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Procedimiento : 2010/2989(RSP)
Ciclo de vida en sesión
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Textos presentados :

O-0200/2010 (B7-0660/2010)

Debates :

PV 15/12/2010 - 13
CRE 15/12/2010 - 13

Votaciones :

Textos aprobados :


Debates
Miércoles 15 de diciembre de 2010 - Estrasburgo Edición DO

13. Gobernanza económica y artículo 9 del Tratado de Lisboa (debate)
Vídeo de las intervenciones
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  Presidenta. − El siguiente punto es el debate sobre la pregunta oral del señor Hughes, la señora Berès y el señor Bullmann, en nombre del Grupo S&D, dirigida al Consejo: gobernanza económica y artículo 9 del Tratado de Lisboa (O-0200/2010 - B7-0660/2010), y

la pregunta oral del señor Hughes, la señora Berès y el señor Bullmann, en nombre del Grupo S&D, dirigida a la Comisión: gobernanza económica y artículo 9 del Tratado de Lisboa (O-0201/2010 - B7-0661/2010)

 
  
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  Pervenche Berès, autora. − (FR) Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, sus dos instituciones han trabajado muy duro en el ámbito de la gobernanza económica y, en el día de hoy, el Parlamento Europeo está debatiendo las seis propuestas de la Comisión sobre la gobernanza económica.

Hoy nos encontramos bajo el régimen del Tratado de Lisboa, cuyo artículo 9 establece y cito: «En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana». Este artículo es vinculante para todas las instituciones de la Unión y para todas sus políticas.

Sin embargo, a fecha de hoy no han llevado ustedes a cabo una evaluación de impacto acerca del «paquete de gobernanza económica», sobre el que me han pedido que delibere. Esas evaluaciones de impacto tienen gran importancia para la Comisión, por ejemplo en lo que se refiere a aplicar la legislación sobre enfermedades electromagnéticas.

Esto es de agradecer, pero nos gustaría que se exhibiera el mismo celo con la gobernanza económica. De lo contrario, ¿qué es lo que vemos? Vemos al Comisario Rehn explicarnos hoy que su estrategia contará con tres pilares: el crecimiento por una parte, la gobernanza económica por otra y, finalmente, una supervisión de los mercados financieros. Pero si los tres pilares no están interconectados, la acción de la Unión Europea resultará incoherente y no se cumplirá el Derecho comunitario en términos del artículo 9.

Por tanto, les urgimos a evaluar el impacto social de las medidas que está preparando en términos de empleo, en términos de financiación de las pensiones de jubilación, en términos de protección social y en términos de financiación de los servicios públicos.

¿Qué impacto tendrá la lucha contra la pobreza en el objetivo de su Estrategia 2020 cuando sabemos que hay en la Unión Europea 116 millones de personas amenazadas por la pobreza o por la exclusión social, según unas cifras válidas para 2008?

La realidad es que la Comisión parece estar aplicando un mandato secreto al pedirles, en respuesta a las preocupaciones de algunos Estados miembros, dentro del Consejo, que se reforme el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para hacerlo más vinculante, para introducir sanciones preventiva y correctivas; al tiempo que parece ignorar la estrategia de inversiones necesaria en torno a lo que ustedes mismos han adoptado, la Estrategia Europa 2020.

Sabemos que, en lo que se refiere a la creación de empleo, en los próximos años la situación en términos de perspectivas de crecimiento será más complicada que en los años recién transcurridos.

No nos oponemos a la recuperación de las escenas de finanzas públicas, pero somos contrarios a una estrategia de crecimiento sin medios de financiación, con unos planes de austeridad que pueden tener unos efectos sociales incalculables, con unas consecuencias potenciales en términos de desigualdad, y en el que no se trata ninguna de las desigualdades relacionadas con la distribución de la riqueza.

Este no puede ser el espíritu del Tratado de Lisboa, por el que tanto luchamos y que ustedes, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, tienen la obligación de aplicar.

 
  
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  Olivier Chastel, Presidente en ejercicio del Consejo. (FR) Señora Presidenta, señor Comisario, honorables miembros, me alegra que haya público presente. Esto es bueno.

Quiero dar las gracias al Parlamento, claro está, por haber colocado este asunto en el orden del día de este período parcial de sesiones, lo que nos permite abordar un asunto importante en torno al que se ha trabajado mucho en los últimos meses dentro del Consejo.

Por supuesto, soy consciente de la importancia que este Parlamento concede a la gobernanza económica y a sus vínculos con las cuestiones sociales en su sentido más amplio, tal y como se establece en el artículo 9 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea. Debemos cumplir la obligación que emana del artículo 9 al definir y poner en práctica todas las políticas y acciones de la Unión; incluido, por tanto, todo el trabajo sobre la futura gobernanza económica.

En primer lugar, quiero señalar que durante la Presidencia belga a menudo se hizo referencia a la importancia de la aplicación del artículo 9 y, por consiguiente, de la cláusula transversal. Así pues, quiero recordar las conclusiones adoptadas por el Consejo el día 6 de diciembre acerca de la dimensión social en el contexto de una Estrategia Europa 2020 integrada. Esas conclusiones pedían a la Comisión Europea que reforzase y fomentase el uso del sistema existente para la evaluación del impacto social. Hace un llamamiento al Consejo para que presente un informe sobre el modo en que el artículo 9 se aplica en los trabajos y en las políticas comunitarios a través del método de coordinación abierta. Asimismo pide a la Comisión que busque medios para poner en práctica la integración social y también el artículo 9 en el contexto de su iniciativa emblemática de una plataforma europea contra la pobreza, que debería ser publicada en los próximos días.

De manera más específica, en lo que respecta al nuevo mecanismo macroeconómico de control y de coordinación, el Consejo no considera al empleo y a la protección social como meros resultados afectados por el nuevo marco macroeconómico de control, cuyo impacto deberá ser estudiado, sino también como factores que estimulan el crecimiento macroeconómico y fiscal a corto y medio plazo. Esto es importante si queremos contar con un marco macroeconómico estable y si queremos conservar el equilibrio institucional al que aspiran los tratados.

La disposición del Consejo para promocionar la aplicación del artículo 9 también resulta evidente en el Semestre europeo, que desde un enfoque integrado debe reflejar una posición equilibrada entre la Estrategia Europa 2020 y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Así pues, los principios contenidos en el artículo 9 deben ser aplicados en todos los documentos y las medidas legislativas, para que puedan convertirse en un todo integrado.

Con esto presente, el Consejo ha realizado su trabajo en dos fases. En una primera fase, el trabajo del Consejo ha consistido en desarrollar una Estrategia Europea de Empleo, tal y como disponen el Tratado y el nuevo marco de gobernanza económica. En las conclusiones adoptadas el día 21 de octubre, el Consejo definió el lugar de la Estrategia Europea de Empleo en la gobernanza económica.

En la segunda fase, con motivo del Consejo Europeo del 6 de diciembre, el Consejo adoptó un instrumento nuevo para el control multilateral de las políticas de empleo y sociales, el Marco de Evaluación Conjunta, que posibilitará una supervisión mejor de las políticas de empleo y de integración social de los Estados miembros y que, por tanto, garantizará que se concede una mayor importancia a estos aspectos a escala europea.

Estos instrumentos nuevos deberán ser movilizados en la fase preventiva de control macroeconómico, de modo que se preste una atención adecuada a la situación de los mercados laborales y a los problemas sociales que pueden poner en peligro la Unión Económica y Monetaria (UEM). Por supuesto, también serán instrumentos fundamentales para el control temático de la Estrategia Europa 2020.

El Consejo también recordó que pretendía contribuir tanto al control temático, basado en los cinco objetivos clave de la Estrategia Europa 2020, y a la supervisión macroeconómica, dado que ambos marcos están íntimamente relacionados. Y, en respuesta a la petición de la Presidencia belga, el Comité de Protección Social emitió una opinión sobre la dimensión social de la Estrategia Europa 2020, en la que destaca la necesidad de una sinergia entre las prioridades de la Estrategia Europa 2020 y el todo indivisible formado por los objetivos establecidos por el Consejo Europeo.

También quiero señalar que el Consejo se refirió al artículo 9 en otras conclusiones: las conclusiones sobre las pensiones y las conclusiones del Consejo sobre servicios sociales de interés general.

Señora Presidenta, honorables miembros, nuestro debate de esta tarde nos permite abordar asuntos relacionados con la gobernanza económica y, en especial, sus aspectos sociales. Como Presidente en ejercicio del Consejo, por supuesto, escucharé atentamente sus intervenciones y buscaré un fructífero intercambio de opiniones, que nos será de utilidad a todos en las negociaciones posteriores.

 
  
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  Janusz Lewandowski, Miembro de la Comisión. Señora Presidenta, el artículo 9 del Tratado de Lisboa, al que se están refiriendo, define verdaderamente las características específicas del modelo económico y social europeo. Si leen la Estrategia Europa 2020 pueden constatar que refuerza explícitamente este modelo europeo aunando iniciativas para mejorar los resultados de áreas como la tasa de actividad, la formación permanente, la adaptabilidad y la movilidad laborales, así como la inclusión social.

Sin embargo, no basta con esta respuesta en estos tiempos de duros retos, cuando el clima de crisis en Europa está afectando de manera negativa, o incluso dramática, a la economía real, a las finanzas públicas, al mercado laboral y a la calidad de vida en la Unión. Para abordar los desafíos que nos plantea esta crisis, la Comisión ha puesto en marcha varias iniciativas políticas. Para reforzar la estabilidad de nuestro sistema financiero, la UE ha acordado una nueva arquitectura para la regulación financiera. Esto se ha debatido en el Parlamento. En segundo lugar, para tratar los retos para las finanzas públicas y los desequilibrios financieros, la Comisión Europea ha propuesto un refuerzo exhaustivo de la gobernanza económica en la Unión Europea, el paquete legislativo al que ha hecho referencia en su pregunta.

Como saben, el paquete incluye propuestas para abordar la deuda pública excesiva de manera más seria que en el pasado, definiendo un ritmo de reducción de deuda satisfactorio. También propone unos requisitos mínimos para los marcos fiscales nacionales, para garantizar que son compatibles con las obligaciones del Tratado, y también un sistema de control de los desequilibrios macroeconómicos tales como grandes déficits contables o burbujas inmobiliarias. El paquete subraya la prevención y la prudencia para garantizar una preparación mejor en tiempos de recesión económica. Para refrendar la credibilidad del nuevo marco, la Comisión ha propuesto una amplia gama de sanciones que comenzarán a ser aplicadas en la fase inicial.

La filosofía que subyace a la legislación propuesta es que debe ayudar a los Estados miembros a aplicar unas políticas disciplinadas e instaurar las bases de un funcionamiento estable con crecimiento a largo plazo, algo que resulta fundamental para supone una contribución importante a la prevención de crisis futuras

Dada la situación económica actual, resulta muy importante introducir este marco de gobernanza económica lo antes posible. En cuanto a la evaluación de impacto, las reformas gubernamentales responden a un análisis profundo llevado a cabo en el estudio EMU@10 de 2008. Además, al preparar y seguir las comunicaciones de la Comisión Europea que anuncian las nuevas estructuras de gobernanza del denominado Semestre Europeo que fueron adoptadas en mayo y en junio de 2010, la Comisión trató su propuesta con muchos actores interesados tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo, y fomentó un debate vigoroso y amplio de esas cuestiones. Y, por supuesto, hemos desarrollado las propuestas a la luz de los desempeños anteriores y de las lecciones aprendidas.

¿Y cuáles son las lecciones principales? La gran lección es que la acción preventiva es mucho más valiosa que la imposición de sanciones correctivas a un Estado que ya experimenta dificultades Por tanto, hacemos hincapié en influir de manera positiva a los responsables de las políticas nacionales —y aquí radica la verdadera responsabilidad— para que exista un equilibrio una recuperación económica y un crecimiento auténticos, y la austeridad y la consolidación de las finanzas públicas.

Europa necesita ambas cosas.

 
  
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  Elisabeth Morin-Chartier, en nombre del Grupo PPE.(FR) Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, al hilo de la pregunta de la señora Berès quiero centrarme en el modelo económico en que nos basamos en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos): un modelo de economía de mercado social. Es decir, hemos de concentrar todos nuestros esfuerzos no solamente en acabar con la crisis y en luchar contra la pobreza, sino de manera más importante en garantizar la inclusión social de algunos de nuestros ciudadanos europeos que hoy están marginados.

Debemos abordar el tema de la inclusión social hoy mismo, por un lado para asegurarnos de que esos ciudadanos pueden recuperar su trabajo, lo que significa generar empleo para luchar contra la crisis, y por otra parte —y esto es de importancia máxima— para asegurarnos de que en los años venideros podemos tener programas de formación —iniciativas de formación inicial y también de formación permanente— en cada Estado miembro, lo que permitirá que nuestros ciudadanos se adapten a los puestos de trabajo del futuro, a las nuevas cualificaciones que esto requerirán y al incremento del grado de cualificaciones previsto dentro de la Estrategia Europa 2020.

Sobre la base del artículo 9, por tanto, podemos ver claramente que más allá de lo que se ha hecho en el ámbito de los sistemas financieros, también es muy importante desarrollar una contribución que garantice que nuestros conciudadanos cuentan con una formación y pueden convertirse en elementos activos de la sociedad, y activo significa formado y preparado para asumir los puestos de trabajo del futuro.

Por tanto, pido que las políticas de la Comisión se ajusten a este objetivo, pues de lo contrario perderemos de vista el objetivo de una Europa con una fuerte cohesión social.

 
  
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  Antolín Sánchez Presedo, en nombre del Grupo S&D. – (ES) Señora Presidenta, señores representantes del Consejo y de la Comisión, queridos colegas, durante los últimos cincuenta años se ha incrementado la interdependencia de nuestra economía y también la interdependencia de nuestras políticas económicas.

Los ojos de los ciudadanos están puestos en la Unión Europea; saben que el proceso de integración europea ha situado numerosos aspectos de su vida bajo la responsabilidad de las instituciones comunitarias: numerosas decisiones se toman en el ámbito común.

Muchos de los instrumentos tradicionales de los Estados han pasado también al nivel europeo y las políticas económicas son cuestión de interés común en el ámbito europeo —esto es reconocido por todos—, y la Unión Europea está, por eso, en el foco de esta crisis: ahí están puestas las miradas.

No nos encontramos ―como algunos afirman― en un escenario de «poscrisis», a lo sumo, podemos estar en un escenario de «posrecesión». El crecimiento previsto para este año será bajo y desigual y el problema es que todavía, el año que viene, las previsiones indican que podría descender ligeramente. El número de desempleados en la Unión Europea asciende, en estos momentos, a 23 millones de personas. Es una crisis que ha abierto una brecha social importante y que, además, ha presionado las finanzas públicas, e incluso puesto en cuestión el futuro del euro.

Fortalecer la gobernanza económica de la Unión Europea es imprescindible para dar una respuesta a la crisis y asegurar el futuro del proyecto comunitario. Es necesario para afrontar nuestros desafíos comunes de recuperar el crecimiento y el empleo, cambiar el modelo económico e impulsar el desarrollo sostenible global, y debemos hacerlo asegurando el futuro del modelo social europeo.

De la primera crisis económica, la crisis del 29, aprendimos que los poderes públicos tienen un compromiso con la recuperación del crecimiento y el empleo; de la segunda, la reconstrucción europea tras la Segunda Guerra Mundial, que la edificación de la nueva Europa debía asentarse sobre la justicia social. Ninguna de estas lecciones debe ser olvidada y ambas deben estar totalmente imbricadas en el futuro de una Europa sostenible.

Nuestro Tratado de Funcionamiento de la UE, en su artículo 9, dice que «en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana».

Por lo tanto, no se trata solo de austeridad. La austeridad nos puede conducir a la contracción. Necesitamos políticas que vayan también a favor del crecimiento, por lo tanto, políticas responsables. No se trata tampoco de crecer primero y luego repartir: hemos aprendido que el reparto contribuye al crecimiento. Tampoco de progresar para luego atender a las necesidades fundamentales de los ciudadanos: hemos aprendido que la educación, la salud, la seguridad social y los servicios públicos son fundamentales para que las sociedades progresen. De no existir, son costes que lastran el futuro de nuestra sociedad, y no es posible una economía sana en una sociedad enferma.

Por eso formulamos estas cuestiones: ¿el futuro marco legislativo sobre la gobernanza económica debe ser acorde con el modelo de la Europa social, con el artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la UE? ¿Existe realmente una evaluación de impacto? Y ¿lo que queremos realmente es que el Presidente Barroso cumpla su compromiso de que exista un impacto social y afirmar claramente que Europa necesita un nuevo pacto social, también en los estándares fiscales, en los estándares laborales, un modelo que asegure el empleo, la equidad, la responsabilidad ambiental y el desarrollo global? Cualquier otra reforma será insuficiente.

 
  
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  Marian Harkin, en nombre del Grupo ALDE. Señora Presidenta, cuando hice campaña a favor del «sí» al Tratado de Lisboa, ofrecí a los ciudadanos irlandeses 10 razones para votar a favor de dicho Tratado. Una de ellas era la cláusula social, el artículo 9 del Tratado.

En varias ocasiones, tanto en esta Cámara como en otros lugares, he pedido a la Comisión y al Consejo que apliquen el artículo 9 en sus propuestas sobre la gobernanza económica y, por supuesto, en su respuesta a la crisis económica actual, que representa una auténtica prueba para su compromiso con la cláusula social. En Irlanda, donde la semana pasada se redujo el salario mínimo en un euro por hora y donde las prestaciones por invalidez y las que reciben las personas ciegas también han experimentado una disminución, puede apreciarse claramente cuál es esa respuesta. ¿Qué significado tienen ahora para esos ciudadanos las expresiones «lucha contra la exclusión social» o «la garantía de una protección social adecuada» recogidas en el artículo 9?

Podrían ustedes responder, por supuesto, que este es un asunto interno de Irlanda, pero no es así. Fue la UE la que fijó los parámetros de austeridad para Irlanda, y nuestro Gobierno debe enviarles informes mensuales. ¿Les recordarán ustedes el artículo 9 cuando llegue el informe sobre el recorte del salario mínimo? ¿Por qué ha ocurrido esto? Esto ha ocurrido porque los bancos irlandeses y europeos incurrieron en insensatas operaciones de préstamo y crédito ante las narices del BCE.

Los tipos de interés que están cobrando actualmente a Irlanda por el préstamo, de acuerdo con los periódicos publicados hoy, son un 3 % superiores a los que se cobraron a Letonia, Rumanía y Hungría. Los representantes del Tribunal de Cuentas dicen que no existen precedentes de un margen tan elevado en los préstamos comunitarios. ¿Puedo pedirles que confirmen si esta situación es verdadera o falsa? Si es cierto, les ruego que me expliquen cómo se está aplicando la cláusula social a los ciudadanos irlandeses, para que yo pueda explicárselo a ellos. Esta situación está ocurriendo específicamente en Irlanda, pero si se trata de una medida que será de aplicación a otros Estados miembros que atraviesan situaciones de dificultad, entonces el artículo 9 es papel mojado.

 
  
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  Philippe Lamberts, en nombre del Grupo Verts/ALE.(FR) Señora Presidenta, seré breve. Si examinamos las políticas que se están aprobando hoy, creo que suponen, en términos generales, un recorte del gasto en un 80 % y un incremento del 20 % en términos de nuevos ingresos, y creo incluso que estoy siendo generoso.

Todo el mundo sabe que cuando el gasto público se reduce en un 80 %, los primeros en sufrir los efectos de tal medida son los grupos más vulnerables de nuestras sociedades. Por consiguiente, quisiera transmitirles mi indignación ilustrando dos contradicciones: la primera, la contradicción que observo entre la gobernanza económica, por un lado, y la Estrategia Europa 2020, por otro.

La gobernanza económica exige la adopción de medidas radicales e inmediatas, así como reglas estrictas y vinculantes. La intención de la Estrategia Europa 2020 es buena, especialmente en lo tocante a la reducción de la pobreza, pero se trata de una opción voluntaria y algo simplista que los gobiernos solo seguirán si lo desean y si tienen tiempo para ello. No se trata de una estrategia vinculante en absoluto. Creo que existe una contradicción que no se sostiene y que, por tanto, es incompatible con el espíritu del artículo 9.

La segunda contradicción se refiere al tema de la gobernanza económica, por una parte, y la cuestión del gasto público, por otra. Es preciso reducir con rapidez el gasto público, o de lo contrario estaremos abocados a una catástrofe. La deuda debe disminuir en un plazo máximo de 20 años, antes aún si es posible, pero si no se lleva a cabo una evaluación de los impactos de dicha medida seguro que no prestaremos una atención excesiva a este tema.

Con respecto a la generación de nuevos ingresos —puesto que, en cualquier caso, el presupuesto se compone de ingresos y gastos— mediante impuestos sobre las operaciones financieras, la energía, y el establecimiento de una base consolidada para el impuesto de sociedades, decimos, «esperen, es necesario llevar a cabo una evaluación, debemos tener en cuenta el impacto, no debemos excedernos. Reflexionemos sobre ello, tomémonos un tiempo, evaluemos…». Les aseguro que no entiendo por qué, por un lado, aceleramos al máximo sin preocuparnos por el impacto mientras, por otro lado, nos movemos con tanta lentitud y nos tomamos el tiempo para reflexionar mientras la población se ve obligada a pagar el precio de todo ello.

En mi opinión, estas contradicciones nos demuestran a todos que el artículo 9 no tiene tanto peso como los artículos sobre la convergencia económica de los Tratados de la Unión Europea y creo que debemos resolverlas si queremos volver a ganarnos la confianza de nuestros conciudadanos.

 
  
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  Proinsias De Rossa (S&D). - Señora Presidenta, quiero preguntar a la Comisión si estaría en condiciones de explicar concretamente a esta Cámara cómo tiene previsto aplicar el artículo 9. Constantemente oímos hablar de la supervisión macroeconómica, pero nunca se oye nada sobre la supervisión macrosocial de lo que hacen los Estados miembros en sus esfuerzos por hacer realidad los objetivos y las políticas sociales comunitarios.

Quiero que nos diga si tiene previsto utilizarla simplemente como evaluación del impacto, es decir, si espera que su medición no tenga impacto social alguno. Esto no es suficiente, porque la finalidad del artículo 9 es promover los objetivos de la Unión Europea, tal y como se indica en el artículo 3 del Tratado. No es suficiente que, sencillamente, no tenga efecto alguno: debe tener efectos positivos. Esta es la obligación de la Comisión, que debe aplicar los Tratados.

También quiero abordar el tema de los servicios sociales de interés general, del que soy ponente. No existe ninguna duda sobre el hecho de que la estrategia actual que ha adoptado la Comisión para salir de la crisis destruirá servicios sociales de interés general en los Estados miembros. Si quieren una prueba de ello, solo tienen que leer el Memorándum de Acuerdo que ha suscrito la Comisión con el Gobierno de Irlanda. En la página 2 de dicho documento se afirma que en 2011 se aplicará una reducción del gasto corriente ligeramente superior a 2 000 millones de euros. Dicha reducción conllevará una disminución del gasto en protección social y de las cifras de empleo en la función pública, así como un recorte progresivo de las actuales pensiones de la función pública, la reducción de otros gastos en más de 1 000 millones de euros y una disminución cercana a los 2 000 millones de euros del gasto público de capital frente a los planes actuales para 2011.


¿Qué otro efecto pueden tener esas medidas, aparte de diezmar los servicios de interés general y, en particular, los servicios sociales de interés general? ¿Dónde está el artículo 9? ¿Dónde estaba ese artículo cuando la Comisión negociaba este acuerdo con el Gobierno conservador de Irlanda, que se encontraba al borde del colapso?

Quisiera preguntar también a la Comisión cuándo va a presentar ante esta Cámara el Memorándum de Acuerdo que ha firmado con el Gobierno irlandés. Está obligada a hacerlo en virtud del Tratado de Lisboa. ¿Cuándo lo hará? ¿Cuándo tendremos ocasión de debatir aquí sobre el contenido de ese documento?

Uno de los aspectos del acuerdo, que ya mencioné esta mañana, es la insistencia de la Comisión de reducir el salario mínimo en 2 000 de euros anuales. Repito: el salario mínimo. El Tratado de Lisboa declara que tenemos el deber de prestar una protección social adecuada, animar a la gente a permanecer en el trabajo, eliminar las trampas de la pobreza, etc., etc., etc., y reducimos el salario mínimo 2 000 de euros al año. ¿Qué conseguiremos con ello, si no es hacer que un mayor número de personas abandonen sus empleos para acogerse al refugio, relativamente seguro, de la dependencia del bienestar?

La Comisión debe responder a estas preguntas. No queremos más evasivas. No más plámás. No más jerga comunitaria. Queremos respuestas claras sobre el modo en que la Comisión va a aplicar el artículo 9 del Tratado en relación con la gobernanza económica y, en particular, sobre los acuerdos que está alcanzando con los Estados miembros con respecto a la estrategia para salir de la crisis.

 
  
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  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Señora Presidenta, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Comisario, no hay duda de que permanecer alerta en el tema de la gobernanza económica es un derecho absoluto y un objetivo lícito del Parlamento Europeo.

El artículo 9 mencionado en la pregunta es plenamente coherente con la necesidad de dar la máxima importancia a todo aquello que tenga que ver con el ciudadano.

Hoy mismo, hace tan solo unas horas, se ha aprobado un importante acto legislativo que reconoce los derechos de los ciudadanos para adoptar una iniciativa legislativa dirigida a dar primacía a su derecho a la ciudadanía.

Una mayor estabilidad implica más controles, significa intervenir con prontitud y eficacia y sacar el máximo provecho a la competitividad. La contundencia debe combinarse con la eficiencia y con una actuación sobre lo sustancial. La protección social está estrechamente relacionada con una voluntad real de crear puestos de trabajo en una situación de especial dificultad como la que vivimos actualmente.

Por este motivo debemos hablar de ello —y hacerlo de un modo significativo— con todas las partes interesadas.

 
  
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  Kyriakos Mavronikolas (S&D).(EL) Señora Presidenta, yo diría que la cuestión de la gobernanza económica y las metas que establece, especialmente tal como queda de manifiesto en el Tratado de Lisboa, plantea algunas preguntas concretas en cuanto a si se está aplicando una política correcta desde el punto de vista social, si se está aplicando una economía dirigida al crecimiento ecológicamente sostenible y si se está aplicando una economía que permita luchar contra el desempleo, especialmente entre los jóvenes.

Quisiera referirme a la República de Chipre, que en la actualidad es objeto de examen. Las medidas adoptadas sirven para cualquier cosa menos para ofrecer una salida hacia una política y una situación social adecuadas, sobre todo aquellas medidas que entran en conflicto con los intereses de las generaciones jóvenes que crecen en la isla.

 
  
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  Nikolaos Salavrakos (EFD).(EL) Señora Presidenta, el nuevo informe sobre el empleo en Europa en 2010 pone de relieve el hecho de que los jóvenes han soportado la carga de la crisis y que este colectivo se enfrenta también a un número creciente de problemas, al tiempo que el desempleo afecta principalmente al grupo de edad de 15 a 24 años. No basta con definir el problema; debemos resolverlo. En la Unión Europea hay 3 millones de desempleados. Señor Comisario, ¿puede decirme qué vamos a hacer al respecto? Considero que los esfuerzos que ha realizado para delimitar el problema son positivos, pero es preciso resolverlo y ahí tiene usted una función histórica que desempeñar. Lo que es preocupante para Grecia, país del que procedo, es que el desempleo entre los jóvenes menores de 24 años ha alcanzado una tasa del 27,5 %, un porcentaje escandaloso y muy peligroso; pero todavía es más preocupante el hecho de que las tasas de desempleo no disminuyen a medida que aumenta el nivel de cualificación formal. Como saben, el empleo no es solamente un medio de subsistencia; es el fundamento de la dignidad humana. Debemos ofrecer dignidad a nuestros jóvenes.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI).(DE) Señora Presidenta, recientemente los medios de comunicación han publicado artículos sobre las enormes pensiones a las que tienen derecho los directivos del banco alemán HRE —que, como saben, ha quebrado— después de trabajar en dicha entidad solo durante dos años y basándose en contratos que fueron redactados después de que el citado banco recibiera sumas ingentes de dinero en concepto de ayudas públicas. Esto confirma la creencia de los ciudadanos de la Unión Europea de que el dinero simplemente se regala a los bancos mientras la gente corriente sufre la imposición de estrictos programas de austeridad.

El artículo 9 del Tratado de Lisboa hace referencia a «un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada». Para los ciudadanos europeos que han sufrido los graves efectos de la crisis económica y financiera y que ahora se ven obligados a ahorrar, esto suena como un insulto añadido a su sufrimiento. Por ejemplo, cuando se ponga en marcha la reforma de las pensiones en Hungría y los ciudadanos tengan que devolver dinero al sistema de pensiones o perder un 70 % de sus derechos de pensión, quedará claro que un viento helado se cierne sobre la UE. En el debate en sesión plenaria sobre el futuro de la zona del euro, el Presidente en ejercicio del Consejo explicó que los acontecimientos ocurridos en Dublín habían puesto de manifiesto la importancia de que la UE contase con un mecanismo de control de la política económica. A mi juicio, lo que ocurre es exactamente lo contrario. Tenemos un grado de centralismo y de conformidad excesivo.

 
  
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  Janusz Lewandowski, Miembro de la Comisión. Señora Presidenta, para defender lo que se ha denominado como el modelo socioeconómico comunitario, debemos adaptar dicho modelo a la realidad, a saber, los retos globales y la crisis que afecta a Europa. Si queremos defender el modelo, este no puede continuar inalterado.

Un supuesto fundamental, que ya se ha planteado y constituye un principio básico, es el siguiente: la consolidación y la recuperación de la confianza del mercado es la base para la estabilidad y la sostenibilidad del crecimiento y el empleo. Se trata de elementos cruciales para el bienestar futuro de los ciudadanos de la Unión.

Refiriéndome en concreto a las preguntas formuladas por la señora Harkin y el señor De Rossa —cuya pregunta hacía referencia a Irlanda—, se ha establecido el mismo tipo de interés que el FMI en ese sentido. No estamos obligados a dar a conocer al público el contenido de nuestro Memorándum de Acuerdo con el Gobierno irlandés. Tengo que decir que no hay nada más antisocial que producir déficit y deuda, que recaerán sobre las generaciones futuras de los ciudadanos europeos. Tampoco hay nada más irresponsable que las prácticas bancarias que trasladan el problema de la banca a la deuda soberana. Estas son acciones irresponsables y antisociales, y no podemos culpar a la Comisión de ellas.

Reconocemos que existe una tensión evidente entre la austeridad que se está imponiendo en muchos países y su impacto sobre la inclusión social y el nivel de pobreza. Somos conscientes de ello, y de ahí que sea necesario llevar a cabo debates y evaluaciones de impacto. Tal debate se ha producido ya en el Parlamento.

De nuevo, nuestra filosofía básica nos dicta que lo más acertado es la prevención. La prevención significa que deberíamos influir en la combinación de políticas a escala nacional. Dicha combinación de políticas a escala nacional es la principal responsable de la correlación entre austeridad y crecimiento. Esta es la mayor responsabilidad, pero debemos influir en esta combinación de políticas a escala nacional de un modo que impida que el futuro de Europa se construya sobre el déficit y la deuda, puesto que estos no llevan a ninguna parte.

 
  
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  Olivier Chastel, Presidente en ejercicio del Consejo. (FR) Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, como sin duda ya comprendieron a partir de mi intervención anterior, el Consejo es perfectamente consciente de sus obligaciones en virtud del artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con respecto a la necesidad de tener en cuenta con carácter general los requisitos asociados al fomento de un alto nivel de empleo, la garantía de una protección social adecuada y la lucha contra la exclusión social, así como el logro de un elevado nivel de educación, formación y protección de la salud humana. Tales obligaciones son y serán siembre debidamente respetadas en todo el trabajo del Consejo.

Dado el carácter universal de esta obligación, también afecta a la esfera de la gobernanza económica. Se aplica a los resultados recogidos en el informe que elaboró el grupo de trabajo presidido por el Presidente Van Rompuy, que obtuvo el respaldo total del Consejo Europeo de octubre. También se aplica a las seis propuestas legislativas que surgieron a raíz de la labor llevada a cabo por dicho grupo de trabajo y que la Comisión presentó el 29 de septiembre.

Sin embargo, el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 9 no requiere un procedimiento formal de evaluación de los impactos. Nuestro deber, que afecta tanto al Consejo como al Parlamento, especialmente teniendo en cuenta que las instituciones a las que representamos son las responsables del establecimiento de las políticas y del trabajo de la Unión mediante la adopción de las leyes necesarias en este ámbito, es tener en cuenta estos requisitos. Y eso es lo que hará el Consejo.

 
  
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  Presidenta. – Se cierra el debate.

Declaraciones presentadas por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
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  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El paquete de medidas de gobernanza económica propuesto por la Comisión exige una mayor disciplina en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y un control presupuestario más estricto, al proponer sanciones para los Estados miembros «indisciplinados». En otras palabras, se trata de una versión adulterada de la receta que llevó a la UE a la crisis y la recesión, y que agravó drásticamente sus problemas sociales. El camino señalado por la Comisión, con la demanda de introducción de cambios institucionales, exacerba las desigualdades sociales y regionales. En consecuencia, las desafortunadas repercusiones sociales a las que se han referido mis colegas en las preguntas que han planteado son un hecho conocido. Es más, ya podemos ver esas repercusiones en la práctica, y los trabajadores se están viendo obligados a soportar sus efectos, no solo en ciertos países del sur de Europa, sino en el conjunto de la UE. El Parlamento Europeo debe enfrentarse a esta política que, aparte de introducir duras medidas de austeridad y recortes de los derechos de los trabajadores, mina su función y la de los parlamentos nacionales. Dicho de otro modo, socava el papel de los representantes electos de las instituciones comunitarias, que, no obstante, deberían demostrar en sus exigencias una mayor conciencia de la lucha que mantiene la ciudadanía.

 
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