Acta literal de los debates

Martes 8 de marzo de 2011 - Estrasburgo

10. Explicaciones de voto

Explicaciones de voto orales

Informe: Christel Schaldemose (A7-0033/2011)

  Francesco De Angelis (S&D). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, quiero expresar mi agradecimiento a la señora Schaldemose por su informe, que, por encima de todo, debe elogiarse por proponer una serie de medidas concretas para fortalecer los sistemas de vigilancia para la circulación de productos seguros para los consumidores europeos en el seno del mercado común europeo.

Se trata de un informe de propia iniciativa, pero tiene el mérito de ir en la dirección correcta para completar el mercado único y la protección de los consumidores europeos. Garantizar la seguridad significa proporcionar unos sistemas de trazabilidad fiables durante todo el ciclo vital de los productos. En ese sentido, el informe plantea propuestas eficaces: la creación de una base de datos dedicada a la información relativa a la seguridad de los productos, el fortalecimiento del Sistema Comunitario de Intercambio Rápido de Información (RAPEX) en relación con los productos peligrosos procedentes de terceros países, y el incremento de los recursos, para permitir que las autoridades de vigilancia puedan retirar del mercado los productos con riesgos graves.

Para concluir, deseo destacar que es nuestra responsabilidad asegurar que los productos que circulan en el mercado europeo son seguros para los consumidores más vulnerables, especialmente los niños, las personas de edad avanzada y las personas con discapacidades.

  Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Señora Presidenta, se ha hablado mucho sobre la seguridad de los consumidores en relación con los productos alimentarios, pero a veces olvidamos que los artículos normales de uso cotidiano pueden suponer una amenaza igualmente grave para la salud, y a veces incluso para la vida, especialmente en el caso de los niños pequeños. La herramienta básica para controlar los productos comercializados es la vigilancia continua del mercado y es esencial disponer de una legislación adecuada, especialmente en relación con el control del comercio electrónico.

No es necesario recordar que es esencial que exista una cooperación adecuada entre las organizaciones de consumidores, las autoridades nacionales, los fabricantes y los vendedores. Pero no pequemos de un exceso de celo y, en vez de ello, consideremos con calma la definición de un producto peligroso. No olvidemos que no solo es importante que los artículos funcionales se diseñen adecuadamente y que en su fabricación se utilicen materiales seguros, sino que también es igualmente importante que se aplique el sentido común a la hora de utilizarlos y que los niños que puedan acceder a ellos estén adecuadamente supervisados. Muchas gracias.

  Lara Comi (PPE). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, hoy el Parlamento ha aprobado un informe sobre la cuestión de la seguridad general de los productos, lo cual es otro paso importante hacia el fortalecimiento de la protección de los consumidores europeos.

De hecho, el informe subraya la importancia de la trazabilidad a lo largo del ciclo vital del producto y pide que la Comisión ponga en marcha medidas para valorar y evaluar las nuevas tecnologías, garantizando la seguridad de los consumidores a un coste optimizado. Dar a los consumidores europeos la posibilidad de conocer todos los aspectos de un producto aumenta la conciencia y refuerza su protección. Creo que las nuevas tecnologías pueden ayudar a combatir la falsificación, especialmente en el sector textil.

El objetivo de este informe es proteger a los consumidores, pero también proteger a todas las empresas que operan en Europa y no han decidido externalizar su actividad empresarial. Con este informe podemos encontrar con seguridad una solución adecuada a la controversia continua sobre la trazabilidad plena de la denominación de origen no europeo.

Informe: Michèle Rivasi (A7-0035/2011)

  Paolo Bartolozzi (PPE). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, la aprobación del informe de la señora Rivasi es el resultado de una evaluación de la gestión de la gripe H1N1 en 2009 y 2010, cuyo objetivo es establecer una serie de normas generales de conducta que se apliquen en cualquier situación futura de emergencia sanitaria mundial.

Tras una fase de revisión larga y positiva, el informe hace de la cooperación, la independencia y la transparencia sus principios básicos. Hace un llamamiento para una mayor y mejor cooperación entre las autoridades sanitarias de los Estados miembros y las instituciones europeas, a fin de alcanzar una gestión del riesgo armonizada y proporcionada.

Sus objetivos son lograr un cambio en la estrategia de los Estados miembros en relación con sus planes nacionales para la gestión de la gripe, incluidas las reservas de vacunas, la publicación de los nombres de todos los expertos consultados por las autoridades sanitarias europeas, y una relación eficaz de confianza con los medios de comunicación encargados de difundir mensajes de salud pública. Por ello hemos votado a favor del informe.

  Marisa Matias (GUE/NGL). – (PT) Señora Presidenta, sabemos muy bien lo que ocurrió con la gripe A y debe servirnos de lección a todos nosotros. No sé si recuerdan cómo empezó todo esto, pero lo cierto es que comenzó de una manera determinada y después la respuesta resultó totalmente desproporcionada en relación con la magnitud del problema.

Por ello es tan importante el informe que hoy se ha votado: porque debemos aprender de lo que se hizo para que no se repita. Tenemos derecho a saber quién tomó las decisiones, cómo pasó todo y quién fue el que decidió que iba a suceder de esa manera. También tenemos derecho a saber qué países respondieron de una manera determinada y por qué lo hicieron de modo no transparente, sin dejarnos un mínimo espacio para la duda, porque todavía tenemos nuestras dudas sobre si hubo algún tipo de negocio. Necesitamos garantías que aclaren totalmente si se realizó algún tipo de negocio en relación con esta gripe.

Por ello, señora Presidenta, yo creo que deben abordarse todas las amenazas para la salud pública, pero el modo en que ello se lleva a cabo o quién se hace cargo de los costes no es irrelevante.

  Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Señora Presidenta, una de las principales conclusiones expuestas en el informe que hemos votado, relativo a la evaluación de la gestión de la gripe H1N1, es la ausencia de una evaluación independiente por parte de los organismos de salud nacionales y europeos. Ello se traduce en unas decisiones de salud pública equivocadas. Es alarmante que, en opinión de la antigua directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, Zsuzsanna Jakab, nunca antes se hubiera autorizado la comercialización de una vacuna con tan pocos datos disponibles sobre sus efectos. Lo dijo en respuesta a una pregunta sobre la seguridad de los adyuvantes en las vacunas contra la pandemia de gripe H1N1. Es necesario que exista una mayor transparencia a la hora de tomar decisiones que afectan a la salud humana. En Polonia, el Ministro de Sanidad decidió no comprar las vacunas ni aplicar un programa de vacunación a pesar de la presión de los medios de comunicación y muchos otros grupos. No parece descabellado reflexionar sobre el estrés que una decisión de este tipo debió causar a los ciudadanos, bombardeados a diario con informaciones en las que se les recordaba que debían vacunarse. También cabe preguntarse si es ético centrarse exclusivamente en los beneficios y descuidar la salud de los ciudadanos y, como consecuencia, socavar también la confianza en las recomendaciones oficiales sobre vacunas, que pretenden protegernos contra las epidemias. Muchas gracias.

Informe: Crescenzio Rivellini (A7-0023/2011)

  Antonello Antinoro (PPE). – (IT) Señora Presidenta, Señorías, hasta la fecha, las recomendaciones aprobadas por la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) han sido incorporadas a la legislación de la Unión Europea con carácter provisional, por medio de reglamentos anuales sobre las posibilidades de pesca. Dichos reglamentos se refieren a medidas para la conservación, gestión, explotación, control y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura en el Mediterráneo.

No obstante, el carácter permanente de estas recomendaciones requiere un instrumento jurídico más estable para su transposición a la legislación de la UE. Por tanto, es oportuno transponer las recomendaciones en cuestión a través de un acto legislativo único al que puedan incorporarse las futuras recomendaciones. Ello es lo que hemos hecho hoy y eso dará a la legislación una mayor seguridad, al tiempo que representa un paso importante hacia la simplificación.

En este punto, las partes de la CGPM están obligadas a asegurar la aplicación plena de las medidas acordadas, a partir de la fecha establecida. Por tanto, era necesario acometer una transposición oportuna, a fin de que esas medidas internacionales fueran directamente aplicables a las personas físicas o jurídicas en toda la UE y para garantizar la seguridad jurídica en ese sentido.

  Marek Józef Gróbarczyk (ECR). – (PL) Señora Presidenta, nuestro grupo ha respaldado este informe, dado que es un componente absolutamente esencial de los planes para una futura política pesquera común. A la vista de los cambios que nos esperan, la regionalización es muy importante, al igual que el hecho de garantizar que esta política se construya sobre la base de dicha regionalización.

Nos espera un debate sobre la cuestión de los descartes, un debate vergonzoso sobre una legislación mal concebida. La legislación debe basarse en medidas de este tipo, o, en otras palabras, en la regionalización, y debemos elaborar una política pesquera común que tenga este aspecto en cuenta. Muchas gracias.

  Syed Kamall (ECR). – Señora Presidenta, si nos fijamos en la historia de nuestros acuerdos comunes, la política pesquera común, la política agrícola común, el resultado está a la vista de todos, con toda claridad.

Mientras que, en algunos ámbitos, ello nos ha llevado a aumentar la producción a precios artificiales, también hemos asistido al agotamiento de nuestros recursos pesqueros y hemos sido testigos de diversos problemas con los descartes. Resulta bastante evidente que este sistema ha fracasado. Es hora de que reconozcamos que la mejor manera de avanzar es un sistema basado en los derechos de propiedad y los derechos de propiedad transferibles a las generaciones futuras, interesadas en asegurar los recursos para su generación y las generaciones venideras.

Si lográramos entender el alcance de la ley y si pudiéramos aplicar los derechos de propiedad a las políticas pesqueras, tendríamos una política pesquera sostenible, no solo en lo que respecta a la política pesquera común de la UE sino a escala mundial, y no tendríamos ninguna necesidad de plantear estos acuerdos.

  Daniel Hannan (ECR). – Señora Presidenta, cada día se arrojan al mar por la borda de los buques miles de toneladas de peces muertos. Esos peces se hunden y las escamas y las espinas cubren los lechos marinos, experimentando, como dice el poeta nacional del Reino Unido, un cambio marino que se convierte en algo rico y extraño. Por una vez, la metáfora tiene mucho sentido. Ahora, la Comisión Europea ha despertado con retraso, años después de que se planteara por primera vez este problema de los descartes, e intenta hacer algo al respecto.

Sin embargo, todas las soluciones propuestas por la Comisión generarían sus propios incentivos perversos: una puede limitar los días que un barco pasa en el mar, otra puede restringir las dimensiones de malla de las redes, otra puede obligar a los patrones a volver a puerto por cada espadín capturado, etc. Todas estas cuestiones se derivan del problema existencial de la política pesquera común, que es precisamente que se trata de una política común: define los recursos pesqueros como un recurso común al que todas las naciones tienen el mismo acceso. Nadie ostenta su propiedad y, por tanto, nadie dispone de un incentivo para tratar las pesquerías como un recurso renovable.

Tenemos que copiar lo que se ha hecho en Islandia, Nueva Zelanda y las Islas Malvinas y otros lugares: crear incentivos para los patrones en torno a la conservación y darles derechos de propiedad. La única manera de hacerlo es restableciendo el control nacional sobre las aguas territoriales.

PRESIDE: Stavros LAMBRINIDIS
Vicepresidente

Informe: Anni Podimata (A7-0036/2011)

  Jens Rohde (ALDE). – (DA) Señor Presidente, una gran mayoría del Parlamento ha decidido una vez más que esta Cámara apoye un impuesto sobre las transacciones financieras. De todos los impuestos que podríamos adoptar, el denominado como tasa Tobin es el más estúpido. Lo único positivo que puede decirse sobre este impuesto es que nunca ha llegado a nada, porque, si era la Bestia del Apocalipsis, ¿por qué no se aplicó hace años?

La primera vez que se consideró su creación fue a principios de la década de los setenta. No obstante, cada vez que hay una crisis, se vuelve con la misma historia y poco después llegamos a la conclusión de que no es una buena idea. Sencillamente, no es una buena idea introducir un impuesto únicamente en Europa, porque existen paraísos fiscales y el capital puede trasladarse a otro lugar de Europa. Es un impuesto sobre el comercio, más que sobre los beneficios. La tasa Tobin no soluciona nada en absoluto y el propio señor Tobin lo reconoció hace unos años.

  Clemente Mastella (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, la crisis económica y financiera actual ha puesto de manifiesto graves deficiencias en el marco regulador y de supervisión del sistema financiero mundial.

En la Unión Europea, a la crisis financiera siguió una importante crisis fiscal. Un factor importante de esta crisis fue la excesiva —y, en varias ocasiones, injustificada— presión de los mercados sobre la deuda pública nacional. Una vez más, las estrategias cortoplacistas y las operaciones altamente especulativas se situaron en el centro de la crisis y pusieron en evidencia la clara conexión entre las ineficiencias de la regulación y la supervisión financiera y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Todavía no se han evaluado de forma exhaustiva los costes económicos de la crisis. No obstante, es evidente que el mundo y la UE no pueden permitirse —y no deberían permitir— el estallido de una nueva crisis de una magnitud similar.

Para ofrecer respuestas exhaustivas e integradas a la crisis, necesitamos unos mecanismos de financiación nuevos e innovadores, capaces de frenar la especulación y restablecer el papel primordial del sector financiero. Por tanto, es necesario cambiar; y de una manera muy positiva.

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Señor Presidente, estoy a favor de la introducción de un impuesto mundial sobre las transacciones. La Comisión no debe retrasar la realización de una evaluación de impacto en relación con la posibilidad de poner en marcha un impuesto de este tipo inicialmente a escala europea, en la primera fase, y, tras este estudio, la UE debe tomar decisiones.

Cada año, en Londres, se recaudan ingresos fiscales por un importe de 7 000 millones de euros mediante un impuesto adicional sobre transacciones bursátiles. No es igual que el impuesto sobre las transacciones que se debate aquí, pero los resultados de Londres y sus efectos son alentadores, por lo que la Comisión debe llevar a cabo una evaluación de impacto de manera inmediata y entonces deberemos decidir a escala de la UE.

  Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, la crisis económica y financiera que se ha apoderado de Europa en los últimos años ha puesto de manifiesto graves deficiencias en el marco regulador.

Tenemos que preparar nuevos instrumentos capaces de frenar la especulación y recuperar el papel del sector financiero. Tenemos que satisfacer las necesidades de la economía real y apoyar las inversiones a largo plazo, sin dejar de garantizar una distribución equitativa de las cargas entre los principales actores financieros. De esta manera, conseguiremos crear nuevos recursos adicionales para afrontar los desafíos mundiales y europeos, como el cambio climático y los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020.

No obstante, espero que se preste más atención a las medidas para la supervisión pública y la transparencia de los sistemas financieros innovadores, ya que ello es una condición sine qua non para su puesta en marcha.

  Salvatore Caronna (S&D). – (IT) Señor Presidente, Señorías, creo que la aprobación del informe de la señora Podimata representa un paso adelante importante de cara a consolidar en Europa una política económica y fiscal más equilibrada, más progresista y más sólida.

Resulta ahora evidente para todos que Europa, como autoridad de coordinación de los 27 países, necesita dotarse con urgencia de instrumentos económicos y financieros que puedan controlar la economía, en vez de únicamente someterse a ella. Por ello, el impuesto sobre las transacciones financieras que se ha propuesto ha provocado un gran revuelo, generando un gran foco de atención y dando lugar a muchos debates. El hecho de que la mayoría de este Parlamento haya votado a favor de esta norma es importante y significativo, porque, por primera vez, no se ha dejado pasar la oportunidad y, en vez de ello, hemos dado un paso adelante.

Espero que la Comisión y el Consejo continúen por ese camino.

  Mario Pirillo (S&D). – (IT) Señor Presidente, Señorías, la crisis económica y financiera actual ha puesto de manifiesto graves deficiencias en el marco de supervisión del sistema financiero, así como la necesidad de responder con nuevos instrumentos y nuevas políticas fiscales.

El sistema financiero ha comenzado a obtener beneficios de las transacciones especulativas y es absurdo que este sector no está sujeto a ningún impuesto. Necesitamos una cura, un impuesto sobre las transacciones financieras, y por ello he votado a favor.

Para otras políticas, como la de energía o el medio ambiente, Europa ha conseguido situarse como líder mundial, convirtiéndose en un ejemplo y un estímulo para otros países de fuera de la Unión Europea. Creo que debemos hacer lo mismo en relación con el sistema financiero. Espero que la Comisión responda con prontitud, presentando una propuesta legislativa que responda a las expectativas de los ciudadanos, sobre los que ha recaído la carga de la crisis.

  Lara Comi (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, la introducción de un nuevo impuesto siempre es una medida a considerar con gran detenimiento. Si bien, por una parte, ello permite la introducción de un sistema de incentivos que reduce los riesgos y las externalidades negativas, por otra parte, también crea sin duda algunas distorsiones que podrían penalizar a los mercados financieros europeos.

Estoy convencida de que los ingresos procedentes de las actividades especulativas y las transacciones financieras deben ser gravados, así como también considero que es apropiado que se evalúen cuidadosamente los pros y los contras y que se investigue en profundidad las consecuencias de un impuesto de este tipo, de manera que produzca los efectos deseados sin dejar de generar riqueza.

No obstante, debo señalar que, lógicamente, si la Unión actuara de forma aislada podría perder competitividad y carecería de medios prácticos para inducir a otros actores económicos mundiales a seguir su ejemplo. Precisamente por ello yo estoy a favor del impuesto, siempre y cuando se introduzca a escala mundial y tras un debate entre los miembros del G-20.

  Giommaria Uggias (ALDE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, hoy hemos tenido el placer de aprobar las medidas propuestas por la señora Podimata. Para los integrantes de la delegación italiana del partido Italia dei Valori en el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, ha sido un momento de gran satisfacción, porque demuestra que el Parlamento sabe dar continuidad a sus declaraciones de principios.

De hecho, ya durante el debate sobre el informe de la señora Berès sobre la crisis financiera, económica y social, habíamos argumentado a favor de un impuesto sobre las transacciones financieras. Ello se ha hecho hoy, así que estamos muy satisfechos de declarar que hemos votado a favor, porque este impuesto hará que se trasladen recursos financieros desde la economía financiera, y por tanto desde la especulación financiera, hacia la economía real. El impuesto también responderá a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y contribuirá a los grandes proyectos europeos de infraestructuras, investigación, reconversión ecológica y de nuestro sistema de producción.

  Syed Kamall (ECR). – Señor Presidente, a la hora de volver la vista atrás para analizar esta crisis financiera, tenemos que asegurarnos de aprender algunas lecciones. Por ejemplo, tenemos que aprender la lección de que, en ocasiones, una regulación inadecuada puede causar problemas, como ocurrió en Estados Unidos con la Community Reinvestment Act. Esta ley alentaba a los bancos a prestar dinero a los clientes no solventes. Cuando un 10 % de esos clientes se demoraron en sus pagos comenzó la crisis «subprime», cuyas consecuencias hemos podido ver desde entonces.

Tenemos que entender las consecuencias de emitir dinero demasiado barato y de mantener los tipos de interés en niveles bajos para que las personas realicen inversiones basadas en malas decisiones, y de no reconocer que el dinero tiene valor en sí mismo. Como señaló el economista austriaco Ludwig von Mises, si se toman malas decisiones y se realizan malas inversiones, cuando el mercado se corrige a sí mismo todo el mundo sale perdiendo y el ciclo de crédito explota. Es precisamente lo que hemos visto. También tenemos que aprender la lección de que nunca más se debería permitir a los bancos ser demasiado grandes para quebrar.

Si ponemos en marcha este impuesto para recaudar dinero, ¿qué mensaje daremos a los bancos? Los bancos se dirán que pueden seguir funcionando como lo hacían anteriormente, sin la debida cautela, y que pueden hundirse y que sea el contribuyente el que tenga que rescatarlos.

Es hora de que aprendamos las lecciones de la crisis financiera.

Informe: Edite Estrela (A7-0032/2011)

  Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, la evidencia de que todavía no está garantizado el derecho a la ciudadanía europea radica en las desigualdades graves que persisten entre los Estados miembros. En comparación con otros lugares, en Bulgaria o Rumanía no existe un derecho a la salud que pueda ejercerse en la misma medida, por lo que es evidente que esta resolución, con todas sus complicaciones, puede ser un punto de referencia útil.

Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer y no hay duda de que el acceso al tratamiento y la asistencia médica sigue siendo mucho más complicado para las mujeres. Por tanto, necesitamos más información, más prevención, tratamiento y rehabilitación, y unos estilos de vida más saludables.

Lo que necesitamos son decisiones adecuadas sobre el estilo de vida, por lo que debemos decir no a las adicciones, no a la obesidad, al alcohol, al tabaco y a las enfermedades infecciosas. Para ello, necesitamos una política de cohesión real que considere la cuestión del derecho a la salud como un objetivo verdaderamente europeo.

  Christa Klaß (PPE). – (DE) Señor Presidente, nuestra preocupación principal debe ser en todo momento el mantenimiento de la salud y, en segundo lugar, su restablecimiento. La educación es la clave en todos los Estados miembros. La nutrición y el ejercicio saludables y un buen nivel de educación general son especialmente importantes. Esencialmente, ello compete a los Estados miembros. Europa debe fomentar el intercambio de experiencias en relación con la educación sanitaria en los diversos ámbitos. Pese a las numerosas buenas ideas que contiene, he votado en contra de este informe. Estoy totalmente en contra de los apartados 25, 26 y 29. Las importantes decisiones de tipo ético y moral que corresponden a los Estados miembros, tales como las técnicas de reproducción y el aborto, no tienen cabida aquí. Mencionar el aborto en la misma frase que la anticoncepción, sin considerar siquiera el derecho a la vida, no refleja la voluntad de la Europa cristiana.

  Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Señor Presidente, es muy cierto que las desigualdades en materia de salud varían mucho en el seno de la Unión Europea. Los Estados miembros son muy diferentes, al igual que sus prácticas y tradiciones. Es obvio que si miramos hacia el futuro y aspiramos a reducir estas diferencias entre los servicios de salud a escala de la Unión Europea, necesitaremos más formación, educación y conciencia de los factores que afectan a la salud.

Obviamente, en este informe se ha prestado una gran atención a la situación socioeconómica, pero yo creo que es importante centrarse en las cuestiones más básicas, lo que incluye el acceso a los servicios de salud, el ejercicio, la dieta y otros puntos similares. Si miramos hacia el futuro y aspiramos a construir una Europa mejor y más saludable es en torno a estas cuestiones donde debemos hacer hincapié y destacar su importancia. En mi opinión, necesitamos llevar a cabo un intercambio de las mejores prácticas.

Me he abstenido en la votación de este informe, porque creo que gran parte de su contenido es irrelevante. Espero que podamos concentrarnos en reducir las desigualdades en materia de salud en toda la Unión Europea.

Informe: Eva Joly (A7-0027/2011)

  Syed Kamall (ECR). – Señor Presidente, creo que uno de mis principales preocupaciones durante los últimos años, en los que hemos debatido la idea de la tributación a escala internacional, han sido los ataques lanzados contra una serie de países como las Islas Caimán, cuando lo único que han hecho es prestar atención a las consejos que les hemos dado en lo relativo a cuestiones de desarrollo. Durante muchos años, hemos estado diciendo a las islas del Caribe y otros países en desarrollo que debían diversificar su economía, más allá del azúcar y los plátanos, empezar a elevar la cadena de valor y empezar a ganar experiencia en lo relativo a los servicios.

Las Islas Caimán lo han hecho, y ahora entre un 40 % y un 50 % de su economía gira en torno a los servicios financieros, gracias a su sistema de neutralidad fiscal. No de evasión fiscal, sino de neutralidad. No doblan ni triplican la fiscalidad de los fondos que deciden ubicarse allí. ¿Pero qué hacen los imperialistas hipócritas de la Unión Europea cuando las Islas Caimán deciden competir con ellos en materia fiscal? Optan por comportarse como los imperialistas de antaño e intentan atacar a las Islas Caimán por querer competir con la UE. Este imperialismo de la UE es vergonzoso.

  Nirj Deva (ECR). – Señor Presidente, me ha resultado muy difícil apoyar el informe de mi amiga la señora Joly, dado que ha decidido referirse a un impuesto europeo y mundial.

Fondos por un valor total de 880 000 millones de dólares salen de los países en desarrollo a través de diversos medios legales e ilegales y se depositan en bancos europeos y occidentales. A cambio, nosotros asignamos entre 60 000 y 70 000 millones del dinero de los contribuyentes a los países en desarrollo para los programas de erradicación de la pobreza. Si se hubiera dejado ese dinero en los países en desarrollo —esos 880 000 millones de dólares que salen de esos países y se depositan en los bancos—, ¿cuánto mejor sería que crecieran con mayor rapidez, adquiriesen capacidades de formación de capital, tuvieran derechos de propiedad y prácticas comerciales?

Informe: Georgios Papastamkos (A7-0030/2011)

  Clemente Mastella (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, en un momento en que la Unión Europea está llamada a reformar su política agrícola común, se vuelve aún más crucial garantizar la coherencia entre la política agrícola y la política de comercio exterior.

En realidad, la agricultura y el comercio son dos agendas políticas transversales. La dinámica de ambas actividades económicas influye, y está influida en gran medida, por ámbitos de reglamentación a nivel bilateral, regional, interregional y multilateral. Estos ámbitos de reglamentación no son estáticos; crean jerarquías y evolucionan mediante negociaciones.

La diversidad reglamentaria, unos intereses comerciales divergentes y las tensiones comerciales y las diferencias reflejan la complejidad de las políticas agrícolas nacionales y del comercio internacional. Puesto que la agricultura no es solo una actividad económica, sino que las políticas agrícola y alimentaria tienen que atender a objetivos fundamentales, como la seguridad alimentaria y del consumidor, el principal reto consiste en tener en cuenta eficazmente los intereses comerciales y no comerciales.

Por tanto, nuestra política comercial va a ser decisiva para determinar si la agricultura va a seguir prestando una contribución totalmente positiva a estos objetivos sin afectar a su dinámica.

  Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Señor Presidente, la seguridad alimentaria es una prioridad para la política agrícola común. Para lograr una verdadera seguridad alimentaria debemos mantener las proporciones adecuadas en el comercio internacional. En este sentido, debe reconocerse el papel determinante de una competencia leal. Los agricultores y los productores de alimentos de Europa se ven obligados a cumplir con las normas exorbitantes de la UE y a gastar grandes sumas de dinero para adaptar sus productos a unas normas restrictivas.

Sin embargo, en la práctica, la UE no tiene ningún control sobre los productores y los agricultores de terceros países, de los que importamos grandes cantidades de productos alimentarios. En primer lugar, dichos acuerdos son injustos para nuestros productores locales y, en segundo lugar, una política de este tipo también es peligrosa en lo que respecta a la salud de los consumidores europeos, ya que la UE no tiene ningún control real sobre la calidad de estos productos; ello debe cambiar de manera inmediata.

  James Nicholson (ECR). – Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir que he votado a favor de este informe, porque creo que resume muy claramente los problemas a los que hace frente el sector agrícola y los agricultores de la Unión Europea, especialmente en términos de política comercial.

Permítanme ser muy claro: no debe sacrificarse en modo alguno el sector agrícola de la Unión Europea con el objetivo de asegurar acuerdos comerciales, como con el Mercosur. No obstante, por desgracia, me parece que esa es precisamente la dirección en que van las cosas. Parece existir la percepción de que la agricultura europea puede utilizarse como moneda de cambio fácil. Si ese es finalmente el caso, preveo grandes problemas en muchos sectores de la agricultura y especialmente en el sector ganadero. En lo que respecta a las normas equivalentes, nadie debe sentirse amenazado por lo que demandamos, que es que las importaciones a la UE deban cumplir las mismas normas que se exigen a nuestros propios productores. Sin duda somos responsables ante nuestros consumidores de asegurar que ese es el caso.

En este sentido, también estoy muy decepcionado con la actitud de la Comisión hacia el Parlamento Europeo. Es inaceptable que pretenda mantenernos en un segundo plano. Mientras duren las negociaciones, quiero que se tenga en cuenta la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.

  Andrzej Grzyb (PPE). – (PL) Señor Presidente, el informe Papastamkos plantea algunas propuestas muy adecuadas. La UE participa en numerosas negociaciones comerciales multilaterales y bilaterales con varios grupos, como la Organización Mundial del Comercio. El comercio de productos agrícolas desempeña un papel clave en este ámbito, especialmente en relación con el acceso a los mercados de la Unión Europea.

La UE es un importador neto de productos agrícolas. En los cuatro años siguientes a la reforma del mercado del azúcar pasamos de ser un exportador neto a ser un importador neto. Importamos el 70 % de los productos agrícolas, los cuales son exportados por los países en desarrollo. Tenemos un déficit comercial con los países del Mercosur. Como señaló el señor Kalinowski, los mercados de la UE importan productos agrícolas que se producen de acuerdo con unas normas distintas de las de la UE, en tanto que los agricultores europeos incurren en costes elevados asociados con el bienestar animal y la protección del medio ambiente.

No podemos destruir los logros de la política agrícola común, que se financia con cargo al presupuesto de la UE, mediante unas decisiones que reducen su eficacia. Debemos asegurarnos de la existencia de la sinergia necesaria entre la política agrícola común y la política comercial de la UE.

  Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Señor Presidente, yo también quiero realizar algún comentario sobre este informe del señor Papastamkos, que es muy completo. También quiero señalar que el informe proporciona una imagen amplia y adecuada de la manera en que la política agrícola y la política comercial de la Unión Europea están relacionadas entre sí, así como del modo en que se utiliza en la UE la política agrícola como instrumento para la elaboración de políticas.

Evidentemente, es cierto que si analizamos también nuestro presupuesto la agricultura es una parte importante. Ese es el motivo de que siempre surja la cuestión de la agricultura cuando se habla de políticas de la UE. En este punto, vale la pena recordar que, dado que en la Unión Europea también importamos una gran cantidad de alimentos desde diversos lugares, especialmente de terceros países, tenemos que respetar esas normas éticas. En este sentido, la pureza es una cuestión muy importante.

También es importante recordar que tenemos que atender a la cuestión de la producción agrícola en nuestro propio continente, en distintas partes, incluidos los países periféricos, también Finlandia, donde hay unos niveles de experiencia muy elevados, productos puros, etcétera. Al hablar de la política agrícola, y si, en el futuro, seguimos invirtiendo en ella, tenemos que mantener estas estrictas normas éticas.

  Janusz Wojciechowski (ECR). – (PL) Señor Presidente, he votado a favor del informe Papastamkos. Quiero expresar mi admiración por este informe y me alegro de que el Parlamento Europeo se haya declarado firmemente a favor de la defensa de la seguridad alimentaria de Europa, que está en peligro como resultado de unas concesiones excesivas en las negociaciones comerciales internacionales sobre alimentos.

En la Unión Europea existe un fuerte grupo de presión que trabaja para reducir la producción de alimentos en Europa y aumentar las importaciones de alimentos procedentes de terceros países, ya que obtienen beneficios de esas exportaciones. Ello resultó evidente durante la reforma del mercado del azúcar, por ejemplo. La Unión Europea no debe ceder ante ese grupo de presión, sino oponerse, por el bien de su propia seguridad alimentaria. A largo plazo, una política de cesión ante ese grupo de presión, en un momento en que la demanda de alimentos va en aumento, es una política suicida.

  Inese Vaidere (PPE). – (LV) Señor Presidente, el comercio justo de los productos agrícolas es una de las fuerzas impulsoras más importantes para el desarrollo económico de los países en desarrollo. También es esencial ayudar a reducir la pobreza y prevenir las crisis alimentarias. Muchas regiones y países de Europa dependen de la agricultura, especialmente los nuevos Estados miembros, donde los pagos directos a la agricultura son mucho menores que los que reciben los representantes de los Estados miembros más antiguos. Además, estas regiones también tienen que competir con los productores latinoamericanos, que no tienen que cumplir unas normas estrictas de calidad equiparables y que disfrutan de unos aranceles aduaneros reducidos. Esta situación reduce notablemente la competitividad y los beneficios de nuestros agricultores. Por ello he apoyado este informe: porque exige una revisión de la política comercial de la UE, una evaluación periódica, la aplicación de normas uniformes para los productos agrícolas procedentes de terceros países y la apertura de los mercados a los productos agrícolas de terceros países únicamente en caso de que nuestros agricultores reciban una compensación por las pérdidas que sufrirían como consecuencia del aumento del volumen de importaciones de productos agrícolas procedentes de esos terceros países. Muchas gracias.

  Syed Kamall (ECR). – Señor Presidente, cuando hablo con mis amigos de muchos de los países más pobres del mundo y les pregunto cuál es la mejor manera en que podemos contribuir a aliviar y combatir la pobreza en su país, a menudo me dicen que la ayuda no es la respuesta. Lo que les beneficiaría sería que ayudáramos a los empresarios de sus países a crear riqueza a escala local y que pudieran comerciar con nosotros, la Unión Europea. Podemos ayudarles abriendo nuestros mercados.

Uno de los grandes problemas en relación con esa afirmación es el hecho de que tenemos la política agrícola común. Los Estados Unidos también tienen todo tipo de subvenciones. Al tiempo que predicamos la apertura del comercio, nos comportamos de manera hipócrita cuando cerramos nuestros mercados a los excelentes productos de los países en desarrollo. Además de ello, utilizamos lo que denominamos normas sanitarias y fitosanitarias. Sin duda todos deseamos una mayor seguridad alimentaria, pero, muy a menudo, esas normas se utilizan como una barrera no arancelaria contra las importaciones de los países en desarrollo.

Es hora de confiar en los consumidores. Siempre que los alimentos sean seguros, que sean los consumidores los que decidan si prefieren alimentos cultivados en Europa o en otros lugares. Dejemos de subvencionar en Europa a los sectores no rentables e inviables.

  Daniel Hannan (ECR). – Señor Presidente, la política agrícola común de la Unión Europea no tiene parangón en su nivel de despilfarro, en su grado de corrupción, en su burocracia bizantina, en su egoísmo, en su hipocresía y en su inmoralidad.

A finales de la década de los cincuenta, el embajador argentino ante la UE era el portavoz designado de los países en desarrollo. Este embajador afirmó entonces que comprendían que Europa tuviera que subvencionar a sus agricultores; que no les gustaba que cerráramos el paso a sus productos, pero que lo entendían. No obstante, nos pidió que, en ese caso, no les castigáramos por partida doble inundando sus mercados con nuestros excedentes. Por aquel entonces la UE no escuchó está petición, ni lo ha hecho hasta ahora.

Las últimas conversaciones sobre comercio mundial recibieron la optimista denominación de «Todo menos armas». Obviamente, este enunciado se transformó rápidamente en un «todo excepto la agricultura», porque la UE está decidida a mantener esta postura de protección y subvenciones para este nicho sectorial específico.

Saquen sus propias conclusiones de lo que ha venido sucediendo. La política agrícola común existe desde 1960. Es la política más antigua de cuantas ha acometido la UE. Si este es el resultado que hemos logrado (la catástrofe ecológica, la pobreza, las consecuencias inflacionarias de las subidas de los precios de los alimentos, etc.), ¿en qué estamos pensando si nos planteamos dar competencias adicionales a estas mismas instituciones?

  Nirj Deva (ECR). – Señor Presidente, suelo coincidir al 100 % con lo que dice mi amigo, el señor Kamall, pero hoy me permito disentir. Tras largas y cuidadosas reflexiones, he llegado a la conclusión de que la seguridad alimentaria es un aspecto muy importante en relación con el crecimiento de la población mundial. La Unión Europea debe sentirse segura con su propia seguridad alimentaria, y ello implica autosuficiencia, no una situación de exceso de producción en la que inundemos los países en desarrollo con nuestros productos, ni de producción insuficiente, en la que nos llevemos los alimentos del plato de los que pasan hambre.

Por tanto, en Europa debemos optar por la autosuficiencia, al igual que deben hacer Asia, África y los Estados Unidos. Si incluimos la autosuficiencia como objetivo de nuestros programas, todo lo demás puede entrar en juego en el comercio internacional. El de los alimentos es un asunto con el que no podemos permitirnos ningún juego.

Informe: Martin Häusling (A7-0026/2011)

  Christa Klaß (PPE). – (DE) Señor Presidente, he votado a favor del informe Häusling. Las proteínas son esenciales para una alimentación animal saludable. Europa debe tomar medidas para asegurar un suministro fiable de proteínas. En este ámbito debemos recurrir a todos los medios, desde el apoyo al cultivo y a la investigación a la información y la formación de los agricultores en relación con las ventajas de las prácticas establecidas y la rotación de cultivos. No perdamos de vista el principio probado de una economía circular. La Comisión debe revisar la prohibición de alimentar a los animales no rumiantes con proteínas animales, manteniendo el respeto de la prohibición del canibalismo. En particular, debe analizar el posible uso de proteínas animales para elaborar harinas de huesos para cerdos y aves de corral. Estos productos deben prepararse de acuerdo con la estricta normativa vigente orientada a proteger la salud humana y el medio ambiente. Se están destruyendo fuentes valiosas de proteínas simplemente porque no somos capaces de organizarnos para manejar estos productos correctamente.

  Janusz Wojciechowski (ECR). – (PL) Señor Presidente, lamento el hecho de que el informe Häusling, que es un buen informe, no haya podido recibir el apoyo de su propio autor, por culpa de unas enmiendas mal planteadas. También yo he votado en contra de su aprobación. Creo que no se justifica la utilización de las enmiendas de este informe para promover una serie de concesiones en materia de organismos modificados genéticamente en la Unión Europea y que no debemos promover este tipo de organismos. Europa debe defender la agricultura tradicional y natural. Los cultivos modificados genéticamente representan una amenaza para la agricultura en Europa y para la seguridad alimentaria y, por ello, estoy de acuerdo con el ponente. En este asunto he seguido su ejemplo. Muchas gracias.

Informe: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011)

  Francesco De Angelis (S&D). – (IT) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, quiero felicitar a la ponente, la señora Nedelcheva, por su contribución. Hoy en día, hablar de la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo no es, ni debe ser, un mero ejercicio de retórica.

Por el contrario: el empleo femenino es un tema estratégico para Europa, tanto en términos culturales como económicos. Como se desprende de los datos disponibles, si las tasas de empleo de las mujeres fueran similares a las de los hombres, el producto interior bruto se incrementaría en un 30 %. Por tanto, la crisis actual no debe hacernos retroceder, sino que, por el contrario, debe hacernos avanzar hacia unas políticas activas en materia de empleo femenino. Por tanto, necesitamos unas políticas de empleo específicas que permitan evaluar el impacto de la crisis sobre las mujeres y analizar soluciones anticíclicas.

Además, el informe tiene el mérito de centrarse en las políticas positivas para promover el empleo de las mujeres, en la cuestión de la formación profesional y en el espíritu empresarial de las mujeres. Concluyo señalando que existe otro fenómeno al que debemos hacer frente: el grave problema de la violencia dirigida contra las mujeres. Ahora Europa debe dotarse de una directiva exhaustiva sobre la prevención y la lucha contra todas las formas de violencia dirigida contra las mujeres.

  Jens Rohde (ALDE). – (DA) Señor Presidente, al escuchar el debate sobre las cuotas de mujeres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas, queda claro que aquí, en esta Cámara, se está librando una y otra vez una guerra de trincheras, lo que resulta ciertamente lamentable. No voy a ocultar el hecho de que estoy firmemente en contra de las cuotas obligatorias, en parte porque creo que es perjudicial para las empresas, pero también porque es igualmente perjudicial para las mujeres cualificadas, que, automáticamente, serán marginadas en los consejos de administración. Por tanto, digo no a las cuotas. No obstante, podríamos optar por un enfoque pragmático y debatir sobre la posibilidad de exigir a las empresas cotizadas la elaboración de una política de igualdad y de unos objetivos propios, dejando que sean las empresas las que decidan cuáles han de ser esos objetivos. Ello sería bueno para las mujeres que consiguieran acceder a los consejos de administración con este enfoque, y también para las empresas, porque tendrían la propiedad de los objetivos que pretenden aplicar. Creo que debemos intentar aplicar un cierto grado de pragmatismo, en interés de las empresas y de las mujeres afectadas.

  Debora Serracchiani (S&D). – (IT) Señor Presidente, Señorías, yo voté a favor de los informes sobre la igualdad entre hombres y mujeres y la pobreza femenina en Europa y estoy muy satisfecha de que este debate se haya mantenido el mismo día en que celebramos el centenario del Día Internacional de la Mujer.

A pesar de la Directiva 2002/73/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo, todavía deben realizarse esfuerzos adicionales para lograr una adecuada transposición. Baste decir que, a pesar de que el nivel de educación de las mujeres ha aumentado significativamente en los últimos años y actualmente el número de mujeres graduadas es superior al de los hombres, las mujeres siguen concentradas en sectores tradicionalmente femeninos y con frecuencia reciben una menor retribución y ocupan menos puestos de responsabilidad en todos los ámbitos de la sociedad.

La falta de acceso a los servicios de apoyo para las personas dependientes, como los niños, las personas con discapacidades y las personas mayores, a unos sistemas adecuados de permisos y a las modalidades de trabajo flexibles impiden a las mujeres trabajar.

Quiero concluir recordando a las mujeres del mundo que luchan por el derecho más básico y me gustaría que esta Cámara expresara su solidaridad con las asociaciones feministas iraníes que hoy toman las calles, invitando a las mujeres a manifestarse sin el hiyab.

  Anna Záborská (PPE). – (SK) Señor Presidente, quiero explicar brevemente por qué no he apoyado la resolución de evaluación del año 2010 desde la perspectiva de la igualdad.

El texto de la resolución apoya la igualdad entre hombres y mujeres en muchos ámbitos, al tiempo que apoya también el aborto, la terminación de una nueva vida. El texto entra en conflicto con las resoluciones de las Naciones Unidas que indican que el aborto nunca debe utilizarse como una forma de control de la natalidad.

Al aprobar esta resolución, el Parlamento Europeo no solo se inmiscuye en los asuntos de los Estados nacionales, sino que, sobre todo, hace caso omiso del derecho a la vida consagrado en la Carta de los Derechos Humanos.

Lamento que una mayoría del Parlamento haya aprobado este texto. Es una señal alarmante y hago un llamamiento para que las organizaciones y las asociaciones nacionales protesten ante los diputados que las representan en el Parlamento Europeo.

  Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Señor Presidente, creo que es muy importante que hablemos de la igualdad entre hombres y mujeres en el Parlamento Europeo; y no únicamente hoy, cuando celebramos un día especial: tenemos que hablar de ello continuamente. Es verdaderamente importante recordar que hemos sido creados como hombres y mujeres. Ello es una fuente de riqueza, pero no quiere decir que si alguien es un hombre o una mujer es peor de algún modo o más débil: también hemos sido creados iguales. Por ello, es muy importante asegurarse de que, finalmente, ahora, en la década de 2010, podamos ser iguales en Europa, lo que significaría que los hombres y las mujeres también recibirían el mismo trato en el mercado laboral. Sin duda, la situación actual es que las mujeres han estado continuamente peor tratadas con respecto al salario y otras cuestiones, y ello no debe ser el caso en una sociedad civilizada. En vez de eso, debemos asegurarnos de la posibilidad de aplicar la igualdad en el significado auténtico de la palabra.

En lo que respecta a las cuotas, serán necesarias hasta que adoptemos una forma de pensar en la que todas las personas sean iguales y sea entones la competencia en el mercado de trabajo la que se convierta, en última instancia, en el factor decisivo.

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Señor Presidente, hoy hemos aprobado una iniciativa más, pero, como dijo la Comisaria, «de los dichos a los hechos».

A pesar de las medidas, persiste la desigualdad. Las mujeres están bien formadas —en los últimos años con mejores resultados, según los últimos datos de las universidades—, pero seguimos discriminadas, siendo las mujeres con discapacidad, las de edad avanzada y las inmigrantes las que sufren doble discriminación.

Hoy, además de esta iniciativa, hemos escuchado muchas declaraciones, pero no estamos para dar ejemplo. Basta ver de qué sexo es el Presidente de la Comisión o analizar a los miembros del Consejo, las Presidencias rotatorias, el Presidente permanente, la Presidencia del Parlamento y del Tribunal de Cuentas, los miembros del Banco Central Europeo —entre los que, por primera vez, no va a haber ninguna mujer—, o las presidencias de los grupos parlamentarios de esta Institución, o la ausencia de mujeres en las delegaciones de algunos países.

La imagen de la política europea sigue siendo masculina. Tenemos mucho que avanzar. Por ello, he apoyado esta iniciativa. Creo en las cuotas para avanzar en este difícil camino y, sobre todo, en el lema con el que empezaba: «de los dichos a los hechos».

  Inese Vaidere (PPE). – (LV) Señor Presidente, aunque la situación en relación con los derechos de las mujeres ha mejorado, quiero llamar la atención sobre al menos tres aspectos. En primer lugar, las diferencias en los niveles de remuneración son aún significativas y, durante la crisis, esas diferencias han ido en aumento, porque hemos optado por apoyar a los bancos y no a las escuelas y guarderías, que emplean predominantemente a mujeres. En segundo lugar, el apoyo a las mujeres, las embarazadas y las nuevas madres es insuficiente, especialmente en los nuevos Estados miembros. También hay discriminación en el mercado de trabajo. En tercer lugar, en la política, donde el ratio ideal entre hombres y mujeres sería de 50:50, la participación de las mujeres sigue siendo considerablemente inferior. El mismo fenómeno puede observarse en los puestos de dirección. Creo que este informe que hemos elaborado no podrá dar un nuevo impulso a la resolución de estos problemas.

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). – (FI) Señor Presidente, he votado a favor del informe y también a favor de las cuotas. En relación con esta cuestión, quiero agradecer a la Comisaria Reding haber afirmado —o tal vez debería decir haber dado un ultimátum— que tomará medidas a menos que dentro de un año haya más mujeres en las sociedades cotizadas. De hecho, al hacerlo, la señora Comisaria únicamente está aplicando los Tratados y Directivas de la UE que afirman la igualdad de hombres y mujeres.

Sé que las cuotas despiertan controversia y que no representan una democracia adecuada, pero tampoco esta situación en la que estamos actualmente la representa. En Finlandia, las cuotas se introdujeron a escala de la administración local hace entre 10 y 15 años. Hubo personas que se opusieron y que las describieron como algo que degradaría a las mujeres, y se decía que no había suficientes mujeres para ocupar esos puestos. Sin embargo, las mujeres aparecieron y la práctica ha demostrado que, al menos en Finlandia, esas cuotas a escala de la administración local funcionan muy bien.

  Daniel Hannan (ECR). – Señor Presidente, gracias por intervenir y presidir esta sesión; y quiero dar las gracias a su personal y a los intérpretes. La resolución reciente que impide que las aseguradoras puedan discriminar en función del sexo para tener en cuenta las diferencias en la conducción o en la longevidad tiene tantos fallos que resulta difícil saber por dónde empezar. Fijémonos, en primer lugar, en el gasto. Ello tendrá un coste extra de mil millones de libras. Las primas se incrementarán y menos gente contratará un seguro.

En segundo lugar, podemos revisar las deficiencias de la jurisprudencia, la forma en que se pronuncia el Tribunal de Justicia Europeo en función de los precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En tercer lugar, reparemos en la mala fe. Cuando se aprobaron las Directivas relativas a la igualdad y la no discriminación, se entendía claramente que podían seguir aceptándose las distinciones justificadas por datos actuariales.

Fijémonos, en cuarto lugar, en el activismo judicial, la forma en que nuestros jueces han hecho caso omiso de lo que dice la ley en favor de lo que ellos consideran que debería decir. En quinto lugar, reparen en el ataque a la libre contratación. Si alguien quiere asegurarme a mí y yo estoy de acuerdo con aceptar las condiciones que ofrece, no corresponde al Estado interponerse y declarar ilegal nuestra transacción.

Pasemos, en sexto lugar, al argumento de la prohibición en sí: ¿qué tiene esto que ver con la Unión Europea? Sin duda, cada país puede elaborar sus propias normas en materia de igualdad de sexo siguiendo sus propios mecanismos y procedimientos democráticos. Señor Presidente, un tribunal con una misión es una amenaza. Un tribunal supremo con una misión es una tiranía.

Informe: Rovana Plumb (A7-0031/2011)

  Alfredo Antoniozzi (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, la pobreza femenina es un problema antiguo, que tiene causas históricas y que ciertamente no es el resultado de una crisis económica.

Por ello, he votado a favor del informe de la señora Plumb, ya que estoy convencido de la necesidad de mantener un fuerte compromiso, tanto en Europa como a escala nacional, para favorecer nuevos avances hacia la igualdad de género. Creo que las medidas contenidas en este informe proporcionarán un apoyo útil —tal vez no de manera exhaustiva, pero es un paso adelante— a las estrategias para la aplicación del Pacto Europeo para la Igualdad de Género, adoptado por el Consejo Europeo, y al Marco de actuación sobre la igualdad de género.

La promoción por parte de los Estados miembros de programas específicos para promover la inclusión activa o la reintegración de las mujeres al mercado laboral es la mejor decisión en ese sentido. No obstante, es esencial que esos programas no estén coordinados únicamente a escala local, nacional y europea, sino que también se encuentren formas de coordinación con los socios de fuera de la Unión Europea.

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Señor Presidente, la mujer ha realizado siempre el trabajo invisible: el del hogar, el del cuidado de los afectos, lo que no puede comprarse ni contratarse. Pero no lo hemos valorado.

Ahora nos estamos incorporando al mercado laboral. Pero aún seguimos con riesgo de pobreza, situación que está agudizada en este contexto de crisis económica. Es nuestra obligación erradicar la pobreza femenina —por eso he apoyado esta iniciativa—, reforzando los instrumentos y las medidas legislativas para poder reducir la diferencia salarial entre hombres y mujeres.

Debemos aplicar políticas activas de empleo a su favor y revisar los sistemas de protección social, con una especial consideración a las mujeres de más edad y las discapacitadas.

Favorezcamos la incorporación de mujeres al mercado laboral, porque aportan más beneficios, y reduzcamos la diferencia salarial, porque ello supondrá un incremento del producto interior bruto de un 13 %, como lo están demostrando diferentes estudios.

Es un tema de justicia, pero, sobre todo, es una oportunidad para la competitividad en Europa.

Explicaciones de voto por escrito

Informe: Francesco Enrico Speroni (A7-0047/2011)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) De acuerdo con el Código Penal alemán y el Código Fiscal, el delito de evasión fiscal solo es punible cuando el contribuyente sabía de la evasión fiscal y tenía la intención de evadir impuestos. En este caso, manifiestamente no ha habido intención alguna de evadir impuestos, ya que la cantidad en cuestión se ingresó de forma transparente en la cuenta corriente del diputado después de haber sido facturada por él a la sociedad Speakers’ Agency. Por otra parte, es muy común que la omisión accidental de declarar pequeñas cantidades, como en este caso, se trate normalmente con arreglo a un procedimiento puramente administrativo.

El hecho de que esta omisión se haya tratado de tal manera, y que ni siquiera se informara directamente al señor Brok de la acusación, es completamente excepcional. El hecho de que el Ministerio Público ni siquiera cuantificara el importe exacto del impuesto adeudado, también por falta de pago de intereses, no hace sino fortalecer la existencia de un fumus persecutionis. En estas circunstancias, resulta totalmente inadecuado suspender la inmunidad parlamentaria del diputado.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Estoy de acuerdo con el informe en lo que respecta a considerar inadecuado levantar la inmunidad parlamentaria del diputado. En verdad, se han interpuesto acusaciones de delito contra una figura política muy conocida respecto de una suma y en unas circunstancias que, en el caso de un ciudadano común, hubieran dado lugar a un procedimiento meramente administrativo. Se trata de un caso de fumus persecutionis en el sentido de que resulta que las acusaciones se formularon con el único objetivo de dañar la reputación del diputado en cuestión.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) He votado en contra de levantar la inmunidad parlamentaria de Elmar Brok, porque se han interpuesto acusaciones de delito contra esta figura política muy conocida respecto de una suma y en unas circunstancias que, en el caso de un ciudadano común, hubieran dado lugar a un procedimiento meramente administrativo. Por otra parte, el fiscal no solo trató de impedir que el señor Brok tuviera conocimiento de las acusaciones por motivos espurios y altamente despectivos sin justa causa, sino que también se aseguró de que el caso recibiera gran publicidad en los medios de comunicación, infligiendo así el daño máximo al diputado afectado. Se trata de un caso de fumus persecutionis en el sentido de que resulta que las acusaciones se formularon con el único objetivo de dañar la reputación del diputado en cuestión y por ello, en estas circunstancias, sería totalmente inadecuado suspender la inmunidad parlamentaria del diputado.

  David Martin (S&D), por escrito. – Me he abstenido en la votación de este informe. Mientras que, por una parte, tengo la mayor admiración por el trabajo realizado por el señor Brok, por otra parte, tengo serias dudas sobre la utilización de la inmunidad parlamentaria para evitar el proceso legal debido en un caso de evasión fiscal.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) El pago de impuestos es un deber que ningún ciudadano debe poder eludir. Ello es lo que se le ha recordado al señor Brok. La inmunidad parlamentaria no es un salvoconducto para los delitos comunes sino una protección de la libertad de expresión. Por tanto, estoy muy satisfecho de que haya rectificado su error.

No obstante, el informe es desagradable en más de un sentido. Señor Speroni, 5 000 euros no es una cantidad insignificante y nadie obligó al señor Brok a meterse en esa situación. Por tanto, en mi opinión, las acusaciones de persecución por «la omisión accidental de una cantidad menor» están totalmente fuera de lugar. Votaré en contra.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Es responsabilidad del Parlamento defender la independencia del mandato de los diputados de esta Cámara y dicha independencia no puede ponerse en peligro. En lo relativo a las acusaciones, el diputado es objeto de un fumus persecutionis, es decir, las acusaciones se formularon con el único objetivo de dañar la reputación del diputado en cuestión. Por tanto, no estoy a favor de levantar su inmunidad parlamentaria.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – A pesar del hecho de que, personalmente, no simpatizo con Elmar Brok, por su comportamiento inadecuado y su retórica antiucraniana, creo que deben existir razones de peso para levantar la inmunidad parlamentaria. Es bien sabido que el suplicatorio de suspensión se expone en una carta del Ministerio Público de Bielefeld en que se afirma que el señor Brok no incluyó en su declaración de la renta del año 2005 un importe de 5 000 euros por un discurso que pronunció en Munich el 28 de octubre de 2005 en el «Foro Europa», organizado por el Grupo HypoVereinsbank, cantidad para la cual se debía un impuesto de 2 900 euros. También se sabe que el señor Brok no pagó esa cantidad y que lo cogieron por ese error. Hoy en día, la inmunidad se utiliza como una especie de «porra» para saldar cuentas, o como «moneda suelta» para manipular a los diputados al Parlamento.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) El Ministerio Público alemán ha solicitado el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de un diputado, el señor Brok. Esas actuaciones se refieren a una omisión en la declaración de impuestos en relación con los honorarios percibidos por una conferencia impartida en Munich, por los cuales debía pagar 2 900 euros en impuestos, cantidad que actualmente ha sido ya liquidada. No obstante, el dictamen jurídico establece que las actuaciones en cuestión no se han llevado a cabo de la misma manera que si hubiera sido un ciudadano normal y que hay indicios sólidos de persecución política. En esas circunstancias específicas, y dado que ello constituye un caso de fumus persecutionis, he votado a favor de no levantar la inmunidad parlamentaria del señor Brok.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Con este informe, el Parlamento Europeo ha decidido no levantar la inmunidad parlamentaria de Elmar Brok.

Informe: Christel Schaldemose (A7-0033/2011)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe. El buen funcionamiento del mercado interior requiere productos seguros y la confianza de los consumidores. Siendo la preocupación central hacer que este mercado sea más seguro, ello no debería ser un obstáculo para su ampliación. Tras la adopción de un enfoque común para la definición de las especificaciones de los productos, con avances que se reflejan en el fortalecimiento de la seguridad general de los productos en el mercado interior, todavía pueden realizarse algunas mejoras, ya que en este ámbito continúan produciéndose demasiados accidentes con consecuencias trágicas, especialmente entre los niños.

La Directiva relativa a la seguridad general de los productos 2001/95/CE (DSGP), que regula los requisitos generales relativos a la seguridad de los productos, se adoptó hace unos diez años y, por tanto, su revisión es una prioridad, para poner fin a la existencia de dos niveles de normas divergentes en relación con la vigilancia del mercado que se imponen y se aplican a los bienes armonizados, en función de si están afectados, o no, los bienes de consumo. El marco legislativo pertinente se compone de tres elementos: un nuevo marco legislativo, la Directiva DSGP y una serie de directivas de armonización sectorial. Por tanto, es importante armonizar esta situación compleja.

  Liam Aylward (ALDE), por escrito. – (GA) Los habitantes de la UE deben poder confiar en la seguridad de todos los bienes comercializados en la UE y deben aplicarse en todo momento unas normas estrictas de salud y seguridad.

Este es un informe importante y oportuno, y acojo con satisfacción su contenido, especialmente en lo que respecta al intercambio de información sobre los estudios relativos a la seguridad de los productos, con el fin de reducir la duplicación de servicios para ahorrar tiempo y recursos.

Los consumidores europeos deben tener la certeza de que los productos importados a la UE cumplen las mismas normas que los fabricados en la Unión y de que la expansión comercial no afectará a la seguridad de los productos. Estoy a favor de la solicitud que se hace en el informe a la Comisión para que aumente sus esfuerzos en el seno del Grupo Internacional de Seguridad de los Productos de Consumo con vistas a asegurar que no se introducen materiales peligrosos en el mercado único. Es de vital importancia que el mercado único pueda abordar el mercado en línea y sus efectos sobre la seguridad de los productos y la vigilancia del mercado.

Se ha informado del aumento en el número de productos que se compran en línea en terceros países y que contravienen las normas de la UE, poniendo en riesgo a los consumidores de la UE.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de este importante documento. La Directiva 2001/95/CE relativa a la seguridad general de los productos (DSGP), que regula los requisitos generales en materia de seguridad de los productos se adoptó casi hace casi 10 años y aún no se ha revisado, aunque durante la última década se han producido muchos cambios a escala mundial y de la UE. En este ámbito, todavía existen muchos problemas que deben abordarse para que los consumidores de la UE puedan sentirse seguros. Los productos destinados a los niños requieren una regulación especialmente cuidadosa. En la UE, se producen accidentes todos los años cuando los niños utilizan productos inseguros y, en ocasiones, ello se traduce incluso en fallecimientos. El fortalecimiento de la vigilancia del mercado debe ser un elemento clave de la revisión de la DSGP, asegurando la trazabilidad de los productos y los fabricantes y estableciendo y aplicando unos principios de normalización, lo que facilitaría una mejor protección de nuestros consumidores y les proporcionaría una información más clara y precisa sobre los productos que han adquirido.

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) La revisión de la Directiva 2001/95/CE pretende garantizar un nivel elevado de protección de la salud y la seguridad de los consumidores, prestando especial atención a los consumidores más vulnerables, es decir, los niños y las personas mayores. Su objetivo es instituir la transparencia y una vigilancia más activa de los mercados, así como unos medios de intervención más rápidos que permitan que los productos considerados peligrosos se retiren del mercado. El buen funcionamiento del mercado interior requiere productos seguros y unos consumidores informados con capacidad de elegir. Por ello, he votado a favor de este informe.

  Sergio Berlato (PPE), por escrito. – (IT) En mi opinión, el buen funcionamiento del mercado único europeo también implica la seguridad de los productos y la confianza de los consumidores.

De hecho, el impulso a la libre circulación de bienes y una mayor ampliación de la diversidad de productos no deben desviar la atención de la protección de los consumidores. En el contexto de la globalización de los mercados, en el que cada vez más productos provienen del exterior —y especialmente de China—, la cooperación internacional en asuntos relacionados con la seguridad de los productos se convierte en una prioridad.

La Directiva 2001/95/CE regula los requisitos generales de seguridad aplicables a los bienes. No obstante, la transposición de esta Directiva por los Estados miembros no se ha realizado de manera uniforme y ha planteado una serie de cuestiones relativas tanto a su ámbito de aplicación como a los riesgos reales asociados a los productos. Por tanto, creo que es crucial revisarla, para que podamos detectar y bloquear los productos inseguros, garantizando así la plena protección de los intereses de los ciudadanos europeos.

Por último, apoyo plenamente la propuesta de la señora Schaldemose de adoptar medidas concretas en lo relativo a la trazabilidad de los productos. Considero que dichas medidas permitirán a las autoridades, las empresas y los consumidores identificar los productos que, tras entrar en el mercado europeo, no se revelan seguros.

  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) Hoy, más que nunca, el mercado único europeo necesita instrumentos de regulación que establezcan unos controles uniformes sobre la seguridad de los bienes comercializados en nuestros países.

Necesitamos esta regulación con urgencia, porque tenemos que proteger a nuestros consumidores de la oleada de productos —especialmente de países como China— que muy a menudo se han diseñado y fabricado sin tener en cuenta lo más mínimo la seguridad del usuario final. Tenemos que vigilar la calidad de los bienes que entran en nuestro mercado, así como su compatibilidad con nuestras normas de seguridad de los consumidores, y, por encima de todo, debemos combinar las prácticas nacionales en materia de vigilancia del mercado —que a veces son muy diferentes entre sí— en un solo instrumento.

Por tanto, poner en práctica las propuestas de este informe significará obtener un texto tan pronto como sea posible para resolver los problemas actuales de la legislación europea, en la que se superponen varias directivas, sin que, en ocasiones, se abarquen todos los ámbitos de aplicación y todos los casos posibles en materia de seguridad de los bienes comercializados. También cabe esperar buenos resultados del intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros, tal y como recomienda encarecidamente el informe, en el resumen final de las propuestas del texto de la señora Schaldemose. Por todo ello, votaré a favor del informe de la señora Schaldemose.

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) Durante los últimos diez años, los productos disponibles en el mercado interior han ido ampliando su variedad y multiplicando su número. Aproximadamente ese es el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Directiva sobre seguridad general de los productos, que regula los requisitos generales que aseguran que los productos no ponen en peligro la seguridad de una persona. Por ello, la propuesta de revisar esta Directiva es más que oportuna. Actualmente disponemos de una Directiva que solo se solapa parcialmente con el nuevo marco legislativo aprobado a mediados de 2008. Relacionar los reglamentos entre sí nos daría más posibilidades de lograr el objetivo de un mercado interior coherente, tanto para los productos armonizados como para los no armonizados, así como de ofrecer una protección completa para los intereses del consumidor. Al mismo tiempo, estas normas deben ser totalmente transparentes, de modo que sean accesibles a los fabricantes. En consecuencia, es importante que pongamos fin a la existencia de esos dos niveles superpuestos de normas divergentes de vigilancia del mercado que se aplican a los bienes armonizados, dependiendo de si son productos de consumo o no.

La vigilancia del mercado está estrechamente relacionada con la seguridad de los productos, ya que es un elemento esencial para garantizar que los productos respeten los requisitos establecidos en la legislación europea pertinente en materia de armonización y que no sean peligrosos.

  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor de este informe, que propone revisar la Directiva sobre seguridad general de los productos. De hecho, estoy firmemente convencido de que el mercado interior solo puede funcionar correctamente si fortalece la confianza de los consumidores y les proporciona productos seguros. De hecho, la Directiva europea 2001/95/CE, que regula los requisitos generales de seguridad en materia de seguridad de los productos, se aprobó hace diez años: ahora es el momento de actualizarla a la luz de la llegada de nuevos productos al mercado. La seguridad y la protección de los consumidores siempre han figurado entre las prioridades de nuestra acción política y, por tanto, es vital revisar esta Directiva, actualizando las normas en materia de seguridad de los productos y armonizando la legislación del nuevo marco regulador.

Estoy de acuerdo con la necesidad de aplicar ciertas medidas. Me refiero, por ejemplo, a la necesidad de fortalecer la vigilancia del mercado, a adoptar medidas concretas sobre la trazabilidad de los productos, incluido el uso de instrumentos tecnológicos modernos para crear una base de datos dedicada a la información relativa a la seguridad de los productos de consumo, y a prestar más atención a los productos destinados a los niños. En resumen: unas medidas que, si se aplican pronto, aumentarán la confianza de los consumidores a la hora de comprar en el mercado europeo.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Apoyo la iniciativa para mejorar y fortalecer las medidas europeas encaminadas a garantizar la seguridad de los productos presentes en el mercado, teniendo como principal preocupación el bienestar y la protección de los consumidores. Creo que las medidas propuestas a escala local (de los productores y de las empresas), en especial las relativas a la trazabilidad, la seguridad de los productos y la transparencia del comercio electrónico, son puntos relevantes y esenciales en relación con la eliminación de las lagunas existentes en el enfoque europeo sobre este asunto y, en consecuencia, para el buen funcionamiento del mercado interior. También quiero señalar la importancia de la cooperación entre los Estados miembros, que servirá para armonizar los niveles de seguridad y fortalecer la vigilancia del mercado.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe, ya que creo que es esencial para garantizar que todos los productos comercializados en el mercado único sean seguros, garantizando un nivel elevado de protección de los consumidores. Los Estados miembros, en cooperación con la Comisión Europea, deben introducir sanciones de manera coordinada, incluidas fuertes multas a los operadores económicos que coloquen productos peligrosos o no conformes en el mercado interior.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) A fin de asegurar la confianza de los consumidores, es esencial disponer de normas estrictas sobre la calidad de los productos comercializados y en ese sentido se han planteado diversas normas de la UE, con cierto éxito. No obstante, en mi opinión, es imprescindible que estas normas estén sujetas a dos condiciones, que no son más que dos caras de una misma moneda: i) por una parte, no pueden ser más restrictivas para los productores europeos que para sus competidores internacionales, que comercializan sus productos en el mismo mercado sin cumplir con las mismas normas; y ii) no pueden ser tan restrictivas que pongan en peligro la competitividad económica. Por tanto, con esas dos limitaciones en mente, la Comisión debe revisar la Directiva sobre seguridad general de los productos y vigilancia del mercado, prestando especial atención a los consumidores más vulnerables y muy especialmente a los niños. Sabemos que, de los muchos accidentes que se producen por causa de la inseguridad de los productos comercializados, la mayoría ocurren con niños, lo que exige medidas concretas relativas no solo a la seguridad del producto final, sino también a su grado de adecuación para el público al que va destinado.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Este informe aborda la necesidad de revisar la Directiva sobre seguridad general de los productos y vigilancia del mercado, que se adoptó hace casi 10 años. Durante la última década, se han realizado avances importantes en esta materia dentro de la Unión Europea, y, por ello, se reconoce universalmente que es posible y deseable lograr mejoras en un marco legislativo que garantice la seguridad de los productos y, simultáneamente, beneficie a los consumidores y las empresas. En primer lugar, la Directiva debe alinearse con el nuevo marco legislativo (NML). A continuación, debe ponerse fin a la superposición legislativa en algunos ámbitos y la falta de cobertura en otros de la Directiva sobre seguridad general de los productos (DSGP) y el NML.

Estoy de acuerdo con la posición de la ponente en el sentido de que las normas en materia de seguridad de los productos deben actualizarse y armonizarse con el NML, a fin de optimizar la protección de los consumidores —ofreciéndoles unos productos de calidad— y de asegurar una transparencia plena para los productores.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Este informe contiene un conjunto de directrices para la futura revisión de la Directiva sobre seguridad general de los productos y vigilancia del mercado. Se hace hincapié en el objetivo de lograr un mayor nivel de seguridad de los productos, para lo cual se requiere una mayor vigilancia. Para ello, deben asignarse los recursos suficientes a las autoridades de vigilancia, a fin de garantizar, entre otros aspectos, la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro. También se aborda la importante cuestión del país de origen del producto y el fabricante responsable. Además de defender los derechos de los consumidores a la información, ello también protege a las industrias de los países de la UE. Hemos criticado las consecuencias del desarrollo y la profundización del mercado único sobre las divergencias económicas y sociales en el seno de la UE. No obstante, las propuestas concretas presentadas en este informe, que se centran en los intereses de los consumidores, merecen nuestro respaldo.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) A pesar de nuestra oposición al desarrollo del mercado interior europeo, base sobre la que se sostiene la premisa de este informe, las propuestas concretas que establece y la cuestión fundamental que analiza implican la mejora de las condiciones y de la seguridad para los consumidores.

Su objetivo concreto es establecer un conjunto de directrices para la futura revisión de la Directiva sobre seguridad general de los productos y vigilancia del mercado.

La ponente ha hecho especial hincapié en la necesidad de una mayor vigilancia, con el objetivo de lograr un mayor nivel de seguridad de los productos. También se hace hincapié en la necesidad de que se asignen suficientes recursos a las autoridades de vigilancia para asegurar la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro, dada su importancia para determinar el país de origen el producto y el fabricante responsable, lo cual, en el caso de los productos importados, también protege a las industrias de la Unión Europea.

Por ello hemos votado a favor del informe.

  Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. – (IT) Teniendo en cuenta el buen trabajo realizado por mi colega danesa, la señora Schaldemose, voy a votar a favor del informe relativo a la Directiva sobre seguridad general de los productos y vigilancia del mercado. Este informe cuenta con mi apoyo porque incluye medidas en materia de trazabilidad que son útiles para poner fin a la circulación de productos que pudieran ser perjudiciales para los consumidores y también porque hace hincapié en el control estricto de los productos procedentes de terceros países y, en particular, de China.

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), por escrito. – (GA) Todas las materias primas y los productos comercializados en la UE deben presentar un nivel elevado de seguridad, para proteger a los consumidores de la Unión Europea.

  Małgorzata Handzlik (PPE), por escrito. – (PL) La seguridad de los productos es una de las principales preocupaciones de los consumidores, que no quieren que los productos que compran constituyan una amenaza para su salud. No hace falta recordar que la seguridad de los productos depende principalmente de los fabricantes y de los importadores que comercializan los productos. La vigilancia del mercado también desempeña un papel muy importante, al asegurar que únicamente lleguen al mercado los productos que cumplen las normas exigidas. Con el informe que se ha votado, el Parlamento Europeo envía un mensaje contundente, reclamando la coherencia de las directivas sobre seguridad de los productos con otros actos legislativos, lo que asegurará un mejor funcionamiento del sistema de vigilancia del mercado y unas normas claras y transparentes para los empresarios, y ofrecerá a los consumidores una garantía de que el producto que llegue a sus manos cumpla con los requisitos legales.

No obstante, ha habido un número alarmante de notificaciones realizadas a través del sistema RAPEX, la inmensa mayoría de las cuales se refieren a productos procedentes de China. En el dictamen que elaboré para la Comisión de Comercio Internacional sobre este informe, una de mis peticiones era incrementar la cooperación en materia de seguridad de los productos con nuestros principales socios comerciales y continuar los trabajos para mejorar el funcionamiento del sistema RAPEX-CHINA. Espero que la intensificación de la cooperación con China se traduzca en una mejora en la calidad de los productos importados a los mercados de la UE desde China.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) La Directiva relativa a la seguridad general de los productos 2001/95/CE (DSGP), que establece a escala europea requisitos de seguridad generales para los productos de consumo, tiene que ser revisada para que, mediante su integración, sea conforme con el NML, adoptado en 2008, en particular el Reglamento relativo a la vigilancia del mercado, El marco legislativo relativo a la seguridad de los productos y a la vigilancia del mercado se compone de tres niveles de actos jurídicos (DGSP, NML y directivas de armonización específicas del sector), lo que es fuente de incertidumbres y confusión en el mercado interior. El nivel de vigilancia del mercado difiere considerablemente entre los Estados miembros y muchos de ellos no han asignado los recursos necesarios para la vigilancia eficaz del mercado, e interpretan de modo diferente la expresión «productos que presentan un riesgo grave», lo que puede crear obstáculos para la libre circulación de bienes dentro del mercado interior, distorsionar la competencia y poner en peligro la seguridad de los consumidores en el mercado interior. El marco legislativo actual para la vigilancia del mercado no es suficientemente coherente y, por tanto, debe revisarse y ser objeto de una mayor coordinación. Me he resistido a votar a favor de este documento porque creo que, al considerar únicamente la seguridad de los consumidores, reduciremos la libre circulación y la variedad de los productos. Las medidas adoptadas deben ser adecuadas, pero, al mismo tiempo, también debemos considerar la seguridad de los consumidores, así como la libre circulación y la variedad de los productos. También resulta evidente que la vigilancia del mercado es una actividad difícil para una serie de Estados miembros, pues no son capaces de asignar los recursos necesarios para el desarrollo eficaz de estas actividades.

  Edvard Kožušník (ECR), por escrito. – (CS) Estoy a favor del formato final del informe sobre la revisión de la Directiva sobre seguridad general de los productos y vigilancia del mercado. Aplaudo el hecho de que la versión final no incluya propuestas para crear nuevas agencias y que, por tanto, no dé lugar a nuevas demandas presupuestarias. Quiero destacar cómo el informe hace hincapié en la cuestión de la normalización como un instrumento normativo que, en su esencia, constituye un ejemplo de «regulación inteligente» y, por tanto, de una regulación que no es descendente en su concepción, sino que se origina desde la base, desde las partes interesadas. Es precisamente por esa razón por la que quiero hacer un llamamiento para una mayor participación de los organismos de vigilancia del mercado en el proceso de elaboración de las normas de seguridad, ya que ello constituye una oportunidad para asegurar de manera adecuada que su experiencia se aplique en el proceso de normalización. En relación con las mayores posibilidades de actuación en el ámbito de la creación de las normas de seguridad de los productos, considero que es esencial centrarse en la estabilidad del sistema europeo de normalización, simplificando las normas europeas y reduciendo el tiempo que se tarda en crear dichas normas.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) En primer lugar, quiero felicitar a la señora Schaldemose por el trabajo que ha realizado. El informe aprobado hoy por el Parlamento se refiere a la importante cuestión de la seguridad de los productos y, en consecuencia, a la protección de los ciudadanos. El importante compromiso de la UE para proteger a los consumidores frente a los productos defectuosos y peligrosos ya ha supuesto que se hayan logrado unas buenas normas pero creo que todavía hay margen para las mejoras, especialmente en relación con los denominados consumidores vulnerables, como los niños, las personas mayores y las personas con discapacidades. En este ámbito, creo que es determinante el fortalecimiento del sistema de vigilancia del mercado a través de medidas para mejorar la eficacia de los controles fronterizos, junto con la trazabilidad completa de los productos a lo largo de toda la cadena de suministro. Para concluir, deseo reiterar la necesidad de revisar el marco reglamentario vigente en la actualidad, representado por la Directiva sobre seguridad general de los productos, de acuerdo con las directrices que hoy se han establecido con la votación del Parlamento.

  David Martin (S&D), por escrito. – Todavía hay demasiados productos inseguros en el mercado. Doy la bienvenida a este informe, que señala que el sistema RAPEX (sistema de alerta rápida de la UE para productos de consumo peligrosos) debe seguir perfeccionándose. En concreto, los Estados miembros deben mejorar la eficacia y la visibilidad de las normas y las autoridades aduaneras en la lucha contra la baja seguridad de los productos.

  Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) Aunque es indudable que se han realizado avances en los últimos diez años en términos de los requisitos de los productos en el mercado interior de la Unión Europea, en parte gracias a un enfoque común, todavía queda mucho por hacer. De hecho, sería importante revisar la legislación europea actual en esta materia. Es evidente que la Directiva sobre seguridad general de los productos (DSGP), adoptada hace más de diez años, hoy necesita una revisión. Ello también permitiría que se respetaran las prerrogativas del nuevo marco legislativo (NML) sobre los productos, aprobado en 2008. Por tanto, debe ponerse en práctica una vigilancia más estrecha del mercado, lo que va de la mano con la seguridad de los productos. No obstante, el verdadero problema a resolver —y la auténtica prioridad del informe— es la atención que debe prestarse a los productos destinados a los niños y a los productos que les resultan atractivos. También resulta conveniente que la Comisión proponga un reglamento adecuado sobre la seguridad general de los productos y la vigilancia del mercado. Ello debe incluir una serie de elementos esenciales, tales como la adopción de medidas concretas en el ámbito de la trazabilidad, la obligación para los fabricantes de proporcionar un análisis de riesgos en detalle durante la fase de diseño o, una vez más, unas normas estrictas para la venta de productos en línea.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La consolidación del mercado interior es esencial para el buen desarrollo económico de la UE. No obstante, esta aspiración únicamente es posible si los productos presentes en el mercado son seguros y hay confianza por parte de los consumidores. Nuestro objetivo actual de asegurar la libre circulación y una mayor variedad de los productos disponibles en el mercado no puede disociarse de su seguridad para los consumidores. En los últimos años se han realizado grandes avances en relación con la seguridad de los productos. No obstante, es necesario seguir mejorando, especialmente en relación con los productos dirigidos a los niños, que son más susceptibles de verse afectados cuando no se cumplen las normas de seguridad.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – Este informe, aprobado por unanimidad en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, es una especie de contribución del Parlamento a la revisión de la Directiva 2001/95/CE sobre seguridad general de los productos. Lo importante es que el informe subraya la importancia de revisar la legislación europea actual, de modo que puedan localizarse los productos inseguros y pueda frenarse su comercialización. Esta y otras medidas pretenden proteger a la población de la UE de la aparición de productos peligrosos en el mercado y por ello he votado a favor.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) Alrededor del 60 % de los productos notificados en el sistema RAPEX provienen de China. Por tanto, la mayor parte de los productos peligrosos provienen de un mercado cuyo control resulta casi imposible para la Unión Europea. Espero que el nuevo sistema RAPEX de China contribuya a solucionar este problema. La UE debe adoptar una posición firme para proteger a los consumidores y su salud. La retirada de los productos peligrosos debe realizarse con mayor rapidez y mayor eficacia y debe haber mejoras en materia de la trazabilidad a lo largo de la cadena de producción. Este informe avanza en esa dirección, por lo que he votado a favor.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) El enorme tamaño del mercado europeo requiere unos reglamentos efectivos y específicos para garantizar la seguridad de los productos de consumo y, por tanto, creo que la UE debe actualizar sus propios reglamentos para asegurar la vigilancia del mercado. El informe de la señora Schaldemose, a favor del cual he votado, confirma la necesidad de revisar la Directiva de 2001, teniendo en cuenta las dificultades que han encontrado los Estados miembros en su transposición. Al no aplicar la Directiva desde el año 2004, los Estados miembros han hecho que surgieran problemas en relación con la vigilancia de los productos y no han garantizado la certificación en la medida en que podrían haberlo hecho. Estoy de acuerdo con el énfasis que se hace en el informe en lo relativo a luchar contra la falsificación mediante una mejor identificación de los productos en relación con la seguridad de los consumidores, utilizando para ello las nuevas tecnologías.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) Este informe se refiere a la revisión de la Directiva sobre seguridad general de los productos y vigilancia del mercado. En un contexto de libre circulación y de aumento constante de la variedad de productos disponibles en el mercado, es esencial que no perdamos de vista la seguridad de los consumidores. Garantizar una mayor seguridad de los productos es una obligación tanto de los Gobiernos como de las empresas. La legislación a escala europea ya ha tenido éxito, fortaleciendo la seguridad general de los productos en el mercado interior. No obstante, todavía pueden realizarse mejoras, ya que en este ámbito existen deficiencias que ponen en peligro la seguridad de los consumidores y que podrían tener consecuencias perjudiciales. He votado a favor de este informe, ya que estoy de acuerdo con las propuestas de la ponente, que consisten en destacar la importancia de revisar la legislación europea actual en materia de seguridad de los productos para que los productos peligrosos puedan ser identificados y retirados del mercado, en beneficio de los consumidores finales. En particular, quiero señalar las modificaciones de las normas de seguridad para los productos destinados a los consumidores más vulnerables dentro del mercado único, es decir, los niños, las personas mayores y las personas con discapacidades.

  Crescenzio Rivellini (PPE), por escrito. – (IT) Quiero felicitar a la señora Schaldemose por el excelente trabajo que ha realizado.

A los consumidores se les debe garantizar una mayor protección frente a los productos defectuosos y potencialmente peligrosos. Con este informe, le estamos diciendo a la Comisión que debemos revisar la Directiva, que debemos fortalecer el sistema de vigilancia del mercado y que debemos disponer de una vigilancia del mercado que sea coherente en todo el mercado único.

Para combatir eficazmente la presencia de productos defectuosos en el mercado común, creo que es crucial mejorar los controles fronterizos, especialmente en los puertos. Pido a la Comisión y a nuestros Gobiernos nacionales que introduzcan sanciones más severas para las importaciones procedentes de terceros países que violen las normas de seguridad.

La trazabilidad completa de los productos a lo largo de la cadena de suministro es otro punto clave para asegurar la capacidad de retirar del mercado los productos defectuosos, incluso en el momento de su producción. Con este fin, debemos asegurarnos de que las autoridades fronterizas cuentan con recursos suficientes. Además, quiero pedir una mayor atención a las ventas en línea, que van en aumento, en especial las ventas de los productos que puedan causar daños directos a los consumidores, tales como los productos farmacéuticos y alimentarios.

  Robert Rochefort (ALDE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe sobre la revisión de la Directiva sobre seguridad general de los productos. De hecho, estoy a favor de aclarar el marco legislativo actual relativo a la seguridad de los productos, que se compone de tres niveles de actos jurídicos. Para asegurarnos de que las autoridades de vigilancia del mercado no se enfrenten a ninguna incertidumbre, debemos establecer un marco europeo común aplicable a todos los productos presentes en el mercado interior o en vías de entrar en él. Además, no olvidemos que para disuadir a los operadores económicos de actuar ilegalmente es importante tomar medidas tanto en términos de sanciones contra quienes comercialicen de manera deliberada productos peligrosos o no conformes como en términos de transparencia: debe publicarse toda prohibición relativa a los productos. En este informe se aborda otro elemento crucial: el de la seguridad de los productos desde una perspectiva mundial. En ese contexto, la Unión Europea debe fijarse el objetivo de mejorar el intercambio de información sobre los productos peligrosos procedentes de terceros países, como China y la India, con el fin de abordar la cuestión de la seguridad y la trazabilidad de los productos antes de su llegada al mercado europeo.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – El buen funcionamiento de un mercado único significa también productos seguros y confianza de los consumidores. La búsqueda de la libre circulación y de una variedad cada vez mayor de productos en el mercado, no debería hacernos perder de vista la seguridad de los consumidores. Al considerar en su conjunto la seguridad de los productos, se observa que durante la última década se han realizado progresos en este ámbito en la Unión Europea. Corre a cargo de los gobiernos así como de las empresas el velar por una mayor seguridad de los productos y, debido a la legislación de la UE, se ha adoptado un enfoque común para definir las especificaciones de los productos, que ha reforzado la seguridad general de los productos en el mercado interior. Aunque se han constatado progresos, todavía se pueden llevar a cabo mejoras. Estas mejoras deben abordarse, dado que las lagunas en este ámbito comprometen la seguridad de los consumidores y pueden llegar a ser fatales.

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) Con la aprobación de esta resolución, el Parlamento Europeo hace hincapié en la importancia de mejorar los controles fronterizos, especialmente en los puertos, para combatir eficazmente la existencia de productos defectuosos en el mercado común.

El informe aprobado pide a la Comisión y a nuestros Gobiernos nacionales que introduzcan sanciones más severas para las importaciones procedentes de terceros países que violen las normas de seguridad. Además, debe prestarse una mayor atención a las ventas en línea, un fenómeno en constante aumento, y, en especial, a las ventas de los productos que puedan causar daños directos a los consumidores, tales como los productos farmacéuticos y alimentarios.

La trazabilidad completa de los productos a lo largo de la cadena de suministro es otro punto clave para asegurar la capacidad de retirar del mercado los productos defectuosos, incluso en el momento de su producción. Con este fin, debemos asegurarnos de que las autoridades fronterizas cuentan con recursos suficientes para realizar los controles.

Es importante hacer hincapié en la exigencia de que las empresas fabricantes verifiquen la posibilidad de riesgos para la seguridad y la salud, incluso en la fase de diseño del producto, así como en la creación de una base de datos pública dedicada a la información relativa a la seguridad de los productos.

  Oreste Rossi (EFD), por escrito. – (IT) La revisión de la Directiva pretende unificar y armonizar las normas que se aplican a los bienes de consumo y que en la actualidad se superponen y divergen entre sí en relación con la cuestión de la vigilancia del mercado.

En un mundo globalizado, en el que vemos circular bienes y personas, existe la necesidad creciente de aplicar unos controles sistemáticos sobre los productos comercializables.

Debe prestarse una especial atención a los productos procedentes de terceros países, en los que las normas de higiene y salud, los procesos de fabricación y el uso de materiales no permitidos en Europa conllevan el riesgo de contaminar los artículos que acaban llegando a nuestras mesas o a nuestras manos.

En especial, debemos verificar la presencia de sustancias tóxicas en los juguetes de los niños, ya que a menudo se los llevan a la boca; y aún más ahora, debido a que, en casi todos los casos, los juguetes se fabrican en China, un país desgraciadamente famoso por sus bajos costes de producción y sus escasos controles de calidad. Una cuestión de especial interés es la de la trazabilidad, que resulta de utilidad para detener la circulación de los productos que puedan no ser seguros para los consumidores.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe que sugiere mejoras adicionales en el sistema de alerta rápida de la UE para productos de consumo peligrosos. Mejorar la eficacia y la visibilidad de las normas aduaneras ayudará a hacer frente a la baja seguridad de los productos, lo que, en última instancia, beneficiará a los consumidores.

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE), por escrito. – La existencia de un mercado interior seguro es una prioridad para nuestros ciudadanos y este informe pone de relieve las deficiencias de la legislación en materia de seguridad de los productos y vigilancia del mercado, y en la forma en que se aplica a escala nacional y de la UE. La falta actual de seguridad jurídica, en una situación en la que, por una parte, diversos instrumentos jurídicos se aplican a distintas categorías de productos al tiempo que, por otra parte, en otros ámbitos existen lagunas, es un obstáculo para la seguridad del mercado y para el buen funcionamiento del mercado único. La Directiva sobre seguridad general de los productos y las normas que rigen la vigilancia del mercado deben ser sustituidas por un único reglamento, como instrumento jurídico que garantiza el mayor nivel de claridad y uniformidad.

Por ello, he identificado esta cuestión como una de las prioridades clave a incluir en el informe Correia de Campos sobre el mercado único para los europeos, del que soy ponente alternativo. Por otra parte, a la luz del hecho de que cada vez más gente compra en línea, la legislación en materia de seguridad de los productos y vigilancia del mercado debe ponerse al día, incluyendo medidas que cubran la venta en línea, a fin de fortalecer la confianza de los consumidores en este ámbito.

  Niki Tzavela (EFD), por escrito. – (EL) He votado a favor de la propuesta de resolución de la señora Schaldemose, porque estamos ante un problema grave y de actualidad. Debemos mejorar los mecanismos existentes en materia de seguridad general de los productos, ya que ello ayudará a salvaguardar un alto nivel de protección de la salud y la seguridad de los consumidores.

Yo, que procedo de un país situado en una encrucijada geográfica, considero que esta propuesta es especialmente constructiva, ya que muchos productos importados desde terceros países no cumplen con los requisitos de salud y calidad que estable claramente la legislación europea. Únicamente si estos productos están sujetos a tales mecanismos de prevención y supervisión conseguiremos ser verdaderamente eficaces y ayudar a limpiar el mercado y beneficiaremos a los consumidores.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) He votado a favor del informe sobre la revisión de la Directiva sobre seguridad general de los productos y vigilancia del mercado, porque, en general, estoy de acuerdo con aquello que suponga fortalecer la vigilancia del mercado en aras de la protección eficaz de los consumidores. Creo que es importante proteger a los niños, a las personas mayores y a las personas con discapacidades, ya que la Comunidad tiene una responsabilidad especial para con estos grupos. Transcurridos diez años, ya es hora de revisar a fondo la Directiva, a fin de incluir nuevos canales comerciales como las compras en línea.

Informe: Michèle Rivasi (A7-0035/2011)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Voto a favor de este informe, porque estoy de acuerdo con que se necesita una mejor cooperación en respuesta a las pandemias, así como una revisión de los planes de prevención elaborados por la UE y sus Estados miembros. La Organización Mundial de la Salud debe revisar con urgencia su definición de pandemia, teniendo en cuenta no solo su extensión geográfica, sino también su gravedad. Creo que esta cuestión debe gestionarse mejor, evaluando las estrategias de vacunación recomendadas, y que ello únicamente puede lograrse si el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades ejerce sus competencias con mayor eficacia como una agencia independiente, disponiendo de los recursos apropiados para este fin.

  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. – (RO) Acojo con satisfacción esta iniciativa, que pretende garantizar una mejor vigilancia y la total transparencia con respecto a la evaluación de los medicamentos recomendados en caso de emergencias sanitarias, así como mejorar las estrategias de vacunación y comunicación para preparar y prevenir las situaciones de pandemia. Creo que la Unión Europea debe asignar más recursos a la investigación y el desarrollo de medidas preventivas en el ámbito de la salud pública, con el fin de lograr un aumento de las inversiones destinadas a evaluar y anticipar mejor el impacto de los virus de la gripe tanto en las fases interpandémicas como en los comienzos de las pandemias. Por ello, he votado en favor del informe.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) La Unión Europea se ha visto obligada a aprender de la gestión controvertida del episodio de gripe H1N1 entre 2009 y 2010 en Europa, y a adoptar las medidas necesarias para evitar futuras reacciones desproporcionadas. Por ello he votado a favor de este texto, que prevé una mayor cooperación, una mayor independencia y una mayor transparencia para hacer frente con eficacia a cualquier futura pandemia. Una mayor cooperación, en el sentido de que este texto prevé una revisión de los planes de prevención puestos en práctica por la Unión Europea, una revisión de las funciones y responsabilidades de los actores clave y la introducción de un procedimiento que permita a los Estados miembros adquirir conjuntamente vacunas y medicamentos. El texto también pide a la OMS incluir el criterio de gravedad en su definición de pandemia. Una mayor independencia, en el sentido de que el texto establece que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades ejerza sus competencias como una agencia independiente, a fin de disponer de estudios científicos que no estén influenciados por las compañías farmacéuticas. Una mayor transparencia, por último, en el sentido de que el texto reclama una evaluación de la eficacia de las estrategias de vacunación. En consecuencia, este texto permitirá una comunicación más coherente entre los Estados miembros.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe. En 2009 murieron en Europa 2 900 personas a causa de la gripe A (H1N1), según datos facilitados a finales de abril de 2010 por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés). Estas cifras son bajas en comparación con las estimaciones oficiales de muerte por gripe estacional que, según la Comisión Europea, oscilan entre 40 000 muertes en un año moderado y 220 000 muertes en una época particularmente dura. Esas cifras son también netamente inferiores a los pronósticos más optimistas facilitados por los servicios de salud de los Estados miembros de la Unión Europea. La aparición de este virus hizo que se activara un nivel de alerta máximo, adoptando algunos Estados miembros una serie de medidas que resultaron muy costosas (por ejemplo, se calcula que en Gran Bretaña su coste ascendió a 1 300 millones de euros y en Francia a 990 millones, frente a 90 millones de euros de la gripe estacional) y, en los casos mencionados, desproporcionadas con respecto a la gravedad real del virus. Estoy de acuerdo con que la Organización Mundial de la Salud debe revisar la definición de pandemia, de manera que no se base únicamente en la propagación del virus sino que también incluya la gravedad potencial de la enfermedad en cuestión, para permitir poner en práctica unas respuestas más adecuadas y proteger a los ciudadanos de la UE de los peligros reales. Creo que en este ámbito existe la necesidad de una mayor cooperación entre los Estados miembros y las instituciones y organizaciones responsables, así como de un reparto más transparente de la responsabilidad entre los actores clave.

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) La gripe A (H1N1), causada por el virus de la gripe A (H1N1), se detectó inicialmente en México a finales de marzo de 2009 y posteriormente se propagó a varios países. En mayo de 2009, la Organización Mundial de la Salud (OMS) atribuyó un nivel de gravedad moderado a la gripe A (H1N1) y, en junio del mismo año, la OMS declaró el nivel 6 de alerta, que corresponde a una fase de pandemia. Este nivel de alerta máximo declarado por la OMS desencadenó la puesta en marcha una serie de medidas en Europa. En algunos casos, se trató de medidas muy costosas (por ejemplo, se calcula que en Gran Bretaña su coste ascendió a 1 300 millones de euros y en Francia a 990 millones, frente a 87 millones de euros de la gripe estacional). La respuesta fue desproporcionada. Cada Estado miembros reaccionó por su cuenta, sin demasiada coordinación ni solidaridad. Este informe, que cuenta con mi apoyo, llega a las conclusiones correctas al recomendar una mayor coordinación entre los Estados miembros y las instituciones europeas sanitarias, así como una aclaración y una revisión de las funciones y responsabilidades de los actores clave y de las estructuras de gestión y las amenazas para la salud a escala europea. Por último, reconoce la necesidad de estudios, independientes de las empresas farmacéuticas, sobre vacunas y medicamentos antivirales, también en lo referente a la supervisión de la cobertura de la vacunación.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) A la luz de la reacción de varios países de la Unión Europea con respecto a la lucha contra una posible pandemia del virus H1N1, estoy de acuerdo con que se necesitan mejoras en la formulación de respuestas que estén basadas en la información científica disponible para este tipo de situaciones. Por tanto, apoyo la revisión de los planes de respuesta y prevención ante un caso de riesgo de pandemia. La revisión que se plantee debe tener como objetivo lograr una mayor cooperación y coordinación entre las autoridades sanitarias de los Estados miembros y las instituciones europeas. Otro aspecto que considero muy importante es el relacionado con la transparencia necesaria, tanto en relación con los medicamentos utilizados como en lo relativo a los informes científicos proporcionados por las autoridades sanitarias, a fin de evitar conflictos de intereses y para garantizar la seguridad de los ciudadanos y el suministro de información.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) La UE fue la región del mundo con la mejor preparación y la mejor capacidad de reacción para hacer frente a este brote, a pesar de que las diferencias considerables en la preparación de los Estados miembros y la falta de una verdadera cooperación llevaran a un debilitamiento. La preparación y la reacción frente a los riesgos de salud en la UE es responsabilidad de los Estados miembros y, por ello, es esencial que se mejore la cooperación y la coordinación entre ellos, las instituciones y las organizaciones internacionales y regionales, especialmente durante las fases iniciales de un brote viral, a fin de evaluar su gravedad y poder tomar decisiones de gestión pertinentes y adoptar un enfoque coherente. Las recomendaciones divergentes formuladas en la UE y en los Estados miembros con respecto a los grupos prioritarios de vacunación indican la enorme incertidumbre y los puntos de vista divergentes que persisten con respecto a una respuesta adecuada. Los costes, que fueron muy importantes, también podrían haberse reducido a través de una mayor cooperación entre los Estados miembros y entre estos y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Apoyo la necesidad de elaborar un código europeo de conducta para el ejercicio de la función de experto científico en cualquier organismo público europeo competente en materia de seguridad, gestión y prevención de riesgos, con el fin de evitar futuros casos de corrupción.

  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) La gestión de la epidemia de gripe H1N1, de la que se había alertado previamente, fue un fracaso. Por tanto, debemos aprender de esta crisis para que, en el futuro, podamos hacer frente a cualquier amenaza de pandemia de manera más eficaz. Claramente, los Estados miembros deberán cooperar más entre sí —y también con las instituciones europeas— para poder dar una respuesta más eficaz en caso de pandemia. De manera similar, tenemos que aclarar el papel de las estructuras europeas de gestión de los riesgos sanitarios y asegurarnos de que la OMS revise la definición de los criterios utilizados para activar una alerta mundial de pandemia. Por último, parece conveniente establecer un sistema para la adquisición pública común de vacunas por los Estados miembros. Por último, pero no menos importante: debe existir una total transparencia en lo relativo a los expertos que asesoran a las autoridades europeas de salud pública, para poner fin a los posibles conflictos de intereses.

  Anne Delvaux (PPE), por escrito. – (FR) Acojo con satisfacción la votación de este informe, para el cual fui designada ponente alternativa del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos). Pensando en los aproximadamente 500 millones de ciudadanos que representamos, tenemos que aprender de esta crisis para poder hacer frente de manera más efectiva a cualquier otra amenaza de pandemia que pueda presentarse. El texto aprobado ayer es un muy buen compromiso en términos de cooperación, independencia y transparencia en materia de salud.

A la vista de la ausencia demostrada de una verdadera cooperación en materia de salud entre los Estados miembros, había que adoptar un enfoque constructivo y pragmático en relación con las siguientes medidas:

Una cooperación reforzada entre los Estados miembros y una mejor coordinación entre los Estados miembros y las instituciones europeas, para garantizar una respuesta más eficaz en el caso de una futura pandemia;

La clarificación de las funciones de las estructuras europeas de gestión de los riesgos en materia de salud;

La petición a la OMS de revisar la definición de los criterios utilizados para lanzar una alerta mundial de pandemia;

La evaluación de las estrategias de vacunación y comunicación aplicadas en los Estados miembros, para recuperar la confianza de los ciudadanos;

La creación de un sistema de adquisición pública común de vacunas por los Estados miembros, para evitar las disparidades;

La publicación de las declaraciones de interés de los expertos que asesoran a las autoridades europeas de salud pública, para evitar cualquier conflicto de intereses.

  Ioan Enciu (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de este informe porque creo que se requiere una mejor coordinación a escala de la UE en términos de respuesta a los riesgos epidemiológicos. El caso de la gripe H1N1 puso de manifiesto una gestión de riesgos deficiente a escala mundial, principalmente debido a la insuficiente correlación entre los niveles de alerta y los peligros reales. Las consecuencias de esta situación supusieron el despilfarro de grandes sumas de dinero. En este contexto, creo que la Unión Europea debe aplicar un sistema independiente para la evaluación de los riesgos de pandemia y que es necesario lograr una mejor coordinación en lo relativo a la gestión de esos riesgos. En este contexto, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades debe contar con las capacidades necesarias para poder desempeñar un papel tan activo como sea posible en ese ámbito.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre la gestión de la gripe H1N1, porque pone de relieve la importancia de fortalecer la cooperación, la independencia y la transparencia en la gestión de las crisis pandémicas futuras, en particular mediante una mejor aplicación de las competencias del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades como una agencia independiente.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) En 2009, el miedo a un virus con un potencial de pandemia elevado y probablemente mortal, el de la gripe A, se apoderó de todo el mundo. Afortunadamente, los peores temores con respecto a las tasas de morbilidad y mortalidad asociadas con el virus H1N1 no se confirmaron. En Europa, este virus causó la muerte de 2 900 personas, muy por debajo del número de fallecimientos causados por la gripe estacional. Sin embargo, como resultado de las alertas de la Organización Mundial de la Salud y del miedo los Estados miembros adoptaron una serie de medidas excepcionales, tales como la vacunación masiva, lo que supuso un coste considerable para los sistemas de salud. En lugar de señalar los errores, es importante sacar conclusiones de la gestión de la gripe A que se llevó a cabo. En mi opinión, la más importante de todas ellas es que, a pesar de todo, es mejor errar por exceso que por defecto. En segundo lugar, debemos aprender lecciones para la gestión de futuras pandemias, que podrían ser más agresivas, y entender cómo y cuándo debemos actuar y qué medidas debemos tomar.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Afortunadamente, de acuerdo con los datos facilitados por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), el virus de la gripe H1N1 causó menos muertes de lo inicialmente previsto y actualmente se considera una enfermedad de poca gravedad en la UE. Al comienzo de su propagación se generó un cierto alarmismo, que llevó a varios Estados miembros a acometer inversiones importantes en unos programas de vacunación que, en última instancia, resultaron ser excesivos, ya que en países como Polonia, que no adoptó ninguna medida excepcional, la tasa de mortalidad se mantuvo en el mismo nivel que la de los países que se embarcaron en campañas nacionales de vacunación, con unos costes estimados en muchos millones de euros.

Según este informe, «las políticas de adquisición de vacunas ya se habían establecido previamente en contratos de compra celebrados en 2007 con las empresas farmacéuticas». Ello revela una falta de transparencia en este procedimiento, debido a la inaceptable dependencia de los Estados miembros con respecto a las empresas farmacéuticas. Por ello, estoy de acuerdo con la ponente y espero que sus recomendaciones sean tenidas en cuenta por la Comisión y todos los Estados miembros, especialmente en lo relativo a la seguridad de la información y el principio de precaución, que debe beneficiar a los pacientes en lugar de a las empresas.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) A la vista de los problemas surgidos en relación con la gestión de la pandemia declarada de gripe A (H1N1) y de las cifras reconocidas (2 900 fallecimientos por gripe H1N1, en tanto que, el mismo año, la gripe estacional causó 40 000 muertes), el informe reclama transparencia, lo que nos parece loable. Ello se refiere tanto a lo que sucedió, esclareciendo totalmente los procedimientos adoptados y las responsabilidades, como al enfoque a adoptar en situaciones futuras. En particular, se mencionan los siguientes asuntos: la cuestión de la adquisición de vacunas y tratamientos antivirales; la información sobre los casos registrados y su gravedad; la concesión de acceso a los documentos relativos a las pruebas clínicas, los protocolos de investigación y los efectos perjudiciales de los medicamentos (por parte de la Agencia Europea de Medicamentos); y los conflictos de intereses entre los especialistas que asesoran a las autoridades sanitarias públicas europeas. El informe «pide que se revisen los planes de prevención elaborados en la UE y sus Estados miembros para futuras pandemias de gripe con objeto de ganar en eficacia y coherencia, autonomía y flexibilidad». También recomienda un refuerzo de la cooperación entre los Estados miembros en este ámbito, tanto en relación con la definición de la gravedad de los brotes virales como en lo que respecta a la toma de decisiones. En general, lo consideramos un informe positivo y por ello hemos votado a favor.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) En esta etapa de evaluar lo sucedido durante la gestión del problema de la gripe H1N1, debemos aprender algunas lecciones y reconocer la necesidad de que los países dispongan de unos sistemas públicos de salud y unos servicios de extensión en materia de salud pública que puedan intervenir en diversos ámbitos, a saber:

- En la elaboración y evaluación de estudios científicos, independientes de la industria farmacéutica, en relación con la eficacia, la seguridad y la relación riesgo-beneficio de las vacunas antivirales y los medicamentos, así como en relación con los grupos destinatarios recomendados;

- En la evaluación de la información sobre los medicamentos recomendados en el caso de una emergencia sanitaria, especialmente en situaciones de pandemia;

- En el fortalecimiento de la capacidad en términos de gestión y previsión de los riesgos y en relación con la investigación y el desarrollo en estos ámbitos, así como con respecto a las medidas preventivas de salud pública.

También existe la necesidad de mejorar la cooperación entre los diversos servicios nacionales y entre éstos y las instituciones y organizaciones internacionales y regionales pertinentes.

  Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. – (IT) Respaldo el informe de la señora Rivasi sobre la evaluación de la gestión de la gripe H1N1 en 2009 y 2010 en la UE, porque pone de relieve la actitud excesivamente alarmista de la Unión Europea al evaluar el problema. Estoy a favor de dedicar un grado considerable de atención a las cuestiones relativas a la salud de los ciudadanos de la UE, pero no de adoptar actitudes excesivamente alarmistas, que a su vez resultan en un gasto público sanitario exorbitante. Por ello, he votado a favor del informe.

  Elisabetta Gardini (PPE), por escrito. – (IT) La propuesta de resolución que hemos aprobado ha sentado las bases para una reflexión muy necesaria sobre la respuesta de la Unión Europea a la propagación de la gripe porcina.

En esa ocasión, como todos recordarán, en lugar de encontrar soluciones conjuntas, los Estados miembros se atrincheraron en posiciones individualistas. Las reacciones de los distintos Gobiernos nacionales fueron muy variadas: desde las vacunaciones a gran escala a la opción de no vacunar a nadie, como ocurrió en Polonia. Esa experiencia debe servirnos de motivación para mejorar la coordinación entre las autoridades sanitarias nacionales y las instituciones europeas, revisar las estrategias de prevención y vacunación, y redefinir los criterios utilizados para activar una alerta de pandemia.

Quiero señalar que una cooperación más eficaz no debe conducir únicamente a una reducción de los costes derivados de la gestión de estas crisis, especialmente a través de la posible adquisición conjunta de vacunas por parte de los Estados miembros, sino que, sobre todo, puede contribuir a garantizar que las personas gocen de una mejor protección, ya que, como es natural, las fronteras nacionales no detienen la propagación del virus.

Por último, espero que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades reciba el apoyo que merece, para que pueda seguir haciendo su trabajo de evaluación y control de las emergencias sanitarias con total autonomía.

  Robert Goebbels (S&D), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe sobre la evaluación de la gestión de la gripe H1N1. No obstante, quiero señalar que, de hecho, dicha «gestión» fue una nueva muestra de capitulación ante el «principio de precaución», que obliga a actuar antes de haber reflexionado adecuadamente. El hecho de que la Directora General de la OMS declarase una pandemia peligrosa pero optara por no vacunarse ella misma es un ejemplo muy ilustrativo de la discrepancia entre la opinión personal sobre la gravedad del brote y el discurso público de los responsables. Desde el asunto de la sangre contaminada, ninguna autoridad de salud pública se ha mostrado dispuesta a asumir responsabilidad alguna.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) La gripe H1N1 fue muy instructiva. En primer lugar, nos enseñó una manera de despilfarrar el dinero. El coste de esta gripe «porcina» (900 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas) no se debe al número de víctimas. La gripe H1N1 produjo diez veces menos víctimas que la gripe estacional común. Pero lo cierto es que esas 2 000 víctimas anuales, la mayoría de las cuales eran personas mayores o ya enfermas, no interesan a nadie. Son mucho menos exóticas.

En segundo lugar, nos enseñó a camuflar totalmente la falta de competencia con unos discursos alarmistas y algo de gesticulación. Decenas de millones de dosis fueron adquiridas de manera innecesaria. Ante nosotros se puso en marcha lo que debía ser un programa de vacunación masiva, organizado sin tener en cuenta el sentido común. La comunicación era tan exagerada y contradictoria que los ciudadanos franceses dieron la espalda con recelo, y con razón, a las instrucciones que se les daban.

Existía la sospecha de intereses comunes entre los que tomaban las decisiones políticas y los que se beneficiaban económicamente de esas decisiones. Por último, la gripe H1NI nos enseñó que, en Francia, por muy propenso a los errores, por muy negligente o por muy incompetente que sea un ministro, nada le hace dimitir. Y la actualidad cotidiana del Gobierno de Francia es la prueba de que, en relación con este asunto, nada, absolutamente nada, ha cambiado.

  Mathieu Grosch (PPE), por escrito. – (DE) En 2009 y 2010 hubo una falta de transparencia en relación con la forma en que gestionamos el brote de gripe de la cepa H1N1, definido por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Este hecho se aborda en el informe sobre la evaluación de la gestión de la gripe H1N1 en 2009 y 2010 en la UE. Acojo con satisfacción este informe, especialmente porque aboga por una total transparencia en relación con los medicamentos utilizados en el caso de una intervención médica urgente y una pandemia.

Los Estados miembros actuaron unilateralmente al adquirir y utilizar las vacunas. En ese contexto, lo importante es evaluar la estrategia seguida para hacer acopio de vacunas y trabajar con vistas a la adquisición conjunta por parte de los Estados miembros en el futuro. También es importante mejorar la coordinación entre las autoridades competentes de los Estados miembros y las agencias europeas.

  Françoise Grossetête (PPE), por escrito. – (FR) Gracias a las enmiendas presentadas por mi grupo político —el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos)—, este informe contiene una serie de propuestas constructivas que han de ayudarnos a aprender de la crisis sanitaria causada por el virus H1N1, especialmente mediante la mejora de la coordinación europea.

En realidad, el informe inicial contenía algunas imprecisiones y podría haber incitado a la población a no vacunarse. Sin embargo, el informe aprobado hoy busca recuperar la confianza de nuestros conciudadanos en relación con la gestión de las crisis sanitarias. Los profesionales de la salud deberán estar más involucrados en la elaboración y aplicación de una estrategia de prevención y lucha contra una pandemia. No podemos seguir permitiendo esta confusión y esta desconfianza en torno a las campañas de vacunación.

Será esencial mejorar la comunicación, teniendo en cuenta lo fácil que resulta que circulen los rumores sin base científica en los nuevos medios de comunicación y en Internet. Por fortuna, la gripe resultó menos grave de lo previsto, pero sería peligroso subestimar el grado de imprevisibilidad y de gravedad potencial de futuras pandemias.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe porque la Organización Mundial de la Salud debería revisar urgentemente su definición a fin de incluir en sus definiciones de las fases de una pandemia la gravedad de la enfermedad. Es necesaria una mayor cooperación en la respuesta a las pandemias. Debe haber una revisión de los planes de prevención, una clarificación y, en caso necesario, una revisión de las funciones y responsabilidades de actores clave, así como una cooperación reforzada entre los Estados miembros, con objeto de asegurar una gestión coherente de los riesgos en respuesta a una pandemia, conforme al Reglamento Sanitario Internacional, así como una mejor coordinación por parte de los Estados miembros con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Debe establecerse un procedimiento que permita a los Estados realizar adquisiciones conjuntas de manera voluntaria. Los fabricantes deben ser plenamente responsables de las indicaciones autorizadas de sus productos, lo que los Estados miembros deben aplicar totalmente en todos los contratos de adquisición de vacunas. Deben revisarse los planes de prevención elaborados en la UE y sus Estados miembros para futuras pandemias de gripe con objeto de ganar en eficacia y coherencia y de dotarlos de la suficiente autonomía y flexibilidad para adaptarse tan rápidamente como sea posible y caso por caso al riesgo real, en particular, sobre la base de la información actualizada pertinente. Estoy de acuerdo con la opinión de que, para tener éxito, las estrategias de vacunación deben basarse en tres condiciones: eficacia de la vacuna, buena relación riesgo-beneficios de la vacuna y determinación de los grupos de riesgo.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) Creo que la resolución sobre la evaluación de la gestión de la gripe H1N1 en 2009 y 2010 en la UE revela claramente los errores cometidos y, al mismo tiempo, sienta las bases para gestionar de manera nueva y eficaz las pandemias de gripe. Es bien sabido que la reacción a la propagación de la gripe H1N1 fue exagerada en comparación con la magnitud real del problema. Precisamente por esa razón, creo que deben revisarse los planes de prevención europeos para las pandemias de gripe, a fin de proporcionar respuestas rápidas, coherentes y eficaces. En ese sentido, creo que es esencial fortalecer la cooperación y la coordinación entre los Estados miembros para lograr un enfoque estratégico del problema que sea auténticamente europeo. Además, como se menciona en el texto de la resolución, creo que sería útil que, junto a los operadores del sector farmacéutico, en este proceso participaran expertos científicos independientes, no vinculados a la industria farmacéutica por ningún tipo de interés.

  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. – (RO) Consciente de la gravedad de la gripe H1N1 y de la importancia de la salud de nuestros ciudadanos, creo que este informe es especialmente significativo, ya que también pone de relieve la forma correcta de gestionar estas situaciones. En 2009, la Organización Mundial de la Salud confirmó la gravedad moderada de esta enfermedad y los distintos enfoques adoptados por los Estados miembros derivaron en unos costes enormes, en la venta de vacunas producidas con urgencia y en una revisión de la definición de pandemia, teniendo en cuenta como criterio a utilizar no solo su propagación geográfica, sino también su gravedad. Estos factores ponen de relieve la absoluta necesidad de un enfoque diferente. La Unión Europea necesita una mayor cooperación, transparencia e independencia en relación con la resolución de estas situaciones.

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), por escrito. – (PL) La cuestión de la gripe aparece cada año en la agenda, no solo en la del Parlamento Europeo sino también en la de muchos parlamentos nacionales. Creo que el informe Rivasi adopta un enfoque muy amplio en relación con el problema de la gripe H1N1, analizando esta cuestión desde diversas perspectivas, como la cooperación, la independencia y la transparencia, que serán absolutamente esenciales en el caso de una futura pandemia. Creo que la Unión Europea debe adoptar medidas activas y rápidas y, por ello, he votado a favor de la aprobación del informe sobre la gestión de la gripe H1N1.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe porque no hay nada que objetar en su contenido. No obstante, dado el impacto limitado de la gripe H1N1, no estoy seguro de por qué el Parlamento decidió asignarle tiempo y recursos.

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), por escrito. – (CS) Quiero expresar mi agradecimiento a la ponente por un informe muy detallado y franco, que contiene muchos mensajes alarmantes. No cabe duda de que el enfoque conjunto adoptado por la UE durante la pandemia confirmó las posibilidades de la acción conjunta, al tiempo que puso de manifiesto una serie de debilidades dramáticas, especialmente en los ámbitos de la prevención, las estadísticas objetivas y la adquisición de medicamentos seguros y eficaces. En los últimos tiempos, la UE se ha enfrentado en dos ocasiones al problema de una infección viral peligrosa. No se ha aprendido lo suficiente de la experiencia. Acojo con satisfacción las propuestas relativas a llevar a cabo unas pruebas más estrictas en relación con la eficacia de los medicamentos y a urgir a la recopilación de datos objetivos, así como al interés en proteger a todos los ciudadanos de la UE, independientemente del sistema de salud. Considero que la petición de financiación para la investigación y el desarrollo tiene una importancia fundamental, al igual que la norma de que las empresas farmacéuticas tengan un papel consultivo y no de decisión. Lo anterior se aplica también a los estudios y pruebas de las vacunas y otros medicamentos, que deben elaborarse con independencia de las empresas farmacéuticas. También ha apoyado la demanda de unas normas más estrictas para los profesionales y asesores que trabajan para las instituciones europeas. El público debe ser informado con claridad y transparencia, pero de un modo que no induzca al pánico, sino que proporcione una información útil y comprensible. Como Cuestor responsable de manera conjunta de proteger la salud de los diputados y los trabajadores del Parlamento Europeo, quiero señalar que las medidas que hemos adoptado en el Parlamento Europeo han sido eficaces, pero no baratas.

  Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) Sobre la base de los datos estadísticos presentados en este informe, la reacción a la propagación de la gripe H1N1 fue, en realidad, desproporcionada en relación con la verdadera naturaleza del fenómeno, lo que generó, de hecho, la puesta en marcha de unas campañas de vacunación muy costosas en muchos Estados miembros. Por tanto, la ponente ha considerado adecuado plantear unas cuestiones de gran importancia, respecto, en primer lugar, a la influencia dominante de las empresas farmacéuticas. La ponente insta a que los estudios sobre los medicamentos antivirales sean independientes de las empresas farmacéuticas. Los procedimientos de aprobación acelerados han demostrado sus limitaciones, porque no existe evidencia científica alguna disponible y, por tanto, siguen utilizándose los datos publicados por la industria. Existe también la necesidad de mejorar la cooperación, para solicitar una revisión de los planes de prevención y las funciones de los actores clave y también para que los Estados miembros realicen adquisiciones conjuntas de manera voluntaria. La Organización Mundial de la Salud (OMS) debe revisar su definición de pandemia tan pronto como sea posible, a fin de incluir la gravedad del virus en su clasificación. En este sentido, es necesario que la vacuna sea eficaz, que la relación riesgo-beneficios sea positiva y que se dirija realmente a los grupos de riesgo. Por último, debemos evitar cualquier conflicto de intereses, ya que ello puede generar de manera inmediata la sospecha de presiones indebidas entre la opinión pública.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Este informe tiene la virtud de condenar la falta de transparencia de la Agencia Europea de Medicamentos, así como los vínculos entre las empresas farmacéuticas y los expertos en materia de vacunas y antivirales. Por tanto, es una lástima que el informe no pida la suspensión de las actividades de dicha agencia hasta que se lleve a cabo una reforma real y exhaustiva. Con mi voto, intentaré alentar a la ponente a ir más lejos la próxima vez.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La gestión de la gripe H1N1 en la Unión Europea ha puesto de manifiesto una serie de dificultades, especialmente en relación con su verdadera gravedad y dimensión. La respuesta de los Estados miembros fue desproporcionada y extremadamente costosa, en comparación con las víctimas que produce cada año la gripe común y las partidas dedicadas por los Estados miembros a combatirla. Un análisis de la gestión de la gripe H1N1 en Europa pone de relieve un problema fundamental: la ausencia de una evaluación independiente por parte de las autoridades sanitarias nacionales y/o europeas, y la consiguiente incapacidad de adaptar las medidas de salud pública de la mejor manera posible y en tiempo real a las estadísticas reales clínicas y epidemiológicas disponibles. Por tanto, es necesario realizar cambios en la gestión de futuros casos de pandemias, con el fin de evitar el pánico generalizado entre la población y los costes innecesarios.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – Este informe evalúa la gestión de la gripe H1N1 en 2009 y 2010 en la UE y pone de relieve los elementos que deben mejorarse: la cooperación, la independencia y la transparencia en la gestión de las crisis pandémicas futuras, en concreto mediante una mejor aplicación de las competencias del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades.

No obstante, una evaluación no es suficiente y no he percibido nuevos avances en lo relativo a reaccionar de manera rápida y eficaz a los brotes de enfermedades, y mucho menos en relación con las medidas preventivas. Como siempre, el informe es vago e inespecífico. A falta de otro, he votado a favor.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) En 2009, la gripe A (H1N1) causó menos víctimas que la gripe estacional. A pesar de que la OMS clasificó la gripe H1N1 como una enfermedad leve, este organismo emitió al mismo tiempo una alerta de pandemia de nivel 6, el más alto posible. A consecuencia, y a fin de cumplir con sus obligaciones para con la población, los Estados miembros de la UE invirtieron miles de millones de euros para combatir un brote de gripe con un grado de amenaza potencial mucho menor que el de la gripe normal. También los medios de comunicación contribuyeron al pánico. Si se anuncia una pandemia, que se describe como peligrosa, y al final resulta ser una tormenta en un vaso de agua, las advertencias futuras no se tomarán en serio, lo que resulta preocupante. Ello demuestra claramente que la OMS debe revisar sus criterios de pandemia.

Naturalmente, en el caso de una pandemia, una cooperación adecuada y la adquisición conjunta resultan ventajosas, al contribuir a lograr reducciones de precios. No obstante, si la autorización de nuevos medicamentos se acelera para hacer frente a unas pandemias ilusorias, nos enfrentamos a un problema enorme. No se ha considerado aquí el papel de los medios de comunicación y las empresas farmacéuticas a la hora de alentar el pánico. Por ello, me he abstenido en la votación.

  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución, porque es difícil predecir la gravedad y la evolución de una pandemia y muchas veces, cuando ocurre una pandemia, se toman muchas decisiones desproporcionadas. Por tanto, es necesario prestar una gran atención a asegurar la cooperación, la independencia y la transparencia. Por encima de todo, los planes de prevención establecidos en la UE y sus Estados miembros para las futuras pandemias de gripe deben revisarse de forma coherente, de modo que sean flexibles y se adapten con eficacia cada vez que exista un riesgo de una pandemia de gripe. Además, debemos fomentar la cooperación y la coordinación de la acción a escala internacional y regional, a fin de asegurar adecuadamente la gestión de los riesgos y de reaccionar rápidamente ante el riesgo de una pandemia. Creo que deben asignarse más recursos financieros a la investigación y el desarrollo y para ello tenemos que aumentar la inversión para evaluar y prevenir el impacto de un virus de la gripe. Es importante asegurarse de que el proceso de acuerdos previos de compra y suministro se lleve a cabo con transparencia, reduciendo la corrupción en este ámbito. Debemos limitar la influencia de las empresas farmacéuticas, no solo en lo relativo a la distribución, sino también en lo que respecta a la realización de estudios sobre las vacunas y los medicamentos antivirales. Los expertos científicos deben declarar públicamente que no tienen intereses financieros o de otro tipo en la industria farmacéutica.

  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. – (EL) He votado a favor del informe sobre la evaluación de la gestión de la gripe H1N1 en 2009 y 2010 en la UE. En muchos casos, como en Grecia, la atención prestada a esta cuestión por parte de las instituciones y del Estado disminuyó a medida que fue reduciéndose su cobertura informativa. El debate sobre la gripe se ha interrumpido, pero el virus no solo continúa existiendo sino que está demostrando ser aún más letal que antes. En Grecia, por ejemplo, recientemente se produjo un aumento tanto en el número de personas afectadas como en el de fallecimientos debidos a la enfermedad, con más de un centenar de víctimas. La causa principal que se ha ofrecido a modo de explicación es la falta de información: las personas de los grupos vulnerables, como los enfermos crónicos, que deberían haber solicitado la vacunación, no lo hicieron, creyendo que el peligro había pasado.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) El informe sobre la gestión de la gripe H1N1 en 2009 y 2010 en la UE pone de manifiesto la escasa gravedad que tuvo la enfermedad en términos estadísticos en el ámbito europeo (en términos humanos, cada persona fallecida supone una pérdida irreparable). El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades informó de 2 900 fallecimientos en 2009 en Europa como resultado de la infección por H1N1. Esta cifra es inferior a las estimaciones oficiales de la Comisión Europea sobre el número de fallecimientos debidos exclusivamente a la gripe estacional. También es notablemente inferior a las previsiones más optimistas de los servicios de salud de los Estados miembros. El hecho de que los Estados miembros y las instituciones europeas aceptaran el nivel de alerta máximo declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio lugar a un conjunto de medidas costosas y desproporcionadas a la luz de la gravedad de la gripe H1N1. No obstante, dada la recomendación de la OMS, no creo que pudiera haberse optado por ningún otro curso de acción. Sin embargo, sigue siendo necesario reflexionar sobre este caso y estoy de acuerdo con la opinión de la ponente en el sentido de que la UE requiere de una mayor cooperación entre sus Estados miembros, una mayor independencia y una mayor transparencia, especialmente en lo que respecta a la evaluación de costes y beneficios de estas medidas de gran impacto financiero.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – El informe considera que se necesita una mayor cooperación en respuesta a las pandemias y pide una revisión de los planes de prevención establecidos en la UE y sus Estados miembros. También insta a una cooperación reforzada entre los Estados miembros y a la coordinación entre dichos Estados miembros y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC). Asimismo, reclama que la OMS revise la definición de pandemia, en función de su extensión geográfica y su gravedad. Se sugiere que el ECDC aplique sus competencias como una agencia independiente para evaluar y comunicar la gravedad de los riesgos de infección en la UE, formulando recomendaciones sobre las mejores prácticas en ámbitos tales como las técnicas de gestión de crisis, la vacunación y las estrategias de comunicación. Por otra parte, el informe pide una evaluación de las estrategias en materia de vacunación contra la gripe recomendadas en la UE y aplicadas en los Estados miembros que incluya la eficacia de las vacunas, su relación riesgo-beneficios y los diferentes grupos de destinatarios recomendados, con vistas a un uso seguro y eficaz de las vacunas. Pide también que los Estados miembros presenten comunicaciones con la información pertinente ante la Comisión (es decir, el número de dosis de vacunas adquiridas y utilizadas realmente, el número de infecciones por H1N1, la cifra de personas fallecidas a causa de la infección, etc.). La UE debe mejorar la cooperación, la independencia y la transparencia en la gestión de las futuras crisis de pandemias.

  Crescenzio Rivellini (PPE), por escrito. – (IT) Quiero felicitar a la señora Rivasi por su excelente trabajo. Este informe es un intento importante de poner de relieve las dudas que se han planteado en relación con la respuesta desproporcionada a la gripe porcina en Europa, así como la posible influencia de las empresas farmacéuticas sobre las medidas adoptadas.

Soy crítico con la respuesta que dio la UE en 2009 y 2010 a la «gripe porcina», el virus H1N1. Con vistas al futuro, sugiero la adquisición conjunta de vacunas, para ahorrar dinero, y unas normas más eficaces para evitar los conflictos de intereses, por ejemplo mediante la publicación de la declaración de intereses de los expertos que asesoran a las autoridades sanitarias europeas. En este sentido, cabe señalar que, de acuerdo con la legislación europea, la responsabilidad sobre las vacunas recae en los fabricantes y no en los Gobiernos nacionales.

También pido a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que revise la definición de «pandemia», de manera que también tenga en cuenta la gravedad de la enfermedad y no solo la extensión geográfica del virus. Con el fin de que la Unión disponga de sus propias capacidades de evitar los riesgos de pandemia, debe asegurarse al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) el apoyo necesario para realizar esta tarea de forma totalmente independiente.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Hoy el Parlamento Europeo ha puesto de manifiesto la respuesta desproporcionada al brote de gripe porcina en Europa. Los Estados miembros gastaron miles de millones de euros en vacunas que se autorizaron de forma precipitada pese a la naturaleza moderada del virus. Se abusa visiblemente de los presupuestos sanitarios, y hay cuestiones relativas a la sanidad mucho más importantes por abordar que proporcionar ayudas a las grandes empresas farmacéuticas. Hoy los diputados al Parlamento Europeo han solicitado una revisión de los mecanismos de respuesta sanitaria de la UE. Los planes de preparación deben ser lo suficientemente autónomos y flexibles para adaptarse con la máxima celeridad posible a los riesgos reales. La evaluación de los medicamentos debe ser totalmente transparente, y todas las declaraciones de intereses deben publicarse para que el público pueda identificar los posibles conflictos de intereses. La UE siguió a ciegas las recomendaciones de la OMS en su respuesta al brote de gripe porcina, y esto es algo que, sin duda, debe cambiar. El Parlamento Europeo ha pedido que se lleve a cabo una evaluación de riesgos exhaustiva a escala de la UE y que se dote al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades de medios adecuados para cumplir todos sus cometidos, especialmente a la hora de evaluar la gravedad del riesgo de infección.

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) A pesar de que la virulencia de la gripe H1N1 en Europa no ha sido especialmente agresiva, hasta la fecha este virus ha provocado nada menos que 4 700 fallecimientos.

El informe publicado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) señala que, al gestionar el virus, la UE no ha podido adaptarse con rapidez a las medidas médicas necesarias para restringir la infección. Ello se debe en gran medida a las estrategias de prevención adoptadas en los distintos Estados miembros, previstas en consulta con la Organización Mundial de la Salud (OMS) hace años sin siquiera haber recibido actualizaciones sustanciales.

Para impedir que dichas situaciones se repitan, en vista de las duras críticas recibidas sobre el modo de distribuir las vacunas, en el futuro debemos concentrar nuestros esfuerzos de manera específica en esta dirección, optimizando los procedimientos de autorización para la comercialización de medicamentos utilizados como reacción a las crisis sanitarias.

  Oreste Rossi (EFD), por escrito. – (IT) Apoyamos el informe de propia iniciativa, puesto que todos sabemos que el excesivo alarmismo ligado a la denominada pandemia de la gripe aviar le costó a la UE diez veces más que la campaña de la gripe normal.

El hecho de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aceptase la alarma sin actuar de manera independiente mediante análisis de costes y riesgos realizados por las agencias europeas, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA) dio lugar a campañas costosas e innecesarias y, en concreto, animó a la población a adquirir cantidades desproporcionadas de material estéril desechable y desinfectantes. El resultado final en cuestión de fallecimientos, que es lo que el legislador debe tener en cuenta, fue incluso inferior al registrado en una gripe normal estacional.

Por tanto, es esencial que la Comisión informe al Parlamento en un período de seis meses, mediante un análisis detallado de costes y beneficios en el que indique cómo tiene previsto reaccionar ante situaciones similares en un futuro. La OMS debe revisar su definición de pandemia para que incluya tanto el alcance geográfico como la virulencia de la infección.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – He apoyado este informe que evalúa la gestión de la gripe H1N1 y aboga por un mecanismo de adquisición común de vacunas. Es importante que aprendamos de brotes anteriores para que podamos protegernos mejor en el futuro.

  Thomas Ulmer (PPE), por escrito. – (DE) He votado a favor del informe después de que la comisión haya logrado en cierta medida acallar las acusaciones y solventar los errores de apreciación. El informe es crítico e indica las vías que la UE puede elegir para organizarse mejor en un futuro, con una acción conjunta más amplia para impedir las pandemias.

  Marina Yannakoudakis (ECR), por escrito. – Si bien el Grupo ECR está a favor de mejorar las líneas de comunicación y cooperación entre los Estados miembros en relación con las amenazas en materia de salud pública como las epidemias, el informe sobre la gripe H1N1 informa a los Estados miembros sobre los hechos relativos a esta gripe y sobre las precauciones que deben tomar en caso de producirse otra epidemia. Hay varios hechos cuestionables en el informe y en la exposición de motivos que pueden crear un concepto falso de la gripe H1N1, de su impacto sobre las sociedades europeas y de los planes de respuesta del gobierno. Consideramos que las medidas que se recomienda que adopten los Estados miembros cuando se enfrenten a futuras epidemias (desde la adquisición de vacunas a la denuncia de hechos ante los organismos de la UE) no son adecuadas y no resolverían ninguna cuestión importante asociada a la gripe H1N1 o a futuras pandemias.

El informe también responsabiliza a los fabricantes de las vacunas, que pueden obstaculizar el suministro de las mismas y difuminar las líneas de responsabilidad. Asimismo, el expediente intenta ampliar el mandato del ECDC y su relación de trabajo con los Estados miembros, lo cual no es deseable, ya que puede provocar un incremento de su dotación presupuestaria. En consecuencia, el Grupo ECR ha votado en contra de este informe.

Informe: Inés Ayala Sender (A7-0048/2011)

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Apoyo el resultado favorable de la votación en comisión sobre el nombramiento de Harald Wögerbauer como nuevo miembro del Tribunal de Cuentas, sobre la base de una evaluación positiva de su curriculum vitae y de las respuestas escritas que ha proporcionado al cuestionario que se planteó a los candidatos para el puesto en cuestión.

  Catherine Grèze (Verts/ALE), por escrito. – (FR) Con motivo del centenario del Día Internacional de la Mujer que celebramos hoy, he votado en contra del nombramiento del señor Harald Wögerbauer, puesto que no hay suficientes mujeres en el Tribunal de Cuentas Europeo.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) He mostrado mi acuerdo con esta propuesta porque el señor Harald Wögerbauer cumple las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 286 del Tratado de Funcionamiento de la UE y ha obtenido un dictamen favorable con respecto a su designación como miembro del Tribunal de Cuentas.

  David Martin (S&D), por escrito. – Me he abstenido en la votación sobre el nombramiento del señor Harald Wögerbauer como miembro del Tribunal de Cuentas. El motivo han sido los informes proporcionados por algunos colegas sobre su actuación poco clara en cuanto a su experiencia en el Tribunal de Cuentas austriaco.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) El Tribunal de Cuentas es una instancia de control que verifica la legalidad y la regularidad de los ingresos y gastos de la Unión Europea y que supervisa su buena gestión financiera, operando con plena independencia. En este sentido, el nombramiento de sus miembros debe regirse por criterios de capacidad e independencia. Así, a iniciativa del Consejo, Harald Wögerbauer fue presentado como candidato para el Tribunal de Cuentas. Presentó su curriculum vitae, contestó a un cuestionario escrito y respondió ante la Comisión de Control Presupuestario. Defendió lo suficientemente bien su caso como para justificar su nombramiento al Tribunal de Cuentas, donde desempeñará sus tareas de forma competente e independiente.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) A raíz de las reformas constitucionales exigidas por el Tratado de Lisboa en 2010, los partidos en el Gobierno austriaco introdujeron una especie de procedimiento de nombramiento normalizado para algunos cargos en la UE. Parece ser que faltan varios puestos importantes en la lista que figura en el artículo 23c de la Constitución federal austriaca, según el cual las decisiones relativas a los nombramientos de funcionarios superiores deben comunicarse, como mínimo, al Presidente de Austria o, en caso alternativo, el Gobierno federal debe buscar un consenso con el Consejo Nacional con respecto a los nombramientos. Harald Wögerbauer, Director político del club parlamentario del Partido Popular Austriaco, va a convertirse en nuevo miembro del Comité Administrativo del Tribunal de Cuentas Europeo. Según parece, el señor Wögerbauer cumple los criterios técnicos. No obstante, dado que el Partido Popular Austriaco parece estar adoptando algún tipo de línea autónoma en relación con las decisiones pendientes relativas al personal a escala de la UE y ello contraviene tanto los principios democráticos como la exigencia continua de una mayor transparencia en los nombramientos en la UE, me he abstenido en esta votación.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe relativo al nombramiento de Harald Wögerbauer para el cargo de miembro del Tribunal de Cuentas. Todos los datos presentados, en los que he basado mi decisión, indican que los criterios establecidos en el apartado 1 del artículo 286 del Tratado de Funcionamiento de la UE, y de manera específica, las garantías de independencia, se han cumplido, y por ello acojo con satisfacción el nombramiento de Harald Wögerbauer para el cargo de miembro del Tribunal de Cuentas.

Informe: Crescenzio Rivellini (A7-0023/2011)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Voy a votar a favor de este informe, dada la necesidad de incorporar algunas de las recomendaciones adoptadas por la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), que ya se aplican en los países miembros de la CGPM, en un único acto legislativo de la UE. Esta simplificación es necesaria para evitar la redacción de reglamentos anuales para actualizar la legislación, como ha sucedido en el pasado.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de este documento. Los objetivos de la Política Pesquera Común (PPC) son garantizar la explotación sostenible de los recursos biológicos vivos y un elevado nivel de protección para el ecosistema. La Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) se creó en 1949 mediante un acuerdo internacional, y la Unión Europea es miembro de dicha Comisión. La CGPM desempeña una importante función a la hora de ejecutar los objetivos fundamentales de la política pesquera: el fomento del desarrollo, la conservación y la gestión de los recursos biológicos vivos, la elaboración y recomendación de medidas de conservación y la promoción de proyectos de cooperación para la formación. Dado que las recomendaciones adoptadas por la CGPM son vinculantes para las Partes contratantes, y la Unión es una de ellas, las disposiciones del acuerdo deben incorporarse al Derecho de la UE, garantizando la coherencia y la aplicación de esta política.

  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de este documento, cuyo objetivo es reunir determinadas medidas adoptadas por la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) en un único instrumento legislativo de la UE. Hasta la fecha, la Unión Europea ha adoptado reglamentos anuales para ajustar la normativa, mientras que este informe supone un paso adelante en la simplificación burocrática y administrativa que tiene como objetivo, entre otros, la Unión Europea.

El documento también aporta claridad incluso a los aspectos puramente técnicos. Por ejemplo, establece medidas claras para restringir la pesca en el Golfo de León y establece las dimensiones mínimas de malla de las redes en el Mediterráneo y en el Mar Negro, al tiempo que prohíbe el uso de dragas y de redes de arrastre a más de 1 000 metros de profundidad. También apoyo la enmienda 27, por la que se establece el requisito de redactar una lista anual de los buques de más de 15 metros de eslora total, a los que autorizan para pescar en la zona de la CGPM mediante la expedición de una autorización de pesca.

  Antonio Cancian (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de este informe porque considero que representa un paso positivo en un sector económico crucial para Europa como lo es la pesca. Creo que cualquier intervención de la UE siempre debería tener como punto de partida un análisis de las necesidades de las empresas locales en función de su actividad, que suelen caracterizarse por la presencia de las pequeñas y medianas empresas que resultan tan esenciales para la economía y la sociedad.

Muchas zonas de las regiones mediterráneas poseen estas características, por lo que resulta muy importante que las propuestas legislativas que tienen por objeto administrar la pesca en esta zona estén claramente inspiradas por el principio de subsidiariedad, para no correr el riesgo de comprometer la totalidad del sistema. También estoy plenamente convencido de que, por encima de todo, es esencial proporcionar una protección especial a las pequeñas y medianas empresas que trabajan en el sector, haciendo que participen en la toma de decisiones y apoyándolas al máximo, puesto que son muy difíciles de rehabilitar. Los reglamentos que no tienen en cuenta estos aspectos pueden ocasionar daños irreparables a los mercados más pequeños, obligando a realizar una conversión a otro ámbito que sería muy difícil de lograr.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Estoy de acuerdo con el proyecto de resolución legislativa sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a determinadas disposiciones aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca del Mediterráneo). A fin de evitar la usurpación de los poderes del Parlamento, el artículo 28 debe eliminarse de esta propuesta; este artículo establece que las disposiciones del Reglamento deben modificarse al hilo de un procedimiento de comitología que limite el papel del Parlamento a actuar de mero receptor de información de la Comisión relativa a los procedimientos de comité de gestión.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe sobre la zona del Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca del Mediterráneo), puesto que incorpora las recomendaciones adoptadas por el CGPM, que ya se aplican en los países miembros de la CGPM, en un único acto legislativo de la UE.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) ha adoptado recomendaciones en sus sesiones anuales. Esta propuesta de Reglamento tiene por objeto simplemente incorporar algunas de las recomendaciones adoptadas en un único instrumento legislativo de la UE al que también se podrán añadir las futuras recomendaciones. El contenido de las recomendaciones adoptadas por la CGPM y las obligaciones que se derivan de las mismas suelen estar incluidas total o parcialmente en la legislación de la UE adoptada previamente, y únicamente deben transponerse los aspectos diferentes. El Reglamento que se ha votado se aplicará a todas las actividades comerciales relacionadas con la pesca y la acuicultura llevadas a cabo por buques de pesca de la UE y ciudadanos de los Estados miembros en la zona CGPM. No se aplica a las operaciones de pesca que se llevan a cabo con el único fin de la investigación científica que se realiza con la autorización y bajo la autoridad de un Estado miembro. En este caso, solo la Comisión Europea y los Estados miembros en cuyas aguas se realiza la actividad deben ser notificados de antemano. Considero que la propuesta de la Comisión podría ir en contra de los poderes del Parlamento con respecto al asunto que nos ocupa, especialmente el artículo 28, que debe sustituirse para garantizar la participación efectiva de esta Cámara en futuras enmiendas al Reglamento y el respeto de sus prerrogativas.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El objetivo de esta propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo es transponer determinadas recomendaciones adoptadas por la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM). La conversión de este acuerdo en un único instrumento legislativo de la UE representa un progreso significativo que permite mejorar el control de las capturas de especies de peces en las aguas afectadas, así como la cooperación, la información y la comunicación entre la Comisión Europea, los Estados miembros y la Secretaría Ejecutiva de la CGPM. Habida cuenta de que ello constituye una simplificación de procedimientos —que elimina los reglamentos anuales— y que estas recomendaciones ya se aplican en países miembros de la CGPM, acojo con satisfacción esta iniciativa, con la que coincido plenamente, y espero la aplicación satisfactoria de este Reglamento.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Reconocemos la importancia y de la cooperación multilateral para el fomento de una conservación y gestión adecuadas de los recursos biológicos marinos, que constituye el asunto de este acuerdo. No obstante, la propuesta de Reglamento aprobada incluye una disposición inadmisible desde nuestro punto de vista que queremos modificar, para lo cual proponemos la eliminación de un apartado del artículo 28. Puesto que la mayoría ha rechazado dicha eliminación, hemos votado en contra de la propuesta definitiva de Reglamento, ya que pretende otorgar a la Comisión poderes para adoptar actos delegados que podrían afectar a un área comprendida en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de un Estado miembro. El área se conoce como «Monte submarino de Eratóstenes» y forma parte de la ZEE de la República de Chipre. Esta posibilidad choca con la soberanía de la República de Chipre, especialmente porque se trata de una zona muy sensible desde el punto de vista político, habida cuenta de que el área en cuestión está disputada ilegalmente por un tercer país candidato a la adhesión a la UE.

El lecho marino de esta zona alberga recursos naturales cuyo derecho de explotación legítimo corresponde a la República de Chipre, según el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En este contexto, el ámbito de competencias de la UE no debe ir más allá de cuestiones relativas a la política pesquera común.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Siempre hemos concedido la máxima importancia a la cooperación multilateral en cuanto al fomento de una conservación y gestión adecuadas de los recursos biológicos marinos, que constituye el asunto de este acuerdo.

No obstante, la propuesta de Reglamento aprobada incluye una disposición inadmisible desde nuestro punto de vista que queremos modificar proponiendo la eliminación de un apartado del artículo 28. Puesto que la mayoría ha rechazado dicha eliminación, hemos votado en contra del proyecto definitivo de Reglamento.

La soberanía de la República de Chipre se ve cuestionada, más aún porque se trata de una zona muy sensible desde el punto de vista político, habida cuenta de que el área en cuestión está disputada ilegalmente por un tercer país candidato a la adhesión a la UE. El lecho marino de esta zona alberga recursos naturales cuyo derecho de explotación legítimo corresponde a la República de Chipre, según el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En este contexto, el ámbito de competencias de la UE no debe ir más allá de cuestiones relativas a la política pesquera común.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) Estoy de acuerdo con este documento, ya que las principales funciones de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) son el fomento del desarrollo, la conservación y la gestión de los recursos biológicos vivos, la elaboración y recomendación de medidas de conservación y la promoción de proyectos de cooperación para la formación. La presente propuesta de Reglamento tiene por objeto simplemente incorporar algunas de las recomendaciones adoptadas por la CGPM, que ya se aplican en los países miembros de la CGPM, en un único acto legislativo de la UE. Se trata de un paso importante hacia la simplificación, dado que hasta ahora la Comunidad Europea se ha limitado a aprobar reglamentos anuales con fines de adaptación normativa. La propuesta incluye varias soluciones inteligentes. Por ejemplo, con respecto a las artes de pesca, la propuesta de Reglamento detalla las dimensiones mínimas de malla de las redes que deben utilizarse en el Mediterráneo (artículo 15) y en el Mar Negro (artículo 16) y prohíbe el uso de dragas y de redes de arrastre a más de 1 000 metros de profundidad (artículo 17). También aborda cuestiones relativas a los buques que realizan una pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), entre otras.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor del informe sobre la zona del Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca del Mediterráneo). La presente propuesta de Reglamento tiene por objeto simplemente incorporar algunas de las recomendaciones adoptadas por la CGPM, que ya se aplican en los países miembros de la CGPM, en un único acto legislativo de la UE, al que se podrán añadir las futuras recomendaciones a través de enmiendas. Ello definiría un paso importante hacia la simplificación, dado que hasta ahora la Comunidad Europea se ha limitado a aprobar reglamentos anuales con fines de adaptación normativa.

  Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) Con esta propuesta de Reglamento, la pertenencia de la Unión Europea a la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) se enfrenta a un punto de inflexión importante. De hecho, está resultando ser extremadamente interesante a la hora de posibilitar la aplicación de determinadas recomendaciones adoptadas por la CGPM en un único instrumento legislativo de la UE. Dicho acto constituye un instrumento jurídico que es, sin duda, más estable que el actual y permite añadir las futuras recomendaciones únicamente modificando la propia ley. Representa un importante paso en la mejora de la seguridad jurídica al tiempo que contribuye a la simplificación de los reglamentos. Por encima de la relevancia de las disposiciones relativas a las dimensiones mínimas de malla de las redes de pesca, el artículo 28 de esta propuesta de reglamento también pone en tela de juicio los poderes del Parlamento. De hecho, afirma que las disposiciones incluidas en el reglamento pueden modificarse en virtud del «procedimiento» de comitología» por el que la Comisión está asistida por comités de gestión presididos por un representante de la Comisión y compuestos por representantes de los Estados miembros. Ello privaría al Parlamento de sus poderes de forma efectiva, por lo que parece deseable que la Comisión funcione mediante actos delegados, previendo la posibilidad de que el Parlamento o el Consejo se vean privados de sus poderes delegados.

  Barbara Matera (PPE), por escrito. – (IT) Coincido con el ponente en la necesidad de simplificar las normas sobre pesca mediante la presentación de un reglamento que pueda reunir las recomendaciones adoptadas por la Comisión General de Pesca del Mediterráneo en un único instrumento legislativo.

También comparto los objetivos y principios que se aplican en la política pesquera común, pero considero que todos los Estados miembros costeros deben garantizar un equilibrio adecuado entre la protección y el valor socioeconómico de los ecosistemas. Dicho de otro modo, creo que debemos instar a la protección de los intereses de las comunidades locales de acuerdo con un principio general.

El Reglamento nº 1967/2006 define minuciosamente las artes autorizadas para pescar en aguas de la zona de la CGPM, en nuestro caso concreto, en el Mediterráneo. Insto a esta Cámara a que tome nota de que, teniendo en cuenta las disposiciones actuales de los reglamentos, el objetivo de salvaguardar nuestros hábitats naturales a veces deriva en consecuencias graves para algunas comunidades pesqueras.

A este respecto, Italia está esperando que la Comisión ordene una exención a la prohibición de pescar dos especies concretas que constituyen el producto principal de un sector pesquero extensivo. Por tanto, quiero que todos los representantes de los 27 Estados miembros, y a través de ellos, la Comisión, tomen conciencia de la necesidad de considerar la flexibilización adicional de estos instrumentos para dotar al sector pesquero local de los medios que necesita para sobrevivir.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) se creó en 1949 mediante un acuerdo internacional. Su ámbito de competencias abarca el Mediterráneo, el Mar Negro y las aguas adyacentes, el fomento del desarrollo, la conservación y la gestión de los recursos biológicos marinos, la elaboración y recomendación de medidas de conservación y la promoción de proyectos de cooperación para la formación. El presente proyecto de Reglamento por objeto simplemente incorporar algunas de las recomendaciones adoptadas por la CGPM, que ya se aplican en los países miembros de la CGPM, en un único acto legislativo de la UE, al que se podrán añadir las futuras recomendaciones a través de enmiendas.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – El informe tiene por objeto incorporar algunas de las recomendaciones adoptadas por la CGPM. Dichas recomendaciones tratan de medidas técnicas. Una de ellas es una cuestión preocupante para la Comisión de Pesca, que considera que el artículo 28 (procedimiento de enmienda) de la propuesta constituye una disposición muy dudosa, en la medida en que podría poner en peligro las prerrogativas del Parlamento y el actual equilibrio institucional inflando las competencias de ejecución de la Comisión hasta el punto de que todas las futuras enmiendas al reglamento estarían sujetas a los poderes de la Comisión. En consecuencia, la Comisión de Pesca propone que se elimine el artículo 28. Parece ser que la Comisión no está totalmente familiarizada con el Tratado de Lisboa, y que algunos funcionarios han decidido tomar decisiones que, de hecho, corresponden al Parlamento. Y eso no debe permitirse bajo ningún concepto. He votado a favor porque creo que esta insolencia por parte de la Comisión está yendo demasiado lejos.

  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución porque la pesca, especialmente en el Mediterráneo, es algo más que una mera actividad económica: es parte de la cultura y del modo de vida. Regiones enteras se basan en la pesca, y por ello es necesario prestar una atención especial a la pesca en esta región, porque la pesca en el Mediterráneo tiene más características específicas que en cualquier otro lugar y debe ser objeto de medidas concretas. En mi opinión, es recomendable incorporar algunas de las recomendaciones adoptadas por la Comisión General de Pesca del Mediterráneo en un único acto legislativo de la UE, habida cuenta de que las recomendaciones mencionadas ya se están aplicando. Asimismo, sería recomendable establecer medidas técnicas, reforzando las restricciones a la pesca en el Golfo de León y endureciendo los requisitos relativos a las redes y la expedición de permisos para las actividades de pesca.

Estoy de acuerdo en que los buques autorizados para la pesca de la lampuga deben estar sujetos a un reglamento más estricto y debe prohibírseles el uso de dragas y de redes de arrastre a más de 1 000 metros de profundidad Asimismo, sería recomendable regular las medidas de control, posibilitando las inspecciones de las operaciones de descarga y trasbordo de buques pesqueros de terceros países y las ocasiones en las que los Estados miembros no permitirán que un buque de un tercer país utilice sus puertos. Me complacen las propuestas de cooperación activa y de intercambio de información con la CGPM.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe del señor Rivellini porque coincido plenamente con la importancia de simplificar los reglamentos de la Unión. El informe brinda la oportunidad de canalizar todas las recomendaciones de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo en un único instrumento legislativo europeo, facilitando así el acceso público a los documentos y ayudando a las instituciones competentes a realizar futuras enmiendas. Creo que la actividad de la simplificación normativa para los ciudadanos y las partes interesadas es un deber que, como legisladores, debemos cumplir con celeridad y detenimiento para que puedan entender las oportunidades que ofrece la UE, pero sobre todo, para eliminar la carga administrativa que comporta tantos gastos adicionales.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – La Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) se creó en 1949 mediante un acuerdo internacional. Su zona de competencia abarca el Mediterráneo, el Mar Negro y las aguas adyacentes. Las funciones principales de la CGPM son el fomento del desarrollo, la conservación y la gestión de los recursos biológicos vivos, la elaboración y recomendación de medidas de conservación y la promoción de proyectos de cooperación para la formación. La presente propuesta de Reglamento tiene por objeto simplemente incorporar algunas de las recomendaciones adoptadas por la CGPM, que ya se aplican en los países miembros de la CGPM, en un único acto legislativo de la UE, al que se podrán añadir las futuras recomendaciones a través de enmiendas. Las disposiciones del Reglamento son los aspectos habituales regulados por dichas organizaciones. El título II aborda las restricciones a las actividades y a las artes de pesca («medidas técnicas»). El título III contempla las medidas de control, como los requisitos de información y las inspecciones, entre otros. El título IV aborda los requisitos para la cooperación, la información y la presentación de informes para que la Comisión y los Estados miembros cooperen e intercambien información con la Secretaría Ejecutiva de la CGPM.

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de esta resolución porque considero que las actividades normativas realizadas por la Comisión General de Pesca del Mediterráneo han sido esenciales, ya que estaban encaminadas a alcanzar un nivel de pesca sostenible en el Mediterráneo.

Las últimas estadísticas relativas a las poblaciones de peces en el Mediterráneo revelan una sobrepesca en más del 54 % de las poblaciones analizadas. Por ello, es prioritario que se adopten medidas legislativas para proteger el entorno marino, con el fin de que las poblaciones de peces vuelvan a registrar niveles sostenibles. La cooperación plena entre Estados miembros será importante, ya que deben incorporar las nuevas normas lo antes posible e imponer las sanciones pertinentes a aquellos que no las cumplan.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe que pretende simplificar los acuerdos existentes relativos a la práctica de la pesca en la zona del Acuerdo del Mediterráneo.

  Niki Tzavela (EFD), por escrito. – (EL) La Unión Europea y Grecia son partes de la Comisión General de Pesca para la zona del Acuerdo del Mediterráneo. La propuesta de Reglamento relativa a determinadas disposiciones que regulan la pesca en la Zona del Acuerdo CGPM tiene por objeto reunir algunas de las propuestas adoptadas por la CGPM que ya se aplican en los países miembros de la misma en un único acto legislativo de la UE. He votado a favor de esta propuesta de resolución concreta porque considero que las medidas de control propuestas protegerán el entorno natural, y en consecuencia, beneficiarán a las partes de la CGPM.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) He votado a favor del informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a determinadas disposiciones aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo CGPM. La agrupación de las recomendaciones acordadas en un único acto legislativo de la UE en el futuro simplificará los procesos administrativos e incrementará la eficiencia, algo que se acoge con satisfacción. Cada uno de los ajustes técnicos propuestos refleja los requisitos actuales de una política pesquera responsable.

Informe: Anni Podimata (A7-0036/2011)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Apruebo plenamente este informe, puesto que tiene por objeto iniciar una nueva forma de fiscalidad en el sector financiero, lo que constituye una medida urgente en sí misma, y también como complemento a los instrumentos de regulación y supervisión aprobados recientemente. En este sentido, subrayo que «la base imponible del impuesto sobre las transacciones financieras debe ser lo más amplia posible», como sugiere el documento, de modo que incluya todos los tipos de transacciones. Entre otras ventajas, el impuesto sobre las transacciones financieras hace el mercado más justo y transparente, reduce la especulación y equilibra el fraude fiscal, al tiempo que distribuye la carga de la crisis entre los operadores financieros. Los recursos adicionales derivados de esta medida deberían contribuir a la lucha contra la pobreza, al fomento de la creación de empleo, a la financiación del Estado de bienestar, a la consecución de los objetivos climáticos y medioambientales y a la financiación de otros elementos derivados de la Estrategia Europa 2020. Apoyo la necesidad, a su vez, de que la Comisión estudie un sistema futuro de eurobonos y la emisión prevista de bonos europeos comunes de proyecto como medidas para estimular la inversión. También apoyo el principio de «quien contamina paga». Por último, no podemos pasar por alto el desarrollo, puesto que es importante a la hora de mantener el compromiso de destinar el 0,7 % de la renta nacional bruta de cada Estado miembro a los países en desarrollo.

  Marta Andreasen (EFD), por escrito. – He votado en contra del informe Podimata sobre la financiación innovadora porque pretende introducir un impuesto sobre las transacciones financieras aduciendo que es necesario para proteger la economía del comercio dudoso y para disponer de un fondo que pueda utilizarse en caso de producirse otra crisis, y solo se aplicará al sector mayorista y profesional, por lo que se transferirá inevitablemente al consumidor y al contribuyente que ya está sufriendo las dificultades de la crisis. El impuesto tendrá un impacto considerable sobre la City of London, el sector de servicios financieros que representa el mayor contribuyente del Tesoro en Reino Unido. Dicho impuesto obligará a las empresas a abandonar el Reino Unido, provocando una pérdida de empleos y de ingresos fiscales.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) En el contexto actual de recortes presupuestarios, debatir la financiación innovadora no solo es necesario, sino que es vital. Personalmente, estoy a favor de introducir un impuesto sobre las transacciones financieras, si es posible a escala internacional, o de manera alternativa, a escala europea. Me complace que la mayoría de mis colegas diputados haya aprobado esta medida.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) La crisis económica y financiera mundial ha puesto de manifiesto graves deficiencias en el marco regulador y de supervisión del sistema financiero mundial. Hoy es evidente que necesitamos nuevos instrumentos para frenar la especulación y restablecer la función primera del sector financiero, garantizando una distribución equitativa y proporcionada de las cargas entre los operadores financieros más importantes. Debemos iniciar un debate sobre la fiscalidad en el sector financiero, que a diferencia de otros sectores, está en gran medida libre de impuestos. También se aplica un planteamiento de exención del IVA a todas las actividades financieras básicas. Estoy de acuerdo con la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras que podría contribuir a la lucha contra los modelos de negocio altamente perjudiciales en los mercados financieros, mejorar la eficacia de los mercados, reducir la volatilidad de los precios y crear incentivos para que el sector financiero invirtiera a largo plazo en proyectos que generaran valor añadido para la economía real.

  Dominique Baudis (PPE), por escrito. – (FR) Con esta votación, el Parlamento ha alcanzado otro hito en el camino hacia la regulación financiera mundial. Hemos enviado un mensaje contundente a favor de los proyectos propuestos por la Presidencia francesa del G-20. Cuando la economía muestre los primeros indicios de recuperación, tendremos que colaborar para promover un modelo de liberalismo equilibrado y bien articulado. La izquierda europea intentó acaparar todo el mérito de la idea de los impuestos sobre las transacciones financieras. Sin embargo, estaba equivocada. Los europeos saben cuándo deben ser prácticos. La votación de hoy demuestra que esta noción está por encima de todas las diferencias políticas.

  Bastiaan Belder (EFD), por escrito. – (NL) No puedo apoyar el informe Podimata porque los responsables de la política fiscal son los Estados miembros, y el informe no le hace justicia a esta situación. En cambio, lo que pretende es prescribir una serie de impuestos a escala de la UE, incluido un impuesto sobre las transacciones financieras y un impuesto energético. Si es necesario introducir un impuesto en el sector financiero, entonces los ingresos que genere deberán recaudarse en los tesoros de los Estados miembros. Al fin y al cabo, son los que han tenido que rescatar a los bancos. Los Estados miembros harían bien en dedicar estos ingresos a reducir la deuda pública, que ha aumentado durante la crisis. No obstante, el informe asume sin ninguna duda que dichos ingresos podrían utilizarse en beneficio de los objetivos políticos mundiales y de la UE. Y en ese ámbito se incluiría el cambio climático y la cooperación para el desarrollo.

Asimismo, el informe incluye un argumento para una contribución de solidaridad a los billetes de avión, para que podamos combatir los problemas de salud pública y reducir los gastos en el sector de los transportes. Asumo que podríamos perseguir estos objetivos políticos tan útiles y que sería recomendable considerar la asignación de un mayor número de recursos a dicho fin. No obstante, dado que ello influiría en nuestras medidas fiscales, son los Estados miembros los que deberían adoptar dichas iniciativas, en lugar de que se dicten desde arriba en Europa. Me temo que este tipo de planteamiento podría estar obstaculizando una cooperación fructífera con el Consejo.

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. – (FR) Transcurridos más de tres años después de la crisis, los elementos para regular los mercados financieros son bastante escasos. En este sentido, un nuevo impuesto permitiría que entrasen en juego nuevas fuentes de financiación y que se regulasen las prácticas financieras más cuestionables. Hablemos claro: actualmente es imposible afirmar que lo que ocurrió hace tres años no volverá a ocurrir en el futuro, y esta afirmación ya constituye motivo de desesperación. Por tanto, el reto es saber si Europa cuenta con la masa crítica para adoptar medidas concretas. En mi opinión, la tiene, y cuanto antes tome cartas en este asunto, mejor.

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) La adopción de este informe en el Pleno marca un camino que la Unión Europea parece querer recorrer. Aunque la idea de introducir un impuesto sobre las transacciones financieras parece contar con el apoyo del público en general, incluso si los líderes del G-20 no acordaran el establecimiento de este tipo de contribución a escala mundial, me veo obligado a mencionar que ello podría tener un efecto negativo a medio y largo plazo. El efecto de este tipo de impuesto, si se impone únicamente sobre el capital establecido en la UE, sin duda será que este capital emigre a países desarrollados o emergentes fuera del territorio de la UE. La otra posibilidad, al menos en su fase inicial, será que este impuesto se transfiera en forma de gastos para el consumidor de crédito o de otros servicios financieros. Cualquiera que sea la situación, el efecto adverso de esta medida es que la UE correrá un mayor riesgo de perder su competitividad frente a otros Estados como los Estados Unidos, Japón o los países BRIC. Esta situación ralentizará el crecimiento económico y creará problemas, también para la economía real, que depende de las fuentes de financiación más baratas.

  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de este informe porque estoy de acuerdo con la necesidad de que la Unión Europea busque nuevos instrumentos innovadores de financiación. Dichos instrumentos permitirían a la UE abordar los desafíos actuales, puesto que desempeñarían una función reguladora y un papel en la producción de ingresos.

A menudo se afirma en esta Cámara que la crisis económica y financiera ha puesto de manifiesto la falta de regulación y supervisión del sistema financiero mundial. También sabemos que los contribuyentes son los primeros en asumir los costes de la crisis, no solo por medio de impuestos directos, sino también como consecuencia del aumento del desempleo, la disminución de los ingresos, la reducción del acceso a los servicios sociales y el aumento de las desigualdades. Es necesario disponer de nuevos instrumentos si queremos encontrar respuestas holísticas e integradas a la crisis.

Por ello, estoy de acuerdo con la introducción de los tan debatidos eurobonos, que pueden conducir a una gestión conjunta de la deuda poniendo en común parte de la deuda soberana. La ponente también propone otros instrumentos de financiación diseñados para frenar la especulación: por ejemplo, una fiscalidad coherente y eficaz del sector energético y la redacción de propuestas para un impuesto sobre el desarrollo que genere más recursos para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

  Jan Březina (PPE), por escrito. – (CS) En la UE nos enfrentamos constantemente a las consecuencias de la crisis financiera que, en 2009, se convirtió en una crisis presupuestaria, un aspecto considerable de la cual fue la emisión excesiva de deuda pública. No obstante, a diferencia del informe aprobado, no veo la incidencia de las presiones del mercado en esta cuestión, sino más bien una política presupuestaria irresponsable por parte de muchos Gobiernos nacionales que se niegan a reformar sus sistemas de pensiones, sanitarios y de empleo. En mi opinión, resulta erróneo echarle la culpa a los errores del mercado y solo demuestra una falta de valor para hacer frente a las reformas necesarias. Ahora hemos aprobado reglas sobre una regulación financiera y una supervisión de los mercados financieros más estrictas, y debemos seguir avanzando y tomar medidas para impulsar las economías europeas, por ejemplo, en forma de financiación de proyectos de infraestructuras comunes e incentivos fiscales para que las empresas inviertan en ciencia e investigación. Quiero desaconsejar la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras y las distintas formas de impuestos bancarios, porque ello inmovilizaría los mercados financieros y distorsionaría la competencia. Los eurobonos no son la solución, puesto que únicamente traspasan la irresponsabilidad fiscal al nivel europeo, a lugares que escapan todavía más al control público donde los intentos de realizar gastos excesivos tendrían consecuencias todavía más graves que a escala nacional. Tampoco apoyo un impuesto europeo sobre el carbono, puesto que supondría una carga desproporcionada para el sector energético en concreto, y reduciría en última instancia la seguridad energética de la UE.

  Zuzana Brzobohatá (S&D), por escrito. – (CS) Las transacciones financieras suponen un gran porcentaje de los recursos del sector financiero, y las distintas operaciones especulativas sobre los mercados financieros desempeñaron un papel considerable en la crisis financiera mundial. Seguramente no sea justo que los contribuyentes asuman toda la carga de la crisis financiera, puesto que parte de esta carga debería transferirse al sector financiero para que pudiera compartir los gastos. El informe se centra principalmente en las transacciones especulativas que comportan un elevado riesgo, y que por ello generarán una mayor responsabilidad en el sector financiero mediante el futuro impuesto sobre las transacciones financieras, que paradójicamente conducirá a una mayor estabilidad del sector financiero mundial. Otro motivo para la introducción de este impuesto sobre las transacciones financieras es que los servicios financieros no están sujetos al IVA en la mayoría de Estados miembros.

  Antonio Cancian (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de este informe porque considero que representa un paso positivo hacia los futuros instrumentos innovadores de financiación sobre los que se sustentará la recuperación económica europea. Considero esencial que Europa encuentre recursos en el mercado para financiar los sectores clave de nuestra economía, de acuerdo con los objetivos de Europa 2020, en concreto las infraestructuras de telecomunicaciones y energía del transporte transeuropeo necesarias para poner fin a la crisis.

Se trata de algo esencial para impulsar la economía europea. La responsabilidad de la UE no es imponer y/o subir los impuestos, sino tener valor para enfrentarse al mercado. La solución es poder encontrar nuevas formas de financiación que puedan garantizar que los proyectos se logren plenamente en el menor plazo posible, mediante la creación de fondos ad hoc basados en la emisión de valores relacionados directamente con la aplicación y la explotación económica del trabajo, y que se denominan bonos de proyecto.

En Europa solo deben proponerse impuestos sobre las transacciones financieras si se introducen a escala mundial: en mi opinión, la Comisión debería investigar la posibilidad de introducir dichos impuestos a escala de la UE, en un intento de predecir posibles consecuencias negativas para la competitividad de la UE.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de la resolución del Parlamento, puesto que coincido con el objetivo de la Comisión de aumentar la dotación del presupuesto de la UE mediante el uso de instrumentos fiscales innovadores y reconocer las ventajas potenciales de incrementar la financiación del sector privado con fondos públicos. También considero que estas medidas deberían acompañarse de una divulgación transparente de la información, combinada con orientaciones en materia de inversión, gestión del riesgo, límites de exposición y procedimientos de control y supervisión adecuados establecidos de manera democráticamente responsable.

  Françoise Castex (S&D), por escrito. – (FR) Acojo con satisfacción el apoyo del Parlamento Europeo a la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras a escala europea durante la votación en el Pleno. Un impuesto sobre las transacciones financieras a escala europea penalizará las transacciones financieras altamente especulativas y socialmente inservibles, a la vez que proporcionará a la Unión Europea unos ingresos anuales de 200 000 millones de euros. Esta votación es contraria al pacto de competitividad. En lugar de penalizar a los Estados y a los ciudadanos, debemos gravar impuestos a los mercados financieros. La Comisión y el Consejo deben tomar nota de ello urgentemente.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) Apoyo el informe Podimata sobre una financiación innovadora, aunque con algunas reservas. Comparto la preocupación de la ponente por la crisis económica y financiera que estamos atravesando y la consiguiente falta de inversión. También coincido en que es deseable que las inversiones se traduzcan en un mayor progreso e innovación, y en que es necesario que Europa aumente su capacidad de inversión inteligente. No obstante, me temo que, en términos generales, el informe se inclina demasiado hacia un aumento de los impuestos, cuando en algunos países (como Portugal) ya estamos experimentando una sobredosis de cargas fiscales. En su versión definitiva, el informe solicita la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras (a escala mundial, o al menos, europea) a la vez que admite que deben analizarse las consecuencias de esta medida (formulando un estudio a posteriori para ello). Aplaudo la defensa del lanzamiento de los eurobonos, que favorecerían el acceso al mercado de los países más débiles de la zona del euro, y la opinión de que ello sería beneficioso «para todos los Estados miembros participantes en el mismo y para la zona euro en su totalidad».

  Frédéric Daerden (S&D) , por escrito. – (FR) Hay quienes no apoyan un impuesto sobre las transacciones financieras (ITF) a escala europea porque distorsionaría la competencia en los mercados financieros a expensas de Europa. No creo que un impuesto de tan solo un 0,01 % sobre estas transacciones provoque la retirada de los inversores del mercado financiero más grande del mundo.

Si confiamos en que el G-20 adopte esta iniciativa a escala mundial, nos quedaremos esperando. Por ello, me complace que se haya aprobado la enmienda presentada por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo a favor de este ITF. Dicho impuesto proporcionaría unos ingresos aproximados de 200 000 millones de euros al año, lo cual permitiría que la Unión financiara adecuadamente su presupuesto, en un momento en el que los miembros del Consejo ya están manifestando su intención de recortarlo, a pesar del valor añadido que se deriva del gasto europeo.

Nuestros gobiernos de derechas están utilizando la crisis, provocada por los operadores de los mercados financieros, como argumento para solicitar recortes presupuestarios, sobre todo en materia de gasto social. Así, los ciudadanos europeos pagarían por errores que no han cometido. El ITF volvería a introducir la justicia social en las decisiones europeas consolidando las finanzas públicas a expensas de aquellos que las debilitaron en primer lugar. En consecuencia, este era el momento idóneo para dar este paso.

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), por escrito. – (IT) La crisis económica y financiera ha revelado una falta total de ética en este ámbito. El paradigma de la nueva economía del bienestar, mediante la cual el bienestar individual es clave para el bienestar colectivo, que es la suma de sus partes, es evidente en toda su insuficiencia. Según este planteamiento, los intereses individuales no limitan los colectivos, por no decir el interés general. De cualquier modo, dado que el gobierno público debe establecer el interés general como marco operativo y proporcionar espacio para la libertad y los derechos individuales en el mismo, debe apoyar esta idea con un sistema fiscal equitativo y progresista. Al hilo de este planteamiento, que la UE y todos los países del G-8 y el G-20 deben apoyar a escala mundial, los ingresos derivados de las transacciones financieras deben ser comparables a otros ingresos mediante un sistema fiscal específico que favorezca una mayor responsabilidad por parte de los operadores junto con otras normas y nuevos paradigmas. La introducción de los eurobonos diseñados para el fondo de gestión de crisis y los proyectos de infraestructura podrían reforzar la capacidad de la UE de tomar medidas si complementaran el presupuesto de la UE. En mi opinión, el informe que hemos adoptado parece avanzar, aunque lentamente, en esta dirección.

  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) La actual crisis económica ha subrayado deficiencias en la supervisión del sector financiero. En consecuencia, necesitamos nuevos instrumentos y nuevas políticas fiscales. De hecho, el sistema financiero ha generado beneficios considerables derivados de las transacciones especulativas sin necesidad de pagar ningún impuesto. Al votar a favor de un impuesto sobre las transacciones financieras, cuyos ingresos podrían canalizarse satisfactoriamente hacia la ayuda al desarrollo, el Parlamento Europeo ha indicado su voluntad de poner fin a esta injusticia. Sin duda, este impuesto debería aplicarse a escala internacional, pero si no es así, le pediremos a la UE que asuma sus responsabilidades aplicándolo en Europa. De este modo, Europa predicaría con el ejemplo, tanto en términos de financiación innovadora como a la hora de demostrar solidaridad con los países en desarrollo. Ahora corresponde a la Comisión Europea presentarnos una propuesta legislativa que se ajuste a las expectativas expresadas por la gran mayoría de este Parlamento.

  Anne Delvaux (PPE), por escrito. – (FR) Acojo con satisfacción esta votación sobre el impuesto sobre las transacciones financieras porque el Parlamento Europeo está instando a la Unión a que aplique este régimen fiscal sin esperar una decisión hipotética mundial sobre este asunto. La Unión Europea posee el mayor sector financiero del mundo, y por este motivo, debe tomar la iniciativa.

Según diversos estudios, la creación de un impuesto en torno al 0,05 % sobre las transacciones generaría aproximadamente 200 000 millones de euros de ingresos anuales que se utilizarían para financiar la recuperación y la cooperación para el desarrollo, así como para proteger el medio ambiente, al tiempo que desalentarían la especulación financiera. Dicho esto, sigo estando convencida de que necesitamos un impuesto de este tipo a escala internacional, y por ello la Unión debe animar a sus socios a que adopten reglamentos sobre los impuestos financieros.

Y digo esto porque si este impuesto se aplica únicamente en la Unión Europea y los principales competidores financieros de Europa no lo aplican a escala internacional, las finanzas de la Unión sufrirán considerablemente. Concretamente, espero que se alcance un compromiso sobre esta cuestión durante la Presidencia francesa del G-20.

  Harlem Désir (S&D), por escrito. – (FR) Los socialistas europeos han luchado en el Parlamento Europeo durante más de diez años por un impuesto sobre las transacciones financieras. Este impuesto comportaría numerosas ventajas: no solo desalentaría la especulación financiera, sino que también financiaría la ayuda a los países en desarrollo y su adaptación al cambio climático, al tiempo que contribuiría al presupuesto de la Unión Europea.

Ahora la situación actual del mundo es distinta: la recesión ha agudizado todavía más la necesidad de estabilizar los mercados financieros, y la Unión Europea necesita nuevos recursos para superar esta recesión, que debe superarse mediante la recuperación, y no mediante la austeridad.

Al mismo tiempo, el mar de fondo a favor del impuesto va en aumento: cada vez son más los gobiernos que apoyan la idea, y el Parlamento Europeo ya ha votado en repetidas ocasiones a favor de la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras. Esta nueva votación a favor del impuesto representa un paso importante, puesto que con ella el Parlamento afirma que debemos actuar inmediatamente a escala europea, incluso en ausencia de un acuerdo mundial. La solicitud del Parlamento es clara, y la votación ha sido abrumadora: ahora debemos pasar de las palabras a la acción y aplicar el impuesto sobre las transacciones financieras.

  Lena Ek (ALDE), por escrito. – (SV) El informe sobre una financiación innovadora aborda varios aspectos importantes. Lamentablemente, incluye una propuesta para que Europa introduzca un impuesto sobre las transacciones financieras de manera unilateral. Creo que el ejemplo sueco de la introducción unilateral de un tipo de impuesto sobre las transacciones financieras en la década de los ochenta, que tuvo como consecuencia el traspaso de la mayoría del comercio de acciones, bonos y opciones a Londres, debería tomarse en consideración para no cometer el mismo error a escala europea. Considero que existe un gran riesgo de que los efectos estabilizadores sobre el mercado financiero no se produzcan si la UE introduce de manera independiente dicho impuesto. El riesgo de que el comercio con acciones, bonos y opciones se transfiera a mercados menos transparentes y menos abiertos fuera de Europa es considerable. Ello no creará unas condiciones mejores para controlar el mercado financiero. Por tanto, he votado en contra de la enmienda que propone una tasa Tobin europea, pero a pesar del hecho de que esta propuesta se votó, decidí votar a favor del informe en la votación final.

Mi decisión se basó en el hecho de que, como negociador de Europa 2020 para el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, en otras circunstancias me habría arriesgado a socavar la posición negociadora del grupo con respecto a lo que consideramos cuestiones importantes, como la importancia de crear un verdadero mercado interior, permitir la financiación de proyectos de infraestructura mediante bonos europeos de proyecto y una posible solución con respecto al impuesto europeo sobre el carbono.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe, puesto que defiende la creación de instrumentos específicos, como la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras que podría contribuir a mejorar la eficacia de los mercados, a aumentar la transparencia, a reducir la volatilidad excesiva de los precios y a crear incentivos para que el sector financiero invirtiera a largo plazo en proyectos que generaran valor añadido para la economía real.

  Göran Färm, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog y Åsa Westlund (S&D), por escrito. – (SV) Los socialdemócratas suecos estamos muy a favor de un impuesto sobre las transacciones a escala mundial. La UE debe trabajar muy activamente para que se establezca este sistema. Si, con el tiempo, un acuerdo internacional resulta políticamente imposible, debe considerarse muy detenidamente la alternativa de introducir un impuesto sobre las transacciones únicamente en la UE. Dicho impuesto debería basarse en una evaluación de impacto equilibrada. En este momento la Comisión está elaborando un análisis, lo cual no ha impedido que sus representantes eludan eventos en varias ocasiones expresando posturas claramente negativas sobre un impuesto a escala de la UE. En nuestra opinión, eso es inadmisible. Por tanto, con el fin de enviar una señal clara a la Comisión sobre la necesidad de tomarse en serio esta cuestión y de contar con un proceso imparcial, hemos decidido votar a favor de la enmienda que aborda de manera concreta la introducción de un impuesto a escala de la UE. Es muy importante que se establezca una base objetiva y meditada para una decisión en relación con este asunto.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Este informe aborda la necesidad de encontrar nuevas formas de financiar el sector público a escala europea y mundial. En realidad, la crisis económica y financiera actual exige que los Estados miembros se procuren ingresos para aliviar sus crisis presupuestarias. Entre los nuevos medios de financiación se encuentran la fiscalidad del sector financiero y las emisiones de CO2.

En los últimos tiempos, el sector financiero ha distorsionado sus objetivos de financiación del desarrollo de la economía, y con la excusa de la necesidad de cubrir los riesgos, ha incrementado sus tasas, obteniendo de manera inmediata beneficios enormes que afectan gravemente a los ciudadanos y a las finanzas públicas. Mientras tanto, un impuesto sobre las emisiones de CO2 aportaría mayor equidad y coherencia al principio de «quien contamina, paga», y contribuiría no solo a la reducción del cambio climático sino a la financiación de proyectos de inversión en este ámbito. Estoy de acuerdo con tener un impuesto sobre las transacciones financieras a escala global. Considero que su introducción a escala europea debe ir precedida por un estudio de impacto, y también estoy de acuerdo con la puesta en marcha de los eurobonos, ya que los considero un instrumento común para la gestión de la deuda.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Este informe habla sobre la «financiación innovadora». No obstante, en realidad no difiere de las antiguas posturas que rechazan la justicia más elemental. Los mercados financieros deberían haberse controlado y regulado de manera eficaz hace mucho tiempo. Debería haberse puesto freno a la especulación hace mucho tiempo, independientemente de que se refiriese a las materias primas, incluidos los alimentos, las propiedades, las prestaciones y las pensiones, o a la deuda soberana de los Estados (por citar algunos ejemplos). Sin embargo, la Comisión Europea se obceca en su negativa a proceder con estas propuestas, pese a que sabe que las pérdidas financieras causadas por la evasión y el fraude fiscal en Europa se calculan entre 200 000 y 250 000 millones de euros al año, una cantidad que bastaría para reducir el déficit público sin necesidad de aumentar los impuestos sobre el empleo (la solución antigua). También se obstina al negarse a introducir un impuesto sobre las transacciones financieras a escala de la UE y no presiona en favor de su adopción a escala mundial.

Lo mismo puede decirse de la existencia continua y escandalosa de los paraísos fiscales. Estos serían modos de obtener ingresos para combatir la pobreza y otros problemas económicos y sociales persistentes. Las estimaciones actuales de ingresos generados a partir de un impuesto sobre las transacciones financieras, incluso con una tasa reducida, indican que se obtendrían aproximadamente 200 000 millones de euros al año a escala de la UE.

  Carlo Fidanza (PPE), por escrito. – (IT) Acojo con satisfacción la resolución sobre instrumentos financieros innovadores, que representa la contribución del Parlamento al debate sobre cómo generar nuevos ingresos, garantizar una política fiscal equitativa y optimizar las capacidades de recuperar los ingresos. Apoyo la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras (ITF): la crisis reciente —de la que podemos culpar a un cierto tipo de finanzas especulativas— demuestra que los Estados y los ciudadanos acaban pagando personalmente los daños provocados por otros.

Un impuesto sobre las transacciones financieras inyectaría aproximadamente 200 000 millones de euros anuales en las arcas de la UE y contribuiría a poner fin a las actividades especulativas, encareciéndolas y haciéndolas, por tanto, menos atractivas. No obstante, considero que este impuesto debe establecerse a escala mundial y no solo en Europa, con el fin de evitar una desventaja competitiva para la propia Europa, que —no lo olvidemos— posee un gran atractivo al ser el mercado mundial más grande. También debemos acoger con agrado el apoyo del Parlamento a los eurobonos y a los bonos de proyecto, que fomentarán la recuperación estimulando la economía real y promoviendo la creación de infraestructuras vitales para la economía europea.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Desde hace tiempo existe la necesidad de controlar y regular de forma eficaz el mercado de capitales, impidiendo la especulación en una amplia gama de productos, incluidas las materias primas, las transacciones propietarias, las prestaciones, las pensiones y los seguros, así como todo un abanico de productos derivados, incluida la especulación sobre la deuda soberana.

Lamentablemente, la Comisión Europea no ha avanzado con estas propuestas, cuando es bien sabido que las pérdidas financieras causadas por la evasión y el fraude fiscal en Europa se calculan entre 200 000 y 250 000 millones de euros al año, una cantidad que bastaría para reducir el déficit público sin necesidad de aumentar los impuestos sobre el empleo.

No obstante, si también aplicáramos impuestos sobre las transacciones financieras a escala mundial, y por tanto, también a escala de la Unión Europea, y pusiéramos fin a los paraísos fiscales y a los productos financieros especulativos, la cantidad de que dispondríamos para abordar los problemas económicos y sociales sería mayor.

Las estimaciones actuales de ingresos generados a partir de un impuesto sobre las transacciones financieras, incluso con una tasa reducida, indican que se obtendrían aproximadamente 200 000 millones de euros al año a escala de la Unión Europea.

En vista de ello, no podemos aceptar que se retrase una posición clara sobre la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras como pretexto de realizar estudios y evaluaciones adicionales.

  Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. – (IT) Si el sistema financiero, que es el responsable de la especulación y del comercio imprudente, se considera una de las principales causas de la crisis financiera, entonces es justo que los responsables paguen su parte ofreciendo la contribución económica más cuantiosa. No obstante, considero que el método recomendado en el presente informe afectará al equilibrio precario de la competencia socavando sus cimientos, puesto que tendría que aplicarse a escala mundial. Por este motivo, y para evitar crear un precedente peligroso con respecto al sistema fiscal europeo, no apoyo el informe de la señora Podimata y he votado en contra del mismo.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) He votado a favor de las enmiendas y de las partes del texto que se refieren a la imposición de las transacciones financieras. De hecho, he votado a favor de hacer que las instituciones financieras contribuyan a asumir el coste de la recesión, de la que son responsables, y a consolidar nuestras finanzas públicas.

No obstante, el problema de este informe, contra el que he votado, es que su objetivo principal —mediante la innovación— es crear nuevos impuestos gestionados, en la medida de lo posible, a escala europea o global, o, como mínimo, al amparo de organismos internacionales que decidan quiénes serán los beneficiarios y a qué se destinará el dinero. Además, no hay garantías de que los impuestos sobre el trabajo se reducirían de manera considerable. Del mismo modo, solo puedo oponerme a un impuesto sobre el carbono a cualquier nivel, puesto que penalizaría de manera invariable a los ciudadanos más desfavorecidos, como ha ocurrido con el proyecto del señor Sarkozy, tan injusto e impopular.

También me opongo a la creación de una agencia europea que se encargue de la emisión de bonos europeos con el fin de poner en común la deuda pública, que constituye una bonificación real para los locos pagada con el dinero de los más sensatos. Por último, lamento que, aunque la parte dedicada a la financiación del desarrollo castiga con razón la corrupción gubernamental y los paraísos fiscales, lleva cuidado de no denunciar las escandalosas prácticas de las multinacionales, especialmente el uso que hacen de los precios de transferencia.

  Louis Grech (S&D), por escrito. – El informe sobre la «financiación innovadora» envía un mensaje contundente a las instituciones financieras, y en particular, al sector bancario, que afirma que es hora de regular de manera adicional el sector financiero, haciendo responsables a los bancos en el ámbito administrativo y de forma legal por sus medidas negligentes y sus poco efectivas prácticas de gestión del riesgo. Resulta evidente que, con frecuencia, el mercado de los servicios financieros es incapaz de autorregularse suficientemente y que la calidad de la protección del consumidor y las salvaguardias del sector de los servicios financieros exigen una mejora radical y tangible, especialmente con respecto a los aspectos de control y supervisión. La situación actual puede servir de oportunidad para reforzar el sector de los servicios financieros y restaurar la confianza de ciudadanos y consumidores en el sector, puesto que ahora son ellos los que pagan la factura de los errores y del rescate de las principales instituciones financieras.

Dicho esto, la Comisión debería evaluar en primer lugar los efectos que tendrá un impuesto sobre las transacciones financieras sobre la economía europea, porque cualquier propuesta futura no debe basarse únicamente en decisiones adoptadas por impulso para abordar el término de moda en el momento, sino que debe constituir un planteamiento práctico que resista las fuerzas del tiempo y restaure la confianza de los ciudadanos europeos en los mercados financieros.

  Estelle Grelier (S&D), por escrito. – (FR) La adopción del informe Podimata era la oportunidad de que el Parlamento demostrara un apoyo incondicional a la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras a escala europea. Hasta la fecha, la derecha europea siempre había frustrado las propuestas de los socialistas con respecto a este asunto, tanto en las comisiones parlamentarias como en el Pleno. El hecho de que la mayoría de los diputados al Parlamento Europeo, y por tanto, una sección de la derecha, hubiesen sucumbido a este proyecto, respaldado durante muchos años por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, es una buena noticia. Demuestra que juntos estamos adquiriendo gradualmente conciencia de los méritos de este proyecto. Esta votación marca una nueva fase en el proceso de introducción de un instrumento financiero que sirva, en particular, para generar recursos propios adicionales para el presupuesto de la UE, pero también para apoyar las iniciativas relativas al desarrollo a escala internacional. Ahora bien, la batalla no ha terminado. De momento, esto solo es una postura política. Más allá de sus declaraciones, debemos permanecer alerta a la verdadera voluntad de los Jefes de Estado o de Gobierno, la gran mayoría de los cuales son de centro-derecha, de introducir este impuesto.

  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. – (FR) Hemos luchado durante muchos años para introducir un impuesto sobre las transacciones financieras. A pesar de las numerosas reservas con las que se ha topado esta idea, la adopción de esta resolución por una gran mayoría constituye un paso importante. Al fomentar la fiscalidad de las transacciones financieras a escala internacional, y en cualquier caso, al recomendar la creación de este impuesto en la Unión Europea, el Parlamento está sentando las bases de un nuevo orden financiero mundial. Además, debemos mencionar las nuevas perspectivas financieras que ofrecería este impuesto, puesto que su introducción podría generar unos 200 000 millones de euros al año. Esta votación es una gran victoria; ahora corresponde a los organismos internacionales mostrar el mismo arrojo que los diputados al Parlamento Europeo.

  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) La fiscalidad de las transacciones financieras es algo por lo que los socialistas y la izquierda en Europa han luchado durante mucho tiempo. La adopción, por parte de una gran mayoría, del informe elaborado por mi colega griega, Anni Podimata, atestigua los avances políticos realizados por el Parlamento Europeo. Se trata de una gran victoria para la izquierda europea, una victoria de la que puede estar orgullosa. Aunque el texto carece de efectos legislativos directos, marca un paso adelante decisivo en materia política: de ahora en adelante, la derecha europea del Parlamento Europeo no podrá impedir la introducción de este impuesto. Se trata de un verdadero paso en la dirección del federalismo presupuestario, que es el único modo de que la Unión Europea alcance sus objetivos en términos de crecimiento, empleo y superación de la recesión.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) Estoy de acuerdo con este informe, ya que una de las principales ventajas de los instrumentos innovadores de financiación radica en que pueden ofrecer un doble dividendo, pues al mismo tiempo que contribuyen a la consecución de importantes objetivos políticos, como la estabilidad y la transparencia del mercado financiero, brindan un importante potencial de ingresos, pero también deberían tenerse en cuenta los efectos de estos instrumentos en las externalidades negativas producidas por el sector financiero. Estoy de acuerdo con la disposición y con la reclamación de la adopción de medidas de financiación innovadoras que recauden un mayor volumen de recursos en este sector y contribuyan a desplazar la carga fiscal que recae actualmente sobre los trabajadores. De este modo se podría mejorar la eficacia los mercados, aumentar la transparencia y reducir la especulación, equilibrar la excesiva volatilidad de los precios, crear incentivos para que el sector financiero invirtiera a largo plazo en proyectos que generaran valor añadido para la economía real y contribuir a la financiación de productos públicos mundiales y reducir el déficit público. Apoyo la idea de emitir bonos europeos comunes de proyecto para financiar las importantes necesidades de infraestructuras y proyectos estructurales europeos en el marco de la Estrategia UE 2020 y en la perspectiva de las nuevas estrategias anunciadas por la UE, como la nueva estrategia de desarrollo de la infraestructura energética y otros grandes proyectos. De ese modo, los bonos europeos de proyecto garantizarían las inversiones necesarias y atraerían el apoyo necesario, convirtiéndose así en un mecanismo importante para el máximo aprovechamiento de las ayudas públicas. Estos proyectos también deben contribuir a la transformación ecológica de nuestras economías, allanando el camino para una economía libre de carbono.

  Arturs Krišjānis Kariņš (PPE), por escrito. – (LV) Un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras no resolverá los problemas presupuestarios de los Estados miembros de la Unión Europea. Por ese motivo no he apoyado el informe sobre una financiación innovadora a escala europea y mundial. Al contrario de lo que creen algunos, no serán los bancos los que paguen dicho impuesto, sino sus clientes, o lo que es lo mismo, los mismos contribuyentes anteriores. En un momento de recuperación económica no deberíamos introducir nuevos impuestos, sino reducir el gasto público. Un nuevo impuesto solo serviría para ocultar la incapacidad de los gobiernos para reducir el gasto y no lograría el efecto deseado.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) El informe que hoy se ha sometido a votación en el Parlamento se refiere a la introducción de instrumentos financieros innovadores. Quería apoyar la resolución con mi voto, porque la crisis económica de los últimos años ha puesto de manifiesto la falta de regulación y la necesidad de crear nuevos instrumentos financieros que puedan resolver los principales problemas de la especulación financiera. Por ello, esta medida de la UE podrá restablecer de manera inequívoca la necesidad de responder a las necesidades de la economía real apoyando las inversiones a largo plazo y creando nuevos recursos adicionales para enfrentarse de manera satisfactoria a los principales desafíos europeos y mundiales, alcanzando los objetivos de crecimiento y desarrollo que se incluyen en la Estrategia Europa 2020. El aumento drástico de las transacciones financieras ha puesto de manifiesto que las diferencias entre las finanzas y la economía real se están acentuando. La introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras, la emisión de bonos europeos comunes y la anticipación de un impuesto sobre el carbono son algunas de las propuestas dirigidas a crear nuevos procesos necesarios para nuestra economía; no obstante, dichos procesos no deben afectar de manera negativa a los consumidores más vulnerables.

  Bogusław Liberadzki (S&D), por escrito. – (PL) Acojo con gran satisfacción el resultado de la votación relativa al informe sobre una financiación innovadora a escala europea y mundial. Este informe abarca dos cuestiones muy importantes, a saber, el impuesto sobre las transacciones financieras y los eurobonos. Estos podrían ser fuentes importantes de financiación que aumentaran las capacidades financieras y económicas de la UE y que le permitieran ejecutar proyectos de envergadura y estratégicamente importantes, incluidos los proyectos de energía y transporte, y también posiblemente favorecer la movilización de capital privado. El Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo lleva mucho tiempo pidiendo una solución similar. Me complace que una clara mayoría haya votado a favor de la introducción de estas soluciones innovadoras.

  Sabine Lösing y Sabine Wils (GUE/NGL), por escrito. – (DE) La izquierda ha apoyado durante muchos años la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras. Hoy esta idea ha sido aceptada por el Parlamento Europeo en términos generales. El informe de propia iniciativa Podimata, aprobado por el Parlamento, no contempla un sí o un no definitivo a la cuestión de un impuesto sobre las transacciones financieras. No queda claro si podemos esperar una propuesta paralela por parte de la Comisión, y en caso afirmativo, cuándo. Todavía nos queda un largo camino por recorrer antes de que pueda ponerse en marcha un proceso legislativo. Actualmente, la Comisión se está limitando a elaborar un estudio de viabilidad. Una de las condiciones marco de este estudio de viabilidad es que la competitividad no debe verse mermada por el impuesto sobre las transacciones financieras. Resulta muy poco realista esperar la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras a escala mundial en la actualidad. El informe de propia iniciativa no aborda únicamente la cuestión del impuesto sobre las transacciones financieras, sino también el funcionamiento satisfactorio de la política de competencia en la UE y la introducción de un impuesto sobre el carbono siguiendo el modelo del IVA, que se grave a todos los productos del mercado interior.

No podemos aceptar la introducción de este impuesto sobre el carbono. Se trata de una exigencia de política medioambiental de los conservadores, que buscan una combinación energética que reúna la energía nuclear y las energías renovables. Con este impuesto, la energía nuclear permanecería intacta. Solicitamos la imposición de las aportaciones energéticas —también de la energía nuclear— mediante un impuesto combinado sobre la energía primaria y el carbono. Me he abstenido en la votación final porque no podía votar a favor de un informe que vincula una buena idea —el impuesto sobre las transacciones— a medidas que supondrían una carga todavía mayor para los ciudadanos europeos.

  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. – (RO) En los últimos años, la crisis económica y financiera mundial ha puesto de manifiesto graves deficiencias en el marco regulador y de supervisión del sistema financiero mundial. Las transacciones financieras se caracterizan por un aumento importante de volumen y una disparidad entre el aumento de las transacciones financieras y las necesidades de la economía real. Las inversiones a corto plazo, que son las que predominan, han generado una gran volatilidad y han estimulado la asunción de riesgos excesivos. Las operaciones especulativas cortoplacistas se situaron en el centro de la crisis y pusieron en evidencia la clara conexión entre las ineficiencias de la regulación y la supervisión financiera y la sostenibilidad de las finanzas públicas. He votado a favor de este informe porque los problemas causados por este comportamiento de los mercados han tenido un profundo impacto en las haciendas públicas, los ciudadanos europeos y otros ámbitos. El informe pretende crear instrumentos diseñados para reducir la especulación, garantizar una distribución equitativa de la carga entre los operadores financieros más importantes y generar nuevos recursos adicionales para hacer frente a los principales desafíos.

Se estima que, en la actualidad, la evasión y el fraude fiscales le cuestan a los Estados miembros de la UE aproximadamente 250 000 millones de euros al año. El elemento novedoso es el impuesto sobre las transacciones financieras, que generaría unos ingresos aproximados de 200 000 millones de euros al año para la UE y desalentaría las transacciones especulativas.

  David Martin (S&D), por escrito. – Al votar a favor de este informe, los diputados al Parlamento Europeo responden a la llamada pública para lograr una fiscalidad equitativa del sector financiero. El sector financiero está exento en gran medida del IVA y está sometido a una presión fiscal reducida, mientras los ciudadanos de a pie han asumido los costes de la crisis financiera, incluida una contribución de 9 500 euros en ayudas públicas de cada hombre, mujer y niño en la UE. En esta votación, los diputados al Parlamento Europeo han respaldado a los cientos de miles de defensores que trabajan en pro de un impuesto Robin Hood —un impuesto mínimo sobre las transacciones financieras que puede generar miles de millones para lograr las prioridades nacionales y cumplir nuestros compromisos a la hora de combatir la pobreza y el cambio climático a escala internacional.

Un acuerdo a escala mundial sería el mejor modo de introducir un impuesto de este tipo, pero el impuesto del timbre en el Reino Unido sobre las acciones demuestra que es posible introducir un impuesto sobre las transacciones financieras (ITF) bien diseñado sin necesidad de socavar la competitividad. Un ITF coordinado a escala de la UE constituiría el primer paso hacia un ITF mundial. Es hora de pasar a la acción, y la UE puede llevar la voz cantante en esta campaña en pro de una fiscalidad mundial más equitativa.

  Arlene McCarthy (S&D), por escrito. – Los diputados laboristas al Parlamento Europeo están respondiendo a la llamada pública para lograr una fiscalidad equitativa del sector financiero. El sector financiero está exento en gran medida del IVA y está sometido a una presión fiscal reducida, mientras los ciudadanos de a pie han asumido los costes de la crisis financiera, incluida una contribución de 9 500 euros en ayudas públicas de cada hombre, mujer y niño en la UE. En esta votación, los diputados laboristas al Parlamento Europeo han respaldado a los cientos de miles de defensores que trabajan en pro de un impuesto Robin Hood —un impuesto mínimo sobre las transacciones financieras que puede generar miles de millones para lograr las prioridades nacionales y cumplir nuestros compromisos a la hora de combatir la pobreza y el cambio climático a escala internacional. Un acuerdo a escala mundial sería el mejor modo de introducir un impuesto de este tipo, pero el impuesto del timbre en el Reino Unido sobre las acciones demuestra que es posible introducir un impuesto sobre las transacciones financieras (ITF) bien diseñado sin necesidad de socavar la competitividad. Un ITF coordinado a escala de la UE constituiría el primer paso hacia un ITF mundial. Es hora de pasar a la acción, y la UE puede llevar la voz cantante en esta campaña en pro de una fiscalidad mundial más equitativa.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) La izquierda ha defendido durante años la idea de un impuesto sobre las transacciones financieras. Hoy esta idea es objeto de consenso. Y esta concesión a nuestras opiniones se acoge con satisfacción. No obstante, el único objetivo de un impuesto sobre las transacciones financieras debería ser promover el interés general de los ciudadanos, no la ejecución sin problemas del libre comercio o del comercio de los derechos de contaminación que algunos denominan —como lo hace este texto— el «mercado del carbono». Voy a votar en contra de este vulgar secuestro de lo que era una buena idea.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) A pesar de estar de acuerdo con gran parte del contenido de este informe, no he podido votar a favor del mismo, ya que defiende la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras (a escala mundial, o al menos, europea), aunque admite que deben analizarse las consecuencias de esta medida (formulando un estudio a posteriori para ello). El partido que represento siempre ha luchado contra la introducción de este tipo de impuesto sobre las transacciones financieras en Portugal, en vista de los efectos perjudiciales que podría tener sobre los mercados financieros. Portugal está agotada y es incapaz de asumir cargas fiscales adicionales, habida cuenta de que finalmente serían los ciudadanos los que pagarían este impuesto, puesto que las instituciones financieras lo traspasarían a sus clientes. La introducción de este tipo de impuesto únicamente a escala europea podría provocar que otros mercados obtuvieran ventajas competitivas en relación con los mercados financieros europeos.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − (ES) He votado a favor del informe Podimata sobre una financiación innovadora a escala mundial y europea, porque introduce una idea que ha sido uno de los pilares de la izquierda en el mundo, como es la introducción de una tasa sobre las transacciones financieras. Cierto es que el texto podría ser mucho más valiente, y no supeditar la creación de esta tasa a la existencia de una tasa similar a escala mundial.

Desde mi organización política siempre hemos defendido la necesidad de crear un impuesto sobre el flujo de capitales en el mundo, como la llamada «tasa Tobin». Por ese motivo, aunque la propuesta que recoge el informe me parece insuficiente, creo que es un buen paso.

  Louis Michel (ALDE), por escrito. – (FR) Con la crisis económica y monetaria mundial de 2007 pudimos observar las principales deficiencias en el marco regulador y de supervisión del sistema financiero mundial. Yo encabecé la lucha en el seno del Parlamento Europeo por una financiación innovadora creando un grupo de trabajo sobre la viabilidad de un impuesto sobre las transacciones internacionales. Estoy convencido de que un impuesto de este tipo no solo permitiría una mejor regulación del sector financiero limitando la actividad puramente especulativa, sino que también ayudaría a los más pobres, especialmente a los países en desarrollo, y a los países menos desarrollados entre ellos, a lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a adoptar las medidas necesarias para adaptarse al cambio climático.

Un impuesto sobre las transacciones financieras a escala europea podría generar en torno a 200 000 millones de euros de ingresos al año en la Unión y cerca de 650 000 millones de dólares estadounidenses anuales a escala mundial. Si avanzáramos de manera continua a escala europea aplicando un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales, mantendríamos vigente el mensaje contundente que enviamos en diciembre de 2010 cuando adoptamos la recomendación titulada «la crisis financiera, económica y social: recomendaciones sobre las medidas e iniciativas que deberán adoptarse».

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – La adopción de este informe sería la primera señal contundente enviada por el Parlamento en favor de un impuesto sobre las transacciones financieras en un momento en el que la Comisión posee un planteamiento ambiguo que pone de manifiesto su voluntad de regular a los operadores financieros pero les exime de la fiscalidad. Es necesario señalar el discurso hipócrita de algunos líderes de derechas, que solicitan una forma de fiscalidad del sector financiero, pero únicamente a escala mundial, cuando todos sabemos que es poco probable que se aplique. La Comisión debe enviar una señal precisa e inequívoca sobre el hecho de que el impuesto sobre las transacciones debe ser pagado por todos. La situación en la que los agricultores pagan impuestos mientras que los financieros no lo hacen es inadmisible. La injusticia social da lugar a la malicia, y la permisividad convierte a las instituciones gubernamentales en un foso de arena creado por los bancos. He votado a favor del informe.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) La introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras constituye un paso en la dirección adecuada que afectaría principalmente a los fondos de cobertura y a productos similares, lo que parecería entrañar pocas ventajas para la economía real. Sin duda, corresponde a Europa tomar la iniciativa en este sentido: al fin y al cabo, tendríamos que esperar indefinidamente si también quisiéramos contar con la participación de los americanos. No obstante, un impuesto sobre las transacciones financieras no debe utilizarse como una oportunidad para introducir un impuesto de la UE por la puerta trasera. Sin embargo, lamentablemente el informe de la señora Podimata nos lleva precisamente en esa dirección. La soberanía fiscal debe seguir siendo competencia de los Estados miembros. Si Bruselas no puede gestionar el dinero que recibe, entonces debe apretarse el cinturón. Ya hay suficientes poderes que podrían regularse mejor a escala nacional que a escala de la UE. El resto de llamamientos que se incluyen en el informe, a saber, relativos a la introducción de eurobonos y a un impuesto sobre el carbono, deben rechazarse. Por una parte, los eurobonos son un producto contrario a cualquier sentido económico, y por otra, una vez más, se exige injustamente que los países de la zona del euro que han mostrado prudencia fiscal paguen el precio. La UE se convertiría en una mera unión de transferencias. Además, un impuesto sobre el carbono con objetivos dudosos perjudicaría la economía de Europa y eliminaría empleos, y por tanto perjudicaría a la mayoría de ciudadanos. Por este motivo, el informe debe ser rechazado.

  Claudio Morganti (EFD), por escrito. – (IT) He votado en contra de este informe porque, aunque la idea de una contribución del sistema financiero, que es el gran responsable de la crisis de los dos últimos años, parece apropiada, el modo en que se aplica me deja bastante perplejo.

Debo decir que acojo con satisfacción la propuesta de creación de eurobonos, que creo que pueden ser un instrumento útil, pero tengo mayores problemas con el grueso del informe, que aborda la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras. Creo que resulta demasiado arriesgado aplicar este impuesto a un único nivel de la Unión Europea, puesto que puede restar competitividad a la totalidad del sistema financiero de la UE, y los operadores pueden eludirlo sin demasiadas dificultades centrándose en otros mercados.

Del mismo modo, no deseo que este impuesto allane el camino para la creación de un posible sistema fiscal centralizado de la UE, que es algo a lo que me opondría plenamente.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) Hasta la fecha, el contribuyente europeo ha asumido el mayor peso financiero de la crisis económica. Por ello, es importante que se utilicen otros instrumentos para garantizar que los operadores y los especuladores de los mercados financieros asumen parte de la responsabilidad. Se trata de algo justo. No obstante, un impuesto sobre las transacciones financieras no debe utilizarse como excusa para introducir un impuesto directo desde Bruselas, puesto que ello erosionaría la soberanía fiscal y la soberanía general de los Estados miembros. Este informe revela tendencias en esta dirección, motivo por el cual he votado en contra del mismo.

  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución sobre una financiación innovadora a escala europea y mundial. Europa, que cuenta con el mercado financiero más grande del mundo, está intentando gradualmente volver a ponerse en pie tras la crisis, cuyos efectos se dejarán sentir durante muchos años. En consecuencia, es esencial establecer medidas innovadoras de financiación que garanticen la transparencia y la estabilidad financieras. En la actualidad, la mayoría de servicios financieros están exentos del IVA. En consecuencia, se están perdiendo unos ingresos considerables a través del sector financiero, y la carga fiscal para los trabajadores es cada vez mayor. Creo que el impuesto sobre las transacciones financieras es una medida de financiación eficaz que contribuirá a reducir la especulación y el déficit público. Tras evaluar debidamente sus posibles efectos negativos sobre la competitividad de la UE a escala mundial, debemos esforzarnos al máximo por garantizar que también se aplica a escala mundial. Asimismo, con vistas a incrementar el PIB de todos los países, sería recomendable establecer un impuesto sobre los activos bancarios que fuera proporcional a la importancia sistémica de la entidad de crédito y al nivel de riesgo que comporte una determinada actividad. Estoy de acuerdo con la propuesta sobre la emisión de bonos europeos de proyecto, que como instrumento común de gestión de la deuda, ayudará a atraer una inversión mayor en proyectos de infraestructura europeos. Asimismo, con el fin de obtener los máximos beneficios de la aplicación del impuesto sobre el carbono, es necesario establecer los requisitos mínimos obligatorios para todos los Estados miembros, evitando que las cargas excesivas se traspasen a los consumidores con ingresos reducidos.

  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. – (EL) He votado a favor de este informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo sobre una financiación innovadora a escala europea y mundial. La crisis financiera y la crisis de la deuda han puesto de manifiesto las lagunas que existen actualmente en la ejecución y el control del sector financiero. La introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras mundiales no es una propuesta nueva, y sin duda constituye una propuesta poco popular en los países desarrollados sin excepción, especialmente en aquellos que aplican unas políticas de fiscalidad reducida. No obstante, si un acuerdo a escala internacional resulta imposible, la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras en la UE contribuirá a mejorar el modus operandi de este sector concreto, y al mismo tiempo, generará unos ingresos públicos considerables, siempre que no perjudique su competitividad. Esta es la idea central de la enmienda 2, a favor de la cual he votado.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) Este informe se refiere a medios innovadores de financiación a escala europea y mundial. Describe medidas para abordar las graves deficiencias detectadas en el marco regulador y de supervisión para el sistema financiero mundial a raíz de la crisis económica y financiera de 2007-2009. Actualmente, las transacciones financieras se caracterizan por un incremento considerable de volumen y una discrepancia sustancial entre el volumen de transacciones financieras y las necesidades asociadas con las mismas en el «mundo real». Nuevos patrones de negociación, como las estrategias inversoras a corto plazo y los sistemas automatizados de negociación de alta frecuencia, han desempeñado un papel fundamental en la evolución financiera mundial y han generado una gran volatilidad y han estimulado la asunción de riesgos excesivos, lo cual merece la atención de los gobernantes. Existen suficientes motivos para que, en el marco de sus competencias, el Parlamento Europeo realice su contribución e indique las medidas que considera adecuadas para resolver la situación actual.

  Marit Paulsen, Olle Schmidt y Cecilia Wikström (ALDE), por escrito. – (SV) El informe sobre una financiación innovadora aborda diversos aspectos importantes, como la importancia de crear un verdadero mercado interior como base del crecimiento europeo, de permitir la financiación de proyectos de infraestructura europeos mediante bonos europeos de proyecto y una posible solución con respecto al impuesto europeo sobre el carbono para que podamos lograr una producción sostenible en Europa. El hecho de que el informe señale que los Estados miembros de la UE deben cumplir los objetivos de ayuda que se han establecido también es un aspecto importante.

No obstante, hemos decidido abstenernos en la votación final porque no creemos que sea buena idea para Europa introducir un impuesto sobre las transacciones financieras de manera independiente si otros países no hacen lo mismo. Creemos que el ejemplo sueco de la introducción unilateral de un tipo de impuesto sobre las transacciones financieras en la década de los ochenta, que tuvo como consecuencia el traspaso de la mayoría del comercio de acciones, bonos y opciones a Londres, debería tomarse en consideración para no cometer el mismo error a escala europea.

Consideramos que existe un gran riesgo de que los efectos estabilizadores que esperamos que el impuesto sobre las transacciones financieras tenga sobre el mercado financiero no se produzcan si la UE introduce de manera independiente dicho impuesto. El riesgo de que el comercio con acciones, bonos y opciones se transfiera a mercados menos transparentes y menos abiertos fuera de Europa es considerable. Ello no creará unas condiciones mejores para el control del mercado financiero pero sí mermará la supervisión europea conjunta de los mercados financieros que hemos puesto en marcha.

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Con el fin de abordar la crisis financiera mundial y la considerable recesión derivada de la misma, varios gobiernos han aumentado su deuda soberana hasta alcanzar niveles insostenibles, con el objetivo de rescatar compañías financieras y estimular sus respectivas economías. Al mismo tiempo, los bancos están acumulando beneficios mediante el diferencial existente entre los préstamos concedidos desde los bancos centrales a un tipo de interés prácticamente nulo y el precio al que conceden el crédito a los clientes y Estados. Por ello, es un imperativo ético que las empresas financieras asuman sus responsabilidades ante la crisis que ellas mismas han provocado. Un impuesto sobre las transacciones financieras es lo mínimo que puede exigirse.

A aquellos que pretenden retrasar dicha responsabilidad, so pretexto de que un impuesto de este tipo solo puede introducirse a escala mundial, les diría lo siguiente: 1) que la posición de la UE se vería considerablemente reforzada con el lanzamiento unilateral de este impuesto, 2) si un porcentaje del capital correspondiente a las transacciones especulativas abandonara la UE, ello provocaría una reducción de la volatilidad de los mercados financieros, lo cual sería beneficioso y 3) si un reglamento financiero mundial no es viable o recomendable, será necesario aplicar normas sensatas sobre la circulación de capital. El informe es un paso en esta dirección.

  Evelyn Regner (S&D), por escrito. – (DE) He votado a favor del informe porque ya es hora de que la UE tome la iniciativa e introduzca un impuesto sobre las transacciones financieras a escala europea. En mi opinión, si damos este primer paso, incrementaremos la posibilidad de alcanzar el objetivo de un impuesto sobre las transacciones financieras mundial. La enmienda propuesta por mi Grupo, en la que se solicita la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras a escala de la UE sin más demora (como la realización de estudios adicionales) ha sido aprobada por una mayoría ajustada. Ahora insto al Comisario responsable, el señor Šemeta, a que tome medidas de una vez por todas.

La resolución ha sido aprobada por una amplia mayoría de 529 votos a favor, 127 votos en contra y 18 abstenciones, lo cual representa una señal contundente del Parlamento que la Comisión no puede ignorar ni reinterpretar basándose en motivos dudosos. Insto al Presidente Barroso a que tome medidas, a que ejerza el derecho de la Comisión a tomar la iniciativa y a que nos presente a nosotros, el poder legislativo, un proyecto de propuesta. De este modo podrían recaudarse un total de 200 000 millones de euros, unos fondos que son extremadamente necesarios y que deben proporcionarlos aquellos que provocaron la crisis. No debemos acudir al contribuyente para que compense el déficit provocado por la crisis financiera, sino exigir que por fin el sector privado pague por lo que hay hecho. Este dinero debe utilizarse para la consolidación presupuestaria y como fuente independiente de ingresos para el presupuesto de la UE.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Hoy el Parlamento Europeo ha reiterado su llamamiento para la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras a escala de la UE, como parte de un informe sobre una financiación innovadora adoptado por los diputados al Parlamento Europeo. Los Verdes llevan mucho tiempo pidiendo la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras y han acogido con satisfacción la votación, con los siguientes comentarios del diputado al Parlamento Europeo de los Verdes, Philippe Lamberts: «El Parlamento Europeo ha mantenido la presión relativa a la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras a escala de la UE. Si bien el objetivo final debe ser la introducción de un ITF mundial, hay beneficios claros que pueden obtenerse si la UE avanza por sí sola. Hoy los diputados al Parlamento Europeo han instado a la Comisión a que tome medidas con este fin. Los Verdes han defendido durante mucho tiempo la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras, como medio para poner freno a la especulación perjudicial y como nueva fuente de ingresos públicos. Al tiempo que constituye una fuente de ingresos potencialmente considerable en un momento en el que los erarios públicos nacionales están bajo presión, un impuesto sobre las transacciones financieras es socialmente justo. Un ITF también abordaría claramente el riesgo sistémico que se deriva de la negociación de alta frecuencia, actuando como elemento disuasorio de la especulación de riesgo. Es hora de que la Comisión y los Estados miembros abandonen la situación de estancamiento».

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) La reciente crisis económica ha descubierto las deficiencias del sistema para regular y supervisar las finanzas globales.

Con demasiada frecuencia, el volumen de estas transacciones ha superado con creces las necesidades del mundo real, provocando una especulación que, con el tiempo, ha hecho que el capital implicado sea extremadamente volátil y se encuentre en riesgo de insolvencia. Los primeros que han asumido la carga han sido los contribuyentes, que también han sufrido el aumento del desempleo, la disminución de los ingresos, la reducción del acceso a los servicios sociales y el aumento de las desigualdades.

Para prevenir crisis futuras, ahora la UE debe promover cambios reales en materia de regulación y supervisión, para dar forma a un entorno financiero más saneado y sólido. La idea de un impuesto sobre las transacciones financieras presenta ventajas importantes, especialmente en estos momentos posteriores a una crisis como la actual: estabiliza los mercados, ofrece incentivos a la inversión a largo plazo y garantiza la trazabilidad de la auditoría de las transacciones individuales.

Poner freno a la especulación, apoyar las inversiones a largo plazo y lograr un crecimiento mayor a largo plazo conforme a la Estrategia Europa 2020: es importante complementar todo esto introduciendo un sistema similar de financiación fuera de la Unión Europea, para no generar desventajas competitivas que nos perjudiquen.

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), por escrito. – (ET) En la votación de hoy hemos constatado un apoyo al informe relativo a la financiación innovadora en el mundo y en Europa. La única parte que no ha sido objeto de apoyo ha sido la propuesta que instaba a la Comisión a que investigase la viabilidad del impuesto europeo sobre el carbono, que al igual que el IVA, se introducirá en el mercado interior para cada producto. Me complace observar que los principales puntos que instan a la Comisión a que investigue la viabilidad y la funcionalidad de nuevos impuestos y las consecuencias derivadas de los mismos. Con los impuestos bancarios, los impuestos sobre las actividades financieras y los impuestos sobre las transacciones financieras, cada cual tiene su propio objetivo económico, y su potencial para generar ingresos es diferente, por lo que es importante que antes de imponer impuestos adicionales, se realice un análisis en profundidad.

La idea que se estaba considerando de que si se introduce un impuesto sobre las transacciones financieras, debe hacerse a una escala lo más amplia posible ha recibido apoyo. Al mismo tiempo, los diputados al Parlamento, incluida yo misma, han pedido que se aclare quién pagará en última instancia este impuesto, porque la carga fiscal suele recaer sobre el cliente, que en este caso serían inversores minoristas y personas individuales. Gracias.

  Edward Scicluna (S&D), por escrito. – He apoyado el informe Podimata, que incluye varias ideas buenas con respecto a un impuesto sobre las transacciones financieras a escala mundial. La verdad es que todavía tiene que reformarse gran parte del sector financiero, especialmente los bancos de inversión, tras descubrir las deficiencias reveladas por la crisis financiera. Incluso el Gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, admitió la pasada semana que el coste de las medidas de austeridad que estaban aplicándose en Reino Unido y en Europa estaba siendo asumido por «personas que no tenían culpa alguna» mientras que el sector financiero había vuelto a su mentalidad anterior como si nada hubiera pasado.

Es justo que el sector privado pague su parte por las consecuencias de la crisis financiera y responda ante cualquier rescate futuro, habida cuenta de la existencia de muchos bancos que todavía se consideran «demasiado grandes para fallar». Ahora la carga corresponde al FMI y a la Comisión Europea, que deben evaluar los pros y los contras de un impuesto sobre las transacciones financieras a escala mundial.

  Peter Skinner (S&D), por escrito. – Durante la votación de hoy relativa al informe Podimata sobre una financiación innovadora, se ha votado una enmienda independiente que instaba a la Comisión a presentar propuestas para una propuesta de impuesto sobre las transacciones financieras a escala de la UE en ausencia de iniciativas a escala del G-20.

He votado a favor de la enmienda por motivos de solidaridad de grupo y porque creo que un apoyo claro al concepto de un ITF de Europa puede generar debates adicionales en el G-20.

No obstante, tengo muy claro que la introducción de un ITF a escala de la UE, si no se aplica también a escala mundial, plantea posibles riesgos para posición competitiva del Reino Unido como centro financiero, lo que repercute claramente sobre los ciudadanos del sureste de Inglaterra. Soy muy precavido con respecto a un ITF limitado a la UE, y creo que cualquier propuesta debe pasar por una rigurosa evaluación de impacto para garantizar que los efectos positivos contrarresten las desventajas para mis electores. Antes del resultado de dicha evaluación de impacto, rechazo rotundamente las propuestas de un ITF generalizado del 0,05 % sobre todas las transacciones financieras, puesto que me parece arbitrario y poco justificado.

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), por escrito. – (DA) He votado en contra del informe, ya que no garantiza que un impuesto sobre las transacciones financieras se utilice para los fines para los que debe utilizarse una verdadera tasa Tobin, a saber, los países en desarrollo y las inversiones en materia climática. El informe no deja claro si el impuesto revertirá en los presupuestos de la UE, lo que abre la puerta a más problemas. En primer lugar, me opongo radicalmente a incrementar los recursos propios de la UE. En segundo lugar, desperdiciaremos la oportunidad de contar con una verdadera tasa Tobin sin la UE tiene derecho a enajenar el impuesto (véase la propuesta de la Comisión que sugiere que el impuesto financie los proyectos de la UE y las diferencias de los presupuestos de la UE. Mi voto no debe interpretarse como oposición al impuesto sobre las transacciones financieras en la UE. Apoyo plenamente una verdadera tasa Tobin, al igual que apoyo los elementos positivos del informe, como la lucha contra el fraude fiscal, el principio de «quien contamina, paga» y el llamamiento a la eficiencia energética.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. – (NL) Hoy he votado una vez más a favor de la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras (ITF) y he coincidido en que, si no imponemos un ITF a escala global, en cualquier caso la UE debe dar el primer paso. Tenemos que aprovechar este impulso y limitar la codicia de los sectores financiero y bancario. Al fin y al cabo, una crisis mundial exige soluciones mundiales y Europa, como principal mercado financiero, puede desempeñar una función pionera en este sentido. Un impuesto sobre las transacciones financieras podría proporcionar a los Estados miembros ingresos suficientes para equilibrar sus presupuestos y mantener activas sus economías.

Dado que los posibles ingresos de un ITF establecido en el 0,05 % ascienden a 200 000 millones de euros en la UE y a 650 000 millones de dólares estadounidenses a escala mundial, este impuesto también podría formar una parte importante de la solución en la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos sostenibles. Un ITF podría restringir la especulación y estabilizar los mercados, crear incentivos para las inversiones a largo plazo, y puesto que todas las transacciones pueden rastrearse, podría aumentar la transparencia y garantizar que los operadores financieros aceptan su parte del coste de la crisis. Además, el informe insta a que se estudien con mayor detalle las posibilidades de emitir eurobonos y de imponer un impuesto relativo al CO2.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – A diferencia de mis colegas conservadores escoceses y liberales escoceses, he apoyado este informe, que aborda diversas fuentes de financiación posibles, incluido el impuesto sobre las transacciones financieras. También insta al debate sobre el uso de los ingresos que podrían obtenerse mediante un ITF.

  Michèle Striffler (PPE), por escrito. – (FR) He apoyado firmemente la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras a escala global durante la votación relativa a una financiación innovadora a escala europea y mundial. No obstante, en primer lugar, la posibilidad de aplicar un impuesto de este tipo exclusivamente a escala europea debe ser objeto de un estudio de viabilidad realizado por la Comisión Europea. De hecho, debemos establecer si este impuesto puede aplicarse a escala europea sin que tenga efectos adversos para la competitividad europea a escala internacional.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) La crisis económica y financiera ha revelado graves deficiencias en el marco regulador y de supervisión del sistema financiero mundial. Deben ofrecerse respuestas a la crisis mediante instrumentos nuevos que puedan frenar la especulación, restaurar el papel del sector financiero, garantizar una distribución equitativa de las cargas y crear nuevos recursos adicionales para hacer frente a los retos mundiales como el cambio climático, los objetivos de desarrollo y el crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo en el marco de la Estrategia Europa 2020. Este informe de propia iniciativa expresa el deseo de encontrar nuevas fuentes de financiación innovadoras. Los instrumentos de fiscalidad basados en la recepción de ingresos no son suficientes. El documento estudia las siguientes posibilidades de financiación innovadora: la imposición del sector financiero, los eurobonos y la imposición del sector energético. En mi opinión, es esencial innovar con medios alternativos de financiación que se ajusten a los retos actuales y al mundo moderno, pero no es recomendable hacerlo sin analizar primero su verdadero impacto. Igual de importante que incrementar los ingresos es impulsar el papel regulador del mercado, creando mecanismos que refuercen su transparencia, su eficiencia y su estabilidad. Por estos motivos, he votado a favor del documento durante el Pleno.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El informe es un insulto a la inteligencia de las clases trabajadoras y las clases populares, que sufren la terrible guerra desencadenada por el capital y por sus representantes políticos. El informe deja claro desde un principio que la imposición de capitales no puede cuestionarse: «destaca que un aumento de los tipos y una ampliación del alcance de los actuales instrumentos fiscales… no son una solución suficiente ni sostenible». No obstante, con el fin de engañar a los trabajadores, insta a la UE a que adopte un «impuesto sobre las transacciones financieras» del 0,01 %, que se presenta como una «distribución equitativa de las cargas» de la crisis entre el capital y los trabajadores y un esfuerzo por limitar la especulación mediante el capital. Al mismo tiempo, se incrementa la fiscalidad directa sobre las clases populares pobres y la fiscalidad indirecta, que se come literalmente los ingresos de las clases trabajadoras y populares, se pone por las nubes. El impuesto sobre las transacciones financieras no constituye un impuesto sobre el sector financiero; es otro impuesto indirecto. Junto a este nuevo impuesto indirecto, también se propone toda una serie de las denominadas medidas «de financiación innovadora» o nuevos impuestos sobre los ingresos populares, como el «impuesto sobre el carbono», la «contribución de solidaridad a los billetes de avión», incluso una «lotería mundial» para combatir el hambre. El Partido Comunista griego ha votado en contra de este informe, subrayando que el único modo popular de salir de la crisis capitalista es tomar medidas con respecto a los beneficios de los monopolios.

  Niki Tzavela (EFD), por escrito. – He votado a favor de este informe. En mi opinión, el informe de la señora Podimata es muy equilibrado y se expresa en términos satisfactorios, y acojo con satisfacción los cuatro instrumentos financieros que introduce. Las cuatro medidas son innovadoras, y quiero subrayar que no se trata únicamente de la emisión de un impuesto sobre las transacciones financieras. Debemos seleccionar detenidamente los instrumentos que debemos aplicar: en mi opinión, debemos excluir los impuestos aplicados a los sectores —como el sector energético— que poseen un efecto multiplicador sobre el coste de la vida. Así, para la fase final de esta cuestión, la Comisión debe realizar un análisis mediante una evaluación de impacto de la eficacia y los posibles resultados del uso de estos instrumentos.

  Thomas Ulmer (PPE), por escrito. – (DE) El informe incluye algunas ideas buenas, por ejemplo, un impuesto sobre las transacciones financieras de tan solo el 0,05 % que supondría 200 000 millones de euros para el presupuesto de la UE. Actualmente no nos estamos beneficiando de este dinero, que simplemente dificultaría la especulación sin eliminarla por completo. La pregunta ineludible es qué va a hacer el Consejo de Ministros con este informe de propia iniciativa. Todavía tenemos un largo camino por delante.

  Derek Vaughan (S&D), por escrito. – Mientras los ciudadanos de la UE se enfrentan a una factura cada vez mayor derivada de la crisis financiera, las medidas incluidas en este informe tienen potencial para recaudar miles de millones de euros y aliviar algunas de las presiones que soportan las familias en estas circunstancias financieras tan complejas.

Un impuesto mínimo sobre las transacciones financieras podrá emplearse para combatir la pobreza en el Reino Unido y en todo el mundo y mitigar los efectos del cambio climático. Ahora los defensores de este denominado impuesto Robin Hood, incluidos los diputados laboristas al Parlamento Europeo deben ampliar su éxito y seguir presionando al sector financiero mundial para que amplíe este sistema a fin de crear un impuesto mundial sobre las transacciones financieras.

  Dominique Vlasto (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor de esta resolución, que tiene por objeto fomentar la financiación innovadora mediante un impuesto sobre las transacciones financieras, aumentando la capacidad de recuperación de la economía y promoviendo la transición a un crecimiento ecológico al tiempo que se mantiene la ayuda a los países en desarrollo. La crisis económica ha demostrado de manera convincente la importancia vital de establecer una gobernanza financiera mundial para garantizar que dejemos de ser objeto de las veleidades del capitalismo financiero desenfrenado. Este es el deseo de la Presidencia francesa del G-20, y debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para lograr este objetivo. La especulación financiera, fomentada por la ausencia de normas y supervisión, ha destruido millones de empleos, ha afectado seriamente a las finanzas públicas y ha reducido considerablemente el nivel de vida de la gran mayoría de europeos. Es hora de apartarse de esta visión cortoplacista de la economía, donde el dinero es lo importante y la irresponsabilidad está en todos lados, que nos ha llevado al borde del abismo, para que el sistema financiero pueda continuar con su papel de servir a la economía real y a los ciudadanos. La Unión Europea debe servir de ejemplo a este respecto, y la resolución adoptada por esta Cámara envía una señal contundente a nuestros socios.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) He votado a favor del informe de la señora Podimata sobre una financiación innovadora a escala europea y mundial. Hasta la fecha, el contribuyente europeo ha sido el único en asumir el peso de la crisis económica y financiera en 2007 y en los años posteriores. Este es el primer informe que considera una variedad de mecanismos innovadores diseñados para garantizar que los operadores de los mercados financieros también asumen parte de los costes. La propuesta de un impuesto sobre las transacciones financieras a escala mundial, si es posible, se acoge con satisfacción, y debe considerarse seriamente un sistema similar a escala de la UE como alternativa.

La gran ventaja de este impuesto no solo son los ingresos potenciales procedentes de un sector que no ha pagado impuestos (o ha pagado muy pocos) en el pasado, sino también el efecto regulador que lo acompaña. Es bien sabido que el sector financiero, que con frecuencia se basa en la especulación, se ha separado de la economía real. Al fiscalizar el sector financiero, podemos volver a generar incentivos para las inversiones a largo plazo, considerando así las necesidades de la economía real.

Informe: Edite Estrela (A7-0032/2011)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Voto a favor de este informe porque la importancia de reducir las desigualdades en el ámbito de la salud está ligada intrínsecamente a la reducción de las desigualdades sociales, tal como se señala en el informe. Las desigualdades en materia de salud se inician a una edad muy temprana y se suceden durante toda la vida, reproduciéndose también en otras generaciones. En vista de ello, los Estados miembros deben adoptar el principio de «salud en todas las políticas». Además de esto, apoyo firmemente las recomendaciones de la ponente que defienden la necesidad de fomentar el acceso universal a la salud, también para los migrantes indocumentados, y el acceso a la protección social para las mujeres embarazadas, al hilo de la legislación de sus propios países.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) El informe de Edite Estrela sirve para revisar las desigualdades en materia de salud que existen en la Unión Europea y las medidas que deben adoptarse para reducirlas. Por ello, constituye un informe útil a favor del cual he votado, principalmente para reafirmar la naturaleza inviolable del derecho al aborto y la necesidad de un acceso fácil a los métodos anticonceptivos, en un momento en que estos derechos todavía no son efectivos en todos los Estados miembros de la Unión Europea. La marcha hacia la igualdad sigue.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) Existen desigualdades muy significativas en materia de salud entre los países y regiones de la Unión Europea. A raíz de la crisis económica y financiera, algunos Estados miembros han adoptado medidas de austeridad que han provocado una reducción del nivel de financiación para la salud pública, la prevención de enfermedades y los cuidados a largo plazo. No todos los ciudadanos de la UE pueden acceder a unos servicios sanitarios de calidad. Esto es especialmente cierto en las regiones más pobres de la UE, en las que los pacientes no tienen acceso a unos servicios sanitarios y a unos tratamientos de calidad. Existen diferencias considerables tanto en el reembolso de los medicamentos como en el tratamiento de enfermedades complejas individuales, como la enfermedad de Alzheimer, que impide que los pacientes de ciertos Estados miembros obtengan medicamentos reembolsables y el tratamiento que necesitan en su país. Considero que la Comisión Europea debe adoptar medidas para reducir las diferencias y las desigualdades en el acceso a unos servicios sanitarios de calidad que sufren los ciudadanos de la UE y establecer mecanismos para controlar las desigualdades en materia de salud. La Comisión también debe presentar una iniciativa dirigida a promover y apoyar el desarrollo, por parte de los Estados miembros, de estrategias nacionales o regionales integradas para reducir las desigualdades en materia de salud.

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) Hoy en día los ciudadanos europeos disfrutan de una vida más larga y saludable. A pesar de que los niveles medios de salud registrados en la Unión Europea han mejorado con el tiempo, sigue habiendo diferencias entre Estados miembros y en el seno de estos en Europa. A raíz de la crisis económica, financiera y social actual, estas diferencias tienden a acentuarse. Como ponente alternativa de opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, he señalado la necesidad de buscar soluciones. Estas soluciones implicará necesariamente a todas las partes implicadas: la Unión Europea, los Gobiernos nacionales, las autoridades regionales y locales y los operadores de la economía social. Los retos a los que se enfrenta la Unión Europea, resultado de los cambios demográficos, requieren un plan concreto para la lucha contra las desigualdades en materia de salud en las zonas rurales.

El refuerzo del sistema de reconocimiento de cualificaciones favorecerá la circulación de personas capacitadas en el territorio de la UE, así como la movilidad de los profesionales. Las campañas que promueven estilos de vida saludables y programas de prevención y detección dirigidos a grupos específicos también son importantes a la hora de reducir las desigualdades en materia de salud. Por todos los motivos anteriores, he apoyado este informe.

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. – (FR) En un momento en el que todavía estamos sintiendo plenamente los efectos sociales de la crisis económica y financiera en nuestras respectivas sociedades europeas, hoy era importante votar a favor del informe de la señora Estrela sobre la reducción de las desigualdades en materia de salud. De hecho, este informe sirve para recordar que las desigualdades también afectan a los servicios sanitarios y que es importante actuar sobre las causas fundamentales de estas desigualdades para que por fin todos los ciudadanos europeos puedan disfrutar de sus derechos sociales fundamentales. Los ciudadanos no son iguales, ni en cuanto a la esperanza de vida, pobreza o exclusión, y no todos están expuestos a riesgos de salud. El informe también menciona a los migrantes indocumentados, que a menudo se enfrentan a dificultades considerables para acceder a los servicios sanitarios en los países de acogida.

Por ello, invitamos a los Estados miembros a que mejoren el acceso a los servicios sanitarios para todos, ya sean ciudadanos o no, y les instamos a que sigan coordinando sus políticas de salud nacionales. De hecho, el acceso a unos servicios sanitarios de calidad constituye uno de los derechos más fundamentales, por lo que debe ser una prioridad para la Unión y para los Estados miembros, que todavía conservan competencias en este ámbito.

  Sergio Berlato (PPE), por escrito. – (IT) En la Unión Europea, existen desigualdades considerables en materia de salud, y del mismo modo, también difieren las medidas para abordar dichas desigualdades entre los Estados miembros. En mi opinión, estas diferencias en cuestiones de salud pueden repercutir de manera considerable en las personas durante toda su vida, por lo que plantean un problema que debe abordarse con determinación y con una perspectiva política innovadora.

Este informe incluye soluciones muy interesantes con respecto al reconocimiento del derecho específico a la salud de los ciudadanos, en concreto centrándose en la formación de la población y en la cobertura de los servicios sanitarios. Las consecuencias sociales de la crisis económica y financiera reciente son evidentes: desde el inicio de la crisis, el número de desempleados ha aumentado en 5 millones, numerosos hogares se han visto afectados por la recesión y se encuentran actualmente en un riesgo de pobreza mayor o en una situación de endeudamiento excesivo. Creo que es esencial considerar la reducción de estas desigualdades como una prioridad en todos los niveles del proceso de toma de decisiones. También insto a la Comisión a que les proporcione un mayor reconocimiento en la Estrategia Europa 2020 y que garantice que el objetivo de reducir las desigualdades en materia de salud se tenga en cuenta plenamente en futuras iniciativas.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe porque las desigualdades en materia de salud constituyen un problema que debe abordarse con carácter urgente. Comienzan en una fase temprana de la existencia, persisten en la vejez y se transmiten a generaciones futuras. Las desigualdades experimentadas en las primeras etapas de la vida en lo que respecta al acceso a la educación, el empleo y la atención sanitaria, así como las basadas en el género y el trasfondo cultural, pueden tener una influencia capital en el estado de salud de las personas a lo largo de su vida. Asimismo, la pobreza y la exclusión social repercuten de manera considerable sobre el estado de salud. En numerosos casos, los motivos de estas diferencias de salud son injustos y pueden evitarse. Con el fin de abordar las desigualdades en materia de salud, deben adoptarse medidas concretas, especialmente con respecto a los grupos más vulnerables. Resulta fundamental considerar una prioridad esencial la reducción de las desigualdades en salud, velando por que se lleven a cabo evaluaciones de impacto efectivas en el ámbito sanitario.

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) Los servicios sanitarios se han visto gravemente afectados por la crisis en varios Estados miembros de la UE en términos de oferta y demanda. A nivel de oferta, la crisis económica y financiera ha conducido a una reducción del nivel de financiación asignado a los servicios de sanidad pública y sanitarios, también a largo plazo, como resultado de los recortes presupuestarios efectuados y de la reducción de los ingresos derivados de la recaudación de impuestos, Por otra parte, la demanda de servicios sanitarios también ha aumentado a largo plazo, debido a una combinación de factores que contribuyen al deterioro del estado de salud de la población en general. Algunos Estados miembros ya aplican medidas integradas en sus programas de recuperación para atenuar el impacto de la crisis económica en los servicios sanitarios invirtiendo en infraestructura sanitaria, haciendo un uso óptimo de los fondos asignados a los servicios sanitarios y reestructurando y reorganizando el sistema de atención sanitaria.

No obstante, existen grandes diferencias en los Estados miembros en cuanto a las medidas adoptadas para luchar contra las desigualdades. La cuestión del acceso es clave para todos los servicios públicos. La identificación y el intercambio de estrategias, políticas y medidas efectivas contribuirán a obtener apoyo a escala de la administración y en los diferentes sectores.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) Estoy de acuerdo con la afirmación de la ponente, la señora Estrela, de que existen enormes diferencias entre los ciudadanos que viven en distintas regiones de la UE y entre los grupos de población más favorecidos y desfavorecidos. Estas desigualdades tienden a iniciarse en el momento del nacimiento y se prolongan hasta la vejez, influidas durante toda la vida por el acceso a la educación, el empleo y la atención sanitaria, y pueden acentuarse debido a las diferencias basadas en el género y la raza. Resulta esencial reducir la envergadura de las diferencias existentes, que perjudican los compromisos adquiridos por la UE con respecto a la solidaridad, la cohesión económica y social, los derechos humanos y la igualdad de oportunidades, motivo por el cual esta es una de las medidas prioritarias incluidas en la estrategia de salud de la UE para el período 2008-2013. No obstante, es importante reconocer que la política sanitaria es responsabilidad de los Estados miembros, junto con la creación de sistemas respectivos para que los ciudadanos accedan a los servicios sanitarios. El informe describe varias medidas interesantes, pero no analiza su repercusión financiera. Tampoco me complace la introducción de la cuestión del abordo, que se inscribe en las competencias nacionales y no europeas.

  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) Los principios de la universalidad, el acceso a una atención sanitaria de alta calidad, la igualdad y la solidaridad deben ser una realidad en los sistemas sanitarios de la Unión Europea. Por ese motivo el Parlamento Europeo ha aprobado el informe Estrela por una gran mayoría. Los sistemas sanitarios de los 27 Estados miembros siguen acusando numerosas desigualdades. En consecuencia, los diputados al Parlamento Europeo han solicitado la mejora del acceso universal a unos servicios sanitarios asequibles. Los cuidados básicos deben ser menos caros, y el acceso a los medicamentos debe ser más asequible. Deben reducirse las desigualdades entre los distintos grupos sociales y de edad. Los Estados miembros deben mejorar la efectividad de su gasto sanitario, centrarse en la prevención y ofrecer programas dirigidos a los grupos más vulnerables. Eso es lo que los diputados al Parlamento Europeo solicitan a la Comisión Europea y a los Gobiernos de los Estados miembros, con el fin de garantizar un nivel sanitario en Europa que sea digno del modelo social europeo que queremos.

  Anne Delvaux (PPE), por escrito. – (FR) Mi deseo era apoyar el informe de Edite Estrela sobre la reducción de las desigualdades en materia de salud entre los países de la Unión Europea, pero también en el seno de los mismos. Ello se debe a que menciona una gran variedad de desigualdades persistentes en este ámbito en el territorio de la Unión. Estas desigualdades, que no son justas, son producto de numerosos factores económicos, medioambientales y relacionados con el estilo de vida, pero también de dificultades a la hora de acceder a los servicios sanitarios, ya sea por motivos económicos o debido a una «mala distribución de recursos médicos» en determinadas zonas de la Unión. Aunque la política sanitaria sigue siendo (en mayor medida) una responsabilidad nacional, los diputados al Parlamento Europeo tenemos el deber de animar a nuestros Estados miembros a que persistan en sus esfuerzos por reducir las desigualdades socioeconómicas, reduciendo asimismo las disparidades en la prestación de asistencia sanitaria.

Los Estados miembros deben garantizar un acceso equitativo a los servicios sanitarios para los grupos vulnerables (las personas discapacitadas, las personas de edad avanzada, los migrantes… ¡y las mujeres!). También es necesario centrarse de manera especial en la información y la prevención en materia de salud, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) A pesar del hecho de que el informe incluye disposiciones que considero muy relevantes sobre la importancia cada vez mayor de la prestación de servicios sanitarios para las personas de edad avanzada y la necesidad de aumentar los conocimientos sobre las enfermedades que afectan a las personas mayores en particular, en general aporta poca información nueva. De hecho, al intentar mencionar todos los aspectos, termina siendo una «lista de deseos», a la que la ponente ha añadido, so pretexto de «reducir las desigualdades en materia de salud» cuestiones tan dispares —y ajenas al acceso equitativo a los servicios sanitarios— como la violencia doméstica, la investigación del sector farmacéutico y las políticas de los Estados miembros relativas a la interrupción voluntaria del embarazo, así como el acceso a tratamientos de fertilidad para los homosexuales. No creo que este sea el foro adecuado para debatir estas cuestiones. Sabemos que el acceso al aborto y a la reproducción asistida para las parejas homosexuales constituyen cuestiones polémicas en los Estados miembros, y solo los Estados miembros pueden decidir libremente sobre ellas. También es este motivo el que me impide votar a favor del informe.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) La salud y la esperanza de vida son cuestiones íntimamente ligadas a las condiciones sociales. Es esencial que la reducción de las desigualdades se considere una prioridad fundamental a todos los niveles de la actividad política, aplicando un enfoque de «salud en todas las políticas» y garantizando que se lleven a cabo evaluaciones de impacto eficaces. Sigue habiendo desigualdades, como demuestra el hecho de que, en 2007, la esperanza de vida en el momento del nacimiento reflejaba una variación de 14,2 años entre los Estados miembros de la UE en el caso de los hombres y de 8,3 años para las mujeres. Es necesario mejorar el acceso universal a los sistemas sanitarios y a una sanidad asequible para todos. Es importante mejorar el acceso a la prevención de enfermedades y a la promoción de la salud, así como a los servicios de atención primaria y especializada, y reducir las desigualdades entre los distintos grupos sociales.

No obstante, no he votado a favor del informe, ya que no estoy de acuerdo con el apartado 29, que —cito— «pide a la UE y a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias, en relación con el acceso a las tecnologías de reproducción asistida, con el fin de suprimir la discriminación de las mujeres basada en su estado civil, edad, orientación sexual u origen étnico o cultural».

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El informe incluye un conjunto de directrices que consideramos válidas y justas. No obstante, debemos realizar algunas observaciones.

Las denominadas políticas de austeridad, cuya esencia y contenido son profundamente antisociales, que recortan la inversión pública y el papel social del Estado —de manera específica con respecto a la salud—, entre otras consecuencias extremadamente perjudiciales desde una perspectiva económica y social, también acentúan las desigualdades en el ámbito sanitario.

Cuando, en aras de la necesidad de reducir el déficit presupuestario, aumenta el coste del acceso a los servicios de salud pública, los precios de los medicamentos suben, incluso para las enfermedades crónicas, debido a los recortes practicados en las subvenciones estatales, y el apoyo al transporte de pacientes para sus citas de tratamientos y asistencia sanitaria se elimina en zonas en las que no hay servicio de transporte público, las desigualdades en materia de salud aumentan, como está ocurriendo actualmente en Portugal. El efecto de esta situación es que las personas con ingresos reducidos tienen cada vez más dificultades para acceder a los servicios sanitarios.

En lugar de palabras, lo que se necesita es un verdadero cambio en el contenido de las políticas. Hay que renunciar a las políticas neoliberales y a la igualdad efectiva de las oportunidades garantizadas, especialmente en cuanto al acceso a los servicios sanitarios.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Este informe aborda una serie de cuestiones importantes, pero no llega al fondo de los problemas que están provocando las políticas de austeridad y las políticas antisociales que se aplican en la actualidad y que acentúan las desigualdades en el ámbito de la salud.

Así que las palabras no son suficientes. Hay que renunciar a las políticas neoliberales y conceder la máxima prioridad a la prevención y a la salud pública, con el fin de garantizar la igualdad efectiva de las oportunidades relativas al acceso a los servicios sanitarios.

Hay que renunciar al Pacto de Estabilidad con el fin de impedir el aumento del coste del acceso a los servicios de salud pública, el incremento de los precios de los medicamentos, incluso para las enfermedades crónicas, y la supresión del apoyo al transporte de pacientes para sus citas de tratamientos y asistencia sanitaria, incluso en zonas en las que no hay servicio de transporte público, todo ello en aras de la necesidad de reducir el déficit presupuestario.

Sabemos que el resultado de estas políticas es un aumento de las desigualdades asociadas a la salud, como ocurre actualmente en Portugal. Las personas con ingresos reducidos tienen cada vez más dificultades para acceder a los servicios sanitarios. Por tanto, en lugar de palabras bonitas, lo que necesitamos es un cambio de las políticas que otorgue prioridad al respeto de los derechos humanos y a la cohesión económica y social.

  Elisabetta Gardini (PPE), por escrito. – (IT) Estamos obligados a reconocer que este informe incluye una serie de cuestiones interesantes con respecto al reconocimiento del derecho a la salud en el verdadero sentido de la expresión (acceso a cuidados, formación de la población, cobertura de servicios, etc.).

Sin embargo, no podemos dejar de expresar ciertas reservas que se derivan de contradicciones inherentes al propio documento que han desencadenado un amplio debate. La igualdad debe entenderse en el verdadero sentido y no aislando a los individuos (especialmente a las mujeres) de la relación con sus parejas, hijos y el contexto social en el que se ejercen realmente las capacidades sexuales y reproductivas. También me preocupa la proclamación de «nuevos derechos», como el «derecho a un aborto seguro», ya que la declaración reduce o incluso anula los derechos de otros (las expectativas del padre o la esperanza de vida del feto).

Del mismo modo, podemos señalar algunas deficiencias, como que el documento omite totalmente la mención de los operadores profesionales: no dice nada sobre su función y sus responsabilidades, son tratados como autómatas y no como profesionales con sus propias habilidades, capacidades, y sobre todo, con su propia conciencia personal.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (PT) Este informe incluye algunas propuestas escandalosas. Por ejemplo, aspira a «permitir» que los profesionales sanitarios «adopte un enfoque intercultural basado en el respeto de la diversidad» a la hora de tratar a sus pacientes inmigrantes. Asimismo, pretende suprimir la discriminación relativa al acceso a tecnologías de reproducción asistida —especialmente la discriminación basada en la edad o la orientación sexual— mientras al mismo tiempo declara que debemos promover el acceso universal al aborto. El tema predominante en este sentido es una síntesis de la cultura de la muerte y una inversión de los valores. Por último, tiene por objeto hacer que todos los Estados miembros establezcan el equivalente a las ayudas médicas públicas, a saber, el acceso a los cuidados gratuitos para los inmigrantes ilegales.

Recordemos que en Francia, cualquier inmigrante ilegal puede acceder a estos cuidados por cualquier motivo —la intención original era responder a las emergencias o al riesgo de epidemias—, y las condiciones de dicho acceso son mínimas y no verificables. Este sistema —que no está sujeto a ningún tipo de control o limitación— permite los tratamientos paliativos, fomenta la inmigración ilegal y promueve el turismo médico, así como cualquier tipo de trampa imaginable, a un coste cada vez superior. En un momento en el que nuestros hospitales y nuestros sistemas médicos están arruinados y en el que cada vez son más aquellos de nuestros ciudadanos que no pueden permitirse la asistencia sanitaria, una propuesta de este tipo es escandalosa.

  Louis Grech (S&D), por escrito. – He votado a favor del informe sobre la reducción de las desigualdades en materia de salud, que aborda las diversas lagunas presentes en la asistencia sanitaria en la UE-27. La ponente destaca el hecho de que las disparidades en la salud de los ciudadanos en toda la Unión se deben, en muchos casos, a las diferencias de oportunidad, de acceso a los servicios y a los recursos materiales, al trasfondo social, a los ingresos y a la educación, y también al hecho de que dichas diferencias se han acentuado todavía más a raíz de la crisis financiera. Estoy de acuerdo con varias de las cuestiones planteadas en el presente informe, una de las cuales sugiere que la Comisión colabore con los Estados miembros en la promoción de las mejores prácticas sobre la fijación de precios y el reembolso del coste de los medicamentos, con vistas a optimizar la asequibilidad y a reducir las desigualdades en el acceso a los medicamentos y otra de las cuales es que la UE y los Estados miembros reconozcan la violencia masculina contra las mujeres como una cuestión de salud pública, así como el hecho de que se inste a los Estados miembros a que adapten sus sistemas sanitarios a las necesidades de los grupos más vulnerables de la sociedad desarrollando métodos para establecer las tasas que cobran los profesionales sanitarios por garantizar el acceso a los cuidados para todos los pacientes. Sin embargo, no estoy de acuerdo con las referencias mencionadas en el informe que apoyan el fomento del aborto.

  Françoise Grossetête (PPE), por escrito. – (FR) Era totalmente vital que el informe tomara en consideración las desigualdades en materia de salud basadas en la edad, como ya ha hecho.

Las desigualdades en materia de salud basadas en la edad provocan el acceso limitado a los tratamientos innovadores y a unos servicios sanitarios adecuados. Las personas mayores deben poder hacer uso de los medicamentos cuya efectividad y seguridad han sido demostradas en personas de la misma edad. Se sigue excluyendo con demasiada frecuencia a las personas pertenecientes a este grupo de edad de los ensayos clínicos. El promedio de edad de los participantes en los ensayos clínicos relativos a tratamientos de presión arterial elevada es 63, a pesar de que el 44 % de los pacientes superan los 70 años de edad cuando se les diagnostica por primera vez esta enfermedad.

La Unión y los Estados miembros deben planificar sin más demora las consecuencias sociales y económicas de una población europea que envejece y tomar en consideración este cambio demográfico.

  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) La lucha contra las desigualdades en materia de salud entre los países y regiones de la UE —que se han visto acentuadas debido a la crisis económica— se ha convertido por fin en prioridad gracias a la adopción del informe de la señora Estrela. Como ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, he votado a favor de este informe, que tiene por objeto mejorar el acceso a los servicios sanitarios para todos, especialmente para los grupos vulnerables y respaldar la investigación médica y farmacéutica. El informe también afirma que los Estados miembros deben poner fin a los recortes presupuestarios relativos a los servicios sanitarios. Asimismo, este informe tiene en cuenta el aspecto de género de las desigualdades en materia de salud y mejora el acceso de las mujeres a los cuidados reproductivos. Estos pasos adelante considerables son solo el inicio de la lucha contra las desigualdades en materia de salud en la UE.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe porque, a pesar de los avances realizados en la asistencia sanitaria, la brecha de salud entre ambos extremos de la escala social sigue siendo profunda y en algunas zonas continúa ahondándose. Las desigualdades experimentadas en las primeras etapas de la vida en lo que respecta al acceso a la educación, el empleo y la atención sanitaria, así como las basadas en el género y el trasfondo cultural, pueden tener una influencia capital en el estado de salud de las personas a lo largo de su vida. La combinación de pobreza con otras vulnerabilidades como infancia, vejez o discapacidad hace que se ahonden o reduzcan esos riesgos de salud: la enfermedad puede llevar a la pobreza o la exclusión social. Cada vez se reconoce más la relación existente entre los determinantes sociales y las desigualdades en salud. Ello hace que se considere cada vez más que los problemas sociales están relacionados con problemas de salud y que conviene dar una respuesta integral al problema. Las consecuencias sociales de la actual crisis económica y financiera ya se dejan sentir. Ya hay casi 5 millones más de personas sin empleo que al comienzo de la crisis. Muchos hogares han sufrido una pérdida de renta, una porción considerable se encuentran más expuestos a la pobreza y el sobreendeudamiento, y algunos han perdido sus casas. Los trabajadores con contrato temporal fueron los primeros en verse afectados por la crisis. Los migrantes y los trabajadores jóvenes y de edad avanzada, más propensos a la precariedad, se han visto particularmente afectados; pero también otras categorías de trabajadores que estaban bastante bien protegidos han perdido su empleo. Se precisa una política innovadora para abordar las desigualdades en salud, especialmente en el caso de las personas pertenecientes a grupos socioeconómicos bajos.

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), por escrito. – (FI) Hasta la fecha, la atención prestada a la cuestión de la reducción de las desigualdades en materia de salud en Europa ha sido insuficiente. Se trata de un problema que conviene resolver. Hay varias cuestiones que motivan las desigualdades sanitarias entre los grupos de población. Estas se refieren, por ejemplo, a las condiciones de vida, la educación y la formación, la ocupación, la prevención de enfermedades y los servicios que fomentan la salud. Es algo positivo que las personas entiendan cada vez mejor el vínculo entre los problemas especiales y los problemas sanitarios. Estos problemas deben resolverse de manera exhaustiva.

Es posible abordar los factores que derivan en desigualdades en materia de salud a través de la acción sociopolítica. Por ejemplo, el consumo de alcohol puede atajarse mediante políticas aplicadas a escala nacional (como las políticas fiscales y de precios), mediante la política regional (intensificando los controles) y mediante políticas locales de actividad (por ejemplo, desarrollando actividades de ocio para los jóvenes).

A escala europea, debemos intercambiar información sobre las mejores prácticas de salud entre Estados miembros. Es importante que subrayemos la necesidad de reducir las desigualdades en materia de salud en todas las fases del proceso de toma de decisiones. En particular, es necesaria una cooperación continua entre todas las partes interesadas para reducir las desigualdades en materia de salud.

  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. – (PL) Todos somos muy conscientes de la importancia de la salud. Lamentablemente, con frecuencia no lo apreciamos de manera adecuada hasta que uno de nuestros familiares o amigos enferma o nosotros mismos enfermamos. El acceso a la asistencia sanitaria es tan solo uno de los muchos factores que determinan la salud de los ciudadanos de cualquier país o región. Entre otros factores que repercuten con la misma intensidad sobre la salud de los ciudadanos se encuentran la situación profesional y la situación material asociada, el acceso a la educación, la edad avanzada o la discapacidad y la pertenencia a un grupo minoritario, entre muchos otros. La «estratificación social» y las divisiones arcaicas en «clases» también generan diferencias desmesuradas entre los europeos en términos de salud. Nuestra prioridad y la prioridad de la Unión Europea debe ser garantizar un acceso equitativo a la sanidad para todos y cada uno de los habitantes de nuestro continente y eliminar las diferencias sociales.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) La salud y el bienestar de los ciudadanos es una prioridad que esta Cámara debe garantizar y salvaguardar. Y es más, consideramos fundamental que este derecho se garantice a los ciudadanos de todos los países europeos.

Las desigualdades socioeconómicas, culturales y estructurales crean a menudo un escenario diverso en el que no todos tienen el mismo acceso a los servicios sanitarios y de atención médica. Por consiguiente, suele ocurrir que los grupos más vulnerables, los migrantes, las personas mayores, los niños y las personas con discapacidad pagan un alto precio ―a veces con su vida― para tener derecho a la salud que se les niega. Esto no debería ocurrir en el ámbito europeo ni tampoco en el ámbito nacional o regional. Las víctimas de los sistemas sanitarios deficientes, lamentablemente bastante generalizados, son tan inocentes de esta situación como los que no tienen igualdad de acceso a los servicios sanitarios.

He votado a favor de la resolución que propone la eliminación de las desigualdades entre los Estados miembros en relación con las normas de salud pública y promueve políticas sanitarias más eficientes y asequibles para todos, no solo para los usuarios sino también para los empleados y miembros del personal médico, que de esa manera tendrían unas condiciones de trabajo más adecuadas y podrían trabajar con eficacia en beneficio de todos.

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), por escrito. – (PL) Quiero explicar que he votado en contra del informe Estrela sobre la reducción de las desigualdades en salud en la UE por el apartado 25 del texto, que subraya, entre otras cosas, que la Unión Europea y los Estados miembros deben garantizar a las mujeres el derecho a un aborto seguro.

Quiero señalar que el documento mencionado destaca muchas cuestiones fundamentales en materia de salud y nos proporciona un material interesante que podemos emplear como base en trabajos posteriores, pero yo no he podido votar a favor de su aprobación por la referencia al aborto que en el mismo figura. Yo siempre insisto en que el aborto debe considerarse teniendo en cuenta las opiniones sobre las consecuencias asociadas al hecho de convertirse las mujeres en sexualmente activas. Creo que la vida humana merece algo mejor.

  Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) Las desigualdades en salud constituyen un problema que tiene que abordarse a escala europea. A menudo son resultado de la desigualdad de oportunidades en el acceso a los servicios y los bienes materiales, así como a los diferentes estilos de vida elegidos por la persona. Necesitamos perspectivas políticas innovadoras para abordarlas.

La crisis económica y financiera de los últimos años ha conducido a una reducción del nivel de financiación de los servicios de sanidad y de atención a largo plazo como resultado de los recortes presupuestarios efectuados y de la reducción de los ingresos fiscales, al tiempo que aumenta la demanda de servicios sanitarios y de atención a largo plazo. Muchos Estados miembros ya aplican medidas en el marco de sus programas de recuperación tales como la inversión en la reestructuración de los servicios sanitarios y la financiación adicional del sistema sanitario.

No obstante, las intervenciones para abordar las desigualdades en salud varían mucho de un Estado a otro. La recogida y el intercambio de datos sobre estrategias, políticas e intervenciones eficaces ayudarán a obtener apoyo de los gobiernos.

Resulta fundamental considerar una prioridad esencial la reducción de las desigualdades en salud, aplicando un enfoque de salud en todas las políticas y velando por que se lleven a cabo evaluaciones de impacto efectivas que tengan en cuenta los resultados en materia de igualdad en salud.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe y acojo con satisfacción su insistencia en las desigualdades en salud entre las categorías socioeconómicas inferiores. Acojo con satisfacción la atención que presta a la importancia de la vivienda y el empleo por lo que se refiere a la salud. También estoy de acuerdo con el informe en que las categorías socioeconómicas inferiores son más susceptibles de sufrir obesidad y una dependencia del tabaco y del alcohol.

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), por escrito. – (CS) Quiero felicitar a la ponente por su excelente trabajo y darle las gracias por aceptar mis propuestas de enmiendas. La cuestión de la igualdad de condiciones de acceso a la salud es uno de los pilares de nuestra política común ahora y, en particular, en el futuro. Las desigualdades en los resultados económicos y la crisis actual no deberían imponer límites a la hora de asegurar la igualdad de oportunidades para acceder a los servicios sanitarios a los ciudadanos de la UE, sean cuales sean las diferencias que existan entre los distintos sistemas sanitarios. En mi opinión, es muy significativo que el informe subraye la necesidad de promover el acceso al asesoramiento jurídico y la información de calidad a los inmigrantes, así como a otros grupos, incluidos los inmigrantes sin documentación. El principio básico ha de ser proteger la salud de los ciudadanos mejorando la accesibilidad territorial y financiera, y no solo el acceso a los medicamentos. La labor de coordinación de la educación y la formación profesional del personal sanitario será un importante factor para avanzar, además de la definición de normas mínimas de calidad y seguridad de la asistencia. La ponente insiste muy acertadamente en la prevención del tabaquismo y la obesidad y otros problemas de salud que influyen en la duración de la vida activa. Estoy de acuerdo con ella cuando pide a la Comisión que aliente a los Estados miembros a ofrecer y financiar tratamientos a los pacientes que padecen enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, la diabetes y la esclerosis múltiple, para las que no existen reembolsos en algunos Estados miembros. Estas enfermedades afectan a las personas mayores y especialmente a los jóvenes y conducen a la exclusión social.

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El presente informe destaca las desigualdades en materia de salud entre los ciudadanos de la Unión Europea, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, las cuales tienen su origen en las diferencias en lo que respecta a una amplia serie de factores, como la situación económica, social, educativa y profesional y las condiciones de vida. Insiste en la importancia de mantener y mejorar la universalidad y el acceso para todos a una atención sanitaria de alta calidad, incluidos los migrantes indocumentados, entre otros grupos vulnerables. Destaca el hecho de que la crisis económica y financiera, acompañada de las medidas de austeridad impuestas por los Estados miembros, han tenido un grave impacto en el sector de la atención sanitaria que hará que las desigualdades sean aún más acusadas. En este informe se alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que desarrollen un conjunto común de indicadores que permitan percibir la desigualdad en salud y a que prosigan con la estrategia «salud en todas las políticas». También subraya el informe la necesidad de adoptar medidas preventivas y de aplicar un enfoque basado en la «atención sanitaria local». A la luz de lo anterior y para apoyar las sugerencias que figuran en el informe, he votado a favor del mismo.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) El acceso a la atención sanitaria para todos, tanto ciudadanos como no ciudadanos, documentados o indocumentados, es un principio básico de seguridad pública. La mejor manera de proteger la salud de las personas a título individual es proteger la salud de todos en general. Acojo con satisfacción este informe, que considera la promoción de la salud pública indispensable para lograr el bien común.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) El informe que votamos aborda algunas cuestiones relevantes, sobre todo con respecto a la defensa de la igualdad de acceso a los servicios sanitarios para todos, situación que, lamentablemente, todavía no se da en la UE, en particular, entre los grupos más desfavorecidos, como los niños, las personas mayores y, en algunos casos, las mujeres. No obstante, considero que también se abordan otras cuestiones que nada tienen que ver con la salud. Lo que más me sorprende es el enfoque adoptado sobre las políticas de los Estados miembros en relación con la interrupción voluntaria del embarazo y el acceso a tratamientos de fertilidad para los homosexuales, que, en mi opinión, deberían respetar el principio de la subsidiariedad y gestionarse de una forma menos subrepticia. Por tanto, he votado en contra del informe.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) He votado a favor del informe Estrela sobre la reducción de las desigualdades en salud en la UE.

El acceso a la sanidad para todos los ciudadanos, sean de la UE o sean inmigrantes con o sin papeles, es uno de los derechos humanos básicos. Son precisamente las poblaciones con más riesgo de exclusión las que tiene que ver este derecho fundamental garantizado. Por tanto, he votado a favor del informe.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – Las desigualdades experimentadas en las primeras etapas de la vida en lo que respecta al acceso a la educación, el empleo y la atención sanitaria, así como las basadas en el género y el trasfondo cultural, pueden tener una influencia capital en el estado de salud de las personas a lo largo de su vida. Cabe subrayar que nadie desea abordar seriamente este problema y, por consiguiente, el informe de Edite Estrela es muy oportuno. Cuando seamos capaces de garantizar la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria para todos los estratos de población, la sociedad será más eficaz desde el punto de vista económico, financiero y político. Por eso he votado a favor del informe.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) La salud pública sigue siendo nuestro mayor activo y los gobiernos deberían considerarla una prioridad absoluta. Sin embargo, aún hay grandes divergencias entre los distintos Estados miembros en relación con la salud de la población y sus efectos resultan especialmente evidentes si nos fijamos en los diferentes niveles de esperanza de vida, que divergen 5,6 años en el caso de los hombres y hasta 6,6 años en el caso de las mujeres, entre los 27 Estados miembros. Los motivos de estas divergencias son, en parte, los deficientes niveles educativos y los altos niveles de pobreza y desempleo. Por consiguiente, no nos sorprende que la oleada de despidos que ha seguido a la crisis económica no haya tenido un efecto positivo en la salud pública. Después de todo, una pérdida de ingresos reduce de forma significativa el acceso a los servicios sanitarios en muchos países. No he votado a favor del informe, porque no ofrece suficiente información concreta sobre las estrategias para abordar el problema.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) Evidentemente debemos aplaudir los intentos de reducir las desigualdades en los servicios de atención sanitaria dentro de la Unión Europea para lograr un desarrollo social y económico coherente, y por eso he votado a favor del informe de Edite Estrela. Las propuestas para mejorar los servicios sanitarios en Europa promoviendo la educación en materia de salud, el acceso a tratamientos, la obtención de datos y la utilización de mecanismos de medición, seguimiento, evaluación y transmisión de información permitirán elaborar políticas eficaces para reducir las desigualdades en salud. No obstante, pienso que, al poner en marcha estas propuestas, es igualmente importante respetar el principio de subsidiariedad, así como ciertos rasgos y características nacionales que, en mi opinión, deben defenderse y protegerse.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) En este informe sobre la reducción de las desigualdades en salud en la Unión Europea se proponen varias medidas que considero útiles e importantes. No obstante, me he abstenido en la votación final, porque no estoy de acuerdo en que la UE y los Estados miembros tengan que garantizar a las mujeres el acceso totalmente gratuito al aborto. Las inversiones deberían centrarse en la planificación familiar y en los métodos anticonceptivos, recurriéndose al aborto como último recurso en casos excepcionales. Tampoco creo que deba haber acceso gratuito a las tecnologías de reproducción asistida, las cuales deberían someterse al principio de subsidiariedad y no utilizarse nunca como instrumento para suprimir la discriminación de las mujeres con argumentos basados en el estado civil, la edad, la orientación sexual o el origen étnico o cultural.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) La diferencia de esperanza de vida supone 14,2 años entre los Estados miembros en el caso de los hombres y 8,3 años en el caso de las mujeres (11,86 para los hombres y 7,38 para las mujeres en Rumanía). Incluso dentro de los países, los grupos con un nivel educativo o social diferente tienen distintas expectativas de salud. Un incremento de la tasa de desempleo y de las medidas de austeridad podría exacerbar las desigualdades en salud que ya se registran a nivel comunitario. He votado a favor de esta resolución para pedir que se mejoren las medidas de seguimiento y prevención de las enfermedades, y que se preste especial atención a los grupos vulnerables.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Dado que en el proyecto de informe ya se abordaban casi todas las cuestiones pertinentes, no era necesario presentar muchas enmiendas. Si bien mi grupo, el Grupo Verts/ALE, suscribimos una serie de enmiendas conjuntamente con la ponente y los ponentes alternativos, fuimos los únicos que intentamos incluir críticas al modelo actual de desarrollo de nuevos medicamentos basados en patentes, que generan un alto precio de la innovación médica y la falta de acceso a medicamentos esenciales asequibles. Exigimos nuevos modelos de investigación e innovación médicas basados por ejemplo en sistemas de premios a la innovación, licencias equitativas, consorcios de patentes, modelos de cooperación público-privada y condicionalidad social en los procedimientos de concesión de fondos de investigación de la UE, pero no se aprobaron las enmiendas.

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) Las cifras de Eurostat correspondientes al año 2010 están claras: aún existen grandes desigualdades entre los 27 Estados miembros en relación con la calidad de los servicios sanitarios que se prestan.

Algunos parámetros, como la esperanza de vida en los distintos Estados miembros siguen registrando demasiadas variaciones entre regiones, lo que demuestra que las normas de calidad aplicables a los servicios de atención sanitaria son todavía demasiado heterogéneas dentro de la UE. El acceso a la educación primaria y secundaria, un empleo satisfactorio, el género, el trasfondo cultural y el acceso a servicios sanitarios de calidad son factores que contribuyen especialmente a aumentar la calidad de vida de los ciudadanos.

Por ese motivo, el informe debería conceder prioridad a los derechos de los más débiles, en particular a las mujeres y sus necesidades específicas.

  Oreste Rossi (EFD), por escrito. – (IT) Aunque estamos de acuerdo con el principio básico del informe, es decir, que el nivel medio de la salud en la Unión Europea ha continuado mejorando, aunque existen grandes diferencias en los servicios sanitarios debido a la diversidad de los sistemas de los Estados miembros, este nivel sigue siendo deficiente en lo tocante a los derechos de los migrantes. Estos se incluyen entre los grupos más vulnerables, como las personas con discapacidad, las personas mayores y los niños, sin tener en cuenta que muchos de los migrantes son indocumentados y, por consiguiente, han llegado a Europa ilegalmente.

Por consiguiente, no podemos incluir a los migrantes en el mismo grupo que las personas con discapacidad, que constituyen un grupo vulnerable que requiere especial atención y una respuesta adecuada a sus necesidades. El informe divide la sociedad en clases: ricos, pobres, minorías étnicas, hombres, mujeres y niños, aplicando una metodología obsoleta, en lugar de hablar de ciudadanos con derechos, y propone que se adopte una legislación adecuada para medir estas supuestas desigualdades.

De hecho, las enmiendas propuestas empeoran el texto al incluir diversos temas, como el cambio climático, la violencia contra la mujer, la reproducción asistida y la igualdad de acceso a los servicios sanitarios para los migrantes indocumentados.

  Christel Schaldemose (S&D), por escrito. – (DA) En nombre de los socialdemócratas daneses en el Parlamento Europeo (Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Britta Thomsen y Ole Christensen). Hemos votado a favor del informe sobre la reducción de las desigualdades en salud en la UE, ya que contiene muchas propuestas importantes para reducir las desigualdades en salud. No obstante, también propone que se garantice a los migrantes indocumentados el acceso a los servicios sanitarios en los Estados miembros. Nosotros no compartimos ese punto de vista, aunque sí creemos que el derecho a recibir asistencia de urgencia es uno de los derechos humanos, cualquiera que sea la situación de una persona en la sociedad. .

  Peter Skinner (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe para apoyar el enfoque de la ponente, que ha definido una serie de principios que deberían tenerse en cuenta con respecto a la salud de la mujer. En la sociedad europea hay muchas mujeres que no tienen el derecho esencial de acceso a los programas y servicios de salud debido a su situación social y económica en nuestra sociedad, en particular las pertenecientes a minorías étnicas y las migrantes, que, en algunos casos, además son indocumentadas. Aunque es importante protegerse contra el denominado «turismo de salud», un término bastante desafortunado, también es esencial que renovemos nuestro compromiso con los derechos humanos fundamentales.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe, que examina las desigualdades en salud entre los Estados miembros y alienta a éstos a mantener los servicios sanitarios entre sus prioridades durante la crisis financiera y la recuperación de la misma. Es vital que estas desigualdades no aumenten ahora que los gobiernos están adoptando medidas para ahorrar dinero.

  Michèle Striffler (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe sobre la reducción de las desigualdades en salud en la UE, porque creo que actualmente existen grandes diferencias entre los Estados miembros en lo que respecta a la salud. Todos los Estados miembros de la Unión deben facilitar a las mujeres el acceso a los métodos anticonceptivos y el derecho al aborto, por ejemplo.

  Niki Tzavela (EFD), por escrito. – He votado en contra del informe porque creo que no aborda de verdad el tema de las desigualdades en salud y adopta un enfoque totalmente diferente. Aunque no estoy de acuerdo con muchas partes del mismo, quiero centrarme en las libertades que se otorgan a los migrantes «indocumentados» o «en situación irregular», como se les llama en el informe, que no es más que otra forma de denominar a los inmigrantes ilegales. El informe propone que se otorguen numerosas libertades civiles y relacionadas con la salud a personas que han entrado ilegalmente en muchos países de la Unión Europea.

Del presente informe se derivarán numerosas desventajas para los Estados miembros que se enfrentan diariamente a los problemas de la inmigración, como es el caso de Grecia e Italia. No solo otorga a los inmigrantes indocumentados el derecho a reclamar igualdad de acceso a los servicios de atención sanitaria, sino que será el motivo por el que todavía más «solicitantes de asilo» desearán venir a Europa para beneficiarse de unos servicios sanitarios gratuitos que no existen en la mayoría de los países del tercer mundo.

  Thomas Ulmer (PPE), por escrito. – (DE) He votado en contra del informe, porque, una vez más, facilita la entrada del aborto «por la puerta de atrás». Los seres humanos hemos sido creados por Dios y no deberíamos convertirnos en árbitros de las cuestiones relativas a la vida y la muerte. Con respecto a esta cuestión no hay margen para el compromiso. Aunque al adoptar esta posición estoy en contra de la mayoría, la mantendré y me negaré a sacrificar una sola vida en aras de las costumbres contemporáneas. Tomé la misma decisión en relación con el diagnóstico preimplantacional.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) El informe de Edite Estrela aborda el problema de reducir las desigualdades en salud en la UE. Acojo con gran satisfacción este informe porque, aunque la actual crisis económica y financiera nos obliga a centrarnos en las cuestiones económicas y legislativas, nunca deberíamos perder de vista otros temas como la salud, la educación y la seguridad social. A menos que contemos con sistemas sostenibles en los ámbitos de la seguridad social y la igualdad de oportunidades, no será posible alcanzar los grandes objetivos comunitarios, como por ejemplo la Estrategia Europa 2020. Por ese motivo, he votado a favor del informe.

Informe: Eva Joly (A7-0027/2011)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Respaldo el presente informe, teniendo en cuenta las enmiendas propuestas por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Tenemos la obligación de transmitir nuestra experiencia de gobernanza económica para que los países en desarrollo puedan establecer sus propios regímenes fiscales. Esa es la única forma posible de crear un sistema fiscal más justo, equitativo y sostenible, luchar contra la evasión fiscal y, por consiguiente, promover un mejor entorno fiscal. Asimismo, quiero destacar la importancia de este informe que subraya la necesidad de abolir urgentemente los paraísos fiscales, una medida fundamental en el ámbito de la transparencia que permitirá el intercambio automático de información en materia fiscal, que tan necesario resulta.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) Si bien los impuestos pueden ser una fuente fiable y sostenible de financiación si existe un régimen fiscal progresivo, una administración fiscal eficiente y eficaz y una utilización transparente y responsable de los recursos públicos, muchos países en desarrollo no aplican un tipo impositivo mínimo para financiar sus servicios públicos. Por consiguiente, la Unión Europea debe cooperar con estos países para promover la buena gobernanza en asuntos fiscales. Por ese motivo he votado a favor de este informe, que permitirá la creación de un sistema fiscal estable y más eficiente, pero también más equitativo, con vistas a reducir la pobreza en estos países. Además, el informe permitirá crear un entorno fiscal transparente, cooperativo y equitativo.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) Los países en desarrollo están teniendo problemas para establecer sistemas fiscales (el establecimiento, la recaudación y la administración de los impuestos). La lucha contra los paraísos fiscales es uno de los principales retos establecidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dado que contribuyen a debilitar la calidad de las instituciones y del sistema político en los países en vías de desarrollo. Los centros financieros off-shore y los paraísos fiscales generan una fuga ilícita anual de capitales que asciende a un billón de dólares estadounidenses y este importe es aproximadamente diez veces superior al de la ayuda destinada a los países en desarrollo para mitigar la pobreza y promover el desarrollo económico. Estoy de acuerdo con el informe cuando propone que, a la hora de asignar su asistencia financiera, los donantes deberían apoyar los esfuerzos realizados por los países en desarrollo para mejorar la gobernanza fiscal y garantizar una utilización transparente y responsable de la ayuda.

  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) Este informe, acordado con la Comisión, se centra en la mejora de las sinergias entre las políticas fiscales y de desarrollo. Para lograr este objetivo, la Comisión ha publicado dos estudios, y hace un año, en esta Cámara, una resolución sobre el mismo tema. He votado a favor del informe porque deseo apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la gobernanza del sistema fiscal, el compromiso de respaldar los regímenes fiscales de los países en desarrollo, el diálogo y la cooperación internacional en el ámbito fiscal.

No obstante, cabe señalar que siguen existiendo deficiencias en relación con la gobernanza de los ingresos aduaneros, las lagunas existentes en la actualidad en el marco de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la erosión de los ingresos fiscales. Considero que la Unión Europea debería redoblar sus esfuerzos para luchar contra estas deficiencias, por ejemplo, luchar contra los paraísos fiscales, la manipulación de los precios comerciales y la debilidad de la estructura internacional. Ya es hora de reducir la manipulación de los precios comerciales, la «maldición de los recursos naturales» y ampliar la base impositiva, fomentando una mayor coordinación entre los contribuyentes.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Dadas la creciente globalización de los mercados y la movilidad de los contribuyentes, en estos tiempos la fiscalidad se ha convertido en un tema complicado. Incluso es más complicado y difícil corregir la situación en los países desarrollados, debido a factores internos como la existencia de sectores informales importantes, el predominio de la agricultura y el uso limitado de las nuevas tecnologías. Aplaudo la iniciativa de la Comisión de cooperar con estos países para promover la buena gobernanza en asuntos fiscales mediante un informe en el que se definen los principales problemas y se proponen soluciones mejorando, al mismo tiempo, las sinergias entre las políticas fiscales y de desarrollo para aumentar su eficacia.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) Los sistemas fiscales eficaces, transparentes y equitativos son fundamentales para el avance de los países en desarrollo, en tanto que contribuyen a la financiación de sus bienes públicos, la sostenibilidad de sus instituciones, la reducción de su dependencia de la ayuda exterior y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En este contexto creo que la UE debería, por una parte, concentrarse en la adopción de medidas contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal (que socavan los sistemas políticos y económicos en los países en desarrollo alentando la delincuencia económica y la desigualdad en la redistribución de los ingresos fiscales) y, por otro lado, poner en marcha un proceso de cooperación y diálogo con las autoridades fiscales de dichos países.

También quiero subrayar la necesidad de ampliar la base impositiva en esos países. Es preciso señalar que una característica de los sistemas fiscales de los países en desarrollo es que están basados en la fiscalidad indirecta (en la que la mayoría de los ingresos proceden de los impuestos sobre bienes y servicios), que restringe los ingresos fiscales y genera ineficacia en el funcionamiento de dichos sistemas. Los esfuerzos deben concentrarse en el desarrollo de la fiscalidad directa, y tampoco debemos olvidar la necesidad de promover la coherencia entre la política de desarrollo de la Unión Europea y su política comercial.

  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) En los países en desarrollo han descendido los ingresos aduaneros debido a la liberalización de los mercados. Estas pérdidas de recursos pueden compensarse con una mejor gobernanza y un régimen fiscal más equitativo y eficaz. Por consiguiente, deberíamos prestar más apoyo a estos países en los ámbitos jurídico y técnico para que puedan establecer un régimen fiscal equitativo, progresivo y transparente; por ejemplo, deberíamos abolir todas las exenciones y preferencias fiscales discrecionales a las empresas multinacionales e industrias extractoras. Otra forma de ayudar a estos países es poner fin a los paraísos fiscales, que dificultan gravemente su desarrollo. Es evidente que un sistema fiscal más equitativo y una mayor seguridad jurídica alentarán la inversión privada extranjera y, por ende, el crecimiento. No obstante, todas estas disposiciones no deben llevar a una reducción de la ayuda oficial al desarrollo. Tendríamos que estar vigilantes a este respecto, ya que los Estados miembros siempre son partidarios de reducir el porcentaje de su PIB que asignan a la ayuda oficial al desarrollo.

  Anne Delvaux (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor de este informe por los motives siguientes: destaca la necesidad de abordar el fenómeno de la competencia en materia fiscal y la evasión fiscal en los países del Sur; expresa la necesidad de establecer como regla general el intercambio automático de información sobre asuntos fiscales; subraya la necesidad de velar por que se ofrezca información desglosada por países relativa a todas las empresas multinacionales; alienta a luchar contra el fenómeno de los paraísos fiscales adoptando nuevas medidas fuera del marco de la OCDE y destaca la necesidad de que las políticas europeas de apoyo al desarrollo sean más coherentes.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La base de este informe es un documento en el que la Comisión reconoce claramente la relación entre el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la buena gobernanza fiscal. El objeto del presente informe es la necesidad de mejorar las sinergias entre las políticas fiscales y de desarrollo para aumentar su eficacia y, a tal fin, se definen las dificultades a las que deben hacer frente los países en desarrollo al movilizar los ingresos mediante el pago de impuestos. En el informe también se proponen modos en que la Unión Europea pueda utilizar mejor los fondos e instrumentos existentes. Subraya la importancia de fomentar sistemas fiscales eficaces y sostenibles, en particular, prestando asistencia en la adopción de medidas contra los paraísos fiscales. Solo si gozan de una buena gobernanza económica estos países serán capaces de eliminar su dependencia de la ayuda externa y contribuir al desarrollo de los sectores público y privado y al crecimiento económico.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Este informe se ocupa de la fiscalidad y el desarrollo en los países en desarrollo. Para lograr los objetivos fijados por las Naciones Unidas en el año 2000 en la Declaración del Milenio, estos países tienen que ser capaces de promover la buena gobernanza en asuntos fiscales, aprovechando al máximo toda la ayuda externa. En 2009, la Comisión Europea, que está interesada en cooperar con estos países, publicó el documento titulado «Fiscalidad y desarrollo – Cooperación con países en desarrollo para promover la buena gobernanza en asuntos fiscales», con el objetivo de mejorar las sinergias entre las políticas fiscales y de desarrollo para hacerlas más equitativas, transparentes y eficaces. El Parlamento aprobó la misma resolución en 2010.

La UE considera que unos sistemas fiscales más equitativos y coherentes contribuirán a reducir la pobreza y a compensar la pérdida de algunos ingresos. Por consiguiente, apoyo este informe, que insta a poner fin a los paraísos fiscales ―auténticas «armas de destrucción masiva» para los países en desarrollo―, luchar contra la delincuencia económica, adoptar medidas contra la evasión fiscal y la competencia desleal y promover el desarrollo mediante una buena gobernanza.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El informe plantea una serie de cuestiones que resultan pertinentes y muy oportunas en el momento actual, a saber: convertir «la lucha contra los paraísos fiscales y la corrupción en una de sus principales prioridades de la acción»; - «Dificultades a las que se enfrentan los países en desarrollo en materia de recaudación tributaria […], se están concediendo a las empresas nacionales y extranjeras de gran tamaño exenciones múltiples para atraer inversiones»; - «La tasa sobre transacciones financieras» a nivel internacional «y a nivel de la UE como una primera etapa»; - «Los países de renta baja necesitan la capacidad de negociar eficazmente con las empresas multinacionales» para «imponer controles a los capitales» y ejercer plenamente su soberanía. No obstante, este informe no está libre de contradicciones, en particular, cuando define los problemas que se derivarán de la aplicación de los acuerdos de asociación económica, es decir, en relación con la reducción de los ingresos fiscales, pero no adopta una posición clara rechazando dichos acuerdos.

Tampoco adopta una posición crítica básica sobre la responsabilidad del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio en la promoción de políticas que favorecen la destrucción de las infraestructuras de producción y los servicios públicos, que generan desempleo y socavan los mercados interiores de los países y, por ende, sus ingresos fiscales, sus presupuestos, su soberanía y su independencia.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Si bien reconocemos la importancia de la cooperación en el ámbito de la fiscalidad, a la hora de definir qué criterios políticos claros y qué evaluaciones tienen impacto, no deberíamos ignorar que la política fiscal es un instrumento esencial de política económica y social.

Por consiguiente, no corresponde a la Unión Europea exportar la denominada «buena gobernanza en el ámbito fiscal». Deben respetarse plenamente la soberanía, las preferencias y las opciones de los países en desarrollo, prestando la debida atención a su situación y a sus condiciones específicas.

Mientras tanto, los denominados «acuerdos de asociación económica» que hemos impuesto a los países en desarrollo, a pesar de su resistencia, constriñen gravemente sus sistemas fiscales por la considerable reducción de los ingresos aduaneros que dichos acuerdos entrañan, además de otros graves perjuicios.

Además, los paraísos fiscales generan anualmente enormes pérdidas de ingresos a los países en desarrollo.

Por tanto, la Unión Europea tiene que cambiar sus políticas y resolver esas contradicciones.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) He votado a favor de este documento porque refleja aspectos positivos, como una comprensión clara de la recaudación de impuestos, que es un elemento fundamental de un sistema democrático responsable y receptivo. Otro aspecto positivo es que la UE está plenamente comprometida con el principio de apropiación de las estrategias de desarrollo y reconoce la responsabilidad última de los países en desarrollo en mejorar sus sistemas de recaudación de ingresos, de conformidad con sus circunstancias económicas y políticas y sus elecciones. La Comisión tiene intención de recurrir a los instrumentos de la UE para aumentar la ayuda al diseño de los sistemas fiscales de los países en desarrollo y la aplicación de los principios de buena gobernanza en el ámbito tributario, por ejemplo, prestando una mayor atención a la integración real de los principios de buena gobernanza en los asuntos fiscales en relación con la programación, la aplicación y el control de las documentos de estrategia nacionales y regionales. La Comisión apoya una norma de información financiera en relación con cada país en el caso de las empresas multinacionales como herramienta para detectar la evasión fiscal y el fraude a nivel internacional. También es importante hace hincapié en que una comunicación sobre la responsabilidad social de las empresas examinará la forma de establecer un sistema de transmisión obligatoria de información en materia de gobernanza en el marco de la contabilidad anual. El objetivo de la Comisión consiste en acelerar el proceso de diálogo y de cooperación a nivel internacional sobre cuestiones fiscales, en particular reforzando la participación de los países en desarrollo en los foros internacionales relevante. Al hacer referencia al modelo de la Directiva de la UE sobre fiscalidad del ahorro, que se basa en el intercambio automático de información, la Comisión insiste en la necesidad de celebrar y aplicar acuerdos de intercambio de información fiscal, incluso en el marco del mecanismo multilateral.

  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. – (PL) Los sistemas fiscales constituyen la base de un crecimiento económico sostenible y de la estabilidad monetaria. Los países en desarrollo, en los que tales sistemas no funcionan correctamente o no funcionan en absoluto, se enfrentan a graves problemas políticos y económicos.

Las normas jurídicas internacionales por las que se rige el buen funcionamiento de los regímenes fiscales deberían causar un impacto positivo en la situación económica de los países pertinentes. No obstante, cabe recordar que, cualesquiera que sean las circunstancias, no deberíamos imponer políticas fiscales a otros países, puesto que cada país debe decidir por sí mismo cuál va a ser su propio sistema fiscal, teniendo en cuenta sus condiciones sociales, políticas y económicas. Por consiguiente tenemos que promover unas buenas políticas fiscales, pero no imponerlas.

  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. – (DE) Los esfuerzos para hacer los sistemas fiscales más sostenibles, equitativos y transparentes también contribuyen a promover el establecimiento de sistemas democráticos. A resultas de la globalización, ahora es más difícil gravar el capital móvil a nivel internacional. Tenemos que prestar nuestro apoyo a los países en desarrollo y dejarles suficiente margen de maniobra para prevenir la especulación y garantizar la estabilidad financiera. Acojo con satisfacción las iniciativas conjuntas para luchar contra los paraísos fiscales, así como las prácticas que refuerzan el diálogo internacional entre los países interesados. Un enfoque responsable de la fiscalidad tendrá necesariamente un efecto positivo duradero en el desarrollo de estos países.

  David Martin (S&D), por escrito. – Acojo con satisfacción este informe, que se concentra en la necesidad de reforzar las capacidades de buena gobernanza en el ámbito fiscal en favor del desarrollo, y constata la necesidad de un marco normativo para apoyar la cooperación tributaria internacional, la transparencia, el desarrollo de los sectores público y privado y el crecimiento económico; Subraya que en los países en desarrollo el porcentaje de los impuestos en relación con el PIB oscila entre el 10 y el 20 %, mientras que en los países desarrollados se sitúa entre el 25 y el 40 %; lamenta que hasta ahora los donantes hayan dado un apoyo escaso a las ayudas relacionadas con el ámbito fiscal; acoge con satisfacción, en este contexto, la propuesta de la Comisión de aumentar las ayudas destinadas a los países en desarrollo para llevar a cabo reformas fiscales y reforzar las administraciones fiscales en relación con el Fondo Europeo de Desarrollo para los Estados ACP, el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) y el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA), así como el apoyo a los organismos nacionales de supervisión, a los parlamentos y a los agentes no estatales y toma nota de que debería prestarse más atención a los esfuerzos desplegados en el contexto del desarrollo de capacidades en los países en desarrollo para ayudarlos a utilizar de modo efectivo el intercambio de información y luchar eficazmente contra la evasión fiscal con su propia legislación interna.

  Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) La Comisión está realizando una labor excelente promoviendo los principios y criterios en los que ha de basarse la mejor gobernanza en material fiscal en cooperación con los países del mundo en desarrollo. Los criterios de transparencia, intercambio de información y competencia fiscal equitativa son fundamentales. La Comisión tiene la intención de poner en marcha este proceso mejorando las sinergias entre las políticas fiscales y de desarrollo para definir las dificultades a las que deben hacer frente los países en desarrollo al movilizar los ingresos mediante el pago de impuestos. Por otra parte, la Comisión sigue pasando por alto varias cuestiones que requieren una respuesta inmediata. De hecho, creemos que es necesario buscar una forma de luchar contra los paraísos fiscales para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio sin que ello vaya en modo alguno en detrimento de otras posibles medidas, en particular, prestando atención a los tratados en materia fiscal. A tal fin, sería deseable que la mayoría de las organizaciones internacionales tuvieran un mandato dirigido específicamente a los paraísos fiscales. Por último, es esencial ampliar la base impositiva y adaptar la reforma fiscal al desarrollo de la fiscalidad directa, con el fin de resolver los problemas de recaudación que se derivan del IVA, un sistema impositivo regresivo.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Es preciso luchar contra las empresas extranjeras y la evasión fiscal. La mayoría de los miembros de esta Cámara han dejado a los fondos de cobertura libertad casi total para operar. Siendo esto así, ¿qué sentido tienen las limitaciones meramente declarativas mencionadas en el presente informe? Los acuerdos de asociación económica, negociados de una forma desafortunada, haciendo uso de la presión, están arruinando a los Estados ACP sin dejarles posibilidades de recuperación a largo plazo. El informe no dice una palabra de esto y, lo que es peor, afirma que debe abandonarse todo tipo de nacionalización o renacionalización. Por ello voto en contra del informe.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Es innegable que una gobernanza fiscal deficiente impide a los Estados miembros lograr resultados económicos satisfactorios. Ahora la Comisión reconoce claramente la relación entre el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la gobernanza fiscal. Por consiguiente, es imperativo luchar contra la evasión fiscal y adoptar medidas concretas para armonizar dichas medidas en todo el territorio de la UE, ya que, como es bien sabido, algunos países son más eficaces que otros en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – Deberíamos ayudar a los países en desarrollo a elaborar políticas y mecanismos para evitar la evasión fiscal, y eso exige una mayor transparencia. Asimismo, deberíamos transmitir nuestra experiencia en el ámbito de la gobernanza a los distintos países para ayudarles a establecer sus propios sistemas fiscales. Reduciendo el nivel de corrupción en los países en desarrollo e incrementando sus ingresos aumentará la estabilidad y el equilibrio. De esa manera se eliminarán las tensiones y se reducirá al mínimo la ayuda financiera de la UE a estos países. Considero que el informe es muy oportuno e importante y por eso he votado a favor del mismo.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Creo que los países en desarrollo necesitan urgentemente regímenes fiscales eficaces, y las ideas expresadas en este informe son muy oportunas a tal efecto. En particular, cuando se introduzcan los nuevos sistemas fiscales con el apoyo de la Unión Europea, habría que velar por que los acuerdos de asociación económica concluidos entre la UE y los países en desarrollo promuevan este objetivo en lugar de ir en contra del mismo. La política de inversiones de la UE en los países en desarrollo debe contribuir a establecer un clima más favorable a la inversión privada, tanto extranjera como nacional. Todas las medidas adoptadas deberían mejorar fundamentalmente las condiciones de vida de la mayoría de la población, a la que no llegan actualmente los ingresos procedentes de las ventas de materias primas y que a menudo no tiene otra salida que emigrar. He votado a favor del informe porque ofrece una visión integral de muchos de los factores en juego.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) Es necesario adoptar medidas concretas para promover los principios de buena gobernanza en el ámbito fiscal, por ejemplo, en relación con la transparencia, el intercambio de información y la competencia leal en materia fiscal. Es importante mejorar las sinergias entre las políticas fiscales y de desarrollo. Este informe avanza en esa dirección y por eso he votado a favor del mismo.

  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. – (LT) Dado que los países en desarrollo han perdido considerables ingresos derivados de los impuestos comerciales, es importante que todos los países establezcan sistemas fiscales eficientes y eficaces y que elaboren las políticas necesarias para implantarlos, porque estos sistemas constituyen la columna vertebral de sus finanzas públicas, además de una manera de atraer inversiones. Por consiguiente, debemos dejar a los países en desarrollo algunas competencias discrecionales en este ámbito. La cooperación ha de basarse en la asistencia mutua sin crear obstáculos o cargas adicionales para ambas partes. Estoy de acuerdo en que es necesario ayudar a los países en desarrollo a garantizar la mejora cualitativa y cuantitativa de la movilización de recursos. La ayuda asignada a los países en desarrollo tiene que ir dirigida a objetivos concretos, tiene que ser eficaz y solo se prestará si se considera esencial, y los propios países no deberían tener derecho a decidir si es necesaria o no.

No creo que sea conveniente añadir nuevas cargas a la UE ni compensar a los países en desarrollo por la reducción de los impuestos aduaneros. En mi opinión, deberíamos establecer un impuesto sobre las transacciones financieras que limitaría la especulación y permitiría un mejor funcionamiento del mercado. Además, debemos redoblar los esfuerzos para que se aplique este impuesto no solo en la UE sino también a nivel mundial.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe de Eva Joly sobre la cooperación con países en desarrollo para promover la buena gobernanza en asuntos fiscales, porque, en línea con la Estrategia Europa 2020, considera esencial promover la gobernanza a nivel mundial y la cooperación internacional en el ámbito de la fiscalidad. Estoy de acuerdo con el informe en la necesidad de mejorar las sinergias entre las políticas fiscales y de desarrollo mediante el intercambio de información en materia fiscal y el establecimiento de mecanismos multilaterales que hagan referencia a la Directiva relativa a la fiscalidad de los rendimientos del ahorro, para luchar contra la evasión fiscal. El objetivo concreto de la cooperación fiscal con los países en desarrollo es impedir que se conviertan en paráisos fiscales para las empresas multinacionales, con la consiguiente distorsión de la competencia y sus efectos negativos para el desarrollo de los procesos económicos, habida cuenta de la interrelación que existe en el sistema económico mundial.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe sobre fiscalidad y desarrollo – Cooperación con países en desarrollo para promover la buena gobernanza en asuntos fiscales, porque estoy de acuerdo con la ponente en la importancia que tiene para el establecimiento de un régimen fiscal eficaz en estos países. De hecho, el sistema fiscal tiene que constituir la columna vertebral de las finanzas públicas en los países en desarrollo. La nueva política de inversiones de la Unión Europea en los países en desarrollo debe contribuir a establecer un clima más favorable a la inversión privada, tanto extranjera como nacional, y crear las condiciones para una ayuda internacional más eficaz. Para favorecer el crecimiento, la política de inversiones de la UE debería centrarse en el desarrollo de las PYME, en particular a través del microcrédito, la eficiencia de los servicios públicos, las asociaciones sector público-sector privado y la transferencia de conocimiento. En el documento de trabajo de la Comisión Europea publicado en el mes abril de 2009 y titulado «Fiscalidad y desarrollo – Cooperación con países en desarrollo para promover la buena gobernanza en asuntos fiscales», se proponen indicadores y metodologías para mejorar las sinergias entre las políticas fiscales y de desarrollo para aumentar su eficacia.

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque en él se reconoce claramente la relación entre el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la gobernanza fiscal. Además, se reconoce que los sistemas fiscales progresivos son esenciales para la democracia y que los centros financieros off-shore y los paraísos fiscales generan una fuga ilícita de capitales, que, combinadas con regímenes fiscales con un tipo impositivo cero para atraer fondos e inversiones, provocan un desplazamiento de la carga fiscal a los trabajadores y a los hogares de bajos ingresos y, por ende, reducen la calidad y cantidad de los servicios públicos en los países pobres, así como su capacidad para luchar contra la pobreza. La UE prestaría un gran servicio si ayudara a los servicios judiciales y anticorrupción de los países en desarrollo en sus esfuerzos por crear sistemas fiscales progresivos.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Hoy el Parlamento ha subrayado la importancia de luchar contra la erosión de los ingresos fiscales en los países en desarrollo, especialmente redoblando los esfuerzos para luchar contra los paraísos fiscales. Para demostrar su credibilidad en este ámbito, la Unión tiene que emprender acciones contundentes primero contra sus propios paraísos fiscales y luego fuera del marco de la OCDE. En el informe se pide asimismo que se adopte un convenio internacional en materia fiscal que incluya sanciones tanto a las jurisdicciones que no cooperen como a las instituciones financieras que operen con paraísos fiscales. Los diputados al Parlamento Europeo también han subrayado la necesidad de garantizar una mayor transparencia en el cumplimiento, por parte de las empresas multinacionales, de sus obligaciones fiscales en los países en desarrollo, en particular las industrias extractoras, ofreciendo información desglosada por países. La asistencia comunitaria en materia fiscal debería fomentar la creación de regímenes fiscales progresivos en los países en desarrollo, especialmente garantizando una proporción equitativa de los beneficios de dichas empresas. Es imprescindible una buena gobernanza fiscal en este ámbito y la UE debería ayudar a los países en desarrollo a lograrlo, máxime frente a la reducción de los impuestos comerciales como resultado de la liberación mundial del comercio. Acojo con satisfacción el respaldo que los diputados al Parlamento Europeo han brindado a este informe, en el que se presentan propuestas claras a este respecto.

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del texto del presente informe porque estoy de acuerdo con la idea de que la mejora de las sinergias entre las políticas fiscales y de desarrollo puede ayudar a los países en desarrollo.

Según los últimos informes de la Comisión sobre fiscalidad y desarrollo, los sistemas fiscales, sobre todo si están bien diseñados, pueden constituir una fuente de financiación para las políticas en este ámbito. De hecho, no es una casualidad que muchos países en desarrollo no hayan logrado ni siquiera el nivel mínimo de ingresos necesarios para financiar los servicios públicos básicos.

La cooperación para reforzar el sistema fiscal y la lucha contra los paraísos fiscales que facilitan las fugas ilícitas de capitales debe ser el instrumento sobre el que se sustenten estos procesos. Este proceso tendría que fomentar la introducción de requisitos de información financiera para cada país, con el fin de contribuir a la lucha contra la pobreza.

  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito. – (PL) Una condición fundamental para que un Estado funcione con eficacia es un buen funcionamiento de la fiscalidad Si los países en desarrollo desean participar en la economía mundial, tendrán que integrar y reformar sus sistemas fiscales. Los impuestos desempeñan un papel económico, político y social en los países democráticos. No solo constituyen la principal fuente de ingresos del Estado sino que también permiten lograr objetivos sociales de la máxima importancia, ya que financian servicios básicos como la atención sanitaria, la educación, los servicios sociales y las pensiones.

Los ingresos fiscales en los países en desarrollo pueden financiar de manera sostenible el desarrollo de dichos países y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Sin embargo, estos ingresos son en muchas ocasiones insuficientes para cubrir los costes de los servicios públicos básicos o para combatir la pobreza. En una era de globalización, el capital sujeto a fiscalidad es más móvil y se están aboliendo las barreras al comercio, lo que reduce los ingresos fiscales y plantea un reto no solo a los países más pobres. Pese a sus beneficios obvios, la progresiva liberalización del comercio reduce los ingresos aduaneros y es fundamental que los impuestos pagados en el extranjero se sustituyan por impuestos recaudados internamente. Si bien el impuesto sobre la renta es una de las principales modalidades impositivas en los países ricos, su contribución es mínima en los países en desarrollo. La mayoría de las personas están empleadas en el sector informal agrícola y perciben ingresos irregulares, por lo que resulta difícil aplicar con eficacia el impuesto sobre la renta.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – He brindado mi apoyo a este informe, que se centra en la importancia de la fiscalidad para el cumplimiento de los objetivos de las políticas de desarrollo y propone medidas para que la UE pueda utilizar con mayor eficacia los fondos e instrumentos destinados actualmente a este fin.

  Michèle Striffler (PPE), por escrito. – (FR) La aprobación del informe «Fiscalidad y desarrollo – Cooperación con países en desarrollo para promover la buena gobernanza en asuntos fiscales» reviste especial importancia en relación con la eficacia de la ayuda al desarrollo que los Estados miembros de la Unión Europea y la Comisión Europea otorgan a los países en desarrollo. Promover los principios de buena gobernanza en el ámbito fiscal (transparencia, intercambio de información y competencia leal en materia fiscal) y luchar contra los paraísos fiscales, que obstaculian el avance de los países menos desarrollados, son necesidades absolutas y constituirán una prioridad durante mi mandato.

  Niki Tzavela (EFD), por escrito. – (EL) He votado a favor de esta propuesta de resolución, porque considero que la reforma y modernización de los regímenes fiscales de los países en desarrollo es la mejor manera de prevenir la fuga ilícita de capitales y la evasión de impuestos. Este capital, que a menudo va a parar a los paraísos fiscales, repercute directamente en la economía de estos países, en particular en este período concreto de crisis económica. La mejora de los sistemas fiscales nos permitirá ejercer una influencia positiva en el crecimiento de los países en desarrollo, aplicar un marco de buena gobernanza económica, promover la transparencia y ganar la confianza de los ciudadanos.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) He votado a favor del informe de Eva Joly. La creación de un sistema fiscal plenamente operativo constituye la base de toda democracia responsable. El informe pide que se preste apoyo a los países en desarrollo en la creación de estas estructuras, con el fin de promover la responsabilidad sostenible en estos países. A fin de cuentas, la ayuda al desarrollo no bastará por sí sola para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El informe también se refiere brevemente al problema de los denominados «fondos oportunistas», que, en mi opinión, deberían prohibirse totalmente. No deberíamos permitir que la ayuda internacional al desarrollo se convierta en un campo de fútbol para los operadores financieros internacionales.

Informe: Georgios Papastamkos (A7-0030/2011)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Apoyo este informe y subrayo la importancia de las recomendaciones que se hacen en el mismo, por ejemplo, la necesidad de reforzar la integración de los intereses no comerciales en las negociaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio. También es obvia la necesidad de coherencia entre la política agrícola común y la política de comercio exterior comunitaria; es imprescindible garantizar la igualdad de condiciones para los productores de la UE en el mercado mundial, que no debe alentar la competencia desleal. Si no se negocian estas condiciones, los europeos seguirán siendo víctimas de la competencia desleal, y sufrirán pérdidas y serán objeto de discriminación en relación con los competidores no pertenecientes a la Unión Europea.

  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. – (RO) Estoy de acuerdo en que el sector agrícola desempeña una función vital proporcionando empleo y sosteniendo el modelo agroalimentario europeo, que constituye un componente estratégico de la economía de Europa. Habida cuenta de que la Unión Europea es el principal importador de productos agrícolas del mundo, los métodos de producción para las exportaciones hacia la UE deben ofrecer a los consumidores europeos las mismas garantías en términos de sanidad, seguridad alimentaria, bienestar animal, desarrollo sostenible y normas sociales mínimas, que las que se exigen a los productores de la UE. He votado a favor del informe porque creo que las políticas agrícola y alimentaria tienen que atender a los mismos objetivos fundamentales, como la seguridad alimentaria y alimenticia.

  Richard Ashworth (ECR), por escrito. – La delegación de los conservadores británicos respalda decididamente el principio del libre comercio. El libre comercio crea prosperidad y sin duda contribuirá de forma determinante a la recuperación de las economías europeas. Creemos que este informe hace demasiado hincapié en la necesidad de proteger los mercados agrícolas de la Unión Europea frente a la competencia exterior y no insiste lo suficiente en la exportación de las normas de producción. Los productores de la UE están obligados a cumplir las normas ambientales y de bienestar animal más elevadas, por las cuales reciben alguna compensación del sistema de ayudas. Sin embargo, los productos importados hacia la UE por terceros países no cumplen en muchos casos unas normas tan estrictas. Ahora bien, cerrar las fronteras comunitarias a los productos agrícolas procedentes de terceros países no es la solución.

La Unión tendría que trabajar activamente para exportar sus normas ambientales y de bienestar animal a todos los países del mundo, especialmente a través de unos mercados internacionales más abiertos, en lugar de centrarse en soluciones defensivas y proteccionistas. Por todo ello, la delegación de los conservadores británicos ha votado en contra de este informe.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) En este informe, el Parlamento Europeo pide explícitamente al Consejo y a la Comisión Europea que tenga más en cuenta los intereses agrícolas en las negociaciones comerciales internacionales, en particular en las negociaciones con América del Sur, una importante región ganadera y productora de cereales, que no siempre cumple las normas de calidad europeas. En mi opinión, se trata de un informe esencial y, por lo tanto, he votado a favor del mismo.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) El sector agrícola de la Unión Europea tiene un claro valor añadido para la economía europea y desempeña una función decisiva para hacer frente a los retos económicos, sociales y ambientales a los que se enfrenta la UE. Por consiguiente, la política comercial exterior y los acuerdos con importadores extranjeros no deben poner en peligro la capacidad de la UE para mantener un sector agrícola fuerte. La Comisión ha de adoptar una posición clara en el seno de la Organización Mundial del Comercio y realizar evaluaciones del impacto en casos concretos y negociar con las otras partes la importación de ciertos productos al mercado de la UE. Tenemos que velar por que se respete el principio de que los métodos de producción para las exportaciones hacia la UE deben ofrecer a los consumidores europeos las mismas garantías en términos de sanidad, seguridad alimentaria, bienestar animal, desarrollo sostenible y normas sociales mínimas que las que se exigen a los productores comunitarios. Esta es la única manera de asegurar que los productores de la UE puedan competir en igualdad de condiciones con terceros países y de proteger los intereses de nuestros agricultores.

  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe del señor Papastamkos. El comercio internacional desempeña un papel fundamental en la Unión Europea, especialmente en relación con la situación de desventaja en la que se encuentran los agricultores europeos frente a las importaciones de terceros países y a la no aplicación del principio de reciprocidad, que otorga a los agricultores extranjeras una ventaja excesiva, en tanto que éstos a menudo no están obligados a cumplir las mismas normas estrictas y costosas que se imponen a los agricultores europeos que operan en el mercado interior, sobre todo desde el punto de vista sanitario y fitosanitario. Seguiré luchando para que se mantenga en Europa un alto nivel de coherencia entre la política agrícola común y la política de comercio exterior de la UE, para garantizar la salvaguardia del modelo agrícola europeo y la igualdad de condiciones para los productores de la UE en el mercado mundial.

  Jan Březina (PPE), por escrito. – (CS) En mi opinión, es importante subrayar el vínculo que existe entre la producción agrícola de la Unión Europea y el mercado internacional, que se refleja en el hecho de que la UE es el principal exportador de productos agrícolas del mundo y, al mismo tiempo, el principal exportador de productos alimenticios transformados. En este contexto, estoy absolutamente convencido de que, si los flujos comerciales son lo más fluidos posibles, la flexibilidad de los productores será mayor y se reducirán los costes asociados al intercambio de productos, y todo ello influirá favorablemente tanto en los ingresos de los productores como en el gasto de los consumidores. Por consiguiente, no puedo estar de acuerdo con la afirmación que figura en la resolución aprobada de que la liberalización no permitirá erradicar la amenaza del hambre en el mundo. Esa no es la función del comercio ni puede serlo. Aplaudo a la Comisión por haber utilizado, en el marco de las negociaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio y de las negociaciones bilaterales o birregionales, medidas derivadas de las reformas a largo plazo actualmente en curso, por ejemplo propuestas en el ámbito de la agricultura, reconociendo, al mismo tiempo, los parámetros de la política agrícola común como una línea roja. A este respecto, el texto de la resolución que se ha aprobado me sorprende negativamente porque presenta una orientación bastante unilateral y socava los avances realizados hasta el momento por la Comisión en las negociaciones políticas en materia de comercio. Considero que una mayor flexibilidad en las próximas negociaciones constituirá una oportunidad y una ventaja indiscutibles. En lo tocante a las críticas a algunos de estos avances, como la reducción de los derechos de importación aplicados a los plátanos o la reforma del régimen de azúcar, quiero añadir que estos avances se basaban principalmente en las conclusiones de la solución de los conflictos en el seno de la OMC, que también influyeron en los parámetros de las medidas adoptadas posteriormente por la UE.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Estoy de acuerdo en que se necesita una mayor coherencia entre la política agrícola común y la política de comercio exterior de la UE para salvaguardar el modelo agrícola europeo y, por ende, la igualdad de condiciones para los productores comunitarios que operan en el mercado mundial. Es esencial tener en cuenta los intereses comerciales y no comerciales y promover la convergencia reglamentaria.

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), por escrito. – (IT) La agricultura constituye un sector estratégico para la Unión Europea. Si bien su impacto en el empleo y el PIB no siempre es igual que el de otros sectores, reviste una mayor importancia en lo tocante a las características de nuestras regiones y tradiciones alimentarias respectivas, puesto que asegura nuestra autosuficiencia en relación con numerosos ingredientes que son esenciales para nuestros productos agrícolas, tanto tradicionales como nuevos. Además, este sector desempeña un papel fundamental en la conservación y protección del medio ambiente y en el desarrollo sostenible de nuestras regiones. Es obvio que hay que concluir acuerdos comerciales, especialmente en las rondas de negociaciones comerciales de la Organización Mundial del Comercio. No obstante, para que eso ocurra, la Unión Europea tiene que prestar más atención a la calidad, a la protección de los productos tradicionales y certificados a nivel internacional para evitar que en los mercados extranjeros se produzcan fraudes en relación con productos atribuidos erróneamente a nuestros países. El principio fundamental del informe que hemos aprobado parece ir en la dirección correcta.

  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) El injusto trato que recibe la agricultura europea en las negociaciones comerciales con terceros países no puede continuar. Este es el tema del informe que acabamos de aprobar, en el cual se hace referencia a una serie de principios y se pide una mayor integración de los aspectos no comerciales en las negociaciones. Muy acertadamente, se insta a los ganaderos europeos a que respeten las normas sanitarias y ambientales vinculantes relacionadas con la higiene de los productos, aunque algunos de sus competidores comercializan productos en el mercado europeo que no siempre cumplen dichas normas. De hecho, son demasiados los casos en los que nuestros agricultores son víctimas de la competencia desleal, como resultado de las distorsiones de la competencia cuando hay terceros países de por medio. La Comisión debe tener en cuenta las advertencias del Parlamento y de los agricultores, en particular en algunas negociaciones con Mercosur que podrían poner en peligro la ganadería europea, así como la producción de frutas y hortalizas en las regiones ultraperiféricas.

  Philippe de Villiers (EFD), por escrito. – (FR) El informe sobre las relaciones entre la agricultura de la Unión Europea y el comercio internacional nos muestra la desastrosa pérdida de poder que ha experimentado la agricultura en Europa y alerta a las instituciones europeas, que son las responsables de este fracaso.

Actualmente resulta difícil alimentar a Europa; la Comisión ha transformado la política agrícola común en la sepulturera del sector agrícola y el peso de las restricciones recae un poco más cada día sobre los hombros de los agricultores.

Todo el poder que antes ostentaba la agricultura europea, así como su capacidad exportadora, se ha visto reducido drásticamente a medida que Europa se abre a los productos agrícolas extranjeros en cuya producción se utilizan métodos que no cumplen las normas que los europeos se imponen a sí mismos.

El futuro de la agricultura está en juego y no debe continuar en manos de la Unión y sus instituciones. Los Estados miembros deben ayudar a sus agricultores por el bien de todos.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre la agricultura de la UE y el comercio internacional porque subraya la importancia de integrar los intereses no comerciales en la elaboración del Programa de Doha, como los valores sociales, las preocupaciones medioambientales y la salud humana, así como los relativos a la salud y el bienestar de los animales, al objeto de cumplir las normales ambientales y sociales más elevadas y evitar la pérdida de competitividad entre los agricultores de la UE en el contexto de la producción agrícola mundial.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La agricultura cumple funciones sociales que transcienden los meros límites de la producción alimentaria, como son el asentamiento y la utilización planificada de la tierra, la protección del medio ambiente y la conservación de las tradiciones culturales. Creo que estas funciones merecen la protección y el apoyo de los Estados miembros y las instituciones europeas. Pese a que mi posición era favorable, en un principio, a una mayor apertura de los mercados, creo que, por lo que respecta al sector agrícola, tenemos que ser muy estrictos en lo tocante a la exigencia de reciprocidad y a la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria a los consumidores europeos. La Unión Europea debería tener presente la necesidad de equilibrar los valores en conflicto y, sobre todo durante la actual crisis económica y financiera, tener en cuenta las repercusiones de los acuerdos comerciales que subscribe en las vidas de los agricultores europeos y sus explotaciones.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Uno de los sectores más afectados por la libre circulación de personas y mercancías ha sido la agricultura. A pesar de los continuos cambios que ha sufrido la política agrícola común (PAC) ―considerada un símbolo de la integración europea― la situación este sector sigue siendo muy precaria, ya que es obligatorio cumplir normas exigentes de protección ambiental y seguridad de los productos, exigencia ahora exacerbada por la actual crisis económica. Este sector se superpone a otros ámbitos, como por ejemplo, el comercio, el medio ambiente, la industria o el transporte, lo que hace muy difícil adoptar un marco normativo que satisfaga a todos los interesados. A pesar de los avances realizados, como el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo SFS) y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC), todavía queda mucho por hacer.

Brindo mi apoyo a este informe porque reconoce el papel fundamental de la industria agroalimentaria comunitaria, un sector muy sensible que no puede soportar una competencia agresiva, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de concluir nuevos acuerdos. No obstante, espero que el nuevo marco económico para la PAC mejore la coordinación entre la productividad y el mercado internacional.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Este informe está plagado de contradicciones. Señala las consecuencias negativas de la liberalización del comercio, pero no se opone al rumbo que están tomando las políticas de las que se derivan los principales problemas que tiene el sector agrícola en los países de la Unión (y también en los países en desarrollo). Tampoco presenta ninguna propuesta para cambiar este rumbo. Critica con imparcialidad el enfoque de la Comisión, que subordina los intereses agrícolas a los intereses de los sectores industrial y de servicios, y hace concesiones a la agricultura para obtener una mayor acceso al mercado [en otros ámbitos] de terceros países. Cita algunas ejemplos de las desastrosas consecuencias de esta política ―el caso del azúcar es un magnífico ejemplo―. Reconoce que la mayor liberalización del comercio mundial de productos agrícolas, fomentada por los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio /OMC), no ha logrado hasta ahora frenar la amenaza de hambre en el mundo. Sin embargo, no condena ni se opone a esta tendencia hacia una mayor liberalización y desregulación del mercado mundial que promueve la Unión Europea en el seno de la OMC o en el marco de innumerables acuerdos bilaterales.

Por el contrario, la defiende. Llevamos mucho tiempo criticando el fracaso de las políticas neoliberales. El informe también lo hace, si bien de una manera un tanto fragmentaria y, a veces, ambigua, y luego, además, apoya la política del desastre. Esto nos parece inaceptable.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Hemos visto numerosos ejemplos de las desastrosas consecuencias que la liberalización del comercio mundial ha tenido para el sector agrícola. Este informe llama la atención sobre una serie de casos, y afirma sin miedo que la agricultura se ha utilizado como moneda de cambio para promover otros intereses durante las negociaciones en el seno de la Organización Mundial del Comercio, a saber, los intereses de las grandes corporaciones comerciales internacionales y de servicios y algunas industrias de vanguardia.

Así pues, dado que el informe no es coherente, proponemos otras soluciones.

Queremos que el comercio internacional se oriente hacia la complementariedad, y no hacia la competencia, entre países, productores y tipos de producción. Queremos que la agricultura se oriente hacia la protección de la soberanía y seguridad alimentaria de cada país, en contraste con la peligrosa anarquía que supone producir para un mercado liberalizado.

  Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. – (IT) Quiero felicitar al señor Papastamkos por el informe y por su excelente cooperación, y le brindo mi apoyo. Deseo subrayar la gran importancia del comercio internacional en el territorio de la UE y también deseo llamar su atención sobre el hecho de que las importaciones de terceros países está poniendo a los agricultores europea en una situación de desventaja; no se está aplicando el principio de la reciprocidad y a menudo los productos agrícolas importados no cumplen las mismas normas que se imponen a los agricultores europeos, en particular desde un punto de vista sanitario y fitosanitario. Este problema afecta no solo a la salud de los productos, sino también a su calidad. Por tanto, debe haber coherencia entre la política agrícola común y la política de comercio exterior comunitaria. Esta coherencia garantizará la salvaguardia del modelo agrícola europeo y la igualdad de condiciones para los productores de la UE en el mercado mundial.

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), por escrito. – (GA) Respaldo las principales recomendaciones de este informe. Un punto muy importante en el informe es el hecho de que la Comisión Europea con demasiada frecuencia hace concesiones a la agricultura para obtener un mayor acceso al mercado de terceros países para productos y servicios industriales.

También se afirma en el informe que los métodos de producción para las exportaciones hacia la UE deben aplicarse las mismas garantías en términos de sanidad, seguridad alimentaria, bienestar animal, desarrollo sostenible y normas sociales mínimas, que las que se exigen a los productores de la UE.

  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. – (FR) Aunque, por supuesto, he votado a favor de esta resolución, quería utilizar mi voto (especialmente sobre determinadas enmiendas) para demostrar mi compromiso con algunos principios. De hecho, quería insistir en el hecho de que, en las numerosas negociaciones actualmente en curso sobre acuerdos comerciales con algunos socios de la Unión Europea, es esencial alcanzar acuerdos equilibrados basados en el principio de la reciprocidad. A este respecto, los productos importados de terceros países deberían cumplir las normas sanitarias y sociales y otras normas para proteger a los consumidores, el medio ambiente y los animales similares a las que tenemos en la UE. Además se hacen demasiadas concesiones a la agricultura para obtener un mayor acceso al mercado de terceros países para productos y servicios industriales. Este planteamiento ya no es aceptable, y yo quería utilizar mi voto para afirmar una vez más que la agricultura europea no debe considerarse como un instrumento al servicio de la política comercial comunitaria. Por último, la defensa del régimen de autorización y comercialización de OMG de la UE es algo a lo que concedo particular importancia. Ahora que este régimen está siendo cada vez más atacado en el seno de la OMC, es esencial que la Comisión Europea lo defienda.

  Mathieu Grosch (PPE), por escrito. – (DE) No se puede negar la relación existente entre nuestras políticas de comercio exterior, desarrollo y agricultura. La agricultura europea se enfrenta a problemas cada vez mayores a la hora de exportar sus productos hacia el mercado internacional porque los niveles de precios allí son bajos y los costes de producción en la Unión son más elevados. Esta tendencia seguirá teniendo un efecto negativo si no se ponen en marcha programas de apoyo a la agricultura. Por todo ello, acojo con satisfacción este informe de propia iniciativa, el cual, entre otras cosas, ofrece compensación a los agricultores en caso de que, a causa de una mayor apertura del mercado interior a las importaciones, los agricultores sufrieran déficits.

Los acuerdos con terceros países que negocia la Unión Europea no son, de por sí, problemáticos, aunque todos ellos en conjunto dificultan el cumplimiento de normas exigentes en la UE. No obstante, uno de los puntos invocados en el informe de propia iniciativa presentado en esta Cámara refuerza la coherencia entre la política agrícola y a la política comercial conjunta comunitaria. En este contexto, me sumo al llamamiento de la Comisión para realizar evaluaciones del impacto de los acuerdos comerciales y darlas a conocer antes del inicio de las negociaciones.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) He votado a favor de este documento porque, ahora que la Unión Europea se encuentra en un periodo de reflexión sobre el futuro de su política agrícola común (PAC), es esencial asegurar la coherencia entre la política agrícola y la política de comercio exterior. La coherencia entre la PAC y la política de comercio exterior de la UE garantizará la salvaguardia del modelo agrícola europeo y la igualdad de condiciones para los productores de la UE en el mercado mundial. Lo más importante para nosotros debería ser la seguridad alimentaria, la seguridad y la calidad a un precio asequible para los ciudadanos de la UE. Se está produciendo un incremento de la demanda de alimentos a nivel mundial en un panorama en el que están aumentando los costes de producción, se registra una grave volatilidad en los mercados agrícolas, existen menos tierras y menos agua y se han reducido los insumos energéticos. Una PAC fuerte también es fundamental para la protección, sostenibilidad ambiental y desarrollo económico de las zonas rurales de la UE ante la amenaza del abandono de las tierras y del éxodo rural. El sector agrícola europeo tiene un valor añadido evidente y debe desempeñar una función primordial en la Estrategia UE 2020 a la hora de abordar los retos socioeconómicos y ambientales con que se enfrenta la UE, tanto internamente como en su calidad de líder mundial. La política comercial de la UE va a ser decisiva para determinar si la agricultura va a seguir prestando una contribución totalmente positiva a estos objetivos. Esta política no debe socavar la dinámica del sector agrícola de la UE sino que, por el contrario, la política comercial y la política económica pueden y deben apoyarse mutuamente.

  Peter Jahr (PPE), por escrito. – (DE) Las prácticas agrícolas, y en particular, la política agrícola europea, revisten una importancia crucial en la política alimentaria y de desarrollo y por ello debería reforzarse y promoverse el mercado internacional en este ámbito. Sin embargo, este objetivo no puede lograrse con medidas contrarias a la política europea, sino en estrecha coordinación con dicha política. También habría que aplicar las estrictas normas europeas a los productos importados.

Cualquier otra alternativa pondría en peligro los exigentes requisitos del sector agrícola europeo en materia de calidad y seguridad y, por consiguiente, repercutiría negativamente en los productores y consumidores europeos. Necesitamos y exigimos libre comercio de mercancías, pero para lograrlo es fundamental que existan unas condiciones de competencia equitativas.

  Sandra Kalniete (PPE) , por escrito. – (LV) Los agricultores europeos desempeñan un importante papel, puesto que suministran alimentos a más de 500 millones de personas en Europa y contribuyen a asegurar el suministro de alimentos en todo el mundo. Lamentablemente, los agricultores no siempre han recibido un trato justo. Yo respaldo plenamente los acuerdos sobre libre comercio con otros países o grupos de países, pero, cuando negociemos dichos acuerdos, no podemos dejar a nuestros agricultores en una situación de desventaja frente a la competencia. Los auténticos perdedores de esta competencia desleal serán los ciudadanos de la Unión Europea, a los que tenemos que garantizar diariamente el acceso a alimentos de gran valor y calidad a precios razonables. Con demasiada frecuencia esto se da por descontado, sin pensar que son nuestros agricultores los que proporcionan esa seguridad; agricultores cuyos ingresos son a menudo muy inferiores a los ingresos medios en sus respectivos países. Tampoco tenemos que hacer nada sobrenatural, sino sencillamente exigir que los productos agrícolas importados hacia la Unión Europea cumplan las mismas normas que los productos europeos en lo que se refiere al medio ambiente, las normas sociales, el bienestar animal y la seguridad. Eso sería justo y pondría a los agricultores que deseen vender sus productos en la Unión Europea en una situación en pie de igualdad.

  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. – (DE) En el presente informe, el Parlamento Europeo hace un llamamiento a la Comisión para que adopte una actitud más contundente a la hora de representar los intereses de los agricultores y consumidores europeos en las negociaciones sobre comercio internacional. Actuaríamos con ligereza si abandonáramos las normas de referencia que caracterizan al sector agrícola de la UE ―las normas sociales y de calidad más elevadas en la producción agrícola y los alimentos de mayor calidad para la población― para concluir más acuerdos económicos. Yo solo estoy a favor de abrir el mercado a las importaciones agrícolas siempre que sea posible mantener la competitividad de la agricultura europea. Creo que no tenemos que hacer más concesiones en el ámbito de la agricultura durante las negociaciones en el marco de la Ronda de Doha. Acojo con satisfacción las exigencias que se establecen claramente en este informe.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) Con la votación de hoy estamos transmitiendo una clara señal a la Comisión: La Unión Europea no puede seguir haciendo concesiones para obtener acceso a los mercados de terceros países a expensas del sector agrícola. Ahora que la Unión Europea se encuentra en un período de reflexión sobre la nueva política agrícola común, encontrar mecanismos capaces de garantizar la coherencia entre la PAC y la política de comercio exterior se ha convertido en un objetivo fundamental. El sector agrícola europeo ofrece numerosas ventajas, entre las que cabe señalar la calidad y la seguridad alimenticia.

Por consiguiente, la defensa de los intereses de los agricultores europeos debe ser un objetivo prioritario, y, a este respecto, es para mí una satisfacción que en el documento se incluyan algunos apartados en los que, para garantizar la reciprocidad a los agricultores europeos, se pide que se apliquen a los exportadores de carne hacia Europa los mismos requisitos que se imponen a los agricultores europeos, al objeto de proteger la seguridad de los consumidores y establecer una competencia comercial equitativa. En esta etapa de las negociaciones sobre los acuerdos con Mercosur y con Marruecos, creo que es esencial que expresemos claramente a la Comisión nuestras preocupaciones y nuestra firme posición en defensa de los intereses de los agricultores españoles e italianos.

  Constance Le Grip (PPE) , por escrito. – (FR) He votado a favor del informe del señor Papastamkos sobre la agricultura de la UE y el comercio internacional. En particular, quería apoyar el deseo del Parlamento Europeo de poner de relieve los peligros que representa para la Unión Europea la estrategia comercial de la Comisión Europea.

Ahora que se han iniciado negociaciones sobre acuerdos comerciales entre la Unión y algunos de sus socios (Mercosur, Canadá, Ucrania, entre otros), cabe recordar a la Comisión Europea la necesidad de establecer asociaciones comerciales ―con realismo y sin ingenuidad― basadas en los principios del libre comercio, por supuesto, pero también en el principio de reciprocidad― con respecto al cumplimiento de las normas sanitarias y de las normas relativas a la protección de los consumidores, el medio ambiente y los animales― y que no pongan en peligro algunas esferas de actividad en Europa. Me refiero concretamente al sector agrícola, que a menudo es «sacrificado» a favor de los productos y servicios industriales durante las negociaciones comerciales.

Con este objetivo en mente, la Unión Europea tiene que velar por la coherencia entre la política agrícola, actualmente sometida a revisión, y su política comercial con el fin de mantener un sector agrícola fuerte, asegurando de esta forma la seguridad alimentaria de nuestros ciudadanos en un contexto en el que la volatilidad de los mercados es cada vez mayor.

  Astrid Lulling (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de mi colega, Georgios Papastamkos, porque presenta una visión muy realista de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y terceros países en el sector agrícola.

El déficit de nuestra balanza comercial con los países de Mercosur en este sector es alarmante. La diferencia entre nuestras exportaciones hacia estos cinco países y nuestras importaciones desde los mismos se ha duplicado en menos de un decenio y nuestras importaciones ascienden actualmente a 19 000 millones de euros frente a solo 1 000 millones de euros de exportaciones.

La Comisión Europea hace demasiadas concesiones inaceptables en relación con productos agrícolas que ponen en peligro la supervivencia de las explotaciones agrícolas europeas con el pretexto de que tenemos que asegurar un mayor acceso al mercado de terceros países para nuestros productos y servicios industriales.

La política comercial exterior de la Unión Europea no debería sacrificar nuestro sector agrícola, que es el que garantiza la seguridad alimentaria de nuestros ciudadanos, sobre todo en un contexto en el que la volatilidad de los mercados es cada vez mayor. Con el fin de evitar distorsiones de la competencia, los países de Mercosur tienen que aplicar las mismas garantías en términos de sanidad, seguridad alimentaria, bienestar animal y desarrollo sostenible que las que se exigen a nuestros productores, quienes, además, incurren en unos costes sociales más elevados.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado en contra de este informe que transmite un mensaje un tanto proteccionista en relación con la actitud del Parlamento sobre las cuestiones comerciales. Si se interpretara literalmente el presente informe, la UE no podría negociar ningún acuerdo de libre comercio importante y, por ende, tampoco podría completar la Ronda de Doha.

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Este informe subraya que la UE tiene el deber de contribuir a la seguridad alimentaria mundial, y yo me congratulo de ello. No obstante, y pese a la mención de una serie de consecuencias devastadoras de la liberalización de los mercados para la agricultura, las soluciones que propone apoyan, también en este caso, la idea de reforzar el libre comercio y subordinar la política agrícola a los intereses de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El informe amenaza explícitamente a Argentina por violar las obligaciones de la OMC, para limitar las importaciones de productos alimentarios que compiten con su producción nacional. Sin embargo, al mismo tiempo, pide a la UE que introduzca nuevas limitaciones a las importaciones y proteja activamente los intereses agrícolas comunitarios. Tampoco se menciona expresamente la situación de Brasil. Por consiguiente y, teniendo en cuenta que este informe considera prioritarias la liberalización y la competencia en los mercados agrícolas, yo he votado en contra del mismo.

  Véronique Mathieu (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe del señor Papastamkos, que transmite un claro mensaje sobre el peso que la agricultura europea ha de tener en las negociaciones internacionales. En un momento en el que Europa necesita reforzar su producción agrícola para garantizar la seguridad alimentaria, las negociaciones sobre los acuerdos internacionales van a menudo en detrimento del sector agrícola. Para que podamos conocer pronto las consecuencias de dichos acuerdos para la agricultura europea, queremos que la Comisión Europea realice evaluaciones del impacto y las dé a conocer antes del inicio de las negociaciones. Además, deben aplicarse las elevadas normas de la UE relativas a la salud, el medio ambiente y el bienestar animal a los productos que entren al territorio europeo. Los controles fronterizos que llevan a cabo los Estados miembros asegurarán la correcta aplicación de la legislación europea en este ámbito.

  Iosif Matula (PPE), por escrito. – (RO) En el contexto de la futura política agrícola común de la Unión Europea, hemos de tener en cuenta el equilibrio entre la producción nacional y las importaciones. Nuestros esfuerzos han de orientarse hacia el logro de una mayor armonía entre la liberalización de los mercados y la protección del sector económico nacional. La seguridad alimentaria en los Estados miembros se alcanza manteniendo un sector agrícola estable, que no se vea amenazado por la política comercial exterior en un contexto en el que la volatilidad de los mercados es cada vez mayor. Los pequeños agricultores contribuyen de forma importante a la seguridad alimentaria en las regiones en las que operan. Creo que es necesario que en los acuerdos comerciales con terceros países sobre la importación de productos agrícolas se garanticen compensaciones a los agricultores por sus pérdidas. Al mismo tiempo, apoyo una política agrícola que tenga por objeto, en la medida de lo posible, asegurar el acceso de los productos agrícolas de la UE a los mercados de terceros países. El propósito que se persigue al promocionar los productos con una etiqueta regional de la UE es darlos a conocer fuera del territorio comunitario y, por ende, promover su consumo. Según indican algunos estudios recientes, la población mundial está creciendo a una velocidad mucho más rápida que la producción mundial de cereales. En la Unión hay muchas regiones con la capacidad necesaria para contribuir a reducir esa diferencia si utilizaran con mayor eficacia su potencial de producción de cereales.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Entre los aspectos positivos del informe cabe señalar la preocupación por los ciudadanos extranjeros y la defensa de la seguridad alimentaria. Soy consciente de ello. No obstante, este informe aboga por la promoción activa de los intereses agrícolas de la Unión Europea, las zonas de libre comercio y los acuerdos comerciales entre la UE y Chiquita o Dole. Y lo que es peor, amenaza explícitamente a Argentina con sanciones por adoptar decisiones que yo recomendaría para mi propio país. Por todo ello voto en contra del informe.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Los productos agrícolas son una parte esencial del comercio internacional y, por consiguiente, tienen que tratarse como tal. Por lo tanto, es indudable que el aumento constante del precio de los alimentos como resultado del incremento de los precios básicos es un motivo de preocupación cada vez mayor para la Unión Europea. Por otra parte, el sector agrícola también tiene que satisfacer las necesidades alimentarias de un número cada vez mayor de personas y, al mismo tiempo, tiene que hacer frente a unos recursos naturales cada vez más escasos y a los elevados precios de los factores de producción; a ello vienen a sumarse las preocupaciones relativas al medio ambiente y a la conservación de los recursos naturales, que pueden dar lugar a distorsiones de la competencia, en particular en los países desarrollados. Teniendo en cuenta las necesidades en el futuro, no hay duda de que la agricultura se convertirá en un sector estratégico ―incluso diría fundamental― para el desarrollo económico de la UE y del mundo entero.

  Alajos Mészáros (PPE), por escrito. – (HU) Habida cuenta de que la agricultura no es simplemente una actividad económica y que la política agrícola y alimentaria ha de orientarse hacia objetivos esenciales, como los suministros alimentarios y la seguridad alimentaria, el principal reto es la armonización eficaz de las consideraciones comerciales y no comerciales. La Unión Europea es el es el mayor importador del mundo de productos agrícolas procedentes de países en desarrollo, e importa más que los EE.UU., Japón, Canadá, Australia y Nueva Zelanda juntos. Si permitimos que estos países obtengan un mayor acceso a los mercados, ello podría ir en detrimento no solo de los agricultores europeos, sino también de los países en desarrollo más necesitados. Por ese motivo, la UE debería adoptar un enfoque más equilibrado entre los diversos sectores durante las negociaciones comerciales y debería promover sus intereses agrícolas tanto defensivos como ofensivos. El sector agrícola de la UE desempeña un papel especial en la Estrategia Europa 2020 en relación con los diversos retos socioeconómicos. La política comercial comunitaria debe desempeñar un papel importante y decisivo a la hora de garantizar que la agricultura siga contribuyendo positivamente al logro de nuestros objetivos. Estoy de acuerdo en que la política comercial no debe obstaculizar la dinámica del sector agrícola de la Unión y, por ese motivo, he votado a favor del informe.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) No he votado a favor de este informe sobre la agricultura y el comercio internacional puesto que pivota sobre el elemento central de la política comercial de la UE: los acuerdos de libre comercio.

Es cierto que existen algunos puntos positivos en el informe, como la singularización de las regiones ultraperiféricas, las cuales, para garantizar su soberanía alimentaria, merecen un trato especial. A pesar de ello, este informe avala la promoción activa de los intereses agrícolas de la UE sin tener en cuenta las asimetrías con sus socios comerciales y apuesta por las zonas de libre comercio sin tener en cuenta el impacto nocivo para esas poblaciones. Y, aún más, el informe amenaza explícitamente con sanciones a Argentina por haber establecido medidas proteccionistas. Por todo ello, me he abstenido.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Pese al hecho de que en los últimos tiempos, los precios de los alimentos han estado sujetos a un aumento constante ―y parece ser que el precio de algunos productos agrícolas estarán por las nubes como resultado del encaprichamiento del clima y la especulación agrícola―, los precios que encontramos en las tiendas no guardan relación con lo que los pequeños agricultores reciben por su duro trabajo. Por otra parte, los productores de la Unión Europea apenas pueden competir con los precios en el mercado mundial debido a que nuestras normas sociales, de calidad, de protección animal y medioambientales son bastante exigentes ― esas normas que no podemos o no queremos controlar a la hora de importar alimentos―. Si queremos poner fin al declive de nuestras regiones rurales y a la disminución de la población agrícola, con la consiguiente amenaza a la autosuficiencia de los Estados miembros de la UE, entonces ya es hora de que dejemos de conceder ayudas agrícolas a las grandes empresas agrícolas y que demos el dinero, en su lugar, a los que realmente lo necesitan para sobrevivir ―es decir, a los pequeños agricultores.

Si eso no es posible en la UE centralizada, entonces, la única forma de avanzar es racionalizando las ayudas agrícolas. El informe no expresa un claro compromiso con los agricultores pequeños y medianos, muchos de los cuales trabajan hasta el agotamiento para subsistir. Por ese motivo me he abstenido.

  Vital Moreira (S&D), por escrito. – (PT) He votado en contra de la resolución del Parlamento Europeo sobre la agricultura de la UE y el comercio internacional, porque, en mi opinión, subordina totalmente la política comercial comunitaria a la política agrícola, cuando es bien sabido que solo la política comercial puede garantizar el acceso de nuestra industria, de nuestros servicios e incluso de nuestra agricultura a los mercados exteriores; este acceso es fundamental para el crecimiento económico y la creación de empleo en la Unión. Si en el futuro continuamos con la orientación política que refleja esta resolución, será prácticamente imposible concluir acuerdos comerciales con países o regiones con sectores agrícolas importantes, como por ejemplo, Brasil o la India. La política agrícola común ―que afecta a la Unión en su conjunto y a todos los Estados miembros― no puede estar a merced de los intereses del sector agrícola, que, de hecho, afecta solo a un número limitado de Estados miembros. Además, me parece lamentable que esta resolución contenga acusaciones contra Brasil que, como este país ha demostrado ampliamente, son totalmente infundadas.

  Cristiana Muscardini (PPE), por escrito. – (IT) El futuro de la PAC y la política exterior de la UE están estrechamente vinculados. Son dos realidades que no pueden considerarse de forma aislada y a las que la Unión Europea debe prestar especial atención.

No podemos debatir sobre temas comerciales dejando de lado sus posibles repercusiones en la producción agrícola de los Estados miembros. Por consiguiente, yo estoy a favor de un mercado liberalizado que tenga en cuenta los requisitos de los socios económicos y comerciales de la UE. No obstante, creo asimismo que la política agrícola debería incluirse en la negociación de los acuerdos para controlar la calidad de los productos exportados o importados por nuestros mercados y proteger a los productores europeos y nuestros suministros alimentarios.

Por tanto, estoy a favor del informe Papastamkos. No obstante, en algunos ámbitos comerciales se ha producido un desequilibrio debido a la distribución de las responsabilidades entre las comisiones de agricultura y comercio de este Parlamento, que deberían actuar en sinergia para definir un equilibrio contractual aplicable a los diversos tratados comerciales concluidos en el sector agrícola de la UE.

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor de los artículos 49, 53 y 54 por los siguientes motivos. En relación con el primer artículo, es absurdo que se entablen negociaciones con Mercosur basadas en un mandato de 12 años. En relación con los artículos 53 y 54, deseo recordarles que los agricultores europeos tienen que cumplir las normas de calidad, seguridad alimentaria, protección ambiental y animal más elevadas. Opino que debemos imponer las mismas normas a todos nuestros socios comerciales, no solo en beneficio de los agricultores europeos, sino también en beneficio de los consumidores, a los que tenemos la obligación de proteger.

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), por escrito. – (PL) En la sesión plenaria de hoy en Estrasburgo, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución sobre la agricultura de la UE y el comercio internacional. En los últimos años hemos observado numerosos acontecimientos que indican un deterioro de la situación de la agricultura de la Unión Europea; entre otras cosas, se está reduciendo la parte correspondiente a la UE en las exportaciones agrícolas. El déficit del comercio de productos agrícolas comunitarios está creciendo y las numerosas concesiones hechas por la UE no han sido correspondidas.

En vista de lo anterior, es esencial para la política agrícola de la UE y para su política comercial común decidir y aprobar directrices conjuntas en los ámbitos de la agricultura, el comercio y el desarrollo. El documento que hemos aprobado transmite un claro mensaje en defensa del sector alimentario de la Unión. Condena la excesiva disposición de la Comisión Europea a hacer concesiones e insiste en que las decisiones de abrirse a nuevos mercados no deben tener repercusiones negativas para los agricultores comunitarios.

  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución sobre la agricultura de la UE y el comercio internacional. La Unión Europea es el principal importador de productos agrícolas del mundo, pero su parte en las exportaciones agrícolas mundiales se está reduciendo debido a un crecimiento más rápido de otros socios comerciales clave en el sector agrícola y a los precios del mercado mundial, que son bajos mientras que los costes de producción de la Unión son elevados. La UE es el mayor importador del mundo de productos agrícolas procedentes de países en desarrollo. Por consiguiente es necesario proteger los intereses de nuestros agricultores y crear un mecanismo para garantizarles una compensación por sus pérdidas. Debemos proteger a nuestros agricultores de la competencia desleal y, por consiguiente, las mismas normas que se aplican al sector agrícola de la UE deben aplicarse también a los productos exportados de terceros países y es necesario incluir esas condiciones en los acuerdos comerciales bilaterales. Además, tiene que existir un apoyo global al acceso a los mercados de terceros países para los productos comunitarios. Creo que la propuesta de la Comisión de conceder a Pakistán un contingente arancelario con derecho cero para la exportación a la UE de 100 000 toneladas de etanol anuales por un periodo de tres años no aportará una ayuda directa e inmediata y perjudicará al sector europeo de la energía renovable. Teniendo en cuenta la fuerte competitividad de la producción de cereales ucraniana y los tipos reducidos de los que se beneficia, la Comisión ha de actuar con más cautela a la hora de hacer concesiones en las negociaciones con Ucrania.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) El informe sobre la agricultura y el mercado internacional se centra en los acuerdos comerciales concluidos entre la UE y terceros países sobre productos agrícolas. En el presente informe, el Parlamento Europeo condena a la Comisión Europea, que ha sido criticada en varias ocasiones en relación con la política agrícola, por llegar demasiado a menudo a conclusiones que son insostenibles para la política agrícola europea. He votado a favor del informe porque considero que el papel político del Parlamento, al que la Comisión evita consultar cuando se debaten cuestiones relativas a las relaciones comerciales con terceros países, es indispensable. Estoy de acuerdo con la propuesta de que la Comisión suspenda el acuerdo con Mercosur hasta que se haya elaborado un nuevo acuerdo con los países interesados, a fin de garantizar productos seguros y de calidad a los consumidores europeos y de aportar valor en los mercados extranjeros.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque defiende claramente los intereses de los agricultores europeos en el contexto del comercio internacional. Creo que la política comercial exterior no debe poner en peligro la capacidad de la UE para mantener un sector agrícola fuerte y garantizar la seguridad alimentaria en un contexto en el que la volatilidad de los mercados es cada vez mayor. No obstante, con demasiada frecuencia la Comisión hace concesiones a la agricultura para obtener un mayor acceso al mercado de terceros países para productos y servicios industriales. Además de lo anterior, es importante tener en cuenta que el sector agrícola europeo está obligado a cumplir las normas más elevadas en materia de calidad, higiene de los productos, métodos de producción sostenibles, zoosanidad y fitosanidad y bienestar animal, trazabilidad, control de los residuos de pesticidas, medicina veterinaria y aditivos; estos aspectos incrementan los costes de producción y deberían tenerse en cuenta en las negociaciones multilaterales y bilaterales. En general, estoy en contra de la decisión de abrir más el mercado de la UE a las importaciones agrícolas sin llevar cabo antes evaluaciones del impacto y garantizar a los agricultores de la UE una compensación por sus pérdidas.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) La PAC constituye un símbolo de la integración europea, ya que representa una de las formas más desarrolladas del proceso de toma de decisiones de la UE a nivel supranacional. Las presiones internas en el seno de la Unión Europea hacia una PAC orientada al mercado y el mayor énfasis en otras políticas europeas se reflejan igualmente en la política comercial exterior de la UE, que tiene por objeto abrir el mercado agrícola a cambio de un mayor acceso a los mercados de terceros países para los productos y servicios industriales europeos. Ello implica asimismo garantizar la salvaguardia del modelo agrícola europeo y la igualdad de condiciones para los productores comunitarios en el mercado mundial. La función polivalente del sector agrícola europeo puede servir como catalizador de nuevos paradigmas: seguridad alimentaria, seguridad y calidad a un precio asequible para los ciudadanos de la UE.

Se está produciendo un incremento de la demanda de alimentos a nivel mundial en un panorama en el que están aumentando los costes de producción, se registra una grave volatilidad en los mercados agrícolas, existen menos tierras y menos agua y se han reducido los insumos energéticos. Una PAC fuerte también es fundamental para la protección, sostenibilidad ambiental y desarrollo económico de las zonas rurales de la UE ante la amenaza del abandono de las tierras y del éxodo rural.

  Crescenzio Rivellini (PPE), por escrito. – (IT) En la sesión plenaria de hoy hemos votado el informe sobre la agricultura y el comercio internacional.

El señor Papastamkos afirma en su informe que la política comercial exterior no debe poner en peligro la capacidad de la UE para mantener un sector agrícola fuerte y velar por la seguridad alimentaria en un contexto en el que la volatilidad de los mercados es cada vez mayor o asegurar el mantenimiento de un sector agrícola europeo fuerte.

El informe condena el enfoque adoptado por la Comisión, que hace concesiones a la agricultura para obtener un mayor acceso a los mercados de terceros países para los productos y servicios industriales. El informa aborda detenidamente varias cuestiones, como la evaluación del impacto, la compensación financiera, la OMC y la Ronda de Doha, y especialmente los acuerdos comerciales bilaterales problemáticos, como los concluidos con Marruecos, Pakistán, Ucrania y Mercosur en particular. Además, considera inaceptable que la Comisión reanude las negociaciones con el Mercosur sin hacer pública una evaluación del impacto pormenorizada, y sin involucrarse en un debate político adecuado con el Consejo y el Parlamento.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – A la vista del punto muerto en que se encuentran las negociaciones comerciales multilaterales, la Unión Europea ha continuado la negociación de acuerdos comerciales bilaterales e interregionales con carácter complementario del marco multilateral. Como en el caso de Marruecos, existe actualmente una fuerte competencia entre los Estados Unidos y la UE por ser los primeros en entrar ―y por las condiciones de entrada― en nuevos mercados clave. Mi colega, José Bové, ha cuestionado claramente el planteamiento de estos acuerdos bilaterales en el caso de Marruecos en su informe elaborado en la Comisión de Comercio Internacional (INTA), el cual podría dar lugar al rechazo del acuerdo propuesta por la Comisión. Hemos votado a favor del informe.

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de este informe, porque creo que refuerza la posición de la política agrícola, una de las piedras angulares de la cohesión económica y social europea, sobre todo desde el punto de vista de los retos planteados en la Estrategia Europa 2020.

La Unión Europea sigue siendo el principal importador de productos agrícolas del mundo, con unas importaciones que se han duplicado prácticamente en valor en la pasada década y que representan en la actualidad cerca de un 20 % de las importaciones mundiales.

Ante esta situación tenemos que establecer una política comercial europea fuerte, de conformidad con el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según el cual Europa debe cooperar en la aplicación de las políticas de crecimiento en los países en desarrollo. Ahora, el objetivo prioritario es garantizar que la política comercial y la política agrícola europeas funcionen conjuntamente en un contexto mundial, facilitando el acceso a los mercados de los países en desarrollo y ayudándoles, al mismo tiempo, a potenciar su desarrollo económico mediante estas prácticas.

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), por escrito. – (RO) Quiero insistir en la importancia de este informe, especialmente en el contexto de la reforma de la política agrícola común. Creo que es necesario que haya coherencia entre la PAC y las políticas comerciales. Lamentablemente, en muchas ocasiones ha ocurrido que los acuerdos comerciales con terceros países han causado graves perjuicios al sector agrícola europeo y a sus agricultores. No obstante, espero que esta situación no se repita en el futuro. Quiero señalar asimismo que nuestros agricultores están obligados a cumplir las normas más elevadas de calidad, protección ambiental y y bienestar animal. Para garantizar una competencia justa, deberíamos exigir a los productores de terceros países que exportan hacia la UE que cumplan las mismas normas.

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), por escrito. – (ET) En la votación de hoy, los miembros de esta Cámara han brindado su apoyo al informe sobre la agricultura y el comercio internacional, que trata, en gran medida, de las importaciones de alimentos y piensos modificados genéticamente hacia Europa. Estoy muy satisfecho del apoyo brindado al punto en el que se pide a la Comisión que defienda enérgicamente el régimen de autorización y comercialización de OMG de la UE frente a los desafíos de la OMC. Ello significa esencialmente que la utilización de los OMG seguirá estando estrictamente regulada con vistas a mejorar la seguridad alimentaria y la situación de nuestros agricultores. También recibieron apoyo varios puntos relativos a los aranceles a las importaciones de varios grupos de productos agrícolas, así como las normas de calidad que deben cumplir dichos productos.

Además de las cuestiones relacionadas con los OMG, se han debatido cuestiones de carácter general sobre la seguridad alimentaria. Por ejemplo, se pone de manifiesto el continuo incumplimiento por parte de la carne de bovino de Brasil de las normas de los productores y consumidores de la UE en lo que se refiere a la seguridad alimentaria, la identificación y trazabilidad de los animales, la salud veterinaria y el control de las enfermedades. Otra cuestión que constituye un motivo de preocupación es el uso generalizado en Brasil de plaguicidas prohibidos en Europa y la importación de los productos resultantes. Muchas gracias.

  Brian Simpson (S&D), por escrito. – En nombre del PLPE, no he dado mi apoyo al informe sobre la agricultura de la UE y el comercio internacional. Si bien el informe contiene algunos aspectos útiles sobre la protección de los intereses de nuestros sector agrícola, como por ejemplo, la necesidad de proteger las indicaciones geográficas en los acuerdos bilaterales y multilaterales, en mi opinión, algunas partes del mismo son demasiado proteccionistas y establecen condiciones poco realistas para las negociaciones actuales y futuras de la Unión sobre acuerdos comerciales.

Además, el mantenimiento de medidas proteccionistas en la UE para proteger a sus productores agrícolas de la competencia exterior no es una medida acorde con la posición del PLPE sobre la reforma de la PAC. Siempre hemos abogado por la eliminación de las barreras comerciales para promover un sector agrícola más eficaz y competitivo, ofrecer mejores condiciones a los consumidores y ofrecer oportunidades de acceso a los mercados a los países menos desarrollados.

  Michèle Striffler (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor de los apartados 53 y 54 de informe sobre la agricultura de la UE y el mercado internacional, porque creo que los diputados al Parlamento Europeo tenemos la obligación de defender a los agricultores y consumidores europeos del peligro que representarían las exportaciones masivas de productos agrícolas de mala calidad, sobre todo de productos procedentes de ciertos países de América Latina. No debemos sacrificar la calidad de nuestros productos agrícolas basándonos en consideraciones meramente comerciales.

  Marc Tarabella (S&D), por escrito. – (FR) Acojo con satisfacción el informe de mi colega, Georgios Papastamkos, en el que se definen los criterios básicos que deberían orientar las negociaciones de la Unión Europea y en el que se subraya la necesidad de reforzar la integración de los aspectos no comerciales en las negociaciones.

Además, no podemos seguir aceptando una situación en la que nuestros ganaderos, que están obligados a cumplir normas ambientales y sanitarias muy exigentes (especialmente en relación con la higiene de los productos, los métodos de producción sostenibles y el bienestar animal), son sacrificados en aras del comercio internacional y son víctimas de la competencia desleal y de bochornosas distorsiones de la competencia con respecto a terceros países que comercializan en el mercado europeo productos que no cumplen las condiciones impuestas por la Unión, sin que ello tenga consecuencia alguna. También insto a la Comisión y al Parlamento Europeo a que ejerzan la máxima vigilancia a la hora de concluir acuerdos, con Mercosur en particular, que ponen claramente en peligro la ganadería europea.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) El equilibrio entre la política común en los ámbitos de la agricultura, el desarrollo y el comercio es fundamental para la Unión Europea. El sector agrícola europeo merece especial atención. La política agrícola común es la política común más antigua y tiene que seguir siendo fuerte. Quiero recordarles que este sector desempeña numerosa funciones y tiene que estar vinculado con otros objetivos sociales y políticos, como la Estrategia Europa 2020. No obstante, la agricultura europea no está aislada de las relaciones exteriores europeas, concretamente por lo que respecta al comercio internacional y la ayuda al desarrollo. La importancia de las relaciones internacionales, sobre todo a través de acuerdos como los concluidos entre la UE y Mercosur, se refleja en los niveles de asociación económica, política y estratégica y, por eso, es esencial promover la coherencia de las normas relativas a los productos agrícolas. Por consiguiente he votado en contra de los apartados 53 y 54 de este informe. Además, los acuerdos de libre comercio exponen al sector a nuevos retos y diferentes realidades. Quiero citar como ejemplo la situación de las regiones ultraperiféricas, que tienen economías frágiles basadas esencialmente en productos agrícolas similares a los de nuestros socios de América Latina. En mi calidad de miembro de una de las regiones ultraperiféricas, quiero insistir en la necesidad de tener en cuenta las características concretas de estas regiones y de no comprometer su desarrollo durante las negociaciones que se entablen en el futuro.

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor del informe sobre la agricultura de la UE y el mercado internacional porque es necesario que haya cierta coherencia entre las políticas de la UE en los ámbitos de la agricultura, el comercio y el desarrollo. La agricultura comunitaria tiene que desempeñar una función vital proporcionando empleo y sosteniendo la vitalidad de las zonas rurales, y el modelo agroalimentario europeo, que constituye un componente estratégico de la economía de Europa. Se ha producido un incremento de la demanda de alimentos a nivel mundial debido a las repercusiones del cambio climático, el aumento de los costes de producción y la reducción de tierras y de agua potable. Quisiera insistir en la importancia del comercio de productos agrícolas para el desarrollo económico y la erradicación de la pobreza. Insto a la UE a que adopte medidas para apoyar a los países más afectados por la crisis alimentaria. La parte correspondiente a la UE en las exportaciones agrícolas mundiales se está reduciendo y, en este contexto, creo que el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur es fundamental. Por ese motivo, el Parlamento Europeo debería participar estrechamente en todas las negociaciones. Exigimos que las importaciones agrícolas hacia la Unión ofrezcan a los consumidores las mismas garantías en términos de protección del consumidor, bienestar animal, protección ambiental y normas sociales mínimas que las que ofrecen los métodos de producción europeos.

  Dominique Vlasto (PPE), por escrito. – (FR) Yo quería utilizar mi voto para reafirmar mi posición: no podemos sacrificar nuestro modelo agrícola a las consideraciones comerciales. El objetivo de abrir y liberalizar el comercio entre la Unión Europea y sus socios no debe inducirnos a modificar las exigencias relativas a la calidad y seguridad de los alimentos para proteger a los consumidores. Por ello, yo quería expresar claramente mi deseo de que en las negociaciones de acuerdos agrícolas con terceros países se aplique reciprocidad en lo tocante a las normas comerciales, sanitarias y sociales y no se acepten condiciones adicionales sin garantías. Igualmente, rechazo la idea de que deberíamos bajar la guardia a la hora de defender los intereses de los agricultores europeos. Si Europa ha conseguido establecer un estrecho vínculo entre su agricultura y su territorio y ha logrado un nivel de excelencia en su producción agrícola, ha sido gracias a la labor de los agricultores. Por consiguiente, tenemos la obligación de garantizar una competencia justa en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y sus socios. Por ello, pido que se introduzcan mecanismos para proteger a los agricultores a nivel europeo a fin de ayudarles a hacer frente a posibles distorsiones de la competencia.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) He votado a favor del informe del señor Papastamkos sobre la agricultura de la UE y el Mercado internacional. En mi calidad de ciudadana austriaca conozco de primera mano los problemas a los que se enfrentan nuestros agricultores. La agricultura europea es uno de los principales pilares de la Unión Europea, de nuestra cultura compartida y de nuestro espacio vital. El ponente insta a la Comisión a que represente activamente los intereses agrícolas comunitarios. La UE es el principal importador de productos agrícolas del mundo y es absolutamente esencial que garanticemos que los productos importados cumplan las mismas normas de calidad que los productos agrícolas procedentes de la Unión.

Informe: Martin Häusling (A7-0026/2011)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Voto a favor de este informe porque también opino que es necesario que la Comisión incluya en la reforma de la política agrícola común (PAC) medidas adecuadas y concretas para apoyar las mejoras introducidas por los agricultores en la rotación de cultivos . Reducir el déficit proteínico de la UE debería ser un elemento importante de la reforma de la PAC que beneficiaría a los agricultores y al mercado interior europeo. Tales medidas serían de gran utilidad teniendo en cuenta que la producción total de proteaginosas ocupa solamente el 3 % de las tierras cultivables de la Unión y que la UE importa 40 millones de toneladas de proteaginosas, lo que representa el 80 % del consume interno.

  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. – (RO) Las importaciones de proteaginosas representan el equivalente de 20 millones de hectáreas cultivadas fuera de la UE, lo que representa más del 10 % de las tierras cultivables de la Unión, y esta producción no está sujeta a las mismas restricciones legales en materia de medio ambiente, sanidad que las producciones europeas. La escasez de importaciones supone una carga económica añadida para el sector ganadero y de los piensos y pone en peligro la viabilidad económica de la producción interior de carne. El reequilibrio del suministro y el consumo de cereales, proteaginosas y oleaginosas en la UE podría aportar importantes beneficios económicos a los agricultores y a la industria de la alimentación y los piensos, así como una mejora de la variedad de alimentos sanos y de calidad destinados a los consumidores. Además, en el contexto del cambio climático, la producción de proteaginosas podría contribuir considerablemente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la asimilación del nitrógeno y su fijación en el suelo, así como a la consiguiente reducción del uso de abonos nitrogenados sintéticos. Estos cultivos también contribuyen a una menor acidificación de los suelos, una mejor estructura de la tierra, un menor empleo de herbicidas y una mayor biodiversidad favorable a la polinización. He votado a favor de este informe porque soy partidaria de mejorar el equilibrio entre la producción de proteaginosas vegetales y animales, así como de la utilización de proteaginosas nativas.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) El 70 % de las proteaginosas y oleaginosas que se consumen actualmente en la Unión Europea se importan principalmente de Brasil, Argentina y los Estados Unidos. Como esta producción no está sujeta a las mismas restricciones legales en materia de medio ambiente, sanidad y OMG que las producciones europeas, la UE ha decidido revisar su política relativa a las proteínas e incrementar la producción interna de proteaginosas. Ello permitiría a los consumidores europeos beneficiarse de alimentos más saludables y variados. Por ese motivo he votado a favor del presente informe.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de esta importante resolución. En los últimos 10 años se ha registrado un déficit de producción de proteaginosas en la Unión Europea, por lo que nuestro mercado depende ahora en gran medida de las importaciones. Esta situación se remonta, por una parte, a acuerdos comerciales internacionales celebrados con anterioridad, que permitieron a la UE proteger su producción de cereales y, a cambio, hicieron posible la importación en régimen de franquicia aduanera de oleaginosas y proteaginosas en la UE. De esta manera se crearon las condiciones para importar la producción necesaria a bajo precio y para garantizar la competitividad de la agricultura, en particular, del sector ganadero. No obstante, dentro del territorio comunitario, los agricultores y las empresas transformadoras perdieron, por tanto, interés por la proteaginosas. El número de programas de investigación sobre las proteaginosas se redujo, los cultivadores dejaron de desarrollar variedades resistentes a las enfermedades y de gran rendimiento y, en toda Europa se está perdiendo la experiencia práctica en el cultivo de proteaginosas. La situación actual, con la constante fluctuación de los precios en los mercados y el elevado precio de las proteaginosas puede tener repercusiones negativas en el sector ganadero comunitario, que depende en gran medida de las importaciones. La Comisión debería considerar ya la posibilidad de adoptar medidas para promover la producción y el almacenamiento de las proteaginosas en la UE y ofrecer apoyo a los productores de dichos cultivos, y esas medidas deberían reflejarse en la reforma de la política agrícola común. Ello facilitaría la recuperación de este sector, garantizaría los ingresos a los agricultores y contribuiría a la agricultura sostenible en la UE.

  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) La dependencia, por parte de algunos sectores europeos, de mercados situados fuera de la Unión Europea constituye un problema que afecta no solo a las materias primas sino también a los piensos.

En particular, el señor Häusling subraya en su informe que anualmente se importan más de 40 millones de toneladas de proteaginosas, principalmente soja y piensos con gluten de maíz, lo que representa el 80 % del consumo de proteaginosas de la UE.

Ante esta situación, no tengo más remedio que sumarme a las peticiones expresadas por el señor Häusling, que espera que con la futura PAC se promuevan en Europa políticas destinadas a poner fin a esta dependencia de las importaciones, lo que, evidentemente, tendrá repercusiones positivas en el control de calidad y la sostenibilidad de la cadena de abastecimiento.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Teniendo en cuenta el descenso de la producción de proteaginosas en la UE en los últimos 10 años, tenemos que hacer frente urgentemente al riesgo de dependencia de los mercados internacionales y a la volatilidad de sus precios. Por consiguiente, respaldo las mencionadas reformas de la política agrícola común mediante las cuales se introducirán nuevas disposiciones que, además de ayudar a los agricultores a mejorar los sistemas de rotación de cultivos, promover los servicios científicos y la investigación con vistas a fomentar el cultivo de proteaginosas. También quiero mencionar la importancia de considerar un planteamiento descentralizado de los programas de investigación que tenga en cuenta el conocimiento local de los agricultores y los sistemas de cultivo sostenibles. Por tanto, brindo mi apoyo a la propuesta de la Comisión de considerar la posibilidad de restablecer una unidad de investigación agrícola en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Según los datos del informe, la producción de proteaginosas en la Unión Europea se ha reducido un 30 % en los últimos 10 años. No obstante, el ponente afirma que «la producción total de proteaginosas en la UE solamente ocupa actualmente el 3 % de la tierras cultivables […] A pesar del apoyo público al sector desde 1978, la producción de leguminosas en grano, que aumentó temporalmente durante los años 80, ha disminuido de nuevo hasta reducirse a aproximadamente un millón de hectáreas en 2008. Anualmente se importan más de 40 millones de toneladas de proteaginosas […] lo que representa el 80 % del consumo de proteaginosas de la UE». Estas cifras por sí solas deberían llamar la atención de los líderes políticos y justificar un cambio de política. En un momento en el que los precios de los alimentos están alcanzando récords históricos y poniendo en peligro la seguridad alimentaria, la Unión Europea, que está revisando su política agrícola común, no puede dejar de abordar el problema de la producción de proteaginosas e intentar encontrar una solución. Esta solución exigirá un mayor compromiso con estos cultivos que, además de reducir las importaciones, mejoran la contribución de la agricultura a la protección del medio ambiente, ya que las proteaginosas pueden reducir considerablemente las emisiones de gases de efectos invernadero.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Los datos publicados recientemente por la Comisión Europea revelan una notable disminución de la producción de proteaginosas en la Unión Europea, en torno al 30 %, y de ello se desprende que algo ha ido mal en relación con la política agrícola común (PAC). Esta situación obliga a la UE a importar más de 40 millones de toneladas de proteaginosas, y es el resultado de acuerdos celebrados con anterioridad que permitieron importar semillas oleaginosas y proteaginosas en régimen de franquicia aduanera, por ejemplo, el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles y el Acuerdo de Blair House. El reciente cambio climático ha hecho recaer la atención en este tema y yo lo considero un elemento importante de la próxima reforma de la PAC. El cultivo de proteaginosas, sumado a la rotación de cultivos más variados, ofrece grandes ventajas, no solo para el medio ambiente, sino también porque reduce los costes al enriquecer los suelos mediante la aportación de nitrógeno.

Voto a favor de este informe, que pretende reducir el déficit de proteaginosas en la Unión y espero que sus recomendaciones, como por ejemplo, las medidas de apoyo a los agricultores que opten por las proteaginosas y practiquen la rotación de cultivos, se tengan en cuenta en la elaboración de la nueva PAC.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El déficit de proteínas en Europa y el desequilibrio entre la producción de proteínas animales y vegetales constituyen un problema que no hace sino empeorar y que afecta a los cambios en los hábitos de consumo humanos, a la calidad y la seguridad y a la crisis a la que se enfrentan los ganaderos. El ponente presenta cifras que son esclarecedoras y preocupantes y que exigen que se preste atención al problema y se adopten medidas para resolverlo. Las raíces de estos desequilibrios hay que buscarlas en las políticas agrícola y comercial que están en vigor y no será posible encontrar soluciones sin introducir cambios profundos en ambas. Lamentablemente, el informe no menciona nada de eso. Para superar los déficits y desequilibrios actuales es necesario fomentar y diversificar el cultivo de proteaginosas y sustituir gradualmente las importaciones. En el informe se reconoce esta necesidad y se proponen algunas medidas importantes que consideramos positivas, como la creación de condiciones de mercado favorables para la producción, la venta y el consumo locales, y la introducción de modelos de cadenas de distribución cortas exentas de OMG.

No obstante, al mismo tiempo abre la puerta a soluciones que observamos con preocupación y no estamos dispuestos a aceptar, como la eliminación de la política de tolerancia cero para la presencia de OMG en los piensos importados, lo que pone en peligro la aplicación estricta del principio de precaución.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Este informe intenta responder al problema del déficit de proteínas en Europa, y al desequilibrio entre la producción de proteaginosas animales y vegetales. Como todos sabemos, éstas constituyen un problema que no ha hecho sino empeorar y afecta a los cambios en los hábitos de consumo humano, a la calidad y seguridad de los alimentos y a la crisis a la que se enfrentan los ganaderos.

Las raíces de estos desequilibrios hay que buscarlas en las políticas agrícola y comercial que están en vigor y no será posible encontrar soluciones sin introducir cambios profundos en ambas; lamentablemente el informe no menciona nada de eso.

Nuestro argumento sería que, para superar los déficits y desequilibrios actuales es necesario fomentar y diversificar el cultivo de proteaginosas y sustituir gradualmente las importaciones. Aunque en el informe se reconoce esta necesidad y se proponen algunas medidas importantes que consideramos positivas, también abre la puerta a soluciones que observamos con preocupación y no estamos dispuestos a aceptar, como la eliminación de la política de tolerancia cero para la presencia de OMG en los piensos importados, lo que pone en peligro la aplicación estricta del principio de precaución.

  Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. – (IT) Importar proteaginosas de terceros países es un grave problema en la medida en que no se garantiza que los productos importados cumplan normas equivalentes a las impuestas a nuestros productos. Estas proteaginosas se utilizan principalmente en ganadería, lo que pone en peligro el sistema de precios, ya que la volatilidad de los precios en los mercados internacionales aumenta exponencialmente. Por consiguiente, estoy de acuerdo con el señor Häusling en la necesidad de que la UE siga reduciendo su dependencia de las importaciones.

  Martin Häusling (Verts/ALE), por escrito. – (DE) En el informe titulado «sobre el déficit de proteínas en la UE: búsqueda de soluciones para un antiguo problema», de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, se proponen algunas excelentes soluciones para resolver el déficit de proteaginosas en la Unión Europea, como por ejemplo, revisar el Acuerdo Blair House concluido con los Estados Unidos, que permite importar proteaginosas estadounidenses en régimen de franquicia aduanera. Otras soluciones son introducir proteaginosas en la rotación de cultivos o reforzar la investigación y las consultas y el desarrollo de nuevas semillas e infraestructuras para la producción de proteaginosas. Lamentablemente, una mayoría de miembros de los tres grupos, el Grupo del Partido Popular Europea (Demócratas-cristianos), los Conservadores y Reformistas Europeos y el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales para Europa, han presentado enmiendas que van en contra de esta posición clara adoptada por el Parlamento. Piden que se faciliten las importaciones de proteaginosas, en particular de soja, e incluyen los organismos modificados genéticamente (OMG), que están prohibidos en la UE. Lamento que estas enmiendas se aprobaran por una estrecha mayoría en una votación plenaria en el Parlamento, ya que estoy convencido de que incrementar las importaciones de soja modificada genéticamente es contraproducente para nuestros objetivos de reforzar la autosuficiencia en la UE. Esta posición no refleja los deseos de una mayoría significativa de ciudadanos europeos, que rechazan la utilización de los OMG en la agricultura. Lamentablemente observo la tendencia del voto y, en mi calidad de ponente, he decidido devolver el informe.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) He votado a favor de este documento porque la reforma de la PAC debe incluir nuevas medidas e instrumentos adecuados y fiables que ayuden a los agricultores a mejorar los sistemas de rotación de cultivos, con el fin de reducir sustancialmente el actual déficit de proteínas y la volatilidad de los precios. El déficit proteínico en la UE está aumentando gradualmente y la UE suministra solo el 30 % de las proteaginosas que se consumen en forma de pienso para la alimentación animal. La producción de proteaginosas ocupa solamente el 3 % de las tierras cultivables de la Unión y, por consiguiente, la UE se ve obligada a importar el 70 % de estos cultivos para la alimentación animal. El uso extendido de proteaginosas en la rotación de cultivos ofrece importantes ventajas agroambientales y de mitigación del cambio climático. En lo que respecta al cambio climático, algunas variedades de leguminosas pueden reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la asimilación y la fijación del nitrógeno en el suelo, y reducir así, a su vez, la utilización de abonos nitrogenados. Con un mayor porcentaje de proteaginosas en la rotación de cultivos, mejoran la fertilidad y la estructura del suelo, el almacenamiento de alimentos y la salud de las cosechas sucesivas. Las mezclas permanentes de gramíneas/trébol para pienso y las mezclas de cereales y proteínas cubren mejor las tierras y reducen así la pérdida de nutrientes en las aguas subterráneas y los ríos, ofreciendo también mejores condiciones a las abejas y otros insectos polinizadores. La extensión de la rotación de cultivos reduce la necesidad de intervenir para proteger las cosechas y puede contribuir a la protección de la diversidad de las especies y variedades silvestres y cultivadas.

  Peter Jahr (PPE), por escrito. – (DE) La producción de proteaginosas se ha reducido notablemente en la Unión Europea en los últimos años y, debido a ello, ahora dependemos en gran medida de las importaciones, lo cual resulta preocupante. Por ese motive, quiero dar las gracias al ponente por instar a la Comisión a que adopte medidas a medio y largo plazo para hacer frente a este problema. No obstante, en la medida en que la Unión Europea no sea autosuficiente, también deberíamos considerar la posibilidad de introducir cambios en las disposiciones relativas a nuestras importaciones. Una solución técnica para detectar pequeños rastros de OMG en los productos importados podría garantizar la disponibilidad de soja suficiente en el mercado europeo.

  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. – (PL) Tal y como está actualmente, la política relativa a las proteaginosas en Europa perjudica a los agricultores y productores, que se ven obligados a pagar cuotas que dependen de las turbulencias del mercado mundial. También perjudica a los consumidores, que compran carne y leche procedentes de animales alimentados con proteaginosas. Las condiciones climáticas y específicas de la región han permitido introducir cambios estructurales en la producción de proteaginosas en la UE, y dichos cambios pueden considerarse incluso acordes con la protección de la biodiversidad y las medidas adoptadas para mitigar los efectos del cambio climático. Los piensos importados de terceros países no están sujetos a controles tan rigurosos como los piensos europeos y no podemos estar totalmente seguros de su calidad ni conocer el origen exacto de las materias primas con las que se han producido. Por consiguiente, deberíamos adoptar de inmediato medidas para cambiar esta situación, ya que, en caso contrario, las garantías que tenemos de que los alimentos europeos son seguros, saludables y de calidad simplemente se quedarán en palabras vacías. El siguiente paso para resolver el déficit de proteínas en la UE debería ser suavizar las reglamentaciones que prohíben alimentar a los animales con harinas. En el caso de las aves y el cerdo, no se ha detectado ningún riesgo de enfermedades debido a este método de alimentación y, después de todo, la prohibición del uso de proteínas animales en los piensos se introdujo tras la crisis de la EEB. Si se autoriza el empleo de harinas en la ganadería se reducirán los costes de producción, lo cual reviste una enorme importancia teniendo en cuanto el descenso de rentabilidad en el sector de la producción de carne y también nos permitiría reducir las importaciones de proteaginosas de América.

  Sandra Kalniete (PPE), por escrito. – (LV) Numerosos estudios demuestran que el déficit de proteínas en la Unión Europea ha aumentado notablemente en los últimos 10 años y, por ende, ha aumentado también la dependencia de la Unión Europea de las proteínas importadas. Muchos sectores se enfrentan a la posibilidad de que, como resultado de la volatilidad de los precios en el mercado internacional, sean incapaces de obtener proteaginosas a precios razonables. Lamentablemente, cuando, hace años, se concluyeron acuerdos comerciales con otros países se crearon condiciones de competencia desfavorables para el cultivo de proteaginosas en la Unión. Hoy estamos sufriendo las consecuencias de aquellas decisiones equivocadas y por ello es importante entender lo que ha ocurrido, para que podemos adoptar las medidas necesarias para superar el déficit de proteínas. Actualmente estamos trabajando activamente en una reforma de la política agrícola común (PAC), cuyos objetivos principales son apoyar a los agricultores activos, proteger el medio ambiente y promover la vida rural. No obstante, en relación con la reforma de la PAC, no debemos olvidar tampoco otros asuntos. En esta resolución se insiste en que un mayor uso de las proteaginosas en la rotación de cultivos mejora de forma importante el entorno agrario y contribuye a mitigar los efectos del cambio climático. Considero que esos argumentos son lo suficientemente persuasivos para convencernos de la necesidad de que resolvamos también los problemas relacionados con el déficit de proteínas en el marco de la reforma de la PAC.

  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. – (DE) La UE depende en gran medida de las importaciones de pienso para la alimentación animal en el sector de la ganadería porque no produce los piensos que necesita. El 70 % de las proteaginosas destinadas a pienso para la alimentación animal se importan de Brasil, Argentina y los Estados Unidos. Este problema se explica claramente en el informe sobre el déficit de proteínas y se piden medidas estrictas en relación con los piensos. Los productos importados también deben cumplir las normas de calidad, ambientales y sociales y las materias primas para la producción de piensos deben utilizarse con mayor eficacia. Es importante que reduzcamos nuestra gran dependencia de terceros países, ya que es la responsable de la volatilidad de los precios y de una falta de transparencia en relación con las condiciones de producción. Esto solo se logrará si en la UE volvemos a tomar las riendas de la producción de proteaginosas, tal como se propone el informe. No obstante, yo me opongo claramente a la producción de cultivos modificados genéticamente en los campos europeos.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) Afirmar que la producción total de proteaginosas en la UE ocupa solamente el 3 % de las tierras cultivables de la Unión y suministra solo el 30 % de las proteaginosas que se consumen en forma de pienso es describir una realidad que a la mayoría de las personas les resulta muy difícil entender.

La reducción del suministro de proteaginosas es una paradoja en un momento en el que la producción de este cultivo está generando una serie de efectos positivos que son necesarios para el ecosistema agrícola, es beneficiosa para la calidad de la producción animal e importante para mantener controlados los precios del mercado. El debate, que ya se ha iniciado en el seno de la Comisión, es fundamental para definir de nuevo el papel que la producción de proteaginosas desempeñará en el contexto de los retos que se plantearán en el futuro en la agricultura europea. Me refiero a la lucha contra el cambio climático y la utilización correcta de los recursos naturales, a los que se está prestando la debida atención en esta etapa de la elaboración de la futura PAC.

He apoyado este informe, que, en mi opinión, simboliza una nueva fase que debe comenzar ahora y cuya meta debe ser la reducción del déficit de proteínas. Considero prioritario establecer un programa marco específico de investigación descentalizada para el desarrollo agrícola para mejorar la cooperación, compartir las mejores prácticas y acelerar el proceso de mejora de los cultivos de proteaginosas adaptadas en el plano local, de tal forma que este ámbito se convierta en un sector de innovación en los diferentes Estados miembros.

  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. – (RO) En el último decenio se ha producido un descenso de la producción de proteínas vegetales en la Unión Europea. la producción total de proteaginosas en la UE ocupa solamente el 3 % de las tierras cultivables de la Unión y suministra solo el 30 % de las proteaginosas que se consumen en forma de pienso. Respaldo la opinión del ponente cuando afirma que esta situación debe cambiar en aras de la salud humana, del medio ambiente y de la biodiversidad. La Comisión Europea debería elaborar un informe sobre las posibilidades y opciones de aumentar la producción interior de proteaginosas en la UE por medio de otros instrumentos políticos. También resultaría útil establecer un mecanismo de control en el origen de las proteínas vegetales importadas en la UE.

  David Martin (S&D), por escrito. – Acojo con satisfacción este informe, que llama la atención sobre el déficit de proteínas en la UE y la necesidad de reequilibrar dicho déficit, aunque estoy en contra de la adopción de unas medidas que exigirían incrementar las subvenciones a los agricultores para garantizar la producción interior de proteaginosas en la UE. En mi opinión, el fomento de la producción interior de proteaginosas debe hacerse en el marco de una PAC reformada que impulse a la Unión hacia una agricultura sostenible y más orientada hacia el mercado y, sobre todo, alejada de las distorsiones del mercado generadas por las subvenciones.

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), por escrito. – (CS) La reducción del cultivo de proteaginosas y la sustitución de la producción interior por importaciones baratas masivas podrían tener repercusiones negativas como la pérdida de conocimientos especializados sobre las técnicas de cultivo. Ello podría dar lugar a una considerable reducción de la investigación sobre estos cultivos en un entorno nacional. También considero importante mantener una variedad suficiente con respecto a la selección u oferta de dichos productos. Al igual que ocurre con muchos de los informes o propuestas que negocia el Parlamento, aquí también se menciona la necesidad de ofrecer productos de calidad. En relación con los productos mencionados, también es necesario inspeccionar algunas muestras e integrar estas inspecciones con la verificación de los procesos y recursos locales utilizados. La verificación de la calidad de los productos importados debería realizarse con mucha cautela y de manera exhaustiva, utilizando modernos métodos de laboratorio e identificando sin ambigüedades el origen de los productos. En la mayoría de los países de la UE existen algunos cultivos específicos. Por ejemplo, en la República Checa son los guisantes, que ya tienen una antigua tradición. Sin embargo, el cultivo de guisantes se está reduciendo. La opinión de la República Checa es, por regla general, favorable hacia el informe presentado.

  Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) La producción de proteaginosas en la Unión Europea está experimentado un descenso sin precedentes, y esta situación es alarmante. El déficit de proteínas provoca desequilibrios no solo en la producción agrícola sino también en la investigación y el desarrollo de técnicas agrícolas. De hecho, los agricultores perdieron interés por las proteaginosas y conocimientos prácticos para cultivarlas y, por ello, es necesario abordar la urgente situación descrita en el informe y formular una auténtica estrategia europea integrada. Solo es posible responder a nuevos desafíos como el cambio climático o la pérdida de biodiversidad agrícola si existe un suministro y un consumo de proteaginosas más equilibrado en la UE. Por consiguiente, esperamos que la Comisión Europea examine la posibilidad de superar el actual déficit de proteínas mediante una reforma radical de la política agrícola común que aborde los nuevos desafíos. También convendría introducir un pago adicional a aquellos agricultores que practiquen de manera obligatoria la rotación de al menos cuatro cultivos diferentes, incluido por lo menos un cultivo de proteaginosas. Por último La Comisión debería establecer una unidad de investigación agrícola en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, para motivar a los consumidores y a los servicios de abastecimiento a elegir opciones más ecológicas.

  Véronique Mathieu (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de propia iniciativa sobre el déficit de proteínas en la UE. Europa depende en gran medida de las importaciones de proteaginosas, que se utilizan principalmente para los piensos. Esta dependencia va acompañada del aumento de los riesgos relacionados con la volatilidad de los precios en los mercados internacionales. A fin de luchar contra este fenómeno, proponemos que la reforma de la política agrícola común incluya la introducción de nuevas disposiciones para ayudar a los agricultores a mejorar los sistemas de rotación de cultivos, la inversión en investigación sobre semillas de proteaginosas y una mejor formación de los agricultores en la rotación de cultivos y la producción agrícola combinada con la producción ganadera.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) El informe Haüsling es un buen informe. Aumentar la independencia de las proteaginosas de la Unión, promover rutas de suministro más cortas y ayudar a los agricultores que contribuyan a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, son medidas que apoyo.

No obstante, los grupos de presión a favor de los OMG y sus representantes han conseguido convertir este informe en una petición de que se permita que alimentos contaminados entren en Europa. El informe también defiende que se vuelva a la harina animal, con todos los riesgos que esto implica. Ya es hora de reubicar la producción de cultivos de proteínas vegetales. En su nueva forma, este informe no nos permite hacer eso. Votaré en contra de este informe si este Parlamento aprueba los OMG y la harina animal.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Es fundamental aumentar la producción de proteaginosas —plantas ricas en proteínas— con el objetivo de reducir la dependencia de las importaciones de soja, mantener la seguridad alimentaria y beneficiar al medio ambiente. Existen estudios científicos que demuestran los beneficios medioambientales de las proteaginosas en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero y a las mejoras de la biodiversidad y de la calidad del suelo. Resulta muy preocupante que solo el 3 % de la producción agrícola europea sea de proteaginosas. Es inaceptable que importemos el 80 % de nuestras necesidades. Por lo tanto, es muy importante que se tomen medidas para cambiar esta situación en el marco de la ayuda a la política agrícola común posterior a 2013.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − (ES) El informe Häusling sobre el déficit de proteínas en la UE y la búsqueda de soluciones introduce algunos elementos positivos, como las ayudas a los agricultores que contribuyan a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

A pesar de ello, he votado en contra porque el texto aboga claramente a favor de los organismos modificados genéticamente y abre totalmente las puertas de Europa a alimentos contaminados en el territorio europeo y a las harinas de procedencia animal.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (EN) El informe pide a la Comisión que incluya en la reforma de la política agrícola común (PAC) medidas e instrumentos adecuados y fiables para apoyar a los agricultores en la mejora de la rotación de cultivos. Solicita una propuesta legislativa que autorice el uso de proteínas animales transformadas procedentes de residuos de sacrificios para producir piensos destinados a animales monogástricos (cerdos y aves de corral). Si se concede esta autorización, ¿qué cambiará? Es imposible controlar la prohibición. ¿Por qué perder el tiempo con un informe que es innecesario y que no es fácil de comprender simplemente para marcar un tanto a favor de un ponente? Me he abstenido porque no voto a favor de iniciativas poco claras e «inventadas».

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Las proteaginosas forman una parte importante de la industria del pienso y por eso son un factor económico significativo. Sin embargo, el cultivo de proteaginosas es una cuestión que ha generado poco interés positivo en Europa. Durante los últimos diez años, se ha producido una disminución de hasta el 30 % en este tipo de cultivos, a excepción de la soja únicamente, donde el descenso ha sido solo del 12 %. Solamente el 3 % de las tierras cultivables de la UE se utiliza para la producción de cultivos de proteaginosas. Como demuestran los estudios, esto no solo da lugar a una importante desventaja económica porque lleva a una cuota de importación del 80 %, sino que también provoca desventajas en el ámbito de la agricultura. Esto se debe a que el cultivo de proteaginosas enriquece el suelo con nitrógeno, que posteriormente favorece la fertilidad. El sector de la investigación también está sufriendo ante el bajo nivel de demanda de semillas para cultivos que produzcan proteaginosas. La espiral descendente ya ha comenzado. He votado en contra de este informe porque me temo que puede obstaculizar el cultivo de semillas tradicionales.

  James Nicholson (ECR), por escrito. – (EN) La idea general de este informe defiende que antes que la importación de proteaginosas desde terceros países, deberíamos fomentar que los agricultores las produzcan aquí en Europa. Esta opinión ignora que, debido a los límites naturales, Europa simplemente no es capaz de producir las cantidades de soja y maíz necesarias para satisfacer la demanda de nuestros agricultores a un precio viable. Las importaciones asequibles de proteaginosas procedentes de terceros países, como por ejemplo los Estados Unidos, son cruciales si deseamos garantizar la seguridad alimentaria y crear unas condiciones en las que los agricultores puedan ganarse la vida con la agricultura. Además, el informe se refiere a que deberíamos explorar la posibilidad de utilizar proteínas animales en los piensos. Tras nuestra experiencia con la EEB, no creo que debamos seguir este camino, ni creo que esto sea necesario si los agricultores disponen de un suministro adecuado de soja y maíz. Por estas razones, he votado en contra del informe.

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor de este informe, que pone de relieve una serie de problemas importantes con la forma en que funciona la agricultura europea. No obstante, creo que deberíamos centrarnos más en las soluciones. En este sentido, necesitamos estar más abiertos a utilizar las soluciones científicas más recientes y más avanzadas procedentes del sector de la biotecnología.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) El informe apoya el uso de organismos modificados genéticamente y harina de huesos. En general, las proteínas animales solo deberían permitirse en la alimentación animal si se aplican todos los controles y pruebas científicas que impidan los efectos negativos (les recuerdo el escándalo de la EEB). Por eso he votado en contra de este informe.

  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. – (LT) El déficit de proteínas en la UE es una cuestión pertinente e importante. Dado que este problema está profundamente arraigado en la UE y la escasez de proteínas aumenta constantemente, debemos hacer todo lo posible por asegurar que se haga frente a este problema cuanto antes y se aumente la producción de los cultivos locales de proteaginosas. Creo que esta resolución constituye un avance importante para resolver este problema. El crecimiento de los cultivos de proteaginosas no solo mitiga las consecuencias del cambio climático, sino que también repercute positivamente en los ingresos de los agricultores. Además, es un factor importante que fortalece el sector ganadero de la UE, dado que reduciría la dependencia de las importaciones de proteaginosas por parte de dicho sector y aumentaría la competitividad. Creo que la Comisión debe tomar medidas inmediatas para impedir que los cultivos con la presencia, por pequeña que sea, de OMG accedan al mercado de la UE. No podemos permitir ni siquiera la presencia en niveles reducidos de OMG en las proteaginosas importadas a la UE para alimentos y piensos. Estoy de acuerdo con las propuestas de apoyar la investigación de la producción y el suministro de semillas de proteaginosas y crear un marco de medidas de desarrollo rural que introduzcan instalaciones mejoradas y descentralizadas para la producción de piensos. Considero que la rotación de cultivos debe promoverse de forma activa en la UE proporcionando apoyo financiero a los agricultores y esto reduciría el actual déficit de proteínas y la volatilidad de los precios.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe Häusling (A7-0026/2011) porque defiende un suministro de proteaginosas para la alimentación animal, problema que ha contribuido durante mucho tiempo a una falta de competitividad en la agricultura europea. Durante los últimos diez años se ha producido un déficit preocupante en la producción de proteaginosas en la Unión Europea y en la actualidad la situación ha sufrido un descenso considerable. Las principales leguminosas en grano han disminuido, por término medio, un 30 % y la producción de soja un 12 %. Esta tendencia aumenta una alarmante dependencia, ya existente en la Unión, de las importaciones de proteaginosas, que se utilizan principalmente para piensos, y conlleva riesgos importantes especialmente para el sector ganadero de la UE, problema que se ve agravado porque la volatilidad de los precios en los mercados internacionales ha aumentado considerablemente. Es prioritario que la Comisión garantice rápidamente un suministro de soja sin obstáculos al mercado de la UE mediante una solución técnica relativa a la presencia en niveles reducidos de organismos modificados genéticamente para las proteaginosas destinadas a alimentos y piensos importadas en la UE. La escasez de importaciones de soja supone una carga económica añadida para el sector ganadero y el sector de los piensos de la UE que pone en peligro la viabilidad económica de la producción interior de carne.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) Los cultivos de proteaginosas en la UE solamente ocupan actualmente el 3 % de la tierras cultivables de la Unión (sin contar la fruta y la verdura). La producción de leguminosas en grano ha disminuido hasta reducirse a aproximadamente un millón de hectáreas en 2008. Anualmente se importan más de 40 millones de toneladas de proteaginosas, principalmente soja y piensos con gluten de maíz, lo que representa el 80 % del consumo de proteaginosas de la UE. Las tierras cultivables dedicadas fuera de la UE a la producción de proteaginosas para su importación a la UE representan el 10 % de las tierras cultivables de la UE, es decir, 20 millones de hectáreas. En lo que respecta a los compromisos de la UE de contribuir activamente a la seguridad alimentaria mundial y de combatir activamente el cambio climático, la futura política agrícola y de desarrollo rural debe promover una producción más equilibrada de proteínas animales y de proteaginosas a fin de reducir los gases de efecto invernadero y la pérdida de nutrientes en las aguas, así como motivar a los consumidores, las autoridades responsables de la contratación pública y los servicios de abastecimiento a optar por una selección de alimentos en su dieta más equilibrada, respetuosa del medio ambiente y variada.

La Comisión debe presentar iniciativas legislativas para reducir la presencia de residuos de alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria, incluidos los despojos de matanza y los restos de comida, que todavía no están regulados adecuadamente.

  Evelyn Regner (S&D), por escrito. – (DE) Ayer voté en contra del informe sobre el déficit de proteínas en la UE porque creo que este problema no puede resolverse permitiendo la importación de productos modificados genéticamente a la UE. La verdad es que ya se tiene que importar el 80 % de las proteaginosas que necesitamos. Se ha eludido la intención inicial del informe, que era la instigación de medidas para aumentar la producción autóctona de cultivos de proteaginosas a fin de combatir el descenso de la producción de proteaginosas en la UE.

El grupo de presión de la ingeniería genética ha conseguido promover una actitud positiva hacia las importaciones de proteínas modificadas genéticamente, que se ha introducido en el informe a través de enmiendas que, lamentablemente, fueron aprobadas por mayoría en el Pleno. Incluso el ponente se ha visto obligado a votar en contra de su propio informe. Como miembro del Partido Socialdemócrata de Austria, yo, junto con mis colegas del partido en el Parlamento, apoyamos una política de tolerancia cero para los organismos modificados genéticamente.

  Crescenzio Rivellini (PPE), por escrito. – (IT) En el Pleno de hoy, el informe sobre el déficit de proteínas elaborado por el señor Häusling se ha aprobado por votación.

La UE depende en gran medida de las importaciones de proteaginosas, utilizadas principalmente para los piensos. Esto implica riesgos importantes, en especial para el sector ganadero europeo. El informe inicial ha mejorado considerablemente gracias a una serie de enmiendas de transacción.

El informe que se ha aprobado insta a la Comisión a optar por una visión a medio y largo plazo de una política para las proteaginosas y pide la reforma de la política agrícola común para introducir nuevas disposiciones que apoyen a los agricultores en la mejora de la rotación de cultivos, así como para reducir el déficit de proteínas vegetales y la volatilidad de los precios. El informe también pide estudios de investigación sobre las semillas y su contribución al control de enfermedades.

El informe solicita a la Comisión que garantice un suministro de soja sin obstáculos al mercado de la UE mediante una solución técnica relativa a la presencia en niveles reducidos de organismos modificados genéticamente para las proteaginosas destinadas a alimentos y piensos importadas en la UE.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – (EN) Los puntos claves del informe son las siguientes: crear un marco para el cultivo y el uso de proteaginosas en la UE a fin de reemplazar la importación de proteaginosas procedentes de terceros países; abandonar el Acuerdo de Blair House y mejorar la rotación de cultivos en el marco de la reforma de la PAC; generar un nuevo enfoque científico; y mejorar la formación y las instalaciones para los agricultores. El resultado de las votaciones en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural fue satisfactorio, a excepción de la introducción de varias enmiendas por parte de los Grupos ALDE y PPE que «contaminaron» el informe con enmiendas que promueven los OMG. La interesada industria de los OMG ha estado presionando para relajar la política de tolerancia cero de la UE, que no permite la entrada de OMG no autorizados en la UE. Lamentablemente, en el Pleno, no pudimos descontaminar el informe sobre el déficit de proteínas del ataque a la tolerancia cero hacia los OMG. Pero las mayorías en el Pleno se acercaron mucho más a nuestra posición que en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Así que vale la pena intentar revertir las mayorías en el Pleno sobre cuestiones relativas a los OMG. El señor Häusling (miembro del Grupo Verts/ALE) ha dimitido como ponente.

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) Las estimaciones más recientes sobre el sector de las proteaginosas revelan la preocupante tendencia, durante la última década, a la disminución de la producción de proteaginosas en la Unión Europea. Cada año en Europa, la producción de leguminosas desciende un 30 % y la de soja en 12 %, siendo necesario importar 40 millones de toneladas de proteaginosas.

El contenido de este informe demuestra que el sector ganadero europeo, que es vulnerable a la volatilidad de los precios, depende demasiado de la capacidad de acceso a las importaciones de proteaginosas. Esta dependencia pone en peligro la rentabilidad económica de la carne producida a nivel local y es cada vez más débil a causa de los costes adicionales de las importaciones de piensos, a pesar de que —además del problema económico y en previsión de los objetivos climáticos— la producción de proteaginosas contribuiría considerablemente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

  Oreste Rossi (EFD), por escrito. – (IT) Durante los últimos años, el cultivo de leguminosas ha sufrido una disminución de su producción, lo que ha dado lugar a la gran dependencia de terceros países, puesto que se usan para la alimentación de personas y animales.

Además de reducir el déficit de proteínas de la Unión Europea, una vez que se han cosechado sus productos, estos cultivos son un aditivo excelente para el suelo, por lo que necesita menos fertilizante químico. Las buenas prácticas agrícolas deberían incluir la rotación de cultivos, que de este modo reduce la intervención de fertilizantes y mantiene la diversidad de las especies entre las variedades silvestres y cultivadas.

Apoyamos la petición de que la futura política agrícola común establezca medidas para superar el déficit de proteínas de la Unión mediante la reducción constante de las importaciones de proteaginosas.

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de este informe porque pone de relieve la importancia de restringir la dependencia de las proteaginosas importadas, en especial porque esta dependencia presenta riesgos importantes para el sector ganadero de la Unión Europea. Sin embargo, quiero señalar que los OMG no son la única solución para reducir la dependencia de las importaciones de proteaginosas procedentes de terceros países. Existen sustitutos disponibles para la soja modificada genéticamente, que podrían ayudar a cubrir las necesidades de proteaginosas, como por ejemplo, los guisantes forrajeros, las habas y los haboncillos, los altramuces, las lentejas, los garbanzos, además de la alfalfa y el trébol, que, al mismo tiempo, pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Tampoco se debería ignorar el potencial para el cultivo de proteaginosas como la soja en los nuevos Estados miembros, Rumanía y Bulgaria.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. – (NL) El informe inicial del ponente era mejor que el texto que ahora se ha aprobado. Por eso he votado en contra del texto final. Pedir a la Comisión en este momento que garantice un suministro de soja sin obstáculos al mercado de la UE mediante una solución técnica relativa a la presencia en niveles reducidos de OMG para las proteaginosas destinadas a los piensos es, a todos los efectos, dar una gran victoria al grupo de presión de la agricultura intensiva. El Grupo Verts/ALE defiende el máximo desarrollo de la producción propia de proteaginosas de la UE. Una política de este tipo sería positiva para los ingresos de los agricultores y contribuiría considerablemente a la lucha contra el cambio climático, a la preservación de la biodiversidad y a la fertilidad de la tierra.

Lo fundamental es poner en funcionamiento un mecanismo por el cual podamos supervisar el origen de las proteaginosas importadas y, de este modo, inspeccionar la sostenibilidad de las prácticas agrícolas aplicadas en el país de origen. Es absolutamente necesario realizar inspecciones con regularidad. El debate sobre volver a autorizar el uso de proteínas animales transformadas procedentes de residuos de sacrificios para producir piensos para cerdos y aves de corral solo se puede llevar a cabo en términos de seguridad alimentaria y salud pública. Las prohibiciones del reciclado intraespecífico y del canibalismo forzado son cruciales, al igual que las inspecciones fiables del sector de los piensos y la aplicación correcta de la actual legislación comunitaria.

  Marc Tarabella (S&D), por escrito. – (FR) Doy las gracias a mi colega diputado, el señor Häusling, por su importante informe, aunque me ha decepcionado la versión final, por lo que al final he votado en contra del informe, al igual que el ponente. Por otra parte, lamento que el informe se haya deteriorado por la inclusión de la cuestión de tolerancia cero. La petición de relajar las condiciones sobre las importaciones no autorizadas de organismos modificados genéticamente (OMG) no resuelve el problema del déficit de proteínas en la Unión Europea y, por lo tanto, no se debería haber discutido. Por otro lado, debemos mitigar a toda costa la disminución considerable del cultivo de proteaginosas en la Unión y reducir así nuestra dependencia de las importaciones de proteaginosas, que ya es alarmante.

Me gustaría realizar una clara denuncia de los acuerdos de Blair House, cuyos objetivos orientados al mercado han contribuido a la extrema volatilidad de los precios. Además, esos acuerdos contradicen por completo el Protocolo de Kyoto y sus objetivos sobre el calentamiento global. Para el futuro, en el contexto de la gestión racional y responsable del suelo, debemos integrar los cultivos de proteaginosas en el ciclo de la rotación de cultivos.

  Artur Zasada (PPE), por escrito. – (PL) He votado a favor de que se apruebe el informe Häusling. Me complace que el señor Häusling haya planteado la cuestión del déficit de proteínas en Europa y nos haya proporcionado información importante sobre este tema. Es evidente que este asunto requiere medidas urgentes.

Las proteínas son uno de los componentes más importantes de nuestra dieta diaria y una carencia de proteínas puede provocar graves problemas de salud. Lo que es más, como se desprende de la investigación presentada en el informe, el cultivo de proteaginosas y la aplicación general del principio de la rotación de cultivos reducirían los costes de producción y moderarían las emisiones de gases de efecto invernadero.

Dados los deficientes hábitos de alimentación de los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, así como la falta de experiencia de los agricultores europeos en el cultivo de proteaginosas, creo que deberíamos centrarnos, ante todo, en la educación. Con esto me refiero, principalmente, a concienciar a la población sobre los efectos positivos de las proteínas para la salud de las personas (el programa de distribución de fruta en las escuelas es un ejemplo de programa con un objetivo similar que actualmente se está aplicando en la Unión Europea) y también de desarrollar un sistema de incentivos para los agricultores que cultiven proteaginosas.

Informe: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe anual sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea en 2010 y las recomendaciones que incluye. La actual crisis ha tenido efectos devastadores para las mujeres, aunque los sectores profesionales dominados por los hombres han sido los más afectados. También quisiera señalar que existe una desigualdad en materia de salario de en torno al 18 % entre hombres y mujeres, aun cuando hay más mujeres con formación universitaria que hombres. De las medidas necesarias propuestas, quiero destacar el desarrollo de planes de igualdad y la lucha contra la violencia doméstica estableciendo un año europeo dedicado a esta cuestión.

  Roberta Angelilli (PPE), por escrito. – (IT) Hoy celebramos el centenario del Día Internacional de la Mujer, un símbolo de la lucha por el logro de la igualdad social y de la liberación de los comportamientos discriminatorios y opresivos que han sufrido las mujeres y que todavía siguen sufriendo.

En cada país del mundo existe una percepción distinta de la mujer; se habla mucho de los países islámicos y la forma de juzgar y tratar a las mujeres, que también está influenciada por la religión. Afortunadamente, aunque en Occidente tenemos una visión de igualdad entre el hombre y la mujer, los hechos reflejan una situación preocupante. En Europa, todavía persisten muchas desigualdades en detrimento de las niñas y las mujeres, en términos de empleo, vida privada, salud y su derecho a acceder a la educación y la formación profesional y a ocupar puestos en sectores no tradicionales o con un alto nivel de responsabilidad. Pero eso no es todo: las mujeres no solo afrontan múltiples formas de discriminación, sino que también son víctimas de la violencia de todo tipo, tanto psicológica como física.

Por lo tanto, es necesario proteger a la mujer y situarla en una posición en la que pueda llevar una vida cualitativamente igual a la del hombre. La igualdad entre hombres y mujeres no es solo una cuestión de justicia social, sino una de las condiciones previas para lograr los objetivos de crecimiento sostenible, empleo, competitividad y cohesión social establecidos en la Estrategia Europa 2020.

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Las mujeres de las clases trabajadoras y populares, los jóvenes, los inmigrantes y los refugiados no tienen nada que ganar del espectáculo que se ha montado para ellos ni de las listas de deseos que repite de nuevo la plutocracia, a fin de controlar el sistema capitalista de explotación y mano de obra barata y aumentar el beneficio del capital. La vida misma deja claro que la afirmación de la plutocracia de que al parecer se está promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres en el marco de la barbarie capitalista y la política de la UE es engañosa y ofensiva. La política antipopular de la UE, de los gobiernos burgueses, del FMI y de otros organismos imperialistas, está asestando un duro golpe a los derechos obtenidos por la mujer. El desempleo masivo, los drásticos recortes salariales y los recortes en los beneficios sociales, las formas flexibles de empleo, el aumento de la edad de jubilación, los contratos flexibles de empleo y la comercialización de los servicios sociales de salud, bienestar y educación están agravando las condiciones de vida de las mujeres y de la familia trabajadora y popular en general. La Estrategia UE 2020, la gobernanza económica y la disciplina presupuestaria del FMI y el BCE incluyen nuevas medidas antipopulares y antiobreras para las mujeres. Se debe rechazar esta política. Pedimos a las mujeres que intensifiquen su lucha, que se unan al movimiento sindical de la clase trabajadora y que defiendan los objetivos del poder y la economía populares.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) Estoy de acuerdo con varias ideas planteadas en esta resolución, a la que he dado mi apoyo en la votación. Así pues, por ejemplo, el análisis que dice que los países donde los hombres y las mujeres reciben igual trato en el mercado laboral se han beneficiado en cuanto a su desarrollo socioeconómico me parece que está totalmente justificado. En mi opinión, la promoción de la igualdad entre las mujeres y los hombres es un requisito obvio desde un punto de vista social y también económico.

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) La igualdad entre hombres y mujeres constituye uno de los principios fundamentales del Derecho comunitario. Los objetivos de la Unión Europea consisten, en primer lugar, en asegurar la igualdad de oportunidades y trato entre los dos sexos y, en segundo lugar, en luchar contra la discriminación por motivos de sexo. A pesar de todos los esfuerzos realizados en lo que respecta a la igualdad entre hombres y mujeres, incluso hoy en día, siguen existiendo desigualdades en este ámbito en la Unión Europea. La tasa de empleo entre las mujeres (58,6 %) sigue siendo inferior a la de los hombres (70,7 %), pese a que la mayoría de estudiantes y graduados universitarios son mujeres. Solo uno de cada diez miembros de los consejos de administración en las empresas de la UE es una mujer y solo el 3 % de los directores ejecutivos son mujeres.

La desigualdad media entre los salarios de los hombres y los de las mujeres en la UE sigue siendo del 18 %. Para que Europa alcance sus objetivos de crecimiento sostenible, empleo, competitividad y cohesión social, tendrá que seguir luchando contra las desigualdades que todavía existen entre hombres y mujeres, por lo que he votado a favor de este informe.

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. – (FR) El informe anual sobre la desigualdad entre hombres y mujeres nos brinda la oportunidad para poner de manifiesto los retos que afrontamos en estos tiempos de crisis económica y social. Este informe, que ha sido aprobado en el Día Internacional de la Mujer, debería examinarse junto con el informe de la señora Plumb sobre la pobreza femenina en la Unión Europea. En efecto, las mujeres se encuentran entre las categorías de personas consideradas vulnerables y que sufren todas las consecuencias de la crisis. Dado que ellas trabajan más a tiempo parcial que los hombres, porque realizan lo que puede ser trabajo ocasional en el sector terciario, porque tienen carreras fragmentadas, porque, incluso hoy en día, ellas cobran menos que los hombres por el mismo tipo de trabajos y porque, en consecuencia, sus pensiones son inferiores, es necesario que nos aseguremos de que las mujeres sean constantemente nuestro centro de atención.

La cuestión más delicada de este informe tiene que ver con las cuotas para mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas, tanto privadas como públicas. Por supuesto que las cuotas no son una panacea y en una sociedad ideal nos gustaría prescindir de ellas. Sin embargo, para cambiar la mentalidad de la gente, no cabe duda de que las cuotas son necesarias.

  Sergio Berlato (PPE), por escrito. – (IT) En su informe anual para 2010, la Comisión Europea destacaba los retos que afronta Europa a consecuencia de la reciente crisis económica y financiera en términos de igualdad entre hombres y mujeres. Una consecuencia importante que ha tenido esta crisis para las mujeres tiene que ver con el empleo: las mujeres resultaron afectadas más tarde que los hombres porque había más mujeres que trabajaban en los sectores que han soportado los efectos de la crisis durante más tiempo (salud, educación, etc.). Sin embargo, ahora incluso estos sectores corren el peligro de verse afectados, lo que comporta la inseguridad a largo plazo para las mujeres trabajadoras en comparación con los hombres.

En parte por esta razón, creo que la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo ya no debería ser simplemente un objetivo que perseguir, sino que debe convertirse en una realidad. Por lo tanto, es necesario el compromiso de los Estados miembros y de la Comisión, no solo para que pueda mantenerse la política de igualdad entre hombres y mujeres sino, sobre todo, para que el gasto presupuestario que se les asigna no sea revisado a la baja. Por último, puesto que creo que la promoción de la igualdad pasa por la educación y formación de los ciudadanos y, en particular, de los jóvenes, me gustaría señalar a la atención de la Comisión la oportunidad de llevar a cabo la renovación oportuna de las campañas de concienciación sobre este tema.

  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) Señor Presidente, Señorías, la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de una eficaz economía social y de mercado, como a Europa siempre le ha encantado llamarse. Así que estoy convencida de que debemos asegurar, por todos los medios posibles, que las mujeres reciban el mismo trato y las mismas oportunidades profesionales que se les garantiza a los hombres. Sin embargo, no puedo dar mi apoyo ni votar a favor de la estrategia propuesta por la señora Nedelcheva, puesto que considero que partir del papel central de los problemas que sufre un solo grupo étnico, en lugar de un análisis global de todas las opciones, no es un planteamiento metodológico que resulte apropiado y decisivo.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe y me complace que el Parlamento Europeo haya hecho especial hincapié en las cuestiones de la igualdad de género. Debemos reconocer que todavía nos queda mucho trabajo por hacer para mejorar la posición de la mujer en el ámbito de la igualdad de género, en el mercado de trabajo y en la política. Las cuestiones relativas a los derechos de las mujeres deben incluirse en todas las esferas de las políticas de la Unión Europea y las ideas e iniciativas beneficiosas no deberían simplemente quedarse sobre el papel, sino que deben aplicarse en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Por eso, en el informe del Parlamento Europeo sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea, establecimos que es crucial eliminar la diferencia de retribución entre hombres y mujeres, acabar con la violencia contra la mujer y con la trata de mujeres, garantizar el permiso por maternidad, crear condiciones adecuadas para aprovechar los servicios de guardería y los centros de atención a la infancia y reducir la pobreza femenina. En cuanto a la igualdad de género en el ámbito empresarial, se debería prestar atención a que solo el 3 % de las empresas están presididas por mujeres, porque ellas afrontan la discriminación y los obstáculos que les impiden ascender en el trabajo y ejercer liderazgo. Un número cada vez mayor de diputados al Parlamento Europeo están de acuerdo con la introducción de un sistema de cuotas, porque si las propias empresas no introducen cambios para mejorar la igualdad entre los sexos en el ámbito empresarial, existen planes para anclar las cuotas a la legislación. Espero que, en el futuro, hallemos soluciones y medidas que fortalezcan la igualdad de género y la igualdad de oportunidades para las mujeres en la familia y la sociedad.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) He votado en contra de este tema porque, aunque estoy de acuerdo con varios puntos aprobados, en mi opinión, hay aspectos que se deberían suprimir. A raíz de la crisis que estamos viviendo, el acceso a los puestos de trabajo y las condiciones de trabajo para las mujeres se han vuelto más difíciles. Por eso coincido con la cuestión que se incluye en el informe de la Comisión Europea sobre la necesidad de que la igualdad de género se integre en todas las políticas, así como en la educación de los niños europeos desde el principio. Se debe seguir combatiendo y previniendo la violencia contra la mujer a través de campañas de información pública y la enseñanza en las escuelas. Sin embargo, no soy partidaria de las cuotas en el sector privado, las listas de los grupos de mujeres vulnerables ni el salario mínimo garantizado, lo cual considero que es imposible de aplicar.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, quisiera felicitar a la señora Nedelcheva por su informe sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Estoy de acuerdo con su evaluación de que las mujeres han resultado especialmente afectadas por la crisis económica y financiera que atravesamos. Todo indica que en lo concerniente a empleo, salud, educación y ayuda social, entre otras cosas, las mujeres sufrirán las consecuencias con mayor intensidad y durante más tiempo que los hombres.

En cuanto al nivel de ingresos, las condiciones de trabajo y contratación y el acceso al trabajo, la situación de las mujeres parece estar deteriorándose más rápidamente que la de los hombres. Así pues, es importante crear nuevas oportunidades y fortalecer las sinergias de la igualdad entre los sexos, lo cual contribuirá a estimular la recuperación y al crecimiento económico. Puesto que 2010 fue el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, saludo la referencia a la lucha contra la pobreza, prestando especial atención a las mujeres más vulnerables. Lamento que la izquierda en el Parlamento haya introducido la polémica del aborto también aquí, sin importarle cuáles son las jurisdicciones de la Unión.

  Proinsias De Rossa (S&D), por escrito. – (EN) Acojo con satisfacción este informe sobre la igualdad entre hombres y mujeres, que renueva la petición del Parlamento Europeo a favor de la creación de un Año Europeo de lucha contra la violencia que sufren las mujeres, que se estima que afecta a entre el 20 % y el 25 % de todas las mujeres a lo largo de su vida, y solicita una directiva sobre la violencia contra la mujer. La crisis económica tiene graves consecuencias para las mujeres, que corren un mayor riesgo de pobreza que los hombres. De hecho, por término medio, cobran un 18 % menos que los hombres por el mismo trabajo en la UE, una cifra que supera el 25 % en algunos Estados miembros, y tienen más probabilidades de acabar aceptando empleos precarios o de media jornada. Además, en caso de pérdida del puesto de trabajo, el riesgo de no volver a ser contratado es más elevado en el caso de las mujeres. En consecuencia, después las mujeres perciben pensiones más reducidas. Luchar contra los estereotipos de género es necesario pero no basta. Contrarrestar estas desventajas obviamente requiere que se inviertan seriamente fondos públicos en instalaciones de guardería. No obstante, todavía no se han logrado los objetivos del Consejo de Barcelona para la atención a la infancia, lo cual afecta sobre todo a las familias de bajos ingresos. Tenemos que capacitar a más mujeres a todos los niveles de la representación política en Europa. La igualdad entre los sexos no es solo cuestión de justicia, sino también un imperativo para el desarrollo social y económico.

  Karima Delli (Verts/ALE), por escrito. – (FR) Me complace la votación de este informe sobre la igualdad entre hombres y mujeres. En términos de remuneración, por ejemplo, y a pesar de las continuas iniciativas legislativas sobre este asunto a escala europea, las mujeres todavía cobran, por término medio, un 18 % menos que los hombres por el mismo trabajo en la Unión Europea. También me gustaría destacar que tuvimos que luchar durante mucho tiempo, en el seno de este Parlamento, simplemente para asegurar que se pudiera mencionar un derecho tan básico como es el acceso a los anticonceptivos. Este tipo de debate de retaguardia favorece poco a la reputación de la derecha europea.

Por suerte, el informe final es un buen informe. Establece el objetivo de reducir la diferencia salarial a menos del 5 % antes de 2020 y, en particular, pide a los Estados miembros que hagan todo lo posible por aplicar el principio de «igualdad de retribución por un mismo trabajo», con sanciones para los Estados que no lo cumplan. Asimismo, solicita objetivos vinculantes para garantizar la igualdad en los puestos empresariales, administrativos y políticos de responsabilidad.

  Anne Delvaux (PPE), por escrito. – (FR) Hoy, 8 de marzo de 2011, en el centenario del Día Internacional de la Mujer, el Parlamento ha tenido el deber de aprobar, por amplia mayoría, este informe sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión para 2011. Aunque el principio de la igualdad entre los sexos está consagrado en el Tratado y en la Carta de los Derechos Fundamentales, no podemos sino reconocer que este sigue siendo un objetivo no realizado. Ya sea en términos de empleo, donde muchas más mujeres que hombres realizan trabajo ocasional, en términos de retribución, donde las mujeres cobran, de media, un 18 % menos que los hombres en puestos de la misma responsabilidad, o en términos de posibilidades profesionales, la mujer todavía se ve frenada por el famoso techo de vidrio. Además, a las mujeres también se les penaliza cuando tienen hijos.

La lista de reivindicaciones todavía es larga. El informe sobre el que hemos votado hoy incluye respuestas concretas, como el establecimiento de objetivos vinculantes para los Estados miembros y sanciones para el incumplimiento, además de la introducción de cuotas (un mal necesario) para aumentar un poco nuestras aspiraciones a la igualdad. Esperamos que algún día ya no sea necesario dedicar un día en particular todos los años a más de la mitad de la población mundial.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Como ya he dicho en esta Cámara, «Los hombres y mujeres deben ser tratados de forma equitativa y tener los mismos derechos, pero teniendo en cuenta sus respectivas necesidades. En el caso de las mujeres, esta diferencia resulta realmente pertinente en ámbitos como las ayudas a la maternidad, la conciliación de la vida laboral y la vida familiar […]». Por eso me complace descubrir aquí, entre otras cosas, la preocupación por la protección de los derechos de maternidad y por el apoyo a las personas mayores en su domicilio, tareas que a menudo recaen en la mujer en el seno de la familia, lo que dificulta su inserción laboral. Sin embargo, aunque reconozco que algunas opiniones de la ponente son muy reveladoras, no estoy de acuerdo con ella en que la igualdad entre los sexos pueda lograrse mediante los sistemas de cuotas. Las cuotas menosprecian a la mujer, que acabará consiguiendo ciertos puestos simplemente por ser mujer y no por su destreza, capacidad y aptitud. Por consiguiente, querer aplicar las cuotas a las empresas privadas es inaceptable. Por último, defiendo incondicionalmente el principio de subsidiariedad y creo que muchos de los temas analizados en este informe, aunque importantes y pertinentes, deben seguir perteneciendo a la jurisdicción de los Estados miembros. También por este motivo he votado en contra.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Este informe pretende contribuir a acelerar el proceso de crear condiciones de igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea. En este día en que celebramos el centenario del Día Internacional de la Mujer, me gustaría saludar a todas las mujeres que han luchado por el reconocimiento de los derechos de la mujer y por la igualdad entre los sexos durante los últimos cien años. También quisiera expresar mi solidaridad con todas las mujeres víctimas de violencia y con todas aquellas que recientemente, en Oriente Medio y el norte de África, han estado luchando por la autodeterminación de sus pueblos. La Unión Europea siempre ha estado al frente de la defensa de los derechos de la mujer, por eso saludo la aprobación de este documento que pretende terminar con las numerosas discrepancias que todavía persisten, como las diferencias salariales, el acceso a la educación y el empleo, las dificultades en la conciliación de la vida personal con la vida profesional y el distanciamiento de los puestos de toma de decisiones. Por lo tanto, espero que la UE pase de la teoría a la práctica y permita que las mujeres demuestren su valía.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Es especialmente importante que el debate y la votación sobre este informe que procura llamar la atención sobre las desigualdades y la discriminación que persisten haya tenido lugar el Día Internacional de la Mujer, que en 2011 cumple su centenario. Fueron muchas las luchas libradas a lo largo de esos cien años. Y también fueron muchas las conquistas alcanzadas. Pero estas no bastaron para eliminar las desigualdades existentes: la discriminación que persiste a la hora de acceder a los puestos de trabajo con derechos, la desigualdad salarial que se refleja en las pensiones, la dificultad de avance y realización en la carrera profesional y los obstáculos para acceder a puestos directivos y de toma de decisiones en el ámbito económico, social y político; situación que tiende a agravarse en momentos de crisis económica y social.

Las mujeres siguen siendo discriminadas por ser madres y trabajadoras, lo cual, en pleno siglo XXI, es escandaloso. Por todas estas razones, es importante seguir exigiendo el fin de las desigualdades y la discriminación, lo cual implicará una ruptura con las políticas neoliberales y un compromiso serio con políticas alternativas que hagan que la cuestión de los derechos humanos y la igualdad sea prioritaria en la toma de decisiones y las políticas de la UE.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) En este día vinculado a la lucha de la mujer por el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos, lo impresionante es el agravamiento de la situación de desempleo y el número de trabajos inestables, además de los salarios bajos y la discriminación salarial y por maternidad que sufren las mujeres, asumiendo expresiones especialmente impactantes en las generaciones más jóvenes, como está sucediendo en Portugal.

Las consecuencias son el aumento de la pobreza entre las mujeres. Son particularmente críticas las situaciones de las mujeres discapacitadas, inmigrantes y jubiladas, las trabajadoras con salarios bajos, las mujeres del mundo rural y las que viven solas con sus hijos.

La mayoría de los más de 85 millones de personas que viven en la pobreza en la Unión Europea son mujeres. La tasa de pobreza entre las mujeres ha superado el 18 %. Por eso, es una cuestión esencial impedir que, con el pretexto de la crisis, se tomen medidas que amenacen el derecho de la mujer a la igualdad y a la necesaria cohesión económica y social.

Es hora de dar prioridad a las mujeres y sus derechos, la igualdad y la cohesión económica y social, para que tengamos una sociedad mejor y para que verdaderamente podamos respetar los derechos humanos y consolidar el progreso que las mujeres han ayudado a construir para nuestra civilización.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) La igualdad de oportunidades y la no discriminación no significan suprimir y negar las diferencias y la complementariedad entre hombres y mujeres en sus naturalezas, sus aspiraciones y su forma de ver el mundo y la vida. Señalar esto no es difundir los estereotipos. Llevada al extremo, la filosofía que ustedes defienden de no distinguir entre los sexos solo conduce al absurdo. Conduce a disparates como este «derecho», entre comillas, de las mujeres a trabajar por la noche, o verse obligadas a hacerlo así. Se trata de una regresión en términos sociales. Es vuestro derecho. Conduce a despropósitos como la decisión francesa de conceder a los hombres trimestres gratuitos para su pensión, un derecho que, hasta ahora, se reservaba a las mujeres y que compensaba —un poco— por los problemas profesionales que la maternidad y el tiempo dedicado a criar a los hijos pudiera haberles ocasionado.

Esto es absurdo, porque amenaza la existencia misma de esta ventaja para las mujeres. También es absurda la reciente decisión del Tribunal Europeo de Justicia, que estipula que las diferencias estadísticas registradas entre hombres y mujeres no deben tenerse en cuenta para el cálculo de las primas de seguros, aun cuando constituyen la base del cálculo del riesgo. Señoras, esto marca el final de la pequeña ventaja financiera de la que ustedes disfrutan por ser conductoras más prudentes y por vivir más tiempo. ¿Hasta dónde llegará el talibanismo de la «igualdad de género»?

  Louis Grech (S&D), por escrito. – (EN) He votado a favor de este informe, especialmente porque promueve —de una forma muy determinada y concreta— el principio fundamental de la igualdad entre hombres y mujeres. Es decepcionante que, a pesar de numerosos esfuerzos y estudios sobre el tema, algunos legisladores nacionales todavía desatiendan los efectos de la discriminación, agravando aún más las desigualdades de género y poniendo en peligro el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. En vista de la diferencia persistente entre hombres y mujeres en cuanto a tasas de empleo, jornadas laborales, salarios y acceso a los puestos directivos, insto a los Estados miembros a que apliquen mejor las medidas contra la discriminación y contra el acoso. Es necesario lograr la participación de las partes interesadas a nivel popular, a través de campañas informativas, las ONG y también mediante instrumentos más formales, como por ejemplo, la inclusión de disposiciones especiales en acuerdos colectivos y legislación nacional relativa a la igualdad de género.

Estoy de acuerdo con las diversas cuestiones señaladas en el informe, como fortalecer las medidas de inclusión en favor de la mujer y asegurar su presencia en puestos de responsabilidad, promover el empleo y la distribución justa de ingresos, crear empleo de mayor calidad, garantizar el acceso a servicios públicos de alta calidad y mejorar el bienestar social. No obstante, no puedo respaldar los apartados que hacen referencia a la promoción del aborto.

  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. – (FR) Me complace especialmente la aprobación de esta resolución en el centenario del Día Internacional de la Mujer. De hecho, aunque el principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres está consagrado en los Tratados de la UE, en la actualidad podemos ver que los salarios de las mujeres son inferiores a los de los hombres en un 17,8 %. Esta desigualdad impregna todas las esferas de la sociedad: por ejemplo, solo el 3 % de las empresas más importantes están presididas por una mujer y son las mujeres quienes se ven más afectadas por el desempleo y el trabajo ocasional. De ahí la alarmante observación de que en 2008 se estimaba que el 17 % de las mujeres en los 27 países de la Unión vivía en la pobreza. Todavía son necesarias otras medidas, como una mejor distribución de las responsabilidades familiares y mejor protección de la mujer frente a la violencia doméstica. Todas estas cifras demuestran que ahora es necesario introducir medidas vinculantes. Así pues, por esta razón, he decidido votar a favor de que se establezcan cuotas, aunque en principio me oponía a esta idea, y políticas de discriminación positiva en las esferas económica y política. Hoy debemos reconocer que no lograremos la verdadera igualdad sin políticas basadas en una voluntad real de cambiar la situación.

  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) Cada año, el Día Internacional de la Mujer nos da la oportunidad de reflexionar sobre los derechos de la mujer y la igualdad de género en la Unión Europea. Ciertamente se han producido mejoras significativas, pero es evidente que todavía no hemos logrado por completo esta igualdad, ni en la realidad ni en la mentalidad de la gente. Sin embargo, la igualdad es un prerrequisito para la consecución de los objetivos de crecimiento, empleo y cohesión social. Por lo tanto, he votado a favor de este informe, que recalca la necesidad de centrarse en las consecuencias de la crisis para la mujer y remediarlas. También insiste en el papel de la educación e insta a la Unión Europea a luchar contra la pobreza femenina y todas las formas de violencia hacia la mujer. Creo que otro punto fundamental en este informe se encuentra en el apartado 66, que afirma el derecho de las mujeres a acceder fácilmente a la anticoncepción y el aborto. Recordemos que en once países de la Unión, el aborto todavía no está plenamente autorizado.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) Estoy de acuerdo con este informe porque la actual crisis económica, financiera y social está repercutiendo de forma desastrosa en el empleo, las condiciones de vida y nuestras sociedades en general. Las mujeres se han visto gravemente afectadas por la crisis, particularmente en cuanto a sus condiciones laborales, su acceso al empleo, su lugar en la sociedad en general y la igualdad de género. Ya sea en los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa o en el mundo de la política, las mujeres deben ser capaces de alcanzar puestos de acuerdo con sus capacidades. En ocasiones a las mujeres se les deniega el acceso a puestos de responsabilidad, lo que provoca un desajuste entre sus niveles de formación y su estatus. Puesto que 2010 es el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza, debe prestarse una atención especial a las mujeres más vulnerables. En los casos en que su vulnerabilidad provenga de una discapacidad o de su condición de inmigrante, deberían tomarse medidas específicas para que no caigan en situaciones precarias y para fomentar su inserción social. La promoción de la igualdad exige asimismo la lucha contra las violencias sufridas por las mujeres. Deben combatirse y condenarse todas las violencias físicas, psicológicas o sexuales, independientemente de su nivel de gravedad. Hoy que celebramos el centenario del Día Internacional de la Mujer, me gustaría transmitir un cordial saludo a todas las mujeres.

  Tunne Kelam (PPE), por escrito. – (EN) He votado en contra de la petición de un fácil acceso al aborto en el apartado 66 del texto original. Aunque reconozco el derecho individual de toda persona a decidir sobre su propio cuerpo, subrayo que cualquier decisión de someterse a un aborto también significa acabar con la vida de otro ser humano. Además, si se toma esta decisión, siempre debería incluir el consentimiento de ambos padres (excepto en casos de grave enfermedad o violación). La petición de un acceso fácil al aborto conduce, por tanto, a conclusiones erróneas y transmite a la sociedad el mensaje de que el aborto podría usarse como anticoncepción y que no es necesario tener en cuenta ningún valor moral o ético.

En la sociedad europea de hoy en día, donde los ciudadanos están mejor informados y acceden a la atención sanitaria más fácilmente que antes, debemos fomentar un comportamiento responsable, que incluya asumir la responsabilidad por las acciones de uno mismo. Pedir la facilidad de acceso al aborto es contrario a asumir dicha responsabilidad. Con demasiada frecuencia, el aborto es una solución fácil a una situación difícil. La Unión Europea no debería apoyar este tipo de comportamiento, sino que debería ofrecer subsidiariedad a los Estados miembros.

  David Martin (S&D), por escrito. – (EN) He votado a favor de este informe, que señala que es necesario fortalecer la dimensión de género en la lucha contra la pobreza. Puesto que 2010 es el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza, debe prestarse una atención especial a las mujeres más vulnerables. En los casos en que su vulnerabilidad provenga de una discapacidad, de su condición de inmigrante o de su pertenencia a una minoría, deberían tomarse medidas específicas para que no caigan en situaciones precarias y para fomentar su inserción social.

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), por escrito. – (CS) Estoy de acuerdo con las conclusiones del informe, como diputado al Parlamento Europeo y como médico. El daño ocasionado por la política antisocial de la mayoría de los Gobiernos de los Estados miembros de la UE, tarde o temprano, se hará evidente en la salud de muchos grupos de ciudadanos débiles socialmente y, en especial, las mujeres. Lo que me motivó para apoyar este informe fueron las preocupaciones por el desarrollo saludable de la población actual y futura de Europa, que es directamente proporcional a la calidad de la salud y la plena igualdad social de las mujeres. Si nos importa el futuro de Europa, es decir, la viabilidad y el desarrollo de la UE, no podemos tratar de resolver sus problemas sin conseguir la igualdad de la mujer. Subestimar esta cuestión es ignorar los derechos del 50 % de los ciudadanos de la UE. En última instancia, esto puede significar alienar a muchos ciudadanos de la UE, a pesar de que la Estrategia Europa 2020 incluye una solución a estos problemas. La Unión Europea se compone de hombres y mujeres y todos encarnan el potencial y el desarrollo creativo de la Unión. Mientras que la pobreza y la exclusión social se apliquen a casi uno de cada seis ciudadanos, como demuestran las investigaciones estadísticas en la UE, depende de nosotros, como diputados al Parlamento Europeo, no solo retar a la Comisión y los Estados miembros, sino también presionar efectivamente para lograr la aplicación de las medidas concretas adoptadas en la lucha contra la pobreza y contra las medidas antisociales de reducción de gastos y limitar aún más el deterioro de la esfera social, especialmente con respecto a las mujeres.

  Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) La crisis financiera que estamos viviendo en la actualidad está teniendo repercusiones desastrosas para la tasa de desempleo y las condiciones de vida de nuestros conciudadanos en general y de las mujeres en particular. Basta con pensar en sus condiciones laborales, su acceso al empleo o su posición en nuestra sociedad.

En su informe de 2010, la Comisión Europea subrayaba acertadamente los retos que nos esperan en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres, destacando que esta crisis debe concebirse como una oportunidad para que reconsideremos los papeles específicos de hombres y mujeres en nuestra sociedad, en particular a través de una estrategia para su plena integración en todas las políticas. Este ideal de igualdad debería lograrse a través de medidas concretas y duraderas, especialmente en lo que respecta a la educación.

Nosotros insistimos en el papel que desempeñan las mujeres en los niveles de toma de decisiones, reservados tradicionalmente a los hombres. La promoción de la igualdad exige asimismo la lucha contra las violencias sufridas por las mujeres. Deben combatirse y condenarse todas las violencias físicas, psicológicas o sexuales, independientemente de su nivel de gravedad. Para luchar contra la violencia sexista, es necesario impulsar campañas de concienciación, así como educar a los niños y a los jóvenes acerca del peligro que constituye dicha violencia.

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque destaca la necesidad de dar prioridad a la eliminación de las desigualdades salariales entre hombres y mujeres y defiende el principio de «igualdad de retribución por un mismo trabajo». También he votado a su favor porque insta a la Comisión, el Consejo y los Estados miembros a dar prioridad al apoyo a medidas vinculantes en lugar de estrategias no vinculantes sobre la igualdad de género y a prestar especial atención a los grupos de mujeres vulnerables: las mujeres con discapacidad, de edad avanzada, inmigrantes, lesbianas, bisexuales, transexuales y pertenecientes a minorías, así como las mujeres con escasa o ninguna formación que son responsables de personas dependientes a su cargo y las madres de familia monoparental.

Asimismo, reconoce la necesidad de la mujer de tener control sobre sus derechos sexuales y reproductivos, concretamente a través de la mayor facilidad de acceso a la anticoncepción y el aborto. También quiero condenar todo tipo de violencia contra la mujer. Por desgracia, este informe es necesario en el día de hoy, 8 de marzo de 2011.

  Erminia Mazzoni (PPE), por escrito. – (IT) El informe anual sobre la igualdad entre hombres y mujeres este año se centra en las consecuencias de la crisis económica para la población femenina, destacando cuándo afectan a esferas críticas existentes.

La señora Nedelcheva ha optado por seguir el camino de la propuesta y no simplemente el de la reivindicación y el victimismo. Un análisis de datos económicos del mercado laboral femenino, todo ello negativo, sirve como punto de partida para medidas específicas. De estudios anteriores se desprende que la mayor debilidad socioeconómica de las mujeres repercute en la economía global y produce pérdidas cuantificables para el sistema. De esto se deriva que se ha de aplicar una línea de acción que, aunque destinada a reducir las desigualdades, está dirigida al público general porque incluye medidas sistémicas.

No estoy de acuerdo con la parte del informe sobre la promoción de los derechos sexuales de la mujer, en especial donde reafirma la intención de «facilitar» el aborto, especialmente a la luz de la votación de la Cámara en contra de la enmienda oral del señor Silvestris —que pretendía introducir una referencia a la protección del niño no nacido—. Se trata de un tema delicado que no se puede proponer con eslóganes de dudosa interpretación. No acepto que la libertad de la mujer y el logro de progreso social se alcancen mediante el aborto.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) El informe Nedelcheva hace una dolorosa observación sobre el progreso de la Unión en relación con la igualdad entre hombres y mujeres. Es triste que tuviéramos que esperar hasta el 8 de marzo para que se recordara que el 50 % de los ciudadanos europeos son mujeres y que su derecho a la igualdad se está pasando por alto en toda Europa.

Acojo con satisfacción este informe debido al deseo que expresa de introducir medidas vinculantes para hacer que se respete la igualdad de derechos. No obstante, lamento que presuma de la Estrategia Europa 2020 y la jubilación a los 64 años, así como que afirme que «la familia es uno de los pilares de nuestra sociedad». El pilar de nuestra sociedad es la ciudadanía y el Derecho. Debo denunciar este proceso que intenta hacernos tragar píldoras antisociales y culturalmente regresivas, bañadas en buenas e impotentes intenciones.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − (ES) Hoy, 8 de marzo, he votado a favor del informe Nedelcheva sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea. El informe señala una preocupación por los pocos avances realizados en los Estados miembros para alcanzar esa igualdad entre hombres y mujeres. Por ese motivo, en el informe se insta a los Estados miembros a establecer mecanismos para luchar contra esta desigualdad.

  Louis Michel (ALDE), por escrito. – (FR) La igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental de la Unión Europea. Lamentablemente, incluso hoy en día, persisten numerosas desigualdades entre hombres y mujeres. Además, la crisis financiera, económica y social que estamos experimentando ha afectado gravemente a las mujeres con respecto a sus condiciones de trabajo, su acceso al empleo, su lugar en la sociedad y su retribución.

La igualdad entre hombres y mujeres en el empleo realmente debe hacerse realidad. Las políticas de igualdad deben mantenerse por completo y, sobre todo, no se deben reducir sus presupuestos. La igualdad entre hombres y mujeres también debe incluirse en todas las políticas en la forma de medidas específicas y sostenibles, especialmente en las esferas de la educación, la formación y la orientación profesional.

Las mujeres también deben desempeñar un papel importante en la toma de decisiones, ya sea en consejos directivos o en funciones políticas. Por último, no puedo dejar de mencionar el terrible azote de violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres. Tenemos que luchar contra estos viles delitos con toda nuestra energía, independientemente de su nivel de gravedad.

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), por escrito. – (FR) En este día, el centenario del Día Internacional de la Mujer, y con motivo de la votación de este informe sobre la igualdad entre hombres y mujeres, me pregunto qué tipo de sociedad podría privarse del 50 % de su inteligencia y del 50 % de su energía.

Y, sin embargo, ese es el mundo en el que vivimos, pero ya no queremos que sea así. Me gustaría que se anunciara una campaña general en favor de la igualdad. Si nos fijamos en las sumas de dinero invertidas en la formación de las niñas, podemos ver que siguen aumentando las diferencias en la vida laboral de la población.

Esto es inaceptable y por eso apoyo este informe sometido a votación, pues pone de manifiesto todas las dificultades que afrontan las mujeres. La batalla que debemos librar no es una batalla de la derecha o la izquierda, sino una batalla colectiva en la que todos, hombres y mujeres, debemos trabajar juntos.

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor de los artículos que se refieren a los derechos de las mujeres con respecto a la salud reproductiva y la libertad para abortar. Como diputado al Parlamento Europeo procedente de un país donde las interrupciones del embarazo estuvieron prohibidas durante más de 25 años, soy plenamente consciente de lo importante que es este derecho y de las graves consecuencias de ponerlo en duda.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) Lo que realmente necesitan las mujeres es una verdadera libertad de elección en la vida: deben tener la certeza de que no se infravalore ninguna de sus decisiones. Un avance importante en esta dirección sería introducir la división familiar de impuestos en todos los Estados miembros para que la creación de una familia no se convierta en una trampa de la pobreza. Sin embargo, establecer cuotas de mujeres es la iniciativa errónea. Debemos empezar en las esferas donde las mujeres sufren verdaderas desventajas: debemos considerar la posición de las personas proveedoras de cuidados no remuneradas, el empleo a media jornada y la situación difícil de las numerosas mujeres que trabajan intensamente para hacer frente a las exigencias familiares y profesionales. Este informe no trata ninguna de estas cuestiones y por eso he votado en contra.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) El informe anual sobre la igualdad entre hombres y mujeres para 2010 subraya la necesidad de un compromiso europeo para asegurar la igualdad de género en un momento de crisis económica que amenaza con socavar los esfuerzos realizados hasta ahora en la defensa de los derechos de las mujeres. Se corre el riesgo de que el desempleo y la recesión amplíen las diferencias entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo. Por eso el informe de la señora Nedelcheva se centra en los puntos donde se puede trabajar para evitar la discriminación: asegurar la justicia financiera y económica a todos los ciudadanos, por tanto, con referencia a la remuneración, los ingresos y las pensiones; trabajar por un aumento de las cuotas de las mujeres para que tengan mejor representación y consigan derechos personales. No obstante, creo que al hacer esto, se debe respetar el principio de subsidiariedad y algunas de las características nacionales típicas que, en mi opinión, se deberían defender y proteger.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) La situación actual de crisis generalizada que atravesamos afecta a la mayoría de los europeos, pero más gravemente a las mujeres. En este contexto, cabe temer que las grandes, aunque lentas y dolorosas, victorias que han logrado las mujeres en la UE puedan sufrir un retroceso considerable, lo cual, además de evidentemente afectarles de forma directa e injusta, también afectaría a nuestras sociedades, que siempre son más prósperas y tienen perspectivas más sólidas de desarrollo cuando aseguran la igualdad de género. Por lo tanto, es importante seguir invirtiendo en políticas de igualdad, sobre todo, aplicando la igualdad entre hombres y mujeres en lo referente a las condiciones laborales, los niveles de ingresos, el acceso al trabajo y su lugar en la sociedad en general. En lo que respecta a las políticas de igualdad, es necesario que las medidas se enfoquen desde dos perspectivas distintas, cuya aplicación debe ser complementaria: una en la que, desde fuera hacia dentro, se creen condiciones para que exista igualdad de género y otra, desde dentro hacia fuera, en la que se creen condiciones para la emancipación de la mujer de lo que la hace inferior. Dicho esto y a pesar de coincidir con muchas de las afirmaciones de este informe, me he abstenido en la votación final porque no acepto el libre acceso generalizado al aborto, ni tampoco la suposición de que el aborto sea un método de anticoncepción, que obviamente no lo es.

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque pone de relieve la necesidad de priorizar la eliminación de las desigualdades salariales entre hombres y mujeres y defiende el principio de la igualdad de retribución por un mismo trabajo. Asimismo, insta a la Comisión, el Consejo y los Estados miembros a dar prioridad a medidas vinculantes en lugar de estrategias no vinculantes sobre la igualdad de género y a prestar especial atención a los grupos de mujeres vulnerables: las mujeres con discapacidad, de edad avanzada, inmigrantes, lesbianas, bisexuales, transexuales y pertenecientes a minorías, así como las mujeres con escasa o ninguna formación que son responsables de personas dependientes a su cargo y las madres de familia monoparental. Asimismo, reconoce la necesidad de la mujer de tener control sobre sus derechos sexuales y reproductivos, concretamente a través de la mayor facilidad de acceso a la anticoncepción y el aborto. También quiero condenar todo tipo de violencia contra la mujer. Por desgracia, este informe es necesario en el día de hoy, 8 de marzo de 2011.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – (EN) El informe Nedelcheva de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género fue aprobado con un resultado de 366, 200, 32. El proyecto de informe y el resultado final nos parecieron correctos. Fueron positivos porque se aprobaron las siguientes medidas: la reducción de la diferencia de retribución entre hombres y mujeres al 0,5 % para 2020; la aplicación por parte de los Estados miembros del principio de la igualdad de retribución por un mismo trabajo (apartado 27); la aplicación de sanciones a aquellos Estados miembros que no lo cumplan (apartado 27, inicialmente una enmienda del Grupo Verts/ALE en la Comisión FEMM); los objetivos vinculantes para asegurar la representación equitativa de mujeres y hombres (apartado 53); una política de cuotas para asegurar la paridad en los consejos de administración de las empresas, con España y Francia como ejemplo (apartado 53); los objetivos vinculantes para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en puestos de responsabilidad en las grandes empresas, las administraciones públicas y los organismos políticos (apartado 56); y los derechos de salud reproductiva, la facilidad de acceso a la anticoncepción y el acceso al aborto (apartado 67).

  Oreste Rossi (EFD), por escrito. – (IT) A pesar de basarse en reivindicaciones que merecen el visto bueno, este informe también tiende al deseo de reconocer categorías concretas de ciudadanos, en este caso las mujeres romaníes, a quienes se considera especialmente desfavorecidas debido a la discriminación. Nos oponemos a que se transformen en discriminación racial las exigencias legítimas de las mujeres de atención y reconocimiento en el trabajo en términos de igualdad de participación en el mercado laboral, salarios y acceso a puestos de responsabilidad.

No aceptamos que los Estados miembros deban prestar especial atención a las mujeres en la estrategia europea sobre la inclusión romaní: en primer lugar, porque una medida que se ocupa de la igualdad entre hombres y mujeres no tiene nada que ver con las comunidades romaníes; y en segundo lugar, porque, desde nuestro punto de vista, si hablamos de personas que sufren discriminación, entonces son aquellos ciudadanos que a menudo padecen la presencia ilegal de las comunidades romaníes.

En consecuencia, y también dada la petición de facilitar el aborto y la imposición de cuotas para las mujeres, hemos votado en contra del informe.

  Birgit Schnieber-Jastram (PPE), por escrito. – (DE) En relación con el apartado 66: en mi opinión, la expresión «acceso fácil» va demasiado lejos. No obstante, por otro lado, la opción del aborto debe dejarse abierta.

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), por escrito. – (PL) En la votación de hoy, he apoyado muchas disposiciones fundamentales en el informe sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea – 2010. Me gustaría llamar la atención especialmente sobre la cuestión de la paridad en las empresas.

Este es un avance importante para asegurar que los puestos de las mujeres equivalgan a los de los hombres en el ámbito de la dirección de la empresa. Nuestro objetivo no es hacer que el género sea el único criterio a tener en cuenta a la hora de designar a las personas que ocupen los consejos de administración. Sin embargo, nos interesa asegurar que mujeres ambiciosas cuyas cualificaciones equivalgan a las de sus rivales masculinos sean seleccionadas para puestos normalmente ocupados por hombres, porque, como demuestran las investigaciones, esto puede contribuir a una gestión mejor y más sostenible de las empresas y, en consecuencia, a mejores resultados financieros.

  Bogusław Sonik (PPE), por escrito. – (PL) He votado a favor de adoptar la resolución propuesta en el informe Nedelcheva porque, en mi opinión, la igualdad de género es un asunto prioritario. Coincido con las conclusiones expuestas por la ponente, que cree que se deberían aumentar las medidas en la lucha contra este problema a nivel europeo, por ejemplo, mediante la creación de estrategias adecuadas y la financiación de instrumentos. Creo que las soluciones propuestas en relación con la educación y la comunicación son especialmente valiosas, puesto que son aquellas que pretenden eliminar las diferencias salariales y asegurar el acceso a los cargos directivos.

No obstante, la principal iniciativa en este ámbito sigue siendo responsabilidad de los Estados miembros. La función del Parlamento Europeo, como representante de los ciudadanos de la UE, consiste en presionar a los gobiernos y a la Comisión Europea y el Consejo de la UE, para que se adopten medidas coherentes y eficaces en el marco del diálogo con organizaciones que participen en la lucha a favor de la igualdad de género.

La cuestión de la igualdad de derechos se está debatiendo cada vez más ampliamente en Polonia, pero a pesar de la introducción de la paridad en las listas electorales, todavía queda mucho por hacer, por ejemplo, en el terreno social. En mi opinión, el impulso por parte de la UE sería especialmente valioso para mi país.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – (EN) He votado a favor de este informe que pretende hacer frente a la desigualdad entre hombres y mujeres en los Estados miembros. Resulta desalentador ver cómo en el centenario del Día Internacional de la Mujer, mis colegas conservadores británicos han decidido no apoyar este informe.

  Michèle Striffler (PPE), por escrito. – (FR) El informe sobre «la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea – 2010» es de particular importancia porque hoy celebramos el centenario del Día Internacional de la Mujer. Es muy evidente que en Europa todavía existen desigualdades considerables entre hombres y mujeres. Es necesario pedir que se fijen objetivos vinculantes con el fin de asegurar la representación equitativa de hombres y mujeres en los cargos políticos de responsabilidad y también en las empresas. Por eso he votado a favor de este informe.

  Alf Svensson (PPE), por escrito. – (SV) En la votación de hoy sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea en 2010, he votado en contra y ¡justamente hoy es el Día Internacional de la Mujer! Algunos de mis colegas en el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) y en otros grupos también han votado en contra de este informe de propia iniciativa, cada uno teniendo sus razones. Permítanme explicar brevemente las mías. Los apartados más problemáticos, por lo que a mí respecta, son aquellos que defienden objetivos vinculantes para los Estados miembros en relación con los sistemas de cuotas. Además de que esto es una violación de la autodeterminación de los Estados miembros por parte de la UE, también me opongo a la idea misma de las cuotas. Como si las mujeres no fueran capaces de ser juzgadas por sus propios méritos, al igual que los hombres. El texto también incluye pasajes sobre los ingresos mínimos, que, por supuesto, tiene que ser una cuestión que deben resolver los interlocutores sociales, no los políticos, ya sea a nivel nacional o internacional. En general, los puntos referidos a lo anterior me han llevado a votar en contra de este informe, que, sin embargo, ha sido aprobado por el Parlamento Europeo.

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor del informe sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea en 2010. Aunque el 59 % de los graduados universitarios en la UE son mujeres, esta proporción no se refleja en la vida política ni económica. En el Parlamento Europeo, el porcentaje de mujeres diputadas es del 35 %, mientras que en los parlamentos nacionales es solo del 15 % y en las principales empresas europeas solo el 3 % de los consejos directivos está presidido por mujeres. Las tasas de representación en el caso de las mujeres son importantes porque esto ayuda a animar a las mujeres a proyectar una carrera profesional en política y presentarse como candidatas para un puesto con responsabilidades políticas, administrativas o financieras. En la Unión Europea, la diferencia de retribución entre hombres y mujeres asciende al 17 % y no se dispone de suficientes instalaciones de atención a la infancia para niños menores de tres años. Esto significa que las madres jóvenes están más expuestas a los contratos de trabajo temporal o el riesgo del desempleo. Pido que se tomen medidas a nivel nacional y comunitario para promover la iniciativa empresarial entre las mujeres y también para facilitar el acceso a la financiación pública y privada. Instamos a la Comisión a alentar a los Estados miembros a promover en los medios de comunicación, en general, y en el ámbito publicitario y promocional, en particular, una imagen de la mujer que respete su dignidad, la diversidad de las funciones que desempeña y su identidad.

  Thomas Ulmer (PPE), por escrito. – (DE) He votado en contra del informe porque de nuevo intenta introducir el aborto por la puerta de atrás. Por lo demás, es simplemente una serie de tópicos.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) He votado a favor del informe de la señora Nedelcheva sobre la igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea. La igualdad y la igualdad de trato entre ambos sexos es un principio fundamental para la UE. Sin embargo, la discusión pública permanente sobre la cifra de mujeres en el entorno empresarial, la constante diferencia importante en los niveles salariales y las numerosas desventajas que sufren las mujeres en el lugar de trabajo, demuestran claramente que todavía nos queda un largo camino que recorrer hasta lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Se insta a los Estados miembros a ver la crisis como una oportunidad para enfocar sus políticas desde una perspectiva distinta e intensificar sus esfuerzos en este ámbito tan importante.

  Marina Yannakoudakis (ECR), por escrito. – (EN) El Grupo ECR reconoce que el principio fundamental de la igualdad entre hombres y mujeres se encuentra consagrado en los Tratados europeos y es algo que cada uno de los Estados miembros de la UE respeta y defiende. Sin embargo, no hemos podido votar a favor de este informe por varias razones concretas. En primer lugar, nos oponemos fundamentalmente a que se establezca la introducción de objetivos y cuotas para las mujeres en determinadas profesiones a escala comunitaria; creemos que esto es algo que deberían hacer los Estados miembros. En segundo lugar, somos reacios a aceptar cuestiones de conciencia en informes políticos y creo que corresponde a los Estados miembros legislar sobre cuestiones relativas al aborto y la anticoncepción. En tercer lugar, las cuestiones relacionadas con el empleo, como las pensiones, la edad de jubilación y el salario, deberían decidirse a nivel nacional y, aunque estamos totalmente a favor de erradicar la diferencia de retribución entre hombres y mujeres, a la UE no le corresponde fijar objetivos prescriptivos.

Informe: Rovana Plumb (A7-0031/2011)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe, que pone de relieve la grave situación del 17 % de la población femenina de Europa que vive en la pobreza, en especial las madres y las mujeres de mayor edad. También destaca que en 16 Estados miembros, las mujeres están aún más expuestas a la pobreza extrema y al hecho de que su contribución a la economía normalmente esté infravalorada y mal remunerada. No se debería olvidar que uno de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 es reducir la pobreza y que esto solo puede lograrse mediante políticas sociales y de empleo, así como la conciliación de la vida familiar y el trabajo y asegurando que todas las mujeres dispongan de los medios necesarios para una vida digna.

  Roberta Angelilli (PPE), por escrito. – (IT) Las mujeres están cada vez más expuestas al riesgo de pobreza, especialmente en el caso de los grupos de mujeres con necesidades especiales, como las madres solteras, las mujeres con discapacidad y las mujeres mayores, que a menudo reciben sueldos y pensiones que se sitúan apenas por encima del nivel mínimo de subsistencia. No vale la pena repetir que, para prevenir y reducir el riesgo de pobreza, se debe garantizar la igualdad de participación de mujeres y hombres en el mercado laboral. Lamentablemente, las mujeres europeas tienen cuatro veces más probabilidades de trabajar a media jornada y tener contratos temporales y con frecuencia forman parte de la economía sumergida, que se caracteriza por la ausencia de contratos de empleo. Sin embargo, las cuestiones relativas a la feminización de la pobreza no solo incluyen el trabajo, sino también la falta de servicios de atención a la infancia y a las personas mayores.

Los Estados miembros tienen la responsabilidad de aplicar programas específicos que promuevan la integración activa o la reincorporación de la mujer en el mercado laboral y oportunidades concretas para la formación permanente destinadas a proporcionar la capacidad y cualificación necesarias. Al mismo tiempo, se debe garantizar que las mujeres procedentes de entornos desfavorecidos dispongan de igualdad de acceso a los sistemas de salud pública, a servicios sanitarios de ginecología y obstetricia, a viviendas dignas, a la justicia, al deporte y a la cultura.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) La presente resolución ofrece un análisis de la pobreza femenina con el que coincido. No cabe duda de que este desempleo se debe a la reciente crisis económica, pero también a diversos factores, como los estereotipos, las diferencias salariales entre hombres y mujeres, un equilibrio deficiente entre la vida familiar y la vida laboral, la mayor esperanza de vida, etc. En este sentido, me complace, al igual que a nuestra ponente, que se haya creado un instrumento europeo de microfinanciación. Su objetivo consiste en garantizar un mayor acceso y disponibilidad de la microfinanciación a aquellas mujeres que registran dificultades para incorporarse al mercado laboral o desean ejercer como autónomas o crear su propia microempresa.

  Liam Aylward (ALDE), por escrito. – (GA) Desde un punto de vista histórico, son las mujeres quienes corren mayor riesgo de pobreza, en especial las madres solteras y las mujeres mayores de 65 años. Se calcula que la pobreza femenina puede llegar a alcanzar un 36 % frente a un 11 % en el caso de los hombres. En la Unión Europea, las mujeres mayores son las que más riesgo corren —una tasa de riesgo de pobreza del 22 % frente al 16 % en el caso de los hombres— debido a las dificultades que encuentran a la hora de acceder al sistema de la seguridad social y las pensiones.

He votado a favor de este informe. La ponente tiene razón al decir que la pobreza de las mujeres permanece oculta porque las mujeres constituyen dos terceras partes de la población «inactiva». Saludo lo que dice el informe sobre asegurar que las mujeres que cuidan de niños, enfermos, personas mayores o discapacitadas no sufran debido a estas tareas de cuidados, que son vitales para la familia y la comunidad.

Debe existir una protección social adecuada para esas mujeres cuando envejecen. Estoy de acuerdo en que la Estrategia UE 2020 debe mejorar la igualdad de representación y participación en el mercado laboral y apoyo plenamente las reformas de las políticas laborales y sociales para garantizar la igualdad económica y social para las mujeres.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) He dado mi apoyo a este informe. La pobreza en la Unión Europea sigue siendo un problema enorme y la lucha contra la pobreza es uno de los cinco objetivos mensurables que la Comisión propone para Europa 2020. Las directrices integradas de la Estrategia Europa 2020 (promover la inclusión social y luchar contra la pobreza) están encaminadas a proteger a los ciudadanos frente al riesgo de pobreza y esto afecta especialmente a las mujeres, las familias monoparentales o las personas mayores, que afrontan un riesgo de pobreza más elevado que la población general. Las políticas de seguridad y empleo desempeñan un papel muy importante a la hora de reducir la pobreza que sufre la población. Los Estados miembros y la Comisión Europea deben ponerse de acuerdo en cuanto a medidas más eficaces que garanticen los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad a una educación apropiada con formación profesional y estudios universitarios, lo cual les permitiría integrarse mejor en el mercado de trabajo y poner fin al riesgo de pobreza.

  Elena Băsescu (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor de este texto. Este informe propone varias medidas para combatir la pobreza entre las mujeres en la Unión Europea. Apoyo muchas de ellas, como por ejemplo, fomentar la introducción de horarios de trabajo flexibles para las mujeres o reducir la diferencia de retribución entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Las mujeres se encuentran en una situación difícil. Deben cuidar del hogar, de sus hijos y de su marido al mismo tiempo que trabajan. Las mujeres a menudo son víctimas de discriminación en el lugar de trabajo o de violencia, problemas importantes que todavía están muy extendidos en toda la UE. La realidad es horrible, principalmente en las zonas rurales y en el caso de las mujeres romaníes. En estas circunstancias, los Fondos Estructurales deben usarse para crear programas que mejoren las oportunidades de las mujeres de acceder al mercado laboral. Estas medidas deben estar respaldadas por un acceso cada vez mayor a la microfinanciación, así como la promoción y el desarrollo de las capacidades empresariales de las mujeres.

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) A pesar de los esfuerzos realizados en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, hoy en día las mujeres todavía corren un riesgo mayor de pobreza (17 %) que los hombres (15 %); esta diferencia es mayor en el caso de las personas mayores (el 22 % de las mujeres frente al 17 % de los hombres). El mayor riesgo de pobreza que afecta a las mujeres se debe, en parte, a las desigualdades salariales entre hombres y mujeres. Esta diferencia de retribución sigue siendo de alrededor del 18 % en la Unión Europea y repercute en los ingresos a lo largo de la vida, en la protección y en las pensiones.

Este informe, que ha merecido mi apoyo, pide a los Estados miembros que tengan en cuenta la dimensión de género en sus planes para salir de la recesión mediante el fomento y la promoción del empleo de las mujeres, la inclusión específica en el mercado laboral, la flexibilización de los horarios, la igualdad salarial y la revisión de los regímenes fiscales y de pensiones.

  Sergio Berlato (PPE), por escrito. – (IT) La reciente crisis económica y financiera ha generado una serie de consecuencias negativas que han afectado a las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos y, en particular, de las mujeres. La situación de las mujeres resulta evidente al considerar las estadísticas: cerca del 17 % de las mujeres europeas viven en la pobreza.

El año 2010 fue proclamado el «Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social», así que creo que las actividades llevadas a cabo durante este año también deberían tener en cuenta el riesgo de exclusión social que corren las mujeres en comparación con los hombres. También creo que la promoción de un equilibrio entre la vida profesional y la privada, para permitir a las mujeres que lo deseen dedicarse a su carrera o trabajar a jornada completa, debería ser un elemento fundamental en la lucha contra la pobreza y en la reducción de los riesgos a los que están expuestas las mujeres.

Los Fondos Estructurales y, en particular, el Fondo Social Europeo son instrumentos esenciales para ayudar a los Estados miembros a luchar contra la pobreza y la exclusión social. Por lo tanto, quisiera señalar a la atención de la Comisión la oportunidad de cofinanciar bien programas específicos para promover la integración activa o la reincorporación de las mujeres en el mercado laboral o bien cursos de formación dirigidos al logro de cualificaciones profesionales concretas.

  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) No tengo intención de votar a favor de este informe, no debido a sus objetivos, sino debido a los métodos descritos por mi colega diputada. La pobreza es una plaga sistémica para Europa en 2011. Ante la crisis económica mundial, algunos grupos han resultado más afectados que otros. Sin embargo, no estoy convencida de que un planteamiento basado en el género o en grupos separados represente la solución ideal a esto. Por el contrario, es necesario abordar un problema de esta magnitud creando círculos virtuosos, que no favorezcan a unos pocos sino que incluyan a todas las partes interesadas.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe porque debemos superar la pobreza femenina, que ha aumentado a causa de la recesión. Aunque la crisis económica y financiera ha repercutido considerablemente en la tasa de desempleo de ambos sexos, a quienes más ha perjudicado esta crisis es a las mujeres. Durante la recesión, los salarios descendieron de forma drástica en sectores donde predominan las mujeres o las mujeres perdieron del todo su empleo. Además, debido a los salarios más reducidos, las mujeres que alcanzan la vejez reciben pensiones más reducidas y, en consecuencia, a menudo se ven en situación de pobreza. La pobreza femenina que se ha generalizado especialmente durante la recesión, sobre todo entre las madres solteras, repercute directamente en la pobreza infantil, porque ahora en torno a 20 millones de niños en Europa viven en la pobreza. A menos que se adopten medidas específicas para ayudar a reducir la pobreza femenina, será imposible reducir la pobreza infantil. Me gustaría señalar que debemos tener en cuenta la dimensión de género, tanto en la legislación europea como en la nacional. Los Estados miembros de la Unión Europea deberían desarrollar programas especiales para la inclusión de las mujeres y que contribuyan a su reincorporación al mercado laboral. Además, el permiso por maternidad debe estar garantizado para todas las mujeres. Lamentablemente, en la actualidad, se menosprecian la maternidad, el trabajo en el hogar y el cuidado de niños y de personas mayores o discapacitadas. Espero que, en el futuro, los Estados miembros tomen medidas adecuadas para superar la pobreza femenina y valorar la contribución de la mujer al desarrollo de la familia, la sociedad y la economía.

  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de este informe, que ha sido aprobado en esta Cámara hoy que celebramos el centenario del día dedicado a las mujeres. De acuerdo con datos recientes, incluso actualmente, el 17 % de las mujeres europeas todavía vive en la pobreza y, para colmo, ellas sufren desventajas en el mercado laboral y en la protección social. Al mismo tiempo, la contribución de las mujeres al desarrollo de la familia, la sociedad y la economía suele estar infravalorada y mal remunerada.

Según el informe anual de la Comisión, las mujeres están más expuestas al riesgo de la pobreza y, en consecuencia, de la exclusión social, sobre todo las mujeres mayores, el 22 % de las cuales se encontraba en situación de riesgo de pobreza en 2008, frente a un 16 % de hombres mayores, y el 35 % de mujeres que componen familias monoparentales y otras categorías de mujeres como aquellas con discapacidad o procedentes de minorías étnicas. En particular, estoy de acuerdo con la petición formulada por la ponente, la señora Nedelcheva, de un equilibrio entre el trabajo y la vida privada y de que se adopten otras medidas para ayudar a las madres solteras.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de la resolución aprobada para luchar contra la pobreza femenina a través de políticas laborales y de protección social. Sin embargo, quisiera señalar varias repeticiones en el texto, así como mi desacuerdo con los puntos sobre la tributación conjunta o las subvenciones para el cuidado de personas dependientes, que contravienen la posición del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos).

  Andrea Češková (ECR), por escrito. – (EN) El Grupo ECR reconoce que varios puntos en este informe son necesarios para fomentar la integración de la mujer en el mercado de trabajo, por ejemplo, las formas de trabajo flexibles, los servicios de atención a la infancia y el acceso al permiso por maternidad, y saludamos las peticiones de erradicar la diferencia de retribución entre hombres y mujeres. No obstante, el Grupo ECR cree que estas esferas políticas deberían abordarse a nivel nacional, no a nivel comunitario. Asimismo, se opone a una innecesaria y burocrática Carta Europea de los Derechos de la Mujer y a toda iniciativa destinada a la armonización de los sistemas de seguridad social en toda la UE. Por lo tanto, hemos decidido abstenernos en la votación final sobre este informe y hemos votado a favor de apartados concretos que consideramos importantes, por ejemplo, los apartados 34, 58, 60, 65 y 69.

  Ioan Enciu (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de este informe porque creo que las autoridades deben prestar más atención a los grupos sociales vulnerables, entre los que también se incluyen las mujeres. La crisis económica y financiera ha afectado a toda la población. Sin embargo, algunas de sus consecuencias más difíciles han afectado a las mujeres mayores, las mujeres de zonas rurales y las madres solteras. La Unión Europea y los Estados miembros deben tener en consideración estos factores y ayudar a mejorar las condiciones sociales de estos grupos vulnerables. En este sentido, está justificado el objetivo de reducir la injusta diferencia de retribución entre hombres y mujeres en un 1 % cada año y se debe aplicar de forma eficaz mediante el uso de diversos instrumentos a nivel nacional y comunitario.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Uno de los cinco objetivos principales de la Estrategia Europa 2020 es la lucha contra la pobreza y, como tal, era necesario analizar la pobreza entre las mujeres en la UE. Este informe pone de relieve las causas y consecuencias de la pobreza femenina y destaca la importancia que tiene el logro de la igualdad de género para el crecimiento sostenible, el empleo, la competitividad y la cohesión social. En este momento, el 17 % de las mujeres en la Unión viven en la pobreza y en los últimos tiempos esta cifra ha aumentado drásticamente en comparación con la pobreza entre los hombres. Por eso, de acuerdo con el informe, se ha producido una feminización de la pobreza. De conformidad con el principio de subsidiariedad, la Unión y los Estados miembros necesitan urgentemente hallar maneras de luchar contra la pobreza en general y la de las mujeres en particular. Es necesario que se realicen esfuerzos con vistas a aplicar políticas laborales y de protección social basadas en la igualdad de género e iniciativas para conciliar la vida familiar y el trabajo. Es necesario iniciar el diálogo con los interlocutores sociales y la sociedad civil, contribuyendo a la consecución de una sociedad cada vez más igualitaria.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) En 2008, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, conscientes de la necesidad de aumentar la sensibilización entre la población y los Estados miembros respecto al problema de la lucha contra la pobreza, aprobaron la decisión de proclamar 2010 Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. En épocas de crisis, en las guerras y en los genocidios, las mujeres y los niños son quienes más sufren, así que merecen especial atención por parte de la sociedad en general y las instituciones en particular. Las instituciones europeas y los Estados miembros tienen la obligación de luchar para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y sensibilizar a las empresas para que les ofrezcan mejores oportunidades, puesto que las mujeres son un elemento fundamental del mercado laboral. Acojo con agrado la aprobación de este informe, que ha confirmado que luchar contra la pobreza y la exclusión social sigue siendo una prioridad política de la UE y espero que se fortalezcan los Fondos Estructurales, en particular el Fondo Social Europeo, para luchar contra la pobreza y la exclusión, en consonancia con los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Cuando se señala una fecha histórica relacionada con la lucha de la mujer por sus derechos, no se puede ignorar el conjunto de problemas sociales que afrontan las mujeres, especialmente las mujeres trabajadoras: el agravamiento del desempleo y la inseguridad laboral vinculada a los salarios bajos, y la discriminación por motivos de maternidad. Las situaciones de pérdida de ingresos van en aumento y las mujeres se están empobreciendo. Son especialmente críticas las situaciones de las mujeres discapacitadas, inmigrantes, desempleadas y jubiladas, así como las de las mujeres trabajadoras con salarios bajos.

Las consecuencias de las medidas de austeridad en algunos países, como Portugal, Grecia e Irlanda, están repercutiendo en las vidas de las mujeres como trabajadoras, ciudadanas y madres. Así sucede con las reducciones salariales, la congelación de admisiones en cursos universitarios y el bloqueo de la negociación colectiva; y con los recortes en la atención sanitaria, la educación, la seguridad social y diversas formas de ayuda social. No basta con palabras detalladas y declaraciones de buenas intenciones sobre el día que hoy se señala. Lo que hace falta es un cambio real en los contenidos de las políticas que han originado esta situación.

  Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. – (IT) Creo que debatir, discutir y hallar soluciones comunes a los problemas del mundo de la mujer siempre es algo digno de consideración. No obstante, el informe de mi colega diputada, la señora Plumb, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, es una referencia constante a la comunidad romaní. Este tono no me parece apropiado y seguro que no beneficiará a las mujeres trabajadoras europeas al ocuparse únicamente de las mujeres romaníes. Así que he votado en contra del informe.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe porque debemos superar la pobreza femenina que ha aumentado durante la crisis financiera y económica. Se estima que casi el 17 % de las mujeres europeas viven en situación de pobreza; teniendo presentes los indicadores relativos al mercado laboral y la protección social, las causas estructurales de la pobreza tienen consecuencias desproporcionadas para las mujeres. Durante la recesión, los salarios han descendido de forma drástica en sectores donde predominan las mujeres o las mujeres han perdido su trabajo por completo. Además, debido a los salarios más reducidos, las mujeres que alcanzan la vejez reciben pensiones más reducidas y, en consecuencia, a menudo se ven en situación de pobreza. La pobreza femenina que se ha generalizado especialmente durante la recesión, sobre todo entre las madres solteras, repercute directamente en la pobreza infantil, porque ahora mismo en torno a 20 millones de niños en Europa viven en la pobreza. Ya que la contribución realizada por las mujeres al desarrollo de la familia, la sociedad y la economía suele estar infravalorada y mal remunerada, es primordial que se adopten medidas para reducir la pobreza femenina.

  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. – (PL) A pesar de las omnipresentes iniciativas y campañas de información, las mujeres siguen siendo más pobres y siguen sufriendo la discriminación con mayor frecuencia que los hombres. Este tipo de situaciones suceden incluso en nuestra democrática Unión Europea, que defiende los derechos humanos. Las mujeres cobran menos que los hombres que realizan los mismos puestos de trabajo y, además, tienen más probabilidades de sufrir acoso. Es más probable que sean ellas quienes cuiden a los niños y, en consecuencia, que no tengan su propia fuente de ingresos independiente, ni dinero que podrían usar para su propio desarrollo o para un regalo como recompensa por un día duro. Las personas que crían a las generaciones futuras y educan a los jóvenes que, en el futuro, nos gobernarán, nos proporcionarán tratamiento médico, construirán nuestros puentes y cuidarán de nosotros en el hospital, no reciben una remuneración justa. En primer lugar, se debería modificar la legislación para asegurar el acceso gratuito a guarderías y escuelas de párvulos y oportunidades para que las madres jóvenes mejoren su situación y hacer que sea imposible despedir a las mujeres inmediatamente después de dar a luz o regresar del permiso por maternidad. Las mujeres de las zonas rurales son quienes están en la peor situación. Viven en zonas donde los ingresos son muy inferiores a la media de la UE o incluso del país donde residen. No tienen ningún acceso a servicios y bienes culturales. Su trabajo es duro y no siempre tienen la oportunidad de tomarse vacaciones, por ejemplo. El aterrador espectro de la crisis demográfica debería movilizarnos para tomar medidas sin demora, con el fin de mejorar la situación de las mujeres en nuestro continente.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) En un día tan importante como este, que nos recuerda lo importante que es el papel de la mujer en la sociedad moderna, apoyar este informe verdaderamente puede ser nuestro deber moral con los miles de mujeres que viven en situación de pobreza.

El umbral de la pobreza, la inseguridad, la retribución inadecuada y la discriminación sexual en el lugar de trabajo son, por desgracia, expresiones recurrentes que, no solo hoy sino todos los días, preferiríamos no oír ni ver relacionadas con las mujeres. Lamentablemente, la realidad es distinta y las cifras hablan por sí solas. En todos los campos profesionales, en cualquier actividad económica, nos encontramos con acontecimientos que siguen marginando a la mujer a través de salarios bajos, exclusión social y una dificultad notable a la hora de acceder a la vida social normal.

Las mujeres mayores, las mujeres con hijos discapacitados, las mujeres discapacitadas y las mujeres que no pueden encontrar trabajo: todas ellas tienen mi apoyo y el de mis colegas diputados que hayan votado a favor de este informe, para evitar que en el futuro la expresión «feminización de la pobreza» siga apareciendo en los medios de comunicación y en las estadísticas europeas.

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), por escrito. – (PL) Creo que el informe Plumb sobre la pobreza femenina es un gran avance para mejorar la situación de la mujer en el mundo moderno. Así que he votado a favor de que se apruebe el documento. Entre las cuestiones planteadas en el informe, figuran no solo la feminización de la pobreza, la conciliación de la vida familiar y el trabajo, la lucha contra la pobreza entre las mujeres mayores y la repercusión de la violencia en la situación de las mujeres, sino también, y considero esto sumamente importante, el uso de garantías de financiación, políticas de empleo y protección social como medios para luchar contra la pobreza.

  David Martin (S&D), por escrito. – (EN) Si bien la pobreza de las mujeres es una realidad que viene registrándose desde hace años, solo se ha empezado a abordar de manera sistemática de manera bastante reciente. La actual crisis económica, financiera y social, que afecta tanto a la Unión Europea como al resto del mundo, está generando una serie de efectos perjudiciales específicos que repercuten directamente en las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres y en su lugar en la sociedad en general. Este contexto ha puesto entre los temas prioritarios de la agenda del Parlamento Europeo la necesidad de integrar la perspectiva de género en la problemática de la pobreza a través del informe sobre «el rostro de la pobreza femenina». A escala mundial, las mujeres son comparativamente más pobres que los hombres. Esta realidad también se constata en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, si bien se pueden observar diferencias concretas según los países. Se considera que casi un 17 % de las mujeres europeas vive en situación de pobreza; según los indicadores relativos al mercado laboral y a la protección social, las causas estructurales de la pobreza tienen un efecto desproporcionado en las mujeres. Al mismo tiempo, se puede afirmar que la contribución de las mujeres al desarrollo de la familia, la sociedad y la economía suele estar infravalorada y mal remunerada.

  Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) La actual crisis financiera tiene consecuencias negativas específicas que afectan directamente a las vidas de las mujeres, su trabajo y su lugar en la sociedad.

Hoy en día, cerca de un 17 % de las mujeres europeas viven en situación de pobreza. Ante cualquier estrategia política, se debería realizar un análisis completo que considere todos los aspectos de las desigualdades entre hombres y mujeres: creemos que la integración de la mujer en el mercado laboral es crucial para hacer frente a la pobreza y su exclusión social.

La promoción del equilibrio entre trabajo y vida privada, para ayudar a las mujeres que desean proseguir con su carrera o trabajar a jornada completa, es uno de los factores fundamentales a la hora de reducir la pobreza femenina y los riesgos que ellas afrontan.

Pedimos medidas adicionales para ayudar a las mujeres trabajadoras, ya sea facilitando la búsqueda de formas flexibles de trabajo, en cuanto a horarios laborales, que les permitan asumir sus importantes compromisos familiares, o proporcionando servicios adecuados para niños, personas mayores y familiares dependientes.

Estamos convencidos de que la Estrategia Europa 2020 logrará la integración de las cuestiones de género para mejorar la representación y la igualdad de participación en el mercado laboral, acabando con los modelos de segregación y asegurando la presencia de las mujeres en puestos de trabajo a un nivel más alto.

  Barbara Matera (PPE), por escrito. – (IT) Hoy que celebramos el centenario del Día Internacional de la Mujer, votamos sobre dos informes que tratan las razones por las que todavía a la mujer, con demasiada frecuencia, se le margina y excluye de la sociedad.

Tradicionalmente las mujeres están expuestas a un mayor riesgo de pobreza, sobre todo las madres solteras y las mujeres mayores de 65 años. Entre los cinco objetivos mensurables propuestos por la Comisión para la Estrategia Europa 2020, figura la lucha contra la pobreza, que hace que este informe sea de máxima actualidad, especialmente en cuanto a políticas de género en vista de la crisis financiera y económica que está abatiendo a Europa.

La vulnerabilidad real de la mujer la expone a un mayor riesgo de pobreza y exclusión social y, por lo tanto, de aislamiento, por lo que corresponde a la institución que representamos la puesta en marcha de las estrategias y programas específicos mencionados en el informe de la señora Plumb.

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe. Todos los indicadores demuestran que, por término medio, las mujeres son más pobres que los hombres a nivel global. En tiempos de recesión económica, las personas que corren el riesgo de encontrarse en situación de pobreza se vuelven más vulnerables y la mayor parte de estas personas son mujeres. El informe reconoce que las medidas de austeridad que se están aplicando en toda la UE tendrán efectos particularmente devastadores para las mujeres, sobre todo para aquellas que ya afrontan numerosas desventajas. Las pensiones de gran parte de las mujeres europeas mayores de 65 años son una miseria.

La pobreza femenina no es tan solo el resultado de la reciente crisis económica, sino que también es consecuencia de otros factores causados por los estereotipos de género, la diferencia de retribución entre hombres y mujeres y los obstáculos para la adecuada conciliación de la vida familiar y laboral, que es especialmente grave en el caso de las familias monoparentales. Esto da lugar a la «feminización de la pobreza», que es necesario que se combata con urgencia.

  Véronique Mathieu (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor de este informe porque me resulta muy difícil aceptar que el 17 % de las mujeres todavía vivan por debajo del umbral de la pobreza en Europa. La crisis económica sin precedentes que acaba de golpear a la Unión Europea solo ha servido para empeorar esta triste situación. Por lo tanto, ha llegado la hora de destacar la importancia de este problema y adoptar un paquete de medidas para combatir este azote. La Unión Europea y sus Estados miembros deben poner fin a la pobreza y la exclusión social de las mujeres en Europa, en concreto, garantizándoles acceso a una educación y empleos de calidad, ayudándoles a hallar un equilibrio entre la vida familiar y la laboral y ayudándoles a luchar contra la violencia de las que ellas, lamentablemente, son víctimas con demasiada frecuencia. Por eso apoyo este informe de propia iniciativa, que pone de relieve uno de los fracasos de nuestras modernas democracias: la discriminación de la mujer.

  Erminia Mazzoni (PPE), por escrito. – (IT) La pobreza y la igualdad son dos variables inversas en una proyección económica. Las medidas destinadas a conseguir la plena actividad de las mujeres también producen una reducción de la pobreza general.

En Europa, más del 17 % de la población femenina vive en situación de pobreza. La crisis económica y financiera ha influido —y puede influir aún más— en estos datos, que ya son estremecedores. La lucha contra la pobreza no siempre se integra en las políticas de género y esto debilita su importancia El trabajo de las comisiones pertinentes subraya la importancia de tener en cuenta estas conexiones y, en consecuencia, analizar las medidas posibles. Estas medidas están convenientemente incluidas en la Estrategia UE 2020, que define la pobreza como uno de sus cinco objetivos mensurables.

Partiendo de tres dimensiones de la pobreza —de género, generacional y geográfica— el informe de la señora Plumb revela su extraordinaria solidez y especialmente su innovación al planificar un proceso que anticipe la adopción de medidas de austeridad para combatir los efectos de la crisis. En este sentido, están bien formulados los siete ámbitos de interés para facilitar el necesario enfoque sistemático esbozado en el informe.

El carácter positivo de la propuesta no puede dejar impasibles a la Comisión, el Consejo ni los Estados miembros y espero una respuesta bien coordinada por su parte.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La pobreza de las mujeres es un problema realmente grave que la UE debe resolver. La situación de crisis que estamos afrontando no ayuda a tratar este grave problema, pero tenemos que hacer un esfuerzo adicional para resolverlo. Ya que la lucha contra la pobreza es uno de los principales objetivos de la Estrategia Europa 2020, se debe hacer todo lo posible por lograrlo, concretamente en lo que se refiere a las mujeres, sobre todo las mujeres más desfavorecidas y las de mayor edad. Por lo tanto, se necesitan políticas de protección social y laboral que se ocupen de encontrar soluciones para que las mujeres puedan conciliar la vida familiar y el trabajo. También es necesario dialogar con los interlocutores sociales y la sociedad civil para lograr una sociedad más justa y sin diferencias.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − (ES) Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, he votado a favor de este informe porque la prevención y reducción de la pobreza en la que viven las mujeres es un elemento importante del principio fundamental de solidaridad social a que se ha comprometido la Unión Europea.

La pobreza femenina no es solamente el resultado de la reciente crisis económica, sino la consecuencia de diversos factores, como los estereotipos, las diferencias de sueldo existentes entre hombres y mujeres, los obstáculos creados por la falta de conciliación de la vida familiar y laboral, la mayor esperanza de vida de las mujeres y, en general, las distintas formas de discriminación por razón de género, que afectan principalmente a las mujeres.

El informe insta a los Estados miembros de la UE a poner en marcha mecanismos para luchar contra la pobreza que tiene rostro de mujer, por eso he votado a favor del texto.

  Louis Michel (ALDE), por escrito. – (FR) Aunque la pobreza femenina es una triste realidad existente desde hace muchos años, la crisis financiera y social ha empeorado mucho esta situación y somos testigos de la feminización de la pobreza. La pobreza es un ámbito donde persisten las diferencias entre hombres y mujeres. La participación de la mujer en el mercado laboral es un modo de luchar contra la pobreza y la exclusión social. Asimismo, cabe destacar que debemos fomentar, al mismo tiempo, la igualdad de retribución entre hombres y mujeres, la igualdad de acceso a cargos de responsabilidad y también la concesión de derechos personales a las pensiones y la seguridad social. La violencia contra las mujeres, incluidas la trata de seres humanos y la explotación sexual, es un grave problema que debemos erradicar de todas las formas posibles.

Este tipo de violencia es, con demasiada frecuencia, una de las causas de la pobreza femenina, después de los problemas de salud y la pérdida de empleo. Tanto a nivel europeo como nacional, debemos mantener un compromiso sólido con la igualdad de género y la lucha contra la exclusión social a través de medidas específicas y permanentes respaldadas por los recursos financieros adecuados.

  Miroslav Mikolášik (PPE), por escrito. – (SK) El problema de la pobreza en Europa es un fenómeno negativo persistente que afecta a muchos europeos y, en especial, a las mujeres.

Según las últimas encuestas, cada vez hay más mujeres en situación de necesidad y hasta un 17 % de ellas vive por debajo del umbral de la pobreza. La situación de la mujer en Europa sigue siendo insatisfactoria e incluso se está deteriorando debido a la crisis económica y la reestructuración del sector público, que antes de la crisis contrataba a la mayoría de las mujeres.

En el marco de la Estrategia UE 2020, cuya finalidad principal es la reducción de la pobreza en un 25 %, considero que se debería llevar a cabo un mayor esfuerzo para buscar y desarrollar soluciones específicas relativas a la cuestión de la pobreza femenina. Me gustaría destacar la contribución inestimable de las mujeres al desarrollo saludable de la familia y la crianza de los hijos, lo cual no debe verse perjudicado por la discriminación de la mujer, ya que este fenómeno indeseable también repercute mucho en la propia sociedad.

Por lo tanto, apoyo las iniciativas que dan lugar a la reducción de diferencias injustificables y a una mejora de la posición de las mujeres en la sociedad, no solamente en el marco legislativo, sino también en la vida cotidiana.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – (EN) He examinado atentamente este informe. Me gustaría destacar las principales orientaciones en la lucha contra la pobreza de las mujeres: la lucha contra la pobreza de las mujeres mediante políticas de empleo y protección social; la importancia del diálogo social y la sociedad civil en la lucha contra la pobreza de las mujeres; y la importancia de la ayuda financiera en la lucha contra la pobreza. Es muy importante que hoy, 8 de marzo, el Parlamento apruebe estas resoluciones importantes, ¡que traen un atisbo de esperanza para superar la injusticia! He votado a favor.

  Elisabeth Morin-Chartier (PPE), por escrito. – (FR) Apoyo el informe sobre el rostro de la pobreza femenina en la Unión Europea, puesto que demuestra hasta qué punto las mujeres son las primeras víctimas de la pobreza. Insto a Europa a tomar medidas prácticas para reducir la diferencia de retribución entre hombres y mujeres.

¿Durante cuánto tiempo tendremos que seguir aceptando que las mujeres cobren menos que los hombres? ¿Por qué la mujer tiene que trabajar cinco años para ganar lo que un hombre gana en cuatro y, sobre todo, por qué tiene que acabar siendo más pobre con la excusa de que ha criado a sus hijos?

Esta no es la sociedad que me gustaría dejar a mis hijos y nietos. Las incertidumbres de la vida laboral de las mujeres es una carga excesiva para ellas, especialmente cuando llegan a la edad de la jubilación. Europa debe tener cuidado de no fomentar aún más el empobrecimiento de las mujeres mediante la promoción de una verdadera política de igualdad de remuneración.

  Cristiana Muscardini (PPE), por escrito. – (IT) Me sorprende especialmente la pobreza de las mujeres mayores que se encuentran solas. Ellas han trabajado toda la vida, han contribuido a cuidar de una familia; si han trabajado, reciben pensiones inadecuadas, y si solamente reciben una pensión estatal, todavía es peor.

Los sistemas de pensiones no han sido muy generosos con ellas. Quizá ellas interrumpieron su carrera profesional para criar a los hijos y el trabajo a tiempo parcial ha reducido sus ingresos durante toda su vida laboral. Es posible que hayan tenido que ayudar a familiares enfermos, mayores o discapacitados y la asistencia social no fuera suficiente. Por supuesto que esta situación no es envidiable.

Con la ayuda del Fondo Social Europeo, debemos establecer programas que ofrezcan asistencia y apoyo. Los Gobiernos locales —bien directamente o a través de organizaciones no gubernamentales— deberían asumir la responsabilidad de estas cuestiones y colaborar con las regiones para centrarse mejor en sus cuotas procedentes de los Fondos Estructurales. La lucha contra la pobreza no debería quedarse en los escritorios de las oficinas de estadística, sino que debería bajar al nivel administrativo más cercano a las mujeres que la necesitan.

En Europa todavía hay demasiadas mujeres con un salario inferior al de los hombres, buscando trabajo y servicios que les puedan ayudar a criar a sus hijos, demasiadas mujeres son víctimas de violencia, demasiadas niñas inmigrantes sufren la mutilación genital y hay demasiadas mujeres solas, ancianas y olvidadas.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) La pobreza femenina es un problema trágico, especialmente en los países en desarrollo. No obstante, el enfoque indirecto adoptado en este informe no debería usarse como un modo de suavizar las políticas de inmigración de los Estados miembros. Por eso he votado en contra de este informe.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) La Unión Europea debe adoptar una posición clara y tener planes que se puedan llevar a cabo para luchar contra la crisis económica. En este caso se trata de proteger a las mujeres frente al riesgo de la pobreza, impidiendo que sigan siendo una parte básicamente más vulnerable de la sociedad que los hombres y, por tanto, menos capaces de responder a la crisis laboral. Para lograr el objetivo de la Estrategia Europa 2020 sobre la lucha contra la pobreza, debemos garantizar que las mujeres dispongan de más recursos, mejores políticas laborales, un aumento de los recursos procedentes del Fondo Social Europeo y la posibilidad de lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida privada sin tener que renunciar a su papel como madres. No obstante, como ya he dicho sobre otros informes que se han votado hoy, creo que cuando se aplican estas recomendaciones es apropiado respetar el principio de subsidiariedad y determinadas características nacionales típicas que deben defenderse y protegerse.

  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. – (EL) He votado a favor del informe sobre la pobreza femenina en la Unión Europea. En el actual periodo de crisis económica, las medidas de austeridad que se están aplicando también tienen consecuencias perjudiciales para la mujer, que la sitúan en desventaja en el mercado laboral. En Grecia, el riesgo de pobreza en el trabajo para las mujeres es del 10 %, muy superior al de los hombres, mientras que en Europa, la pobreza femenina es del 36 %, frente al 11 % en el caso de los hombres. El objetivo básico es eliminar la diferencia de retribución entre ambos sexos y las desigualdades que esta provoca y adoptar medidas para apoyar a las madres solteras trabajadoras haciendo que los horarios de trabajo sean más flexibles. Se pide a los Estados miembros que creen nuevos puestos de trabajo para las mujeres, siempre que sea posible, y que les faciliten acceso a la educación superior para que puedan adquirir aptitudes y cualificaciones profesionales y reclamen empleos de gran calidad.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) Se han realizado suficientes estudios y disponemos de datos lo bastante rigurosos para afirmar categóricamente que, en términos generales, la pobreza afecta en primer lugar y con más intensidad a la mujer en todas las sociedades, desde las más ricas —sin que hasta ahora ninguna sociedad haya sido capaz de eliminar la pobreza con éxito— hasta las más pobres, en las cuales la pobreza se propaga como una enfermedad contagiosa que roba la esperanza de vida y también las expectativas. No obstante, precisamos de un conocimiento más profundo y específico de esta realidad en los diversos Estados miembros de la Unión Europea para actuar de una forma más adaptada y eficaz, con miras a alcanzar el objetivo común de prevenir y reducir la pobreza de las mujeres. Conviene destacar la pobreza femenina en la medida en que también disponemos de indicaciones generales concretas que apuntan a su gran impacto en el tejido social de la comunidad: debido al papel permanente y fundamental de las mujeres en la familia, se ha demostrado que cuanto más se invierte en la educación y la promoción social de las mujeres, mayor es el desarrollo socioeconómico de la comunidad. Luchar contra la pobreza de las mujeres es una obligación moral, pero también una inversión social. Por estas razones, he votado a favor de este informe sobre el rostro de la pobreza femenina en la Unión Europea.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (EN) La UE se enfrenta a una importante crisis económica, financiera y social que nos afecta a todos, hombres y mujeres. Pero perjudica especialmente a las mujeres, tanto en el mercado laboral como en su vida privada, puesto que hay más probabilidades de que realicen trabajos precarios, sean despedidas y cuenten con menor cobertura de los sistemas de protección social. Las medidas de austeridad que se están aplicando en la UE tienen efectos particularmente negativos para las mujeres, cuya presencia en el sector público es predominante tanto como empleadas como beneficiarias de los diferentes servicios. La prevención y reducción de la pobreza en la que viven las mujeres es un elemento importante del principio fundamental de solidaridad social a que se ha comprometido la Unión Europea, tal como se prevé en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea. Esto implica la igualdad entre mujeres y hombres, la justicia y la protección sociales y la lucha contra la exclusión social y la discriminación. La Comisión y los Estados miembros deberían adoptar las medidas necesarias para acabar con las desigualdades de género en el empleo, como parte de la Estrategia Europa 2020. Abogo firmemente por que se fije un objetivo de reducción de la diferencia salarial entre mujeres y hombres del 1 % por año, con vistas a lograr una reducción del 10 % de aquí a 2020. También quisiera destacar la necesidad de acciones positivas para aumentar la participación de las mujeres en los órganos políticos, económicos y empresariales de toma de decisiones.

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe. Todos los indicadores demuestran que, por término medio, las mujeres son más pobres que los hombres a nivel global. En tiempos de recesión económica, las personas que corren el riesgo de encontrarse en situación de pobreza se vuelven más vulnerables incluso y la mayor parte de estas personas son mujeres. El informe reconoce que las medidas de austeridad que se están aplicando en toda la UE tendrán efectos particularmente devastadores para las mujeres, sobre todo para aquellas que ya afrontan numerosas desventajas. Las pensiones de gran parte de las mujeres europeas mayores de 65 años son una miseria. La pobreza femenina no es tan solo el resultado de la reciente crisis económica, sino que también es consecuencia de otros factores causados por los estereotipos de género, la diferencia de retribución entre hombres y mujeres y los obstáculos para la adecuada conciliación de la vida familiar y laboral, que es especialmente grave en el caso de las familias monoparentales. Esto da lugar a la «feminización de la pobreza», que es necesario que se combata con urgencia.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – (EN) El informe Plumb de la Comisión FEMM se aprobó por mayoría. Hemos apoyado muchos apartados para los que los Grupos S&D, PPE y ALDE solicitaron una votación separada. Estos apartados eran principalmente repeticiones. El resultado final también nos parece bien. Es positivo porque se aprobaron las medidas siguientes: eliminar las desigualdades de género en la Estrategia UE 2020 (apartado 38); garantizar la integridad del salario durante el permiso por maternidad como se aprobó en el informe Estrela el 20 de octubre de 2010 (apartado 39); y aumentar la participación de las mujeres en los órganos políticos, económicos y empresariales de toma de decisiones. También deberían ser compatibles con horarios laborales a tiempo completo los servicios públicos de calidad (apartado 43). Pero el resultado también es negativo debido a que no se aprobó la dimensión de género en los planes de recuperación (apartado 15).

  Joanna Senyszyn (S&D), por escrito. – (PL) He dado mi apoyo al informe sobre la pobreza femenina en la Unión Europea. Durante los últimos diez años, el número de mujeres que viven en situación de pobreza ha aumentando de forma desproporcionada con respecto a los hombres. Más de 84 millones de ciudadanos europeos viven en situación de pobreza y las mujeres representan más de la mitad de esta cifra. Esto se debe tanto a la crisis económica como a las diferencias de retribución que existen entre hombres y mujeres, a las dificultades para conciliar la vida familiar y la laboral, a una mayor esperanza de vida y a diversos tipos de discriminación por razón de sexo, cuyas víctimas son principalmente las mujeres. Me gustaría pedir que se tomen medidas decisivas, tanto a nivel comunitario como a nivel nacional, para luchar contra la discriminación salarial y para garantizar el acceso a ofertas de trabajo convenientes. Quisiera destacar la necesidad de fortalecer los instrumentos jurídicos destinados a eliminar las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Continúan existiendo notables discrepancias a este respecto, ya que los hombres cobran de media entre un 20 % y un 25 % más que las mujeres y esto da lugar a elevados niveles de pobreza entre las mujeres solteras, jubiladas y viudas. Es esencial que se adopten programas comunitarios en el marco de la Estrategia Europa 2020 en el ámbito de la formación permanente y la formación profesional para mujeres, con el objetivo de aumentar los niveles de empleo entre las mujeres. Estos programas deberían centrarse, en gran medida, en profesiones que serán importantes en el futuro y eliminar los estereotipos existentes con respecto a campos de educación dominados por el hombre o la mujer, así como eliminar los modelos tradicionales en los programas de enseñanza.

  Bogusław Sonik (PPE), por escrito. – (PL) La feminización de la pobreza es un fenómeno que se percibe y se encuentra cada vez con más frecuencia tanto en Europa como fuera de sus fronteras y se debe, entre otros factores, a la edad, las responsabilidades familiares, el origen étnico y la violencia contra la mujer. El alto porcentaje de mujeres empleadas en trabajos con salarios bajos o de tiempo parcial significa que hay más mujeres que hombres que viven en el umbral de la pobreza.

Se debería aumentar la investigación de este fenómeno a nivel europeo, ya que la investigación permitirá que se establezcan métodos precisos y eficaces para luchar contra la pobreza y la exclusión social de las mujeres. El método básico empleado para ayudar a la mujer a salir de la pobreza debería ser la inclusión de un objetivo correspondiente en la política de empleo (métodos de empleo flexibles, orientación profesional, garantizar la oferta de formación para obtener mejores cualificaciones y medidas destinadas a las mujeres que residen en zonas rurales).

La educación también desempeña un papel importante en la lucha contra este problema. Se debería explotar el potencial financiero de la UE para este fin y, en particular, se debería prestar especial atención a vincular las cuestiones de género a los planes para la actual crisis económica y aplicar con eficacia la Estrategia Europa 2020. Las medidas comunitarias en este ámbito deberían ser una expresión de solidaridad social.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – (EN) Apoyo este informe que reconoce que en toda la UE la pobreza afecta más a las mujeres y que debemos trabajar juntos para hacer frente a este problema. Me ha decepcionado que, de nuevo, los conservadores británicos se opusieran a este informe en el centenario del Día Internacional de la Mujer.

  Niki Tzavela (EFD), por escrito. – (EL) La lucha contra la pobreza es uno de los objetivos propuestos por la Estrategia Europa 2020. La pobreza femenina se debe, en gran medida, a la discriminación de la mujer. La recesión actual ha mermado su posición en la sociedad, ha aumentado la discriminación de las mujeres y las ha arrastrado a la pobreza. La señora Plumb, en su informe sobre la pobreza femenina en la Unión Europea, ha intentado hallar soluciones eficaces para mejorar la situación de las mujeres en la sociedad en su conjunto, por este motivo he votado a favor.

  Derek Vaughan (S&D), por escrito. – (EN) Las mujeres en la UE ganan de media un 17,5 % menos que los hombres y esta proporción se ha mantenido constante durante los últimos 15 años; es hora de que se actúe para atajar esta diferencia salarial. Se debe aplicar correctamente la igualdad de retribución por un trabajo de igual valor en los Estados miembros para que las mujeres consigan un trato justo. Es fundamental que observemos el efecto que tiene la diferencia salarial entre hombres y mujeres en las pensiones de las mujeres; en muchos casos, el derecho de la mujer a una pensión es consecuencia de su estado civil. Se debe garantizar la igualdad de pensiones para las mujeres y por este motivo he apoyado la propuesta de garantizar los mismos derechos a las mujeres en el caso de las pensiones y la seguridad social. Alrededor del 17 % de las mujeres de la UE vive por debajo del umbral de la pobreza y es esencial que se adopten políticas sociales y del mercado laboral que garanticen unos ingresos mínimos y justicia social para las mujeres. Estoy de acuerdo con que se inste a la UE a proporcionar más financiación del Fondo Social Europeo con el fin de ayudar a luchar contra la pobreza y la exclusión social; es vital que las mujeres estén plenamente integradas en el mercado laboral.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) He votado a favor del informe sobre el rostro de la pobreza femenina en la Unión Europea. El informe anual de la Comisión para 2010 sobre la igualdad entre hombres y mujeres demuestra que la pobreza es uno de los ámbitos en los que las diferencias específicas en materia de género son obvias. La crisis económica, financiera y social ha conducido a la «feminización de la pobreza». Los sucesivos recortes presupuestarios y la reestructuración del sector público han amenazado en especial los puestos de trabajo en los que, principalmente, están empleadas las mujeres. Al mismo tiempo, las medidas respaldadas por los gobiernos para hacer frente a la crisis se han centrado, sobre todo, en esferas de la economía dominadas por los hombres. El análisis del fenómeno de la «feminización de la pobreza» que exige la ponente, por lo tanto, se necesita con urgencia para poder adoptar las medidas pertinentes.

Informes: Mariya Nedelcheva (A7-0029/2011) y Rovana Plumb (A7-0031/2011)

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) Las dos resoluciones presentadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Mujer e Igualdad de Género y debatidas en el centenario del Día Internacional de la Mujer indican que el Parlamento promueve y apoya la igualdad de trato entre hombres y mujeres. El Presidente de la Asamblea Legislativa, de hecho, comentó que hay muy pocas mujeres en los parlamentos nacionales, aunque la situación cambia cuando se trata del Parlamento Europeo. Puedo confirmar que esto también es así en Rumanía, que ha destinado una gran proporción de mujeres al órgano legislativo europeo en comparación con la representación que tienen las mujeres en su parlamento nacional. No obstante, dejando a un lado esta situación, que se puede considerar solamente como la punta del iceberg, es necesario eliminar la diferencia de retribución entre hombres y mujeres, designar más mujeres para puestos de toma de decisiones e incrementar el nivel de empleo entre las mujeres, ya que les afecta más el desempleo, mediante políticas dinámicas y realistas. Los análisis demuestran que no solo hablamos de la necesidad de igualdad de trato para hombres y mujeres, sino de que estas políticas tendrían mayor repercusión en las economías, con un incremento del 30 % del PIB. La diferencia salarial media entre hombres y mujeres en la UE todavía representa el 18 %. Soy partidario del llamamiento realizado a los Estados miembros para que apliquen la legislación de igualdad de retribución entre hombres y mujeres.