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Procedimiento : 2010/0051(COD)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A7-0355/2010

Textos presentados :

A7-0355/2010

Debates :

PV 15/12/2010 - 19
CRE 15/12/2010 - 19

Votaciones :

PV 16/12/2010 - 6.3
Explicaciones de voto
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P7_TA(2010)0488

Debates
Miércoles 15 de diciembre de 2010 - Estrasburgo Edición DO

19. Control por los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión (debate)
Vídeo de las intervenciones
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  El Presidente. – El siguiente punto es el informe de József Szájer , en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión (COM(2010)0083 - C7-0073/2010 - 2010/0051(COD)).

 
  
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  József Szájer, ponente. Señor Presidente, tan solo hace un año aproximadamente desde que entrara en vigor el Tratado de Lisboa en el que se contemplan cambios notables en lo que a la delegación de poderes por parte del Parlamento Europeo y el Consejo a la Comisión respecta.

Hace unos cuantos meses, en este Parlamento debatimos mi informe sobre actos delegados, que consisten en la delegación de poderes por parte del Parlamento y el Consejo pero, a partir de ahora y a diferencia de lo que ocurría antes, se puede poner fin a esa delegación en cualquier momento; es posible establecer un plazo, podemos realizar cambios y podemos ejercer el derecho de veto si la Comisión no actúa de conformidad con los deseos del legislador.

En el caso del Reglamento que nos ocupa y en base al artículo 291 del Tratado, estamos tratando ahora la cuestión de la ejecución de actos y en lo relativo a ese particular la situación difiere ligeramente. En este caso, son los Estados miembros los que ejercen sus derechos en lo que se refiere a la aplicación o implementación de las diversas legislaciones de la Unión Europea, luego existe una diferencia clara.

El nuevo Reglamento y el nuevo sistema de actos delegados nos concede amplios poderes. Desde el punto de vista del Parlamento, varía notablemente nuestro nivel de influencia, sobre todo en ciertas esferas legislativas.

Ahora bien, en lo que a aplicación se refiere, tenemos derecho en tanto que Parlamento, en nuestra calidad de órgano legislador, a regular la forma en que debería materializarse el procedimiento de aplicación en los Estados miembros.

Creo que el Parlamento no se equivocó al solicitar, tras largas negociaciones, confirmación y claro compromiso para con el respeto de los derechos del Parlamento, tanto por parte del Consejo como de la Comisión. Al cabo de negociaciones muy largas, hemos avanzado significativamente en este ámbito que posee influencia y produce un impacto no solo —y particularmente no solo— en lo relativo a los actos de aplicación, sino también en lo que respecta a los actos delegados.

Incluso en el caso de los actos de aplicación, el Parlamento obtuvo y retuvo el derecho de escrutinio, lo que significa que, conforme al acuerdo con otras instituciones, contamos con un procedimiento susceptible de aplicarse.

Mi prioridad máxima ha sido en todo momento el mantenimiento de esa posición, y además existe otra cuestión: el hecho de que, en este Parlamento, se estén produciendo debates regulares en el seno de otras comisiones —en particular en la Comisión de Comercio Internacional, la Comisión de Desarrollo o la Comisión de Asuntos Exteriores— y también entre el Parlamento y el Consejo, en torno a la legislación relativa a los instrumentos financieros, si deben éstos regularse y, de ser así, cómo.

Mi objetivo en este contexto era que el Reglamento no prejuzgara el debate. Queremos ayudar a nuestros colegas encargados de defender nuestra posición en este importante debate con el Consejo de modo que al final logremos la cooperación del mismo.

Por último y en vista de que se me ha acabado el tiempo, quisiera agradecer a la Comisión y el Consejo la flexibilidad que han mostrado durante las negociaciones. Comprendo que es muy difícil lograr un acuerdo en el Consejo. Creo que este es el trato que quería el Parlamento y es un trato que puede resultar satisfactorio para todos los Miembros, sobre todo porque la cuestión no es únicamente el texto sobre el que centramos el debate ahora, sino que también esperamos que tanto la Comisión como el Consejo participen a la hora de alcanzar un entendimiento común en torno a estos temas de suma importancia. También confiamos en que se produzcan declaraciones que dejen claro que existe un compromiso indiscutible por parte de la Comisión a favor de que el resto del acervo comunitario también se ajuste de igual manera. Este texto incluido junto con mi informe debería satisfacer a todos los Miembros de este Parlamento.

 
  
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  Maroš Šefčovič, Vicepresidente de la Comisión. Señor Presidente, esta mañana hemos asistido a un debate de gran calidad en torno a la iniciativa ciudadana y esta noche debatimos otro tema de gran importancia, la comitología. Creo que es muy buena señal que, después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, estemos ahora aquí finalizando la legislación necesaria para su ejecución.

La reglamentación de los actos de ejecución tendrá un impacto fundamental en la forma en que la Comisión aplica la legislación europea en el futuro, y gran influencia sobre la capacidad de la Unión para la ejecución de políticas en beneficio de sus ciudadanos. Cuando presentamos nuestra propuesta ya establecimos que el principal objetivo era que, por medio de unas normas nuevas, se estableciese un sistema para la adopción de actos de aplicación por parte de la Comisión que fuera más sencillo, más eficaz y más transparente, y que cumpliera plenamente con lo dispuesto en el Tratado.

¿Cómo hemos logrado estos objetivos en las propuestas que estamos a punto de debatir? Al igual que en el pasado, el mecanismo de control que contempla el Reglamento se basa en la comitología, es decir, en comisiones compuestas por representantes de los Estados miembros a los que la Comisión sometería sus propuestas pero, a diferencia de lo que ocurre con el sistema actual, en el nuevo no habrá margen para la intervención del Consejo como tal.

Tal y como deja bien claro el Tratado, solo los Estados miembros —y no el Consejo— pueden controlar el ejercicio de los poderes de ejecución de la Comisión. Más aún, el reglamento prevé que todos los procedimientos especiales desaparezcan y que todas las medidas de ejecución, incluidas las relativas al comercio —diversas medidas antidumping o compensatorias—, queden sometidas al reglamento, lo que constituirá una verdadera revolución en el ámbito de la política comercial.

Deseamos disponer de unos procedimientos más sencillos, así que el nuevo reglamento no solo establece únicamente dos procedimientos —de asesoría y de examen— en vez de cuatro, sino que también prevé la adopción automática de los procedimientos de comitología existentes. Los nuevos procedimientos comenzarán a aplicarse a toda la legislación existente desde el primer día, obviamente sin perjuicio de la naturaleza de los poderes concedidos a la Comisión en los actos de base.

La Comisión se ha comprometido en una declaración a revisar todo el acervo comunitario con vistas a la adaptación del mismo al régimen de esos actos delegados hasta el punto en que sea necesario a nivel jurídico, y me consta la importancia que ello reviste para esta Cámara. Hasta la fecha hemos identificado 153 actos que no fueron sometidos a codecisión antes del Tratado de Lisboa y que otorgan a la Comisión poderes que deben convertirse en poderes delegados. Además existen 299 actos previamente alienados con el procedimiento regulador de escrutinio que ahora habrán de revisarse conforme a las disposiciones del Tratado sobre actos delegados. Ahora bien, nuestro objetivo es adaptar plenamente toda la legislación existente a las nuevas disposiciones del Tratado de Lisboa antes del final de la actual legislatura del Parlamento.

Esto implica un alineamiento total, es sobradamente conocido que se trata de un objetivo ambicioso, y por tanto me complace especialmente que el ministro belga, el señor Chastel, me haya solicitado amablemente que haga llegar a esta Cámara el compromiso y la declaración de la Presidencia.

En la misma se establece que la Presidencia es consciente de lo ambicioso de las intenciones de la Comisión en este sentido, se valoran las mismas positivamente y se apoyan los objetivos; asimismo se confirma que la Presidencia está dispuesta a hacer cuanto esté en su mano para garantizar que ese alineamiento se finaliza tan pronto como sea posible una vez se hayan presentado las propuestas de la Comisión. La Presidencia informa de su predisposición a cooperar de manera fiel con el Parlamento y la Comisión en pos de la consecución de estos objetivos.

Ni que decir que nos gustaría que esta declaración quedara recogida por escrito a efectos oficiales, pero creo que en cualquier caso hemos de valorar en todo lo que vale el espíritu de cooperación y enfoque colegial adoptado por la Presidencia belga.

Deseamos contar con un sistema que sea más eficaz y, en consecuencia, las nuevas reglas son un fiel y completo reflejo del papel de la Comisión según lo dispuesto en los Tratados —con una única y lamentable excepción sobre la que hablaré después— porque solo se puede evitar la adopción de la propuesta de acto de ejecución por parte de la Comisión mediante el voto en contra del Comité por mayoría cualificada.

La excepción que acabo de mencionar, caso en el que la Comisión tiene que obtener dictamen favorable explícito del Comité para contar así con la autorización necesaria para adoptar un proyecto de acto de ejecución, hace referencia a medidas comerciales de salvaguardia multilaterales definitivas. Pese a que tan solo se adopta un número limitado de actos en este ámbito, no éramos partidarios de tales excepciones por motivos institucionales, puesto que habríamos preferido un alineamiento total con las nuevas normas.

Quería realizar esta puntualización de naturaleza institucional en este momento pese a que, en definitiva, se trataba del único argumento posible sobre el que sustentar la necesidad de un cierto compromiso por parte del legislador y lo valoramos positivamente. Queremos un sistema que sea más transparente; todo el procedimiento se desarrollará en un contexto de plena transparencia.

Todos los documentos presentados a las comisiones se envían simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo; estas dos instituciones tienen derecho de escrutinio en un plano de total igualdad: en cualquier momento a lo largo del procedimiento, pueden indicar a la Comisión que consideran que el proyecto acto de ejecución va más allá las competencias. Es decir, si nos estamos excediendo en nuestras atribuciones tienen ustedes derecho a dejárnoslo bien claro.

Para finalizar, decir que, en su conjunto, el texto supone un resultado muy positivo para Europa ya que refuerza claramente el método comunitario y sin duda amplía el derecho de escrutinio del Parlamento en todos los ámbitos.

Por ejemplo, el nuevo reglamento prevé que en algunos casos la Comisión pueda verse obligada a debatir el tema en un comité de apelación. Ahora bien, en términos comitológicos, este será un comité normal presidido por la Comisión y sujeto a las mismas normas; solo una votación en contra de una propuesta de la Comisión que cuente con mayoría cualificada puede evitar que esta adopte la propuesta.

Si el Parlamento Europeo lo aprueba hoy, el nuevo Reglamento sobre comitología este entrará en vigor muy pronto, el 1 de marzo de 2011, lo cual constituye ciertamente una muy buena noticia. Necesitamos un nuevo marco legal que entre en funcionamiento lo antes posible y también confío en que, en paralelo, podamos reflexionar sobre la frontera que separa los poderes delegados y los poderes de ejecución de la Comisión. Todo esto es necesario, no solo para evitar futuros conflictos cuando se sometan a debate propuestas de nuevas legislaciones, sino también para simplificar el ejercicio de alineamiento.

A modo de conclusión, me gustaría agradecer al ponente, el señor Szájer, todo el trabajo realizado durante el proceso de negociación y también dar las gracias a todos los grupos políticos por su cooperación y flexibilidad. Además deseo expresar mi agradecimiento también a la Presidencia belga que ha llevado a cabo una labor extraordinaria a la hora de tratar este tema en el Consejo y alcanzar una solución de compromiso que no era nada fácil de lograr. Creo que lo que estamos a punto de debatir —y espero que aprobar mañana— supone una muy buena noticia para Europa.

 
  
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  Gay Mitchell, ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo. Señor Presidente, quisiera dar las gracias al ponente, el señor Szájer, por sus esfuerzos y por su informe.

Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y tal y como ya se ha explicado, las actuales disposiciones en materia de comitología serán sustituidas por actos delegados y actos de ejecución conforme a los artículos 290 y 291, pero me preocupa mucho el papel de la Comisión en la aplicación de las decisiones relativas al Tratado de Lisboa.

Creo haber oído hace un momento al Comisario decir que el objetivo es que así sea antes del final de esta legislatura, lo que supone tres años y medio más, ¡y además es tan solo el «objetivo»! ¡Esto no es una comunidad de vecinos, es un parlamento! Si el Consejo está involucrado en algo el Parlamento también lo está y, como parlamentario —y no me complace lo más mínimo decir esto— tengo a menudo la impresión de que, en vez de actuar como intermediario honesto entre el Consejo y el Parlamento, la Comisión se posiciona demasiado próxima al Consejo mientras que el Parlamento, siendo como es una institución con muchos miembros, acaba fácilmente dividido y a veces facilita demasiado que prospere lo que en definitiva no deja de ser la opinión compartida de Consejo y Comisión.

Antes que nada, debo hacer hincapié en que, en mi opinión y en este sentido, el Parlamento no debería estar sometido a ninguna presión para avenirse completamente al texto en primera lectura. Lo más importante es que alcancemos una solución de compromiso justa y que constituya la mejor opción disponible para esta Cámara y para los ciudadanos a los que representamos, y al mismo tiempo tener en cuenta lo que ha mencionado nuestro colega, el señor Szájer. Si esto implica un acuerdo en segunda lectura, que así sea. Como decía, la norma ha de ser que si el Consejo participa también lo haga el Parlamento. Somos codecisores, colegisladores en este sentido.

En mi calidad de ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo, siento que es de vital importancia que establezcamos la independencia del Parlamento y que la Comisión respete a ambas instituciones, y no estoy seguro de que la «solución de compromiso» lo logre.

 
  
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  Saïd El Khadraoui, ponente de opinión de la Comisión de Transportes y Turismo. (NL) Señor Presidente, me gustaría comenzar agradeciendo al ponente su trabajo en la confección de un expediente complejo y muy técnico pero que, en cualquier caso, es muy importante para nuestra actividad de cara al futuro.

El antiguo procedimiento de comitología con cuatro opciones diferentes no era desconocido para nosotros, la Comisión de Transportes y Turismo, y llevamos mucho tiempo familiarizados con cómo manejar la ejecución de decisiones. No obstante, en lo que a los ajustes necesarios conforme al Tratado de Lisboa respecta, me gustaría decir que apoyamos las soluciones de compromiso que el ponente ha acordado con el Consejo, aunque consideramos se debería prestar particular atención a dos cuestiones.

La primera de todas, deseamos que se maximice el flujo de información que llega al Parlamento y también el grado de participación del Parlamento en la preparación de las decisiones del Comité.

En segundo lugar, me gustaría insistir en la importancia de un enfoque adecuado del periodo de transición y, en este sentido, pedimos a la Comisión que se muestre generosa con el Parlamento cuando se reformulen los procedimientos comitológicos, tal y como establece en el acervo, para los nuevos actos delegados y de ejecución, en caso de que la elección entre uno u otro procedimiento puede ser objeto de debate.

Así pues, no se trata solo de la reforma sino también de la ejecución del acervo actual antes de que se produzca cualquier reforma.

 
  
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  Danuta Maria Hübner, ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo Regional. Señor Presidente, me preocupa que rechazar la inclusión de actos delegados en los instrumentos financieros pueda sentar un peligroso precedente. Además, tal circunstancia también suscita la desconfianza entre las instituciones y a todos nos preocupa esta situación.

Las futuras propuestas en torno al paquete legislativo en materia de política regional para después de 2013 podrían hacer necesaria la aplicación de actos de ejecución e incluso también de actos delegados. No podemos aceptar la exclusión a priori de los actos delegados sino que este debiera ser un tema sujeto a la negociación caso por caso de los colegisladores.

En mi opinión, tal postura es consistente tanto a nivel político como jurídico y creo que el Consejo y la Comisión sin duda la compartirán con el Parlamento. Tenemos ante nosotros un periodo difícil de varios años, desde luego; además, nuestro deber en tanto que instituciones europeas es sacar el máximo rendimiento de nuestras políticas y, evitando conflictos y procedimientos innecesarios, podemos ser más eficaces a la hora de desarrollar esa tarea común.

 
  
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  Paolo De Castro, ponente de opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.(IT) Señor Presidente, señor Comisario, colegas, como Presidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, el contenido del informe del señor Szájer que se votará mañana ha supuesto una decepción para mí por varios motivos.

En primer lugar, ninguna de las enmiendas sugeridas por votación unánime en mi comisión —y quiero insistir en la unanimidad— se han tenido en cuenta, incluso a pesar de que la política agrícola común sea una de las que cuenta con mayor número de actos adoptados conforme al procedimiento de comitología y en consecuencia una de las que se ven más afectadas por la adaptación de los actos legislativos recogida en el Tratado de Lisboa.

En segundo lugar y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, el Parlamento Europeo carecerá de atribuciones para ejercer presión y tampoco dispondrá de margen de maniobra para negociar con el Consejo sobre la adaptación de legislación de la PAC al nuevo Tratado.

Somos conscientes de que, de hecho, el Consejo ya ha dado muestras de su poca predisposición a acordar actos delegados al Parlamento Europeo y, con la adopción de este Reglamento, el Consejo no tendrá el menor interés en entablar negociaciones porque la adaptación automática —que excluye los actos delegados y solamente incluye los actos de ejecución— carece de plazo al ser transitoria.

Por este motivo, junto con otros colegas miembros de esta Cámara, he planteado una enmienda que hace que el alineamiento temporal sea verdaderamente temporal, y hago un llamamiento a todos ustedes para que la apoyen con objeto de reforzar el papel del Parlamento Europeo. De hecho no hay motivo para llegar a un acuerdo en primera lectura sobre un expediente tan delicado, puesto que establece las normas para la ejecución del Tratado en los próximos años. Por este motivo, al considerar este expediente de importancia capital tenemos el derecho —incluso me atrevería a decir que la obligación— de mejorar el texto en la medid de lo posible y por tanto proceder a una segunda lectura sucumbir al chantaje del Consejo, que amenaza con no ceder en lo que a este expediente respecta para obligarnos a aceptar este acuerdo negativo.

Después del presupuesto, creo que este es el expediente más importante sobre el que tenemos que votar, porque revisa el equilibrio de poder entre las diversas instituciones europeas. Aquí, en esta Cámara, debemos defender denodadamente las prerrogativas del Parlamento, elegido democráticamente para representar a todos los ciudadanos europeos.

 
  
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  Antolín Sánchez Presedo, Ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. − (ES) Señor Presidente, querido Comisario, queridos colegas, el Tratado de Lisboa introduce cambios sustanciales en el proceso de desarrollo y ejecución de la legislación comunitaria, al distinguir entre actos delegados y de ejecución. El Derecho originario anterior solo contemplaba medidas de ejecución.

El presente Reglamento es imprescindible para un tránsito ordenado del antiguo al nuevo sistema y para el ejercicio adecuado de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión, de acuerdo con el nuevo Tratado de Lisboa. Fortalece el principio democrático porque reconoce el derecho de control del Parlamento, incrementa la transparencia con el informe anual e incorpora una cláusula de revisión para perfeccionarlo según la experiencia alcanzada. Por todo esto, satisface las demandas que la Comisión de Asuntos Económicos había planteado al respecto.

En el ámbito de los servicios financieros, contribuirá a incrementar la seguridad jurídica y la eficacia de la legislación. Completa el objetivo de la Directiva Ómnibus de limitar los poderes conferidos a la Comisión en el viejo marco que sean compatibles con el actual a un periodo de tres años desde la entrada en vigor del nuevo Tratado, y establece las previsiones para que los estándares técnicos de ejecución, que se contemplan en la nueva arquitectura de supervisión y en la normativa sectorial en el ámbito de los servicios financieros, puedan llegar a adoptarse.

Por todo ello, como ponente de opinión de la Comisión de Asuntos Económicos, lo valoro positivamente y felicito al señor Szájer.

Agradeciendo la generosidad del Presidente, les felicito también a todos ustedes estas fiestas y el próximo año.

 
  
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  Klaus-Heiner Lehne, en nombre del Grupo PPE.(DE) Señor Presidente, Señorías, hace falta toda una serie de explicaciones, también en esta sesión plenaria, en relación a los debates engañosos que han tenido lugar en los grupos, en la Conferencia de Presidentes de Comisión y en algunos casos en las comisiones también.

En primer lugar, este Reglamento no se ocupa de decidir qué actos delegados están sujetos a los términos de los artículos 290 y 291. Desde luego este Reglamento no resultará en una decisión en este sentido pues esto es algo que se determina en el acto de base. Es decir, la ley misma decidirá con autoridad conforme a los términos de los artículos 290 y 291 si se realiza una disposición al respecto. El Reglamento solo cubre el procedimiento en el caso del artículo 291.

El segundo comentario que quiero hacer se refiere a las críticas en contra del artículo 10. Este artículo también afecta únicamente al procedimiento y nada más. En este contexto, La Comisión ha aclarado de nuevo que evidentemente se propone revisar todos los actos existentes y que corresponden al periodo anterior a Lisboa como parte del alineamiento, y plantear nuevas propuestas a ambos órganos legislativos (Parlamento y Consejo). Todo esto se ha reforzado nuevamente si se compara con el anterior Acuerdo Interinstitucional.

La única verdadera novedad es el procedimiento que atañe al comercio exterior. Reconozco que la solución de compromiso a que ha llegado la Presidencia belga es bastante burocrática, no cabe duda, pero en vista de las dos minorías de bloqueo en el Consejo, era la única solución posible.

En mi opinión, esta cuestión eminentemente gira en torno a sopesar los beneficios. Y también necesitamos sopesar, tal y como ha mencionado el ponente, lo que ha negociado el Parlamento. Contamos con un procedimiento para la revisión de los actos de ejecución que no se contempla en el Tratado, lo que constituye un avance significativo, sobre todo en lo que a la participación del Parlamento respecta, y que va más allá de los términos del Tratado. Así pues, si se sopesan los beneficios, resulta evidente que debemos brindar nuestro apoyo, por este motivo estoy a favor del informe en su forma actual, sin enmiendas. Lograremos lo mismo en la primera lectura que lo podríamos conseguir en un posterior proceso conciliatorio tras un periodo indeterminado de tiempo.

 
  
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  Eva Lichtenberger, en nombre del Grupo Verts/ALE.(DE) Señor Presidente, el reglamento que debatimos hoy ha sido eminentemente ignorado por todas las comisiones durante mucho tiempo. No obstante, hay miembros en la Cámara que se han despertado ahora, al final del proceso y cuando los resultados están encima de la mesa. Algunos de entre ellos, por desgracia, no han asistido al debate, lo cual no deja de ser una pena pues habría sido muy interesante oír sus opiniones.

Como antiguo miembro de la Convención, recuerdo perfectamente el espíritu de la misma y que se hizo un llamamiento inequívoco para que se concedieran al Parlamento Europeo derechos específicos en varios ámbitos con objeto de garantizar que conservara la credibilidad en el contexto institucional y a ojos de los ciudadanos.

Pese a las exigencias de la Convención, no se hizo nada. Las durísimas negociaciones que la Presidencia belga mantuvo con el Consejo fueron las que permitieron que se avanzara de manera significativa y recuerdo lo que dijo el señor Lehne. La cuestión era la posibilidad permanente de investigar si la Comisión se había excedido en sus atribuciones.

Obviamente, ciertos reglamentos no son exactamente ideales, como por ejemplo los acuerdos internacionales de comercio, pero aun así estoy de acuerdo con el resultado. Me gustaría dar las gracias a la Presidencia belga que ha realizado todos los esfuerzos posibles para asegurarse de que se conseguía algo. También quisiera dar las gracias al ponente, quien ha negociado con gran inteligencia y capacidad para la empatía.

 
  
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  Raffaele Baldassarre (PPE).(IT) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, cuando votemos el informe del señor Szájer mañana, estaremos dando luz verde a un de los nuevos instrumentos —sobre actos de ejecución— incluidos en el Tratado de Lisboa.

Esto simplificará el antiguo sistema de comitología y se trata de una medida que garantizará una mayor transparencia durante la adopción de los actos legislativos al regular los métodos de control del ejercicio de las funciones atribuidas a la Comisión por parte de los Estados miembros. La importancia capital del Reglamento en cuestión ha hecho que el procedimiento jurídico haya resultado complicado, tanto a nivel interinstitucional como dentro del Parlamento mismo donde, no obstante y gracias a la participación —si bien tardía— de todas las comisiones, confío en que será posible adoptar la propuesta en primera lectura.

Así pues, felicito al ponente, el señor Szájer, por haber logrado con éxito los objetivos prioritarios para el Parlamento Europeo: me refiero a las garantías de alinear los actuales procedimientos de comitología con el nuevo procedimiento, el derecho a escrutinio que poseen el Parlamento y el Consejo, la creación en un comité de apelación presidido por la Comisión y la inclusión de una cláusula de revisión que hará posible la evaluación de la eficacia del procedimiento.

Permítaseme un comentario final sobre el último obstáculo en las negociaciones: la inclusión de la política comercial común dentro del ámbito que cubre el futuro Reglamento. Pese a que el acuerdo final permitirá la aplicación de un sistema de votación de mayoría simple para la adopción de medidas antidumping durante un periodo de transición de 18 meses, después las medidas se adoptarán por mayoría cualificada. Esto supone la materialización de una difícil solución de compromiso pero estoy convencido de que atiende a las necesidades tanto de la industria como del ejecutivo de la Unión, evitando el riesgo de peligrosa politización de decisiones de naturaleza técnica.

 
  
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  Gianluca Susta (S&D).(IT) Señor Presidente, colegas, no estoy en absoluto de acuerdo con los últimos oradores. Personalmente creo que esta medida es perjudicial para las prioridades del Parlamento y va en contra del espíritu del Tratado de Lisboa.

Estamos a punto de finalizar en primera lectura el 70 % de los acuerdos con el Consejo, pero no entiendo por qué tanta prisa en concluir una medida tan delicada como esta en primera lectura, habida cuenta de que se trata de la aplicación del Tratado de Lisboa, que ha ampliado nuestras atribuciones, sobre todo en materia de política comercial. Desde el comienzo mismo de los procedimientos antidumping, estamos sustituyendo la objetividad de la seguridad jurídica por una intervención de los Estados miembros que amenaza en convertirse en el resultado del regateo entre la Comisión y los Estados Miembros.

Así pues, en mi opinión se trata de un retroceso, como lo es un alineamiento automático y sin limitación temporal del antiguo sistema de comitología y el actual en el ámbito de la agricultura, que refuerza el papel del Parlamento.

En consecuencia, no creo que sea sensato precipitarse en alcanzar un acuerdo con el Consejo en primera lectura porque así también corremos el riesgo de que se produzcan desacuerdos que acaben en el Tribunal de Justicia.

 
  
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  Maroš Šefčovič, Vicepresidente de la Comisión. Señor Presidente, me gustaría agradecer a todos sus contribuciones, pues son fiel reflejo de la complejidad de la cuestión que nos ocupa.

Permítaseme responder a algunos de los comentarios que hemos oído. En lo que respecta a la revisión y nuestro compromiso para con la misma en relación a todos los actos relevantes, tenemos ante nosotros un plan extremadamente ambicioso y lo he estado tratando con el señor Lehne durante los debates del acuerdo marco: hay 299 más 153 actos que deben alinearse. Creo que si decimos que nos gustaría hacerlo durante esta legislatura, sin duda estamos siendo muy ambiciosos en nuestros planes, y cuando digo que esa es «nuestra» ambición hablo en nombre de las tres instituciones porque es evidente que será necesaria la leal cooperación de todos nosotros para lograrlo.

Me gustaría asegurar al señor Mitchell que la Comisión profesa el máximo respeto al Parlamento.

Asimismo desearía subrayar un párrafo incluido en el proyecto de declaración de la Comisión que se ha añadido a la propuesta. Permítanme que lo lea: Mientras se esté desarrollando este ejercicio de alineamiento, la Comisión mantendrá regularmente informado al Parlamento Europeo sobre los proyectos de medidas de ejecución relacionados con estos instrumentos que debieran convertirse en actos delegados en el futuro. Así que nuestro compromiso para con la transparencia y la claridad es absolutamente claro. También me gustaría confirmar en esta Cámara que ofreceremos al Parlamento la mayor cantidad de información posible. El Parlamento recibirá toda la información al mismo tiempo que los comités de modo que haremos cuanto esté en nuestra mano para mantener al Parlamento informado sobre este procedimiento.

Creo que debo agradecer al señor Lehne que haya aclarado la situación en torno a este debate. Lo que tratamos hoy aquí no son los actos de ejecución y este Reglamento en modo alguno emite juicios previos sobre si debiéramos utilizar actos delegados o actos de ejecución en el futuro.

En lo que respecta a la cuestión del alineamiento, creo que el señor De Castro no estaba presente cuando he leído la declaración acordada de la Presidencia belga que incluye un compromiso pleno de leal cooperación con el fin de lograr el ambicioso objetivo de un pleno alineamiento en los próximos años. Creo que en este caso se da la garantía de que no interesa únicamente al Parlamento sino también a la Comisión y al Consejo proceder rápidamente. Considero que el compromiso es bien claro y estoy convencido de que honraremos este acuerdo.

En lo que concierne a la cuestión de la politización de las medidas antidumping y compensatorias, me parece que en realidad veremos que ocurre todo lo contrario porque ya se sabe cuál es el sistema a día de hoy: una mayoría simple de representantes de los Estados miembros puede bloquear una propuesta de la Comisión. En el futuro esto resultaría mucho más difícil porque haría falta una mayoría cualificada de representantes de Estados miembros para bloquearla. Así que creo que, de hecho, lo que estamos haciendo reforzará el enfoque de la Unión y reforzará la posición de la Comisión en las negociaciones comerciales, exactamente tal y como se recomendaba y anticipaba en el Tratado de Lisboa.

Si se me permite, quisiera concluir subrayando la importancia de la seguridad jurídica en lo que a esta cuestión respecta porque, claro está, cuando tratamos cuestiones delicadas como el comercio, como las medidas antidumping y compensatorias, necesitamos contar con procedimientos firmemente establecidos y necesitamos un claro reparto de los papeles y las responsabilidades. El Parlamento necesita el indiscutible derecho de escrutinio que le otorga el Tratado de Lisboa y nosotros necesitamos seguridad jurídica en este punto para poder operar en este ámbito legal de extrema importancia, pues ya saben ustedes la frecuencia con que estas medidas se cuestionan en diversos foros internacionales.

En consecuencia, rogaría a los honorables Miembros que apoyaran estas propuestas sin enmiendas porque creo que se trata de propuestas muy beneficiosas para la posición de la Unión Europea en el mundo.

 
  
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  József Szájer, ponente. Señor Presidente, quiero agradecer a todos sus contribuciones tanto ahora como durante los últimos nueve meses en los que hemos estado trabajando sobre esta cuestión.

Primeramente, una cuestión de procedimiento: muchos colegas han expresado su preocupación en torno al hecho de que nos estemos apresurando a llegar a un acuerdo en primera lectura debido a la presión del Consejo. Tanto la Comisión como el Consejo y varios colegas que han participado en las negociaciones pueden atestiguar que la presión se ejerció en sentido contrario: fuimos los miembros del Parlamento y yo mismo los que informamos al Consejo de que, si no se alcanzaba un acuerdo era posible que todo se desmoronara.

Las otras dos instituciones ofrecieron un claro compromiso porque, al igual que el Parlamento y tal y como el señor Šefčovič acaba de mencionar, ambas están a favor de la estabilidad del Tratado de Lisboa. Cuanto más tarde aceptemos, cuanto más tarde adoptemos este tipo de reglamento, más tiempo seguirá aplicándose el antiguo procedimiento de comitología (que no nos gusta por los numerosos problemas que plantea). La transparencia ha sido total y varios colegas pueden dar testimonio de ello.

He asistido a la Conferencia de Presidentes de Comisión en seis ocasiones durante estos nueve meses y también me he reunido con los ponentes alternativos y coordinadores de todas las comisiones. Fui yo quien decidió ir en pos de un acuerdo porque estábamos consiguiendo todo lo que quería. Tal vez al Consejo y a la Comisión no les guste, pero lo hemos conseguido todo.

¿Qué hacer, en tanto que ponente, cuando todo lo que yo y las diversas comisiones habíamos solicitado se ha hecho realidad aunque tal vez no de la forma en que queremos? El señor De Castro lleva razón. Sus peticiones no afectan a la forma del texto de este Reglamento sino que se trata de actos de ejecución, y éstos están incluidos en el compromiso de la Comisión. Ya he realizado este alineamiento —el ómnibus— antes y la Comisión ofreció el mismo tipo de compromiso y lo cumplió salvo alguna muy pequeña excepción. En consecuencia, he considerado que se puede confiar en la promesa de la Comisión y si esta no la cumple seré el primero en señalarlo y realizar el alineamiento pertinente tal y como está haciendo el señor De Castro.

En este sentido, no hay presión. La presión venía de mí. A través de la cooperación positiva en muchas negociaciones difíciles hemos llegado a un acuerdo que puedo presentar ante esta Cámara sin reservas para su aprobación.

Doy las gracias a todos, en especial a los colegas que participaron en este difícil proceso, y me disculpo con el público en general, que no comprende una palabra de lo que estamos tratando, pero indudablemente puedo decir que la transparencia y el control parlamentario sobre cuestiones que afectan a la Unión Europea mejorarán mucho una vez se adopte este Reglamento.

 
  
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  Presidente. − Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
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  Vital Moreira (S&D), por escrito.(PT) Esta iniciativa legislativa sobre el control de los «actos de ejecución» de la Comisión viene impuesta por el Tratado de Lisboa, que la incluye entre las competencias legislativas del Parlamento Europeo. También es innegable que se trata de una legislación positiva en su conjunto si se tiene en cuenta la actual situación.

No obstante, varios aspectos de la misma no llegan al pleno cumplimiento del Tratado de Lisboa y entre estos aspectos negativos cabe citar dos en particular: en primer lugar, no existe un plazo establecido para la adaptación obligatoria de las innumerables situaciones existentes en la actualidad al nuevo sistema y al Tratado de Lisboa. Este es el motivo por el que he presentado una enmienda para la introducción de una cláusula de este tipo. En segunda lugar y de manera más importante, las derogaciones previstas en el ámbito de los instrumentos de defensa del comercio (más concretamente las medidas antidumping y antisubsidios y las medidas de salvaguardia también) conforme a las que los Estados miembros tendrán mayor poder para inmiscuirse en los asuntos de la Comisión son inaceptables puesto que dificultarán la aplicación de estas medidas y eso llevará a la politización de las mismas. Dichas medidas son esenciales para la defensa de las empresas europeas frente a la competencia de las importaciones que se benefician de tales ventajas ilícitas.

No existe base constitucional ni política sobre la que sustentar este trato discriminatorio a las medidas de defensa comercial que merma la capacidad de la Comisión (y de la Unión) para defender la industria europea frente a la competencia desleal procedente de fuera del mercado interior europeo.

 
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