Jordania se identifica como una prioridad en el Acuerdo Euromediterráneo por el que se establece una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y el Reino Hachemí de Jordania, que ha estado en vigor desde 2002. Por tanto, creo que la conclusión de este acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la UE y Jordania es de agradecer, ya que es un paso más hacia el fortalecimiento de esta asociación. Espero que alinear nuestros esfuerzos en estos ámbitos estratégicos sea beneficioso para ambas partes.

  Teresa Riera Madurell (S&D), por escrito. – (ES) La cooperación científica y tecnológica entre la UE y Jordania figura como prioridad en el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre ambas partes, en vigor desde 2002.

Consecuentemente, las negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo de Cooperación Científica entre la UE y Jordania se iniciaron en 2007. La aprobación del Parlamento para que se concluya el Acuerdo constituye un paso en la dirección adecuada. Mi apoyo a la conclusión del Acuerdo se basa en la convicción de que acercará a la UE a un país, Jordania, con importantes capacidades en el ámbito científico y tecnológico. Jordania dispone de una importante red de universidades y centros de investigación.

Además, se espera que Jordania pueda actuar como catalizador de la cooperación científica en su región. El país cuenta con una planificación estratégica en materia de investigación y está capacitado para cooperar internacionalmente en sectores como la energía, el desarrollo sostenible, la sanidad o la agricultura, entre otros.

Estos ámbitos se ajustan a las prioridades europeas reflejadas en el Séptimo Programa Marco. De ahí la importancia de que se apruebe este acuerdo que permitirá acercar posiciones entre la UE y su socio mediterráneo en materia de ciencia y tecnología, lo que generará beneficios mutuos.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Con esta votación, el Parlamento Europeo, visto el proyecto de Decisión del Consejo (11362/2010), visto el proyecto de Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre la Comunidad Europea y el Reino Hachemí de Jordania (11790/2009), vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 186, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0182/2010), vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 8, de su Reglamento, vista la recomendación de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-0304/2010): 1.Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo; 2.Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento, al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y al Reino Hachemí de Jordania.

Informe: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0292/2010)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de esta resolución, ya que aborda la resolución aprobada por el Parlamento el 25 de febrero y el Libro Verde sobre la reforma de la política pesquera común, en lo que respecta a la necesidad de la cooperación regional y la sostenibilidad fuera de las aguas de la UE. La presente resolución deroga el acuerdo de cooperación pesquera que entró en vigor el 9 de octubre de 2006 para un periodo de tres años y favorece la continuidad de las actividades pesqueras de los buques comunitarios, algo que es de especial interés para la UE, pues esto contribuye a la viabilidad del sector pesquero del atún en el Océano Pacífico. También permite una fuerte reducción de las posibilidades de pesca de atún en el Atlántico Oriental a causa de las medidas de conservación y ordenación adoptadas por la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).

Por otra parte, cabe destacar que este acuerdo permitirá que las Islas Salomón tengan garantizados los ingresos, que se utilizarán para apoyar la aplicación de su política pesquera nacional, de forma que contribuirá al principio de la sostenibilidad y la gestión racional de los recursos pesqueros.

  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) Felicito a la señora Patrão Neves por haber dirigido la atención de esta Cámara a la renovación del acuerdo de asociación con las Islas Salomón.

Con el nuevo Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo ha adquirido mayores competencias sobre los acuerdos de asociación en el sector de la pesca, y con la reforma de la política pesquera común, los nuevos acuerdos implican un compromiso para promover la pesca responsable y sostenible en todas las zonas del mundo .

He votado a favor porque este acuerdo consiste en promover la cooperación a escala subregional, respetando así el objetivo europeo de fortalecer el marco de las organizaciones regionales de ordenación de la pesca como medio de promoción de la gobernanza de la pesca.

También estoy convencido de que las relaciones de la Unión Europea con las Islas Salomón, donde el mar está lleno de atún, también representan un interés económico considerable. De esta manera, es posible apoyar la eficacia económica de la cadena de suministro de pesca de atún de la Unión Europea en el Pacífico, garantizando el acceso a 4 000 toneladas de pescado, una cantidad nada desdeñable para la industria y el mercado de la UE y compensando parcialmente el descenso previsto de las posibilidades de pesca de túnidos en el Atlántico Oriental.

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose y Britta Thomsen (S&D), por escrito. – (DA) Nosotros, los cuatro socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo, hemos decidido votar en contra del Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Unión Europea y las Islas Salomón. Nuestra decisión se basa en un verdadero temor a que el atún sea explotado y sobreexplotado. Dos especies en particular —el rabil y el patudo— están en peligro de extinción y, por lo tanto, hay que interrumpir la pesca de estas especies en la medida de lo posible. Este acuerdo en el sector pesquero pone en peligro a las poblaciones de atún, pues da luz verde a toda captura de pescado siempre que los pescadores europeos paguen una compensación financiera por cada tonelada de atún capturada. Es muy probable que esto resulte en una captura excesiva e incontrolable y, en el peor de los casos, puede suponer una amenaza para la supervivencia del atún en la región.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) El Tratado de Lisboa refuerza las competencias del Parlamento Europeo sobre acuerdos de asociación pesqueros (AAP), al exigir la aprobación previa del Parlamento. En este contexto, he votado a favor del informe sobre el Acuerdo de asociación entre la UE y las Islas Salomón, porque creo que fomenta el objetivo de promover la pesca responsable y sostenible, sirviendo así a los intereses legítimos de ambas partes.

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson y Marita Ulvskog (S&D), por escrito. – (SV) Nosotros, los socialdemócratas, hemos optado por votar en contra del Acuerdo de asociación con las Islas Salomón. Creemos que la supervisión del acuerdo es insuficiente y que el acuerdo no tiene en cuenta como es debido el medio ambiente en relación con las poblaciones sobreexplotadas.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La UE cuenta actualmente con 16 acuerdos de asociación pesqueros (AAP) en vigor. A través de estos, la flota de la UE tiene acceso a las poblaciones de peces que, por una razón u otra, los socios no pueden o no tienen la intención de atrapar. Actualmente estamos tratando de renovar el Acuerdo de asociación en el sector pesquero con las Islas Salomón por otros tres años. Como bien ha dicho la ponente, «La UE tiene intención de ofrecer con este nuevo Acuerdo la misma ayuda financiera a las Islas Salomón que en el Acuerdo anterior, a pesar de la disminución del número de licencias de pesca concedidas y de la reducción del volumen autorizado de capturas». Esto es especialmente relevante si tenemos en cuenta que, en la versión anterior del Acuerdo de asociación en el sector pesquero, cuatro palangreros portugueses estuvieron pescando en la zona económica exclusiva de las Islas Salomón, algo que ya no es posible porque no se negociaron posibilidades de pesca para los palangreros. Sin embargo, sí que se ha incluido una disposición que permite la introducción de nuevas oportunidades de pesca cuando sea necesario.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) La reforma de 2002 de la política pesquera común (PPC) introdujo el concepto de asociación, con el objetivo de apoyar el desarrollo del sector pesquero nacional en los países socios. Desde 2004, los acuerdos han sido denominados «acuerdos de asociación pesqueros» (AAP). El Tratado de Lisboa ha dado mayores competencias al Parlamento sobre los AAP. En virtud del artículo 218, apartado 6, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), ahora el Parlamento tiene que dar su consentimiento antes de la celebración de un acuerdo.

En febrero de 2004, las Islas Salomón y la Comunidad Europea firmaron un Acuerdo de asociación de tres años, que entró en vigor el 9 de octubre de 2006. Estoy de acuerdo en que este acuerdo debe ser derogado y sustituido por una nueva versión, que pertenece a un conjunto de tres acuerdos con la región del Pacífico Central y Occidental, que comprende también los acuerdos de asociación con Kiribati y los Estados Federados de Micronesia. En el marco de los acuerdos con países de África y del Pacífico, parte de la contribución financiera de la UE tiene como objetivo apoyar las políticas nacionales de pesca según el principio de sostenibilidad.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La firma de los acuerdos de pesca bilaterales entre la UE y terceros países garantiza el acceso de las flotas de la UE a las fuentes de peces que son significativas en términos cuantitativos y cualitativos, mientras que, al mismo tiempo, la canalización de recursos financieros a estos países que a menudo llegan a destinar una gran parte de su presupuesto disponible para la aplicación de políticas en muchos ámbitos, no solo para la política pesquera. Eso también pasa con este acuerdo. Hemos votado a favor de este informe, pero todavía tenemos serias reservas acerca de cómo se ha aplicado el acuerdo hasta ahora, algunas de ellas compartidas también por la ponente.

Me refiero, entre otras cosas, al hecho de que la Comisión Paritaria nunca ha llegado a reunirse durante la vigencia del acuerdo; al hecho de que no se han establecido las condiciones conforme a las que se deberían aplicar las prácticas responsables en el sector de la pesca en la zona económica exclusiva de las Islas Salomón; y al hecho de no haber establecido cómo se controlará el volumen de captura. Se trata de deficiencias que ponen en grave peligro la consecución de los objetivos del acuerdo, y no deben volver a repetirse en la versión renovada. La Comisión se ha comprometido a hacer todo lo posible para evitar que esto suceda, así que, ahora debe cumplir con dicho compromiso.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor de esta propuesta sobre un acuerdo de asociación pesquera entre la UE y las Islas Salomón, pero con serias reservas. La política de cooperación al desarrollo y la política pesquera común de la UE deben resultar en una relación constante, complementaria y coordinada de forma que juntos puedan ayudar a reducir la pobreza en países que tengan recursos pesqueros inexplotados que pretendan explotar de forma sostenible mientras se esfuerzan por desarrollar sus comunidades locales.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La UE cuenta con varios acuerdos de cooperación pesquera, que le dan acceso a distintas zonas de pesca a cambio de financiación, que se canaliza hacia la economía de los países con los que se concluyen estas asociaciones. Esta es una forma de que la UE ayude a los países en vías de desarrollo, al mismo tiempo que hace accesible zonas pesqueras de buena calidad para los pescadores de la UE con el fin de mejorar su actividad económica, un aspecto que es fundamental para la economía de la UE.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (LV) En esta ocasión, hay dos problemas que deben resolverse de forma metódica y deliberada. El primero está relacionado con las cuotas de pesca y el segundo con el intercambio de conocimientos y experiencias en relación con las tecnologías de procesamiento y conservación para la captura y la producción del Océano Pacífico. Espero que todos los aspectos que figuran en el acuerdo se centren en fomentar la cooperación y el intercambio mutuo de experiencias.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Los acuerdos bilaterales de pesca entre la Unión Europea y terceros países son de gran beneficio económico para la UE. Un nuevo acuerdo se está negociando entre la UE y las Islas Salomón. Las desventajas del nuevo acuerdo son un aumento de la contribución que tienen que pagar los propietarios de buques, un nivel más bajo de rentabilidad para la UE en comparación con otros acuerdos de pesca del atún y el mismo apoyo financiero de la UE a cambio de cuotas de capturas más bajas.

Según la ponente, entre las ventajas del acuerdo, destacan el hecho de que las Islas Salomón necesitan reservas de cambio para mantener su estabilidad macroeconómica, que el volumen de referencia acordado de 4 000 toneladas de peces es una cifra relativamente elevada para la UE, y que existe la necesidad de impulsar la cooperación de carácter regional con el fin de conseguir la sostenibilidad más allá de las aguas de la UE. Yo me he abstenido porque las ventajas para la UE no están lo suficientemente claras en relación con los costes.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de la propuesta de un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y las Islas Salomón, porque creo que este acuerdo esencialmente sirve a los intereses de ambas partes. Creo que la cooperación a escala regional es una excelente manera de lograr la sostenibilidad fuera de las aguas de la UE y de fomentar la gobernanza de la pesca.

En efecto, además de proporcionar un marco jurídico estable para ambas partes, el acuerdo proporcionará a las Islas ingresos garantizados durante al menos tres años, y esto será utilizado en parte para financiar la ejecución de su política pesquera nacional. El mantenimiento de las relaciones de pesca con las Islas Salomón beneficia bastante a la UE, ya que esto ayudará a mejorar la viabilidad del sector pesquero del atún en la UE en la zona del Pacífico, dando acceso a una gran cantidad de peces.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. – (IT) Felicito a la señora Patrão Neves por haber traído la renovación del Acuerdo de Asociación con las Islas Salomón a la atención de esta Cámara.

He votado a favor porque, en virtud del acuerdo, la cooperación ha de promoverse a escala subregional, cumpliendo así el objetivo europeo de fortalecer las organizaciones regionales de ordenación pesquera y, de esa manera, fomentar la gobernanza de la pesca. Por último, apoyo las recomendaciones de la ponente de la Comisión, en particular, para garantizar que el Parlamento Europeo y el Consejo reciban el mismo trato en lo relativo al derecho a estar debidamente informados para que puedan supervisar y evaluar correctamente la ejecución de los acuerdos pesqueros internacionales.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de la celebración de este acuerdo de cooperación pesquera porque creo que fundamentalmente sirve a los intereses de ambas partes, por un lado, al permitir el acceso de la UE a 4 000 toneladas de atún al año, una cantidad bastante considerable para la industria y el mercado de la UE y, por otra, al proporcionar a las Islas Salomón importantes recursos financieros que se canalizan en parte a la aplicación de su propia política del sector pesquero. Sin embargo, creo que hay que hacer todo lo posible para solucionar los problemas que de forma acertada se han resaltado en el informe.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – El Acuerdo de pesca entre la Comunidad Europea y las Islas Salomón expiró el pasado octubre. La vigencia del nuevo Protocolo es del 9 de octubre de 2009 al 8 de octubre de 2012 y éste ya se aplica con carácter provisional en espera del procedimiento de consentimiento del Parlamento Europeo. De acuerdo con el artículo 43, apartado 2 y el artículo 218, apartado 6, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Parlamento Europeo puede dar o negar su consentimiento. Aunque la mayoría en el Parlamento Europeo ha votado a favor, nuestro grupo, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, ha votado en contra.

Informe: David Casa (A7-0325/2010)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Comparto la preocupación del ponente de que la Comisión debe examinar no solo el tema específico del tipo básico y otros tipos del impuesto sobre el valor añadido (IVA), sino también la cuestión más amplia de una nueva estrategia del IVA, incluyendo su alcance y excepciones. Dada la creciente complejidad en términos de tasas, el sistema del IVA no está en consonancia con el desarrollo del mercado interior, poniendo en desventaja a las empresas, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas. Cabe recordar que el Parlamento ha advertido a la Comisión que el sistema del IVA, tal como lo conciben y lo aplican los Estados miembros, tiene puntos débiles que son explotados por los estafadores, resultando en pérdidas fiscales de miles de millones de euros. Acojo con satisfacción la intención de la Comisión de elaborar un Libro Verde sobre la revisión del sistema del IVA con el objetivo de crear un entorno más favorable a las empresas, así como un sistema que sea más sencillo y fuerte para los Estados miembros.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe. Con su propuesta, la Comisión propone prorrogar por 5 años el requisito actual de que los países de la UE mantengan el nivel mínimo del tipo normal del 15 %. Por lo tanto, la propuesta no tendrá consecuencias en materia de tipos impositivos. La Comisión propone que la ampliación debería entrar en vigor el 1 de enero de 2011 para un periodo que finalizará el 31 de diciembre de 2015. Para mantener el grado de armonización de los tipos ya realizados, la Comisión ha presentado dos propuestas que prevén un margen de tipo normal con un tipo mínimo del 15 % y un máximo del 25 %. El margen deriva de los tipos aplicados en la práctica en los Estados miembros, donde los tipos normales siempre han variado entre el 15 % y el 25 %. En ambos casos, las propuestas de aproximación de los tipos fueron modificadas por el Consejo, que conservó sólo el principio del tipo mínimo. Estoy de acuerdo con la Comisión en que la finalidad de la prórroga no sólo es brindar a las empresas la seguridad jurídica necesaria, sino asimismo permitir una evaluación más precisa sobre cuál es el nivel apropiado del tipo normal del IVA a escala de la UE. Creo que, en el futuro Libro Verde sobre la revisión del sistema del IVA, la Comisión debe examinar no sólo el asunto específico del tipo normal del IVA y los demás tipos, sino asimismo, de forma más amplia, una nueva estrategia sobre el IVA, incluyendo el alcance del IVA y las excepciones.

  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) Felicito al ponente, el señor Casa, por haber elaborado este informe, que nos permite reconsiderar un tema tan fundamental como el IVA y la armonización fiscal.

Apoyo al ponente en su afirmación de que el sistema actual del IVA, debido en parte a un aumento de su complejidad, no ha seguido el ritmo de crecimiento en el mercado interior y, de hecho, pone en situación de desventaja a las empresas en general y a las pequeñas y medianas empresas en particular, afectando de forma considerable su competitividad. Las leyes fiscales actuales también muestran numerosas lagunas que los evasores fiscales pueden utilizar de forma ilegal.

Por tanto, apoyo la propuesta de la Comisión de aplazar la creación de un sistema común del IVA con el objetivo de dar a las empresas la seguridad jurídica necesaria, pero, al mismo tiempo, hago un llamamiento a la Comisión para que concluya su análisis lo antes posible y elabore un Libro Verde sobre la revisión del sistema del IVA con la participación de esta Cámara.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de la resolución porque estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión y con las enmiendas que ha presentado el Parlamento. Estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión de realizar una prórroga de cinco años de la exigencia actual de que los Estados miembros apliquen un tipo normal del impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 15 %, de conformidad con el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En cuanto a las modificaciones introducidas por el Parlamento, creo que es particularmente pertinente que la nueva estrategia del IVA pretenda reducir la carga administrativa, suprimir los obstáculos fiscales y mejorar el entorno empresarial, sobre todo, en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas y de las empresas de elevado coeficiente de mano de obra, garantizando al mismo tiempo la solidez del sistema frente al fraude.

  Corina Creţu (S&D), por escrito. – (RO) Creo que es necesario un control estricto sobre el tipo de IVA mínimo, en un momento en que va a volver a vencer el tipo transitorio del 15 %. Por otra parte, creo que deberíamos preocuparnos más por el hecho de que cada vez más Gobiernos en los países de la UE están aumentando el tipo de IVA al máximo con el fin de abordar los desafíos planteados por la crisis económica. Esta medida demuestra que hay una falta de soluciones viables y está ahogando la economía y la vida de las personas. En este sentido, insto a que se evite la tributación excesiva y que nos centremos en adoptar un sistema de armonización fiscal definitivo.

  George Sabin Cutaş (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de este informe porque creo que la Unión Europea necesita una nueva estrategia del IVA. La UE debe utilizar esto con el objetivo de reducir la burocracia y de eliminar los obstáculos financieros que bloquean el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. También creo que la ampliación del sistema transitorio para el tipo mínimo del IVA hasta el 31 de diciembre de 2015 puede prevenir los desequilibrios estructurales en la Unión Europea.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La renovación del tipo normal mínimo del impuesto sobre el valor añadido del 15 % en los Estados miembros que ha propuesto la Comisión se basa en la seguridad jurídica. No me opongo de forma alguna a este principio, por lo que he votado a favor de la propuesta. Sin embargo, debo hacer hincapié en la urgencia con la que se necesitan medidas más estrictas en relación con este impuesto. Estas medidas deben buscar la competitividad fiscal en la Unión Europea y la protección necesaria de las pequeñas y medianas empresas. Cada vez es más evidente que las políticas fiscales no son neutrales. La historia del éxito del IVA no puede ni debe evitar que se adapte a los nuevos tiempos.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) En esta propuesta, que se basa en el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Comisión propone una prórroga de cinco años de la exigencia actual de que los Estados miembros que apliquen un tipo normal mínimo del IVA del 15 %; por lo tanto, esto no repercutirá de ninguna forma en los tipos impositivos.

La Comisión propone que la prórroga entre en vigor el 1 de enero de 2011 para un periodo que finalizará el 31 de diciembre de 2015. La finalidad de la prórroga no sólo es brindar a las empresas la seguridad jurídica necesaria, sino asimismo permitir una evaluación más precisa sobre cuál es el nivel apropiado del tipo normal del IVA a escala de la UE. El sistema actual del IVA, con su creciente complejidad no sólo en cuestión de tipos, no va al mismo ritmo que el desarrollo del mercado interior. Ello supone una posición desventajosa para las empresas europeas y en particular las PYME. Además, como recordó el Parlamento Europeo en el pasado, el sistema del IVA, en su diseño actual y en la forma en que se aplica en los Estados miembros, tiene carencias que aprovechan los defraudadores, algo que cuesta miles de millones de euros en ingresos fiscales.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Este informe se refiere a la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al nivel mínimo del tipo impositivo normal del 15 %, ampliando otros cinco años el periodo actual —que vence a finales de este año— porque no han podido llegar a un acuerdo sobre un sistema definitivo del tipo normal del IVA.

Sin embargo, el ponente ha tenido la oportunidad de dar algunas sugerencias al Consejo, en concreto sobre la nueva estrategia del IVA, que, según él, debe estar destinada a «eliminar los obstáculos fiscales y mejorar el entorno empresarial, en particular para las empresas pequeñas y medianas, al mismo tiempo que se garantiza la solidez del sistema frente al fraude». También aprovecha la ocasión para insistir en que el Consejo debe avanzar hacia un sistema definitivo antes del 31 de diciembre de 2015, mientras que la Comisión debe presentar propuestas legislativas para reemplazar el tipo transitorio actual en 2013.

Vamos a vigilar esta cuestión muy de cerca, dadas las posibles implicaciones negativas que podría tener la propuesta que se plantee en 2013.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe, que examina la propuesta de la Comisión de prorrogar durante cinco años, hasta el 31 de diciembre de 2015, el requisito de que los países de la UE apliquen un nivel mínimo del tipo normal del IVA del 15 %. Esta medida es deseable en tiempos normales, pero con motivo de la crisis económica actual, es incluso más necesaria. La competencia fiscal que llevó a reducir los tipos del IVA sería ruinosa para los países que intentan mantener un nivel aceptable de servicios públicos.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Debemos recordar que el sistema actual del IVA, con su creciente complejidad no sólo en cuestión de tipos, no va al mismo ritmo que el desarrollo del mercado interior. Ello supone una posición desventajosa para las empresas europeas y en particular las PYME.

Además, como recordó el Parlamento Europeo en el pasado, el sistema del IVA, en su diseño actual y en la forma en que se aplica en los Estados miembros, tiene carencias que aprovechan los defraudadores, algo que cuesta miles de millones de euros en ingresos fiscales. La nueva estrategia del IVA debe centrarse en reformar las normas del IVA de forma que se promuevan activamente los objetivos del mercado interior. La nueva estrategia en materia de IVA debe estar destinada a reducir las cargas administrativas, eliminar los obstáculos fiscales y mejorar el entorno empresarial, en particular para las empresas pequeñas y medianas, al mismo tiempo que se garantiza la solidez del sistema frente al fraude.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (LV) Este es un tema muy importante para el desarrollo del espíritu empresarial europeo en su conjunto. Debe existir un sistema armonizado de los tipos del IVA, aplicable a todos los países de la Unión Europea. Debe haber un sistema fiscal comprensible y a largo plazo en lo que respecta a todos los tipos de empresas e industrias. Sólo así podremos contar con el éxito de la política fiscal. Actualmente en Letonia, los políticos individuales no tienen en cuenta el peligro de un sistema tributario inestable al tapar el déficit presupuestario mediante la continua modificación de la legislación fiscal. Esto pone en peligro de manera significativa una futura reducción de la presión fiscal y conduce a la liquidación en masa de las pequeñas y medianas empresas. Considero que la iniciativa de la Comisión Europea es oportuna.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Los tipos mínimos del impuesto sobre el valor añadido son un aspecto de los esfuerzos por armonizar los tipos impositivos europeos. Sin embargo, debemos oponernos a estas medidas hacia la armonización. Por un lado, podrían suponer intentos de introducir la soberanía fiscal para la UE por la puerta de atrás y, por otra parte, los reglamentos de este tipo representan una intrusión en la soberanía de los Estados miembros. Los Estados miembros deben conservar la facultad de fijar sus propios tipos impositivos, ya que cada país debe decidir por sí mismo en relación con sus propias prioridades, ya que esto depende de la medida en que el Estado gaste el dinero en diferentes ámbitos. Todo esto es también una expresión del desarrollo histórico de Europa. Debemos oponernos a las solicitudes de tipos impositivos mínimos para que se pueda reducir la presión para la adaptación, la cantidad de burocracia en la UE y el centralismo de Bruselas.

Me opongo rotundamente a la ampliación de la cotización obligatoria de un tipo normal mínimo del IVA del 15 % por un periodo adicional de cinco años. La UE debe centrarse en cooperar en materia de fraude fiscal, pues se pierden miles de millones de euros en los sistemas del impuesto sobre el valor añadido en particular. En este ámbito hay algunos enfoques sobre los que merece la pena debatir.

  Claudio Morganti (EFD), por escrito. – (IT) El informe amplía el sistema transitorio introducido por la Directiva del Consejo 92/77/CEE, que introdujo un tipo mínimo de IVA, donde se establece que el tipo normal no podía ser inferior al 15 %.

Ahora es habitual establecer tipos mínimos porque aún no hemos conseguido un sistema de armonización fiscal permanente en la Unión para la fiscalidad indirecta. Por cuanto atañe al IVA, esto nos permite evitar que las diferencias cada vez más evidentes entre los tipos normales aplicados en los Estados miembros causen desequilibrios estructurales y distorsiones de la competencia. La desviación entre los tipos normales aplicados actualmente oscila entre el 15 % y el 25 % y es suficiente para garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior.

La prórroga no solo permitirá brindar a las empresas la seguridad jurídica necesaria, sino asimismo permitirá una evaluación más precisa sobre cuál es el nivel apropiado del tipo normal del IVA a escala de la UE. También se requiere que la Comisión publique un Libro Verde sobre la nueva estrategia del IVA lo antes posible y que inicie el proceso de consultas acerca de la futura armonización fiscal. He votado a favor con la esperanza de conseguir un sistema de armonización fiscal que resulte en un único tipo normal del IVA en toda la Unión.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe del señor Casa, a quien felicito por el trabajo que ha realizado y por su colaboración en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.

El objetivo del informe es ampliar otros cinco años el requisito actual de que los países de la UE apliquen un tipo normal mínimo del IVA del 15 %. Además de hacer hincapié en la importancia de contar con un tipo mínimo normal, el informe va más allá y destaca la necesidad de elaborar una nueva estrategia del IVA, en cuanto que el sistema actual, con su creciente complejidad no solo en cuestión de tipos, no va al mismo ritmo que el desarrollo del mercado interior.

Como también ha destacado el señor Monti en su informe sobre la reactivación del mercado único, la falta de tipos uniformes y de un coste de la vida diferente en los diferentes Estados miembros crea condiciones que socavan el espíritu del mercado único. Esto supone una posición desventajosa para las empresas europeas y en particular las PYME.

Además, el sistema europeo del IVA, en su diseño actual y en la forma en que se aplica en los Estados miembros, a veces está sujeto al fraude transfronterizo, algo que cuesta miles de millones de euros en ingresos fiscales.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. – (IT) Felicito al ponente, el señor Casa, por haber elaborado este informe, que nos permite abordar una vez más la cuestión fundamental del IVA y la armonización fiscal.

Estoy de acuerdo con las observaciones planteadas por el ponente, es decir, con el argumento de que el sistema actual del IVA no va al mismo ritmo que el desarrollo del mercado interior sino que, por el contrario, esto supone una posición de desventaja para las empresas europeas y en particular las PYME por el hecho de que afecta significativamente a su competitividad.

Por tanto, apoyo la propuesta de la Comisión que consiste en prorrogar el sistema actual para crear un sistema común del IVA a fin de brindar a las empresas la seguridad jurídica necesaria pero, al mismo tiempo, insto a la Comisión a que concluya su análisis tan pronto como sea posible y a que elabore, con la ayuda de esta Cámara, un Libro Verde sobre la revisión del sistema del IVA.

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Voy a votar a favor de este informe. Sin embargo, debo señalar que el aplazamiento sucesivo del Reglamento definitivo del impuesto sobre el valor añadido (IVA) es un síntoma del estancamiento en que ha caído la integración europea. Aunque la Comisión presentara en breve una revisión del sistema actual del IVA, todos somos conscientes de que los diferentes intereses de los Estados miembros, como bien ha manifestado el Consejo, terminarán por bloquear una propuesta para hacer que los tipos sean más uniformes. Haríamos bien en recordar que, a pesar de tratarse de una tributación regresiva, el IVA ha sido y sigue siendo la medida fiscal de emergencia puesta al servicio de las políticas de austeridad impuestas por el Consejo y la Comisión.

La presión sobre la denominada «consolidación fiscal» de los Estados miembros ahora es un obstáculo importante para la convergencia de los tipos del IVA. Si recordamos que la sugerencia de un «IVA europeo», presentada por la Comisión como una fuente de ingresos para la Unión, fue rechazada inmediatamente por los diferentes Estados miembros, tendremos que reconocer que pedir a la Comisión «una nueva estrategia del IVA» parece tener poco sentido.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe, que se centra en la propuesta de la Comisión de prorrogar durante cinco años el requisito actual de que los Estados miembros apliquen un tipo normal mínimo del IVA del 15 %. En consonancia con lo que dice el ponente, es importante reconocer que el sistema del IVA en sí mismo precisa de una evaluación exhaustiva a fin de promover de forma activa los objetivos del mercado interior, de forma que se ayude a crear un entorno empresarial más favorable, sobre todo, en el caso de las PYME. Por tanto, acojo con gran satisfacción la intención manifestada por la Comisión de elaborar un Libro Verde sobre la revisión del sistema del IVA.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – En el Parlamento, vamos a votar por mayoría a favor de este texto, que estipula que el Parlamento Europeo, vista la propuesta de la Comisión al Consejo [COM(2010)0331]; visto el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C7-0173/210); visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo; visto el artículo 55 de su Reglamento, y visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0325/2010): aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento; pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión; y encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), por escrito. − (ET) No cabe más de acoger con beneplácito este informe sobre el sistema común del impuesto sobre el valor añadido y la duración de la obligación de respetar un nivel mínimo del tipo impositivo normal. Esto fijará el tipo impositivo mínimo normal al 15 % hasta finales de 2015. Aunque la Comisión Europea ha propuesto en repetidas ocasiones introducir un tipo máximo del 25 %, el Consejo Europeo no lo comparte. Al mismo tiempo, el tipo normal no supera actualmente el 25 % en ningún Estado miembro. Estonia, donde el tipo normal del IVA es del 20 %, se encuentra entre los 19 Estados miembros donde el tipo es del 20 % o más. En relación con este aspecto, quisiera señalar que estoy totalmente a favor de prorrogar el tipo mínimo del 15 %, pues dará a todos los Estados miembros la opción de decidir hasta qué punto deben elevar su tipo. Además, este informe garantiza la seguridad jurídica de nuestros empresarios, quienes sabrán que, durante los próximos cinco años, la legislación europea evitará que suba el tipo de interés normal del IVA.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) La propuesta de la Comisión Europea prevé una prórroga de cinco años de la exigencia actual de que los Estados miembros de la UE tengan que aplicar un tipo normal mínimo del IVA del 15 % hasta el 15 de diciembre de 2015. La idea es mantener armonizada la estructura fiscal, con dos tipos obligatorios para el IVA y dentro de un margen de armonización del 10 %: es decir, entre el 15 % y el 25 %. Los Estados miembros se comprometen a evita la ampliación del margen actual por encima del tipo normal más bajo que aplican actualmente. Estoy de acuerdo con el ponente en que, con su creciente complejidad, el sistema actual del IVA no va al mismo ritmo que el desarrollo del mercado interior. Yo también espero que, en el futuro, la Comisión Europea examine no solo el asunto específico del tipo normal del IVA, sino asimismo, la cuestión general de revisar el sistema actual, incluyendo su alcance y las excepciones, y que se encargue de elaborar una nueva estrategia para este impuesto. He votado a favor del informe por las razones expuestas anteriormente.

  Marianne Thyssen (PPE), por escrito. – (NL) Obviamente, he votado a favor del informe del señor Casa. Por otra parte, estoy de acuerdo, no solo con la postura del ponente acerca de la Directiva, sino también con el tenor de las notas de su informe. Desde 1993, la Unión Europea ha venido aplicando un sistema transitorio del IVA. Los intentos de pasar a lo que se conoce como un sistema definitivo han fracasado hasta ahora. Sin embargo, esta no es razón para dejar de intentarlo.

El sistema del IVA no es sólo una cuestión de tipos y rangos, sino también un tipo de régimen legal y sencillo que funciona bien en el mercado interior, que se adapta a las PYME y que es resistente al fraude. El hecho de que la Comisión tenga previsto seguir esta línea es una buena noticia. Me gustaría instar al Comisario competente a que aborde este asunto tan complicado.

  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. – (LT) Creo que, en la nueva estrategia del IVA, se debe prestar especial atención a la reforma de las normas del IVA, de conformidad con los principios que promueven activamente la consecución de los objetivos del mercado interior. Como señala el ponente, el sistema actual del IVA, con su creciente complejidad no solo en cuestión de tipos, no va al mismo ritmo que el desarrollo del mercado interior. En enero de 2009, el tipo del IVA en Lituania aumentó del 18 % al 19 %, y al 21 % en septiembre. Es importante que los futuros cambios no mellen el interés del inversor extranjero en Lituania. Debemos proponer oportunidades favorables en materia de planificación fiscal.

De acuerdo con la nueva estrategia del IVA, debemos pretender reducir las cargas administrativas, eliminar los obstáculos fiscales y mejorar el entorno empresarial, en particular para las empresas pequeñas y medianas. Antes de adoptar una decisión definitiva, la Comisión debe consultar plenamente a los sectores público y privado. Los tipos de IVA deben tratarse durante estas consultas, así como otros temas de mayor alcance, como el objetivo de establecer un tipo máximo y las alternativas al marco operativo y a la estructura del IVA. Por tanto, espero con entusiasmo el Libro Verde de la Comisión sobre la revisión del sistema del IVA.

Informe: Burkhard Balz (A7-0314/2010)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del Informe anual del Banco Central Europeo (BCE) porque creo que el mantenimiento de una baja tasa de inflación, dejándola cercana al 2 %, aumentando al mismo tiempo la liquidez en los mercados, ha evitado el colapso de muchas instituciones financieras. Sin embargo, la liquidez no siempre se destinó a la economía real, por lo que el potencial de recuperación de las medidas del BCE no se ha desarrollado totalmente. Debe recordarse que la crisis se inició como una crisis de carácter financiero que, más adelante, también se convirtió en económica.

Los Gobiernos de los Estados miembros y el BCE han tenido que reaccionar ante la peor crisis desde los años treinta. Hemos sido testigos de una contracción del producto interior bruto, un descenso de la actividad económica y un aumento de los déficits presupuestarios, lo que ha derivado en una merma de la recaudación impositiva y ha provocado una deuda pública insostenible: es difícil recordar cifras comparables a estas antes de la crisis. Esta situación es resultado de la falta de reformas estructurales en el seno de la UE, un hecho muy patente en los acontecimientos de Grecia y otros países de la zona del euro. En consecuencia, creo que es importante abordar los puntos débiles del sistema financiero a escala mundial y aprender todas las lecciones de la crisis mediante la mejora de la calidad de la gestión de riesgos y la transparencia de los mercados financieros.

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El Informe anual del Banco Central Europeo demuestra que el Parlamento Europeo es el valedor y partidario más firme del ataque por parte del capital contra los trabajadores de la Unión Europea. Básicamente, repite las decisiones antipopulares de la Cumbre de la UE de octubre para crear un mecanismo de quiebra controlada a fin de incorporar condiciones más estrictas en el Pacto de Estabilidad y aplicarlo al pie de la letra e imponer sanciones a los Estados miembros que no cumplan estos términos. Acepta de buen grado el paquete de dinero puesto a disposición a escala de la UE y los Estados miembros para la bolsa de valores y otros sectores del capital, a fin de garantizar que siga siendo rentable durante la crisis capitalista. Presta su apoyo a todas las medidas salvajes contra las clases trabajadoras y populares aplicadas por los gobiernos burgueses en todos los Estados miembros de la UE. Para conseguir que la UE salga de la crisis económica capitalista, los representantes políticos del capital proponen que se incremente la tasa de reestructuraciones en todos los Estados miembros, de manera que puedan mantener la rentabilidad de los grupos de monopolio, a costa de los trabajadores, a los que se pide que paguen la crisis. Irlanda es el ejemplo más reciente, pero, por supuesto, no será el único, de las trágicas consecuencias que esta situación tiene para los trabajadores como resultado de fomentar el dominio de los monopolios y su rentabilidad.

  Jean-Pierre Audy (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución sobre el informe del Banco Central Europeo por el excelente informe de mi colega, el señor Balz. Tras haberse convertido en una institución europea con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el BCE, pese a ser independiente, no puede mostrarse indiferente a los deseos de la población europea, representada por sus parlamentos o los Gobiernos de los Estados miembros. Por lo tanto, respaldo el trabajo y la adopción de medidas del BCE para ser transparente. Durante la crisis, el BCE bajó sus tasas de interés hasta el 1 % y llevó a cabo importantes medidas, sin precedentes, destinadas al apoyo crediticio a lo largo de 2009. Estas medidas han dado su fruto. Respaldo la idea de que la retirada de estas medidas debe realizarse oportunamente y estar bien coordinada con los gobiernos nacionales. En concreto, sería útil que el BCE realizase una evaluación de la inflación mundial, en lugar de regional, de su política monetaria para establecer tipos de intervención que permitan salir de la crisis.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) En la resolución del Parlamento Europeo sobre el Informe anual 2009 del Banco Central Europeo, se indica el hecho de que, en el pasado, los principios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no siempre se respetaron plenamente y, en consecuencia, es preciso garantizar que en el futuro este pacto se aplique de forma más coherente y efectiva en los Estados miembros. He prestado mi apoyo a esta resolución y creo que una unión monetaria necesita una buena coordinación de políticas económicas así como subsanar la brecha actual de la supervisión macroprudencial mediante la creación de una Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS). Creo que con el concepto por el cual la JERS sólo formula advertencias y recomendaciones que no son de cumplimiento obligatorio, es imposible satisfacer los principios de la aplicación efectiva y la asunción de responsabilidades, y lamento que la JERS no tenga capacidad para declarar una emergencia por sí misma. Por lo tanto, se debe otorgar mayor poder a la JERS. Es de especial importancia apelar a la Comisión Europea para que no se limite simplemente a la enmienda de la regulación de las agencias de calificación crediticia, algo que aumentaría la responsabilidad de estas agencias, sino presentar una propuesta sobre la creación de una Junta Europea de Riesgo Sistémico que permitiría contar con una evaluación objetiva de la posición económica y financiera de los Estados miembros.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de la resolución del Parlamento porque estoy de acuerdo en que la crisis financiera en algunos países de la zona del euro constituye un serio problema para la zona del euro en su conjunto y refleja una disfunción en la zona; esto demuestra la necesidad de reforma y de una mayor coordinación de las políticas económicas en la zona del euro. Asimismo, coincido en la necesidad de que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se aplique sin restricciones y de manera más coherente ya que, en mi opinión, el Pacto debe complementarse con el desarrollo de un sistema de alerta temprana para identificar posibles inconsistencias, por ejemplo, en forma de un «semestre europeo», no sólo para mejorar la vigilancia y fortalecer la coordinación de las políticas económicas a fin de garantizar la consolidación fiscal, sino también, y más allá de la dimensión presupuestaria, para hacer frente a otros desequilibrios macroeconómicos y fortalecer los procedimientos de ejecución.

La unión monetaria necesita de una buena coordinación de las políticas económicas, que aún debe mejorar, para ser robusta. Me gustaría apelar a la Comisión para que presente propuestas para fortalecer el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluyendo objetivos específicos para reducir las diferencias de competitividad entre las economías europeas, con el fin de alentar la creación de empleo.

  Lara Comi (PPE), por escrito. – (IT) Valoro enormemente los esfuerzos del Banco Central Europeo. De hecho, creo que el BCE ha demostrado que es capaz de cumplir los objetivos que se ha marcado y que su nivel de experiencia técnica siempre ha sido el mismo ante las situaciones a las que se ha enfrentado, incluidas las circunstancias de crisis importantes como la que atravesamos actualmente.

Sin embargo, la mera existencia de variaciones imprevistas en los indicadores macroeconómicos clave debe hacernos reflexionar sobre los mecanismos intermedios en uso entre la política monetaria y la economía real. En consecuencia, creo que es preciso no solo establecer autoridades de vigilancia y control adicionales para respaldar al BCE sino también, y sobre todo, abarcar aquellos ámbitos de responsabilidad que hasta ahora no se han considerado importantes.

En concreto, la próxima adhesión de Estonia a la zona del euro es motivo de preocupación. De hecho, una ampliación de la unión monetaria exige una mayor cohesión interna. Independientemente del rendimiento macroeconómico del estado báltico, de acuerdo con las normas establecidas por la UE, debe conseguirse mayor convergencia entre los países de la zona del euro, especialmente para aumentar la capacidad de acción por parte de las instituciones, garantes de su estabilidad y valor.

  Corina Creţu (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor del Informe anual 2009 del BCE. El BCE continuó con su política a partir de 2008, con el objetivo de reducir la tasa de inflación, dejándola cercana al 2 %, aumentando al mismo tiempo la liquidez en los mercados. Con tal fin, el BCE redujo las tasas de interés hasta el 1 % y mantuvo durante todo 2009 las medidas específicas introducidas en 2008. Los cinco elementos clave del mayor apoyo crediticio han sido la fijación de tasas fijas, una ampliación de la lista de garantías, plazos más largos para las operaciones de refinanciación, aumento de la liquidez en moneda extranjera y apoyo a los mercados financieros a través de un importante programa de compra de bonos garantizados. Es necesaria una estrecha coordinación con los Gobiernos nacionales de la UE en lo relativo a sus programas, en particular tras las crisis que han afectado a Grecia, y ahora Irlanda, y la sombría perspectiva de que estas se extiendan a otros países.

  George Sabin Cutaş (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor del Informe anual 2009 del BCE ya que creo que propone una serie de medidas que podrían favorecer la economía de la Unión Europea. Entre ellas, se incluye la creación de un mecanismo permanente para proteger la zona del euro de ataques especulativos, la supervisión de las actividades de las agencias de calificación crediticia actuales y la creación de una agencia europea de calificación crediticia. Como ponente de mi Grupo político, también he destacado las limitaciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en su forma actual. El Pacto debe complementarse con el desarrollo de un sistema de alerta temprana que fortalezca la coordinación de las políticas económicas en el seno de la Unión Europea.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque defiendo la reforma y una mayor coordinación de las políticas económicas en la zona del euro, vista la disfunción que la crisis financiera ha causado en el sistema actual. Las propuestas que tienen como objetivo fortalecer el Pacto de Estabilidad y Crecimiento deben tener en cuenta las diferencias de competitividad entre las economías europeas con el fin de alentar un crecimiento que preste especial atención a la creación de empleo.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La crisis que atravesamos es una oportunidad de revisar y mejorar lo que no ha funcionado bien en el pasado. El fortalecimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la supervisión de su cumplimiento son aspectos cruciales para evitar futuros desequilibrios en la zona del euro. La creación de una Junta Europea de Riesgo Sistémico y la sustitución de los comités de supervisión con tres nuevas autoridades europeas de supervisión son medidas que serán beneficiosas en términos de una mejor supervisión económica. Coincido con el ponente cuando se refiere a la necesidad de actuar con prudencia respecto a las iniciativas para regular los mercados financieros. Tal y como hemos venido diciendo: una mejor regulación no implica obligatoriamente más regulación.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El Tratado de Lisboa ha otorgado al Banco Central Europeo (BCE) la condición de institución de la UE, lo que aumenta la responsabilidad del Parlamento como institución de la UE a través de la cual el BCE es responsable ante el público europeo. El Informe anual 2009 del BCE se ocupa fundamentalmente de la reacción del BCE ante la crisis, la estrategia de salida y las cuestiones de gobernanza. La crisis financiera y económica que comenzó hace unos dos años con la crisis de las hipotecas de alto riesgo (sub-prime) en los EE.UU. se extendió rápidamente a la UE y se convirtió también en una crisis económica, afectando a la economía real. El PIB real en la zona del euro se contrajo en un 4,1 % en 2009, la media de déficit público en la zona del euro aumentó a un 6,3 % y la relación entre la deuda pública y el PIB en la zona del euro pasó del 69,4 % en 2008 al 78,7 % en 2009.

El BCE actuó correctamente al bajar las tasas de interés hasta el 1 % y adoptando importantes medidas específicas, sin precedentes, destinadas al apoyo crediticio. Estas medidas han evitado el colapso de muchas instituciones financieras. Sin embargo, la liquidez no siempre se destinó a la economía real. Esta crisis ha demostrado claramente que necesitamos más transparencia y una mejor gestión del riesgo en los mercados financieros, finanzas públicas sólidas así como reconstruir urgentemente la confianza pública.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Realmente, el sistema financiero internacional es amoral e inmoral. Los últimos acontecimientos de la crisis irlandesa han asegurado a los bancos que podrán seguir recompensando generosamente a sus accionistas y asumiendo riesgos a largo plazo, ya que los Estados miembros y los contribuyentes siempre estarán ahí para salvarlos. Privatización de beneficios y nacionalización de pérdidas a gran escala... Cara, yo gano, cruz, tú pierdes... Resulta paradójico, y en verdad es escandaloso, que la agitación vivida en el mercado de valores causada por la deuda soberana de Irlanda sea consecuencia directa de la ayuda que el país concedió a sus bancos —ayuda que ha empeorado su déficit más que nunca y ha disparado la deuda. Además, los bancos a los que ha salvado, o sus bancos afiliados, son aquellos que actualmente están especulando contra ella. Sin embargo, la principal lección que debemos aprender de toda esta situación es que el euro es un obstáculo para los Estados miembros y que la política del Banco Central Europeo, al igual que el tipo de cambio del euro, está orientada exclusivamente hacia Alemania. Los países que han evolucionado mejor son aquellos que han mantenido determinada flexibilidad respecto a sus divisas y sus tipos de cambio. Es decir, su moneda nacional. Ya es hora de que todos aprendamos de esta situación.

  Alan Kelly (S&D), por escrito. – Esta iniciativa del Parlamento es de especial importancia este año ya que garantiza a los diputados una oportunidad de expresar su opinión sobre cómo ha reaccionado el Banco Central Europeo ante la crisis. Asimismo, nuestras votaciones nos han permitido pronunciarnos respecto a otros aspectos del panorama económico actual, como las causas de la crisis, la gobernanza y la reforma del mercado financiero. Es importante que se escuche la voz del poder popular de la Unión Europea en este asunto tan importante.

  Thomas Mann (PPE), por escrito. – (DE) He votado a favor del Informe anual del Banco Central Europeo (BCE) porque resalta claramente las medidas coherentes adoptadas por el BCE y su principal objetivo de mantener la estabilidad de los precios. En la crisis de 2009, el BCE actuó y reaccionó de manera efectiva. Con independencia y determinación, sentó las bases para conseguir un clima duradero de confianza. Nuestra propuesta de mejora más importante debe aplicarse en la práctica de manera coherente. Dicho de otro modo, el BCE debe realizar sus actividades de manera más transparente para aumentar su legitimidad. El nuevo Tratado de Lisboa, vigente desde el 1 de diciembre de 2009, convirtió al BCE en organismo de la Unión Europea. Esto es algo que celebro sinceramente ya que el BCE rinde cuentas principalmente ante el Parlamento, dato que muchos desconocen. Debe seguir siendo capaz de adoptar sus decisiones de política financiera de manera independiente de la influencia política y justificarlas ante los ciudadanos a los que representamos.

El BCE ha sido, y sigue siendo, un aliado fiable a la hora de encontrar un equilibrio entre unas finanzas públicas sólidas y la reducción de deuda necesaria de los Estados miembros. Constantemente, ha subrayado el hecho de que la zona del euro necesita un pacto de estabilidad con autoridad. Esto debe aplicarse al pie de la letra y no debe eludirse ni menoscabarse.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe, que examina el Informe anual 2009 del BCE. Mi Grupo (el Grupo S&D) ha utilizado el informe para impulsar nuestras políticas macroeconómicas, entre ellas: la coordinación de políticas macroeconómicas por parte de los Estados miembros; un marco permanente de gestión de las crisis; un Pacto de Estabilidad y Crecimiento fortalecido; la posibilidad de crear una agencia europea de calificación crediticia; crédito para las PYME; y una salida flexible del apoyo gubernamental después de la crisis.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La grave crisis económica que ha afectado a todo el mundo se ha hecho notar muy intensamente en la UE. La respuesta del Banco Central Europeo ante la crisis ha sido efectiva, aunque a veces ha adolecido de una actuación tardía o falta de firmeza, especialmente en relación con la política de reducir las tasas de interés, algo que ha sido más radical y efectivo en el Reino Unido y la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Debemos aprender de los errores cometidos para que puedan evitarse en el futuro. La crisis financiera en algunos países de la zona del euro constituye un serio problema para la zona del euro en su conjunto y refleja una disfunción en la zona; esto demuestra la necesidad de reforma y de una mayor coordinación de las políticas económicas en la zona del euro. Esto es algo que deben llevar a cabo todos los Estados miembros que pertenecen a la zona del euro para que finalmente pueda consolidarse y liberarse rápidamente de la presión que está sufriendo actualmente.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (LV) El informe del señor Balz no ha sabido aclarar la cuestión sobre la manera en que el Banco Central Europeo (BCE) ha supervisado y regulado las transacciones y la política monetaria durante la crisis. Se trata de un simple intento de disfrazar las operaciones del banco con frases huecas y prudentes. En realidad, es fundamental no solo definir la situación sino también evitar cualquier síntoma que amenace la evolución de la economía. Sólo entonces nos podemos preparar a tiempo y evitar deudas financieras como el déficit presupuestario de 110 000 millones de euros de Grecia, el déficit presupuestario de 28 000 millones de euros de Hungría y el déficit presupuestario de 7,8 millones de euros de Letonia. No obstante, creo que, en su conjunto, el informe del BCE es un paso positivo.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe del señor Balz, con el que he tenido la oportunidad de trabajar en este tema en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.

El Banco Central Europeo ha desempeñado un papel importante y fundamental durante la crisis económica de los últimos años, y, a menudo, sus representantes han sido decisivos a la hora de señalar problemas en la zona del euro. Los Estados miembros no siempre han escuchado lo que decía, pero la coordinación demostrada por la institución de Fráncfort sólo puede considerarse como algo positivo. El paquete de ayudas conseguido y ofrecido a Grecia, al igual que la rápida reacción, no habría sido posible sin una autoridad y un organismo como el BCE.

Además, con la reciente aprobación del paquete sobre las autoridades europeas de supervisión, el BCE adquirirá mayor poder y autoridad para supervisar y sacar a la luz anomalías del sistema. Este aspecto resulta fundamental, al igual que es fundamental para el BCE mantener su independencia y no estar supeditado a la influencia de ningún Estado miembro.

  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. – (EL) El Informe anual del BCE abarca la respuesta y la estrategia de salida de la crisis aplicada por el Banco durante 2009. Por otra parte, en su informe, a favor del cual he votado, El Parlamento Europeo concede especial importancia a la retirada gradual de las medidas de emergencia del BCE aplicadas en 2008 como resultado de la crisis financiera (tasas de interés al 1 %, distensión cuantitativa e inflación por debajo del 2 %).

Esto es especialmente importante para Grecia y otros estados de la zona del euro ya que, en estos casos, no solo la recesión no terminó en 2009, al contrario, se convirtió en una grave crisis presupuestaria. En consecuencia, cualquier cambio de posición por parte del BCE deberá tener en cuenta la nueva situación y aplicarse en estrecha cooperación con los Estados miembros que actualmente se ven afectados por la crisis de la deuda.

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. – (PT) He votado en contra de este informe. No tiene en cuenta, o al menos subestima, el efecto recesivo de una política para reducir el gasto público que se está llevando a cabo simultáneamente por parte de la mayoría de los Estados miembros de la UE, justo cuando la UE estaba dejando atrás la importante crisis que se inició en 2008. Aceptar este informe significa votar a favor de abandonar la política de estímulos concertados que se aplicó en 2009. La ideología neoliberal predominante en el Banco Central Europeo (BCE), que se traduce en una amenaza constante de la inflación incluso cuando existe una capacidad productiva sin explotar, está haciendo del euro un rehén de los mercados financieros. Esta ideología ha vuelto para recordarnos que no basta con aplicar austeridad y que es preciso que haya una reducción nominal en los salarios y una mayor desregulación del mercado laboral.

Puesto que la caída de la demanda agregada afectará a la aplicación del presupuesto de Grecia e Irlanda en 2011, el BCE vendrá a decirnos entonces que la política de austeridad estuvo bien, pero que no profundizó o abarcó lo suficiente. Este informe representa una auténtica estafa intelectual.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) La actual crisis económica y financiera ha dejado patente la necesidad de aplicar reformas en la UE que fortalezcan la supervisión y la coordinación de políticas económicas en la zona del euro y restaurar la confianza en las finanzas públicas europeas.

Se están adoptando medidas importantes hacia la consecución de este objetivo, especialmente la creación de una Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), que cerrará la brecha actual en materia de supervisión macro-prudencial del sistema financiero, pero es fundamental avanzar mediante propuestas que fortalezcan el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para garantizar la consolidación presupuestaria y, además, abordar otros desequilibrios macroeconómicos y fortalecer los procedimientos de cumplimiento. Este informe, a favor del cual he votado, también hace hincapié en el hecho de que los paquetes de austeridad adoptados por los gobiernos de los Estados miembros no deben comprometer su capacidad de recuperación económica, y resalta la importancia de contar con un equilibrio entre el proceso de consolidación de las finanzas públicas y satisfacer la necesidad de invertir en empleo y desarrollo sostenible, así como utilizar medios e instrumentos que puedan dirigir los esfuerzos impuestos a las personas, además de ofrecer un final cercano.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Este informe evalúa el Informe anual 2009 del Banco Central Europeo (BCE) y el trabajo realizado por el BCE durante ese año. Puesto que la Declaración del Parlamento Europeo sobre el Informe anual 2008 del BCE se ha retrasado debido a las elecciones de 2009, no ha transcurrido demasiado tiempo desde la última declaración del Parlamento Europeo sobre la actividad del BCE. El informe de 2008 abarcaba principalmente el rendimiento del BCE en la crisis económica y financiera. Lamentablemente, la situación no ha variado desde entonces. Todavía hoy, las acciones económicas, financieras, y, cada vez en mayor medida, políticas se ven ampliamente afectadas por la crisis. En consecuencia, el Informe anual 2009 del BCE sigue tratando principalmente con la respuesta del BCE ante la crisis, la estrategia de salida y cuestiones de gobernanza.

  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito. – (PL) Recientemente, el trabajo del Banco Central Europeo se ha centrado en combatir la crisis financiera y en intentar reconstruir la estabilidad de la unión económica y monetaria. Para gestionar los efectos de una crisis tan grave como esta es preciso que cada uno de los países adopte un nuevo modelo de gobernanza política. El Banco Central Europeo debe respaldar medidas que conduzcan a la recuperación del equilibrio presupuestario mediante el reembolso de los préstamos existentes en lugar de ofrecer nuevos préstamos a economías que ya están fuertemente endeudadas.

La crisis financiera en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea representa una amenaza seria a la estabilidad del euro. Asimismo, revela las deficiencias del funcionamiento de la zona del euro y subraya la necesidad de reformas y una consolidación económica más efectiva en los países de la Unión. Asimismo, el desarrollo de mecanismos preventivos debe realizarse con cautela en el caso de la crisis actual empeore o entre en una nueva fase. Es posible incluso que la Unión Europea y la zona del euro puedan resurgir de la crisis aún más fuertes de lo que han sido, pero debemos extraer las conclusiones oportunas de los acontecimientos de los últimos meses. Estoy convencido de que el papel que desempeñan el Banco Central Europeo y los Gobiernos de cada uno de los Estados miembros resultarán decisivos en este proceso.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) El Informe anual del Banco Central Europeo (BCE) es principalmente una investigación sobre la manera como el BCE ha respondido ante la crisis económica y financiera. El BCE reaccionó de manera rápida e intervino eficazmente. Con la adopción de medidas extraordinarias, fue posible aliviar la falta de liquidez de los mercados. Sin embargo, estas medidas deben eliminarse ahora con cautela y gradualmente, porque, por definición, unas «medidas extraordinarias» no pueden convertirse en la norma. Los bancos y los Estados miembros que, entretanto, como consecuencia de una pérdida de confianza entre los actores de los mercados financieros, depositaron su confianza en la intervención del BCE como intermediario a fin de acceder a la financiación, deben recuperar su independencia. El banco central insiste reiteradamente en el hecho de que es independiente, pero, durante la reciente crisis, su modo de actuar no parece haber sido lo suficientemente rotundo como para poder llamarlo independencia. Como resultado de la ingente inyección de capital a Irlanda, en forma de préstamos de emergencia para el sistema bancario irlandés y la compra de bonos del Estado, el propio BCE es quien confía ahora en Irlanda para que acepte un paquete de rescate de la UE, y así poder atender de nuevo el servicio de sus préstamos del BCE. El BCE debe oponerse por todos los medios a convertirse en un órgano político.

Informe: Christian Ehler (A7-0308/2010)

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El informe del Parlamento Europeo sobre el desarrollo de capacidades conjuntas civiles y militares de la UE deja patente la repulsiva cara imperialista de la UE y de los representantes políticos del capital. Es un manual macabro para aplicar las intervenciones imperialistas de la UE y llevar a cabo crímenes contra la humanidad. Apoya sin tapujos el «nuevo Concepto» de la OTAN para «entrelazar la seguridad interior y la exterior», e insta a la UE a organizar y gestionar sus fuerzas civiles y militares para que pueda intervenir directamente mediante medios civiles y militares, en cualquier rincón del mundo, en nombre de la denominada «gestión de crisis» y para «consolidar la paz». Sin reparos, los representantes políticos de los monopolios proponen una serie de medidas para aumentar la eficiencia de las misiones militares de la UE, a fin de fortalecer su posición en la batalla entre los imperialistas, que disfruta de una intensidad sin precedentes tanto a escala global como en el seno de la UE. Entre las propuestas, se incluye un centro de operaciones de la UE permanente en la forma de «Cuartel General de Gestión de Crisis», nuevas «Unidades de Policía Integradas», un mejor uso de la Fuerza de Gendarmería Europea, nuevos «equipos civiles de respuesta», una cooperación más estrecha entre la UE y la OTAN para que la OTAN pueda apoyarse en las «capacidades civiles» de la UE y la armonización del «desarrollo de capacidades» de la UE con los estándares de la OTAN.

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) Queda claro el hecho de que la seguridad interior y la exterior están cada vez más entrelazadas. En estas circunstancias, el proceso de políticas y capacidades para la gestión de crisis y la prevención de conflictos es en realidad una inversión en la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea. El Servicio Europeo de Acción Exterior debe contribuir decisivamente al desarrollo de un enfoque europeo verdaderamente global para las actividades civiles y militares de gestión de crisis y prevención de conflictos a escala europea, dotando a la UE de estructuras, personal y recursos financieros adecuados para asumir sus responsabilidades a escala mundial. En la creación del SEAE, debe realizarse la transferencia de las estructuras de la PCSD, entre ellas la Dirección de Planificación de la Gestión de Crisis, la Capacidad Civil de Planeamiento y Ejecución, el Estado Mayor Militar de la UE y el Centro de Situación, al SEAE, bajo la autoridad y la responsabilidad directa de la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad.

Corresponde directamente a la Alta Representante asegurar que estas estructuras se integran y funcionan de manera coherente. Es precisa una estrecha cooperación entre el SEAE y todas las unidades competentes que permanecen en la Comisión, en particular las que se ocupan de desarrollo, ayuda humanitaria, protección civil y salud pública.

  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) Felicito al ponente, el señor Ehler, por haber llamado la atención de esta Cámara sobre una cuestión fundamental para la Unión Europea, a saber, la cooperación civil y militar.

He votado a favor de este informe porque apoyo la necesidad de que exista una colaboración más estrecha entre las capacidades tanto civiles como militares para ofrecer respuestas efectivas a las crisis y las amenazas actuales a la seguridad, incluyendo las catástrofes naturales.

Asimismo, apruebo la idea de redactar un Libro Blanco de la UE en materia de seguridad y defensa, basado en revisiones sistemáticas y rigurosas en estos ámbitos por parte de los Estados según unos criterios y un calendario comunes, que establezca los objetivos, intereses y necesidades de la seguridad y la defensa de la UE con la máxima claridad en relación con los medios y recursos disponibles.

La reciente emergencia de Haití también ha puesto de manifiesto la necesidad de la Unión Europea de ofrecer una mejor coordinación y un despliegue más rápido de los activos militares en el contexto de las operaciones de socorro, en especial las capacidades de transporte aéreo. Dada la importancia de estas misiones, creo necesario que se debe considerar una financiación rápida y, para facilitar la transparencia, que se cree una línea presupuestaria por cada misión.

  Alain Cadec (PPE), por escrito. – (FR) El ponente argumenta acertadamente la necesidad de una mejor coordinación y división de tareas entre las fuerzas civiles y militares en la gestión de crisis. Actualmente, la diferenciación entre los niveles estratégico y operativo sigue siendo difusa. En consecuencia, respaldo la propuesta del ponente a favor del establecimiento de un Cuartel General Operativo permanente, responsable de la planificación operativa y ejecución de operaciones militares. Respecto al desarrollo de capacidades civiles y militares, los Estados miembros deben establecer objetivos que se ajusten a sus recursos en términos de despliegue de personal. Asimismo, sería adecuado acordar una solidaridad financiera real entre los Estados miembros. Finalmente, representaría una gran ventaja poder contar con una mayor sinergia entre la investigación civil y militar, ya que así se contribuiría a evitar la repetición, duplicación y, en consecuencia, costes innecesarios.

  Lara Comi (PPE), por escrito. – (IT) «Si vis pacem, para bellum» («Si quieres paz, prepárate para la guerra»), se decía antiguamente. Afortunadamente, los días de luchas guerreras han terminado. Sin embargo, el principio que inspiró la frase latina sigue vigente actualmente. No puede haber un compromiso firme y creíble con la paz si no se dispone de las condiciones para consolidarla, de acuerdo con normas serias y objetivas.

En concreto, sin intención de interferir en cada una de las disputas que surja, la UE, como poder económico y político de primer orden, debe estar presente en casos que afecten a intereses de diversa naturaleza, si es necesario, también mediante el uso de medios militares para restaurar el orden y volver a establecer condiciones de paz, como condición previa a la resolución de conflictos. Por consiguiente, una mayor autonomía, junto con una relación más estrecha con la OTAN y otros organismos existentes, servirá para aumentar la autoridad, credibilidad y cohesión de Europa.

  Corina Creţu (S&D), por escrito. – (RO) Estamos a favor de la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) para contribuir al desarrollo de un enfoque europeo verdaderamente global para las actividades civiles y militares de gestión de crisis, prevención de conflictos y consolidación de la paz, dotando a la UE de estructuras, personal y recursos financieros adecuados para asumir sus responsabilidades a escala mundial en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas. Puesto que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad en el ámbito internacional, es preciso que se establezca una estrecha cooperación entre la UE y las Naciones Unidas en el ámbito de la gestión civil y militar de las crisis y, en particular, en las operaciones de socorro humanitario cuando están dirigidas por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, es conveniente que se fortalezca dicha cooperación, sobre todo en los teatros de operaciones en que una organización sustituya a otra, en particular a la luz de la complicada experiencia de Kosovo.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque creo que las respuestas efectivas a las crisis actuales y amenazas a la seguridad, incluidos los desastres naturales, necesitan a menudo poder recurrir a capacidades civiles y militares, por lo que se precisa una cooperación más estrecha entre ellas.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Vivimos en un mundo en que, en primer lugar, nunca ha habido menos perspectivas de que la UE o alguno de sus Estados miembros sufra un ataque y, en segundo lugar, las amenazas cada vez están más dispersas por el mundo, ya sea en forma de terrorismo internacional, ataques cibernéticos a sistemas de TI cruciales, ataques con misiles de largo alcance en objetivos europeos o la piratería en aguas internacionales. Como organización comprometida en mantener la paz, evitar conflictos y en la recuperación después de conflictos y el cumplimiento de la seguridad internacional, resulta fundamental para la UE ser capaz de actuar como actor mundial en este ámbito, capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos dentro de su territorio. En consecuencia, creo que es fundamental que la UE se comprometa a cooperar con las Naciones Unidas y, en la zona euroatlántica, con la OTAN, que este fin de semana ha aprobado su nuevo Concepto Estratégico con el objetivo de fortalecer la capacidad de la Alianza de gestionar amenazas no convencionales y reforzar sus vínculos con la Unión Europea; esto incluye mejorar la «cooperación práctica en las operaciones, desde la planificación coordinada hasta el apoyo mutuo in situ».

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) La UE se ha comprometido a definir y aplicar políticas y acciones comunes para preservar la paz, prevenir conflictos, consolidar la rehabilitación postconflicto y fortalecer la seguridad internacional de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La UE ya ofrece, principalmente a través de su gestión civil de crisis, una contribución específica a la seguridad mundial que refleja sus valores y principios fundamentales. La creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) debe contribuir al desarrollo de un enfoque europeo verdaderamente global para las actividades civiles y militares de gestión de crisis, prevención de conflictos y consolidación de la paz, dotando a la UE de estructuras, personal y recursos financieros adecuados para asumir sus responsabilidades a escala mundial. Sobre este punto, me gustaría subrayar la necesidad de acelerar la financiación de misiones civiles y simplificar los procesos de toma de decisiones y modalidades de ejecución. Esto implica que el Consejo adopte con rapidez decisiones para crear el fondo inicial previsto en el artículo 41 del TUE, previa consulta al Parlamento Europeo.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Este informe es un buen reflejo de la crisis del capitalismo y la diplomacia del cañonero con la que la UE quiere contrarrestar, en colaboración con la OTAN y los Estados Unidos.

Desde el principio, los portavoces de los intereses del gran capital, la mayoría de miembros de esta Casa, han intentado encubrir las responsabilidades históricas y actuales de la UE respecto a los problemas de seguridad que ocurren en el mundo. En consecuencia, esta resolución mantiene la tesis de las guerras preventivas con el argumento engañoso de que la «seguridad» de los ciudadanos de los países de la UE queda garantizada con una política de intervención, violando la soberanía de los países y poblaciones y yendo a la guerra si los intereses de los grupos económicos de la UE estén en juego, donde sea y siempre que esto ocurra; esta situación sólo irá en aumento con la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior.

En realidad, cada vez está más claro que la UE es ahora parte de la amenaza que se cierne sobre las personas. En un momento en que los trabajadores sufren el recorte de derechos y se imponen medidas draconianas a los ciudadanos con el pretexto de la falta de recursos, la canalización de fondos a la compra de armas y el fortalecimiento de la industria bélica deben condenarse.

  Richard Howitt (S&D), por escrito. – Respecto a la votación de la resolución del informe Ehler, los diputados laboristas nos complacemos en poder prestar nuestro apoyo. A mis colegas laboristas y a mí mismo nos satisface respaldar la cooperación positiva civil-militar y un mayor desarrollo de las capacidades para contribuir a preservar la paz, prevenir conflictos y consolidar la rehabilitación postconflicto. Sin embargo, en este momento de esfuerzos financieros en toda Europa, nos cuestionamos la necesidad de crear una sede permanente operativa de la UE y qué valor añadido podría aportar al buen trabajo que ya se está llevando a cabo.

  David Martin (S&D), por escrito. – Celebro algunos aspectos de este informe que atañen a la cooperación civil-militar y al desarrollo de las capacidades de los ámbitos civil y militar. En especial aplaudo la cooperación en crisis humanitarias y desastres naturales.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Es preciso ofrecer respuestas efectivas a las crisis y amenazas actuales de la seguridad, incluidos los desastres naturales, por lo que a menudo necesitamos poder recurrir a las capacidades civiles y militares y estas han de contar con una cooperación más estrecha entre ellas. El desarrollo del enfoque global de la UE y la capacidad de gestión conjunta civil y militar de crisis han sido rasgos distintivos de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD) y representan su principal valor añadido. La creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) está contribuyendo al desarrollo de un enfoque europeo verdaderamente global para las actividades civiles y militares de gestión de crisis, prevención de conflictos y consolidación de la paz, dotando a la UE de estructuras, personal y recursos financieros adecuados para asumir sus responsabilidades a escala mundial en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) He votado en contra del informe sobre cooperación de los ámbitos civil y militar y desarrollo de capacidades conjuntas civiles y militares. El informe describe con gran detalle los actuales avances en política de seguridad. Sin embargo, en mi opinión, no ofrece respuestas claras, decisivas ni positivas a preguntas importantes, como si la UE será capaz de funcionar con sus propios recursos a largo plazo o si mantendrá estos estrechos vínculos con la OTAN y, en consecuencia, traspasará sus responsabilidades de política exterior a los Estados Unidos.

  Justas Vincas Paleckis (S&D), por escrito. – Con la progresiva sustitución de las guerras entre estados por guerras civiles y étnicas que dominan el panorama de los conflictos del siglo XXI, la línea que separa el mantenimiento de la paz y la consolidación de la paz cada vez es más difusa. La naturaleza cambiante del fenómeno del conflicto insta a conseguir una mayor cooperación entre las capacidades civiles y militares. El gran éxito obtenido por la Misión de Observación en Aceh (MOA) dirigida por la UE desde 2005 a 2006 sirve de buen ejemplo y recordatorio sobre cómo las sinergias de los ámbitos civil y militar pueden afianzar la paz y crear confianza en un entorno inestable de manera oportuna y efectiva. Mientras su equipo de desmantelamiento, dominado por expertos militares, supervisó el rápido y eficaz proceso de desarme, el equipo civil de la MOA trabajó para convertir el proceso en una plataforma donde establecer mayor diálogo político y para que ambas partes se comprometan de forma creíble a conseguir la paz permanente. La aplicación de la experiencia civil y militar no debe limitarse al etiquetado técnico de la naturaleza de las operaciones, sino que, en su lugar, debe decidirse sobre la base de la conveniencia y la rentabilidad. He votado a favor de este informe porque creo que desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar más desarrollo de unas políticas exteriores de la UE con una faceta no agresiva pero sí coherente y competente.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe del señor Ehler porque creo que se trata de un tema importante y que el informe lo aborda de manera seria y tiene en cuenta determinados aspectos importantes.

En el informe, la cooperación se considera una actividad típica de las operaciones de mantenimiento de paz, dentro del ámbito en que el componente militar colabora con el componente civil (autoridades locales, organizaciones y agencias nacionales, internacionales y no gubernamentales) a fin de restaurar unas condiciones de vida aceptables y empezar la reconstrucción. Estas actividades contribuyen a asegurar y mantener la plena cooperación entre fuerzas militares, poblaciones civiles e instituciones locales, con el objetivo de crear las condiciones necesarias para ayudar a que se consigan los objetivos establecidos. En consecuencia, es importante que la Unión Europea preste su apoyo y promueva este tipo de cooperación.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe ya que estoy de acuerdo en que, para que la UE cumpla sus responsabilidades a la hora de mantener la paz, evitar conflictos y fortalecer la seguridad internacional y ayudar a las poblaciones que se enfrentan a desastres, es fundamental promover una mejor coordinación entre los recursos civiles y militares para asegurar que los recursos necesarios estén disponibles a fin de fortalecer sus capacidades de gestión de crisis mundiales.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Nos hemos abstenido en la votación de este informe ya que seguimos viendo que se dedica demasiado esfuerzo a las capacidades militares y demasiado poco a actividades civiles y de prevención.

  Rafał Trzaskowski (PPE), por escrito. – (PL) De nuevo, el Parlamento ha dejado patente su amplio respaldo al desarrollo de la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE, a pesar del hecho de que de forma constante ha rechazado desempeñar un papel activo a la hora de formularla. Todos somos conscientes del valor añadido de la política que, sobre todo, representa una oportunidad de combinar las capacidades civiles y militares, aunque, en la práctica, tal como subraya el informe, quede mucho por hacer. Apoyo la integración de las estructuras institucionales de esta política en el Servicio Europeo de Acción Exterior, pese a que me gustaría indicar al ponente la necesidad de que el SEAE coopere estrechamente con estructuras que siguen estando en el seno de la Comisión.

  Geoffrey Van Orden (ECR), por escrito. – A pesar de que apoyaríamos claramente el principio de cooperación civil-militar en determinadas actividades, este informe tiene una orientación totalmente diferente. Básicamente, trata de avanzar un paso más en las ambiciones de la UE en materia de defensa a fin de promover la integración de la UE. No respaldamos estos objetivos. En concreto, la idea de un Libro Blanco de la UE en materia de defensa que pueda «determinar explícitamente las oportunidades de poner en común recursos a nivel de la UE»; la petición de un aumento de personal para dotar a estructuras militares de la UE duplicadas; el establecimiento de un «Cuartel General Operativo permanente de la Unión Europea, responsable de la planificación operativa y ejecución de operaciones militares»; y la idea de un grupo de vanguardia de países para que progrese la integración en materia de defensa mediante el mecanismo del Tratado de Lisboa de la «cooperación estructurada permanente». Existen muchos ejemplos más. Por todo ello, hemos votado en contra de la resolución.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) El Tratado de Lisboa ha hecho de la creación de una cooperación estructurada permanente uno de los objetivos concretos de la UE. El objetivo es mejorar la capacidad de la Unión Europea para desempeñar un papel de gestor de crisis mediante la garantía de poder contar con recursos financieros, civiles y militares y utilizarlos de manera más eficiente. Las capacidades militares se desarrollarán a escala de la UE entre aquellos Estados miembros que lo deseen por medio de una cooperación estructurada permanente. El informe del señor Ehler insta a conseguir las condiciones necesarias para establecer las bases de la cooperación militar y para contar con una definición clara de lo que es la cooperación estructurada permanente. Para mí, como ciudadana austriaca, encuentro que las definiciones son muy interesantes, en especial, con respecto a la aplicación de la cláusula de solidaridad del artículo 222 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la cláusula de asistencia mutua del artículo 42, apartado 7, del Tratado de la Unión Europea, a los que también se hace referencia en este informe. La cláusula de asistencia mutua especifica que no afectará al carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros, lo que garantiza que se mantendrá la neutralidad.

Como antes, la cláusula de solidaridad permite que las autoridades locales adopten la decisión sobre si puede solicitarse la asistencia de la UE y de qué manera. Sin embargo, los ciudadanos de Austria están muy preocupados tras una serie de distintos comunicados en los medios y, por lo tanto, necesitamos contar con información definitiva sobre estos nuevos componentes militares de la UE.

Informe: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0299/2010)

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que establece un plan a largo plazo para la población de anchoa del Golfo de Vizcaya y las pesquerías de esta población, porque debe contribuir a mantener la biomasa en niveles que permitan su explotación sostenible, tomando como base el asesoramiento científico.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Dada la importancia de la pesca de la anchoa en el Golfo de Vizcaya, los perjuicios ocasionados por el cierre de la pesquería a los colectivos que se encuentran tras ella (pescadores, rederas, industria conservera, etc.) y el hecho de que la pérdida de ingresos no haya sido cubierta por las ayudas compensatorias concedidas por los Estados miembros, es fundamental establecer un plan a largo plazo para la recuperación de la población de la anchoa a fin de que los pescadores puedan empezar a utilizar estos recursos, sin amenazar a esta especie vital para el sector de la pesca y la industria conservera europeas. Con respecto a la reducción del 10 % de las cuotas de pesca y cómo se calcula la explotación, creo que estas medidas son excesivas, ya que omiten el efecto económico y social que podrían tener en las industrias y poblaciones implicadas.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El objeto de esta propuesta de Reglamento es establecer un plan a largo plazo para la población de anchoa del Golfo de Vizcaya y las pesquerías de esta población. La pesquería de la anchoa en el Golfo de Vizcaya ha estado cerrada desde 2005 debido a la mala situación que atravesaba la población de la anchoa. A fin de aumentar la población de la anchoa en el Golfo de Vizcaya a un nivel que permita su explotación sostenible, es preciso establecer medidas de control a largo plazo para asegurar que la explotación de esta pesca es compatible con la explotación sostenible, garantizando, a su vez, y dentro de lo posible, la estabilidad de la pesquería mientras se mantiene un riesgo de colapso mínimo. Celebro la aprobación de un plan a largo plazo en este informe en lugar de medidas anuales ad hoc para asignar oportunidades de pesca, de manera que se asegure la estabilidad del sector de las pesquerías y se fortalezca la supervisión y el cumplimiento. Coincido con el respaldo a favor de las administraciones regionales competentes en tareas de inspección y vigilancia, ya que se encuentran en mejor posición para valorar lo que ocurre, y con la necesidad de diseñar y publicar un informe antes de que se inicie la temporada de pesca.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El preocupante estado de conservación de la población de la anchoa en el Golfo de Vizcaya llevó al cierre de las pesquerías en 2005. Este cierre —que ha tenido consecuencias económicas y sociales muy negativas, algo que siempre se debe evitar y mitigar, en este y en otros casos, tanto como sea posible— ha derivado en la recuperación progresiva de la población de la anchoa, lo que hace posible volver a explotarla. Creemos que las decisiones de cerrar pesquerías, volver a abrirlas y establecer las condiciones para la explotación de sus recursos siempre deben basarse en, sobre todo, conocimientos y asesoramiento científicos sobre el estado de los recursos. En consecuencia, es fundamental que estos conocimientos sean lo más rigurosos y actuales posibles, lo que se traduce en que es preciso poder contar con financiación suficiente para este propósito, específicamente mediante instrumentos financieros de la política pesquera común.

Los planes a largo plazo constituyen un instrumento importante en la gestión de las pesquerías; permiten la conservación básica de los recursos de las pesquerías a niveles sostenibles y su combinación con perspectivas a medio plazo garantizadas para explotar estos recursos, un aspecto que resulta indispensable para aportar estabilidad económica y social a las comunidades locales que dependen de ellos.

  David Martin (S&D), por escrito. – La pesquería de la anchoa en el Golfo de Vizcaya ha estado cerrada desde 2005 debido a la mala situación que atravesaba la población de la anchoa. Este informe detalla los objetivos de un plan para mantener la biomasa de la población de la anchoa en el Golfo de Vizcaya a un nivel que permita su explotación sostenible de acuerdo con un rendimiento máximo sostenible, sobre la base de asesoramiento científico, al mismo tiempo que se asegura toda la estabilidad y rentabilidad del sector pesquero que sea factible. El plan es similar a otros planes a largo plazo aplicados a las pesquerías pelágicas (como el acordado recientemente para la población de arenque del oeste de Escocia) en cuanto a que garantiza normas de control de las capturas para la explotación que permite obtener un rendimiento elevado a largo plazo como protección contra el riesgo de colapso de la población.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La interrupción de la pesca de la anchoa en el Golfo de Vizcaya desde 2005 ha provocado enormes dificultades para los agentes económicos cuyos modos de vida dependían de esta actividad económica. Ahora, cinco años después de la interrupción de la pesca, la población de esta especie del Golfo de Vizcaya se ha recuperado hasta alcanzar niveles aceptables, por lo que ya se puede reanudar su pesca, pero en base a un plan a largo plazo para mantener la población de la anchoa por encima del nivel en el que peligra hasta el punto de la extinción, para que esta actividad vuelva a formar parte del sector económico de esta zona.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Pese a que se han aplicado cuotas de captura para la pesa de la anchoa en el Golfo de Vizcaya, esta medida no se aplica a las especies pelágicas ni al atún. La cantidad de buques de pesca que hay en esta zona ha pasado de los 391 barcos de 2055 a los 239 barcos de 2009, hecho que ha repercutido significativamente en la economía de la zona. Pese a todo, según la ponente, la población de la anchoa todavía no se ha recuperado. Es preciso contar con un nuevo plan de gestión para resolver este problema que está relacionado con la población de la anchoa y que no necesita negociarse cada año.

La ponente opina que el nuevo plan debe definir mecanismos de control utilizados para inspeccionar los niveles de captura. Me he abstenido en la votación porque la ponente ha explicado que es posible que los artículos sufran cambios según un nuevo reglamento de control del Consejo y que no sabe exactamente lo que esto implica.

  Claudio Morganti (EFD), por escrito. – (IT) La pesquería de la anchoa en el Golfo de Vizcaya tiene una gran importancia socio-económica. Desde el año 2005 esta pesquería se encuentra cerrada, la flota ha pasado de 391 en esa fecha a los 239 del año 2009 con una incidencia directa en más de 2 500 familias. Este cierre ha provocado grandes perjuicios a los colectivos que se encuentran tras ella (pescadores, rederas, industria conservera, etc.). La pérdida de ingresos no ha sido cubierta por las ayudas compensatorias concedidas por los Estados miembros.

La aplicación de este plan permitirá sustraer la gestión de la anchoa de la negociación política de diciembre de cada año, y la pondrá en la línea de conseguir a largo plazo los objetivos para la gestión de los recursos europeos asegurando su sostenibilidad y máximo rendimiento.

La regla de explotación define el TAC (o nivel permisible de capturas) para cada año de la pesquería (de julio a junio del año siguiente) justo después de la evaluación de la población conforme a las campañas de mayo de cada año, sacando así el máximo partido de esta información de manera inmediata. Todas las empresas productoras y locales implicadas esperan la reapertura de esta pesquería y han contribuido significativamente en la redacción del informe. Por estos motivos, me inclino a votar a favor de esta disposición en su conjunto.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) La pesquería de la anchoa en el Golfo de Vizcaya tiene una gran importancia socio-económica. Sin embargo, esta pesquería ha estado cerrada durante cinco años y esta situación ha afectado directamente a los pescadores y a sus familias, así como a los ingresos que se relacionaban con ese sector de empleo, entre los que se encuentran las rederas y la industria conservera. Lamentablemente, la pérdida de ingresos no ha sido cubierta por las ayudas compensatorias concedidas por los Estados miembros. En consecuencia, debe revisarse este cierre y establecerse un plan a largo plazo a fin de encontrar una solución que tenga en cuenta las diversas exigencias.

Por este motivo, he votado a favor del informe de la señora Bilbao Barandica. Principalmente, lo he hecho porque incorpora una regla de explotación que maximiza las capturas adoptando principios de precaución, y esta se halla próxima a los máximos económicos esperables para esta pesquería.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) La pesquería de la anchoa en el Golfo de Vizcaya tiene una gran importancia socio-económica y su cierre ha provocado grandes perjuicios a los colectivos que se encuentran tras ella (pescadores, rederas, industria conservera, etc.). He votado a favor de este informe porque creo que con la creación de un plan a largo plazo se cubrirá la necesidad de racionalizar la explotación de este recurso, asegurando la sostenibilidad a largo plazo al mismo tiempo que se mitiga el riesgo de colapso de la población de la anchoa.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – (ES) Este debate relacionado con la situación de la anchoa y el plan de recuperación supone, como se ha dicho, un punto de inflexión, tanto para la especie como para las relaciones entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea.

Nuestro Grupo, en este tema, ha apoyado desde el principio las propuestas precautorias que hizo la Comisión, especialmente en relación con: 1) la fórmula de explotación (que nosotros defendemos que no sea superior al 0,3); 2) el hecho de que el TAC tenga en cuenta el cebo vivo; y 3) el hecho de que la reducción del TAC, si se estima que debe reducirse, sea como mínimo del 25 %.

Las tres cuestiones fueron finalmente aceptadas por la mayoría de los miembros en la Comisión de Pesca, y confío en que así será también cuando votemos en el Pleno. Es evidente que se trata de un caso paradigmático y confío en que habremos aprendido la lección y que, por una vez, actuaremos como médicos holísticos que curan, en lugar de actuar como médicos forenses.

Informe: Pat the Cope Gallagher (A7-0296/2010)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de esta resolución porque creo que las medidas de control y vigilancia de las zonas de pesca presentadas por la Comisión son necesarias. Esta resolución intenta abordar la falta de información sobre poblaciones estableciendo una fórmula para buques que pescan jurel, mediante un límite anual de desembarques máximos permitidos de jurel cosechado en zonas definidas.

Los principales afectados del sector por este plan son los propietarios, los operadores y la tripulación de los buques de pesca pelágica que faenan en la zona de distribución de la población occidental de jurel, es decir, en el Mar del Norte, zonas al oeste de las Islas Británicas, el Canal de La Mancha occidental, las aguas al oeste de Bretaña, el Golfo de Vizcaya y el norte y noroeste de España, con el objetivo principal de garantizar una explotación de los recursos acuáticos vivos que facilite unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles. Asimismo, es importante señalar que Portugal ha conseguido mantener sus intereses pesqueros y disfruta del derecho histórico de pescar en estas zonas. Me gustaría subrayar la solución positiva a favor del aprovechamiento de la pesca costera a pequeña escala que es perfectamente compatible con la salvaguarda de los recursos.

  Slavi Binev (NI), por escrito. – (BG) La población occidental es, desde el punto de vista económico, la población de jurel más importante de las que habitan en aguas comunitarias. Por ello, debemos pensar tanto en términos de una explotación a largo plazo de los recursos acuáticos vivos que facilite unas condiciones necesarias para la sostenibilidad y el desarrollo, y desde el punto de vista social —para los propietarios, los operadores y la tripulación de los buques de pesca. Por estos motivos coincido con la propuesta de la Comisión de establecer un plan a largo plazo sobre las poblaciones de jurel y cómo se deben pescar.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre la propuesta que establece un plan a largo plazo para la población occidental de jurel y para las pesquerías de esta población porque contribuye a asegurar una explotación de los recursos vivos que ofrezca condiciones sostenibles desde el punto de vista económico, medioambiental y social. Esta propuesta, de interés para Portugal, también tiene en cuenta las características y objetivos específicos de las flotas implicadas, así como de las flotas artesanas que se dedican al suministro al público de pescado fresco de alta calidad.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La defensa de la pesca junto con los intereses económicos y sociales conexos —más allá de los intereses alimentarios— no es lo mismo que defender el derecho a pescar sin normas ni límites. Sabemos que los recursos pesqueros son limitados y que la pesca intensiva representa que no hay tiempo para que las poblaciones explotadas se reproduzcan en cantidades suficientes. Por lo tanto, es importante crear planes para mantener y conservar las poblaciones pesqueras, mirando por reconciliar los intereses económicos y sociales en juego con la conservación de la especie, esencial para el mantenimiento a largo plazo de las oportunidades de pesca. Con las enmiendas que se han presentado y aprobado, este informe defiende la pesca tradicional del jurel y, en concreto, permite que 30 barcos portugueses sigan faenando en el Golfo de Vizcaya, que es de vital interés nacional, como bien ha señalado la señora Patrão Neves, la ponente alternativa del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) para este informe.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) La presente propuesta intenta abordar la falta de información sobre poblaciones estableciendo una fórmula para buques que pescan jurel, mediante un límite anual de desembarques máximos permitidos de jurel cosechado en zonas definidas. Esta fórmula está basada en los mejores indicadores científicos y biológicos disponibles actualmente sobre desarrollo de las poblaciones. Celebro la inclusión de respecto por la actividad de las flotas artesanales que están especializadas tradicionalmente en la pesca para fines de consumo de pescado fresco. Por ello es importante no establecer zonas demasiado lejos de la costa. Me gustaría subrayar el importante papel desempeñado por el Parlamento al derogar y enmendar los actos delegados de la Comisión en esta cuestión.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Los planes plurianuales constituyen intrumentos importantes en la gestión de las pesquerías y permiten la conservación básica de los recursos pesqueros en niveles sostenibles combinada con perspectivas a medio plazo garantizadas para la explotación de estos recursos, algo indispensable para aportar estabilidad económica y social a las comunidades pesquera y local que dependen de ellos. Por lo tanto, celebramos la aprobación de este informe, así como la aprobación de la enmienda presentada por nuestro grupo relativa a la distribución por zonas de los totales admisibles de capturas (TAC), aspecto que consideramos crucial para aplicar un enfoque justo desde el punto de vista social y económico a fin de gestionar las poblaciones. Al establecer límites a la actividad pesquera, la pesca costera y artesana, cuyo objetivo es el suministro al público de pescado fresco, no debe tratarse del mismo modo que la pesca industrial, destinada al procesamiento industrial y a la exportación.

A fin de que la gestión de recursos pesqueros tenga en cuenta definitivamente las cuestiones biológicas y medioambientales así como las económicas y sociales, deben reconocerse las peculiaridades de las flotas y el destino de la pesca como aspectos a tener en cuenta a la hora de establecer los TAC.

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), por escrito. – (GA) Este informe ofrece un plan de gestión a largo plazo para una de las poblaciones pesqueras más importantes de Europa. El plan a largo plazo para el jurel asegurará que las poblaciones alcancen su nivel máximo sostenible en el futuro. Originalmente, la propuesta fue presentada por el Consejo Consultivo Regional de Especies Pelágicas, una propuesta que define la importancia del sector pelágico europeo en lo que respecta a la gestión sostenible de las poblaciones pesqueras.

Diversos miembros de España y Portugal querían crear dos zonas para los totales admisibles de capturas; esta recomendación no tiene sentido e iría en detrimento de la flota pelágica irlandesa. He logrado modificar estas enmiendas en la votación final.

Este informe es una de las primeras iniciativas legislativas sobre pesquerías que se aprueban en el contexto del Tratado de Lisboa, por lo que se ha producido un retraso de procedimiento.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – El jurel ha crecido en importancia en mi circunscripción y el último año, sólo los buques extranjeros trajeron a los puestos escoceses pescado por un valor aproximado de 2 millones de libras esterlinas. Esta cifra muestra que diversos países están interesados en que la población se gestione correctamente. Coincido plenamente con el señor Gallagher en que la población occidental debe tratarse como una única población y creo que los países pesqueros implicados deben tener el derecho de cooperar en la gestión de este importante recurso.

  Alan Kelly (S&D), por escrito. – Esta propuesta está destinada a garantizar una explotación de los recursos acuáticos vivos que facilite unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles. Pese a que parece inamovible en su primera lectura, existe la posibilidad de incorporar enmiendas en etapas sucesivas. La dirección general que adquiere esta propuesta es positiva, por lo que se debe conceder tiempo a los demás para que expresen sus opiniones.

  David Martin (S&D), por escrito. – La propuesta establece un plan plurianual para la población occidental de jurel y para las pesquerías de esta población. La Comisión estableció un instrumento jurídico de gestión para las poblaciones de jurel, con arreglo a los niveles de referencia disponibles para la conservación y a consideraciones de sostenibilidad a largo plazo. La propuesta está destinada a garantizar una explotación de los recursos acuáticos vivos que facilite unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La propuesta de establecer un plan plurianual para la población occidental de jurel y para las pesquerías de esta población es crucial para conseguir un uso adecuado y eficiente de los recursos pesqueros. De esta manera, y siempre que se respeten las reglas, las poblaciones pesqueras no llegarán al colapso y será posible explotar estos recursos de forma sostenible. En este informe, también es importante que Portugal tenga la oportunidad de mantener sus niveles de captura previos, ya que esto es vital para conservar un sector pesquero saneado, una industria que ha sufrido muchos reveses últimamente.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) En un momento en que la sobrepesca de poblaciones se está extendiendo, es preciso debatir más la incorporación de cuotas de captura y, en consecuencia, también sobre cómo estas pueden adherirse y someterse a vigilancia. Sin embargo, los científicos todavía no han conseguido determinar de forma precisa el nivel de poblaciones en el caso del jurel. Como resultado, todas las medidas que se están adoptando se basan en datos estimados. Sin embargo, estos datos estimados deben utilizarse para establecer los totales admisibles de capturas. Me he abstenido porque el informe no se centra con suficiente detalle en los aspectos económicos de la pesca de jurel.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe del señor Gallagher porque coincido con su contenido y mensaje.

Creo en el hecho de que, a medida que la ciencia avanza, los valores utilizados para determinar referencias biológicas pueden someterse a un nuevo y distinto asesoramiento científico. En estas circunstancias, resulta obvio que el plan debe ofrecer la posibilidad de adaptar los factores de referencia.

Coincido con el ponente respecto al acceso a la zona para buques que pescan jurel. De hecho, es recomendable crear una norma más flexible que la sugerida por la Comisión. Debe ser posible que los buques que faenan en una zona puedan descargar las capturas en un puerto de otra zona. En consecuencia, creo que es justo y factible que exista un sistema por el cual el patrón de un pesquero tenga que mantener un registro de capturas y de localización.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) Los planes plurianuales son un instrumento fundamental para garantizar una explotación de los recursos vivos que ofrezca condiciones sostenibles desde el punto de vista económico, medioambiental y social. Por lo tanto, he votado a favor de este informe sobre la propuesta por la que se establece un plan plurianual para la población occidental de jurel, y celebro el hecho de que se haya aprobado la enmienda presentada por la señora Patrão Neves, ya que es fundamental para asegurar que se protege la pesca artesanal así como los intereses de Portugal en esta cuestión.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Las controversias entre las instituciones se centran en qué parte del plan de gestión de las pesquerías está relacionada con la fijación del total admisible de capturas (TAC) y, por consiguiente, es responsabilidad exclusiva del Consejo. Según algunos Estados miembros sólo el Consejo debería decidir la totalidad del plan, pero esa opinión no cuenta con un gran apoyo, ni siquiera por parte del Servicio Jurídico del Consejo. La mayoría considera que el Consejo debería decidir la regla matemática por la que se fija el TAC, en lugar de hacerse por codecisión. El 1 de diciembre de 2009, fecha en la que entró en vigor el Tratado de Lisboa, la Comisión de Pesca tenía una «votación indicativa» sobre la enmienda presentada entre otros, por el señor Gallagher. Sin embargo, no se procedió a la votación final del proyecto de informe en su versión modificada. El objetivo consistía en otorgar a los ponentes (el señor Gallagher en relación con el jurel y la señora Bilbao Barandica en relación con la anchoa) un mandato político para negociar con el Consejo. Finalmente, después de casi un año de vacilaciones por parte del Consejo, la Comisión de Pesca decidió realizar una votación completa en comisión a fin de ejercer presión sobre el Consejo para que se avanzara en la materia..

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) En términos económicos, la población occidental de jurel es la más importante de las que habitan en aguas comunitarias. La propuesta de la Comisión Europea establece un plan a largo plazo para esta población así como para las pesquerías de esta población. Es conveniente garantizar una explotación de los recursos acuáticos vivos que facilite unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles. La presente propuesta podría incluso servir como modelo para futuros planes plurianuales que traten de regular las posibilidades de pesca en aguas comunitarias. Respaldo las enmiendas presentadas en la Comisión de Pesca del Parlamento con vistas a crear una mayor flexibilidad a la hora de determinar los factores biológicos de referencia y respaldo la manera de calcular las extracciones totales, fijando unos límites superior e inferior, así como una mayor coordinación con la legislación por la que se establece un régimen comunitario de control a fin de garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común. Por lo tanto, voto a favor del presente informe.

Informe: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0295/2010)

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) El Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional ha otorgado el estatuto de «zona marítima particularmente sensible» al Mar Báltico. Esto sitúa al Mar Báltico entre los ecosistemas marinos más sensibles del mundo. He votado a favor de las disposiciones recogidas en el documento con arreglo a las cuales debemos preparar el camino para una explotación sostenible de los recursos pesqueros sin necesidad de rebajar los estándares comerciales. A fin de limitar eficazmente los descartes de un número excesivo de ejemplares juveniles y de talla inferior a la reglamentaria pertenecientes tanto a especies objetivo como a especies no objetivo es fundamental alentar al sector pesquero a utilizar las artes de pesca más selectivas y a no pescar en zonas de presencia de grandes cantidades de peces de talla inferior a la reglamentaria y de especies no objetivo. Debemos iniciar una reforma del sistema de descartes y presiento que esta constituirá una de las cuestiones más importantes en 2011, cuando debatamos la reforma de la política pesquera común de la UE.

  Slavi Binev (NI), por escrito. – (BG) Todos nosotros estamos siguiendo con gran preocupación los efectos de la actividad humana y de la pesca masiva sobre el medio ambiente, preocupación que compartimos en lo que respecta a la disminución de los recursos y la pesca industrial descontrolada. Por este motivo, voto a favor de la introducción de la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y la revisión de las zonas de protección del Mar Báltico.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor del presente informe porque pide restricciones en la pesca de platija europea y rodaballo en el Mar Báltico. Existe una imperiosa necesidad de poner fin a la pesca industrial en el Mar Báltico. Debido a la falta de datos científicos fiables que permitan evaluar las capturas de pescado en la pesca industrial, resulta esencial que se introduzca de inmediato la documentación completa de las capturas y el pleno seguimiento de las embarcaciones que realizan este tipo de actividad. Coincido con la posición del Parlamento Europeo en tanto en cuanto es necesario adoptar acciones inmediatas, en el marco de la política pesquera común, para resolver la cuestión de la pesca industrial en el Mar Báltico, teniendo en cuenta que desde el punto de vista ecológico esta pesca es peligrosa para el ecosistema báltico.

Debemos tener en cuenta el hecho de que el Mar Báltico constituye uno ecosistemas más valiosos del planeta y la zona del Mar Báltico ha sido designada como «zona marítima particularmente sensible». Además, en el Mar Báltico se está produciendo un cambio climático que implica una evolución en la adaptación de las diferentes especies al medio —con los consiguientes cambios también en sus pautas de migración y desove—. Por esta razón, estoy de acuerdo con la petición que el Parlamento hace a la Comisión para que proceda a una revisión de las zonas de protección en el Mar Báltico.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Para la Unión Europea, y sobre todo para un país como Portugal, con una vocación marítima y pesquera, y con una gran industria marítima y conservera, resulta fundamental mantener la pesca como una actividad económica viable y sostenible. Portugal necesita la pesca y, por lo tanto, necesita que el mar conserve su capacidad de poder abastecernos de pescado y que las especies conserven su capacidad de reproducción. Por esta misma razón, estoy de acuerdo con el ponente cuando dice que «para prevenir eficazmente las capturas accesorias y limitar los descartes de un número excesivo de ejemplares juveniles y de talla inferior a la reglamentaria pertenecientes tanto a especies objetivo como a especies no objetivo es fundamental alentar al sector pesquero a utilizar las artes de pesca más selectivas y a no pescar en las zonas de presencia de grandes cantidades de peces de talla inferior a la reglamentaria y de especies no objetivo».

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) A fin de impedir la selección cualitativa y de limitar los descartes de un número excesivo de ejemplares juveniles y de talla inferior a la reglamentaria, es absolutamente fundamental alentar al sector pesquero a utilizar las artes de pesca más selectivas y a no pescar en las zonas de presencia de grandes cantidades de peces de talla inferior a la reglamentaria y de especies no objetivo.

No considero oportuno introducir una prohibición total de descartes en el caso de la platija europea u otros peces de la misma familia, habida cuenta de la previsible incidencia negativa sobre las poblaciones de estas especies. Esta prohibición de los descartes podría también ejercer un efecto perverso al utilizarse como argumento para legalizar las capturas masivas de bacalao de talla no reglamentaria en el Mar Báltico en el contexto de la pesca industrial. Cabe señalar que el Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional ha otorgado el estatuto de «zona marítima particularmente sensible» al Mar Báltico.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor del presente informe, que respalda una propuesta destinada a simplificar la administración, pero que no realiza modificaciones sustanciales en las restricciones de la pesca de la platija europea y el rodaballo en el Mar Báltico.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La pesca tiene que ser una actividad sostenible a largo plazo y esto solamente es posible gracias a una adecuada gestión de los recursos pesqueros. Las preocupaciones que plantea el ponente son, pues, legítima, y tienen en cuenta la necesidad de proteger a las especies y de preservar la biodiversidad. Estoy, por lo tanto, de acuerdo con las prohibiciones y restricciones adoptadas aquí.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (LV) Dada la escasez de los recursos pesqueros en el Mar Báltico, debemos regular estrictamente la captura de especies valiosas. A tal fin, resulta importante definir claramente las funciones de los organismos competentes de la Unión Europea, de tal modo que sea posible poner en práctica una vigilancia y unas restricciones sobre la ilógica explotación de los recursos marítimos. Es fundamental imponer cuotas para permitir la recuperación de los recursos pesqueros del Mar Báltico. Debería enviarse una señal clara a todas las partes involucradas en el sector de la pesca de que la explotación irracional de los recursos pesqueros podría acarrear terribles consecuencias.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Cada vez hay más especies de peces en el Mar Báltico en peligro inmediato de extinción. Por ejemplo, se está capturando menos bacalao en el Báltico del que se capturaba hace 15 años y los peces son de menor tamaño y de inferior calidad. La pesca industrial y la forma en que se manejan las capturas accesorias son uno de los principales factores que contribuyen a este declive. La pesca tradicional, la pesca a pequeña escala y la pesca de bajura pueden, en determinadas circunstancias, garantizar la gestión sostenible de las reservas pesqueras. Me he abstenido porque el informe manifiesta claramente que no existen datos científicos fiables disponibles en relación con este tema.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de la Resolución.

La experiencia adquirida a través del uso de un sistema de descartes en el Mar Báltico demuestra que el sistema funciona bien y es viable para determinadas especies de peces. Las especies que componen las capturas accesorias pueden tener un bajo valor comercial, ser totalmente inadecuadas para el consumo humano o ser legalmente inviables para desembarco. Por tanto, se están estableciendo los cimientos para la explotación sostenible de las reservas pesqueras sin necesidad de rebajar los estándares comerciales. Para prevenir eficazmente las capturas accesorias y limitar los descartes de un número excesivo de ejemplares juveniles y de talla inferior a la reglamentaria, es absolutamente fundamental alentar al sector pesquero a utilizar las artes de pesca más selectivas y a no pescar en las zonas de presencia de grandes cantidades de peces de talla inferior a la reglamentaria y de especies no objetivo.

Asimismo, deben introducirse períodos de veda variables en función de los ciclos de desove de los peces. El clima del Mar Báltico está cambiando, lo que implica una evolución en la adaptación de las distintas especies al medio, con los consecuentes cambios también en sus pautas de migración y desove. A la luz de estas consideraciones parece necesario que se lleve a cabo una revisión de las zonas de protección.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor del presente informe porque considero fundamental fomentar la gestión sostenible de los recursos marinos con el fin de ser consecuentes con el objetivo de preservar las reservas pesqueras en el Báltico, uno de los ecosistemas más valiosos del planeta.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Las normas técnicas detalladas para la pesca en el Mar Báltico (tamaño de malla, zonas de veda, etc.) se encuentran incluidas en el Reglamento (CE) n° 2187/2005 del Consejo. Sin embargo, antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Consejo a menudo adoptó medidas a corto plazo con el fin de aprobar rápidamente estas normas, incluyéndolas en la normativa de cuotas. Por ejemplo, el Reglamento (CE) n° 1226/2009 del Consejo que fija las cuotas para 2010 incluye disposiciones relacionadas con medidas técnicas, concretamente en el artículo 7, sobre la prohibición de selección cualitativa, y en el anexo III, relativo a las restricciones de la pesca de la platija europea y el rodaballo. Después de Lisboa, esto ya ha dejado de ser legal, por lo que debe modificarse el Reglamento (CE) n° 2187/2005 del Consejo. Ese es el único propósito de la presente propuesta, y ha sido adoptada de forma unánime por la Comisión de Pesca.

  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. – (LT) El año que viene, el Parlamento Europeo debatirá la reforma de la política pesquera común (PPC). Coincido en que este proceso debe incluir medidas destinadas a mejorar la explotación sostenible de los recursos pesqueros y la gestión eficaz de los recursos marinos. Tal y como ha indicado la Organización Marítima Internacional, el Mar Báltico es una zona marítima particularmente sensible. Esto sitúa al Mar Báltico entre los ecosistemas marinos más sensibles del plantea, pero tampoco debemos olvidar el lado humano de esta cuestión, que no se menciona en el informe. El sector de la pesca tiene tradiciones arraigadas en Lituania. A pesar de que este sector representa un pequeño porcentaje del PIB de Lituania, posee una especial relevancia para la economía lituana. Las regiones de Lituania que dependen de la pesca han atravesado dificultades económicas y sociales importantes en los últimos años debido a la disminución de los niveles de pesca y la política de conservación de las reservas.

En Lituania, cada vez resulta más difícil ganarse la vida en el ejercicio de actividades relacionadas con la pesca. Debido a los bajos salarios, este trabajo no resulta atractivo para los jóvenes. Como consecuencia, tanto Lituania como otros Estados miembros de la UE deben continuar aplicando la mayoría de las políticas definidas en el Fondo Europeo de la Pesca. Esta ayuda contribuirá a crear nuevos puestos de trabajo, aumentará el valor de los productos procedentes de la pesca y fomentará el ecoturismo, etc.

Informes: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0299/010), Pat the Cope Gallagher (A7-0296/2010), Marek Józef Gróbarczyk (A7-095/2010), João Ferreira (A7-0184/2010)

  Andrew Henry William Brons y Nick Griffin (NI), por escrito. – Nos hemos abstenido en los informes Bilbao Barandica, Gallagher y Ferreira porque en el mismo instrumento se recogen propuestas beneficiosas y perjudiciales. Sin embargo, hemos votado a favor del informe Gróbarczyk, a pesar de albergar dudas acerca de su contenido (por ejemplo, su sugerencia de que el sistema de descartes podría haber funcionado bien para determinadas especies de peces – nos oponemos totalmente al sistema de descartes). Hemos votado a favor porque ha prometido una revisión del sistema de descartes. Esto es lo máximo que podemos esperar dentro de los límites de la política pesquera común.

Informe: João Ferreira (A7-0184/2010)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) En su conjunto, estoy de acuerdo con las enmiendas propuestas, habida cuenta de que la introducción de especies exóticas constituye uno de los principales elementos perturbadores de los ecosistemas y, junto con la destrucción de los hábitats naturales, es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo, tal y como ha reconocido la Comisión. Por tanto, apoyo las propuestas que establecen condiciones para la introducción de especies exóticas y especies localmente ausentes, mediante una definición rigurosa de los requisitos que deberán cumplir las instalaciones acuícolas cerradas, así como la necesaria supervisión de las instalaciones, a fin de asegurar que se cumplen los requisitos técnicos propuestos por los expertos

Especialmente en un momento en el que se lanza una nueva estrategia europea en esta área, la acuicultura necesita un importante apoyo a nivel de investigación y desarrollo tecnológico y en el ámbito del cultivo de especies autóctonas, con objeto de permitir una mayor diversificación. Estoy de acuerdo con las enmiendas destinadas a asegurar la implicación del Parlamento en este ámbito mediante la adaptación de las antiguas disposiciones en materia de comitología al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) En primer lugar, quisiera felicitar al ponente, el señor Ferreira, por la elaboración del presente informe, que he votado favorablemente.

Estudios recientes han revelado la necesidad de desarrollar el sector de la acuicultura europea y de intensificar la investigación científica en el terreno de la reproducción de las especies autóctonas. De este modo, será posible garantizar una mejora en la seguridad, la calidad y la diversificación de los productos ofrecidos a los consumidores y por tanto garantizar una mayor protección medioambiental.

Con respecto a la introducción de especies exóticas en instalaciones acuícolas cerradas que, según la Comisión, se debe principalmente a «las prácticas acuícolas y de repoblación», considero que esta práctica debe venir acompañada de una rigurosa vigilancia de estas instalaciones, de los sistemas y las actividades de transporte de estos animales a fin de evitar cualquier escape que pueda crear alteraciones en los ecosistemas autóctonos y los hábitats naturales, lo que representa uno de los principales factores de importante contribución en la pérdida de la biodiversidad a escala mundial.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe relativo al uso de las especies exóticas y las especies localmente ausentes en la acuicultura, puesto que permitirá reforzar los requisitos a los que deberían estar sujetas las instalaciones acuícolas cerradas y el transporte de especies, a fin de minimizar el impacto sobre los ecosistemas y la biodiversidad.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) El sector de la acuicultura comprende más de 16 500 empresas, con un volumen de negocios anual global de más de 35 000 millones de euros y tiene empleadas, de forma directa o indirecta, a aproximadamente 64 000 personas. Además, cuando las reservas pesqueras comienzan a escasear, la acuicultura está creando innumerables oportunidades para las industrias europeas. Facilitar el procedimiento de introducción para las especies exóticas y las especies localmente ausentes en la acuicultura, como se propone, debe tener como contrapartida una definición rigurosa de los requisitos que han de cumplir las instalaciones acuícolas cerradas y la necesaria supervisión de las instalaciones, con objeto de garantizar que se tienen en cuenta y se cumplen efectivamente todos los requisitos técnicos propuestos por los expertos.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) La modificación que propone la Comisión al presente Reglamento se fundamenta en los resultados del proyecto IMPASSE, una acción concertada sobre los efectos medioambientales de las especies exóticas en la acuicultura. Este proyecto propone una definición operativa de «instalación acuícola cerrada», más pormenorizada y exigente que la actual, «cuyo grado de riesgo asociado con las especies exóticas podría reducirse de manera considerable, posiblemente hasta un nivel aceptable, si las posibilidades de escape de los organismos objetivo y no objetivo se reducen adoptando medidas durante el transporte y aplicando protocolos perfectamente definidos en las instalaciones receptoras». He votado a favor del presente informe porque estoy de acuerdo con la necesidad de prescindir del permiso exigido para introducciones y translocaciones en instalaciones acuícolas cerradas, liberando así a los operadores de ese trámite administrativo.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Con respecto a la fundamental cuestión que aborda el informe, tal y como hemos expresado durante el debate, la facilitación del proceso de introducción de especies exóticas en la acuicultura, en «instalaciones acuícolas cerradas», deberá ofrecer como contrapartida la definición más precisa posible de los requisitos que deberán cumplir dichas instalaciones, en consonancia con una información técnica y científica actualizada. También deberá asegurarse la supervisión de las instalaciones antes y durante su funcionamiento. El desarrollo sostenible de la acuicultura exige un importante apoyo a nivel de investigación y desarrollo tecnológico en al ámbito del cultivo de especies autóctonas. Se ha de dar preferencia a estas especies en detrimento de las especies exóticas, a fin de permitir la diversificación de la producción y el suministro de productos alimenticios además de una mejora de su calidad, garantizando asimismo una mayor seguridad medioambiental.

En lo que respecta al proceso de elaboración del informe, acojo favorablemente el hecho de que la Comisión hay incorporado las propuestas adoptadas por la Comisión de Pesca en su propuesta de Reglamento. Lo único que lamento es que se haya considerado indispensable presentar formalmente una nueva propuesta, lo que conlleva una demora en la formalización del acuerdo en primera lectura.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. –Aunque la acuicultura constituye una importante fuente tanto de empleo como de alimentos, es importante proteger al medio ambiente en general de amenazas potenciales. La legislación existente se esfuerza por hacerlo y la propuesta de hoy no socavará esos esfuerzos. En consecuencia, he apoyado el presente informe.

  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. – (DE) Mientras las reservas de peces de los océanos del mundo se van agotando poco a poco y las capturas están llegando a sus límites, el cultivo de peces y mariscos en la acuicultura ha ido cobrando importancia durante los últimos años. La producción acuícola es, por tanto, un sector en crecimiento y con este informe se le presta la atención debida. El porcentaje de instalaciones acuícolas en tierra, tales como la acuicultura realizada en estanques o los sistemas de flujo libre, revelan tasas de crecimiento superiores a las de otros sectores alimenticios, y la producción en estas instalaciones ya supera a la de las instalaciones marítimas. La acuicultura realizada en estanques, en particular, tiene una larga tradición: el pescado y los crustáceos se han venido cultivando durante cientos de años, principalmente en estanques artificiales. Las instalaciones acuícolas cerradas obviamente proporcionan enormes ventajas ecológicas así como ventajas con respecto al problema de los antibióticos. Apoyo el informe, que pide unas condiciones marco importantes para las instalaciones acuícolas cerradas y define rigurosamente los requisitos previos para la introducción de especies de peces exóticos. Para evitar una alteración de los ecosistemas autóctonos mediante la óptima introducción de especies exóticas, es importante respaldar los sistemas de cultivo cerrados.

  David Martin (S&D), por escrito. – El informe Ferreira trata sobre la modificación del Reglamento (CE) nº 708/2007 del Consejo, que establecía un marco regulador de las prácticas acuícolas relacionadas con las especies exóticas y localmente ausentes. El presente marco se encuentra ahora en revisión tras la finalización del denominado proyecto IMPASSE, cuyo objetivo era la elaboración de directrices sobre prácticas ambientalmente adecuadas relacionadas con las introducciones y translocaciones en la acuicultura. He votado a favor del informe.

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La introducción de especies exóticas constituye una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo y de perturbación de los ecosistemas del planeta. La introducción de especies exóticas en la acuicultura debe, por tanto, motivar una definición exacta de los requisitos que las instalaciones acuícolas deberán cumplir, además de la supervisión de las instalaciones. El transporte de especies objetivo y no objetivo también debería someterse a estrictas normas y supervisión. Por estas razones, he votado a favor del presente informe. Con todo, considero que debería reforzarse la investigación y el desarrollo para el cultivo de especies autóctonas, a fin de reducir los riesgos asociados a la introducción de especies exóticas y para promover una producción más sostenible.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La introducción de especies exóticas constituye uno de los principales elementos perturbadores de los ecosistemas, junto a la destrucción de hábitats naturales y una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo. La facilitación del proceso de introducción de especies exóticas en la acuicultura deberá ofrecer como contrapartida una definición rigurosa de los requisitos que deben cumplir las instalaciones acuícolas cerradas, de acuerdo con los resultados del proyecto IMPASSE, así como la necesaria supervisión de las instalaciones, con objeto de garantizar que se tienen en cuenta y se cumplen efectivamente todos los requisitos técnicos propuestos por los expertos.

El desarrollo sostenible de la acuicultura europea requiere un fuerte apoyo a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en el sector del cultivo de especies autóctonas que permita diversificar la producción y la oferta de alimentos, así como incrementar su calidad, garantizando asimismo una mayor seguridad medioambiental.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Junto a la destrucción de hábitats naturales, la introducción de especies exóticas constituye una de las causas de pérdida de biodiversidad en el mundo. Cada vez se extinguen más y más especies en la acuicultura, lo que está conduciendo a un deterioro de todo el ecosistema a largo plazo. Me he abstenido, porque el informe no entra lo suficientemente en detalle en lo que concierne a los problemas reales que entraña.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) La introducción de especies exóticas constituye uno de los principales elementos perturbadores de los ecosistemas y, junto con la destrucción de los hábitats naturales, es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo. Una parte significativa de la introducción de especies exóticas en las aguas costeras e interiores de Europa se debe a «las prácticas acuícolas y de repoblación».

La facilitación del proceso de introducción de especies exóticas en la acuicultura deberá ofrecer como contrapartida una definición rigurosa de los requisitos que deben cumplir las instalaciones acuícolas cerradas, así como la necesaria supervisión de las instalaciones, con objeto de garantizar que se tienen en cuenta y se cumplen efectivamente todos los requisitos técnicos propuestos por los expertos.

El desarrollo sostenible de la acuicultura europea requiere un fuerte apoyo a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en el sector del cultivo de especies autóctonas que permita diversificar la producción y la oferta de alimentos, así como incrementar su calidad, garantizando asimismo una mayor seguridad medioambiental. Por ello, esta iniciativa legislativa debería venir acompañada por un fuerte estímulo en este ámbito.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor del presente informe en vista del hecho de que los resultados del proyecto IMPASSE han revelado que el «grado de riesgo asociado con las especies exóticas podría reducirse de manera considerable, posiblemente hasta un nivel aceptable, si las posibilidades de escape de los organismos objetivo y no objetivo se reducen adoptando medidas durante el transporte y aplicando protocolos perfectamente definidos en las instalaciones receptoras». Por lo tanto, resulta totalmente lógico prescindir del procedimiento de autorización para la introducción de especies exóticas en instalaciones acuícolas cerradas,

Reducir la carga administrativa y el coste que entrañan las solicitudes de permiso es un importante incentivo para el sector de la acuicultura. Siempre que venga acompañado de una definición rigurosa de los requisitos que deberán cumplir las instalaciones acuícolas, así como de una adecuada vigilancia de su cumplimiento, no comprometerá la imprescindible protección de la biodiversidad y el medio ambiente.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – La propuesta de la Comisión se ocupa de las modificaciones al Reglamento sobre el uso de las especies exóticas y las especies localmente ausentes en la acuicultura, basadas en el proyecto IMPASSE, que se centraba en el impacto medioambiental de las especies exóticas. Este proyecto propone una definición operativa de una instalación acuícola cerrada más pormenorizada y exigente que la actual, cuyo grado de riesgo asociado con las especies exóticas podría reducirse de manera considerable. A la luz de las consideraciones anteriores, la Comisión propone que queden exentas del procedimiento de autorización las introducciones y las translocaciones en instalaciones de acuicultura cerrada, lo que ahorra a los operadores este trámite administrativo. Tal y como apunta el ponente, la introducción de especies exóticas constituye uno de los principales elementos perturbadores de los ecosistemas y, junto con la destrucción de los hábitats naturales, es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo. Una parte significativa de la introducción de especies exóticas en las aguas costeras e interiores de Europa se debe a «las prácticas acuícolas y de repoblación». Teniendo todo esto en cuenta, el ponente ha presentado una enmienda para especificar que las «instalaciones acuícolas cerradas» se limitaban a las instalaciones localizadas en tierra, a fin de reducir la posible supervivencia de prófugos. Otras enmiendas han tratado de las disposiciones en materia de comitología.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) El uso de las especies exóticas y las especies localmente ausentes en la acuicultura deteriora los ecosistemas naturas que merecen la protección de la UE, lo que ocasiona, en particular, una pérdida de biodiversidad a nivel mundial. El proyecto IMPASSE es una acción concertada sobre el impacto medioambiental de las especies exóticas en la acuicultura, que ha demostrado la necesidad impedir el escape de estas especies y de material biológico durante su transporte. Acojo favorablemente el presente informe del Parlamento Europeo porque se ha comprometido con la bioseguridad y, al mismo tiempo, con la agilización de las formalidades administrativas relativas al permiso exigido para introducciones y translocaciones en instalaciones acuícolas cerradas. La definición rigurosa e inequívoca de «instalaciones acuícolas cerradas», y la confección de una lista periódicamente actualizada de tales instalaciones por parte de los Estados miembros, conducirá al desarrollo sostenible de este sector. Los Estados miembros deben supervisar por sí mismos las instalaciones y los medios utilizados para transportar a las especies. Apoyo, asimismo, el compromiso con la investigación científica y el desarrollo tecnológico como medios para reducir los perjudiciales efectos de este sector sobre los ecosistemas naturales. Por último, quisiera subrayan el hecho de que este Reglamento se ha modificado conforme al procedimiento legislativo ordinario de codecisión, tal y como establece el Tratado de Lisboa.

Informe: Bernhard Rapkay (A7-0324/2010)

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), por escrito. – El partido UKIP se opone a cualquier gestión de nuestras industrias por parte de la UE, pues debería corresponder a los gobiernos nacionales electos decidir sobre el futuro y sobre cualquier subvención potencial de las minas de carbón. Sin embargo, en este caso, la UE está adoptando unas disposiciones especiales para los gobiernos, fuera de las normas generales sobre ayudas estatales, en favor de una mayor flexibilidad a la hora de gestionar las subvenciones. Las enmiendas 25 y 36 piden una ampliación de este periodo de flexibilización antes de la aplicación de la habitual legislación en materia de ayudas estatales, algo que el UKIP podría encontrar la manera de apoyar. El UKIP se ha abstenido en estas dos enmiendas y en la votación final porque, a pesar de que no respaldamos ninguna legislación en materia de ayudas estatales a nivel de la UE (pues debería competer a los gobiernos nacionales decidir sobre los niveles de ayuda), conceder una mayor flexibilidad a los Estados miembros y prolongar este periodo resulta beneficioso y mucho más responsable democráticamente, poniendo de nuevo en manos de los gobiernos el poder de tomar estas decisiones.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) He apoyado el presente informe. Aunque sólo representa una pequeña parte del mercado energético de la UE, el sector minero garantiza puestos de trabajo a aquellos ciudadanos de la UE que trabajan en él y desarrollo económico en las regiones poco pobladas y remotas donde se emplazan la mayoría de las empresas mineras. Comparto las enmiendas que amplían el plazo de cierre de las minas de carbón no competitivas hasta 2018, con la posibilidad de mantener las minas abiertas si no consiguen ser competitivas dentro del periodo establecido. Cuando se cierren las minas no competitivas, es importante garantizar que se destine la financiación necesaria a largo plazo, a fin de garantizar la protección medioambiental y de rehabilitar las antiguas explotaciones mineras. En algunas regiones, las minas son la única forma de industria y su cierre significaría el despido de muchas personas. Resulta, por tanto, fundamental garantizar que se les proporcione ayuda sobre una base plurianual y que se emprendan diversas acciones en el mercado de trabajo, como el reciclaje, a fin de crear las condiciones para que vuelvan al mercado laboral. He apoyado, por lo tanto, la propuesta de la Comisión de destinar dicha ayuda hasta 2006.

  Elena Băsescu (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor del informe del señor Rapkay porque apoyo, entre otras medidas, la ampliación del plazo para el cierre de las minas de carbón no competitivas. En este sentido, opino que este constituye un intento de evitar una ola masiva de despidos, con países como Rumanía, España y Alemania como los más gravemente afectados por la nueva regulación. Considero que debe interrumpirse la explotación de minas no competitivas de acuerdo con el plan de cierre, solamente si no logran ser rentables para el plazo especificado.

Quiero alentar la concesión de una ayuda gradualmente decreciente a fin de cubrir las pérdidas de producción como parte de un plan de cierre de minas bien definido. Desde el 1 de enero de 2011, la mitad de las minas explotadas en Rumanía quedarán incluidas en un plan de cierre. Con este telón de fondo, considero que será necesario que esa ayuda se dirija más a minimizar el impacto social y medioambiental.

  Gerard Batten, John Bufton, Derek Roland Clark, Trevor Colman y Nigel Farage (EFD), por escrito. – - El partido UKIP se opone a cualquier gestión de nuestras industrias por parte de la UE, pues debería corresponder a los gobiernos nacionales electos decidir sobre el futuro y sobre cualquier subvención potencial de las minas de carbón. Sin embargo, en este caso, la UE está adoptando unas disposiciones especiales para los gobiernos, fuera de las normas generales sobre ayudas estatales, en favor de una mayor flexibilidad a la hora de gestionar las subvenciones. Las enmiendas 25 y 36 piden una ampliación de este periodo de flexibilización antes de la aplicación de la habitual legislación en materia de ayudas estatales, algo que el UKIP podría encontrar la manera de apoyar. El UKIP se ha abstenido en estas dos enmiendas y en la votación final porque, a pesar de que no respaldamos ninguna legislación en materia de ayudas estatales a nivel de la UE, pues debería competer a los gobiernos nacionales decidir sobre los niveles de ayuda, conceder una mayor flexibilidad a los Estados miembros y prolongar este periodo resulta beneficioso y mucho más responsable democráticamente, poniendo de nuevo en manos de los gobiernos el poder de tomar estas decisiones.

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. – (FR) Tras ser consultado por la Comisión, se ha solicitado al Parlamento Europeo que se pronuncie este martes, 23 de noviembre, sobre la cuestión de la ayuda estatal para facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas. El principal escollo era la fecha límite de esa ayuda estatal. La Comisión propuso el 1 de octubre de 2014. Por motivos medioambientales, considero importante diversificar nuestras fuentes de producción de energía y promover métodos de producción sostenibles. Por tanto, el año 2014 parece una fecha límite razonable. No obstante, habida cuenta del impacto social que suponen los cierres de las minas y las dificultades que entraña la redistribución de los mineros, es necesario proporcionar ayuda durante el proceso de cierre. La mayoría del Parlamento Europeo ha decidido, en consecuencia, ampliar la prestación de las ayudas estatales hasta el 31 de diciembre de 2018. He decidido abstenerme en esta votación final porque considero que lo más importante es dar prioridad a las fuentes de energía sostenible pero, al mismo tiempo, también es importante tener en cuenta las consecuencias económicas y sociales de los cierres de las minas.

  George Sabin Cutaş (S&D), por escrito. – (RO) He decidido votar a favor del informe de Bernhard Rapkay sobre «ayuda estatal para facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas». El presente informe propone posponer cuatro años la fecha límite para el cierre de minas de carbón no competitivas, de 2014, como establecía originalmente la propuesta de la Comisión Europea, a 2018.

El presente informe también anima a la Comisión Europea a concebir una estrategia para el reciclaje de los trabajadores que se verán afectados por estos cierres. Debemos tener en cuenta que algunas regiones de la Unión Europea dependen totalmente del sector minero a nivel económico y social, lo que incluye la región del valle de Jiu, en Rumanía. El sector minero proporciona 100 000 puestos de trabajo en la Unión Europea.

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), por escrito. – (IT) La actual crisis económica y financiera, al afectar gravemente a las economías de los países «desarrollados» de occidente, ha demostrado que el paradigma económico de la eficiencia y la capacidad de autorregulación de los mercados ya no está fundado en la realidad, porque la realidad ha exigido que todos los agentes económicos y de mercado, especialmente los agentes de mercado, actúen de forma responsable y ética, algo que no han conseguido en absoluto en los últimos tiempos. Las perturbaciones ocasionadas, en términos financieros, en toda la economía, demuestran que el sector industrial requiere un enorme respaldo, dado que se trata todavía de un sector de fundamental importancia para la economía, especialmente la economía real. Cuando se tienen en cuenta las ventajas y las desventajas competitivas y comparativas entre regiones, especialmente a nivel internacional, no debemos olvidar que el sector minero se encuentra presente en zonas en las que se debería incentivar el desarrollo de buenas alternativas económicas y laborales como paso preliminar y en las que se deberían mejorar los amortiguadores sociales a fin de impedir dolorosos incrementos en las cifras de desempleo, con trabajadores difíciles de reubicar. El informe sobre la ayuda estatal para facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas que hemos votado me parece ir, al menos en parte, en esta dirección.

  Ioan Enciu (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor del presente informe porque considero que las minas de carbón no competitivas deben poder beneficiarse de la contribución estatal, puesto que sin ella las minas cerrarían, lo que daría como resultado una enorme ola de despidos y problemas sociales muy serios. El periodo de transición concedido para conseguir que estas minas sean rentables o cerrarlas es importante. Su función consiste, por un lado, en garantizar que se proporcione un reciclaje profesional a la población involucrada en el sector minero y, por otro lado, en garantizar una transición gradual a fuentes de energía limpias.

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson y Marita Ulvskog (S&D), por escrito. – (SV) Los socialdemócratas suecos no consideramos razonable, tanto por motivos relacionados con el medioambiente como con la competitividad, conservar las subvenciones para las minas de carbón no competitivas. Al mismo tiempo, consideramos necesario implementar iniciativas globales y ambientales en aquellas regiones afectadas por los cierres que probablemente se deriven de la interrupción de los subsidios. En general, opinamos que la propuesta de la Comisión en esta cuestión es equilibrada y tiene debidamente en cuenta estos dos aspectos. Las subvenciones se eliminarán gradualmente, pero esto se llevará a cabo cuidadosamente y teniendo en consideración tanto los empleos como el medioambiente. Por tanto, hemos elegido votar de forma coherente a favor de la línea que propone la Comisión.

En lo que respecta a la cuestión de permitir la posibilidad de continuar la explotación de las minas que logren ser rentables durante el periodo de cierre, consideramos, al igual que la Comisión, que sería un error incluir esta opción. Para que las ayudas concedidas puedan utilizarse de forma correcta, deben basarse en un plan de cierre definitivo. Con respecto al año exacto en el que han de finalizar las ayudas al cierre, no tenemos ninguna preferencia predominante, pero consideramos, no obstante, más apropiada la propuesta de la Comisión de 2014 que la propuesta del ponente de 2018.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) A falta de un reglamento específico sobre la concesión de ayuda estatal al sector del carbón, una vez expire la normativa vigente el 31 de diciembre de 2010, es preciso establecer normas que permitan minimizar el impacto social y económico de los cierres a algunos Estados miembros que se han visto obligados a cerrar sus minas de carbón. Dado que las minas de carbón están concentradas en determinadas regiones (en Alemania, España y Rumanía), el impacto social de un cierre simultáneo de minas podría ser significativo. En términos de empleo, pueden estar en juego los puestos de trabajo de alrededor de 100 000 mineros; estos mineros podrían no encontrar empleos en otros sectores con la rapidez necesaria y corren el riesgo de convertirse en desempleados de larga duración. Por esta misma razón, la presente propuesta aspira a dotar a los Estados miembros de un marco legal que les permita resolver de manera más eficaz los posibles efectos negativos de los cierres de las minas que podrían producirse como resultado de la retirada gradual de las subvenciones, en especial, sus efectos sociales y medioambientales. También pretende minimizar el falseamiento de la competencia en el mercado interior.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Las ayudas a la industria europea del carbón están reguladas por el Reglamento (CE) n° 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, que expira el 31 de diciembre de 2010. A falta de un nuevo marco jurídico que permita ciertos tipos específicos de ayuda estatal a la industria del carbón, los Estados miembros solo podrían conceder ayuda dentro de los límites previstos por las normas generales sobre ayudas estatales aplicables a todos los sectores. En contraste con el Reglamento del carbón, las normas generales sobre ayudas estatales reducen de forma significativa las oportunidades de que se concedan ayudas estatales al sector del carbón. Es probable, por lo tanto, que algunos Estados miembros se vean obligados a cerrar sus minas de carbón y lidiar con las consecuencias sociales y regionales de esa decisión. Entiendo que, debido a la concentración regional de minas de carbón, el impacto social de un cierre simultáneo podría ser significativo. Si se tienen en cuenta los puestos de trabajo de las industrias relacionadas con el sector minero, esto podría poner en peligro 100 000 empleos. Estoy de acuerdo, por tanto, en que el plan de cierre debería prorrogarse hasta el 31 de diciembre de 2018, así como el cierre definitivo de las unidades de producción de no volverse competitivas para esa fecha, y teniendo en cuenta que las necesidades energéticas de la UE no requieren su existencia.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El presente informe evalúa y realiza cambios positivos en la propuesta de la Comisión Europea de modificación del presente Reglamento, que a su vez ha cambiado el periodo de concesión de ayuda estatal al sector del carbón. Sin esta enmienda, el periodo habría expirado el 31 de diciembre de 2010.

En este momento, la nueva propuesta de la Comisión Europea sugiere que se amplíe la ayuda hasta 2014. Sin embargo, el Parlamento Europeo ha adoptado una propuesta, que he votado favorablemente, que amplía las ayudas hasta 2018. La intención es tener en cuenta el problema social —impidiendo los despidos y las dificultades de integración de los trabajadores en el mercado laboral— y el problema medioambiental, junto con los apoyos que abogan por la resolución de estos problemas.

Es igualmente positivo el compromiso de salvaguardar el mantenimiento de las industrias de carbón que se hayan vuelto competitivas durante el transcurso de este proceso, velando al mismo tiempo por la protección de la salud medioambiental y pública.

También se subraya la necesidad de rehabilitar antiguas explotaciones mineras, concretamente: la retirada de las instalaciones mineras, trabajos de seguridad en el interior de la mina, la limpieza del emplazamiento y la evacuación de aguas residuales.

  Robert Goebbels (S&D), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe Rapkay y de las subvenciones estatales para el sector del carbón. El carbón sigue siendo parte fundamental de la combinación energética global. Si se dejara de extraer carbón en Europa tendríamos que importarlo de los Estados Unidos o Australia.

  Peter Jahr (PPE), por escrito. – (DE) Se necesita tiempo y grandes dosis de confianza para adaptarse a los cambios de las estructuras sociales. Por lo tanto, la Unión Europea y Alemania tratan de poner fin a las subvenciones para las minas de carbón no competitivas. En el periodo que abarca desde la actualidad hasta 2018 se pondrán en marcha las medidas necesarias de reestructuración. Se trata de un buen compromiso, testimonio de la visión de futuro de todos los participantes.

Dado el gran número de empleados de esta industria, es importante que la Unión Europea y los Estados miembros se esfuercen todo lo posible por mitigar el negativo impacto social y regional de este cambio y que minimicen su impacto. Por lo tanto, estoy muy contento de que el Parlamento Europeo haya demostrado hoy su respaldo de esta visión. Esto permitirá que se implementen los procesos de adaptación, difíciles pero necesarios, en Europa y en Alemania, en particular, de un modo equilibrado y sobre una sólida posición política.

  Karin Kadenbach (S&D), por escrito. – (DE) En lo que respecta a la cuestión de prolongar las subvenciones para las minas de carbón no competitivas, he actuado en contra de la línea adoptada por mi Grupo y me ha abstenido. En mi opinión, la votación en Parlamento se basa en un reflejo nacionalista y en una mentalidad corta de miras. Me opongo a las subvenciones porque considero que el uso del carbón y de las emisiones de CO2 que lo acompañan, en principio, va en contra de todos nuestros esfuerzos por luchar contra el cambio climático. El dinero que podríamos invertir en energías renovables se está arrojando literalmente a un pozo sin fondo. Desde mi punto de vista, deberíamos estar buscando alternativas sostenibles en el ámbito de la producción de energía.

Sin embargo, también son necesarias soluciones alternativas en el mercado laboral. Es obvio que se han cometido errores en el pasado y que ha habido un enfoque a corto plazo de la política de empleo. Dado de hay muchos puestos de trabajo en juego, preferiría ver que la financiación se destina al reciclaje de los trabajadores afectados en lugar de a una continuación de las subvenciones del carbón. Por esta razón, he decidido abstenerme en lugar de votar contra el informe.

  Alan Kelly (S&D), por escrito. – He votado a favor del presente informe porque estoy de acuerdo con el punto fundamental de que debería haber una regulación de «transición» en este sector. Aunque el carbón y su minería contribuyen enormemente a la contaminación, en algunos países también proporcionan una cantidad enorme de empleos. Por tanto, poner fin a algunas de estas ayudas de forma tan repentina podría potencialmente tener una grave repercusión sobre algunos de los Estados miembros de la UE, pero es importante que el sector adquiera conciencia de que en el futuro no deberían depender exclusivamente de estas ayudas.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) Dada la escasez de las fuentes de energía nacionales en la Unión, creo que el apoyo al sector del carbón se justifica en virtud de las políticas de la Unión destinadas a fomentar los combustibles renovables y los combustibles fósiles con bajo contenido de carbono para la generación de electricidad. Sin embargo, no considero que esto justifique el apoyo indefinido a las minas de carbón que demuestran no ser competitivas. Dadas las consecuencias socioeconómicas extraordinariamente negativas del cierre de las minas, sobre todo en regiones poco pobladas, habría que pensar en la posibilidad de proporcionar ayuda y apoyo.

Sin embargo, a fin de minimizar el falseamiento de la competencia en el mercado interior resultante de la ayuda, la Comisión tendrá que debe velar por que se establezcan, mantengan y cumplan unas condiciones de competencia precisas y efectivas. En lo referente a la protección medioambiental, los Estados miembros tendrán que proporcionar un programa de medidas destinadas a mitigar el impacto sobre el medio ambiente del uso de carbón en el ámbito de la eficiencia energética, la energía renovable o la captura y el almacenamiento del carbono.

  Jean-Marie Le Pen (NI), por escrito. – (FR) Los proeuropeos quieren facilitar el cierre de las últimas minas de carbón que quedan en Europa por medio de ayudas estatales a corto plazo. Dado que Alemania y Rumanía generan más del 40 % de su electricidad a partir de la combustión de carbón, esto significa que se sacrificará a más de 100 000 personas en el altar del ultraliberalismo bajo el pretexto de la competencia leal y la políticamente correcta ecología, que pretende hacernos generar electricidad a partir de energía eólica. En su búsqueda de energías «renovables», estos países no dudarán en sustituir el carbón, comprando electricidad de origen nuclear a sus vecinos.

Como antiguo minero, me emociona bastante recordar todas aquellas las minas de carbón francesas y europeas que se han cerrado, provocando gran sufrimiento y dejando regiones enteras en ruinas, regiones que se han convertido así en páramos económicos y sociales y que no se han recuperado. Por consiguiente, desgraciadamente tan solo puedo concluir que, en esta zona como en tantas otras, la Europa de Bruselas no se ha esforzado por proteger a nuestras industrias y, por ende, nuestros puestos de trabajo, sino que en su lugar, prefiere despilfarrar enormes cantidades de dinero en proyectos globalistas que no guardan relación con los problemas de nuestros ciudadanos.

  Thomas Mann (PPE), por escrito. – (DE) He votado a favor del informe del señor Rapkay porque el plan de eliminar gradualmente las subvenciones al sector del carbón para 2018 ha sido, afortunadamente, apoyada por una amplia mayoría en todos los grupos. El ejemplo de Alemania demuestra cómo un pacto del carbón entre Gobierno central, los estados federales, los sindicatos y la administración puede dar como resultado una eficiente producción de carbón sin necesidad de despidos. Ahora hay más seguridad para 100 000 puestos de trabajo en toda Europa. Para evitar cualquier malentendido, es importante ser consciente de que estas subvenciones no son permanentes y que el objetivo es dejar de mantener negocios que no sean competitivos. Se trata de adoptar un enfoque responsable ante la industrial tradicional europea. El empleo del carbón puede justificarse fácilmente, ya sea como combustible para generar electricidad o como materia prima en la industria química, especialmente en tiempos en los que los recursos como el petróleo y el gas son cada vez más escasos. La producción de una cantidad mínima de carbón contribuye a nuestra seguridad energética y evita que dependamos de las importaciones. Es un error afirmar que poner fin a las subvenciones del sector del carbón ayudará a proteger el medio ambiente.

Desde el punto de vista del clima, no importa si utilizamos materias primas nacionales o extranjeras. Debemos continuar apoyando una tecnología de carbón respetuosa con el medio ambiente y un suministro de energía seguro utilizando productos nacionales. Una política industrial activa no es una cosa del pasado sino una tarea para el futuro, partiendo de una estrategia de competencia consistente y una política social sensata que incluya seguridad laboral.

  Marian-Jean Marinescu (PPE), por escrito. – (RO) Con la expiración del Reglamento del carbón el 31 de diciembre de 2010, algunos países estarían obligados a cerrar sus minas de hulla. He votado por ampliar el presente Reglamento hasta el 31 de diciembre de 2030, frente al 31 de diciembre de 2026 propuesto por la Comisión Europea. Desgraciadamente, esta enmienda no ha recibido la mayoría requerida. Sin embargo, se ha apoyado hasta el punto de que se ha reducido la acusada tendencia a la baja para la cantidad general de ayuda al cierre concedida por cada Estado miembro. Además, la explotación de dichas unidades de producción se inscribirá en un plan de cierre permanente con una fecha límite que debería fijarse para el 31 de diciembre de 2020, ya que 2020 es el año que figura en el contexto de la captura de carbono, con proyectos de transporte y almacenamiento desarrollándose actualmente en varios Estados miembros.

La fecha límite que se ha decidido por mayoría de votos ha sido el 31 de diciembre de 2018. Deseo señalar que esta fecha límite obtenida para las operaciones de subvención es sin embargo un logro para el Parlamento Europeo, que ha ampliado en cuatro años la fecha inicial de 2014, según propone la Comisión Europea.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor del presente informe sobre la ayuda estatal para facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas. El carbón ha estado exento de las normas generales sobre ayudas estatales durante un total de 35 años. La Comisión ha propuesto poner fin a tal exención, lo que permitirá que la ayuda estatal sólo esté dirigida a minas de carbón que estén programadas para el cierre en 2014. Cualquier mina de carbón que no cierre para esa fecha deberá devolver la ayuda estatal y todos los países a los que se dote de ayudas estatales deben proporcionar un plan de mitigación de los efectos del cambio climático. Alemania planea cerrar minas no competitivas para 2018 y el ponente ha propuesto una enmienda para ampliar la propuesta a 2018. Me ha parecido razonable respaldar su propuesta.

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. – (PT) He votado a favor del presente informe porque, a pesar de que aborda cuestiones medioambientales importantes, como las fuentes energéticas y el cambio climático, y cuestiones económicas como la durabilidad de las unidades de producción no competitivas en la economía, en un momento de crisis económica y social, es importante alzarse en defensa de las cuestiones sociales. No se deberían adoptar medidas si agravan la crisis. La respuesta a la crisis pasa por la inversión y por la protección de los ciudadanos, lo que en el presente caso significa garantizar unas condiciones que permitan el cierre de estas minas en un periodo de tiempo que se prevé posterior a la resolución de la crisis, defendiendo así los puestos de trabajo y combatiendo el desempleo.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La ayuda prevista en el presente informe resulta vital para ayudar a apoyar a los potenciales desempleados de este sector. Es necesario preparar inmediatamente un reciclaje profesional para los trabajadores afectados por los cierres de minas, y deberían explorarse todas las vías de financiación posibles procedentes de fondos regionales, nacionales o comunitarios.

A largo plazo, la financiación de las medidas destinadas a proteger el medio ambiente y los costes derivados de los cierres de las minas debería continuar tras 2014. Una cancelación anticipada de las subvenciones al sector del carbón por parte de los Estados miembros podría provocar enormes problemas medioambientales y financieros en las regiones afectadas, y podría ser aún más costosa que una eliminación gradual de estas subvenciones.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Es fundamental que sigamos apoyando al sector del carbón en Europa a fin de permitir que las minas no competitivas cierren de forma gradual. Sin embargo, la propuesta de la Comisión no va lo suficientemente lejos. La minería se concentra sólo en unas cuantas regiones que tendrán que reestructurar completamente sus economías en el transcurso de los próximos años. Hemos comprobado con bastante frecuencia en el pasado que las regiones mineras que no se vuelven competitivas han padecido un grave declive económico y social en un breve periodo de tiempo. Anteriormente, muchas de estas regiones fueron las «perlas negras» del rendimiento económico en Europa.

Si les damos tiempo para ajustarse al cambio de circunstancias, pueden continuar siendo potencias económicas. Sin embargo, si las dejamos en la estacada, incurriremos en costes considerables derivados del desempleo y las quiebras. El argumento presentado por los Verdes de que este proceso resulta perjudicial para el medio ambiente es pura invención. El carbón local es mucho más respetuoso con el medio ambiente que el carbón importado. Por esta razón, he votado a favor del presente informe, muy claramente formulado.

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor del presente informe porque las medidas que contiene contribuirán, si son aprobadas por el Consejo, a evitar graves repercusiones sociales en muchos Estados miembros de la Unión Europea. La fecha límite propuesta por la Comisión Europea está muy próxima y es poco realista. Por ese motivo las subvenciones para la producción de hulla tenían prorrogarse hasta 2018. Rumanía, el Estado miembro del que provengo, posee experiencia en un desafío social de tal magnitud y considero que la ampliación del plazo es un paso necesario y bienvenido.

  Sławomir Witold Nitras (PPE), por escrito. – (PL) Estoy encantado con la posición adoptada hoy por el Parlamento Europeo sobre la ayuda estatal para facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas.

Cabría señalar que la ayuda estatal concedida en tales casos debe ser de una naturaleza excepcional, y que se debería conceder de conformidad con los reglamentos que, en realidad, hacen posible que las minas no cierren como resultado de las ayudas y no requieren expresamente que la ayuda pública sea devuelta si las minas no cierran. No podemos acabar con una situación en la que los fondos procedentes de los presupuestos nacionales se empleen para que las minas consigan rentabilidad. Hoy hemos propuesto un mecanismo para obligar a los Estados miembros a implementar límites coherentes en las ayudas públicas, así como una transición gradual a las disposiciones generales que se aplican a todos los sectores de la economía.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe del señor Rapkay porque estoy de acuerdo con la ampliación del plazo hasta 2018. La fecha límite de 2014 propuesta por la Comisión no está justificada, incluso a la luz la evaluación de impacto de la Comisión.

Sobre la base de la evaluación de impacto de la Comisión y como consecuencia lógica del Reglamento (CE) n° 1407/2002, la fecha límite de 2018 es una fecha apropiada que asegura una solución socialmente aceptable sin que ello acarree despidos masivos en una serie de Estados miembros. En estos tiempos de crisis, no creo que se deban cerrar las minas y que miles de trabajadores de toda Europa se queden sin empleo.

Es más, el problema de la contaminación no debería abordarse como parte de esta cuestión. De hecho, el cierre de las minas de carbón no resolvería el problema porque, en lugar de extraer el carbón de las minas, se importaría de fuera. Si queremos encontrar una solución para impedir el cambio climático, debemos encontrar esta solución en las plantas que utilizan carbón. Solamente convirtiendo esos tipos de plantas se reducirán las emisiones.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. – (IT) Le agradezco al señor Rapkay su excelente trabajo y apoyo las enmiendas presentadas. He votado a favor puesto que apruebo las medidas destinadas a impedir el sumamente grave impacto socioeconómico que implica el cierre de las minas de hulla, especialmente en regiones de escasa población.

Dada la escasez de fuentes energéticas autóctonas en la Unión, el apoyo al sector minero está justificado por la política de la Unión de fomentar los combustibles renovables y los combustibles fósiles con bajo contenido de carbono para la generación de electricidad. He apoyado, por lo tanto, los esfuerzos realizados, que se encuentran en consonancia con la estrategia general 20-20-20.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) Sobre la base de la opinión del Parlamento Europeo relativa a la propuesta de Reglamento, se ha ampliado el plazo para disminuir la producción de carbón hasta el 31 de diciembre de 2018 (cuatro años más que en la propuesta de la Comisión) y sólo para la hulla. El sector del carbón proporciona aproximadamente 100 000 puestos de trabajo. Las minas cuya explotación depende de la ayuda están situadas sobre todo en la región Ruhr de Alemania, en el noroeste de España y en el valle de Jiu, en Rumanía. Aproximadamente el 40 % de la producción eléctrica de Rumanía se basa en el carbón, hulla en su mayor parte. La fecha límite de 2014 (propuesta por la Comisión) para el plan de cierre de minas es arbitraria y no está justificada si nos basamos en la evaluación de impacto llevada a cabo por el propio Ejecutivo comunitario. Como consecuencia, el año 2018 garantiza una solución aceptable, teniendo en cuenta esta evaluación de impacto.

El ponente está a favor de una reducción gradual de la ayuda. La reducción anual no debe ser inferior al 10 % de la ayuda concedida en el primer año y solamente debe basarse en un plan de cierre estrechamente supervisado. He votado a favor del presente informe porque la aplicación del Reglamento, en la forma propuesta por el Parlamento Europeo, mitigará las adversas repercusiones sociales de tales cierres, con las minas de del valle del Jiu también entre las más afectadas por esta medida.

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. – (PT) He votado a favor del presente informe porque, a pesar de que aborda cuestiones medioambientales importantes, como las fuentes energéticas y el cambio climático, y cuestiones económicas como la durabilidad de las unidades de producción no competitivas en la economía, en un momento de crisis económica y social, es importante alzarse en defensa de las cuestiones sociales. No se deberían adoptar medidas si agravan la crisis. La respuesta a la crisis pasa por la inversión y por la protección de los ciudadanos, lo que en el presente caso significa garantizar unas condiciones que permitan el cierre de estas minas en un periodo de tiempo que se prevé posterior a la resolución de la crisis, defendiendo así los puestos de trabajo y combatiendo el desempleo.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) El Reglamento (CE) n° 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón expira el 31 de diciembre de 2010. Esto obligaría a algunos Estados miembros a cerrar sus minas de carbón en esa fecha y afrontar el considerable impacto social y regional de estos cierres simultáneos. La propuesta de la Comisión ha sugerido dotar a los Estados miembros de un marco jurídico que les permita ampliar el apoyo concedido hasta el 31 de diciembre de 2014, y el Parlamento ha ampliado esta fecha límite hasta el 31 de diciembre de 2018, garantizando así unas condiciones que permitan resolver este problema de una manera sostenible en el plano social y medioambiental.

  Teresa Riera Madurell (S&D), por escrito. – (ES) El fin de las ayudas al cierre de las minas de carbón no competitivas para el año 2014 —fecha propuesta por la Comisión— acarrearía graves consecuencias socioeconómicas en determinadas regiones de la UE donde la minería sigue siendo una importante fuente de empleo. De ahí la importancia de la posición del Parlamento, que ha pedido que se retrasara la fecha hasta 2018.

Mi voto refleja la convicción de que el cierre de estas minas debe aplazarse para permitir que, en un momento de crisis como el actual, las regiones y Estados afectados -principalmente España, Alemania y Rumanía- dispongan del tiempo necesario para llevar a cabo la obligada reconversión.

Esta reconversión debe consistir, por un lado, en la transición hacia actividades económicas sostenibles que creen puestos de trabajo de calidad y, por otro lado y donde sea posible, en el establecimiento de una extracción más competitiva y sostenible del carbón, así como en el uso menos contaminante de este mineral.

Para ello, desde la Comisión ITRE debemos apoyar líneas de investigación e innovación tales como la captura y el almacenamiento de CO2, y aquéllas destinadas a conseguir combustiones más respetuosas con el medio ambiente.

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) ¿Debería la Unión Europea seguir subvencionando sectores industriales que están destinados, con el tiempo, a desaparecer de Europa? Esta es la difícil pregunta que hemos tenido que responder con la adopción del informe Rapkay sobre las ayudas estatales para facilitar el cierre de las minas de carbón no competitivas. La Comisión Europea ha propuesto un final programado de las subvenciones para octubre de 2014. Esta es una propuesta sensata que tiene en cuenta el negativo impacto medioambiental de la ayuda para el sector del carbón y la necesidad de que los Estados miembros se doten de un plan de medidas adecuadas, por ejemplo, en el ámbito de la eficiencia energética, la energía renovable o la captura y el almacenamiento del carbono.

Los hechos son abrumadores: los 1 288 millones de euros de ayuda a producción, que hacen un total de 29 000 millones de euros de subvenciones para el sector del carbón entre 2003 y 2008, no han conseguido hacer nada por limitar la pérdida de la cuota de mercado, ni han garantizado que los 100 000 trabajadores del sector reciban un apoyo útil que les ayuden en el reciclaje profesional. Por tanto, lamento que la Unión Europea no haya tenido el coraje este mediodía de decir «no» a la ampliación de las ayudas para las minas de carbón hasta finales de 2018 o para volverse con firmeza hacia las nuevas fuentes de energía, que proporcionarían puestos de trabajo a la población europea.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – La votación de hoy se halla en conflicto con los intereses económicos, energéticos y en materia de cambio climático de la UE. Eliminar gradualmente las minas de carbón no competitivas constituye un despilfarro de miles de millones de euros procedentes de las arcas públicas, especialmente en el contexto de las actuales presiones sobre las finanzas públicas. Prolongar las subvenciones para la explotación de las minas de carbón no ayuda a abordar las legítimas preocupaciones de los mineros por su futuro. En su lugar, corre el peligro de retrasar la transición hacia una economía verde —con un futuro sector energético basado en la eficiencia energética y la energía renovable— que garantizará la creación de miles de nuevos puestos de trabajo sostenibles en las antiguas regiones productoras de carbón.

  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. – (LT) A pesar de que el sector del carbón no guarda una gran relación con la economía lituana, el presente informe es muy importante para mi país. Con la expiración del Reglamento (CE) n° 1407/2002, algunos Estados miembros se verán obligados a cerrar sus minas de carbón inmediatamente y a enfrenarse a enormes consecuencias sociales y regionales derivadas de los cierres. Lituania conoce demasiado bien el tipo de problemas a los que se hará frente tras estos cierres. El cierre de la central nuclear de Ignalina en Lituania condujo a la pérdida de empresas y puestos de trabajo. También supuso un golpe para nuestra independencia en el ámbito energético, y por eso no debemos olvidar que la Unión Europea está fundada sobre la solidaridad energética. En este momento, Lituania y los países Bálticos son islas energéticas, separadas de las redes de gas y electricidad europeas. Me ha encantado escuchar en los informes de este mes que la Comisión Europea respalda el Plan de interconexión del mercado báltico de la energía/Plan de interconexión de los mercados energéticos de la región del Báltico.

Espero que proyectos como los relacionados con la central nuclear de Visaginas y la interconexión de la red de gas entre Lituania y Polonia reciban ayuda financiera de la UE. Eso beneficiaría a toda Europa. Por último, es importante que tengamos en cuenta tanto la seguridad de los mineros del carbón como la de los trabajadores de otras ramas del sector energético. Los accidentes ocurridos recientemente en Chile y Nueva Zelanda no nos permitirán olvidarlo.

  Anna Záborská (PPE), por escrito. – (SK) El sector del carbón en Europa no es eficaz, y ha de ser subvencionado. Sin embargo, las denominadas fuentes de energía alternativas resultan igual de ineficaces —sino más—. Las centrales nucleares de combustión de carbón, por consiguiente, tienen algo en común con las centrales de energía solar y las centrales eólicas. La electricidad que producen resulta, simplemente, demasiado cara. Los Estados, por tanto, subvencionan la extracción de carbón o compran la electricidad generada a un precio superior al precio pagado por el usuario final. Cada método de producción de electricidad tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Sin embargo, la experiencia nos ha enseñado que no es bueno depender de una fuente de energía. Si nuestra prioridad es la seguridad energética de Europa, sería un error renunciar a una de las posibles fuentes de energía. El Estado no debería utilizar el dinero de los contribuyentes para respaldar empresas inviables. No todas las minas actualmente incapaces de sobrevivir en el mercado sin subvenciones están condenadas a fracasar. Algunas de ellas podrían ser competitivas si se les concede tiempo transformarse. El informe del señor Rapkay quiere hacer esto posible. Provengo de la región Prievidza, que posee una fuerte tradición minera. Sé cuántas familias caerían en la pobreza si los padres perdieran su puesto de trabajo en las minas. He votado a favor del informe, también en su nombre, porque crea una oportunidad de preservar miles de puestos de trabajo en una tradicional región minera eslovaca.

Informe: Eva Joly (A7-0315/2010)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2009 porque considero fundamental que continúe desempeñando un papel supervisor en las negociaciones sobre los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) y favorezca la interacción entre parlamentarios, con el propósito de aportar mayor transparencia a todos los procesos.

Ante esto, considero crucial fortalecer la dimensión parlamentaria del trabajo en cooperación, y es preciso reconocer que la creación de la Unión Africana y el poder creciente de la APP constituyen, sin lugar a dudas, un reto para la cooperación ACP-UE y, en consecuencia, para la APP ACP-UE. Dado en que 2009 la Comisión y los Estados ACP presentaron propuestas para una segunda revisión del Acuerdo de Asociación de Cotonú, es fundamental que la APP supervise los acontecimientos a fin de velar por su supervivencia y su progreso como institución. Esta cooperación entre el Parlamento y la APP comenzó en 2007, y el último año dio como resultado la creación de una delegación de pleno derecho para las relaciones con la APP.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de la presente Resolución, que evalúa los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) y la UE en 2009. La labor de esta Asamblea es particularmente importante, pues refuerza los procesos democráticos de estos países, y por consiguiente, estoy de acuerdo con las observaciones realizadas en la Resolución, que afirman que es necesario implicar estrechamente a los parlamentos en el proceso democrático y en las estrategias de desarrollo nacionales. Considero que la revisión del Acuerdo de Asociación de Cotonú ayudará a abordar los nuevos cambios producidos en la década desde que la primera firma de este acuerdo y aumentará la participación por parte de los parlamentos nacionales, de la sociedad civil y el sector privado en la vida política y económica de esos países. Comparto también con la propuesta que el Fondo Europeo de Desarrollo debería incorporarse al presupuesto de la UE con el fin de aumentar la coherencia, la transparencia y la eficacia de la política de cooperación al desarrollo y garantizar su control democrático.

  Proinsias De Rossa (S&D), por escrito. – Respaldo el presente informe sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) y la UE. La respuesta positiva del Comisario de Comercio ante la petición de los países ACP de realizar una revisión de los elementos polémicos de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica (AAE) se recibe de buen grado. Las futuras negociaciones del AAE, así como su posterior aplicación, deberían someterse a una supervisión parlamentaria más estrecha. Los parlamentos de los países ACP deberían ejercer presión para implicarse en la adopción y la ejecución de los documentos estratégicos regionales, pues estos documentos son las principales herramientas de programación para la ayuda al desarrollo. Para ayudar a abordar las preocupaciones de la APP frente a las repercusiones de la actual crisis financiera, necesitamos explorar fuentes de financiación adicionales, especialmente un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales. Es necesario que los gobiernos ACP, por otro lado, demuestren un mayor compromiso en la lucha contra los paraísos fiscales, la evasión de impuestos y la fuga ilegal de capitales. La creación, a comienzos de este periodo, de una delegación permanente del Parlamento Europeo para las relaciones con el Parlamento Panafricano (PPA) constituye un paso muy positivo que contribuirá a consolidar el cada vez mayor compromiso político de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.

  Anne Delvaux (PPE), por escrito – (FR) Acojo favorablemente la adopción del presente informe porque la Asamblea Parlamentaria (APP) ha tenido éxito, gracias a la calidad de su trabajo, en establecerse a sí misma como actor clave en el contexto de la cooperación Norte-Sur. Por ejemplo, la Asamblea ha desempeñado, y sigue desempeñando, un papel clave en la supervisión de las negociaciones sobre los Acuerdos de Asociación Económica (AAE). Además, se han aprobado algunas enmiendas importantes, como la que anima a la APP a explorar fuentes adicionales e innovadoras de financiación para el desarrollo, tales como un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales, y pide asimismo que aborde la cuestión de la erradicación de los paraísos fiscales.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2009 por considerar que esta Asamblea sigue constituyendo un marco importante para un diálogo abierto, democrático y profundo entre la Unión Europea y los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP). Para que el proceso de cooperación sea más eficiente y democrático, es necesaria una mayor implicación de los parlamentos de los países ACP en la elaboración y formulación de planes estratégicos de cooperación y una participación más activa en la negociación de los Acuerdos de Asociación Económica en colaboración con las autoridades europeas.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Sin poner en tela de juicio la importancia de los trabajos realizados por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE (APP) en 2009 o su innegable contribución al desarrollo y la cooperación, no puedo dejar de expresar mi preocupación en lo que respecta al contenido del punto 6 del informe Joly: «anima a la APP a seguir trabajando en este ámbito y a explorar fuentes adicionales e innovadoras de financiación para el desarrollo, tales como un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales». No considero que un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales resulte muy beneficioso para los Estados de África, del Caribe y del Pacífico.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) La Asamblea Parlamentaria Paritaria (APP) se reunió en dos ocasiones en 2009, año en que la Comisión y los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) presentaron propuestas para que la segunda revisión del Acuerdo de Asociación de Cotonú (AAC) se pactara durante 2010. Habida cuenta del proceso de regionalización de los países ACP mediante los AAE, es importante que la APP siga muy de cerca su desarrollo con el fin de garantizar la evolución de la institución y su supervivencia. Quisiera destacar las preocupaciones de la APP frente a las repercusiones de la actual crisis financiera, la aprobación en Luanda de una resolución sobre las repercusiones de la crisis financiera en los países ACP y las resoluciones sobre el impacto de esta crisis financiera en los países ACP.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Para que la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE desempeñe adecuadamente su papel —mencionado por la ponente— en la cooperación Norte-Sur y el refuerzo del aspecto parlamentario de esta cooperación, es necesario defender algunas de sus características fundamentales. La envergadura de su representación constituye al mismo tiempo su principal activo, así como un requisito esencial para llevar a cabo su función de una forma adecuada. Por consiguiente, ha que rechazar cualquier tentativa de reducir su representatividad con el pretexto de reducir costes y defender la naturaleza plural de la Asamblea, sin la cual se desvirtuarían seriamente algunos de sus principios y algunos de sus objetivos básicos se verían seriamente comprometidos. Se deben garantizar todos los medios necesarios para lograr una efectiva participación reforzada de todos los parlamentarios, ya sean de la UE, o ya sean, especialmente, de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP)

En consecuencia, hemos tenido que asistir repetidamente al fracaso a la hora de garantizar las condiciones necesarias para lograr esta participación, concretamente en lo que respecta a los servicios de interpretación. Con frecuencia son suprimidas las lenguas oficiales de la UE y de los países ACP, como ha sido el caso con el portugués en más de una ocasión. Se trata de un grave error, cuya corrección resulta importante.

  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. – (FR) Como miembro de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE (Estados de África, del Caribe y del Pacífico-Unión Europea) he votado categóricamente a favor del presente informe sobre el trabajo llevado a cabo por la Asamblea en 2009. La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-EU es una institución única que ha triunfado al establecerse a sí misma como un actor clave en las relaciones europeo-africanas y en las relaciones Norte-Sur. Ha triunfado a la hora de demostrar la buena calidad de su trabajo, basado en los principios de cooperación, consulta, transparencia y diálogo democrático, y en una mayor interacción entre parlamentarios europeos y de la ACP. Cuando comienza la vigésima sesión de la Asamblea en Kinshasa, quisiera animar a la APP a continuar con su trabajo y con esta cooperación. En particular, he votado, por supuesto, a favor del apartado en el que se pide que se destinen esfuerzos a crear un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales y a erradicar los paraísos fiscales.

  Filip Kaczmarek (PPE), por escrito. – (PL) He respaldado el informe Joly sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2009. La cuestión que deberíamos analizar en más detalle tiene que ver con las reuniones regionales de la APP. No cabe duda de que estas reuniones son necesarias. Opino, no obstante, que deberíamos detallar y aclarar la fórmula de estas reuniones.

Deberíamos definir con mayor claridad los métodos de trabajo que han de emplearse durante las reuniones regionales. El valor de estas reuniones deriva del hecho de que permiten centrarse en los problemas regionales. Una mejor definición de los procedimientos formales mejorará la capacidad de influencia de las reuniones regionales de la APP ACP-UE. Este es precisamente el motivo por el que deberíamos abordar esta cuestión. Muchas gracias.

  Alan Kelly (S&D), por escrito. – El grupo del Parlamento Europeo del que formo parte ha modificado considerablemente el informe original. Ahora pide que los gobiernos ACP incluyan cláusulas más severas en materia de no discriminación y que ayuden a luchar contra la evasión de impuestos y los paraísos fiscales. Es necesaria una mayor implicación de los parlamentos nacionales de la ACP y de la sociedad civil —a través de apoyo financiero y técnico— a fin de mejorar la cooperación ACP-UE.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de aprobar el informe sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2009, porque considero que su contribución a la cooperación Norte-Sur resulta fundamental. De hecho, la APP ha desempeñado, y sigue desempeñando, un papel fundamental en lo que respecta a la participación de las autoridades y de los órganos locales en las negociaciones sobre Acuerdos de Asociación Económica.

Por estos motivos, me uno a los llamamientos realizados por mis colegas de la Comisión para no escatimar esfuerzos a fin de proporcionar información oportuna sobre las negociaciones, con objeto de asegurar que el Parlamento pueda participar plenamente en la supervisión de los acuerdos y ayudarlo en tal tarea. Por último, considero vital que el Parlamento Europeo desempeñe un papel informado —y digo esto no solo en referencia a las negociaciones llevadas a cabo al respecto— dado que se trata de una institución capaz de garantizar la transparencia del proceso y de hacerse eco de las necesidades de las comunidades locales.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor del presente informe sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2009. El refuerzo de la supervisión parlamentaria resulta vital para asegurar que los fondos de desarrollo de la UE se aprovechen de forma óptima y contribuyan eficazmente a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La Asamblea ha desempeñado, y sigue desempeñando, un papel fundamental en la supervisión de las negociaciones sobre los Acuerdos de Asociación Económica (AAE), permitiendo a los diputados al Parlamento Europeo poder escuchar de primera mano las inquietudes de los parlamentarios ACP y contribuyendo así a una mejor supervisión por parte del Parlamento Europeo de las negociaciones de la Comisión y la aplicación de los AAE.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE (APP) se reunió en dos ocasiones en 2009, y en estas reuniones tomó importantes decisiones sobre diversas cuestiones, concretamente sobre la crisis alimentaria y financiera, la situación en Somalia, el cambio climático y la situación en Madagascar. También se han reunido varios grupos de trabajo para debatir un abanico de temas relevantes que incluyen: formación para una mejor gobernanza, proyectos de construcción y realojamiento urbano, personas discapacitadas, turismo rural y los derechos de las minorías de la República Checa. Estas reuniones periódicas han cobrado importancia debido a su diversidad y a que en ellas se debaten cuestiones importantes para ambas partes, con el propósito de tratar de proponer soluciones para los problemas a los que se enfrentan las regiones más desfavorecidas.

  Louis Michel (ALDE), por escrito. – (FR) He votado a favor del excelente informe de la señora Joly sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, que es —repito— una institución única en el mundo en virtud de su composición y su voluntad de colaborar en la promoción de la interdependencia Norte-Sur, no solo por medios legislativos sino también a través del diálogo democrático y la cooperación. Quisiera aprovechar este informe para defender el impuesto sobre las transacciones financieras internacionales, a fin de ayudar a determinados donantes a respetar sus compromisos en lo que respecta a la ayuda oficial al desarrollo y ayudar a los países en desarrollo a realizar las adaptaciones necesarias para hacer frente al cambio climático. Quisiera destacar que el Consenso de Monterrey de 2002, seguido por la Conferencia de Doha de 2008 y la Reunión plenaria de alto nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio celebrada en Nueva York en septiembre de 2010, emitió una opinión favorable sobre las fuentes adicionales e innovadoras de financiación para el desarrollo e hizo hincapié en la necesidad de un enfoque equilibrado entre los aspectos económicos, sociales y medioambientales del desarrollo.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) He votado en contra del informe sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2009 porque es muy vago y su redacción es poco precisa. Además, no contiene ningún plan para mejorar la eficacia de la cooperación al desarrollo con los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) en el futuro. La ayuda al desarrollo, en su forma actual, constituye un fracaso en el 80 % de los casos. Solamente ha aumentado la dependencia de los Estados en cuestión de la ayuda externa. Es necesario que ayudemos a estos países a ayudarse a sí mismos. Deben tener la posibilidad de desarrollar poco a poco una economía nacional que funcione. La capacidad de autoalimentarse desempeña un papel primordial en este contexto. Sin embargo, el presente informe apoya obstinadamente el statu quo, y por ese motivo he votado en contra.

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), por escrito. – (PL) La cooperación con los países de África, del Caribe y del Pacífico constituye uno de los aspectos más importantes de la política exterior de la Unión Europea. Lamento, por tanto, conocer los problemas financieros que afectan al Grupo ACP. Con independencia de estos problemas, la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE es hoy uno de los foros más importantes para el diálogo Norte-Sur. Valoro positivamente el desarrollo de la integración regional entre los países africanos, por un lado, y los países del Caribe, por otro, lo que favorece el diálogo eficaz entre el Parlamento Europeo y los países del Sur. Habida cuenta de estos aspectos, y de que respaldo absolutamente el desarrollo del diálogo entre la UE y los países del Sur, he decidido votar a favor del informe sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2009.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, porque considero que la Asamblea ha desempeñado un papel fundamental y se ha esforzado por encontrar soluciones a los problemas que a menudo son complicados. Aunque su función es la de un organismo consultivo, se trata de un foro importante y un punto de encuentro para debatir y tratar de satisfacer las diversas necesidades.

De todos los informes y resoluciones importantes aprobadas, únicamente cabe mencionar los relacionados con la situación en Madagascar, el cambio climático, la situación en Nigeria y la segunda revisión del Acuerdo de Cotonú. Por último, digna de mención es la resolución relativa a las consecuencias de la crisis financiera en los países ACP, en la que se señala que esos países, aunque no son responsables en absoluto de las turbulencias a escala mundial, han acabado pagando, por desgracia, el precio más alto en términos de aumento de los costes, disminución de las ayudas de los países ricos, y encarecimiento de los productos.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) Voto a favor del informe sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) y la UE (APP) en 2009. Es importante poner de relieve el papel de la APP, puesto que ha triunfado al establecerse a sí misma como un actor clave en la cooperación Norte-Sur, contribuyendo a reforzar el diálogo abierto y democrático entre la UE y los Estados ACP.

  Crescenzio Rivellini (PPE), por escrito. – (IT) Hemos votado hoy, en sesión plenaria, una propuesta de resolución sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2009.

La Asamblea Parlamentaria Paritaria se reunió en dos ocasiones en 2009. En estas reuniones se aprobaron 10 resoluciones y la Declaración de Luanda sobre la segunda revisión del Acuerdo de Asociación de Cotonú. Durante el año, también se celebraron dos encuentros regionales en Guyana (región del Caribe) y en Burkina Faso (región del África Occidental) respectivamente.

A pesar de esto, el 2009 quedó malogrado por la decisión, adoptada por el Consejo de Ministros ACP en diciembre de 2008, de realizar recortes drásticos en el presupuesto de la Secretaría ACP destinado a las misiones del personal. Esta decisión afectó considerablemente a la posibilidad de garantizar servicios relacionados con las reuniones de la APP celebradas en escenarios que no sean Bruselas.

En diciembre de 2009, el Consejo ACP aprobó las revisiones necesarias a fin de garantizar que la financiación del presupuesto para 2010 fuera suficiente para cubrir dos sesiones plenarias, una reunión regional y dos misiones adicionales como máximo. Habida cuenta del contexto, resulta apropiado seguir trabajando en este sector y explorar fuentes adicionales e innovadoras de financiación para el desarrollo, concretamente, un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Aplaudo la presente resolución, encabezada por nuestra colega, Eva Joly, en la que se declara que celebra el hecho de que en 2009, la APP haya seguido constituyendo un marco para un diálogo abierto, democrático y profundo entre la Unión Europea y los países ACP, y aboga por un diálogo político reforzado; celebra la respuesta positiva del nuevo Comisario de Comercio a la petición de varios países y regiones ACP de revisar las cuestiones polémicas planteadas en las negociaciones de los AAE, en línea con las declaraciones efectuadas por el Presidente de la Comisión y subraya la necesidad de una estrecha supervisión parlamentaria de las negociaciones de los AAE y de su aplicación.

  Joanna Senyszyn (S&D), por escrito. – (PL) Como miembro de la Delegación de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, he respaldado el informe sobre el trabajo de la ACP en 2009. Tengo una buena opinión de los trabajos de la Asamblea este año, incluidas, especialmente, las resoluciones adoptadas relativas al impacto de la crisis mundial sobre las condiciones sociales y en materia de cambio climático.

La semana próxima, durante la vigésima sesión de la Asamblea, seguiremos abordando, entre otros temas, la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Como miembro de la Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente de la APP, opino que es fundamental que el año que viene se lleve a cabo un análisis exhaustivo y se entable un amplio debate sobre la situación medioambiental y social de los países ACP. Una revisión de las medidas ya existentes nos permitirá planificar más eficazmente los objetivos para los próximos años. De conformidad con la opinión del Comité Económico y Social Europeo, también estoy a favor de un mayor apoyo y un reconocimiento de la economía social africana.

La integración de la economía social africana en el programa de la UE puede traducirse en un refuerzo de la cooperación con organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo o el Banco Mundial, y puede originar del mismo modo un mayor respaldo de la opinión pública europea en lo tocante a reforzar la ayuda externa de la UE por medio de una mayor participación de los principales actores de la economía social europea. Considero que la APP debería, asimismo, estudiar más a fondo el papel de la economía social africana en la erradicación de la pobreza. Espero que la APP continúe participando activamente en la implementación de la estrategia UE-África.

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), por escrito. – (FR) He votado a favor del presente informe, que revisa el trabajo llevado a cabo con los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP). Con este texto, el Parlamento Europeo llama la atención sobre el hecho de que el éxito de la Asamblea Parlamentaria Paritaria es inseparable de un diálogo abierto, democrático y profundo entre la Unión Europea y los países ACP.

El informe también reitera el principio de la universalidad de los derechos humanos y recuerda al Consejo que el Parlamento Europeo ha realizado repetidos llamamientos para incluir una cláusula más severa en materia de no discriminación en la revisión del Acuerdo de Cotonú.

Yo recibo con especial satisfacción la votación de una enmienda que contemple un impuesto sobre transacciones financieras como posible respuesta a la crisis, aunque no me hago ninguna ilusión en cuanto las votaciones contradictorias del Parlamento Europeo sobre esta cuestión. Con esta enmienda, el Parlamento Europeo está pidiendo que se exploren fuentes adicionales e innovadoras de financiación para el desarrollo, tales como un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales, y «pide asimismo a la APP que aborde la cuestión de la erradicación de los paraísos fiscales».

Esperemos que el presente informe no pase inadvertido y que todas las Instituciones europeas puedan hacer alusión a él con el fin de forjar otras relaciones con países de la ACP.

Informe: Luigi Berlinguer (A7-0252/2010)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Apruebo el presente informe, destacando el artículo 67, que trata de los diversos ordenamientos y prácticas jurídicas, aspectos sobre los cuales un reconocimiento mutuo debería contribuir a mejorar el conocimiento de los diversos ordenamientos y prácticas jurídicas. Considero que se ha logrado un progreso enorme en lo que respecta justicia civil de la UE, y que este ambicioso plan para la adopción de un enfoque del Derecho civil más estratégico y menos fragmentado debería reflejar las necesidades reales de los ciudadanos y las empresas. También debe tener en cuenta las dificultades de legislar en un área de jurisdicción compartida, recurriendo a la armonización como opción de cara a las superposiciones.

Por consiguiente, se debe mantener la defensa de los distintos planteamientos legales y tradiciones constitucionales de los diversos Estados miembros mientras que, al mismo tiempo, se debe conceptualizar un planteamiento a nivel de la UE para resolver los problemas generales. Cabe mencionar la necesidad de asegurar la consolidación tanto de las medidas ya en marcha como del progreso obtenido, de modo que podamos avanzar de forma coherente hacia una aplicación correcta y funcional del Programa de Estocolmo.

  Roberta Angelilli (PPE), por escrito. – (IT) El Programa de Estocolmo establece políticas europeas ambiciosas en materia de justicia y seguridad a fin de construir la Europa de los ciudadanos.

Los objetivos incluyen una propuesta legislativa para una cooperación reforzada con respecto al Derecho aplicable al divorcio. En Europa, el 20 % de los divorcios afectan a parejas internacionales. Tales divorcios en ocasiones se ven dificultados por infinitos procedimientos burocráticos y una falta de respuestas claras por parte de los sistemas nacionales. En muchos casos, los hijos y el cónyuge más débil son los que más sufren a causa del estrés emocional y las tensiones derivadas de las acciones legales. Cuando sea posible, la mejor solución sería establecer un sistema de mediación, a saber, un acuerdo amistoso entre las partes. Sería oportuno hacer referencia, a tal fin, a los conceptos definidos en la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles y al código de conducta europeo para mediadores.

Asimismo, sería importante que todos los ciudadanos obtuvieran acceso a una información actualizada y de calidad, ahora disponible en una base de datos de la Comisión, sobre aspectos fundamentales del Derecho nacional y comunitario y procedimientos relacionados no solo con la separación y el divorcio, sino también con la mediación.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) El Programa de Estocolmo pretende crear un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia que garantice a los ciudadanos el disfrute de los derechos fundamentales, incluido el de la libertad de empresa, con vistas al desarrollo de la capacidad empresarial en los distintos sectores de la economía. Desde que la Unión obtuvo la competencia en materia de justicia y asuntos de interior y desde la subsiguiente creación del espacio de libertad, seguridad y justicia, se han logrado progresos enormes en el ámbito de la justicia civil y la armonización de las normas del Derecho internacional privado ha avanzado a ritmo acelerado. Esto es muy importante, dado que este ámbito del Derecho constituye el medio por excelencia de obtención del reconocimiento y el respeto mutuos del ordenamiento jurídico de otros sistemas legales. Considero que el plan de acción presentado por la Comisión es ambicioso pero, al mismo tiempo, es necesario evaluar adecuadamente su efectividad y coherencia con los objetivos ya establecidos, a fin de satisfacer las necesidades de ciudadanos, empresas y profesionales.

  Slavi Binev (NI), por escrito. – (BG) Apoyo la propuesta de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor de incluir el texto sobre el mercado único europeo en la resolución sobre el Derecho civil, mercantil, de familia e internacional privado. En mi opinión, el mercado único contribuye al espacio europeo en términos de libertad, seguridad y justicia, contribuye a consolidar el modelo europeo de economía social de mercado, y, al mismo tiempo, protege a los consumidores. Bulgaria, que se encuentra en los márgenes de la UE, a menudo se ve amenazada por la importación de mercancías falsificadas peligrosas o potencialmente peligrosas. Hace muy poco, se encontró carne de cordero de hace 20 años en el mercado búlgaro. Y ese es solamente uno de muchos casos. La creación de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia consolidará el mercado único, sobre todo en cuanto a la protección de los derechos del consumidor, y les insto, Señorías, a respaldar a la Comisión, teniendo esto presente y dotándonos de una legislación que garantice el funcionamiento adecuado del mercado único en interés de los consumidores.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor del presente informe porque el Parlamento Europeo pide a la Comisión que se asegure, tan eficaz y rápidamente como sea posible, de que el Programa de Estocolmo refleje las necesidades de los ciudadanos europeos, especialmente en lo referente a la libre circulación dentro de la Unión Europea, así como en lo referente a los derechos laborales, las necesidades de las empresas y la igualdad de oportunidades para todos. Quisiera destacar que el Derecho comunitario debe estar al servicio de los ciudadanos, sobre todo en los ámbitos del Derecho de familia y el Derecho civil y, por consiguiente, me alegro de que se hayan logrado tantos progresos en el ámbito de la justicia civil desde que la Unión obtuvo la competencia en materia de justicia y asuntos de interior y desde la subsiguiente creación del espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ)

Hay que destacar que el Programa de Estocolmo pretende crear un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia que garantice a los ciudadanos el disfrute de los derechos fundamentales, incluido el de la libertad de empresa, con vistas al desarrollo de la capacidad empresarial en los distintos sectores de la economía. Es hora de reflexionar sobre el futuro desarrollo del ELSJ y, por tanto, el Parlamento Europeo pide a la Comisión que abra un extenso debate en el que participen todas las partes interesadas, incluyendo, en especial, a jueces y demás profesionales.

  Zuzana Brzobohatá (S&D), por escrito. – (CS) El informe contiene toda una serie de recomendaciones en los ámbitos del Derecho civil, mercantil y de familia, así como el ámbito del Derecho internacional privado. Contempla principalmente medidas diseñadas para aumentar la capacidad de aplicación del Derecho en los litigios transfronterizos y, a tenor del Programa de Estocolmo, en los que impliquen un mayor nivel de cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados miembros. El plan de acción también propone una iniciativa legislativa con el fin de elaborar una disposición que mejore la eficacia de la ejecución de las resoluciones judiciales relativas a la transparencia de los activos del deudor, así como unas disposiciones similares sobre la congelación de cuentas bancarias. Considero que la normalización de la información sobre circunstancias personales en los documentos de los ciudadanos de los Estados miembros de la UE es un paso natural, puesto que eliminará obstáculos a la hora de viajar.

El informe pide igualmente a la Comisión, que ha creado un grupo de trabajo sobre el arbitraje, que realice consultas sobre cualquier propuesta legislativa antes de presentarlas, dado que las cuestiones en materia de arbitraje ejercen un impacto significativo sobre el comercio internacional. Las medidas propuestas en el informe contribuirán a mejorar la capacidad de aplicación del Derecho en la UE y por eso he votado a favor del informe.

  Carlo Casini (PPE), por escrito. – (IT) Me he abstenido en la votación final de la resolución Berlinguer porque la enmienda 2 ha sido rechazada. Resulta sumamente importante a fin de excluir posibles interpretaciones erróneas del punto 40, que declara que el Parlamento «apoya firmemente los planes para permitir el reconocimiento mutuo de los efectos de los actos del registro civil». La expresión podría sugerir, por ejemplo, que en toda la Unión Europea es una obligación reconocer una unión entre personas del mismo sexo que estén registradas en un Estado miembro donde se permita semejante unión.

En realidad, debemos distinguir entre los efectos de una acción legal completa (en caso del matrimonio) y los efectos de un documento oficial de registro. El último da pleno testimonio de lo documentado (por ejemplo, que se ha celebrado un matrimonio homosexual en Holanda) y este testimonio público es el efecto del certificado oficial que refleja el estado civil. Sin embargo, los efectos del documento oficial de registro son algo diferentes y no se permite su reconocimiento (por ejemplo, una pensión supérstite) en un Estado en el que no se reconozcan. Los temas relacionados con el Derecho de familia forman, en cualquier caso, parte de la identidad de los Estados individuales y no pueden ser tocados por el Derecho comunitario. La posibilidad de una interpretación diferente me ha llevado a optar por la abstención.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) Acojo favorablemente los enormes progresos logrados en el ámbito de la justicia civil desde que la Unión obtuvo la competencia en materia de justicia y asuntos de interior y desde la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia. Además, quisiera felicitar a la Comisión por este plan tan ambicioso, que responde a un número considerable de las exigencias que el Parlamento ha formulado recientemente. Resulta esencial adoptar un planteamiento más estratégico y menos fragmentado basado en las necesidades reales de los ciudadanos y de las empresas al ejercer sus derechos y libertades en el mercado único.

El Programa de Estocolmo debe reflejar estas necesidades con respecto a la movilidad, los derechos laborales, las necesidades de las empresas y la igualdad de oportunidades, entre otros, al mismo tiempo que fomenta la seguridad jurídica y el acceso a una justicia rápida y eficaz. No podemos ignorar las dificultades de legislar en un área de jurisdicción compartida donde la armonización raramente es una opción y ha de evitarse el solapamiento. Las diferencias entre los enfoques jurídicos y las tradiciones constitucionales de los distintos sistemas jurídicos pueden servir como fuente de inspiración para una cultura jurídica europea, pero no deberían suponer un obstáculo para el fortalecimiento del Derecho europeo.

  Lara Comi (PPE), por escrito. – (IT) A día de hoy, existen algunas diferencias entre el Derecho civil de los 27 Estados miembros y de aquellos a punto de incorporarse a la UE en un futuro próximo. El plan de acción presentado constituye un paso adelante; toma nota de las similitudes y pone de relieve las diferencias con el objeto de llamar la atención sobre la necesidad de reducirlas.

En particular, en lo que respecta a los temas abarcados por las comisiones de las que soy miembro, considero que la creación de normas comunes y la implementación de un sistema judicial integrado resultan esenciales para garantizar la supervivencia del mercado único. Aunque han de respetarse las tradiciones jurídicas y las características específicas de todos, los desafíos de hoy requieren, en efecto, un esfuerzo común orientado a armonizar el Derecho europeo.

Por consiguiente, acojo satisfactoriamente el informe, que invita a la Comisión Europea a luchar por la eliminación de las barreras jurídicas que obstaculizan el ejercicio de los derechos en los Estados miembros y a mitigar las consecuencias negativas que conllevan esas barreras para los ciudadanos implicados en asuntos jurídicos transfronterizos, ambos requisitos son esenciales para la creación de una «cultura judicial europea», que pueda garantizar por sí misma la creación de un espacio común de libertad, seguridad y justicia en Europa.

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), por escrito. – (SV) Explicación de voto: el 23 de noviembre de 2010, los Conservadores Suecos han votado a favor del informe (A7-0252/2010) sobre los aspectos de Derecho civil, mercantil, de familia e internacional privado del plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo. Sin embargo, quisiéramos subrayar que consideramos que se debería actuar con mucho cuidado en lo que respecta a la armonización de los diferentes métodos de formación para las profesiones relacionadas con el Derecho en los Estados miembros y destacar que dicha armonización no entra dentro del marco de trabajo del Programa de Estocolmo. Tampoco creemos que el conocimiento de dos idiomas deba ser un requisito para poder ejercer la abogacía. Finalmente, quisiera señalar que la autonomía de las partes resulta sumamente importante para la legislación en materia de contratos comerciales y así debería continuar.

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), por escrito. – (IT) El Programa de Estocolmo es el siguiente avance fundamental para el desarrollo del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia orientado a prestar una mayor atención a los individuos. Una mayor atención que contribuya no solo a una perspectiva más global sobre la ciudadanía, incluido el respeto por los derechos humanos y la dignidad humana, sino también una perspectiva sobre el derecho y sobre la justicia, que logran que esta sea accesible en toda la Unión, de modo que los individuos puedan ejercer sus derechos sin ninguna frontera interna. Una atención sobre los individuos que debe garantizarse a todos los niveles, incluyendo el fenómeno creciente de la inmigración y el asilo, aunque en estricto cumplimiento de las normas en materia de armonía civil, incluida la seguridad. El plan de acción de la Comisión es una aplicación coherente del Programa de Estocolmo. En el desarrollo de espacios europeos de libertad, seguridad y justicia, sin embargo, siempre se ha demostrado respeto por el principio de subsidiariedad, que fomenta el respeto por los individuos y por las tradiciones que constituyen una parte integral de su historia. Me parece que el informe que hemos votado sobre los aspectos de Derecho civil, mercantil, de familia e internacional privado del plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo va en esa dirección.

  Ioan Enciu (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor del presente informe porque opino que es de máxima importancia implementar adecuadamente las medidas previstas en el Programa de Estocolmo con respecto a mejorar el espacio de libertad, seguridad y justicia. Esto puede lograrse mejorando la cooperación judicial entre Estados miembros, fomentando una cultura judicial europea y resolviendo las diversas incompatibilidades entre los distintos modelos de Derecho procesal existentes a nivel de cada Estado miembro. El plan de acción de la Comisión por el que se aplica el Programa de Estocolmo debe tener en cuenta todos estos aspectos mencionados en el informe.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del presente informe porque defiende medidas específicas que fomentan la seguridad jurídica y el acceso a una justicia rápida y eficaz. En el ámbito del Programa de Estocolmo, es necesario velar por que el intercambio de mejores prácticas entre los ordenamientos jurídicos preste especial atención a las necesidades de los ciudadanos individuales y las empresas, facilitando la movilidad en el seno de la UE, los derechos laborales y la igualdad de oportunidades.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Las áreas del Derecho civil, mercantil, de familia e internacional privado constituyen algunas de las materias más sensibles del Derecho aplicable en cada uno de los Estados miembros de la UE. Opino, por lo tanto, que cualquier modificación debe realizarse con mucho cuidado, prestando la máxima consideración al principio de subsidiariedad. Los legisladores europeos siempre deben tener respecto por los distintos ordenamientos jurídicos, por el consenso creado en torno a ellos en cada una de las respectivas comunidades políticas, y por sus opciones legítimas; no pueden y no deben ignorar el hecho de que están tratando con personas y naciones que poseen ordenamientos jurídicos estables, consolidados y arraigados. Por consiguiente, recomiendo realizar unas modificaciones adecuadas y proporcionales a las verdaderas necesidades de las personas, así como llevar a cabo rigurosos controles de los planes y las iniciativas propuestas. Aunque yo vigilo cuidadosamente la adopción de las medidas en este sentido, me doy cuenta de que existen relaciones jurídicas que, debido a su naturaleza, son más propensas a convocar la aplicación de las leyes de más de un país. Admito que hasta ese punto, todo lo que se ha defendido es positivo y está orientado al intercambio de mejores prácticas y la realización de un verdadero espacio de libertad, seguridad y justicia.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El Programa de Estocolmo, aprobado por el Consejo en diciembre de 2009, establece prioridades para el desarrollo de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia durante los próximos 5 años. El Derecho de la Unión facilita la movilidad y garantiza el ejercicio público de la libre circulación, reforzando así la confianza en el espacio judicial europeo. El plan de acción de la Comisión por el que se aplica el Programa de Estocolmo prevé la utilización de las herramientas disponibles tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, a fin de facilitar la vida cotidiana y los negocios, conciliando las necesidades de los ciudadanos y el mercado interior con la diversidad de tradiciones jurídicas existentes entre los Estados miembros. Apoyo el presente informe, pero quisiera puntualizar que se deberían priorizar determinas áreas, tales como los aspectos civiles y el reconocimiento mutuo de documentos oficiales.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El presente informe de iniciativa propia aborda temas variados y complejos sobre la base de aspectos del Derecho civil, mercantil, de familia e internacional privado en el plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo. Como resultado de ello, también son variadas nuestras opiniones acerca de las sugerencias del ponente.

Algunas de ellas nos parecen positivas, concretamente cuando se refiere a la necesidad de alentar el debate relativo a los problemas relacionados con el Derecho marítimo, mercantil y de familia. Se trata sólo de que en Portugal existe todavía un tema sin resolver, el de la especialización de los magistrados para esas áreas. Naturalmente, dada la naturaleza de las cuestiones planteadas, los magistrados necesitan una formación específica para trabajar en tribunales de familia.

En los ámbitos del comercio existen varios problemas, sin embargo, y sería probablemente más importante garantizar la protección de las marcas recurriendo a la jurisdicción civil en lugar de a la penal. En este terreno, también en Portugal las demoras son muy grandes y hay que reconocer que muchos magistrados encuentran difícil decidir sobre cuestiones muy específicas.

  Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark y Anna Ibrisagic (PPE), por escrito. – (SV) Explicación de voto: el 23 de noviembre de 2010, los Conservadores Suecos han votado a favor del informe (A7-0252/2010) sobre los aspectos de Derecho civil, mercantil, de familia e internacional privado del plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo. Sin embargo, quisiéramos subrayar que consideramos que se debería actuar con mucho cuidado en lo que respecta a la armonización de los diferentes métodos de formación para las profesiones relacionadas con el Derecho en los Estados miembros y destacar que dicha armonización no entra dentro del marco de trabajo del Programa de Estocolmo. Tampoco creemos que el conocimiento de dos idiomas deba ser un requisito para poder ejercer la abogacía. Finalmente, quisiera señalar que la autonomía de las partes resulta sumamente importante para la legislación en materia de contratos comerciales y así debería continuar.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Hemos votado en contra del presente informe. Es intolerable crear un 28 º régimen, incluso de carácter opcional, en determinados ámbitos del Derecho civil, con el objeto de eludir los sistemas nacionales. Además, es el colmo de la hipocresía declarar que la diversidad de estos sistemas constituye un activo, cuando también se recomienda la «emulación reguladora» a fin de permitir su convergencia; es decir, en última instancia, su normalización. Es intolerable, sobre todo, que la libre circulación de personas y el acceso no discriminatorio a los beneficios de la seguridad social de los países de residencia se utilice como pretexto para exigir un reconocimiento mutuo de los actos del registro civil, porque el verdadero objetivo de esta propuesta no es facilitar la vida a las familias europeas que se han trasladado a otro país de la UE. El verdadero propósito es imponer el matrimonio de personas del mismo sexo y la adopción por parte de parejas homosexuales en aquellos Estados miembros cuyo propio Derecho no contemple estas posibilidades. El Derecho de familia es responsabilidad, estricta y exclusivamente, de los Estados miembros, y así debe continuar. Sin embargo, debemos poner fin a las decisiones unilaterales de la judicatura alemana con respecto a la custodia de los hijos en caso de divorcio de parejas de nacionalidad mixta, y el poder absoluto y excesivo de Jugendamt, denunciado en peticiones que nos han sido presentadas.

  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. – (FR) Me alegra la adopción del presente informe, que acoge positivamente el Programa de Estocolmo, y más concretamente, los elementos que contiene en relación con el Derecho civil, el Derecho mercantil, el Derecho de familia y el Derecho internacional privado. La Unión Europea está trabajando en la construcción de un «espacio judicial europeo», y ese espacio se basa en la idea de que las decisiones judiciales, como las personas, deben poder «circular» en el seno de la Unión, a fin de facilitar a los ciudadanos europeos el acceso a la justicia. Este «espacio judicial europeo», incluye el principio de reconocimiento mutuo de sentencias por parte de los Estados miembros, y esta cuestión del reconocimiento mutuo resulta crucial en ámbitos como el Derecho de familia, los contratos, las sucesiones y los testamentos, el régimen matrimonial, etc. Se trata de ámbitos cruciales para la vida de todos. Nuestro informe insiste, entre otras cosas, en la importancia de la formación judicial, la educación jurídica, la creación de redes entre magistrados y la introducción de programas de intercambio. Apoyo plenamente estos objetivos.

  Martin Kastler (PPE), por escrito. – (DE) He votado a favor de las enmiendas y en contra del informe Berlinguer, porque no estoy seguro de que proporcione un adecuado apoyo a la subsidiariedad. No creo que debamos ser capaces de eliminar detalles importantes solamente porque se trata de un gran paquete de directivas. Esta estrategia va a ser un fracaso. Para mí, el quid de la cuestión reside en el apartado 40 que, en la forma en la que ha sido adoptado hoy, junto a otros componentes del Programa Estocolmo, provocará conflictos de competencia jurisdiccional. Más concretamente, existen dudas con respecto a si deberíamos hacer uso del Derecho de familia para el reconocimiento mutuo de los actos del registro civil, es decir, certificados de matrimonio, y, por tanto, sobre si deberíamos tener en cuenta la autoridad en materia de toma de decisiones de los Estados miembros en relación con la definición de matrimonio, de conformidad con el procedimiento reflejado en el artículo 81, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Aunque esto no queda claro, existe un riesgo de conflicto entre los procedimientos sencillos del Derecho civil y los procedimientos complejos del Derecho familiar transfronterizo. Una frase sobre la enmienda 3 habría sido suficiente para resolver este conflicto. Lamentablemente, este es un detalle que hoy no ha sido respaldado por la mayoría en el Parlamento. Sigo siendo de la opinión de que el matrimonio y la vida familiar se hallan bajo el amparo específico del Estado. Se trata de una materia que compete exclusivamente a los Estados miembros. Por tanto, he votado en contra del presente informe de iniciativa propia.

  Alan Kelly (S&D), por escrito. – La presente Resolución pide a la Comisión y el Consejo que se asegure de que el Parlamento sea consultado en todo momento en lo que respecta a la organización y disposición de la formación judicial. Esta iniciativa favorecerá el concepto de una cultura judicial europea, de modo que toda la ciudadanía de la UE será tratada con justicia y dignidad.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe sobre el plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo porque considero crucial el progreso realizado en los ámbitos de la libertad, la seguridad y la justicia. Desde su creación, de hecho, se han producido enormes progresos en el ámbito de la justicia, incluyendo la justicia civil.

Considero que deben respetarse los distintos planteamientos jurídicos y tradiciones constitucionales de los Estados Miembros, pero también creo que la existencia de tales diferencias debería considerarse como un sólido punto en el que basarse a fin de lograr el objetivo de seguir desarrollando el Derecho europeo. En este sentido, la comunidad judicial europea debe implicarse, habida cuenta de que su contribución vendría a reforzar la idea de una auténtica cultura judicial europea, compartiendo el conocimiento y el estudio del Derecho comparativo.

Respaldo, pues, la propuesta de crear un espacio de diálogo donde puedan entablar debates y expandir sus conocimientos los magistrados especializados en ámbitos del Derecho en los cuales las cuestiones transfronterizas se planteen frecuentemente, como los asuntos relativos a casos de navegación, el comercio, la familia y los daños corporales. Por último, considero que, partiendo de estas condiciones previas, el Programa de Estocolmo debería centrarse en satisfacer plenamente la demanda de justicia europea de la que se hacen eco los ciudadanos y las empresas individuales durante el ejercicio de sus derechos y libertades.

  Marine Le Pen (NI), por escrito. – (FR) El Programa de Estocolmo (2010-2015), visto desde la perspectiva de la cooperación dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ), realmente sienta las bases de la supremacía europea en muchos ámbitos, con el objeto de suprimir los obstáculos a la «libre circulación» entre los Estados miembros de la UE. Ya se trate de derechos fundamentales, de derechos en materia de privacidad, derechos de minorías, «ciudadanía de la Unión Europea», o política de asilo e inmigración, esta confusa gama sirve, en efecto, como pretexto para alentar la ambición federalista de un superestado burocrático europeo. Yo mantengo que, tanto el Derecho como todos los hábitos y costumbres, constituyen parte fundamental del espíritu e identidad de un pueblo y una nación soberana. El hecho de respaldar la idea de una oscura armonización europea, especialmente en relación con el Derecho civil y de familia, equivaldría a negar los sacrificios realizados y el terreno que se ha ido ganando con el paso de los siglos. Habida cuenta de que, por el momento, aún disfrutamos de algunos de los más elevados estándares en materia de protección jurídica y social del mundo, Francia no se beneficiará de ninguno de los progresos realizados por ser víctima de la testarudez preeuropea, globalista y ultraliberal.

  David Martin (S&D), por escrito. – Valoro positivamente la adopción del presente informe sobre el Programa de Estocolmo, que subraya la necesidad de velar por el reconocimiento mutuo de certificados oficiales expedidos por las administraciones nacionales. Esto incluirá las uniones del mismo sexo, lo que supone que los cónyuges de las uniones del mismo sexo puedan actuar como familiar más cercano en caso de accidentes en el extranjero y, en caso de que fuera oportuno, disfrutar de los mismos derechos a beneficios fiscales en caso de residir o trabajar en otro Estado miembro.

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), por escrito. – (CS) Los objetivos del Programa de Estocolmo y su plan de aplicación son positivos. En mi opinión, una de las principales razones es el hecho de que el objetivo del programa reside en crear unos cimientos y unas condiciones conforme a las cuales los ciudadanos de la UE puedan ejercer y ejecutar plenamente sus derechos y libertades. La aplicación del Programa de Estocolmo tiene y seguirá teniendo dificultades. Por un lado, la necesidad objetiva de unificar la legislación (por ejemplo, en el ámbito del derecho a la libre circulación) y, por el otro, el peligro de cometer un abuso como consecuencia de las distintas interpretaciones de la normas jurídicas unificadas. La iniciativa del Programa de Estocolmo destinada a asegurar el reconocimiento mutuo de documentos oficiales por parte de los Estados miembros puede considerarse satisfactoria. Sin embargo, este mecanismo no debe entrar en conflicto directo con los reglamentos básicos de los Estados miembros, sobre todo en el ámbito del Derecho familiar. Habida cuenta del hecho de que el Derecho de familia refleja una tradición que se remonta a muchos años y refleja un consenso social conseguido con gran esfuerzo, resulta intolerable que se infrinja la soberanía en este terreno, aunque se trate de planes de unificación bienintencionados. Un mayor desarrollo debería tener como objetivo asegurarse de que el Derecho unificado no reduzca los estándares en materia de derechos (civil, social, etc.) existentes en los Estados miembros a diversos niveles. Asimismo es necesario garantizar que la unificación de reglamentos no favorezca la posibilidad de presentar demandas de propiedad y de violar la integridad del Estado, y debe definirse claramente quién y cómo se garantizará la aplicabilidad de la unificación de los reglamentos europeos.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Los ámbitos del Derecho civil, del Derecho mercantil, el Derecho de familia y el Derecho internacional privado constituyen algunos de los ámbitos más delicados del Derecho aplicable en los diferentes Estados miembros de la UE. Me he abstenido en la votación del presente informe porque considero vital que el principio de subsidiariedad esté siempre presente en estas materias, principalmente en las relacionadas con el Derecho de familia y en las que abordan temas como el reconocimiento mutuo del Derecho matrimonial y familiar.

  Alajos Mészáros (PPE), por escrito. – (HU) ¿Qué es lo que pretendemos mejorar del nivel de cooperación judicial europeo, tal y como lo conocemos? El documento adoptado arroja luz sobre las partes más importantes de los planes de la Comisión. Subraya las tareas que nos esperan para el próximo periodo desde la perspectiva de los ciudadanos. Como político y profesor, estoy de acuerdo en que es necesario mejorar las comunicaciones entre las instituciones de educación superior de modo que la nueva generación de juristas se encuentren ya en disposición de familiarizarse con la diversidad de la cultura judicial europea durante sus años en la universidad. Continuar perfeccionando el ámbito judicial redunda en beneficio de los Estados miembros. La energía invertida en la educación influirá en la eficacia del sistema judicial. Debemos esforzarnos por garantizar que en todas partes se disponga de los recursos necesarios para la formación. Aquellos profesionales que posean experiencia en el extranjero, acompañada de las capacidades lingüísticas adecuadas, pueden ser los principales colaboradores para la eliminación de obstáculos en la cooperación transfronteriza. Se puede mejorar la confianza en los sistemas de los Estados miembros aprendiendo sobre ellos. Hay que sensibilizar a los estudiantes para que participen en programas extranjeros de intercambio.

Es de vital importancia apoyar a los foros que pretenden mejorar el diálogo profesional. Hay que ofrecer a los representantes de los profesionales del derecho la oportunidad de expresar constantemente su opinión sobre un espacio basado en la libertad, la seguridad y la justicia. Son ellos los que se enfrentan a los problemas relevantes en la práctica. Es a ellos a quienes dirigimos nuestras preguntas sobre los frutos de las medidas adoptadas hasta ahora. Como representantes de los intereses de los ciudadanos, debemos esforzarnos por garantizar que la UE no evoque en las mentes de los ciudadanos la imagen de un laberinto legislativo. La legislación en materia de consumidores y empresas debería, en efecto, ser para ellos y sobre ellos.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) El apartado 40 del informe sobre los aspectos de Derecho civil, mercantil, de familia e internacional privado del plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo representa una seria intrusión en el Derecho nacional, al pedir que los matrimonios y parejas del mismo sexo que se establezcan en un Estado miembro concreto sean reconocidas en todos los demás. Se ha utilizado una hábil redacción para tratar de introducir inadvertidamente esta medida por la puerta de atrás. En la versión alemana de esta propuesta y, sospecho que en muchas otras versiones lingüísticas, el verdadero objetivo de este apartado no está en absoluto tan claro como debiera. Dado que me opongo al matrimonio gay por principios y me opongo especialmente a esta insidiosa forma de política, he votado en contra de este apartado y en contra del informe. El informe podría llegar a ser un incentivo para el turismo de pareja, del mismo modo que ya ha ocurrido con la adopción y la inseminación artificial.

El hecho de involucrarse en un país en el que tienen fuerza de ley los derechos y las ventajas del matrimonio, dará lugar a que las partes reivindiquen en su país de origen lo que sólo se aplica al matrimonio allí. La consecuencia final de la presente Resolución es que convertiría en absurda la existencia de distintos reglamentos en distintos países.

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. – (RO) El informe trata sobre un tema de máxima importancia, y es cómo satisface la UE las necesidades de sus ciudadanos y de sus empresas comerciales en el ámbito del Derecho, con especial referencia a los litigios civiles y comerciales a nivel transfronterizo. No obstante, lamento no haber encontrado en el contenido del informe ninguna referencia a las acciones necesarias para informar a ciudadanos y a administradores de empresas de las oportunidades que les brinda la legislación europea en lo que respecta a la consecución de sus intereses en el contexto de los procesos judiciales. No se conoce lo bastante de estas oportunidades y por eso no se aprovechan lo suficiente. Es importante centrarse en los magistrados y los abogados, pero no se asegura de que los ciudadanos dispongan de acceso total a esta información.

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), por escrito. – (PL) He votado a favor de adoptar el informe sobre los aspectos de Derecho civil, mercantil, de familia e internacional privado del plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo. Desde que la UE obtuvo competencias en materia de justicia y asuntos de interior y desde la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia, gracias al cual la UE y los Estados miembros son, en la actualidad, conjuntamente competentes, se han logrado progresos enormes en el ámbito del Derecho civil. La Comunicación de la Comisión Europea titulada Un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos [COM (2009)0262], proponía un plan ambicioso para el desarrollo de los ámbitos mencionado en el periodo 2010-2014.

No cabe duda de que un mayor progreso en este ámbito hará necesario un enfoque más estratégico, orientado principalmente a las necesidades de ciudadanos y empresas al ejercer sus derechos y libertades en el mercado único. En el ámbito de la protección de los consumidores, por ejemplo, son necesarias una armonización, aproximación y normalización progresivas. Huelga decir que los ordenamientos jurídicos radicalmente diferentes y las tradiciones deben respetarse y ser conciliadas cuando se vele por la funcionalidad de las medidas ya introducidas. Con todo, considero que su coexistencia, más que un estorbo, debería considerarse una baza y una inspiración a la hora de crear soluciones comunes para la legislación europea. A fin de hacer frente a estos desafíos, la Comisión debería llevar a cabo un debate abierto con diversos representantes del sistema judicial, incluyendo, en particular, a profesionales del derecho.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe Berlinguer en tanto en cuanto aborda aspectos de fundamental importancia a fin de permitir que se produzca un cambio hacia una Europa de los ciudadanos y para fomentar el desarrollo de una cultura judicial europea.

En concreto, el informe aborda de un modo equilibrado y exhaustivo cuestiones relacionadas con la formación de los jueces; la cooperación entre autoridades judiciales; el Derecho contractual europeo; los derechos fundamentales, incluida la libertad de empresa, para desarrollar el espíritu empresarial en todos los sectores económicos; y el reconocimiento mutuo de documentos oficiales expedidos por administraciones nacionales, incluidos los efectos de los actos del registro civil.

  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. – (EL) El objetivo del Programa de Estocolmo es salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia. Sin embargo, las diferencias entre los diversos ordenamientos jurídicos de los Estados miembros están creando barreras para el desarrollo de una legislación europea. Por este motivo he votado a favor de la Resolución del Parlamento Europeo, que propone la convergencia y la armonización del Derecho civil, mercantil, de familia e internacional privado y se centra en la cooperación entre los diversos ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la manera siguiente:

• fomentando una cultura judicial europea;

• educando y formando a jueces, fiscales y otros funcionarios de los tribunales, con la finalidad de desarrollar una comprensión mutua de los ordenamientos jurídicos de otros Estados miembros y de resolver litigios transfronterizos;

• creando un espacio de diálogo donde se podrían reunir regularmente los magistrados especializados en ámbitos del Derecho en los cuales las cuestiones transfronterizas se planteen frecuentemente y puedan estudiar ámbitos de controversia o dificultad jurídica con el fin de desarrollar un clima de confianza mutua;

• introduciendo un Derecho contractual europeo;

• introduciendo la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) El Programa de Estocolmo adoptado en diciembre de 2009 establece las prioridades para el desarrollo de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia en los próximos cinco años. En este contexto, es importante destacar los importantes resultados ya alcanzados y confiar en que las medidas recomendadas puedan contribuir a dar respuesta a las necesidades reales de los ciudadanos y las empresas, facilitando su movilidad y el ejercicio de sus derechos y libertades en el mercado único sin poner en peligro el principio de subsidiariedad ni el respecto por la diversidad de los planteamientos jurídicos y las tradiciones constitucionales de los distintos Estados miembros.

  Crescenzio Rivellini (PPE), por escrito. – (IT) Hoy he votado en el Pleno una propuesta de resolución sobre los aspectos del derecho positivo del plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo, es decir, prioridades de la Unión Europea para el desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia para el periodo 2010-2014, prestando una especial atención a los aspectos del Derecho civil, mercantil y de derecho privado internacional.

El dossier invita a la Comisión a mejorar la propuesta presentada en una tentativa por superar determinados problemas y situaciones conflictivas que tienen lugar, concretamente, en la práctica judicial a nivel internacional. Ayudar a los jueces nacionales con los aspectos técnicos de las medidas propuestas durante la fase elaboración legislativa y establecer un instrumento independiente para las demandas europeas que, entre otras cosas, contribuya a resolver, al menos parcialmente, los problemas planteados por las diferencias de opinión en el Derecho procesal nacional, constituyen ejemplos concretos del enfoque constructivo y meliorativo que podría tener una propuesta común y ampliamente debatida en la legislación europea.

En un ámbito tan importante para los ciudadanos como el Derecho civil, es necesario respetar y dar cabida a planteamientos jurídicos y tradiciones constitucionales radicalmente diferentes, y también es necesario hacer frente a las consecuencias jurídicas negativas para los ciudadanos resultantes de esta diferencia.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Este es un buen Reglamento que pide fundamentalmente emplear cualquier medio posible a fin de fomentar una cultura judicial europea, principalmente a través de la enseñanza y formación jurídicas.

  Marco Scurria (PPE), por escrito. – (IT) Confío en que las acciones identificadas en el plan de acción se lleven a cabo dentro del calendario programado, considerando que son importantes para mejorar las vidas de los ciudadanos europeos. En particular, Italia siempre ha apoyado la necesidad de desarrollar una confianza mutua entre los Estados miembros de la Unión y está a favor de seguir ampliando los reglamentos de la UE en el sector de la justicia y los asuntos de interior.

Desde esta perspectiva, apoyamos firmemente el enfoque de todo el plan de acción, que depende del principio del reconocimiento mutuo de decisiones, principio que ha de obtenerse mediante el refuerzo de la confianza mutua. Quisiera asimismo destacar la necesidad de recurrir a cualquier medio posible a fin de fomentar una cultura judicial europea, principalmente a través de la enseñanza y la formación jurídicas.

  Debora Serracchiani (S&D), por escrito. – (IT) Quisiera expresar mi satisfacción con la importancia atribuida a las cuestiones relacionadas con el Derecho civil, tales como la propuesta legislativa relativa a la cooperación reforzada en el sector de la legislación sobre divorcio, así como el reconocimiento y la creación de documentos públicos oficiales en materia de sucesión. Me complace sobre todo comprobar el énfasis realizado en la necesidad de introducir acciones y programas concretos a fin de promover una cultura judicial europea efectiva, partiendo de una oferta de medidas en materia de formación, de aplicación en el ámbito del programa Erasmus para magistrados y todos los profesionales del derecho.

Las acciones identificadas en el plan son muy importantes para mejorar las garantías de los ciudadanos europeos con respecto a la ley, pero es necesario adoptar un planteamiento más estratégico y menos fragmentario basado en las necesidades reales de los ciudadanos y las empresas en el ejercicio de sus derechos. Mientras, por un lado, debemos considerar las dificultades que entraña legislar, de forma armonizada, dentro del ámbito de la responsabilidad compartida, por otro lado, es necesario ampliar la legislación comunitaria en el sector de la justicia y los asuntos de interior. De este modo, los parámetros de la seguridad jurídica serán cada vez más claros y se verán respaldados, y nosotros prepararemos el terreno para una verdadera teoría y práctica jurídica común.

  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito. – (PL) Gracias al Programa de Estocolmo, los ciudadanos de los Estados miembros podrán hacer valer sus derechos en toda la Unión Europea en los ámbitos del Derecho civil, mercantil y laboral. El Programa ofrece ventajas y una mayor transparencia a los ciudadanos. Mejora, asimismo, la coherencia de nuestro sistema de reglamentos jurídicos comunitarios. Sin embargo, a fin de desarrollar sistemas más uniformes, es esencial que exista una mayor coordinación en lo que hacemos y que se intercambien experiencias entre los países de la Unión. Esto afecta, en gran medida, al sistema judicial, incluidas las cuestiones sumamente importantes de la inmigración y de la lucha contra el crimen organizado. Un materia muy importante, sobre todo con los actuales problemas económicos, será el desarrollo de mecanismos eficaces de acción en el ámbito de la consolidación del mercado único y la integración económica, con lo cual quiero decir, más principios liberales de intercambio comercial entre los países de la Unión Europea y la creación de legislación en materia de intercambio comercial entre terceros países. Desde el punto de vista de los integrantes de los procesos económicos, es necesario, sobre todo, especificar los derechos de protección de las empresas y de los consumidores y continuar supervisando de forma efectiva la aplicación y la ejecución de los reglamentos jurídicos en el ámbito del mercado interior.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) Desde que la Unión Europea obtuvo la competencia en materia de justicia y asuntos de interior, se han logrado progresos enormes en el ámbito de la justicia civil. El artículo 67 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece la importancia del respeto por los diferentes ordenamientos y tradiciones jurídicas en el seno de la UE y el informe del señor Berlinguer lo destaca como una de las bazas de la UE. La subsidiariedad constituye uno de los principios básicos del Derecho comunitario y se basa en la condición de que el miembro subordinado sea capaz de resolver y desempeñar sus responsabilidades de forma independiente. Los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior han venido siendo tradicionalmente responsabilidad de los Estados miembros. Cada Estado miembro posee sus propias características y tradiciones, que reflejan la diversidad cultural de Europa. No obstante, a fin de acompasarse a la realidad cambiante del mundo de hoy, es necesaria una responsabilidad conjunta con la Unión Europea.

En la actualidad, la norma son los tratados con implicaciones transfronterizas y lo más común en los matrimonios o las familias es que los cónyuges provengan de distintos Estados miembros. Sin embargo, estas uniones entrañan desafíos para la legislación nacional civil que tendremos que superar. Tal y como recomienda el ponente, es hora de desarrollar una cultura judicial europea junto con las culturas judiciales nacionales.

  Anna Záborská (PPE), por escrito. – (SK) Es una pena que el presente Parlamento haya decidido sencillamente retirar el debate sobre el Programa de Estocolmo de la agenda. Donde no hay oportunidad de debate, no existe posibilidad de formular preguntas. Del mismo modo, si no permitimos un intercambio crítico de puntos de vista sobre el proceso de integración, ello no haría sino reforzar las preocupaciones de muchos ciudadanos de los Estados miembros. Una de estas preocupaciones es el debate acerca de la creación de un estatuto del matrimonio en materia de Derecho civil. Muchas asociaciones familiares de todos los Estados miembros están señalando que el mecanismo del Programa de Estocolmo será aprovechado por parejas del mismo sexo. Esta cuestión puede resolverse, no solo en el seno del marco de procedimientos de Derecho civil y el Derecho internacional privado, sino también a través del complejo procedimiento de Derecho de familia conforme al artículo 81, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Si el Programa de Estocolmo se utiliza de forma inadecuada para este propósito, llegaría a cambiar indirectamente la legislación, y eso es lo que la Unión lleva mucho tiempo tratando de combatir. La Comisión y el Consejo deben, por tanto, explicar que ni los mecanismos socio-jurídicos ni el Protocolo de Estocolmo conducirán nunca a la creación de un estatuto del matrimonio para parejas del mismo sexo. Si deseamos construir una Europa sólida, no debe ser a costa de restringir las competencias de los Estados miembros o el bien común. El Grupo ECR ha presentado propuestas de enmienda que hacen hincapié sobre las competencias de los Estados miembros. A menos que se adopten estas propuestas, votaré en contra del informe presentado.