Acta literal de los debates

Miércoles 24 de noviembre de 2010 - Estrasburgo

9. Explicaciones de voto

Explicaciones de voto orales

Informe: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

  Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Señor Presidente, para proteger la salud pública de manera eficaz, es esencial garantizar un amplio acceso de los pacientes a información de alta calidad sobre los medicamentos. La armonización de la legislación en este ámbito nos permitirá garantizar un alto nivel de sensibilización entre los pacientes europeos y contribuirá a reducir las diferencias en la situación de la sanidad pública de todos los Estados miembros. Además, un mayor detalle en la legislación, y especialmente la obligación de garantizar el acceso de los pacientes a la información, nos permitirán impedir que las empresas farmacéuticas promuevan de manera desleal sus propios productos. Actualmente este proceso no está supervisado de manera apropiada. También es necesario introducir legislación específica relativa a los agentes farmacéuticos y garantizar su aplicación efectiva en todos los Estados miembros. He votado a favor del informe.

  Jens Rohde (ALDE). – (DA) Señor Presidente, en primer lugar quiero felicitar al señor Fjellner por un resultado espléndido. Los Liberales daneses han decidido votar a favor de la directiva relativa a la información sobre medicamentos sujetos a receta médica. Es importante que los ciudadanos de la UE tengan acceso a una buena información sobre dichos medicamentos, por lo que pensamos que se trata de un informe satisfactorio que da prioridad a los pacientes.

Dicho esto, nos hemos sentido obligados a abstenernos de votar el reglamento propiamente dicho. No es que no estemos a favor de que los ciudadanos de la UE tengan acceso a una buena información sobre estos medicamentos sujetos a receta médica, sino que hay partes de la propuesta que van en contra de varias constituciones nacionales. Incluso antes de que se presentara el paquete sobre medicamentos, varios países ya habían comunicado a la Comisión la existencia de un problema legal en relación con sus constituciones nacionales. El control anticipado por parte de las autoridades de la información que se distribuye al público en general va en contra de la definición de libertad de expresión en varios países. En consecuencia, no podemos votar a favor de que la Agencia Europea de Medicamentos controle determinados tipos de información antes de su distribución al público en general. No obstante, esperamos que el Consejo y la Comisión encuentren un modo de resolver este problema antes de la segunda lectura, y por ello esperamos poder votar a favor del reglamento propiamente dicho.

  Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, la propuesta legislativa que se ha votado hoy, que ha contado con mi apoyo, describe la importancia de las industrias farmacéuticas en su delicado papel como fuentes de información no publicitaria sobre sus productos.

Informar mejor a los pacientes debe infundir un sentido de la responsabilidad en la industria farmacéutica, que debe llevar a cabo su tarea de manera transparente y con rigor mientras contribuye a evitar el consumo excesivo de medicamentos ocasionado por motivos comerciales. De hecho, esta votación subraya la importancia de que la información sobre los medicamentos también debe estar disponible en Internet o en formato impreso, de conformidad con normas específicas que comparten todos los Estados miembros.

Sin embargo, ello no exime a los profesionales de la sanidad de su función primordial como fuente principal e irremplazable de información para los ciudadanos en materia de salud y tratamientos. La relación entre médico y paciente, que se asemeja a la de una agencia, sigue siendo especial e insustituible, y la comunicación oral se considera la base de cualquier tratamiento médico. Es más, permite que los pacientes estén mejor informados sobre los medicamentos que toman, y los involucra en los tratamientos que deben seguir, con lo que participan de forma activa en su propia recuperación.

  Paolo Bartolozzi (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, los informes del señor Fjellner tienen por objeto integrar y complementar los reglamentos de la Unión Europea existentes en la materia, actualizándolos y poniéndolos a punto para abordar los desafíos planteados por la evolución de la tecnología en el ámbito de la salud pública.

En nuestra opinión, los informes se centran en el paciente y en su derecho a estar informado y a tener acceso a la información científica, que ha mejorado en términos cuantitativos y cualitativos y debe someterse a un proceso de control, empezando por una distinción más precisa entre información científica y publicidad.

De hecho, los informes emplean criterios precisos y normalizados para establecer el tipo de información que debe proporcionarse, el carácter opcional de los datos y los canales a través de los que puede accederse a la información, estableciendo así las obligaciones de las empresas farmacéuticas y de los Estados miembros.

Sobre la base de esta idea, expresamos nuestro apoyo al informe y reconocemos sus méritos, no solo en términos sanitarios, sino también sociales.

  Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Señor Presidente, sin duda he votado a favor del informe del señor Fjellner, que además de tratar la información a los pacientes sobre los prospectos y el embalaje individual de las medicinas, se centra principalmente en el comportamiento de las empresas farmacéuticas. Hasta hace poco, muchas de ellas combinaban la información sobre el medicamento con su propia publicidad. En mi opinión, de ese modo ejercían una influencia subjetiva sobre los pacientes para que se fijasen en un producto concreto.

Estoy a favor de que los pacientes tengan la mejor información y la más actualizada, que se autorice al mismo tiempo que se autoriza un nuevo medicamento, por ejemplo, y creo que hemos contribuido en gran medida a este fin. Sin duda, la información de alta calidad también debe proporcionarse en la lengua materna del paciente en Internet, que es el medio de comunicación que se utiliza hoy en día. Me complace que, con la adopción de este informe, hayamos reducido las diferencias entre los países de la UE menos desarrollados en este ámbito, y me complace que la relación médico-paciente no se haya visto socavada en ningún aspecto. Esa es la principal fuente de información.

  Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias al señor Fjellner por un informe excelente. Es necesario decir que la modificación y la actualización de la legislación existente son aspectos muy importantes. Si hablamos concretamente sobre medicamentos y datos de investigaciones relativas a la composición de los fármacos, también resulta muy importante para la seguridad del paciente.

Ahora que la publicidad posee un papel todavía mayor, es esencial que determinemos los criterios que permiten que consumidores y pacientes conozcan con todo detalle los efectos constatados de los medicamentos. Esta información debe basarse en datos procedentes de investigaciones, y no en fantasías o en medios publicitarios. Este tipo de legislación, que está actualizada y es positiva para la seguridad del paciente, se necesita de manera más generalizada en la Unión Europea.

  Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, la cuestión de la información sobre los medicamentos que sólo pueden dispensarse con receta es una cuestión delicada, ya que repercute considerablemente sobre la protección del derecho a la salud y al bienestar de todos los ciudadanos.

La Comisión Europea nos ha enviado una propuesta sobre la revisión de la Directiva que corría el peligro de abrir una laguna en la legislación, lo que habría permitido que las empresas farmacéuticas explotasen una distinción poco clara entre las definiciones de información y publicidad para fomentar aquellos de sus medicamentos que sólo pueden dispensarse con receta, en perjuicio de los ciudadanos.

Sin duda, todavía queda mucho por hacer para lograr una estrategia apropiada para la información relativa a los medicamentos, pero afortunadamente esta vez el Parlamento Europeo ha reaccionado como debería hacerlo siempre. El Parlamento ha adoptado una postura que protege a los ciudadanos y defiende el derecho de los pacientes a estar mejor informados, y no ha cedido a la presión de las empresas farmacéuticas.

  Daniel Hannan (ECR). – Señor Presidente, la restricción, y en algunos casos las recetas de medicinas alternativas, plantas medicinales, dosis más elevadas de vitaminas y complementos minerales ha sido uno de los mayores escándalos de la normativa europea.

No tengo la menor idea de la efectividad de estos remedios. Mi esposa los idolatra, y yo soy algo más escéptico al respecto, pero como sabiamente dijo el Rey Salomón: «mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de ternero cebado donde hay odio». Sería difícil encontrar un caso al que este proverbio se pudiera aplicar mejor.

Pero independientemente de su utilidad o de su contribución, sin duda no son perjudiciales para la salud. Entonces, ¿por qué penalizó la Unión Europea una actividad inofensiva que llevan a cabo unos 20 millones de europeos? La respuesta es la presión de algunas de las empresas farmacéuticas más grandes, que vieron la oportunidad de deshacerse de los pequeños herbolarios, algo que ya ha pasado en toda mi circunscripción. Estas normas nunca se habrían originado en los parlamentos nacionales. Una vez más, vemos cómo la maquinaria de Bruselas se ha convertido en un chanchullo abierto a las grandes empresas.

  Philip Claeys (NI). – (NL) Señor Presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para oponerme a su decisión de denegar el acceso a la Cámara al señor Bloom. Es cierto que el señor Bloom ha utilizado un lenguaje antiparlamentario. Esta vez ha sido el propio señor Schulz el receptor de este tipo de término. Él mismo utiliza la palabra «fascista» con bastante frecuencia…

(El Presidente interrumpe al orador)

  Presidente. – Señor Claeys, esa no es una cuestión de principio sobre el informe Fjellner y no voy a permitir que prosiga. Le he dicho al señor Gollnisch que puede plantear su cuestión de principio la próxima vez que el Presidente ocupe la Presidencia, y así será.

Informe: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

  Anna Rosbach (EFD). – (DA) Señor Presidente, yo quiero hablar sobre el informe del señor Fjellner (A7-0289/2010) por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos, que incluye una serie de iniciativas positivas e importantes. Por ese motivo he votado a favor del mismo. La verdad es que me ha costado bastante, porque en principio me opongo a la creación de más agencias de la UE. No obstante, una agencia general para la evaluación de medicamentos y para proporcionar información al público en general sobre los medicamentos sujetos a receta médica para humanos y animales me parece razonable, especialmente si tenemos en cuenta que hoy en día, los medicamentos se producen cada vez más dentro y fuera de las fronteras de la UE.

  Daniel Hannan (ECR). – Señor Presidente, el año pasado, cuando algunos llevábamos pancartas que pedían «referendos», el señor Watson dijo que nuestro comportamiento le recordaba a los nacional-socialistas del Reichstag alemán. El propio señor Schulz dijo que nuestro comportamiento le recordaba a Adolf Hitler. Veo que está en una difícil…

(El Presidente interrumpe al orador)

  Presidente. – Señor Hannan, ya veo a dónde quiere llegar con esto. Ya he dicho que sobre estas cuestiones el señor Gollnisch ha pedido una cuestión de principio. Y presentará su cuestión de principio cuando el Presidente esté presente. Creo que es el modo apropiado de abordar esta situación. Si no tiene nada que decir sobre el informe Fjellner, pasaré al señor Březina.

He oído lo que ha dicho. Ha dicho que el señor Gollnisch no habla en su nombre. Informaré de ello a la Cámara. El señor Gollnisch es un diputado no inscrito. Los diputados no inscritos no forman un grupo, pero el señor Gollnisch habla en nombre de una parte significativa del mismo. Yo lo acepto así, y por ese motivo he sugerido que el señor Gollnisch plantee su cuestión de principio cuando el Presidente esté presente.

No tengo previsto permitirle intervenir, señor Hannan, porque si lo hago, todos querrán dar su opinión en esta delicada e importante cuestión, así que lo siento. Ahora pasaremos a las explicaciones de voto sobre el informe Evans.

Informe: Jill Evans (A7-0196/2010)

  Jan Březina (PPE). – (CS) Señor Presidente, sin duda esta Directiva representa un paso adelante en el camino hacia la prevención de la generación de residuos y la limitación del uso de materiales peligrosos. No obstante, en cierto modo, me parece discutible incluir el PVC entre los materiales seleccionados para realizar una revisión prioritaria en el ámbito de aplicación de la Directiva. La legislación de la UE no incluye ni el PVC (policloruro de vinilo) ni los residuos derivados del mismo entre las sustancias peligrosas. Incluso si consideramos la objeción de que la legislación relativa a los materiales peligrosos y los estudios datan de hace ya 10 años, por lo que podrían haber quedado obsoletos en algunos aspectos, las anteriores investigaciones dejan claro que el PVC puede reciclarse, y que si se sustituye por materiales alternativos, ello podría repercutir negativamente sobre el medio ambiente. Por tanto, es imposible coincidir con el argumento que se escucha con frecuencia de que desalentar el uso del PVC en equipos eléctricos y electrónicos está justificado por las emisiones de dioxinas que se liberan cuando se quema al aire libre. Este argumento ignora por completo que la combustión de cualquier tipo de residuo no es algo deseable.

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Señor Presidente, tarde o temprano, los aparatos electrónicos se convierten en residuos que, lamentablemente, siguen conteniendo determinadas sustancias peligrosas. En ocasiones, los Estados miembros tienen problemas para gestionar estos residuos de aparatos electrónicos, por lo que es esencial avanzar paulatinamente hasta el denominado principio de que «es mejor prevenir que curar». Al unificar las sustancias químicas a través del Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) con la Directiva sobre la restricción de las sustancias peligrosas (RoHS), al menos nos acercamos a la unificación de otras sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos. Sin duda, ello no armoniza por completo todos los sistemas, y deja cierto margen de interpretación a los Estados miembros, pero al menos esta armonización reduce las diferencias significativas que existen actualmente entre los Estados miembros. Las restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos electrónicos y las medidas adoptadas en la actualidad no deben superar dos límites. En primer lugar, no deben generar dificultades desmesuradas para las pequeñas empresas. En segundo lugar, la lista de sustancias prohibidas no debe frenar la evolución tecnológica. No debemos tener prejuicios sobre las sustancias que están siendo sometidas a ensayos hoy en día y que en el futuro pueden suponer una revolución en el mundo de la tecnología y la electrónica.

  Sonia Alfano (ALDE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del informe de la señora Evans sobre la refundición de la Directiva porque lamento enormemente el hecho de que, en el texto de transacción, que se aprobó gracias a la fuerte presión de los grupos industriales de presión, hayan desaparecido todas las referencias al PVC y a los retardadores de llama halogenados, incluso a pesar de que todos los estudios realizados por la Comisión han demostrado que, ya desde el año 2000, la eliminación de estas sustancias plantea graves riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

Transferir los costes de la industria al medio ambiente y a los ciudadanos es un enfoque que no podemos apoyar en absoluto, ya que, además de distorsionar el mercado libre, representa una contraposición inadmisible entre la calidad de vida de las personas y los beneficios de las empresas.

Espero que la próxima vez que se actualice la Directiva, dentro de tres años, el derecho de los ciudadanos a la salud y a la protección medioambiental ocupe el primer lugar.

  Daniel Hannan (ECR). – Señor Presidente, quizás me permita realizar la observación general de que en una sociedad abierta, el derecho a la libertad de expresión triunfa sobre el derecho a no ser ofendido, y en una democracia, las únicas personas que deberían determinar si nos sentamos a legislar en una cámara son nuestros electores.

La retirada de un diputado puede afectar materialmente al resultado.

Ahora bien, si no vamos a mostrar interés en nuestra aplicación de las normas, deberíamos censurar las alusiones repugnantes procedentes de cualquier sector, pero creo que hay algo arbitrario e injusto en permitir que los euroescépticos sean llamados nazis…

(El Presidente interrumpe al orador)

  Presidente. – No, señor Hannan, se ha desviado de lo general a lo particular. Señor Kamall, o habla del informe Evans o le interrumpiré.

  Syed Kamall (ECR). – Señor Presidente, no me cabe duda de que intentará interrumpirme, como es habitual cuando se trata de la libertad de expresión, pero en realidad quiero hablar de la toxicidad y de las sustancias peligrosas. Creo que todos coincidimos, y como anterior ingeniero electrónico, conozco el nivel de sustancias peligrosas y tóxicas que hay en este aparato. Que estemos intentando abordar esta cuestión es algo totalmente legítimo, pero también quiero hablar sobre la toxicidad que hoy ha impregnado el debate y la democracia en el Parlamento Europeo. Sin duda, cuando un ciudadano alemán, un socialista habla…

(El Presidente interrumpe al orador)

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Señor Presidente, me ha complacido votar por la versión de compromiso de la Directiva sobre las sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos. Todos estamos comprometidos con la protección de la naturaleza y de la salud pública, pero también es necesario mantener cierto equilibrio. Hoy en día, en medio de una crisis económica, no es buena idea aumentar la carga financiera de las pequeñas empresas y los consumidores con disposiciones demasiado estrictas. Por ello aprecio el hecho de que el grupo interinstitucional haya encargado a la Comisión revisar la lista original de sustancias peligrosas en lugar de prohibirlas inmediatamente, lo que repercutiría de manera negativa en las PYME y en la situación económico-social de la UE.

Propuesta de resolución B7-0617/2010 (Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación)

  Clemente Mastella (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor de esta propuesta de resolución porque representa el resultado de unas negociaciones extremadamente complejas entre la Comisión Europea y varios terceros países, incluida Canadá, Japón, los Estados Unidos, Australia y México.

La lucha contra la falsificación debe ser una de nuestras prioridades y uno de los objetivos de todas las políticas nacionales e internacionales. Por consiguiente, la cooperación entre Estados miembros es esencial para lograr resultados eficaces.

El acuerdo alcanzado no podrá resolver la compleja situación de los mercados internacionales, pero constituye un paso en la dirección adecuada. Ahora nuestra tarea es seguir trabajando para lograr la protección civil y aduanera de nuestras indicaciones geográficas, que se ven perjudicadas por la competencia —que es, como mínimo, desleal— debido al uso constante de nombres y acrónimos que hacen referencia a las marcas europeas más conocidas. Los perjuicios más evidentes los experimentarán nuestras industrias y productores de los sectores agroalimentario, del diseño, la moda y los productos de lujo.

Creo que la Comisión se ha esforzado por mantener plenamente informado al Parlamento Europeo durante todas las etapas de las negociaciones sobre los acuerdos internacionales. Quiero reiterar en este foro nuestra petición de que el público y el Parlamento Europeo puedan tener acceso a los textos. En conclusión, insto a la Comisión Europea a que siga manteniendo al Parlamento plena y puntualmente informado con respecto a todas las iniciativas futuras que pretende adoptar en torno a esta cuestión.

  Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Señor Presidente, en el ámbito de la protección de los derechos de propiedad intelectual, creo que debe prestarse especial atención a garantizar el derecho a la salud, que está muy vinculado al derecho a la vida.

Me resulta totalmente inadmisible una situación en la que, con el pretexto de una protección sólida de los derechos de propiedad intelectual —que en ocasiones parece casi exagerada— se deniegue el acceso a medicamentos básicos a sectores enteros de la población, especialmente en los países en desarrollo. Por ello insto a la Comisión a que promueva los principios fundamentales de la protección de la salud pública y el acceso a los medicamentos a la hora de negociar los detalles técnicos del acuerdo comercial de lucha contra la falsificación.

  Peter Jahr (PPE). – (DE) Señor Presidente, la lucha contra la falsificación es una cuestión importantísima. Hace veinte años todavía nos reíamos si alguien compraba un Rolex por 10 dólares. El mercado en esta franja de precios no se veía amenazado por este hecho. Hoy la situación es totalmente distinta. Actualmente también se falsifican productos económicos y de precios medios. Se falsifican camisetas, juguetes y prendas protectoras, así como artículos sujetos a propiedad intelectual. En este caso, no entran en juego únicamente los intereses financieros, sino también la seguridad en el trabajo, la protección medioambiental, la protección de la salud y las normas sociales. Cualquiera que quiera un mundo justo debe luchar duramente contra la falsificación.

  Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Señor Presidente, la situación en la que la competencia desleal está inundando el mercado europeo de artículos falsificados procedentes de todo el mundo es injusta, y obviamente, inadmisible. También quiero llamar la atención sobre el texto relativo a la imposición de la obligación de controlar a los proveedores de servicios de Internet, por ser demasiado vago. Esta obligación va en contra del derecho a la privacidad y parece más bien un intento de censura. También va en contra del comercio electrónico, que es una parte de la economía que, por un lado, queremos desarrollar de manera bastante dinámica mediante el uso de métodos cada vez más innovadores, y a la que, por otro, seguimos imponiendo restricciones. Las decisiones que hoy se han adoptado con respecto a esta cuestión mejoran ligeramente la situación.

  Zuzana Roithová (PPE). – (CS) Señor Presidente, he apoyado la resolución conjunta sobre el ACTA, aunque he votado de manera distinta a mi Grupo político, porque yo también creo que debemos animar a la Comisión a que lleve a cabo estudios que eliminen los interrogantes en torno a la repercusión de este acuerdo sobre los ciudadanos europeos y enfrentarnos a la laguna informativa del pasado ocasionada por la reticencia a proporcionar los textos negociados. A este respecto se incluye principalmente la opinión del Supervisor Europeo de Protección de Datos, los estudios de impacto sobre la legislación europea en vigor y las garantías de que las exenciones a los proveedores de conexiones a Internet no se verán afectadas. No obstante, me parece bastante indignante que el acuerdo mantenga la opción de examinar los ordenadores y otros artículos personales de cada uno de los viajeros en las fronteras.

También me ha complacido apoyar la resolución del PPE, que ofrecía una versión equilibrada y de gran calidad, obviamente sin la considerable presión de la Comisión antes de las importantes negociaciones sobre el formato final del acuerdo.

  Syed Kamall (ECR). – Señor Presidente, me imagino que tendrá el dedo preparado sobre el botón. Mucha gente me pregunta lo que significa ACTA, y yo fui uno de los ponentes alternativos del Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación.

Sé que después de hoy habrá gente que se cuestione nuestro nivel de transparencia, democracia y libertad de expresión, pero quiero centrarme sobre las cinco razones que nos han llevado al desacuerdo sobre la resolución. Estoy muy agradecido de haber logrado una resolución conjunta PPE/ECR. En primer lugar, no va más allá del acervo comunitario. En segundo lugar, la Comisión se ha mostrado transparente. En tercer lugar, este punto no se negocia a escala de la OMC, porque China y la India se oponían al acuerdo en primer lugar. En cuarto lugar, no afecta a los medicamentos genéricos en tránsito en la UE, y por último, los países en desarrollo pueden adherirse libremente al ACTA si así lo desean. Simplemente han decidido no hacerlo. Se trata de un mecanismo abierto al que los países pueden adherirse si así lo desean. Es una lástima que no mantengamos los mismos principios de libertad de expresión en esta Cámara.

Explicaciones de voto por escrito

Informe: László Surján (A7-0327/2010)

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) Después de las inundaciones ocurridas en 2002, que provocaron grandes daños humanos y materiales en Alemania, Austria, la República Checa y Francia, el Consejo de la Unión Europea creó un instrumento para canalizar fondos rápidamente y ayudar a las regiones afectadas por las catástrofes naturales. Hoy es Irlanda, que también se vio afectada por las inundaciones, quien se beneficiará de estos fondos. He votado a favor de esta enmienda del presupuesto de la UE, ya que permite que esta ayuda llegue a nuestros amigos irlandeses. Este voto simboliza la solidaridad europea ante las catástrofes naturales. Hoy esta solidaridad se demuestra en Irlanda y mañana será en Francia. De hecho, pronto nuestro país recibirá ayuda financiera considerable para hacer frente a las consecuencias de la tormenta Xynthia que se produjo en febrero de 2010.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Las inundaciones que se produjeron en noviembre de 2009 afectaron gravemente a Irlanda y provocaron daños importantes que se cifran en más de 520 millones de euros. El presupuesto rectificativo dispone la movilización del Fondo de Solidaridad para cubrir las pérdidas sufridas hasta un total de 13 022 500 de euros en compromisos y pagos. Como ya tuve la oportunidad de expresar ayer, considero que la movilización del fondo está totalmente justificada, ya que ayuda a los que más han sufrido debido a esta catástrofe natural, y por ello la rectificación se ajusta al presupuesto de la UE.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El 24 de septiembre de 2010, la Comisión Europea presentó una propuesta sobre una decisión del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad basada en las disposiciones del punto 26 del Acuerdo Interinstitucional (AI) de 17 de mayo de 2006. Esta fue la primera propuesta de movilización del Fondo de Solidaridad durante el ejercicio 2010. El AI permite la movilización de un límite máximo anual de 1 000 millones de euros del Fondo de Solidaridad. Es importante señalar que el objetivo del Fondo no es ofrecer compensación para pérdidas privadas, sino reparar infraestructuras, y que el Fondo es un instrumento de refinanciación.

Las autoridades irlandesas estiman que las pérdidas totales ocasionadas directamente por la catástrofe ascienden a 520,9 millones de euros. La Comisión propone movilizar 13 022 500 de euros del límite máximo de 1 000 millones de euros en compromisos y pagos para paliar los efectos de la inundación en Irlanda. Dado que los requisitos legales se han cumplido, estoy de acuerdo con este presupuesto rectificativo.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Hemos votado a favor de la movilización del Fondo de Solidaridad de la UE para ayudar a Irlanda tras las inundaciones sufridas por este país el pasado mes de noviembre. Sin embargo, una vez más, queremos criticar los retrasos en la movilización del fondo. Transcurren muchos —y largos— meses entre el momento en el que se produce la catástrofe y la fecha en la que el Estado miembro recibe la ayuda: en este caso ha sido más de un año. Este fondo, y posiblemente otros, en función de las circunstancias de cada caso, deben movilizarse con mayor rapidez para agilizar una respuesta eficaz y rápida frente a las situaciones de emergencia. Debe haber una dimensión cohesiva con respecto a la capacidad para hacer frente a las consecuencias de las catástrofes, con vistas a reducir las diferencias entre las distintas regiones de la UE y los Estados miembros. Una vez más, queremos subrayar que también es importante reforzar la prevención de catástrofes poniendo en práctica las recomendaciones aprobadas recientemente por el Parlamento Europeo.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de la aprobación del proyecto de presupuesto rectificativo nº 8/2010 porque es esencial si queremos asignar 13 022 500 de euros para la movilización del Fondo de Solidaridad a favor de Irlanda, en relación con las tormentas torrenciales que provocaron una grave inundación en noviembre de 2009.

Creo que el Fondo de Solidaridad constituye un valioso instrumento que permite que la UE muestre solidaridad con las poblaciones de las regiones afectadas por las catástrofes naturales, proporcionando ayuda financiera para contribuir a garantizar una vuelta rápida a unas condiciones de vida lo más normales posibles. El presupuesto anual general de que dispone el Fondo de Solidaridad es de 1 000 millones de euros. En 2010 todavía no se han realizado asignaciones para solicitudes anteriores, por lo que se sigue disponiendo de la cantidad total de 1 000 millones de euros.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor de esta propuesta para transferir 13 022 500 euros del FSE a una línea presupuestaria que apoye a Irlanda tras las graves inundaciones que sufrió en noviembre de 2009.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Este proyecto de presupuesto rectificativo tiene todo el sentido, habida cuenta del uso que se dará a los fondos movilizados a través del Fondo de Solidaridad. Las inundaciones que tuvieron lugar en Irlanda durante el mes de noviembre de 2009 provocaron graves daños, especialmente al sector agrícola, a las viviendas y a las empresas, a la red de carreteras y a otras infraestructuras. No obstante, quiero señalar el retraso constatado en la movilización de este tipo de ayuda. El proceso debe ser menos burocrático y más rápido a fin de responder a futuras catástrofes de manera puntual.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (LV) He votado a favor, puesto que considero que todas las naciones de la UE deben sentirse parte del sistema de una Unión Europea unida. No obstante, sería deseable que la próxima vez el ponente no solo hiciera pública la asignación de los recursos, sino que dejara totalmente claro los proyectos y medidas concretos a los que se dedicarán unos recursos financieros tan ingentes (13 022 500 euros). De otro modo, será inevitable que se produzca una mala gestión de los recursos y otros delitos. La cantidad debe estar justificada y adaptada a las circunstancias.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Hay 1 000 millones de euros disponibles anualmente en el Fondo Europeo de Solidaridad. En el año actual, todavía no se han solicitado movilizaciones de este Fondo. Las normas que se aplican a la movilización de este Fondo, que bajo ninguna circunstancia está destinado a ofrecer compensaciones por pérdidas privadas, sino a restaurar infraestructuras, están establecidas de manera precisa. Ahora Irlanda ha solicitado ayuda que se empleará para reparar los daños provocados por las inundaciones. Voy a votar a favor del informe, ya que este año todavía no se ha movilizado el Fondo, y el presupuesto debe utilizarse de manera beneficiosa. Es más, Irlanda cumple todos los criterios.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de este informe. Como ya expresé ayer durante la votación a favor del informe del señor Böge, creo que es el deber de la Unión Europea ofrecer ayuda y apoyo a determinadas regiones afectadas por catástrofes y desastres naturales. Creo que el concepto de solidaridad está unido a la idea y a los valores en que se basa la Unión Europea. Se trata de uno de los valores básicos sobre los que se formó la Unión y que garantizó que prosperase y se ampliarse con el paso del tiempo. Por ese motivo, esta asignación no solo está justificada y bien fundamentada, sino que constituye prácticamente un deber. Por ello espero que esta asistencia también pueda proporcionarse a las regiones italianas que se han visto afectadas por las recientes inundaciones, que han doblegado a las economías locales.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) Dado que el proyecto de presupuesto rectificativo nº 8/2010 abarca la movilización del Fondo de Solidaridad de la UE en la cantidad de 13 022 500 de euros en compromisos y pagos, tras las inundaciones que sumieron a Irlanda en el caos, y la correspondiente reducción de pagos de 13 022 500 de la línea 04 02 01 —Finalización del Fondo Social Europeo (FSE—, Objetivo 1 (2000-2006), he votado a favor del acuerdo con la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 8/2010.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. – (IT) Yo también quiero dar las gracias al señor Surján por su excelente labor. He votado a favor y estoy de acuerdo con la aprobación del proyecto de presupuesto rectificativo nº 8/2010, que concede ayudas al Fondo de Solidaridad y al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea – Estados miembros, y reasigna 13 022 500 euros en pagos del ámbito político 4 «Empleo y Asuntos Sociales».

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) Acojo con satisfacción este proyecto de presupuesto rectificativo que dispone la movilización del Fondo Europeo de Solidaridad en la cantidad de 13 022 500 en compromisos y pagos para ayudar a Irlanda tras las inundaciones que se produjeron en noviembre de 2009, que provocaron pérdidas considerables en los sectores agrícola y empresarial y en las infraestructuras, especialmente en las redes de carreteras y de suministro de agua, así como en zonas residenciales, que ascienden a más de 520 millones de euros.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Con arreglo al artículo 37, apartado 1, del Reglamento financiero, la Comisión podrá presentar anteproyectos de presupuesto rectificativo en caso de que surjan «circunstancias inevitables, excepcionales o imprevistas». Con respecto a los distintos puntos del proyecto de presupuesto rectificativo nº 8/2010, el informe que aprobamos se refiere a la movilización del Fondo de Solidaridad de la UE. El 24 de septiembre de 2010, la Comisión Europea presentó una propuesta sobre una decisión del Parlamento Europeo y el Consejo relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad basada en las disposiciones del punto 26 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006. Las condiciones para optar a las ayudas del Fondo se detallan en dicha propuesta y en el Reglamento (CE) nº 2012/2002 del Consejo por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Es importante señalar que el objetivo del Fondo no es compensar pérdidas privadas, sino reparar infraestructuras, y que el Fondo es un instrumento de refinanciación.

Recomendación: Graham Watson (A7-0300/2010)

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) La Comisión Europea está iniciando debates sobre una revisión de la política europea de vecindad a fin de definir las relaciones futuras de la UE y de sus vecinos meridionales y orientales. El objetivo de la iniciativa de Asociación Oriental de la Unión Europea que se está persiguiendo debería ser la promoción de valores europeos comunes, con especial hincapié en el funcionamiento de las instituciones democráticas y en el respeto de las libertades y los derechos humanos. He apoyado este informe, que establece los principios generales de la participación de la República de Moldova en agencias y programas de la UE. En mi opinión, la conclusión del Protocolo permitiría la apertura paulatina de determinados programas de la UE para Moldova o una participación más intensa en los mismos, ofreciendo así una oportunidad para fomentar vínculos culturales, educativos, medioambientales, técnicos y científicos y para intensificar las relaciones políticas. Es esencial que Moldova proceda con la implantación del Plan de Acción de la PEV y las reformas a fin de lograr los objetivos de estabilidad política y desarrollo democrático.

  Elena Băsescu (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor de la recomendación del señor Watson porque la conclusión de un protocolo brinda a la República de Moldova nuevas oportunidades de implicarse en los programas de la UE en los que tiene interés. La apertura gradual de los programas y agencias de la UE a los países que forman parte de la política europea de vecindad animará a estos países en sus esfuerzos por llevar a cabo reformas y modernización. Ello contribuirá a promover la cooperación con la UE en ámbitos importantes como las aduanas, el transporte o la competitividad. Creo que la participación de la República de Moldova en las iniciativas pertinentes ayudará a la creación de un vínculo entre sus políticas nacionales y europeas. Al mismo tiempo, infundirá cierto impulso al proceso de negociación para la firma del nuevo Acuerdo de Asociación. Ya se han logrado avances satisfactorios en este sentido. También acojo con agrado la intención del Consejo de seguir concediendo ayuda macrofinanciera a la República de Moldova y de ofrecer asesoramiento experto al gobierno de Chisinau.

Como también pone de manifiesto el informe de progreso elaborado por la Comisión Europea, la República de Moldova ha realizado considerables esfuerzos por aplicar de forma eficaz las reformas estructurales, al hilo de las recomendaciones de la UE. Asimismo, la plataforma de integración europea de la administración actual ha contribuido a un desarrollo dinámico de las relaciones con la UE sin precedentes. Por ello, el aumento de la participación de la República de Moldova en los programas y agencias de la UE constituye un paso natural en el proceso de ajuste a las normas europeas.

  Corina Creţu (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de la conclusión del Protocolo que permitirá la participación reforzada de la República Moldova en ciertos programas comunitarios, ofreciendo la posibilidad de reforzar los vínculos culturales, educativos, medioambientales, técnicos y científicos, además de consolidar las relaciones políticas mediante la Asociación Oriental y las negociaciones de un nuevo Acuerdo de Asociación. La estabilidad política y el desarrollo democrático son esenciales para una aplicación global del Protocolo y para permitir la conclusión de los necesarios memorandos de acuerdo. Por tanto, el actual bloqueo constitucional que sufre la República de Moldova constituye una preocupación que debe abordarse de manera rápida y eficaz. Es esencial que Moldova prosiga con la aplicación del Plan de acción de la PEV y con las reformas que ha establecido en el documento «Reflexión sobre Moldova». La celebración de elecciones, como exige su Constitución, es esencial para la futura estabilidad y prosperidad de la República de Moldova y el desarrollo de sus relaciones con la Unión Europea.

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. – (RO) Las aspiraciones de la República de Moldova por perseguir un camino hacia Europa como parte de la Unión y su preparación para ello son posibles gracias al Acuerdo de colaboración y cooperación CE/Moldova incluido en la política europea de vecindad. Acojo con satisfacción la participación de la República de Moldova en ciertos programas comunitarios, que ayudará a promover la cooperación en los ámbitos de la cultura, la educación, los medios de comunicación, la ciencia y la tecnología, a consolidar las relaciones políticas mediante la Asociación Oriental y a agilizar las negociaciones de un nuevo Acuerdo de Asociación.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La baja participación en el reciente referendo sobre el modo de elegir al Presidente de la República de Moldova y el hecho de que el país esté siendo dirigido por un presidente provisional ponen de manifiesto las dificultades que acusa la gobernanza del país y la desilusión que reina entre el público. La situación de Transdniéster está empeorando, lo cual ejerce una mayor presión sobre las autoridades y sobre el público moldovo. A este país le queda mucho camino por recorrer para alcanzar la estabilidad institucional y el establecimiento del pleno Estado de derecho. Por ello merece un apoyo y una atención especiales por parte de la Unión Europea. La participación de Moldova en los programas de la UE representa un paso importante en ese camino.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El Acuerdo de colaboración y cooperación CE/Moldova se firmó el 28 de noviembre de 1994, y desde 2004 Moldova ha estado cubierta por la política europea de vecindad (PEV). El objeto del proyecto de recomendación es la participación de la República de Moldova en programas de la Unión. El 18 de junio de 2007, el Consejo emitió instrucciones a la Comisión sobre la negociación de acuerdos marco relativos a los principios generales de participación en programas de la Unión con trece países vecinos. Las negociaciones con la República de Moldova comenzaron en marzo de 2008.

La República de Moldova contribuirá económicamente a los programas concretos en los que participe. Esta contribución económica varía en función del programa, y está establecida en el Memorando de acuerdo. La firma del Protocolo permitirá la apertura gradual de Moldova o la intensificación de su participación en determinados programas de la Unión, en la medida en que brindará la oportunidad de promover vínculos culturales, educativos, medioambientales, técnicos y científicos más estrechos, así como reforzar las relaciones políticas a través de la Asociación Oriental y apoyar las negociaciones para concluir un nuevo acuerdo de asociación. La democracia y la estabilidad política son esenciales para garantizar la plena aplicación del Protocolo.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El Acuerdo de colaboración y cooperación CE/Moldova se firmó el 28 de noviembre de 1994, y desde 2004 Moldova ha estado cubierta por la política europea de vecindad.

El 18 de junio de 2007, el Consejo emitió instrucciones a la Comisión sobre la negociación de acuerdos marco relativos a los principios generales de participación en programas de la UE con trece países vecinos, y en marzo de 2008 se iniciaron las negociaciones con la República de Moldova.

El protocolo incluye un acuerdo marco sobre los principios generales que regulan la participación de la República de Moldova en agencias y programas de la UE. La República de Moldova ha contribuido económicamente a los programas concretos en los que participa. Esta contribución varía en función del programa, y está establecida en el Memorando de acuerdo.

No obstante, la cuestión que se plantea es la exigencia que hace la UE en nombre de «la estabilidad política y la democracia» con miras a interferir en los asuntos internos de un país, poniéndose abiertamente del lado de las fuerzas moldovas que defienden los intereses de los grupos económicos de la UE y atacan la independencia y la soberanía del país, así como los deseos de su pueblo. Por ese motivo no estamos de acuerdo con la resolución adoptada.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – He apoyado la recomendación del señor Watson y acojo con agrado la continuidad de la cooperación entre la UE y Moldova.

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), por escrito. – Siempre he defendido y promovido los objetivos europeos de la República de Moldova. Creo en la sólida cooperación con un país que recientemente ha demostrado estar dispuesto a seguir el camino europeo. La participación de Moldova en determinados programas de la UE animará a este país vecino a implantar sus reformas, ofreciendo así la oportunidad de fomentar más vínculos culturales, educativos, medioambientales, técnicos y científicos, además de intensificar las relaciones políticas a través de la Asociación Oriental y de la negociación del nuevo Acuerdo de Asociación. Apoyo la recomendación de Graham Watson de apoyar los esfuerzos de este país vecino por implantar reformas y modernizarse, porque promueve la participación de Moldova en varios programas y agencias de la Unión Europea.

  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. – (PL) La República de Moldova es uno de los países más pobres de Europa. Los estudios demuestran que la clara mayoría de la población del país vive en situación de extrema pobreza. Con frecuencia, las reformas internas que podrían ayudar a la economía se ven obstaculizadas por conflictos políticos o étnicos. Por tanto, la Unión Europea debe ayudar a Moldova y hacer posible una mejora de la situación del país en cuanto a estabilidad, seguridad y prosperidad.

Una política europea podría resolver el problema constitucional al que se enfrenta la República de Moldova, y a su vez, ello podría traer otros cambios positivos. La República de Moldova está manifestando su deseo de participar en los programas de la política europea de vecindad, como prueban sus contribuciones económicas. La Unión Europea debería apoyar a estos países con un compromiso todavía mayor, por lo que el refuerzo de la cooperación con la República de Moldova está más que justificado.

  Alan Kelly (S&D), por escrito. – La conclusión de este Protocolo permitiría el refuerzo de la cooperación en determinados programas con Moldova. El Protocolo logrará una integración mayor entre Moldova y la UE. Si tenemos en cuenta la cifra de moldovos que viven y trabajan en Irlanda y forman parte de la sociedad irlandesa, se trata de un paso que se acoge con agrado para el futuro de Europa.

  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. – (RO) La principal medida para promover las reformas y la modernización y favorecer la transición en los países inmediatamente adyacentes a la Unión Europea, incluida la República de Moldova, es abrir gradualmente determinados programas, instituciones y agencias de la Unión a la participación de países asociados de la política europea de vecindad. He votado a favor de este informe porque creo que la Unión Europea debe apoyar a la República de Moldova y favorecer su acceso a determinados programas de la Unión. De este modo se contribuirá al fomento de una cooperación positiva entre la Unión y la República de Moldova en diversos ámbitos, como la economía, la ciencia, la cultura y la educación.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe sobre el Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación CE/Moldova. Aunque albergo graves preocupaciones con respecto a los derechos humanos en Moldova, las recientes declaraciones de Amnistía Internacional, en especial con respecto a la ratificación que Moldova hizo en octubre del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que representa un paso muy positivo, me han servido de incentivo.

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), por escrito. – (CS) Como miembro de la Delegación en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Moldova, acojo con satisfacción cualquier medida que lleve o pueda llevar a la consolidación de la situación política de Moldova y a una mayor calidad de vida para sus habitantes. Las recomendaciones sobre las que vamos a votar hoy y la aplicación de lo que podría ser una intensificación de una política europea de vecindad verdaderamente integradora podrían considerarse una de estas medidas. Coincido con el ponente en que la actual crisis de Moldova es un problema que debe solucionarse rápidamente y, sobre todo, de manera legítima. La expresión «una solución europea», que es engañosa y totalmente opaca, debe eliminarse. Sin duda, el ponente tiene en mente una solución que se ajuste a los acuerdos y al documento del Consejo de Europa, así como a las normas democráticas generalmente aceptadas. En cualquier caso, debemos rechazar de manera conjunta y contundente cualquier forma de intromisión exterior deliberada en los asuntos internos de la República de Moldova. Cualquier otro planteamiento provocará una escalada de la tensión en Moldova y no llevará a una solución positiva de los problemas de los que la UE es parcialmente responsable debido a su estrategia poco equitativa en el pasado.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) El Índice de Desarrollo Humano de Moldova es uno de los más bajos de la región. Las políticas de liberalización por la vía rápida diseñadas para beneficiar a las élites financieras de la Unión Europea son responsables en gran medida de este hecho. El dominio de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional, prometido por la asistencia macrofinanciera futura, sólo conseguirá que la situación empeore.

En este tipo de condiciones, permitir que el Gobierno moldovo obligue a sus ciudadanos a financiar programas y agencias europeas inciertos, como el Programa Marco para la Innovación y la Competitividad o el programa de investigación ATM «Cielo Único Europeo» (SESAR), cuando Moldova ni siquiera es miembro de la Unión Europea, huele a cinismo. Voy a votar en contra de este informe.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Moldova ha hecho esfuerzos durante los últimos años para acercarse todavía más a las normas europeas de libertad, democracia y buena gobernanza. Los esfuerzos descritos coinciden con la preocupación de Moldova por seguir el camino hacia una posible ampliación y han demostrado dicha preocupación.

Las recientes elecciones no transcurrieron del mejor modo posible, y el hecho de que en la actualidad el país tenga un presidente provisional no es el mejor indicio de que el grado de consolidación de su cultura democrática sea el satisfactorio. A esta cuestión debe añadirse el asunto de Transdniéster, que podría provocar cierta inestabilidad. La UE debe seguir esforzándose al máximo para que las reformas que deben realizarse en Moldova sigan por el buen camino, que es la dirección de este protocolo de colaboración y cooperación.

  Louis Michel (ALDE), por escrito. – (FR) La intensificación de la participación de Moldova en programas de la UE brindará la oportunidad de fomentar más vínculos culturales, educativos, medioambientales, técnicos y científicos, además de intensificar las relaciones políticas a través de la Asociación Oriental y de la negociación del nuevo Acuerdo de Asociación. No obstante, la estabilidad política y el desarrollo democrático son esenciales para garantizar la aplicación del Protocolo. El fracaso del referendo constitucional celebrado el 5 de septiembre de 2010 es lamentable. Es esencial que Moldova prosiga con la aplicación del Plan de acción de la política europea de vecindad (PEV) y con las reformas que ha establecido en el documento «Reflexión sobre Moldova». Asimismo, es vital que se celebren elecciones legislativas el 28 de noviembre a fin de garantizar la estabilidad y prosperidad futuras de Moldova y la evolución de sus relaciones con la Unión Europea. Estas elecciones deben contribuir al progreso del país en este sentido y deben cumplir plenamente con las normas internacionales sobre la celebración de elecciones libres y justas.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (LV) Lamentablemente, en la actualidad Moldova se encuentra en una zona muy inestable de cambios económicos y políticos. El Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación CE/Moldova sobre la participación de la República de Moldova en programas de la UE ofrece a los ciudadanos de Moldova la esperanza de un cambio positivo. La conclusión del Protocolo favorece el refuerzo de la cooperación en el ámbito cultural, educativo y otros. He votado a favor, ya que espero que la asociación contribuya a la integración de Moldova en la Unión Europea.

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. – (RO) Al igual que la mayoría del Parlamento, he votado a favor de la recomendación, que acojo con satisfacción, ya que indica claramente el apoyo y el fomento de la tendencia proeuropea de la República de Moldova. Este Estado, que se encuentra en la frontera de la Unión Europea, no podrá salir del bloqueo actual sin estos mensajes que inspiran en los ciudadanos la idea de que Europa es la opción correcta. No podría haberse elegido un momento más apropiado, apenas unos días antes de la celebración de las elecciones parlamentarias anticipadas en este país.

  Justas Vincas Paleckis (S&D), por escrito. – (LT) Apoyo el Protocolo, que establece los principios generales de la participación de la República de Moldova en agencias y programas de la UE y ofrece a Moldova nuevas oportunidades para fomentar más vínculos culturales, educativos, medioambientales, técnicos y científicos con los Estados miembros de la UE. Estoy convencido de que las relaciones políticas entre la UE y Moldova se verán reforzadas con la Asociación Oriental y las negociaciones del nuevo Acuerdo de Asociación. La estabilidad política y el desarrollo de la democracia en Moldova son elementos esenciales para la participación en los programas de la UE, por lo que es muy importante para poner fin al largo período de desorden e inestabilidad posterior a las elecciones parlamentarias.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) Desde 1994, la fecha de la firma del Acuerdo de colaboración y cooperación CE/Moldova, ha existido una vía preferente para las relaciones con Moldova. En 2004, Moldova fue incluida en la política europea de vecindad. La cooperación institucional entre la UE y los países vecinos puede desembocar en un proceso de adhesión de un país a la UE, pero puede no hacerlo. Independientemente del resultado, la UE, como entidad supranacional, se rige por un conjunto de valores basados en la paz, la libertad y la democracia, valores que considera fundamentales para la prosperidad del continente europeo.

Es esencial que la cooperación con los países vecinos vaya de la mano de una especial atención por parte de la Unión a la estabilidad de estos países, sin injerencias, apoyando a las instituciones en su camino hacia la aplicación efectiva del Estado de derecho y el respeto pleno de los derechos humanos. La ratificación de Moldova, en octubre de este año, del Estatuto de Roma por el que se establece la Corte Penal Internacional es un paso muy positivo en esta dirección.

En este contexto, he votado a favor de esta resolución legislativa relativa a la firma de un protocolo adicional al Acuerdo de colaboración y cooperación CE/Moldova y de un Acuerdo marco UE-Moldova sobre los principios generales que regulan la participación de Moldova en programas de la Unión.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. – (IT) Yo también quiero dar las gracias al señor Watson por su excelente labor. He votado a favor porque coincido en que es esencial que Moldova prosiga con la aplicación del Plan de acción y de las reformas que ha establecido en el documento «Reflexión sobre Moldova».

La celebración de elecciones, como exige su Constitución, es esencial para la futura estabilidad y prosperidad de Moldova y el desarrollo de sus relaciones con la Unión Europea. Todas las partes deben unirse para encontrar una solución y poner de manifiesto la confianza del pueblo moldovo en una solución europea. La UE y el Consejo de Europa han proporcionado asistencia considerable, y deben seguir haciéndolo para superar este punto muerto de manera puntual.

  Mario Pirillo (S&D), por escrito. – (IT) La adopción del protocolo sobre los principios generales para la participación de la República de Moldova en programas de la Unión Europea es de una importancia vital para seguir en el camino de una colaboración más estructurada que debería concluir con un acuerdo de asociación futuro.

El punto muerto constitucional en el que se encuentra actualmente Moldova podría repercutir en la aplicación exhaustiva del protocolo y los memorandos de acuerdo asociados. Tras el fracaso del referendo celebrado el pasado mes de septiembre, es muy importante que todas las fuerzas políticas actúen de manera responsable en el período previo a las próximas elecciones que se celebrarán el 28 de noviembre de 2010. La estabilidad política es una conditio sine qua non para una mayor participación en los programas de la UE. Del mismo modo, una opción decididamente proeuropea podría contribuir a allanar el camino del desarrollo económico y democrático en Moldova.

Señor Presidente, ese es el motivo por el que he votado a favor de esta resolución del Parlamento Europeo hoy, con la esperanza de que todos los procesos activos en Moldova vayan acompañados de apoyo técnico y científico de Europa.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) Como parte de la política europea de vecindad, la iniciativa de abrir gradualmente determinados programas y agencias de la UE a la participación de países socios de la PEV constituye una de las numerosas medidas destinadas a promover la reforma, la modernización y la transición en los países adyacentes a la Unión Europea. En marzo de 2008 se decidió iniciar las negociaciones con la República de Moldova, que ya han concluido. Este proyecto de protocolo incluye un Acuerdo Marco sobre los principios generales que regulan la participación de la República de Moldova en una serie de programas y agencias de la UE en ámbitos como el transporte, la seguridad alimentaria, las aduanas y la seguridad aérea, entre otros. He votado a favor de este informe, ya que esta iniciativa apoya los esfuerzos que la República de Moldova, un Estado vecino de la UE, está realizando en aras de la reforma y la modernización.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de la firma de este Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación entre la UE y Moldova porque entiendo que la asistencia proporcionada por la UE a Moldova es esencial para que el país pueda aplicar las reformas necesarias y lograr la deseada estabilidad política, respetando plenamente los principios del Estado democrático de derecho.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Este informe hace referencia al proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación, por el que se establece una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Moldova, por otra, relativo a un Acuerdo marco entre la Unión Europea y la República de Moldova sobre los principios generales para la participación de la República de Moldova en los programas de la Unión. Al votar a favor, el Parlamento Europeo presta su consentimiento a la conclusión del Protocolo.

  Traian Ungureanu (PPE), por escrito. – En mi calidad de ponente alternativo del PPE sobre los Acuerdos UE-República de Moldova, acojo con gran satisfacción la votación a favor, por mayoría abrumadora, sobre la conclusión del Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación CE/Moldova sobre la participación de la República de Moldova en los programas de la Unión. Incluso antes de la conclusión de un Acuerdo de Asociación con la República de Moldova, se está ofreciendo al país la posibilidad legal de participar en agencias y programas internos de la UE y continuar así su acercamiento a las normas de la UE, especialmente en ámbitos como el transporte, la seguridad alimentaria, las aduanas y la seguridad de la aviación. En vísperas de las elecciones parlamentarias en la República de Moldova, el Parlamento Europeo está enviando una señal clara de apoyo a las reformas proeuropeas en este país vecino y a la necesidad de perseguirlas firmemente. Me complace concluir que el Parlamento Europeo expresó una unanimidad al margen de los partidos políticos en todas las fases del estudio de esta cuestión en esta Cámara, dando así forma a una posición única sobre la necesidad de concluir este Protocolo lo antes posible para poder ofrecer a la República de Moldova todas las oportunidades posibles de beneficiarse de las ventajas de sus relaciones con la UE.

  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. – (LT) La Unión Europea, incluidos los nuevos Estados miembros como Lituania, es responsable de observar los intereses de nuestros vecinos orientales. El refuerzo de la cooperación entre la UE y Moldova y la inclusión de Moldova en programas de la UE contribuirán a acercar este país más a las normas y reglas de la UE. El Acuerdo de colaboración y cooperación permitirá promover nuevos vínculos estrechos entre la UE y Moldova en los ámbitos de la cultura, la educación y la tecnología. Es especialmente importante que la UE demuestre a los jóvenes de Moldova los beneficios de la futura pertenencia a la Unión. El año pasado, los emigrantes moldovos que trabajaban —en ocasiones, de forma ilegal— en otros países europeos, representaban el 19 % del PIB de Moldova. La pobreza, la corrupción y el tráfico de seres humanos son problemas que debemos resolver juntos. Mientras se prepara para la adhesión a la UE, Moldova se enfrenta a numerosas reformas estructurales de envergadura.

La UE debe seguir apoyando los esfuerzos realizados por Moldova, ya que son especialmente importantes para reforzar la democracia y el Estado de derecho. El conflicto de Transdniéster es un problema de Europa, pero también una oportunidad para que la UE intensifique su cooperación con Moldova, Rusia y Ucrania. No debemos ignorar ese hecho. Espero que las elecciones parlamentarias del 28 de noviembre permitan avanzar a Moldova.

Informe: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

  Damien Abad (PPE) , por escrito. – (FR) Hoy el Parlamento ha aprobado dos informes legislativos en primera lectura: un reglamento relativo a aspectos específicos de la Unión Europea y una directiva sobre las normas que deben aplicar los Estados miembros a escala nacional. Los Estados miembros serán responsables de la legislación nacional a la hora de garantizar que el público en general disponga de información objetiva e imparcial. En este sentido se incluye información sobre embalajes, un informe de evaluación del producto e información relativa a la prevención de enfermedades. Los pacientes deben tener un mejor acceso a información de calidad sobre los medicamentos que sólo pueden dispensarse con receta. Esta información incluye datos sobre las características del medicamento y las enfermedades que trata. Tenemos el deber de proteger a los consumidores y de mantenerlos informados de manera transparente. Nuestra labor como diputados al PE también es lograr una Europa que proteja e informe, y por ese motivo he votado a favor de estos dos textos.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) La Directiva 2001/83/CE establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano. Establece normas sobre la información que debe acompañar a los medicamentos relativa a sus características y su modo de empleo. Sin embargo, no proporciona un marco armonizado sobre los contenidos y la calidad de la información no promocional para los pacientes. Asimismo, la experiencia demuestra que la diversidad de interpretaciones de los textos podría generar situaciones en las que el público estuviera expuesto a publicidad encubierta, especialmente en Internet. La Comisión ha propuesto una directiva que modifica la legislación actual a fin de mejorar el modo en que la información relativa a los medicamentos que sólo pueden dispensarse con receta se distribuye entre el público en general. El objetivo de dicha Directiva es establecer un marco jurídico que regule la distribución de información específica sobre medicamentos desde los titulares de autorizaciones de comercialización al público en general. El Parlamento Europeo ha redactado una resolución legislativa más ambiciosa que la propuesta de la Comisión. He votado a favor de este texto, ya que mejora la información que se pone a disposición de los pacientes y la hace algo más segura.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de esta importante resolución cuyo objetivo es permitir que los pacientes estén mejor informados sobre los medicamentos que se les recetan. Existen problemas considerables con el actual marco jurídico y la situación de Europa en cuanto al acceso de los pacientes a la información sobre medicamentos que sólo pueden dispensarse con receta. Las distintas interpretaciones que los Estados miembros pueden hacer de la Directiva ofrecen a los pacientes de distintos lugares de Europa un acceso distinto a la información exhaustiva y de calidad sobre los productos farmacéuticos. En algunos Estados miembros, los pacientes tienen dificultades para acceder incluso a la información más básica sobre los productos farmacéuticos que se les recetan. Habida cuenta de las distintas interpretaciones de la Directiva en los Estados miembros, considero que las disposiciones deben ser más claras para que todos los ciudadanos de la UE puedan recibir la información que necesitan en relación con los productos farmacéuticos. Las enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo también garantizan que la información sobre los medicamentos recetados sólo se proporcione al público a través de canales específicos de comunicación, incluidos sitios web especializados y certificados que garanticen los intereses de los pacientes y que tengan como objetivo limitar las oportunidades publicitarias para las empresas farmacéuticas.

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) Ofrecer a los pacientes un mejor acceso a información de calidad sobre el tratamiento que se les administra incrementa las posibilidades de que comprendan la decisión que les afecta directamente. Por tanto, tras ello existe una intención muy saludable. No obstante, debe formar parte de una estrategia de educación para la salud más exhaustiva, que se centre en el paciente y no en la empresa farmacéutica. Hay muchos problemas con el actual marco jurídico y la situación dentro de Europa en cuanto al acceso del paciente a la información sobre medicamentos sujetos a receta médica. Las diferencias de interpretación de la Directiva por los Estados miembros hace que en Europa sea diferente el acceso del paciente a información de elevada calidad sobre los medicamentos. En ciertos Estados miembros, el paciente carece de un acceso fácil, incluso a la información más básica sobre los medicamentos que se le recetan. Ello crea desigualdades en el ámbito sanitario. Los pacientes disponen, en unos segundos, de un acceso ilimitado a una información incontrolada, y con frecuencia errónea, sobre los medicamentos sujetos a receta médica. No obstante, necesitan acceder a información controlada y segura, para no complicar las cosas aún más. Por tanto, deben actualizarse las disposiciones relativas a la información sobre los medicamentos recetados.

  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) Quiero felicitar al ponente, mi colega el señor Fjellner, por la labor que ha realizado con este informe. He votado a favor porque creo que es esencial garantizar a los pacientes el acceso a la información sobre medicamentos sujetos a receta médica.

Tanto el Parlamento Europeo como las organizaciones de pacientes han venido pidiendo en los últimos tiempos un ajuste de la regulación actual, que, en su forma actual, no asegura la información necesaria. De hecho, con demasiada frecuencia, el desarrollo técnico y la disponibilidad en Internet de manera sencilla de información sobre el uso de los medicamentos demuestran su carácter ilusorio y falso.

Estoy de acuerdo con el espíritu de este informe, que pretende situar el «derecho del paciente a saber» en el centro de la legislación y, en consecuencia, recomienda que las empresas farmacéuticas proporcionen a los pacientes una determinada información básica.

Por tanto, espero una mayor seguridad jurídica, que a menudo no es suficiente, en parte debido a los distintos grados en que los Estados miembros han aplicado la Directiva anterior. Por tanto, es necesario actualizar las disposiciones relativas a la información sobre medicamentos sujetos a receta médica y deben adoptarse nuevas normas, promoviendo una mayor concienciación sanitaria y haciendo que la industria sanitaria participe en mayor medida en el desempeño de un papel fundamental para mejorar la salud pública.

  Alain Cadec (PPE), por escrito. – (FR) En el ámbito de la salud, el acceso a una información exhaustiva de calidad garantiza mejores resultados, en la medida en que es más probable que los pacientes sigan un tratamiento que les resulte comprensible. Me uno al ponente al subrayar la dificultad para acceder a este tipo de información en algunos países europeos, debido a las diferentes interpretaciones por los Estados miembros de la Directiva sobre la información relativa a los medicamentos, así como al carácter poco fiable y poco claro de esa información. Tenemos que hacerla más accesible, de conformidad con el derecho del paciente a la información. No obstante, con el fin de evitar generar cualquier desequilibrio entre los Estados miembros, es vital identificar los medios de difusión de esta información, y no favorecer uno a expensas de los demás. Por último, es esencial distinguir claramente entre la información y la publicidad, y evitar que las empresas farmacéuticas puedan servirse de estas campañas de información para promocionar sus productos.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Las modificaciones que introdujo el Parlamento Europeo a una propuesta de la Comisión relativa a la información sobre medicamentos justifican mi voto a favor, porque creo que es esencial para el público en general tener fácil acceso a los conocimientos relativos a los medicamentos, en especial mediante la información disponible en Internet en todas las lenguas europeas.

  Françoise Castex (S&D), por escrito. – (FR) He votado en contra de este texto, porque no podemos permitir que las compañías farmacéuticas y la Comisión hagan de la salud una mercancía más. Una vez más, el vínculo entre la industria farmacéutica de Europa y la farmacovigilancia está en el centro del debate. No podemos permitir que las empresas farmacéuticas informen al público lo que les plazca ni autorizar la publicidad directa al público en general para los medicamentos sujetos a receta médica. De hecho, las preocupaciones comerciales de estas empresas son incompatibles con los objetivos de interés general que persiguen nuestras políticas de salud, y sería peligroso hacer la vista gorda.

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) La propuesta inicial de la Comisión Europea de Directiva relativa a la información al público en general sobre medicamentos sujetos a receta médica ha abierto la puerta a que las empresas farmacéuticas puedan hacer publicidad de sus medicamentos. Hoy el Pleno ha modificado la propuesta inicial de la Comisión, que estaba pensada en función de los intereses de la industria farmacéutica. He votado a favor de todas las enmiendas que mejoraban el texto original de manera significativa, alejando el enfoque del texto del derecho de la industria farmacéutica a anunciar sus productos para acercarlo al derecho de los pacientes a disponer de información fiable, objetiva e independiente. También he votado a favor de las enmiendas que prohíben la difusión de información sobre medicamentos tanto en la televisión y en la radio como en la prensa. No obstante, a pesar de las mejoras que hemos introducido, la línea divisoria entre información y publicidad sigue siendo borrosa, y el texto todavía posee una serie de deficiencias y lagunas. Me he abstenido en la votación final, porque considero que la mejor solución sería que la Comisión revisara su propuesta de Directiva a partir de las orientaciones que hemos planteado hoy. Tampoco es una coincidencia que, en el Consejo, los Estados miembros desdeñaran este expediente de manera casi unánime.

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. – (RO) Creo que los pacientes deben tener acceso a una mejor información sobre los medicamentos sujetos a receta médica. Ello implica proporcionar información objetiva sobre las características de los medicamentos y las enfermedades para las que se recomiendan, así como evitar el suministro de información no solicitada o la publicidad encubierta.

  Christine De Veyrac (PPE), por escrito. – (FR) Realizar una distinción entre la información y la publicidad en relación con los medicamentos es esencial para la protección de los ciudadanos. Por ello he votado a favor del informe del señor Fjellner, que exige que en el embalaje de los medicamentos se incluya una descripción objetiva dirigida a los pacientes. Además, se reforzará el acceso a una información clara y fiable, haciendo que esta información esté disponible en todas las lenguas de la Unión Europea en páginas web autorizadas y en folletos oficiales. Acojo con satisfacción la aprobación de esta propuesta, que marca un verdadero progreso hacia una mayor transparencia en materia de salud.

  Anne Delvaux (PPE), por escrito. – (FR) He votado en contra de este informe, al que siempre me he opuesto de manera firme. Si bien apruebo la idea de ofrecer una mejor información a los pacientes, no estoy de acuerdo con los medios utilizados para ello. Los objetivos de la industria farmacéutica nunca serán filantrópicos. Por otra parte, hay una línea de separación muy fina entre la información y la publicidad. Es cierto que el texto, aprobado casi por unanimidad, no tiene nada que ver con la idea inicial de la Comisión. Esta última simplemente habría abierto la puerta a la publicidad encubierta bajo la etiqueta de «información». Además, dicha propuesta se correspondía con la expectativa clara del sector farmacéutico de poder librarse de la prohibición legal de publicitar los medicamentos. El informe, como hoy ha sido aprobado, incluye muchas más garantías: que la información proporcionada por las empresas farmacéuticas para su difusión, en particular, se controle de antemano, y que esta información no sea difundida por los medios de comunicación. No obstante, la autorización para publicar resúmenes de los prospectos significa que habrá elementos que deberán resaltarse y otros, como las reacciones adversas, que es posible que se excluyan regularmente de los resúmenes, porque no «venden» bien. ¿No es eso ya un enfoque publicitario? ¿Realmente era este nuestro objetivo? ¿Realmente valía la pena el esfuerzo?

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica, en lo referente a la información al público en general sobre los medicamentos sujetos a receta médica, la Directiva 2001/83/CE. Esta Directiva establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, y contribuye a garantizar el derecho de los pacientes a una información fiable, accesible e independiente, validada por las autoridades competentes, en relación con los medicamentos disponibles.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) La Directiva 2001/83/CE, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, establece un marco armonizado para la publicidad de los medicamentos a escala de la UE, cuya aplicación sigue siendo una responsabilidad de los Estados miembros. Esta legislación prohíbe la publicidad al público en general de los medicamentos sujetos a receta médica.

No obstante, no están reguladas las disposiciones relativas a la información sobre los medicamentos, ya que sólo establece que la información relativa a determinadas actividades de suministro está exenta de las disposiciones sobre publicidad. Por tanto, la legislación de la Unión no impide que los Estados miembros establezcan sus propios enfoques en relación con el suministro de información sobre medicamentos, siempre que se cumplan las normas sobre publicidad mencionadas anteriormente. Estoy de acuerdo con la propuesta del ponente en el sentido de descartar la posibilidad de que la información de las empresas farmacéuticas pueda aparecer en los periódicos, las revistas y otras publicaciones similares, así como en la televisión o la radio.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Esta propuesta de Directiva modifica la Directiva anterior en lo relativo a la difusión de la información sobre medicamentos sujetos a receta médica al público en general. De manera general, se centra, en primer lugar, en la responsabilidad de las empresas farmacéuticas de informar al público, garantizando que esta información no sea de carácter publicitario. En segundo lugar, se atribuye a la Comisión la función de la vigilancia y la toma de decisiones, mediante actos delegados, en lo relativo a la definición de lo que constituye información y lo que constituye publicidad. Creemos que este enfoque concentra demasiadas funciones sobre el suministro de información en manos de las empresas farmacéuticas y en la Comisión, y que estas funciones deben desempeñarse de manera soberana, bajo la coordinación y la aprobación de las autoridades nacionales específicas, para mejorar la información que reciben los pacientes y el público y para salvaguardar sus derechos.

  Elisabetta Gardini (PPE), por escrito. – (IT) La aprobación de la nueva legislación en materia de información sobre los medicamentos representa un paso más hacia el objetivo de garantizar a los pacientes una información más clara y más eficaz sobre los medicamentos que toman y que se les recetan.

Necesitamos un marco jurídico armonizado a escala europea que no solo mantenga la prohibición de la publicidad de los medicamentos sujetos a receta médica, sino que también tenga en cuenta el derecho del paciente a la información. No es una cuestión menor, porque la línea divisoria entre la «promoción del producto» y la «información sobre el producto» —a veces borrosa— es susceptible de confundir a los pacientes.

Debemos recordar que los pacientes desempeñan un papel cada vez más activo en el sector de la salud en toda la Unión Europea. Por tanto, un mejor acceso a una información de carácter no publicitario puede ayudar al público a lograr una mejor comprensión de los tratamientos que se les receten y ayudar a su recuperación, todo ello, evidentemente, en beneficio de su salud.

Para concluir, quiero subrayar la importancia de definir de manera transparente los tipos de información sobre los medicamentos, así como los canales a través de los que esa información puede difundirse. Debemos reducir el riesgo de la publicidad encubierta y, en caso necesario, el riesgo de un exceso de información descontrolada y engañosa.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de la propuesta de Directiva relativa a la información al público en general sobre medicamentos sujetos a receta médica porque creo que, en este ámbito, la armonización de la legislación es un medio fundamental para salvaguardar los conocimientos de los pacientes europeos. De hecho, se trata de una cuestión muy delicada, porque está relacionada con la protección de la salud, que es un derecho humano fundamental. Apoyo plenamente la petición de esta Cámara de establecer una clara distinción entre la información terapéutica y la publicidad. De hecho, las empresas farmacéuticas no deben utilizar el derecho del paciente a la información como vehículo para encubrir sus objetivos de promoción, sino que, más bien, deben servirse de ese derecho para garantizar a los consumidores europeos una verdadera comprensión de los productos, mediante una indicación científica de sus características, el etiquetado y los informes de evaluación. También hay que señalar que el mayor acceso a la información, tanto en formato electrónico (a través de Internet) como en forma impresa, también puede contribuir al logro de mejores resultados médicos, debido a que un paciente que está informado sobre los medicamentos que se le recetan puede desempeñar un papel activo y con mayor conocimiento de causa en el proceso de recuperación terapéutica.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe, que forma parte de un paquete que modificará la actual Directiva de 2001 sobre medicamentos de uso humano. En concreto, se centra en el suministro de información al público sobre los medicamentos sujetos a receta médica. Los objetivos declarados de la Directiva son permitir un mejor acceso a la información a los pacientes y aclarar las normas, que actualmente se interpretan de manera diferente en el territorio de la UE, lo que da lugar a desigualdades sanitarias. También se ocupa de la información en Internet, que actualmente no está cubierta y es un tema especialmente complicado, por la dificultad que entraña su regulación.

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Esta propuesta, aprobada hoy por amplia mayoría en el Parlamento, representa una notable mejora de la propuesta inicial presentada por la Comisión, ya que defiende mejor los derechos de los pacientes a la información. Sin embargo, a pesar de las mejoras evidentes que introduce el informe del Parlamento, me he abstenido, porque algunas de las garantías que serían necesarias para que los ciudadanos pudieran acceder a información clara e independiente sobre los medicamentos siguen siendo insuficientes.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) No todas las modificaciones realizadas por esta Cámara a la propuesta de la Comisión y el Consejo van en la dirección correcta. Dichas modificaciones se adhieren de manera estricta al principio de un mercado único para los medicamentos, y siguen considerando los productos de venta libre (sin receta médica) como bienes corrientes, hasta el punto de que los autores incluso acaban hablando de «consumidores» en lugar de pacientes. Las modificaciones no proponen impedir que las empresas farmacéuticas elaboren información sobre sus medicamentos para el público en general.

No obstante, sí tienen la virtud de intentar que los Estados miembros puedan regular al máximo la difusión de la información que publiquen dichas empresas. En particular, se les concede el derecho a condenar de manera pública a las empresas que publiquen información que no esté en consonancia con los datos oficiales del Estado o que la divulguen de manera engañosa. Mejor esto que nada. No obstante, no puedo votar a favor de un texto tan débil. Por tanto, voy a abstenerme.

  Nuno Melo (PPE) , por escrito. – (PT) El acceso a información de calidad sobre medicamentos sujetos a receta médica contribuirá a lograr mejores resultados sanitarios para el paciente, ya que es más probable que un paciente mejor informado continúe el necesario tratamiento y entienda mejor las decisiones relacionadas con su tratamiento. En consecuencia, el objetivo de la propuesta no puede consistir únicamente en la armonización de la legislatura europea, sino que también ha de pretender una mejora de la salud mediante unos mayores conocimientos relacionados con la salud. A la industria farmacéutica le incumbe desempeñar un papel importante en el fomento de la concienciación sanitaria y de una buena salud, pero se ha de definir claramente su función y se ha de regular estrictamente su participación, a fin de evitar un consumo excesivo de medicamentos provocado por motivos comerciales.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) A las personas mayores y los enfermos crónicos, en especial, se les receta una gran cantidad de medicamentos, que pueden interferir entre sí, ya que, como es obvio, un médico ignora lo que otro colega ya ha recetado. Mientras tanto, cada vez se venden sin receta más productos, desde la aspirina a los indicados para el resfriado, pasando por los somníferos. ¿Alguien considera realmente la posibilidad de que incluso los productos basados en plantas naturales pudieran interactuar con varios medicamentos? Los pacientes también contribuyen a la confusión: nada se dice sobre los medicamentos prescritos que hemos tomado en el momento equivocado, o sobre los medicamentos que nosotros mismos decidimos dejar de tomar o tomar de manera diferente a la recetada, etcétera. Los perjuicios económicos derivados de un cumplimiento insuficiente de las instrucciones de tratamiento ascienden a miles de millones de euros. Por tanto, la cuestión que solicita el ponente en el sentido de distinguir claramente entre la publicidad y la información es importante. Con suerte, ello se traducirá en una mejor aclaración del hecho de que los medicamentos no sujetos a receta médica también pueden interactuar con los medicamentos recetados. El médico que receta medicamentos debe seguir siendo la principal fuente de información, ya que es el único que elige un medicamento adaptado a la edad del paciente, su sexo, su peso, sus intolerancias conocidas, etcétera. En vista de todo ello, me he abstenido en la votación.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe del señor Fjellner, porque creo que el mensaje y las orientaciones del mismo son muy importantes. A menudo, los consumidores europeos a menudo se encuentran perdidos al enfrentarse al prospecto de un medicamento, porque lo encuentran complicado y contiene una información que con frecuencia es confusa.

El objetivo mismo de la propuesta de Directiva en materia de información al público en general sobre medicamentos sujetos a receta médica es proporcionar información sencilla que sea fácil de comprender y utilizar, pero que evite las formas de publicidad. También es importante que pueda accederse a la información a través de otros canales, además de los prospectos, y, por tanto, acojo con satisfacción su publicación en Internet.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE) , por escrito. – (PT) Creo que establecer una distinción entre la información y la publicidad de los medicamentos es fundamental para la protección de los ciudadanos. Mi voto a favor del informe Fjellner es el resultado de las claras mejoras que se introdujeron en la Directiva 2001/83/CE. La gran mayoría que aprobó este documento se mostró convencida de la defensa del derecho del paciente a la información. Merece destacarse el trabajo realizado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria en la mejora de la propuesta presentada inicialmente por la Comisión Europea.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. – (IT) Quiero dar las gracias al señor Fjellner por su excelente trabajo. He votado a favor porque estoy de acuerdo con que los titulares de autorizaciones de comercialización deban poner a disposición de los pacientes y del público en general la información sobre medicamentos que no tenga carácter promocional siguiendo el principio consistente en que los pacientes/el público en general tengan acceso a la información cuando la necesiten («pull principle»), que es lo contrario del principio consistente en que los titulares de autorizaciones de comercialización difundan la información entre los pacientes y el público en general («push principle»).

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) La información facilitada a los pacientes debe cumplir con las siguientes características principales:

- Fiabilidad: la información a los pacientes debe basarse en el conocimiento científico más reciente, con referencias claras a su origen.

- Independencia: debe estar claro quién aporta y quién financia la información, de modo que los consumidores puedan detectar los posibles conflictos de intereses.

- Facilidad de acceso para los consumidores y orientada al paciente: la información deber ser de fácil comprensión y acceso, teniendo en consideración las necesidades específicas de los consumidores (edad, diferencias culturales y disponibilidad en todas las lenguas de la UE). La información al paciente sobre los medicamentos sujetos a receta médica ha de formar parte de una «estrategia más amplia de información al paciente» y de una estrategia más amplia de educación en el ámbito sanitario.

Los pacientes y cualquier interesado han de poder encontrar información fiable y objetiva sobre modos de vida sanos, la prevención de enfermedades en general y de enfermedades específicas, así como sobre las diferentes opciones de tratamiento. Por eso considero que esta propuesta debe complementarse con un código de conducta sobre la información que se suministra al paciente y se redacta en cooperación con las organizaciones de pacientes. Ello permitirá que la «voz de los pacientes» pueda ser escuchada.

  Paulo Rangel (PPE) , por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque acojo con satisfacción el hecho de que los cambios consensuados efectuados sobre la propuesta presentada inicialmente por la Comisión hayan contribuido de manera decisiva a garantizar el acceso de los pacientes a una información fiable e independiente sobre los medicamentos sujetos a receta médica que están disponibles en el mercado.

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) La publicidad de los medicamentos sujetos a receta médica está prohibida en la Unión Europea, y seguirá siendo así. Las empresas farmacéuticas deben cumplir con normas claras sobre la objetividad de la información de carácter no publicitario que difunden. Estos son los dos mensajes importantes lanzados este mediodía con la aprobación del paquete legislativo sobre información al paciente. Una votación consensuada del Parlamento (558 votos frente a 48) que no hace sino confirmar el voto unánime, a excepción del voto de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Se han introducido numerosas salvaguardias. La Comisión Europea propuso prohibir la información sobre los medicamentos sujetos a receta médica a través de la televisión o la radio, y el Parlamento Europeo ha decidido ampliar esta prohibición a la prensa escrita. Los fabricantes están sujetos a numerosas obligaciones: la descripción de las características del producto, la mejora del etiquetado y la autorización previa de las autoridades sanitarias. No comprendo el «revuelo» que ha causado esta cuestión, especialmente en la Bélgica francófona, entre las asociaciones de consumidores y las mutualidades, con el apoyo de algunos diputados que, incluso antes de que comenzaran los debates, ya habían condenado estas dos leyes. Se trata de una posición política simplista que me parece lamentable, dadas las elevadas expectativas de los pacientes cuando se enfrentan a una enfermedad y teniendo en cuenta que, sin esas leyes, el público quedaría a merced de los cowboys de la red.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Decidimos que votaríamos a favor o que nos abstendríamos en función del resultado de la tercera parte de la enmienda 31, que garantiza que las empresas farmacéuticas sólo puedan suministrar material informativo a los profesionales de la salud para su propio uso, y no para los pacientes a través de dichos profesionales. Era una cuestión clave para los Verdes/ALE. Dado que finalmente fue aprobada, hemos decidido votar a favor del informe en la votación final.

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE), por escrito. – (IT) Nuestro voto a favor de esta medida es consecuencia de la distinción formal que se ha introducido entre la información sobre medicamentos y la publicidad.

Apoyamos una mayor difusión de la información sobre medicamentos si con ello se mejora la sensibilización de los pacientes. No estamos de acuerdo, y nunca lo estaremos, con ninguna medida que de manera clara o subrepticia, pretenda introducir cualquier forma de publicidad, transformando el medicamento ético en un producto comercial. Por tanto, valoramos el hecho de que no se permita publicar información sobre medicamentos en periódicos ni revistas, ni mucho menos difundirla en la radio o la televisión.

También resulta adecuado que esta propuesta de Directiva aclare qué y cuánta información puede y debe difundirse, incluyendo la información científica y excluyendo con claridad la de carácter publicitario.

La modificación que introduce la certificación y el control de los sitios de Internet que publiquen este tipo de información nos ofrece garantías adicionales de que la información no tendrá carácter publicitario. La farmacia es, y debe seguir siendo, un centro básico de salud, y, en cuanto tal, un espacio protegido en relación con las normas comerciales y de la competencia. Creemos que esta norma contribuye a que las farmacias desempeñen su delicado papel en la farmacovigilancia y la educación sobre el uso correcto de los medicamentos.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. – (NL) En una época en que la gente busca la información por sí misma, los pacientes deben ser informados con claridad, de manera objetiva, fiable y adecuada sobre los efectos de los medicamentos. Aunque la publicidad de los medicamentos está prohibida en la Unión, la Comisión ha abierto una puerta. Su propuesta —que no he respaldado— carecía de una estrategia sobre esta cuestión, y la distinción relativa a la publicidad era demasiado vaga. Además, la Comisión otorgaba demasiados derechos y demasiada responsabilidad a la industria farmacéutica. Sin embargo, ahora que el Parlamento ha realizado cambios importantes, puedo apoyar la propuesta. Se limita la utilización de documentos oficiales por parte de las empresas (información resumida sobre el producto, informes de evaluación) y los canales a través de los cuales pueden difundir la información: ya no se autorizan las revistas y los periódicos sobre salud, las páginas web ni la correspondencia con los pacientes. Todas las orientaciones sobre los medicamentos deben ser examinadas y aprobadas previamente por las autoridades competentes. Ello excluye la autorregulación, algo que no ocurría con la propuesta original. Todavía tengo mis dudas sobre la viabilidad de esta propuesta, dado que una estrategia gubernamental obligatoria en materia de información tendría aún más peso que las políticas empresariales de control dictadas por el Gobierno. No obstante, he votado a favor de la propuesta legislativa, porque, en última instancia, garantiza una mejor información a los pacientes.

  Marc Tarabella (S&D), por escrito. – (FR) El informe Fjellner sobre información relativa a los medicamentos plantea preocupaciones legítimas en relación con las posibilidades de que disponen las empresas farmacéuticas para hacer publicidad destinada a los pacientes. Sin duda, mis colegas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria han mejorado el texto al negarse a apoyar diversos tipos de publicidad encubierta y proponer que las autoridades sanitarias de los Estados miembros controlen las comunicaciones de las empresas farmacéuticas al público en general cuando estas comunicaciones se refieran a medicamentos sujetos a receta médica. No obstante, sigo siendo muy cauto en relación con la línea de separación muy difusa entre la información y la publicidad.

Me opongo firmemente, por ejemplo, a la idea de autorizar a las empresas a hacer publicidad de sus medicamentos a los pacientes a través del personal médico. No quiero que se presione a los médicos y se les convierta en comerciales de la industria farmacéutica. Por ello, a pesar de la supervisión estricta establecida por mis colegas, me he abstenido en relación con un texto que me ha parecido verdaderamente problemático.

  Thomas Ulmer (PPE), por escrito. – (DE) He votado a favor del informe porque ofrece una mejora clara y sostenible de la información al paciente sobre medicamentos. La publicidad de los medicamentos sigue estando prohibida. La relación médico-paciente no se verá afectada negativamente por la Directiva y la autoridad del proveedor de servicios para recetar medicamentos sigue estando clara. En general, disponemos de una propuesta muy acertada para una Directiva del paquete farmacéutico para la segunda lectura.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) Esta Directiva introducirá por primera vez unas reglamentaciones uniformes sobre la difusión al público en general de determinada información sobre medicamentos sujetos a receta médica. La información necesaria consiste en explicar a los pacientes los beneficios y riesgos asociados a los medicamentos sujetos a receta médica, para que puedan tomar decisiones con mayor conocimiento de causa. Tras consultar con las organizaciones de pacientes y los profesionales de la salud, entre otros, la Comisión adoptará una serie criterios de calidad para la información. Estos criterios garantizarán la fiabilidad de los datos proporcionados, incluidos los que se presenten en páginas web y portales de Internet, y harán responsable a la industria farmacéutica de la información que difunda.

Las enmiendas del señor Fjellner también recomiendan la puesta en marcha de campañas de información para sensibilizar al público en general sobre los riesgos de los medicamentos falsificados, que ya han tenido consecuencias fatales en algunos Estados miembros, como el Reino Unido. En los últimos años, las autoridades aduaneras de la UE han venido notando un aumento rápido de la importación de medicamentos falsificados, en especial antibióticos, analgésicos e incluso medicamentos para el cáncer. Al contrario de lo que se ha difundido en algunos medios de comunicación, la Directiva se refiere únicamente a los medicamentos sujetos a receta médica. Nadie debe temer por su té de hierbas.

Informe: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) El Reglamento (CE) nº 726/2004 establece los procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y establece una Agencia Europea de Medicamentos. La modificación de la Directiva 2001/83/CE hace hincapié en una mejor información a los pacientes, especialmente en relación con la distinción entre información y publicidad. Tras esta modificación, el Reglamento debe modificarse a su vez, a fin de que también determinados elementos de la información sobre los productos a que se refiere puedan ser objeto de un control previo por parte de la Agencia Europea de Medicamentos. Con este objetivo en mente, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de modificación del Reglamento, en lo referente a la información al público en general sobre los medicamentos de uso humano sujetos a receta médica. El Parlamento Europeo recibió la solicitud de emitir un dictamen sobre la propuesta, y ha presentado una serie de enmiendas al texto de la Comisión Europea. Estas son las razones que me han llevado a votar a favor de la resolución que modifica la Directiva 2001/83/CE. Estas dos conjuntos legislativos operan conjuntamente para mejorar la información al paciente sobre los medicamentos que se le recetan.

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El Partido Comunista Griego ha votado en contra de ambas propuestas de Reglamento y de los informes del Parlamento Europeo correspondientes, porque trasladan de los departamentos gubernamentales a las empresas farmacéuticas multinacionales la responsabilidad de una información responsable, fiable y precisa a los pacientes. La información a los pacientes es una responsabilidad de los Gobiernos, y no una responsabilidad individual. Los beneficios obtenidos por los grupos farmacéuticos monopolistas y la protección de la salud pública son mutuamente excluyentes. La reciente estafa de las vacunas contra la supuesta pandemia de la «nueva gripe» es un ejemplo típico de cómo la información se traduce en ganancias de miles de millones de euros para las compañías farmacéuticas internacionales. Sostenemos que la responsabilidad de informar a los ciudadanos sobre los medicamentos en general —y no solo sobre los medicamentos sujetos a receta médica, como prevé el Reglamento— debe corresponder exclusivamente al Estado. Es lo mínimo que cabe exigir para proteger a los pacientes y los trabajadores. Los medicamentes, la investigación sobre medicamentos y los medios para la difusión del conocimiento y la información están en manos de las multinacionales, cuyo único criterio son los beneficios. Los trabajadores y los profesionales de la salud no pueden estar seguros de la calidad y la eficacia de los medicamentos y de los conocimientos y la información que reciben. Esta política debe ser combatida, con el fin de evitar que se hagan negocios con la salud y los medicamentos. Necesitamos agencias gubernamentales de medicamentos y servicios nacionales gratuitos de salud.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe, que se esfuerza por asegurar el objetivo clave de la UE consistente en garantizar una mejor protección de la salud de los ciudadanos de la UE y un funcionamiento eficaz del mercado interior de medicamentos de uso humano. El documento aprobado hoy creará las condiciones para planificar un marco claro para la información al consumidor sobre los medicamentos sujetos a receta médica, con el fin de promover que los consumidores tomen sus decisiones con mayor conocimiento de causa. De acuerdo con la propuesta del Parlamento Europeo, en la UE debe crearse una base de datos farmacéuticos de acceso público en todas las lenguas oficiales de la UE, con garantías de que se actualizará y se administrará con independencia de los intereses comerciales de las empresas farmacéuticas. La creación de la base de datos simplificará las búsquedas de información y permitirá que la información sea comprensible para el público no experto.

  Anne Delvaux (PPE), por escrito. – (FR) He votado en contra de este informe, al que siempre me he opuesto de manera firme. Si bien apruebo la idea de ofrecer una mejor información a los pacientes, no estoy de acuerdo con los medios utilizados para ello. Los objetivos de la industria farmacéutica nunca serán filantrópicos. Por otra parte, hay una línea de separación muy fina entre la información y la publicidad. Es cierto que el texto, aprobado casi por unanimidad, no tiene nada que ver con la idea inicial de la Comisión. Esta última simplemente habría abierto la puerta a la publicidad encubierta bajo la etiqueta de «información». Además, dicha propuesta se correspondía con la expectativa clara del sector farmacéutico de poder librarse de la prohibición legal de publicitar los medicamentos. El informe, tal como ha sido aprobado hoy, incluye muchas más garantías: que la información proporcionada por las empresas farmacéuticas para su difusión, en particular, se controle de antemano, y que esta información no sea difundida por los medios de comunicación. No obstante, la autorización para publicar resúmenes de los prospectos significa que habrá elementos que deberán resaltarse y otros, como las reacciones adversas, que es posible que se excluyan regularmente de los resúmenes, porque no «venden» bien. ¿No es ello ya un enfoque publicitario? ¿Realmente era este nuestro objetivo? ¿Realmente valía la pena el esfuerzo?

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica, en lo referente a la información al público en general sobre los medicamentos de uso humano sujetos a receta médica, el Reglamento (CE) nº 726/2004. Este reglamento establece los procedimientos de la UE para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos y contribuye a garantizar el derecho de los pacientes a una información fiable, accesible e independiente, validada por las autoridades competentes, en relación con los medicamentos disponibles.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Habida cuenta de la importancia que tiene para el éxito de un tratamiento el cumplimiento del paciente y la correcta administración de los medicamentos, es fundamental que el público, es decir, los pacientes, tenga acceso a información no promocional de calidad, veraz, actual, no engañosa y conforme con el resumen de las características del producto. Quien está en mejores condiciones para proporcionar información actualizada y precisa es el titular de la autorización de comercialización de cada medicamento. El Parlamento ha decidido, con toda razón, centrarse en los intereses de los pacientes y proteger estos intereses. No podría estar más de acuerdo con este enfoque, aunque no creo que haya ninguna necesidad de limitar las posibilidades que confiere la propuesta de la Comisión sobre la divulgación de información por parte de la industria farmacéutica, en virtud del «push principle». Se trataba de una propuesta equilibrada que tenía en cuenta los intereses de todas las partes, que implicaba la participación de los profesionales de la salud y que protegía al público de la publicidad de medicamentos sujetos a receta médica, algo que, con razón, sigue estando prohibido. No creo que el texto que se acaba de aprobar vaya a cambiar la realidad del acceso de los pacientes a la información, lo que considero una oportunidad perdida.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – Es importante que los pacientes estén mejor informados acerca de cualquier medicamento que estén tomando. También es importante que toda la información que reciban sea objetiva y que la industria farmacéutica no emborrone la línea de separación entre la información y la publicidad. La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) ha hecho un buen trabajo modificando esta propuesta, y me ha permitido apoyar este informe.

  Alan Kelly (S&D), por escrito. – No estoy de acuerdo con la publicidad directa a los consumidores en relación con los productos farmacéuticos. Es importante que los pacientes tengan acceso a la información sobre los medicamentos que están tomando, pero creo que este tipo de publicidad socavaría el papel del médico como guardián y podría ser perjudicial para su responsabilidad ante los pacientes.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) Felicito al señor Fjellner por su importante labor en relación con la información al público en general sobre los medicamentos de uso humano sujetos a receta médica, y, más específicamente, en relación con los procedimientos de la UE para la autorización y el seguimiento de los medicamentos.

El actual marco jurídico de la UE sobre la información científica proporcionada a los consumidores europeos presenta muchos problemas, especialmente en lo que respecta a las diferentes interpretaciones de la Directiva por los distintos Estados miembros.

El informe que se ha aprobado hoy tiene como objetivo mejorar el nivel de armonización de los reglamentos en el sector, en un intento de cerrar las brechas y eliminar las disparidades que existen en la actualidad con respecto a la salvaguarda del derecho a la salud. Todo ello se enmarca en una estrategia más amplia de concienciación sanitaria, encaminada a garantizar que, de hecho, los ciudadanos europeos puedan acceder fácilmente a la información científica sobre los medicamentos sujetos a receta médica.

  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor de este informe porque estoy especialmente interesado en temas relacionados con la salud, especialmente en relación con la igualdad de acceso de los pacientes a la atención y la información médica. De momento, en Europa, el nivel de información sobre los medicamentos disponibles en el mercado varía enormemente, lo que me parece injusto incluso para los pacientes. Los pacientes deben tener derecho a obtener información completa y correcta acerca de los medicamentos. Las propuestas de mi colega Christofer Fjellner han ido precisamente en esta dirección, dando prioridad, por tanto, al paciente. Las modificaciones introducidas por el Parlamento Europeo a la propuesta legislativa de la Comisión Europea ponen de relieve que los fabricantes de medicamentos deben proporcionar información básica, como las características del producto, una etiqueta, un prospecto informativo dirigido a los pacientes y una versión públicamente accesible del informe de evaluación. No obstante, para que podamos garantizar la fiabilidad de la información, creo que las autoridades nacionales deben controlar estrictamente los sitios especializados que proporcionan estos detalles.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Este informe consiste en un recordatorio de lo que debe ser la Agencia Europea de Medicamentos. Uno no puede oponerse a un texto que expone hechos evidentes, como la necesidad de «destacar los derechos e intereses del paciente», la necesidad de obligar a hacer públicas las reacciones adversas de sus medicamentos y la necesidad de publicar información en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea.

No obstante, cabe sorprenderse por el hecho de que sea preciso recordar tales lugares comunes quince años después de la creación de la Agencia. El Parlamento debe denunciar la falta de transparencia de la Agencia, y decir alto y claro que debe reformarse en interés de todos.

  Nuno Melo (PPE) , por escrito. – (PT) El acceso a información de calidad sobre medicamentos sujetos a receta médica contribuirá a lograr mejores resultados sanitarios para el paciente, ya que es más probable que un paciente mejor informado continúe el necesario tratamiento y entienda mejor las decisiones relacionadas con su tratamiento. En consecuencia, el objetivo de la propuesta no puede consistir únicamente en la armonización de la legislatura europea, sino que también ha de pretender una mejora de la salud mediante unos mayores conocimientos relacionados con la salud.

A la industria farmacéutica le incumbe desempeñar un papel importante en el fomento de la concienciación sanitaria y de una buena salud, pero se ha de definir claramente su función y se ha de regular estrictamente su participación, a fin de evitar un consumo excesivo de medicamentos provocado por motivos comerciales. También es necesario evitar la publicidad engañosa e intentar ofrecer una mejor información al consumidor (el paciente), que, a través de Internet, tiene acceso a una variedad de información descontrolada, algo que no ocurre con respecto a la información fidedigna proporcionada por los laboratorios farmacéuticos.

  Louis Michel (ALDE), por escrito. – (FR) Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses de los pacientes, estos últimos deben poder disponer de una información de calidad, objetiva, fiable y de carácter no publicitario en relación con los medicamentos. Si queremos proteger la salud, los prospectos farmacéuticos deben ser lo más claros y completos posible, y deben responder a criterios básicos de calidad. Desde esta misma preocupación de proteger a los pacientes y proporcionar información al público en general, debemos promover un acceso más fácil posible a la información, en particular, resumiendo las características del producto y proporcionando un prospecto con estas características en formato electrónico e impreso. Por ello, tendremos que garantizar la disponibilidad de páginas web certificadas y registradas que ofrezcan un volumen considerable de información independiente, objetiva y de carácter no publicitario.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (LV) El informe del señor Fjellner es muy oportuno. La publicidad encubierta de medicamentos es inadmisible. Los médicos deben poder ofrecer a sus pacientes recomendaciones sobre los medicamentos. Los médicos deben regular y recetar los medicamentos a los pacientes, con el fin de evitar la especulación y la competencia entre los fabricantes de medicamentos. Las empresas farmacéuticas deben limitarse a proporcionar apoyo en forma de información, pero en ningún caso debe permitirse que intenten endosar sus productos a los pacientes. Los médicos son los responsables del tratamiento; ellos son también quienes deben decidir qué medicamentos deben administrarse al paciente en el curso de dicho tratamiento.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) En vista del hecho de que, tan solo en Alemania, alrededor de 25 000 personas mueren cada año a consecuencia de las reacciones e interacciones adversas, y que un 3 % de los accidentes puede atribuirse a los medicamentos sujetos a receta médica, es evidente que debemos proporcionar a los pacientes una mejor información. Por ejemplo, podemos analizar el caso de Francia, donde cualquier deterioro funcional se indica claramente en el envase. Tenemos que proporcionar información a los pacientes, pero también tenemos que ayudarles a manejarse en la jungla de los medicamentos, por ejemplo, acordando la rutina diaria, el diseño de los embalajes o determinados etiquetados especiales. Ello permitirá ahorrar miles de millones de euros de fondos públicos y ahorrará a los pacientes las reacciones e interacciones adversas. Esta propuesta contiene un par de iniciativas encaminadas a permitir que los pacientes estén mejor informados sobre los medicamentos que se les han recetado y sobre su utilización. Es cuestionable que los pacientes realmente hagan uso de este mejor acceso a una información de calidad, dado el comportamiento de muchos pacientes. No obstante, sin duda es importante que la información se ponga a disposición del público en toda la UE. Por ello, he votado a favor de este informe.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) Dado que se centra en el derecho de los pacientes a la información, apoyo plenamente el informe, que incluye algunas innovaciones importantes.

La primera de ellas se refiere a Internet. El Parlamento pretende que los consumidores sean conscientes de los riesgos de comprar medicamentos en línea, al tiempo que presiona a favor de la propuesta de una legislación ad hoc sobre este método de venta.

La segunda se refiere a la prohibición de la publicidad de los medicamentos sujetos a receta médica, porque es importante establecer una distinción entre los medicamentos genéricos y no genéricos, no solo desde el punto de vista de la información que se debe dar a los pacientes sino, sobre todo en lo que respecta al cumplimiento de buenas prácticas en la fabricación de sustancias activas, especialmente fuera de Europa.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE) , por escrito. – (PT) El informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica, en lo referente a la información al público en general sobre los medicamentos de uso humano sujetos a receta médica, el Reglamento (CE) nº 726/2004 introduce nuevas reglas en lo que respecta a la transparencia y la eficacia de la información, haciendo hincapié en los intereses de los pacientes, protegiendo estos intereses, algo en lo que me he basado para votar a favor. Son cuestiones importantes el establecimiento de una Agencia Europea de Medicamentos, y las contribuciones claras encaminadas a garantizar el derecho de los pacientes a una información fiable, accesible e independiente, validada por las autoridades competentes, en relación con los medicamentos disponibles.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) En la Unión Europea se dispone de muchas fuentes de información independientes y basadas en datos sobre las opciones terapéuticas disponibles. Estas fuentes tienen en cuenta las especificidades culturales y los contextos para la población, incluidos los determinantes sanitarios. Un mejor acceso a información de calidad contribuirá a lograr mejores resultados sanitarios para el paciente, ya que es más probable que un paciente mejor informado continúe el necesario tratamiento y entienda mejor las decisiones relacionadas con su tratamiento. Por lo tanto, si se formula y aplica debidamente la propuesta, generará un valor añadido.

La regulación que se debate no tiene en cuenta el progreso técnico, ni las oportunidades y los desafíos creados por Internet. El paciente en Europa ya dispone, en unos segundos, de un acceso ilimitado a una información incontrolada, y con frecuencia errónea, sobre los medicamentos sujetos a receta médica. No obstante, la mayoría de los pacientes sólo dispone de un acceso muy limitado a una información controlada y segura en Internet sobre los medicamentos. Esto es especialmente problemático para quienes necesiten la información en su propia lengua. En consecuencia, el objetivo de la propuesta no puede consistir únicamente en la armonización de la legislatura europea, sino que también ha de pretender una mejora de la salud mediante unos mayores conocimientos relacionados con la salud.

  Paulo Rangel (PPE) , por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica, en lo referente a la información al público en general sobre los medicamentos de uso humano sujetos a receta médica, el Reglamento (CE) nº 726/2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos. Creo que es esencial garantizar el acceso del paciente a una información fiable e independiente sobre los medicamentos sujetos a receta médica que están disponibles en el mercado.

  Crescenzio Rivellini (PPE), por escrito. – (IT) En la sesión de hoy, hemos votado en primera lectura sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de información sobre medicamentos (procedimientos de la UE para la autorización y el control de los medicamentos). El Parlamento y las organizaciones de pacientes llevan mucho tiempo pidiendo tal propuesta a fin de permitir que el paciente esté mejor informado sobre los medicamentos que se le recetan y que toma.

La reglamentación actual no está adaptada al progreso técnico ni a las posibilidades y los retos creados por Internet. El paciente en Europa ya dispone, en unos segundos, de un acceso ilimitado a una información incontrolada, y con frecuencia errónea, sobre los medicamentos sujetos a receta médica.

El ponente ha propuesto cambiar el enfoque de la propuesta y encargar a las empresas farmacéuticas que faciliten una información determinada al paciente, situando así en el centro de la normativa el «derecho del paciente a saber». Un mejor acceso a información de calidad contribuirá a lograr mejores resultados sanitarios para el paciente, ya que es más probable que un paciente mejor informado continúe el necesario tratamiento y entienda mejor las decisiones relacionadas con su tratamiento. Por lo tanto, la propuesta generará un valor añadido.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Este informe acoge positivamente la propuesta de la Comisión referente a la información al público en general sobre medicamentos sujetos a receta médica [COM(2008)0662-0663]. El Parlamento y las organizaciones de pacientes llevan mucho tiempo pidiendo tal propuesta a fin de permitir que el paciente esté mejor informado sobre los medicamentos que se le recetan y que toma. Un mejor acceso a información de calidad contribuirá a lograr mejores resultados sanitarios para el paciente, ya que es más probable que un paciente mejor informado continúe el necesario tratamiento y entienda mejor las decisiones relacionadas con su tratamiento. Por lo tanto, si se formula y aplica debidamente la propuesta, generará un valor añadido. En consecuencia, el objetivo de la propuesta no puede consistir únicamente en la armonización de la legislatura europea, sino que también ha de pretender una mejora de la salud mediante una mayor concienciación sanitaria. A la industria farmacéutica le incumbe desempeñar un papel importante en el fomento de la concienciación sanitaria y de una buena salud, pero se ha de definir claramente su función y se ha de regular estrictamente su participación, a fin de evitar un consumo excesivo de medicamentos provocado por motivos comerciales.

  Christel Schaldemose (S&D), por escrito. – (DA) Nosotros, los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo (Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Britta Thomsen y Ole Christensen) nos hemos abstenido en la votación del informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica, en lo referente a la información al público en general sobre los medicamentos de uso humano sujetos a receta médica, el Reglamento (CE) nº 726/2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos. A pesar de que el informe incluye varias propuestas positivas, no consideramos que podamos votar a favor de una propuesta que va en contra de la Constitución danesa.

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor del informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica, en lo referente a la información al público en general sobre los medicamentos de uso humano sujetos a receta médica, el Reglamento (CE) nº 726/2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos para que garantice, en el futuro, un marco legal de la UE que permita a las ciudadanos europeos disponer de un acceso equitativo a una información precisa y clara sobre los medicamentos.

El informe presentado por la Comisión el 20 de diciembre de 2007 relativo a «las prácticas actuales en materia de información al paciente sobre los medicamentos» indica que los Estados miembros han adoptado normas y prácticas divergentes en relación con el suministro de información, lo que ha dado lugar a una situación de acceso desigual de los pacientes y el público en general a la información relativa a los medicamentos. Los ciudadanos europeos tienen derecho a disponer de acceso a información precisa y clara sobre los medicamentos. Creo que es importante que la reglamentación salvaguarde los intereses de los pacientes y garantice que se utilicen los medios de comunicación más novedosos para proporcionar al público en general una información precisa, accesible y fácil de entender, de manera transparente, con independencia de los intereses comerciales de las empresas farmacéuticas.

Informes: Christofer Fjellner (A7-0290/2010), (A7-0289/2010)

  Göran Färm (S&D), por escrito. – (SV) En vista del hecho de que, en un trabajo anterior, he actuado como consultor para una de las partes interesadas en este asunto, hoy me he abstenido en la votación de estos informes, a saber: A7-0289/2010 y A7-0290/2010.

Informe: Jill Evans (A7-0196/2010)

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) Cada año, en Europa, se generan aproximadamente 9,3 millones de toneladas de residuos de aparatos electrónicos. El hecho es que, a menudo, estos aparatos contienen una gran cantidad de materiales altamente contaminantes. Estos residuos constituyen un desafío ambiental considerable. Además del reprocesamiento, parece fundamental restringir, desde el principio, la utilización de estas sustancias peligrosas. Los grandes grupos industriales ya han comenzado a restringir su utilización. Sin embargo, necesitamos normas claras para proporcionar un marco común para esta tarea esencial. Por tanto, he votado a favor de la resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la adopción de una Directiva que limite la utilización de estas sustancias. No obstante, no ha sido un voto sencillo. En efecto, la propuesta contiene una serie de derogaciones, especialmente en lo que se refiere a los paneles fotovoltaicos. Dado que estos paneles permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, hemos considerado oportuno tolerar las sustancias que contienen. No obstante, y de manera comprensible, ello se convirtió en un tema de debate sobre las prioridades de la política medioambiental de la Unión, que, desgraciadamente, hace frente a cuestiones mutuamente contradictorias.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) He apoyado este informe. Tan solo en la UE se venden alrededor de 9,3 millones de toneladas anuales de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), en su mayoría grandes electrodomésticos y equipos de informática y telecomunicaciones. Como el mercado sigue expandiéndose y los ciclos de innovación se hacen incluso más breves, la sustitución de los aparatos se acelera, lo que convierte los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en el flujo de desechos de más rápido crecimiento. Se prevé que los RAEE alcancen los 12,3 millones de toneladas en 2020. Los RAEE contienen una serie de sustancias peligrosas, que pueden liberarse en el medio ambiente y resultar perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente, especialmente si no se tratan de forma adecuada. Estos problemas no se han resuelto con la actual Directiva RUSP.

Respaldo las propuestas del documento para que la Comisión Europea refuerce la prevención del uso de sustancias nocivas y examine periódicamente la prohibición de otras sustancias peligrosas y su sustitución por sustancias o tecnologías alternativas más respetuosas con el medio ambiente que garanticen un nivel adecuado de protección de la salud humana y el medio ambiente.

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. – (FR) El Parlamento Europeo ha ratificado el acuerdo con el Consejo con arreglo al procedimiento legislativo ordinario mediante la aprobación, en primera lectura, de la refundición de la Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Es una buena noticia para los consumidores europeos: los aparatos eléctricos y electrónicos vendidos en la Unión Europea constituyen un porcentaje considerable de los bienes de consumo vendidos (tan solo en la Unión Europea se venden alrededor de 9,3 millones de toneladas anuales de aparatos eléctricos y electrónicos). La sustitución cada vez más frecuente de estos aparatos plantea el problema de los residuos y de las sustancias peligrosas presentes en dichos residuos. Es necesario, por razones de salud y seguridad pública, restringir su utilización. La idea que subyace a la refundición de la Directiva actual, que data de 2003, es avanzar aún más en las restricciones a la utilización de sustancias peligrosas. También está previsto que la Comisión revise su legislación en un plazo de tres años, con el fin de adaptar la legislación todavía más a las innovaciones futuras.

  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) Quiero felicitar a la ponente, la señora Evans, por su trabajo y el adecuado compromiso entre nuestros grupos políticos que ha logrado alcanzar.

El texto aprobado, una refundición de la Directiva actualmente en vigor, pretende establecer unos parámetros más ambiciosos para el uso de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE). Cabe señalar que, en los últimos años, las instituciones europeas, con gran esfuerzo, han realizado progresos notables en hacer la eliminación y la producción de aparatos electrónicos más respetuosas con el medio ambiente y la salud humana.

He votado a favor de esta medida, que encaja en este contexto y sin duda representa a la vez una carga y una oportunidad para las grandes y las pequeñas y medianas empresas. De hecho, la capacidad de ofrecer a los consumidores productos menos contaminantes es una buena oportunidad para que las empresas mejoren sus procesos de negocio y su competitividad global. Por último, los nuevos parámetros analizados en este informe garantizan tanto una mayor protección para los consumidores europeos como un mayor respeto por el medio ambiente.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (refundición), porque creo que el acuerdo alcanzado con el Consejo cumple con el objetivo de contribuir a la protección de la salud humana y el medio ambiente, simplificando y dando una mayor coherencia a la legislación vigente.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Según la Comisión, tan solo en la UE se venden alrededor de 9,3 millones de toneladas anuales de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), en su mayoría grandes electrodomésticos y equipos de informática y telecomunicaciones. Como el mercado sigue expandiéndose y los ciclos de innovación se hacen más breves, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) se perciben como el flujo de desechos de más rápido crecimiento. Se prevé que los RAEE alcancen los 12,3 millones de toneladas en 2020. La refundición de la Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas tiene por objeto ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva y el refuerzo de su parte preventiva, de modo que los daños medioambientales puedan corregirse en la propia fuente (de manera prioritaria), de conformidad con el artículo 174, apartado 2, del Tratado CE. No obstante, esta Directiva se centra esencialmente en los grandes distribuidores, pasando por alto el impacto presupuestario que puede tener sobre las pequeñas y medianas empresas (PYME) fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos, y no ofrece soluciones en el marco de la propuesta de la COM(2008) 0809 ni del informe sobre biointeligencia, que afirma que, con este nuevo régimen, es probable que las PYME que fabrican equipos de supervisión y seguimiento médico tengan problemas.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Según la Comisión, esta refundición relativa a las restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RUSP) es necesaria como consecuencia de la incertidumbre existente en torno al ámbito de aplicación, la falta de claridad con respecto a las disposiciones legales y las disparidades entre los Estados miembros en relación con la conformidad de los productos en cuestión.

Antes de la votación, he recibido varias peticiones para rechazar la inclusión del PVC en la lista de sustancias identificadas para una revisión prioritaria del anexo III de la Directiva RUSP. Quiero decir que no estoy de acuerdo con esta inclusión, ya que si la inclusión de una serie de productos sospechosos, incluido el PVC, no se basa en ningún criterio carece de sentido alguno. Considerar que un producto es susceptible a priori de prohibición en el futuro sin ninguna base científica da lugar a una situación inadmisible de falta de definición legislativa. En el caso del PVC, una evaluación inicial realizada en los términos del Reglamento REACH llegó a la conclusión de que no resulta muy peligroso, y que no es una sustancia prioritaria para su inclusión en el anexo III. He votado a favor de este informe porque, durante las negociaciones que precedieron a la votación en el Pleno, esta lista fue retirada. Ahora, la Comisión debe llevar a cabo una nueva evaluación, tres años después de la entrada en vigor de esta legislación.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El volumen de ventas de aparatos eléctricos y electrónicos en la UE y el inevitable incremento de los residuos derivados de estos equipos implica que existe la necesidad de sustituir determinadas sustancias peligrosas presentes en dichos aparatos, a fin de minimizar su impacto sobre el medio ambiente y garantizar la protección de los consumidores y la salud pública. Somos conscientes de que es algo necesario, y valoramos la búsqueda de soluciones que puedan ofrecer alguna respuesta. Por tanto, hemos votado a favor de este informe. Durante el proceso de debate que ha tenido lugar en los últimos meses, el Consejo ha llegado a un acuerdo con el Parlamento, tras las negociaciones sobre determinados temas más controvertidos y problemáticos. Consideramos un factor positivo el hecho de que el texto final propuesto excluyese el policloruro de vinilo del ámbito de aplicación de la Directiva, que permite que se mantenga la producción en determinados sectores industriales, ya que estos sectores podrían haberse visto seriamente afectados en caso de que finalmente se hubiera incluido, tal como se propuso originalmente.

  Robert Goebbels (S&D), por escrito. – (FR) Me he abstenido en la votación del informe Evans sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, porque el enfoque del Parlamento me parece extraño. Por una parte, el informe se opone sin ambages, sin ninguna prueba científica, a las nanopartículas, que, por su pequeño tamaño, han de ser necesariamente peligrosas. Por otra parte, la propuesta de Directiva excluye los residuos de los paneles solares, con la afirmación de que se quiere fomentar el desarrollo de las tecnologías de energía renovable. O bien las sustancias eléctricas son peligrosas o no lo son. Si el objetivo es imponer el «principio de cautela», entonces también debería aplicarse a la tecnología solar.

  Matthias Groote (S&D), por escrito. – (DE) He votado a favor del informe sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RUSP), porque la ampliación del ámbito de aplicación para abarcar todos los aparatos electrónicos representa una clara mejora. No obstante, el hecho de que haya tantas excepciones me parece problemático. En particular, en el ámbito de las energías renovables, quedan fuera de esta Directiva los módulos fotovoltaicos, que incorporan en parte compuestos de telururo de cadmio. Esta sustancia no solo es perjudicial para la salud, sino que también es peligrosa, por lo que realmente debería figurar en el ámbito de aplicación de la Directiva RUSP. El peligro de que, como consecuencia, las instalaciones fotovoltaicas tuvieran que desaparecer por completo de los tejados no se plantearía. Por el contrario, en el mercado existen numerosas alternativas sin telururo de cadmio. Por tanto, no estoy de acuerdo en este sentido con la decisión de la mayoría del Parlamento y el Consejo.

  Françoise Grossetête (PPE), por escrito. – (FR) Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos aumentan sin cesar, y con ello diversas sustancias peligrosas. Si no se tratan adecuadamente, estas sustancias pueden verterse en el medio ambiente y causar daños a la salud humana.

Esta Directiva permitirá a numerosas empresas hacer todavía más progresos en el diseño de aparatos eléctricos y electrónicos nuevos y más seguros, mediante el fomento de la innovación tecnológica. La reducción de sustancias peligrosas, en las etapas iniciales, también dará lugar a una reducción de los costes de reciclaje. Por último, y muy importante, hemos logrado una excepción para los paneles solares, con el fin de fomentar el desarrollo de tecnologías de energía renovable en Europa.

  Małgorzata Handzlik (PPE), por escrito. – (PL) Polonia es uno de los mayores productores de Europa de aparatos de televisión, radio y electrodomésticos. También es un país en el que las ventas de este tipo de aparatos aumentan año tras año. Asimismo, el desarrollo de la tecnología y el crecimiento de la demanda de este tipo de productos están causando un aumento en el volumen de los denominados residuos electrónicos (e-waste), y el tratamiento de estos residuos y el efecto de este proceso sobre la contaminación ambiental son problemáticos. Por tanto, las nuevas disposiciones de la Directiva sobre restricciones a la utilización de sustancias peligrosas son extremadamente importantes para los productores de este tipo de aparatos. Los fabricantes están obligados a eliminar las sustancias nocivas y a aumentar las normas de seguridad para los aparatos destinados al uso cotidiano. Esto también es una buena noticia para los consumidores, porque las nuevas normas introducen la obligación de utilizar sustancias que sean inocuas para la salud y el medio ambiente, y ello se aplica a todos los productores de aparatos eléctricos de toda la Unión Europea.

  Jutta Haug (S&D), por escrito. – Aunque no sea muy ambicioso, el compromiso en primera lectura mejora la legislación actual, por lo que he votado a favor. Además de la nueva metodología para las restricciones de sustancias, una mejora clave es el ámbito de aplicación abierto: a medio plazo, todos los aparatos eléctricos y electrónicos, incluidos los equipos para la generación de corriente eléctrica, estarán afectados por la Directiva RUSP. Sin embargo, la larga lista de exclusiones, incluidos los paneles fotovoltaicos, constituye una pega importante. El hecho de excluir esta tecnología «limpia» decisiva de la legislación ambiental enviará la señal equivocada, en la UE y en el mundo. Se trata de establecer un marco normativo adecuado para las inversiones sostenibles coherentes. Incluso aunque la producción de paneles fotovoltaicos con sustancias peligrosas como el telururo de cadmio pueda ser más rentable, hace tiempo que existen alternativas menos problemáticas y que han demostrado funcionar de manera excelente. Por tanto, no veo ninguna necesidad de llenar nuestros campos y tejados con lo que puede convertirse en un residuo peligroso, trasladando el desafío de su eliminación a las generaciones futuras. En este punto, estoy totalmente en desacuerdo con la posición y la decisión de la mayoría del Parlamento Europeo y del Consejo.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – El compromiso negociado por mi colega Jill Evans marca un avance en este ámbito legal. La seguridad jurídica que proporciona dará lugar a mejoras en la protección del medio ambiente, y, por ello, he votado a favor del informe.

  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. – (PL) El incremento continuo de la producción de aparatos de radio y televisión y de electrodomésticos es el resultado del desarrollo de las tecnologías modernas y del aumento de la demanda de este tipo de productos. Como consumidores, esperamos que estos aparatos sean funcionales y ergonómicos, pero sobre todo debemos exigir que los distintos tipos de productos cumplan con las normas adecuadas que regulan las normas de seguridad, tanto para el usuario como para el medio ambiente. Intercambiamos los aparatos antiguos por otros nuevos, produciendo cantidades alarmantes de residuos, y las sustancias peligrosas utilizadas en su producción están causando daños irreversibles a los ecosistemas.

Por tanto, es indispensable introducir regulaciones legislativas que limiten el uso de sustancias nocivas en la producción de los aparatos que llegan a nuestros hogares, y que, al mismo tiempo, apoyen a los productores en la aplicación de medidas innovadoras y ecológicas.

  Alan Kelly (S&D), por escrito. – La Directiva RUSP actual restringe el uso de seis materiales peligrosos que en algún momento se utilizaron en determinados aparatos eléctricos y electrónicos. Esta Directiva es ahora objeto de refundición con el fin de simplificarla y facilitar que los productores sepan qué sustancias están prohibidas, a fin de evitar toda confusión innecesaria que pudiera resultar peligrosa para el consumidor y los recursos de las empresas de residuos.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) La Unión Europea necesitaba un conjunto detallado de normas sobre el uso de determinadas sustancias consideradas peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Esta exigencia se hace evidente a partir de los datos de la Comisión, que muestran que, cada año, tan solo en la UE, se venden alrededor de 9,3 millones de toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE).

Como el mercado sigue expandiéndose y los ciclos de innovación se hacen incluso más breves, la sustitución de los aparatos se acelera, lo que convierte los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el flujo de desechos de más rápido crecimiento. Tras una fase de transición corta, para permitir a las empresas adaptarse a la nueva legislación, se prohibirá el uso de sustancias peligrosas en todos los aparatos eléctricos y electrónicos, aunque con algunas excepciones, como los paneles fotovoltaicos. La medida también exige que las empresas competidoras de terceros países respeten las mismas obligaciones que se les imponen a las europeas, con la obligación expresa de que los productos importados deben cumplir con las mismas normas de seguridad que aseguran las normas de la UE.

Por tanto, en última instancia, creo que constituye una prioridad salvaguardar determinados activos esenciales, tales como la salud pública y el medio ambiente, aunque a sabiendas de que funcionamos en unas condiciones muy marcadas por la grave crisis económica que ha afectado a Europa y al mundo.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. La actual Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas restringe la utilización de seis materiales peligrosos en la fabricación de determinados aparatos electrónicos y eléctricos. Su objetivo es evitar los residuos tóxicos cuando estos aparatos se desechan, para asegurarse de que los teléfonos móviles, los ordenadores y las neveras de los que se desprenden los europeos no perjudiquen el medio ambiente ni la salud humana por las filtraciones de productos químicos en los vertederos o por la liberación de gases tóxicos durante la incineración. La Directiva se está haciendo más sencilla.

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La utilización de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos es un problema importante de salud pública, para el medio ambiente y en relación con la gestión de los residuos. Estos riesgos son aún mayores en las operaciones de reciclaje y recuperación llevadas a cabo en los países en desarrollo en condiciones inadecuadas, especialmente en los casos de exportación ilegal para la eliminación en vertederos en los países más pobres. Con este proyecto de ley, todos los materiales en cuestión quedarán incluidos en la presente Directiva. Por tanto, en el futuro, todos los materiales deberán cumplir con las disposiciones de la Directiva, si ello se considera necesario en una evaluación ambiental.

La presente Directiva contribuye a establecer normas claras en los Estados miembros en materia de comercialización de estas sustancias, y, posteriormente, de su reutilización. La presente Directiva dará lugar a una mejora significativa en relación con la situación actual, por lo que he votado a favor. No obstante, creo que algunas sustancias peligrosas que se quedaron fuera de la Directiva deberán incluirse en el plazo de los tres próximos años, tras una revisión y evaluación de su impacto.

  Nuno Melo (PPE) , por escrito. – (PT) El uso creciente de aparatos eléctricos y electrónicos, junto con su considerable desarrollo tecnológico, ha llevado a una disminución constante de su ciclo de vida. A su vez, ello ha dado lugar a problemas graves en relación con la utilización de sustancias peligrosas en estos aparatos, así como a dificultades en la gestión de un volumen de residuos cada vez mayor. Por tanto, esta Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas (RUSP) tiene por objeto ampliar su ámbito de aplicación y reforzar su parte preventiva, de modo que los daños medioambientales puedan corregirse en la propia fuente (de manera prioritaria), de conformidad con el artículo 174, apartado 2, del Tratado CE. Esta refundición es esencial para que se produzca una reducción satisfactoria de sustancias peligrosas en este tipo de equipos.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (LV) Apoyo plenamente el informe de la señora Evans. No obstante, quiero añadir que debe prestarse más atención a este problema. La utilización de plomo, magnesio, mercurio y metales de tierras raras en la tecnología electrónica e industrial es inevitable. Nuestra tarea consiste en obligar a los fabricantes a utilizar materiales menos nocivos. Cuando ello no sea posible, es esencial que el público esté informado de los efectos potencialmente perjudiciales para los consumidores de todas las sustancias nocivas utilizadas.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) La Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RUSP) regula el uso de sustancias peligrosas en aparatos y componentes. También es un instrumento importante para establecer una norma europea y mundial, para los fabricantes. La ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva pretende tener en cuenta también el tratamiento de los residuos de las sustancias peligrosas. Me he abstenido en la votación, porque el informe todavía no resuelve completamente todos los problemas asociados al manejo de sustancias peligrosas.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) Ciertamente, el mercado de aparatos eléctricos ha experimentado un crecimiento rápido, en particular en lo relativo a la informática y las telecomunicaciones. Ello y los ciclos de innovación cada vez más cortos también dan lugar a unas cantidades cada vez mayores de residuos eléctricos. La refundición de la Directiva RUSP se dirige a evitar la utilización de sustancias peligrosas que puedan perjudicar el medio ambiente o la salud humana. Algunas de las propuestas son polémicas: por una parte, los grandes fabricantes de ordenadores como HP, Acer o Sony Ericsson se han pronunciado a favor de una prohibición de todos los retardadores de llama bromados en los aparatos eléctricos y electrónicos. Por otra parte, es evidente que los resultados de los estudios de la Comisión no son muy concluyentes, al menos en lo que respecta a los posibles daños sobre el medio ambiente. Además, la industria ha expresado algunas preocupaciones con respecto a la prohibición del PVC, especialmente en la industria del cable. Las propiedades negativas del PVC son objeto de controversia y existe el temor de que los costes se incrementen si se prohíben los cables revestidos de PVC. Estos argumentos deben sopesarse antes de plantear prohibiciones específicas. Por ello, me he abstenido en la votación.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de este informe por varios motivos. Estoy de acuerdo con que las instalaciones fijas y los paneles fotovoltaicos deban quedar excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva. También me complace la adopción de una metodología para la revisión de las sustancias peligrosas contenidas en el anexo IV, ya que ello significa que la lista de sustancias a examinar por la Comisión (anexo III) puede eliminarse. También considero que la definición —no demasiado amplia— de «dependencia» en el sentido de que se necesita electricidad para el funcionamiento del aparato es correcta. También creo que es prematuro que la legislación incluya la evaluación de los nanomateriales, que la Comisión está examinando actualmente. Por último, aplaudo el hecho de que el ámbito de aplicación sea «abierto», para incluir todos los aparatos eléctricos y electrónicos.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) Mi voto a favor del informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (refundición) se debe a las mejoras introducidas de común acuerdo con el Consejo, que deberían contribuir a lograr mejoras importantes en la protección de la salud pública y el medio ambiente, como en lo relativo a la gestión de residuos. Quiero destacar la simplificación y la mayor coherencia de la nueva legislación. La reorganización y las restricciones de utilización de materiales peligrosos era algo imperativo, en vista del aumento sustancial de las ventas de aparatos eléctricos y electrónicos en la UE.

Con esta legislación, estamos contribuyendo a evitar que los residuos que producimos con los aparatos eléctricos y electrónicos —como teléfonos móviles, ordenadores y frigoríficos— perjudiquen el medio ambiente y la salud humana mediante la introducción de productos químicos en el medio ambiente, bien en los vertederos o bien a través de la liberación de gases tóxicos producidos durante la incineración.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. – (IT) Quiero dar las gracias a la señora Evans por su excelente trabajo. He votado a favor porque estoy de acuerdo en que la refundición de la Directiva RUSP debe inscribirse en el contexto de las obligaciones de la UE a nivel internacional para reducir progresivamente las emisiones totales de dioxinas y furanos, y, si es factible, su eliminación definitiva.

Es difícil saber qué tratamiento se prevé para cantidades importantes de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE). La incineración a alta temperatura constituye la excepción. El tratamiento no conforme con las normas ―ya sea en la UE o en terceros países― podría convertirse en una realidad para cantidades importantes de residuos de AEE. El problema de las emisiones de dioxinas y furanos únicamente podrá resolverse adoptando decisiones críticas en la etapa de diseño.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) Tan solo en la UE se venden alrededor de 9,3 millones de toneladas anuales de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), en su mayoría grandes electrodomésticos y equipos de informática y telecomunicaciones. A medida que el mercado sigue expandiéndose y los ciclos de innovación se hacen incluso más breves, la sustitución de los aparatos se acelera, lo que convierte los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en el flujo de desechos de más rápido crecimiento. Se prevé que el volumen de RAEE alcance los 12,3 millones de toneladas en 2020.

Los aspectos clave de esta refundición de la Directiva son los siguientes:

- su ámbito de aplicación abierto

- la distinción entre la Directiva RUSP y el Reglamento REACH

- la modificación de los criterios aplicables a las exenciones

- los criterios relativos a la duración de una exención/período de gracia

- la aplicación de la codecisión, en lugar del procedimiento de comitología, a las futuras restricciones

- las disposiciones específicas relativas a los nanomateriales.

Acojo con satisfacción que se haya alcanzado un acuerdo en primera lectura. He votado a favor de este informe, porque la nueva propuesta de Directiva resulta más sencilla y ofrecerá a los fabricantes un instrumento más fácil de usar para clasificar sus productos en las categorías previstas por la Directiva. También tiene en cuenta el impacto socioeconómico asociado a la protección de la salud y el medio ambiente a la hora de modificar los criterios de excepción.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) De acuerdo con la Comisión, conviene reformular la actual Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, adoptada en 2003, por razones de claridad y seguridad jurídica. Naturalmente, esta refundición exige la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva, a fin de contribuir a la protección de la salud humana y el reciclaje y la eliminación ecológicamente correctos de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Con respecto a esta cuestión, ahora es fundamental tener en cuenta el posible impacto sobre las pequeñas y medianas empresas de las soluciones recomendadas.

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) Hace casi ocho años, el Parlamento Europeo adoptó una Directiva sobre restricciones a la utilización de sustancias peligrosas (Directiva RUSP), y, con ello, dio respuesta a una fuerte demanda de los consumidores de productos de consumo cotidiano seguros e inocuos. Este enfoque basado en la seguridad se aplicó principalmente a través de la prohibición del uso de plomo, mercurio y cadmio en productos tan diversos como los electrodomésticos, los aparatos de radio y televisión, los trenes eléctricos y los videojuegos. Acojo con satisfacción la revisión que hoy se ha aprobado, que amplía el ámbito de la Directiva a otros productos, pero sin prejuzgar sustancias tan importantes como el PVC. Del mismo modo, era importante reconsiderar la posición restrictiva sobre los nanomateriales que adoptó en junio la Comisión de Medio Ambiente. Esta revolución de lo infinitamente pequeño se merece algo mejor que una posición simplista: a favor o en contra, como en el caso de los organismos modificados genéticamente. También es esencial que la Directiva RUSP sea viable y, en este sentido, acojo con satisfacción que se hayan tenido en cuenta los posibles efectos de estas sustancias sobre la salud y el medio ambiente, el establecimiento de una metodología y la complementariedad garantizada con el Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).

  Crescenzio Rivellini (PPE), por escrito. – (IT) En la sesión de hoy, he votado a favor de la revisión de la Directiva sobre el uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos o electrónicos.

En parte como resultado de los nuevos conocimientos científicos sobre el tema, el texto —una refundición de la Directiva de 2003— tiene por objeto introducir restricciones a la utilización de materiales como el cadmio, el cloro, el mercurio y el cloruro de polivinilo (PVC), que han demostrado que ponen en peligro la salud humana.

Aun siendo consciente de la fuerte oposición de los fabricantes del sector, especialmente en contra de limitar el uso del PVC, creo que es una obligación fundamental de la política, y por tanto también de los políticos elegidos democráticamente, intentar controlar la utilización de sustancias que, aunque sólo sea potencialmente, pueden perjudicar la salud humana. Al mismo tiempo, tenemos que fomentar el uso de sustancias alternativas y de sustitución dentro de los límites de la tecnología disponible.

Creo que el destino final de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es de especial importancia, sobre todo en los casos en que contienen materiales reconocidos sucesivamente como peligrosos. De hecho, en tales casos, la eliminación debe ser todavía más rigurosa y cuidadosa.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Según la Comisión, tan solo en la UE se venden alrededor de 9,3 millones de toneladas anuales de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), en su mayoría grandes electrodomésticos y equipos de informática y telecomunicaciones. Como el mercado sigue expandiéndose y los ciclos de innovación se hacen incluso más breves, la sustitución de los aparatos se acelera, lo que convierte los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en el flujo de desechos de más rápido crecimiento. Se prevé que los RAEE alcancen los 12,3 millones de toneladas en 2020. Los RAEE constituyen un complejo flujo de desechos, ya que este comprende varias sustancias peligrosas. Estas sustancias, o sus productos de transformación, pueden liberarse en el medio ambiente y resultar perjudiciales para la salud humana, especialmente si no se tratan de forma adecuada. Los riesgos que estas sustancias entrañan para la salud pública y el medio ambiente se ven multiplicados como consecuencia de las operaciones de reciclado y recuperación no conformes a las normas que se llevan a cabo en los países en desarrollo. En el artículo 174, apartado 2, del Tratado CE se establece el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma. De acuerdo con la jerarquía de residuos que figura en la Directiva marco sobre residuos, la prevención constituye la principal prioridad y se define, entre otras cosas, como las medidas adoptadas para reducir el contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. Espero realmente que este informe contribuya a resolver estos problemas.

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), por escrito. – Los aparatos electrónicos son responsables del tipo de residuos cuyo volumen aumenta más rápidamente en Europa, y la reducción de las sustancias cancerígenas y tóxicas en estos residuos debe ser una prioridad. El ámbito de aplicación abierto de la legislación, según las recomendaciones de la Comisión de Medio Ambiente, es un enfoque mucho mejor que el propuesto por la Comisión. Una lista definitiva de productos específicos podría dejar fuera de la regulación a los nuevos productos, y tenemos que asegurarnos de que la legislación no solo facilita la innovación de la industria, sino que también la acompaña. Es alentador ver que varias empresas están eliminando gradualmente la utilización en sus productos de algunas de estas sustancias potencialmente nocivas. Pero todavía tenemos que aprobar una legislación ambiciosa que anime al resto de la industria a seguir el ejemplo de los demás e innovar a fin de garantizar una mejor protección del medio ambiente.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. – (NL) He respaldado con mi voto este informe sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Este informe supone un paso adelante en la buena dirección. El informe amplía la categoría de aparatos a los aparatos médicos, entre otras cosas. Además de metales pesados como el mercurio y el plomo, se prohíben una serie de retardantes de llama bromados. Por otra parte, el informe ofrece un ámbito de aplicación abierto, permitiendo que, en el futuro, la Directiva abarque todos los aparatos electrónicos, con una serie de excepciones definidas de manera específica, y también otras sustancias peligrosas. Para ello se establecen unos criterios claros. No obstante, lamento que no se haya incluido en esta Directiva la prohibición del PVC, como había propuesto el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea. Es muy importante lograr una reducción de las sustancias peligrosas en los residuos electrónicos. Incluso a pesar de que la legislación europea prohíbe la exportación de residuos peligrosos para su reciclado, diversos estudios han mostrado que se exportan más de dos terceras partes de los residuos electrónicos europeos. A menudo, estos residuos electrónicos se vierten de manera ilegal en lugares como África occidental, donde el tratamiento de los residuos es muy deficiente y provoca enormes problemas de salud y de contaminación del medio ambiente. El mercado de los residuos, que crece rápidamente, mueve mucho dinero, y por ello se requiere una supervisión y un control adecuados para frenar la exportación ilegal de residuos electrónicos.

  Marianne Thyssen (PPE), por escrito. – (NL) Se ha vuelto imposible imaginar nuestra vida cotidiana sin aparatos eléctricos y electrónicos. El sistema europeo de restricciones a la utilización de sustancias peligrosas (RUSP), que regula el uso de sustancias peligrosas en estos aparatos electrónicos, se ha convertido en un sistema universal, que se utiliza al menos en 28 países de fuera de la UE. Hasta la fecha, sobre la base de la actual Directiva RUSP se han impuesto ya restricciones sobre el mercurio, el plomo, el cadmio y una serie de retardantes de llama. El progreso tecnológico rápido y un mejor conocimiento científico nos han obligado a refundir esta legislación. La refundición de la Directiva también es necesaria para convertir las normas RUSP en un instrumento eficaz y flexible. En efecto, a partir de ahora, será posible restringir las sustancias peligrosas de manera más rápida, lo que beneficiará a las personas y al medio ambiente. También se contempla la relación entre el Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) y la Directiva RUSP, con lo que se evita una doble regulación. Por estas razones, hoy he respaldado con convicción el acuerdo que el Parlamento ha logrado concluir con el Consejo. Espero que también pueda llegarse a un acuerdo rápidamente con respecto a la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Después de todo, los dos instrumentos legislativos están conectados de manera inextricable.

  Thomas Ulmer (PPE), por escrito. – (DE) Este es un buen informe, que tiene en cuenta de manera equilibrada la mayor parte de las preocupaciones de la industria y las preocupaciones ambientales. Aunque probablemente no sea posible lograr una satisfacción plena en relación con un asunto tan complejo, este informe ofrece una aproximación muy cercana.

  Kathleen Van Brempt (S&D), por escrito. – (NL) He votado a favor del informe Evans porque el balance general del acuerdo alcanzado con el Consejo es positivo. Sin embargo, como ponente alternativa, quiero expresar mi descontento por el hecho de que los paneles solares hayan sido excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva, tras una campaña de presión intensa por parte del sector. En consecuencia, se permitirá que el cadmio siga presente en los paneles solares comercializados en Europa durante (al menos) otros diez años, algo que no sucederá con ningún otro aparato eléctrico o electrónico. Desapruebo de manera expresa una situación en la que un sector que debe ser una fuerza motriz de nuestra evolución hacia una economía ecológica se ha mostrado ansioso por quedar al margen de esta importante legislación ambiental, y en la que una mayoría del Parlamento y el Consejo ha cedido a los intereses de un tipo de tecnología en particular (la utilización de paneles solares de película fina de telururo de cadmio).

  Artur Zasada (PPE), por escrito. – (PL) En la votación de hoy, he respaldado con mi voto este informe sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Recientemente, hemos podido ver la importancia del problema que aborda la legislación que hemos aprobado, ya que varios millones de hogares de toda la Unión Europea han cambiado sus aparatos de televisión CRT (con tubos de rayos catódicos) por modernas pantallas LCD. Ahora, esos mismos hogares están pensando en cambiar sus televisores LCD por los LCD-LED.

Los expertos dicen que los aparatos eléctricos y electrónicos utilizados se están convirtiendo en la fuente de residuos de crecimiento más rápido. Además, los análisis realizados por el instituto de investigación Öko-Institut, han demostrado los efectos adversos del PVC y de los retardantes de llama halogenados sobre el medio ambiente y la salud humana. Estoy seguro de que el documento aprobado hoy contribuirá a reducir las cantidades de sustancias peligrosas de este tipo.

Propuesta de resolución B7-0617/2010 (Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación)

  Damien Abad (PPE) , por escrito. – (FR) El Parlamento Europeo ha aprobado hoy la propuesta de resolución sobre el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA), para garantizar una mejor aplicación internacional de las medidas de lucha contra la falsificación. El ACTA es un instrumento para hacer más efectivos los reglamentos existentes, y para proporcionar una mejor protección contra las violaciones de los derechos de autor, las marcas, las patentes, los diseños y las indicaciones geográficas. He votado a favor de esta resolución, presentada por mi Grupo político, el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), porque creo que el ACTA proporciona un escudo de protección para la industria europea. Con ello, podremos garantizar la protección de los derechos de autor, así como la creatividad y la innovación en el ámbito cultural y científico. De hecho, hoy debemos pararnos a reflexionar sobre la mejor manera de combatir la piratería, y este acuerdo internacional es un paso en la dirección de una aplicación más eficaz de las medidas de lucha contra la falsificación.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la propuesta conjunta de resolución presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) y el de los Conservadores y Reformistas Europeos sobre el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación, conocido como «ACTA». Este acuerdo tiene como objetivo combatir la proliferación de las falsificaciones y los actos crecientes de piratería contra productos protegidos por derechos de autor, mediante el establecimiento de una nueva estructura de gobernanza internacional. Creo que es crucial que la creatividad se proteja del robo, porque esa es la calificación que merecen realmente las falsificaciones y la piratería. La Unión, que pretende convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo, no puede permanecer indiferente ante este grave problema. Por ello acojo con satisfacción la aprobación de esta resolución. Es un texto sólido, que debería haber unido a todos los diputados. Por desgracia, se aprobó únicamente por una escasa mayoría. Si bien la Comisión Europea ofrecía garantías sólidas en cuanto al respeto de los derechos fundamentales, la izquierda del Parlamento prefirió aferrarse a una serie de consignas de protesta que carecen de fundamento. En mi opinión, la Unión Europea debe liderar esta lucha contra la negligencia y la falta de compromiso de las que, con frecuencia, China y Rusia son culpables en este ámbito. Está en juego nuestra competitividad en la economía globalizada.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) La lucha contra la falsificación es un elemento esencial de la estrategia política de la UE, orientada a garantizar la equidad, unas condiciones uniformes para nuestros fabricantes, el empleo para nuestros ciudadanos y el respeto de los principios del Estado de Derecho. Con la aparición de las tecnologías digitales, la falsificación adquirió una dimensión internacional incontrolable, y, así, la cooperación internacional resulta el instrumento principal para combatir este problema. He apoyado esta propuesta de resolución que establece los objetivos y las prioridades del Parlamento Europeo en las negociaciones multilaterales sobre el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación, que tiene por objeto, por primera vez, establecer un amplio marco internacional para luchar contra las infracciones de los derechos de propiedad intelectual de manera más eficaz. Creo que es importante garantizar que las medidas de observancia de los derechos de propiedad intelectual no sean un obstáculo para la innovación y la competencia, y que no suponga un perjuicio a las restricciones de derechos de propiedad intelectual y la protección de datos personales, así como que no se restrinja el libre flujo de información ni se impida de manera injustificada las actividades comerciales legítimas.

  Françoise Castex (S&D), por escrito. – (FR) He votado en contra de este texto: la derecha europea ha cedido a las demandas de determinados Gobiernos y a la presión de las industrias culturales, a expensas de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Todas las salvaguardas que solicitamos a la Comisión han sido desestimadas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos). Ello envía una mala señal a la Comisión antes de las negociaciones de Sidney de la próxima semana. Además, la definición vaga del término «escala comercial», en relación con el aumento de las sanciones penales en el ámbito de las infracciones de derechos de autor en línea, puede alentar a los Estados a adoptar leyes que conduzcan a la criminalización de los usuarios privados y los intermediarios técnicos. El ACTA no debe tener el efecto de permitir a la Unión Europea realizar investigaciones sobre las personas ni introducir sistemas flexibles de respuesta o similares. Por último, la Comisión debe llevar a cabo una evaluación de impacto con rapidez —mejor antes que después de la aplicación del ACTA—, en relación con su aplicación y sus consecuencias para los derechos fundamentales, la protección de datos y la Directiva sobre el comercio electrónico.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) Este acuerdo permitirá reforzar la cooperación internacional en la lucha contra la falsificación, creando un instrumento para proteger los derechos de propiedad intelectual (DPI) con eficacia. No está pensado para crear nuevos derechos, sino para garantizar el respeto de los derechos existentes a través de medidas represivas y para la creación de un amplio marco internacional de ayuda a las partes. Se trata de un acuerdo difícil, con unos intereses en conflicto que dejan margen a interpretaciones controvertidas en cuanto a sus efectos. La protección de los derechos de propiedad intelectual es esencial, pero, por otra parte, es vital asegurar un equilibrio para que la libertad de expresión y la innovación no se vean amenazadas, y para que la capacidad del individuo para ejercer sus libertades civiles y fundamentales no se vea limitada. La falsificación es un problema muy grave que conlleva riesgos enormes para la industria, la economía y la innovación de Europa.

Espero que este acuerdo sea un paso en la dirección correcta, y que en las próximas negociaciones sea posible resolver las ambigüedades y omisiones que todavía padece el texto, como por ejemplo en la referencia a indicaciones geográficas falsas. Felicito a la Comisión por sus esfuerzos por aumentar la transparencia de las negociaciones, y espero que mantenga esta postura, manteniendo al Parlamento plenamente informado de la marcha de las negociaciones.

  George Sabin Cutaş (S&D), por escrito. – (RO) Yo voté a favor de la propuesta de resolución común sobre el «Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación» propuesto por el Grupo de la Alianza de los Socialistas y Demócratas y en el Parlamento Europeo, junto a otros tres grupos políticos del legislativo europeo. Esta propuesta viene motivada con la intención de respetar las libertades fundamentales y los derechos individuales, así como mantener el libre acceso a Internet. La resolución también procura garantizar el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo. Es lamentable que esta resolución no haya logrado el apoyo de la Cámara ya que la posición socialista apoyaba los intereses de los ciudadanos europeos.

  Mário David (PPE) , por escrito. – (PT) Estoy de acuerdo con esta propuesta de resolución en su conjunto, que afecta al Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA), aprobado después de muchos meses de debate y esfuerzos para encontrar una solución de compromiso entre los distintos grupos políticos, que lamentablemente al final no se logró. En aras del buen funcionamiento de los mercados, la protección del mercado único, la competitividad de las empresas europeas en una economía global y la creación y el mantenimiento de los empleos en la UE, es fundamental que la Unión otorgue prioridad a la lucha contra la falsificación, en sus diversas manifestaciones, en su política interior e internacional. Siendo consciente de que el ACTA no recomienda ninguna solución para el complejo problema pluridimensional que representa la falsificación, tal y como se expresó en el párrafo 3, todavía creo que el ACTA constituye un instrumento válido para hacer que las normas actuales sean más eficaces, beneficiando así las exportaciones de la UE y protegiendo a los titulares de derechos cuando operan en el mercado global, donde actualmente numerosos titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial son víctimas de violaciones sistemáticas y generalizadas de las marcas comerciales, los derechos de autor, las patentes, los diseños y las indicaciones geográficas.

  Proinsias De Rossa (S&D), por escrito. – Yo voté en contra de esta resolución, que establece la posición del Parlamento Europeo antes de que se rubrique el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA), porque la mayoría conservadora de esta Cámara se negó a plantear la necesidad de obtener garantías mínimas para nuestros ciudadanos frente a este acuerdo global sobre los derechos de autor. El Parlamento todavía tiene que tener pruebas de que el fundamento jurídico para esta negociación está en consonancia con el Tratado de Lisboa antes de rubricar el acuerdo. La Comisión también debe demostrarnos que la cooperación entre los proveedores de servicios y los titulares de los derechos de autor no vulnerará los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a un proceso justo. Eso requiere una evaluación del impacto del ACTA en lo que respecta a la protección de datos y los derechos fundamentales. Necesitamos que el Consejo y la Comisión nos garanticen que el ACA no requerirá cambios en la legislación comunitaria en lo que concierne a las medidas penales relacionadas con el respeto de los derechos de propiedad intelectual. Las disposiciones de ejecución civil sobre patentes también podrían afectar negativamente al acceso a medicamentos genéricos, por eso la Comisión debería abordar ese problema. Deberíamos aplazar la aprobación del ACTA hasta que recibamos garantías por escrito respecto a estos problemas críticos.

  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) Sigue abierta la cuestión sobre el contenido del Acuerdo Comercial de la Lucha contra la Falsificación (ACTA). El principal objetivo de dicho acuerdo, que ha sido negociado en el mayor secreto durante años entre unos 10 países, es luchar contra la falsificación y proteger los derechos de propiedad intelectual. A pesar de todo, cabe observar que China, Brasil ni la India han participado en las negociaciones. Además, si bien es necesario luchar contra la falsificación, las conocidas disposiciones del tratado en cuestión implican el establecimiento de medidas que podrían considerarse ataques a las libertades individuales, como, por ejemplo, la supervisión de los proveedores de acceso a Internet, el fortalecimiento de los controles aduaneros y mayores dificultades en el transporte de medicamentos genéricos de bajo coste a los países en desarrollo. Muchos eurodiputados han planteado todas estas preocupaciones, no quieren tener confianza «ciega» en las negociaciones llevadas a cabo por la Comisión Europea. La resolución, que se aprobó por una escasa mayoría —y muy justa—, no puede considerarse como un apoyo, ya que persisten las dudas sobre si el texto cumple con el acervo comunitario y si es compatible con el respeto de los derechos fundamentales.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) Yo me abstuve en la votación de la resolución sobre el Acuerdo Comercial de la Lucha contra la Falsificación (ACTA) porque creo que, aunque el texto tiene puntos importantes, es excesivamente crítico con el acuerdo sometido a consideración. En general, creo que el ACTA favorece los intereses económicos de la UE y establece un equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y las garantías de los derechos fundamentales.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Después de mucha insistencia por parte del Parlamento, se ha incrementado sustancialmente el grado de transparencia en las negociaciones del Acuerdo Comercial de la Lucha contra la Falsificación (ACTA), asimismo, desde la ronda de negociaciones en Nueva Zelanda, se ha mantenido plenamente informado al Parlamento. El texto negociado refleja las principales preocupaciones expresadas por el Parlamento, concretamente sobre las cuestiones relacionadas con el respeto de los derechos fundamentales, la privacidad y la protección de datos, el respeto a la importancia de que Internet sea libre, la utilidad de la protección del papel que desempeñan los proveedores de servicios y la necesidad de proteger el acceso a los medicamentos. La lucha contra la falsificación es una prioridad y la cooperación internacional es fundamental para lograr dicho objetivo. Teniendo en cuenta la posibilidad de que nuevos países emergentes y en desarrollo se adhieran al acuerdo, promoviendo así una amplia protección de los derechos de propiedad intelectual, es posible que el ACTA logre el multilateralismo necesario.

  José Manuel Fernandes (PPE) , por escrito. – (PT) El acuerdo negociado representa un paso importante en la lucha contra la falsificación y es un elemento clave en la estrategia política de la UE para garantizar la justicia, unas condiciones equitativas para los productores europeos, el mantenimiento de los empleos para los ciudadanos y el respeto del Estado de Derecho. La lucha contra la falsificación debe ser una de las prioridades de la estrategia política internacional e interior, asimismo, la cooperación internacional es fundamental para lograr dicho objetivo.

El ACTA es un instrumento que hace que las normas actuales sean más eficaces, beneficiando así las exportaciones de la UE y protegiendo a los titulares de derechos cuando operan en el mercado global. Destacaría la importancia que representa para las empresas europeas y los empleos en la UE proteger las indicaciones geográficas, y acojo con beneplácito los esfuerzos realizados por la Comisión para incluir la protección de las indicaciones geográficas en el ámbito del ACTA. Por último, subrayaría la importancia de que la Comisión confirme que la aplicación del ACTA no tendrá ningún impacto en la protección de los datos y los derechos fundamentales, ni sobre los esfuerzos que la UE actualmente está realizando para armonizar las medidas de aplicación en materia de derechos de propiedad intelectual.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito – (FR) Si no hubiera decidido boicotear la sesión después del lamentable episodio de totalitarismo social-eurocrático que acabamos de vivir, habría votado a favor de la propuesta de resolución común de los grupos de la izquierda sobre el acuerdo contra la falsificación. Lo habría hecho no porque he cambiado de convicción política, sino porque creo que este acuerdo no es suficiente para proteger a las industrias de la falsificación, no garantiza el respeto de las indicaciones geográficas, porque de poco sirve si no incluye a China, que es la mayor falsificadora del mundo, y pone en peligro los derechos y las libertades de los ciudadanos puesto que afecta a los derechos de los bienes «inmuebles». También estoy a favor de todas las peticiones de información previa, evaluaciones de impacto, etc., establecidas en esta resolución. En resumen, este acuerdo, en su forma actual, carece de sentido y es potencialmente peligroso. Ni siquiera debería ser objeto de negociación y, menos aún, dadas las cuestiones que aborda, sólo en la Comisión Europea.

  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) Yo voté en contra de la propuesta de resolución sobre el Acuerdo comercial de la Lucha contra la Falsificación presentado por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Conservadores y Reformistas Europeos porque el texto es totalmente insuficiente en lo que respecta a la protección de las libertades individuales. Los eurodiputados han expresado periódicamente sus preocupaciones sobre la negociación de este acuerdo internacional y antes de que los Estados miembros y la Unión Europea ratificaran definitivamente el acuerdo, revestía gran importancia plantear una serie de problemas, especialmente los relacionados con el acceso a los medicamentos, la responsabilidad de los proveedores de Internet y los registros de equipaje de los viajeros en las fronteras. Lamentablemente, la propuesta de resolución común presentada por el Grupo de la Alianza de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europa, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa y el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, la cual voté, y que contenía estas preocupaciones, no se pudo aprobar ya que no contaba con el número de votos necesario.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – Me decepciona que no se haya aprobado la resolución respaldada hoy por mi propio grupo. El Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) tiene el potencial de tener un efecto sumamente negativo sobre las libertades civiles y la votación de hoy no contribuye en absoluto a eliminar esos temores.

  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. – (DE) Yo voté a favor de la propuesta de resolución presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Conservadores y Reformistas Europeos sobre el Acuerdo Comercial de la Lucha contra la Falsificación (ACTA). La resolución contiene las mismas preocupaciones que los ciudadanos de la UE expresaron respecto a la protección de datos. Rechaza expresamente una regulación «de tres avisos», que se debatió como una medida que se utilizaría en caso de violación de los derechos de autor. La resolución también señala que el acuerdo debe estar en consonancia con el acervo comunitario, es decir, con el corpus común de la legislación de la UE. Los productos falsificados y las violaciones internacionales de los derechos de autor perjudican la economía europea, puniendo también en peligro los empleos europeos. Se deben tomar medidas decisivas para luchar contra esto.

  Edvard Kožušník (ECR), por escrito. – (CS) Aplaudo el hecho de que se hayan eliminado la mayoría de las disposiciones más polémicas en la versión final del presente acuerdo internacional, como la responsabilidad de terceros, los registros obligatorios de memorias de ordenador al cruzar las fronteras y la aplicación imperativa de la «guillotina digital». Si bien acojo con agrado el esfuerzo realizado para proporcionar una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual, no creo que la forma en que se ha presentado el acuerdo en esta Cámara sea completamente óptima. Estoy muy preocupado de que países como China y Rusia no sean signatarios. El hecho de que el acuerdo haga más énfasis en la protección de los titulares de derechos que en los derechos de los autores reales, me hace dudar sobre si el acuerdo servirá de verdad para proteger los derechos de propiedad intelectual en general y no solo los derechos de un reducido grupo de entidades basadas principalmente en los Estados Unidos de América.

Además, el hecho de que no fuera posible incluir las indicaciones geográficas en el acuerdo confirma mis temores. Quizás no sea necesario comentar de nuevo el modo de negociación del acuerdo, pero creo que no se repetirá este tipo de negociación sin transparencia alguna que se eligió para el ACTA y en el futuro se informará al Parlamento de forma oportuna respecto al proceso de negociación para acuerdos similares y sobre el contenido de los acuerdos.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) El Acuerdo Comercial de la Lucha contra la Falsificación (ACTA) ha incrementado, y continúa haciéndolo, la eficacia de las normas que promueven las exportaciones de la Unión Europea y protegen a aquellas personas que son objeto, en medida creciente, de violaciones generalizadas de los derechos de propiedad intelectual cuando operan en el mercado global.

Tal y como se ha subrayado eficazmente en la propuesta de resolución común, la lucha contra la falsificación a escala global representa un elemento clave en la estrategia política de la Unión Europea, cuyo objetivo es poder ofrecer condiciones estándar de competencia para todos los productores europeos. Creo que en este sector, al igual que en otros, ahora se ha aceptado claramente el carácter esencial de la cooperación entre Estados. La protección de los derechos de autor, las marcas comerciales, las patentes, los diseños y las indicaciones geográficas representa sin duda una cuestión delicada porque está relacionada con los derechos humanos fundamentales, aunque la propuesta de hoy constituye un serio llamamiento a continuar en la dirección correcta. De hecho, la Comisión debe comprometerse a garantizar la inclusión de métodos eficaces para aplicar efectivamente la protección de las indicaciones geográficas, ya que es fundamental para las empresas y para los empleos de los ciudadanos europeos.

  Constance Le Grip (PPE) , por escrito. – (FR) Yo voté a favor de la propuesta de resolución sobre el Acuerdo Comercial de la Lucha contra la Falsificación presentado por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Conservadores y Reformistas Europeos. La resolución del PPE y ECR señala que la lucha contra la falsificación es una prioridad en la estrategia política interior e internacional de la Unión y que la cooperación internacional constituye un elemento clave en la consecución global de este objetivo. Al abordar las preocupaciones del Parlamento Europeo y de los ciudadanos, tales como el respeto de los derechos fundamentales, la protección de la privacidad y los datos personales, el reconocimiento del papel vital del acceso a Internet sin restricciones, la importancia de la protección del papel de los proveedores de servicios y la necesidad de proteger el acceso a los medicamentos, la ley hace que las normas vigentes sean más eficaces. Apunta a proporcionar una mejor protección contra todas las violaciones de los derechos de propiedad intelectual, las marcas comerciales, los diseños y las patentes en beneficio de las exportaciones de la Comunidad y de los titulares de dichos derechos. De forma contraria a lo que han dicho sus detractores, el acuerdo es plenamente compatible con el acervo comunitario. No introduce, por ejemplo, el llamado procedimiento «de tres avisos».

  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. – (RO) Yo voté a favor de la propuesta de resolución sobre el Acuerdo Comercial de la Lucha contra la Falsificación (ACTA) porque 1) está en consonancia con el acervo comunitario; 2) tendrá un impacto positivo en las medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual a escala global y en la protección contra otros territorios como Asia, Australia y la región del Pacífico, etc.; 3) protegerá la competencia a escala de la Unión Europea y la diversidad cultural y contribuirá a la creación de empleos.

  David Martin (S&D), por escrito. – Yo voté a favor de la resolución sobre el Acuerdo Comercial de la Lucha contra la Falsificación (ACTA). El ACTA está relacionado con la aplicación de la ley sobre la propiedad intelectual a escala internacional y con las violaciones comerciales de los derechos de autor. Se trata de un asunto muy delicado donde debemos proteger adecuadamente a los titulares de derechos y ofrecer un beneficio razonable a sus inversiones sin, infringir, por otra parte, las libertades civiles, ni restringir el acceso a los medicamentos ni criminalizar a personas por infracciones mínimas de los derechos de autor. El lugar adecuado para llevar a cabo este examen es el Comité Comercial cuando se plantee si el Parlamento debe dar su aprobación al ACTA.

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), por escrito. – (CS) La protección contra la falsificación y la protección de la propiedad intelectual son sin duda elementos importantes a nivel internacional. Sin embargo, en el acuerdo ACTA propuesto no se desprende un significado claro en cuanto a si hay una protección de alta calidad y especialmente equilibrada de los intereses de todos los ciudadanos de los Estados miembros de la UE. Este acuerdo, que ha llevado mucho tiempo redactarlo, ha carecido de transparencia en diversos grados en las fases preparatorias y está orientado más hacia los intereses de un solo grupo. Aunque el acuerdo también otorga, entre otras cosas, más facultades a organismos relevantes en lo que respecta a la supervisión de mercancías en tránsito y el régimen de exportación o las negociaciones ex officio, se plantea un problema respecto al ámbito y otras posibilidades de de aplicación del acuerdo, ya que sus efectos parecen cuestionables sin que un gran número de países importantes en todo el mundo hayan acordado su ratificación.

Respecto a garantizar la protección de la propiedad intelectual, se puede decir que a escala global ahora existe una amplia variedad de instrumentos, instituciones y acuerdos contractuales reconocidos, eficaces y ampliamente demostrados que garantizan la protección contra las falsificaciones. Al mismo tiempo, la garantía de que no es necesario cambiar el acervo comunitario, para un documento tan importante y de esta naturaleza, requeriría la presentación de un análisis jurídico más meticuloso.

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Yo voté a favor de esta propuesta de resolución ya que representa un paso importante en la lucha contra la falsificación sin poner en entredicho cuestiones tales como el transporte de medicamentos genéricos y porque garantiza los derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y la protección de datos.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) El Acuerdo Comercial de la Lucha contra la Falsificación (ACTA) se negoció a espaldas de los ciudadanos y en contra de la ONU y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el único organismo que puede establecer legítimamente un acuerdo de este tipo. En el caso del ACTA, varios países han negociado entre ellos las normas que prevalecerán en el área de los derechos de propiedad intelectual. Esta apropiación indebida del derecho internacional en beneficio de los países más ricos y sus aliados más cercanos es totalmente intolerable.

Más aún cuando existe incertidumbre respecto a la posibilidad de patentar organismos vivos y los posibles obstáculos a la circulación de los medicamentos genéricos, lo que es imperativo no es estar preocupados por esto o lamentar lo otro, sino aceptar que nos hemos enfrentado a hechos consumados. Yo voy a votar en contra de este texto.

  Nuno Melo (PPE) , por escrito. – (PT) La introducción del proyecto de Acuerdo Comercial de la Lucha contra la Falsificación el 2 de octubre de 2010, tras la ronda de negociaciones de Tokio, es muy importante. Es necesario que la Comisión ponga a disposición del Parlamento y del público el texto definitivo del acuerdo ACTA tras la reunión para negociar los aspectos técnicos que tendrá lugar en Sydney entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre de 2010.

La lucha contra la falsificación es una de las principales prioridades de la estrategia política interior e internacional, asimismo, la cooperación internacional es fundamental para lograr dicho objetivo. Somos muy conscientes de que el acuerdo negociado no resolverá el problema pluridimensional y complejo de la falsificación, pero supone un paso en la dirección correcta para poner fin a este grave problema, que produce pérdidas graves en la economía europea y en el producto interior bruto de los Estados miembros.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (LV) Es fundamental que este acuerdo se ponga en práctica lo antes posible. Todo retraso será una puerta abierta al robo de la propiedad intelectual. Los costes para los fabricantes exceden cualquier cantidad imaginable. La piratería en Internet es un tema de gran actualidad. Muchos proveedores de servicios de Internet y los ciudadanos de la Unión Europea están implicados en actividades poco éticas. En ese sentido, debemos regular todas las operaciones asociadas a las descargas y al llamado intercambio de información. La falta de acción en lo que respecta a la prevención de la falsificación promueve la impunidad y parece cínica. Apoyo plenamente esta propuesta de resolución.

  Vital Moreira (S&D), por escrito. – (PT) Yo me abstuve en la votación de la propuesta de resolución presentada por el Grupo de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, el Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europa y el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica sobre el Acuerdo Comercial de la Lucha contra la Falsificación porque creo que el texto en cuestión es demasiado crítico y debería ser más equilibrado. En la versión presentada hay una clara indicación de que nuestra posición final será contraria a la aprobación del acuerdo. Creo que el acuerdo es favorable generalmente a los intereses económicos de la Unión Europea, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que queremos que nuestra economía se base en la innovación, la investigación y el desarrollo, o el «crecimiento inteligente».

Por tanto, creo que una mejora en la protección de los derechos de propiedad industrial, incluidas las patentes, es fundamental para la competitividad europea. Por otra parte, creo que en las negociaciones finales se han desterrado de forma satisfactoria las preocupaciones iniciales relacionadas con los medicamentos genéricos, la protección del derecho de acceso a Internet y la protección de las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen. No podemos ignorar el progreso realizado. Obviamente, no todo es satisfactorio, pero un acuerdo internacional se debe juzgar en términos generales.

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. – (RO) Yo voté a favor de la propuesta de resolución del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)/ Conservadores y Reformistas Europeos y contra las otras propuestas, porque el acuerdo ACTA internacional hace que la lucha contra la falsificación sea más eficaz, lo que resultará en una mejor protección de los derechos de autor y, por extensión, ayudará a proteger la industria europea. Asimismo, el acuerdo ACTA ayudará a proteger a los consumidores contra productos falsificados, que cada vez están más extendidos en los mercados europeos.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) Yo voté a favor de la propuesta de resolución del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) sobre el ACTA, ya que creo que es fundamental que se aplique el acuerdo. Es necesario que se haga con rapidez sin más retrasos o pérdidas de tiempo, de lo contrario corremos el riesgo de que se llegue a un punto muerto en las negociaciones en perjuicio de los fabricantes y los consumidores europeos por igual.

Europa tiene la obligación de seguir concentrando sus esfuerzos en dos cuestiones. La primera cuestión es que debe ser imperativo proteger las indicaciones geográficas europeas tanto en términos civiles como aduaneros, ya que hoy día estas están sufriendo daños que no solo afectan a la industria agroalimentaria, donde los productos falsificados que hacen competencia desleal normalmente implican la utilización de nombres que copian y evocan marcas familiares europeas, sino también a las industrias que operan en los sectores del diseño y la moda. La segunda cuestión es la necesidad obligatoria de tener normas comunes para controlar las ventas por Internet. En este sector se ha producido un incremento de la venta de libros, películas, música y millones de mercancías falsificadas, que perjudican no solo a los consumidores sino también a los fabricantes europeos.

  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. – (EL) Yo voté a favor de la propuesta de resolución presentada por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Conservadores y Reformistas Europeos sobre el Acuerdo Comercial de la Lucha contra la Falsificación (ACTA), ya que se trata de un acuerdo diseñado para proteger la competencia leal y sana. El acuerdo introduce un marco internacional completo para reforzar la lucha contra las violaciones de los derechos de propiedad intelectual. Promueve el acceso de los países en desarrollo al acuerdo, ya que la participación en el ACTA no está restringida.

Las negociaciones sobre el acuerdo ahora tienen en cuenta las principales preocupaciones de la UE, como el respeto de los derechos fundamentales y la privacidad, la protección de datos, el respeto del papel del acceso libre a Internet, la defensa del papel de los proveedores de servicios, así como la necesidad de proteger el acceso a los medicamentos y la salud pública.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE) , por escrito. – (PT) Estoy convencida de que esta propuesta de resolución representa un paso importante en la lucha contra la falsificación, manteniendo al mismo tiempo el equilibrio necesario entre valores opuestos. No pone en duda la libertad de expresión e innovación y garantiza los derechos fundamentales, como el derecho a la privacidad y la protección de datos.

Existen intereses opuestos que dificultan el consenso, pero lo que aquí se ha logrado con acierto es un acuerdo que es fundamentalmente un punto de encuentro de deseos comunes. Hay que aplaudir la transparencia con que la Comisión ha informado al Parlamento Europeo durante las negociaciones y espero que sea posible durante las próximas negociaciones resolver las ambigüedades y las omisiones que han señalado todos los partidos. Creo que el acuerdo suscitado reforzará la cooperación internacional en la lucha contra la falsificación, con la creación de un instrumento para la protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual y la garantía de los derechos fundamentales. Asimismo, es fundamental garantizar el respeto de los derechos actuales mediante medidas sancionadoras y la creación de un marco internacional exhaustivo de ayuda para las partes involucradas.

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Yo voté a favor de la presente propuesta de resolución ya que representa un paso importante en la lucha contra la falsificación sin poner en duda cuestiones como el transporte de medicamentos genéricos y porque garantiza los derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y la protección de datos.

  Paulo Rangel (PPE) , por escrito. – (PT) La lucha contra la falsificación, que es un fenómeno global, requiere un enfoque multilateral, basado en el fortalecimiento de la cooperación entre las principales partes involucradas a escala global. En consecuencia, si bien soy consciente de que el acuerdo negociado no resolverá el difícil problema de la falsificación, estoy convencido de que representa un paso en la dirección correcta.

  Crescenzio Rivellini (PPE), por escrito. – (IT) Hoy voté a favor del recientemente finalizado Acuerdo internacional Comercial de la Lucha contra la Falsificación (ACTA).

El objetivo de este nuevo acuerdo ACTA multilateral entre la Unión Europea, los Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur y Suiza es fortalecer la protección de la propiedad intelectual y contribuir en la lucha contra la falsificación y la piratería de productos de las grandes marcas de ropa, la música y el cine.

Soy consciente de que el acuerdo negociado no resolverá el problema complejo y pluridimensional de la falsificación, pero creo que constituye un paso en la dirección correcta. En cualquier caso, pido a la Comisión Europea a que confirme que el texto no tendrá repercusiones sobre las libertades fundamentales y la legislación de la Unión Europea. También señalaría que el Parlamento tiene derecho de veto de los acuerdos internacionales.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – El Parlamento Europeo no ha conseguido aprobar una resolución que exige que la Comisión aclare y evalúe las consecuencias del Acuerdo Comercial de la Lucha contra la Falsificación (ACTA). El resultado de las votaciones ha sido 306 votos a favor, 322 en contra y 26 abstenciones. La resolución ha sido presentada por el Grupo de los Verdes (incluido el Partido Pirata), los social demócratas, los liberales y la izquierda. En su lugar, ha triunfado una resolución alternativa del grupo de los demócrata-cristianos del PPE y el Grupo conservador. Esta resolución básicamente recoge lo que los negociadores han estado haciendo hasta ahora, sin plantear demandas específicas a la Comisión para obtener más aclaraciones y evaluaciones. Esto es un fracaso, pero aún está muy lejos de ser la última palabra sobre el asunto. La resolución no tiene ningún efecto formal en absoluto, sino que es simplemente una expresión de la opinión del Parlamento. El voto decisivo (probablemente) será a principios del año que viene, cuando se solicite al Parlamento la aprobación del acuerdo. Si se obtiene un voto negativo, el acuerdo entonces será desechado. La votación de hoy era un recordatorio de que tenemos que seguir trabajando duro para obtener más información sobre los efectos del acuerdo ACTA de manera que el Parlamento Europeo pueda tomar una decisión informada en la votación de aprobación final.

  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), por escrito. – (FR) El Acuerdo Comercial de la Lucha contra la Falsificación (ACTA) es un acuerdo que protege a los ciudadanos, los creadores, los artistas y las empresas, y por esa razón lo he apoyado. De hecho, ayuda a clarificar las vías de recurso disponibles en caso de violación grave de los derechos de propiedad intelectual en alguno de los países parte del acuerdo. La Comisión ha sido transparente, el ACTA no puede ir más allá del acervo comunitario, no puede excederse de las medidas adoptadas en el marco de las directivas europeas ni puede violar, bajo ninguna circunstancia, los derechos fundamentales. Ha sido negociado fuera de las instituciones internacionales tradicionales (la Organización Mundial del Comercio, etc.) porque China y la India se han opuesto al acuerdo. Por último, el ACTA es un acuerdo abierto y todos aquellos Estados que deseen participar libremente pueden adherirse al mismo, de manera que juntos podamos proporcionar protección jurídica, y física también, a los ciudadanos contra los perjuicios ocasionados por la falsificación. Por consiguiente, yo voté a favor de esta propuesta de resolución.

  Olle Schmidt (ALDE), por escrito. – (SV) El Parlamento Europeo ha expresado su opinión sobre el acuerdo ACTA en varias ocasiones. Por ejemplo, yo voté a favor de la propuesta de resolución del Parlamento en marzo de 2010 en relación con la falta de control y transparencia pública en las negociaciones, y he firmado la declaración escrita del Parlamento respecto al acuerdo ACTA. En ese momento, la Comisión se merecía las críticas recibidas, al igual que ahora, por la falta de transparencia en las negociaciones tanto de los diputados de este Parlamento como de los ciudadanos de Europa. Creo que, tal y como están las cosas, las anteriores opiniones del Parlamento son adecuadas y yo voté en contra de todas las propuestas en la resolución. Es importante que el Parlamento asuma su responsabilidad muy seriamente en lo que respecta a acuerdos internacionales. La Comisión negocia y firma los acuerdos. El Parlamento tiene derecho a ser plena e inmediatamente informado durante el proceso y, después de que la Comisión haya firmado el acuerdo, tiene el derecho a aprobarlo o rechazarlo. Es lógico que el Parlamento deje muy clara su posición, algo que hemos hecho de muchas maneras, para garantizar que la Comisión no negocia acuerdos que no cuentan con el apoyo del Parlamento. La propuesta de resolución común exigía que la Comisión presentara una serie de análisis que requieren mucha dedicación antes de que se firmara el acuerdo, lo que correría el riesgo de crear una situación en que otras partes empezarían a dudar de si Europa es realmente un socio serio con quien se pueden concluir acuerdos comerciales internacionales. Eso perjudicaría las posibilidades de Europa de participar en negociaciones sobre acuerdos comerciales libres e internacionales en el futuro.

  Bogusław Sonik (PPE), por escrito. – (PL) Yo respaldé la propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre el Acuerdo Comercial de la Lucha contra la Falsificación (ACTA), porque creo que como parte de la lucha contra la piratería es necesario establecer principios comunes para que se respeten los derechos de propiedad intelectual. El problema de la falsificación de mercancías y la utilización no autorizada de la propiedad intelectual de otras personas todavía está muy generalizado. Es especialmente difícil en el caso de los bienes inmuebles, como, por ejemplo, los derechos de autor en trabajos musicales y literarios, y las patentes. El ACTA constituirá un instrumento positivo para establecer una plataforma jurídica común cuyo objetivo será luchar contra la falsificación y la piratería.

  Thomas Ulmer (PPE), por escrito. – (DE) Me complace que se haya aprobado el informe del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y los Conservadores y Reformistas Europeos. A consecuencia de ello, no tuvo cabida el trabajo demagógico y envenenado de la oposición. Enhorabuena a los autores, a nuestro coordinador, el señor Caspary, y a todo el grupo por mostrar su unidad en esta Cámara sobre tan importante cuestión.

  Dominique Vlasto (PPE), por escrito. – (FR) Yo voté a favor de la propuesta de resolución de mi Grupo porque la lucha contra la falsificación es crucial y debe ser eficaz a escala global. La falsificación representa una creciente economía paralela, que permite el blanqueo de capital a gran escala. Además, nuestras industrias, que ya están penalizadas en términos de exportación por la infravaloración del yuan y la debilidad del dólar, no pueden tolerar ver cómo las mercancías falsificadas producidas fuera de la UE compiten de forma desleal con sus productos en el mercado interior. El robo global organizado tiene una repercusión grave en la creatividad y la innovación, así como consecuencias desastrosas para los empleos y la seguridad de consumidores que son inducidos a error. Nuestro modelo de desarrollo, tal y como está centrado en la economía del conocimiento, necesita proteger a escala internacional el derecho fundamental que representa la propiedad intelectual. A partir de ahora, esta votación abrirá la vía de la ratificación del Acuerdo Comercial de la Lucha contra la Falsificación, que facilitará los recursos de apelación cuando se produzcan violaciones de los derechos de propiedad intelectual en alguno de los países signatarios. De esta manera, estamos sentado las bases de una estrategia multilateral que protegerá lo que hace que nuestro desarrollo económico sea dinámico, a saber, las invenciones, las marcas y las obras artísticas.