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Procedimiento : 2011/2644(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

B7-0224/2011

Debates :

PV 23/03/2011 - 17
CRE 23/03/2011 - 17

Votaciones :

PV 24/03/2011 - 6.15
Explicaciones de voto
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P7_TA(2011)0118

Debates
Jueves 24 de marzo de 2011 - Bruselas Edición DO

7. Explicaciones de voto
Vídeo de las intervenciones
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  Presidente. – De conformidad con el orden del día, se procede a la votación.

 
  
  

Informe: Elmar Brok, Roberto Gualtieri (A7-0052/2011)

 
  
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  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Señor Presidente, inherente a la noción del trabajo conjunto de Europa está la idea de que, en principio, la zona del euro solo puede ir en dos direcciones: puede hacerse más fuerte o desintegrarse. En la actual situación económica, se necesita una respuesta política decisiva y práctica. Apoyo la creación del mecanismo de estabilidad y por ello también he dado mi apoyo al informe, que prepara el camino para un marco jurídico que permita la creación de este mecanismo.

 
  
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  Marian Harkin (ALDE). - (EN) Señor Presidente, ayer votamos sobre el mecanismo de estabilidad permanente y lo suspendimos. La enmienda 33, que habría dado al fondo la capacidad de adquirir bonos en los mercados secundarios, fue rechazada. El Parlamento, al igual que el Consejo Europeo hasta ahora, se ha negado a tomar las decisiones difíciles. Sí, son decisiones difíciles, pero estas decisiones determinarán el futuro o el fracaso de la zona del euro.

Tenemos la cabeza bajo tierra, como el avestruz. No tenemos simplemente una crisis monetaria; tenemos una crisis bancaria y tenemos una crisis de deuda soberana. Y todavía insistimos en poner tiritas sobre heridas profundas.

Mi propio país, Irlanda, está cargando con una deuda intolerable, todo porque los bancos alemanes, franceses, irlandeses y británicos, entre otros —junto con una regulación laxa y una supervisión inexistente— actuaron como casinos. La deuda incobrable se ha convertido en la deuda de los ciudadanos. No diré deuda soberana, es la deuda de los ciudadanos. Todo esto ha pasado ante las narices del Banco Central Europeo, con tipos de interés que eran totalmente inapropiados. Se espera que los ciudadanos irlandeses hagan frente a todo esto. Nadie está preparado para afrontar la realidad. La deuda es insostenible. Hemos intentado ganar tiempo con planes de rescate, pero lo que necesitamos es una reestructuración de gran calado.

 
  
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  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - (FI) Señor Presidente, la creación de un mecanismo permanente de gestión de crisis para Europa está justificado en el caso de futuras crisis económicas y financieras. Nadie quiere las crisis, pero es muy probable que sucedan y necesitamos prepararnos para lo peor.

Es desafortunado que esté previsto establecer este mecanismo de gestión de crisis fuera de las instituciones comunitarias. El mecanismo ahora debería acercarse todo lo posible a las instituciones de la UE. También es importante y positivo que el Reino Unido y Suecia, países que no pertenecen a la zona del euro, puedan participar en este mecanismo.

Apoyo los intentos de intensificar la coordinación de políticas económicas en Europa y la noción de que, si ha de haber sanciones, que la Comisión decida al respecto y se apliquen automáticamente y no se conviertan en objeto de discusiones o «regateo».

 
  
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  Daniel Hannan (ECR). - (EN) Señor Presidente, pensaba que tras doce años en esta Cámara ya nada podría desconcertarme nunca más, pero me impactó el tono en el que el señor Brok presentó ayer su informe. Lo que me sorprendió no fue la arrogancia o la desconexión de la realidad, ni siquiera el desprecio hacia la opinión pública, sino el descaro. Dijo explícitamente que hemos tenido que evitar el habitual procedimiento de revisión del Tratado porque, de lo contrario, ¡podría haber provocado un referéndum en algunos Estados miembros! Ahí pueden ver al descubierto el desprecio hacia los votantes que ahora muestran habitualmente las élites de Europa.

La opinión pública es tratada no como una razón para cambiar de dirección, sino como un obstáculo que se ha de superar. No puedo evitar recordar las palabras de campesino del señor Brok a raíz del levantamiento en Berlín Este. ¿No sería más sencillo disolver al pueblo y elegir otro en su lugar?

 
  
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  Syed Kamall (ECR). - (EN) Señor Presidente, uno de los problemas inherentes de una moneda única que cuenta con distintos Estados miembros, con ciclos económicos a ritmos diferentes, es que no tiene sentido tener un conjunto de tipos de interés si se tienen distintas decisiones sobre los gastos. Evidentemente se han empezado a sentir las consecuencias de esto, porque podemos ver los problemas en los que se encuentra la zona del euro. Además, los gobiernos tienen que entender que no pueden gastar más dinero del que ingresan. Cuando los gobiernos hacen eso y falsifican las cuentas, o no cumplen las funciones de gobernanza económica y disciplina económica, los demás se ven en problemas.

Sin duda, queremos una zona del euro fuerte, especialmente en el caso de aquellos miembros que no pertenecemos a la zona del euro. Queremos seguir comerciando con países de la zona del euro. Un euro más débil no nos beneficia. Sin embargo, al mismo tiempo, tenemos que dejar bien claro que los países de la zona del euro deberían luchar contra sus propios problemas ellos mismos y no depender de los demás. Les deseo suerte en la zona del euro, pero por favor aprendan la lección de no gastar más dinero del que ganan.

 
  
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  Ashley Fox (ECR). - (EN) Señor Presidente, quiero dejar claro en nombre del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos que estamos a favor del Mecanismo Europeo de Estabilidad que se ha creado, pero hemos votado en contra del informe Brok/Gualtieri porque esa opinión no estaba en consonancia con las conclusiones alcanzadas por el Consejo.

Lo que el informe Brok/Gualtieri quería era que el Parlamento Europeo y la Comisión realmente interfirieran en un mecanismo intergubernamental. Es totalmente apropiado que este mecanismo sea intergubernamental debido a las enormes sumas de dinero que se le están asignando. Los ministros nacionales son responsables ante sus parlamentos nacionales: esa es la línea correcta de responsabilidad. Detrás de toda la crisis del euro, por supuesto que no hay ningún problema con el euro, sino un problema con los gobiernos que están gastando demasiado dinero de sus contribuyentes.

 
  
  

Informe: Artur Zasada (A7-0046/2011)

 
  
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  Syed Kamall (ECR). - (EN) Señor Presidente, apoyo la celebración de la segunda fase del Acuerdo de cielos abiertos entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Creo que representa un avance, pero obviamente entre nosotros hay quienes querrían más liberalización y un distanciamiento del proteccionismo que todavía dificulta este sector de muchas formas. Me gustaría que los Estados Unidos eliminaran sus obstáculos y sus restricciones a la propiedad extranjera y creo que los pasajeros de todo el mundo se beneficiarían de más acuerdos de cielos abiertos.

También felicito a la ponente alternativa del Grupo ECR, Jackie Foster, que es una experta en este campo y que ha trabajado en el ámbito del transporte aéreo y en la Comisión de Transportes. No obstante, considero muy importante que sigamos presionando para que se produzca aún más liberalización, no solo en el acuerdo entre la UE y los Estados Unidos, sino también en los mercados emergentes de Asia, así que me alegro del avance de hoy con respecto a la conformidad sobre el Acuerdo entre la UE y Vietnam. Ojalá continuemos teniendo mejor acceso a los mercados emergentes del mundo durante mucho tiempo.

 
  
  

Informe: Francesca Balzani (A7-0058/2011)

 
  
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  Francesco De Angelis (S&D).(IT) Señor Presidente, Señorías, en primer lugar, me gustaría agradecer a la ponente, la señora Balzani, el excelente trabajo que ha realizado. Pasando al fondo de la cuestión, hay cuatro ideas en este informe de propia iniciativa que creo que son cruciales.

La primera, en términos generales, es la referencia explícita al presupuesto de la Unión Europea y su carácter redistributivo, que son las piezas clave de la solidaridad europea. La segunda, en términos específicos, reafirma el principio de que los compromisos pendientes —que son especialmente elevados en el sector de la cohesión— deberían cumplirse y no, como sugiere el Consejo, simplemente recortarse. La tercera plantea algunas dudas —de un modo totalmente razonable en mi opinión— en cuanto a la eficacia del criterio de un cálculo aproximado que se basa en el funcionamiento durante el año anterior. La cuarta insta a la Comisión a formular propuestas para la creación de nuevos recursos y, en particular, los nuevos recursos deben estar destinados a luchar contra las persistentes consecuencias de la crisis mediante un compromiso firme y efectivo con las políticas de innovación, investigación y crecimiento en términos económicos, productivos y de empleo en toda Europa.

 
  
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  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Señor Presidente, Señorías, en un momento tan importante como este, un documento como el que hemos aprobado hoy ciertamente se basa en criterios razonables y de sentido común. El apoyo a la Estrategia 2020 es, sin duda, no solo una señal de credibilidad sino también de coherencia en las acciones del Parlamento. No obstante, varios criterios y orientaciones importantes se deben reforzar aún más mediante una lista que ponga de manifiesto las prioridades de las intervenciones.

Hoy en día, en un momento tan delicado en el que las dificultades en el Mediterráneo en particular, pero también en Japón, están directamente relacionadas con una situación cambiante, se necesita un Parlamento fidedigno y creíble, además de respuestas que contribuyan a impulsar el crecimiento, la competitividad y la sostenibilidad inteligente en las medidas que es necesario llevar a cabo.

 
  
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  Mario Borghezio (EFD).(IT) Señor Presidente, Señorías, pienso que en este momento tan delicado para las finanzas de los Estados miembros de Europa, como se ha dicho hace poco, me gustaría hacer sonar la alarma sobre un gasto que se está discutiendo en la Comisión de Presupuestos: el sorprendente caso de los grandes gastos asignados a la Casa de la Historia Europea. Creo que sería una vergüenza que se aprobara.

Ya tenemos el edificio Eastman, pero se han asignado entre 26 y 31 millones de euros simplemente para costes de renovación, además de 3,3 millones de euros solamente para los planes. Los costes fijos ascienden a más de 3 millones de euros mientras que los costes variables llegan a 3,2 millones de euros, además de 3,2 millones de euros para un personal cualificado de 50 personas, 2 millones de euros para seguridad y a continuación se necesitarán 13,45 millones de euros simplemente para gestionarlo. Creo que deberíamos dar ejemplo de prudencia en cuanto al gasto a través de nuestras instituciones. No obstante, esto sería una vergüenza.

 
  
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  Peter Jahr (PPE).(DE) Señor Presidente, me gustaría hacer tres observaciones, si me lo permiten, con respecto a las orientaciones generales para la preparación del presupuesto 2012. En primer lugar, pienso que es positivo que estemos debatiendo el presupuesto 2012 con anticipación, porque —en segundo lugar— no queremos otra calamidad como la que se produjo entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en relación con el presupuesto 2011. En tercer lugar, me enorgullece especialmente que no sea necesario que el presupuesto europeo llegue a endeudarse. Creo que debería seguir siendo así.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0265/2011)

 
  
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  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Señor Presidente, no hay duda de que la inmigración legal tiene un gran papel que en la promoción del desarrollo económico europeo y el refuerzo de la competitividad. No obstante, en esto hay un problema recurrente y es la ausencia de un firme estatuto jurídico para inmigrantes y, en consecuencia, la posibilidad de que sufran discriminación. No es normal tener una situación en la que, en el siglo XXI, todavía seamos testigos de incidentes que básicamente implican la esclavitud. Todas las personas deben ser tratadas de igual modo en el mercado laboral. Este informe incluyó las disposiciones de las que actualmente carece nuestro marco normativo y por eso apoyé la creación de un marco jurídico en este ámbito, algo que considero muy importante.

 
  
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  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Señor Presidente, Señorías, la simplificación administrativa y la facilitación del acceso a la información pertinente son los instrumentos correctos para hacer que el mercado laboral europeo sea más atractivo para los trabajadores de terceros países.

Introducir un único procedimiento nacional de solicitud que conduzca, en un solo acto administrativo, a la concesión de un título combinado de residencia y permiso de trabajo contribuirá a simplificar y armonizar las normas actualmente aplicables en los Estados miembros. Esto contribuirá a que tanto los migrantes como sus empleadores dispongan de un procedimiento más transparente y eficaz, mientras que, al mismo tiempo, facilitará el control de la legalidad de la residencia y el empleo de los migrantes. El procedimiento único de solicitud también significará que la diferencia en cuanto a derechos entre los ciudadanos de la UE y los ciudadanos de terceros países también pueda reducirse. Por eso he votado a favor del informe de la señora Mathieu.

 
  
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  Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Señor Presidente, he votado en contra del proyecto de Directiva que se ha aprobado. Considero importante aplicar un procedimiento único para tramitar los permisos de trabajo y los de residencia. Asimismo, es esencial intentar crear un único conjunto de derechos para los nacionales de terceros países que residan y trabajen legalmente en cualquiera de los Estados miembros de la UE.

Sin duda, también es necesario disponer de seguridad jurídica y transparencia en relación con las decisiones adoptadas por los organismos nacionales competentes cuando se tramitan estas solicitudes. Puesto que tienen una influencia considerable en la vida de estas personas, deberían evaluarse con la máxima objetividad posible.

La igualdad de trato debería garantizarse en todas las esferas de las prestaciones sociales y sus derechos deberían defenderse en la legislación. Dado que estos cambios no se incorporaron a la Directiva sobre la migración económica, creo que no fue correcto que los partidos de la derecha la aprobaran.

 
  
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  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Señor Presidente, en primer lugar, el hecho de que este permiso único prometa los mismos derechos y el mismo trato a los trabajadores extranjeros es un buen punto de partida. Tenemos que garantizar que los derechos humanos se aplican en la Unión Europea, de tal manera que los trabajadores que vengan de terceros países también reciban el mismo salario y los mismos niveles de seguridad social, y que disfruten de las mismas condiciones de empleo que los demás empleados. Obviamente esta es una consideración básica.

Me preocupa bastante una cuestión relativa al informe, aunque no he votado a su favor. Se trata del ámbito de aplicación del artículo 3, que todavía no cubre a los trabajadores desplazados o temporeros o los trasladados dentro de una empresa desde terceros países. Cabe esperar que se logren progresos a este respecto, así que a todos se les considerará igualmente en este paquete de permiso único. El principio de ventanilla única es un aspecto positivo: la idea de que todos puedan solicitar este permiso en un lugar y que ya no tengan que ir de aquí para allá por la burocracia.

 
  
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  Peter Jahr (PPE).(DE) Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con aquellos diputados que dicen que debemos asegurar la igualdad de trato para los trabajadores procedentes de terceros países que han trabajado en la UE durante más de un año. También estoy de acuerdo en que los trabajadores que han trabajado en la Unión Europea durante menos de seis meses no deben recibir igualdad de trato con respecto a las prestaciones familiares y el subsidio de desempleo. No obstante, estoy muy de acuerdo —y me gustaría insistir en esto de nuevo— con que estos grupos estén asegurados contra accidentes y enfermedad. En tercer lugar, creo que las prestaciones de vejez son un componente de los salarios de una persona y, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 883/2004, debería ser posible transferirlos según las normas de los Estados miembros, siempre y cuando esto solo suceda si el tercer país también está de acuerdo en que esto se haga y si realmente los transfiere.

 
  
  

Informe: Francesca Balzani (A7-0058/2011)

 
  
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  Ashley Fox (ECR). - (EN) Señor Presidente, me complace que comencemos nuestros preparativos para el presupuesto 2012 tan pronto. Esto permite que se tengan debidamente en consideración las cuestiones oportunas. Uno de los asuntos del que hablamos mucho en la Unión Europea y en esta Cámara es el de la solidaridad. A menudo nos gusta mucho mostrar nuestra solidaridad hacia diversos grupos de personas.

Quisiera pedir a este Parlamento que demuestre algo de solidaridad con los contribuyentes de nuestras circunscripciones, porque hasta ahora no lo hemos hecho. En esta época de austeridad debemos mostrar moderación. Deberíamos dar ejemplo. Deberíamos hacerlo congelando los salarios y dietas de todos los diputados al Parlamento Europeo y los funcionarios en este lugar durante 2012 y también deberíamos abandonar los planes de la Casa de la Historia Europea, cuya construcción costará millones de euros y no existe ningún plan a largo plazo para financiarla. Sin lugar a dudas que también recaerá sobre el contribuyente.

 
  
  

Informe: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

 
  
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  Francesco De Angelis (S&D).(IT) Señor Presidente, Señorías, no cabe duda de que la fragmentación de las normas relativas a los derechos de los consumidores constituye un obstáculo muy importante para las compras y ventas transfronterizas, y representa igualmente un problema para la creación de un auténtico mercado interior. Creo que la propuesta de Directiva, que hemos devuelto hoy a la comisión parlamentaria con importantes adiciones, puede servir para esbozar un marco legal claro sobre derechos de los consumidores.

 
  
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  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Señor Presidente, Señorías, este informe, que revisa cuatro Directivas vigentes, pretende poner fin a la fragmentación del marco legal que ha impedido hasta ahora la realización del mercado interior. El objetivo es mejorar el funcionamiento del mercado para los consumidores y las empresas, infundir confianza a los consumidores y reducir la renuencia de las empresas para operar a nivel transfronterizo.

La propuesta es compleja y contempla muchos aspectos específicos que se han examinado y debatido desde que Francia ocupaba la Presidencia del Consejo. En la nueva Comisión dirigida por el señor Barroso, la labor de la señora Reding ha hecho que la armonización total deje de considerarse un dogma, y hemos comenzado a avanzar hacia una armonización más selectiva.

A pesar de no estar completamente satisfecho con el resultado final —que considero mediocre y fruto de una fórmula transaccional que deja que desear— creo y espero que esta propuesta ofrezca un punto de partida para futuros avances. Por ello he votado a favor de este informe.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE).(IT) Señor Presidente, Señorías, el texto que hemos votado hoy es resultado de una larga y complicada travesía que comenzó en octubre de 2008 con el objetivo de situar a los consumidores en el centro de la protección ofrecida para las compras realizadas en el extranjero.

El objetivo que deben fijarse la Unión y sus instituciones es contribuir a que el mercado interior funcione mejor con el fin de aumentar la confianza de los consumidores y, al mismo tiempo, de prestar apoyo a nuestras empresas.

La Directiva que ha votado hoy esta Cámara representa la síntesis de cuatro Directivas en esta materia que han estado vigentes hasta hoy. La Directiva manifiesta nuestro deseo de armonizar las normativas vigentes actualmente en los distintos ordenamientos jurídicos de una forma mucho más incisiva con el fin de evitar la fragmentación legal que desgraciadamente ha acabado por ser un obstáculo tanto para las empresas —cuyo objetivo es poder competir en el mercado transfronterizo— como para los consumidores. Por estas razones he aprobado y votado a favor de este informe.

 
  
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  Mitro Repo (S&D). - (FI) Señor Presidente, la reforma de la Directiva sobre los derechos de los consumidores ha sido un proceso prolongado y esporádico. La idea original de la Comisión de una plena armonización amenazaba con poner en peligro la protección de los consumidores, en particular la de los países nórdicos, algo que habría sido contrario al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, según el cual, la legislación debe basarse en el más alto nivel de protección del consumidor. Por ello, siempre debemos recordar que los mercados son para los consumidores y no lo contrario.

La legislación relativa a los consumidores y pequeñas empresas siempre debe se lo más clara posible y fácil de entender. La legislación redactada con precisión y cuidado defiende los intereses de todas las partes. Por consiguiente, estoy de acuerdo en que la Directiva se devuelva a la comisión parlamentaria, como ha decidido hoy el Parlamento.

 
  
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  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - (FI) Señor Presidente, hasta ahora el desarrollo del mercado interior de la Unión Europea ha sido favorable sobre todo a las grandes empresas. Ha llegado el momento de dirigir nuestra mirada a las pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, a los consumidores, a fin de que sus intereses en el mercado interior se defiendan con más fuerza. Esta propuesta de la Comisión para reformar la protección de los consumidores ha sido recibida con gran polémica. En Finlandia, por ejemplo, la Asociación de Consumidores recogió firmas para una petición en la que se señalaba que, de haber prosperado la propuesta, habría causado daños irreparables a la protección de los consumidores en ese país.

Esta fórmula transaccional que acabamos de votar y que será objeto de nuevos debates, es muy poco clara. Se ha suprimido un gran número de las propuestas originales, lo que ha dado por resultado que el informe ahora carezca de toda ambición. El mayor problema, no obstante, es que resulta difícil de entender. Me gustaría poner como condición que la Directiva sobre los derechos de los consumidores pueda ser comprendida por los consumidores y ofrecerles de este modo protección.

 
  
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  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Señor Presidente, los diputados finlandeses que han intervenido antes que yo, el señor Repo y la señora Jäätteenmäki, han expresado algunos puntos de vista acertados acerca de esta Directiva sobre los derechos del consumidor. A los finlandeses y a los habitantes de los países nórdicos nos preocupa que se reduzca la protección de los consumidores. Eso es lo que implicaría una armonización plena, en particular en el caso de los países nórdicos. Asimismo, retrasaría la adopción de medidas en esos países, en los que las cosas están lejos de ser perfectas.

Me parece muy acertado que esta propuesta se devuelva a la comisión parlamentaria, pues recoge algunos puntos algo problemáticos, en particular para las pequeñas empresas. Me gustaría que la comisión parlamentaria centrara su atención en un pequeño problema. Las enmiendas 18 y 107 tendrían efectos muy negativos en las empresas de viaje del norte de Finlandia, por ejemplo. A menudo, la decisión de ir a una empresa, hotel o alojamiento turístico se hace en la carretera, de modo que la gente llama para hacer una reserva. Con arreglo a esta Directiva, eso no sería suficiente, sino que habría que enviar un fax o algo parecido. Algo que no siempre es posible en la práctica. Esta cuestión debería abordarse a nivel del público y es necesario comprender las situaciones que se presentan en los distintos Estados miembros.

 
  
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  Peter Jahr (PPE).(DE) Señor Presidente, creo que el planteamiento adoptado para armonizar nuestra fragmentada legislación europea sobre protección de los consumidores, que representa un obstáculo para el comercio, es sensato y constituye el camino a seguir. También es importante que los consumidores conozcan la legislación europea, es decir, que puedan tener confianza cuando hacen negocios o cuando compran algo en cualquier parte de la Unión Europea. De este modo, se ofrecerá seguridad no solo a los consumidores, sino también a los productores.

Me alegro en particular de las mejoras introducidas a las obligaciones de información para la venta puerta a puerta y los contratos celebrados a distancia. En futuros debates —y por ello me alegro mucho de que este informe se haya devuelto a la comisión parlamentaria— deberíamos velar por que, cuando hablemos de los productores, no tengamos en cuenta únicamente a las grandes empresas, sino también a las pequeñas empresas familiares, a las que no deberíamos imponer una carga excesiva de sutilidades legales.

 
  
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  Ashley Fox (ECR). - Señor Presidente, cuando los habitantes de mi circunscripción me preguntan cuál es la principal ventaja de formar parte de la Unión Europea, siempre les respondo que es el libre comercio que existe entre los Estados miembros y el mercado interior que intentamos llevar a término.

Por ello acojo favorablemente esta Directiva sobre derechos de los consumidores. Y lo hago porque da un paso —aunque pequeño— hacia la realización de ese mercado único. Ofrecerá algunas ventajas a los consumidores y pequeñas empresas. Ayudará en lo relativo a Internet y el comercio transfronterizo. Sin embargo, tengo que decir que esta Directiva se ha demorado mucho y que los avances son modestos.

El llamamiento que me gustaría hacer a la Comisión es que necesitamos un marco para completar el mercado único, en lugar de una serie de iniciativas desconectadas entre sí, como ocurre actualmente.

 
  
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  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Señor Presidente, la adopción de la Directiva sobre derechos del consumidor armonizada es sin duda una de las maneras de mejorar el funcionamiento del mercado interior. Esta Directiva armonizada, que fusiona una serie de directivas relativas a los derechos de los consumidores, simplificará considerablemente el marco legal, ayudará sin duda a aumentar la confianza de los consumidores y, desde luego, estimulará el comercio transfronterizo. Se trata de un paso para reducir la fragmentación. Desgraciadamente, la plena armonización de los derechos de los consumidores en la Unión Europea todavía no es una realidad. No obstante, este es un paso importante para mejorar la protección de los consumidores y el comercio. Por ello he votado a favor de la aprobación de este documento.

 
  
  

Propuesta de resolución (B7-0224/2011)

 
  
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  Francesco De Angelis (S&D).(IT) Señor Presidente, Señorías, las noticias acerca de la serie de terremotos que ha asolado el Extremo Oriente y en particular Japón desde el 11 de marzo nos han asombrado por la escala de la tragedia humana en curso. Por ello creo que esta resolución representa un primer paso necesario para garantizar al pueblo japonés toda la ayuda humanitaria, técnica y financiera que necesiten en los próximos meses y años.

Considero que el incidente ocurrido en la central nuclear de Fukushima debería hacernos reflexionar detenida, escrupulosa y tranquilamente sobre los riesgos de la energía nuclear. Europa debe invertir en fuentes de energía renovables y también orientar a los Estados miembros para que se concentren más y con más eficacia en ellas. Hoy, nuestros pensamientos van a Japón, y nuestro compromiso para el futuro debe ser evitar que situaciones similares se repitan en Europa y otras partes del mundo.

 
  
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  Paul Rübig (PPE).(DE) Señor Presidente, creo que todos podemos aprender las lecciones que no enseña la situación existente en Japón. Estas lecciones se refieren especialmente a las centrales nucleares. Exhorto al Consejo a que presente urgentemente propuestas a este respecto. Lo que ha presentado la Comisión hasta ahora constituye un incentivo para que el Grupo de trabajo sobre seguridad nuclear del Consejo aborde por fin las exigencias planteadas por el Parlamento Europeo. Debemos celebrar un intenso debate sobre este tema, y creo que ha llegado el momento para ello.

 
  
  

Explicaciones de voto por escrito

 
  
  

Informe: Vital Moreira (A7-0041/2011)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) Apoyo este informe, que señala una vez más que debemos ayudar a la recuperación económica de Moldova, teniendo en cuenta que aproximadamente un 40 % de su economía depende de la agricultura. Coincido plenamente con las medias que propone el ponente para lograr un acuerdo más exhaustivo y pertinente para la recuperación económica de este país, que es socio de la UE.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) Estoy de acuerdo con este informe que aumenta los contingentes libres de derechos para el vino de Moldova. Las exportaciones de vino de Moldova pasan por momentos difíciles, lo que representa una amenaza para su recuperación económica y su agricultura, en particular de las explotaciones familiares y de tamaño medio. El sector agrícola representa aproximadamente el 40 % de la economía de Moldova. Tan solo el sector vinícola da trabajo a unas 300 000 personas, la mayoría de las cuales viven en zonas rurales. Moldova ya ha agotado totalmente el contingente que se le había asignado, por lo que un aumento de los contingentes libres de derechos le permitirá incrementar la venta de su producción en la UE sin perjudicar la industria vinícola de la UE.

 
  
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  Cristian Silviu Buşoi (ALDE) , por escrito. (RO) Rusia es un mercado importante para los productores de vino de Moldova. Sin embargo, el mercado ruso ha dejado de ser una seguridad para las exportaciones de productos vinícolas. En su búsqueda de alternativas al mercado ruso, la Comisión Europea ha propuesto aumentar los contingentes libres de derechos de 100 000 hectolitros (hl) a 150 000 hl este año, de 120 000 hl a 180 000 hl en 2012 y hasta 240 000 hl a partir de 2013. He votado a favor de este cambio en las relaciones comerciales con la República de Moldova a fin de aumentar el volumen de las importaciones de vino libres de derechos. Esta modificación del Reglamento (CE) nº 55/2008 puedo ofrecer una solución a los productores de vino de la República de Moldova para que se beneficien de un mercado más fiable que el ruso, que impuso un embargo a los vinos moldavos en 2006 y 2010, lo que provocó la quiebra de varios productores vinícolas.

 
  
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  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D), por escrito. (PT) Me he abstenido en la votación sobre la propuesta de introducir preferencias comerciales autónomas a favor de la República de Moldava por considerar que el texto actual no recoge las disposiciones necesarias para proteger las indicaciones geográficas (G) de la UE, en particular las relativas a los vinos de Porto.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Quiero expresar mi apoyo a la recuperación económica de Moldova y ofrecer una perspectiva positiva a la gente que trabaja en el sector vinícola de ese país. Estoy de acuerdo con el aumento del contingente libre de derechos para el vino de 120,000 hl a 180,000 hl en 2011, y a 240 000 hl anuales a partir de 2013. Por ello he votado a favor de este informe, que no pone en peligro de modo alguno el sector vinícola de la UE.

 
  
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  George Sabin Cutaş (S&D), por escrito. (RO) He votado a favor del informe sobre la introducción de preferencias comerciales autónomas para la República de Moldova para enviar un mensaje positivo de la UE a este país, que es miembro de la Asociación Oriental, y que hace poco declaró que esperaba poder presentar su solicitud a de adhesión a la Unión Europea en 2011. Moldova ha llevado a cabo una serie de ambiciosas reformas políticas, económicas y sociales, cuya continuación merece un estímulo. Al mismo tiempo, la República de Moldova se ha visto duramente afectada por la crisis económica y financiera. En los últimos cuatro años, un 40 % de sus vinicultores ha dejado de operar o ha quebrado, mientras que las empresas que todavía operan en este sector clave para su economía han acumulado pérdidas. El aumento del contingente libre de derechos para el vino y la prórroga de la vigencia del Reglamento nº 55/2008 hasta el 31 de diciembre de 2015 ayudaría a este país, en el que el número de trabajadores del sector vinícola ha aumentado a 300 000 y en el que el sector agrícola representa un 40 % del PIB, y no afectaría a la economía de la Unión. Estas medidas darían igualmente suficiente tiempo para preparar las negociaciones sobre la creación de una amplia zona de libre comercio, que es un objetivo que comparten la UE y la República de Moldova.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque creo que la propuesta de la Comisión por la que se modifica el Reglamento vigente puede servir para ayudar a la recuperación económica de Moldova y ofrecer una perspectiva positiva a las personas que trabajan en el sector vinícola de ese país, sin perjudicar los intereses de los productores de la UE.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) El sector vinícola moldavo pasa por un período de crisis provocado por la reducción de las exportaciones, lo que ha retrasado su recuperación económica y las reformas que le permitirían aspirar de modo más realista a la adhesión a la UE. El aumento del contingente libre de derechos, en particular para el vino moldavo, puede ayudar a reducir las presiones que sufre este sector.

Tengo que recalcar que a pesar de la voluntad de la UE para ayudar a Moldova, la Unión y sus Estados miembros deberían velar por que el vino procedente de terceros países no tenga niveles de calidad inferiores a los exigidos a los vinos de la UE.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE) por escrito. (PT) Esta propuesta de resolución legislativa del Parlamento se basa en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 55/2008 del Consejo, por el que se introducen preferencias comerciales autónomas para la República de Moldova. A pesar de los esfuerzos realizados por su pueblo y de las reformas llevadas a cabo por su gobierno, la República de Moldova pasa por una situación difícil debido a la crisis a la que se enfrenta el sector vinícola, el más productivo del país, que representa un 40 % de la economía moldava y da trabajo a más de una cuarta parte de su población trabajadora.

Por ello es importante ayudar a la recuperación económica de Moldova y enviar un mensaje positivo de la solidaridad de la UE con una población que vive mayoritariamente en zonas rurales. También acojo favorablemente y he votado a favor de este proyecto de resolución legislativa para prorrogar el Reglamento (CE) nº 55/2008 del Consejo hasta el 31 de diciembre de 2015, y espero que se establezca una «zona de libre comercio más profunda y completa» entre la UE y la República de Moldava antes de esa fecha.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este informe aprueba la propuesta de la Comisión para autorizar el aumento del contingente libre de derechos para el vino moldavo. La Comisión propone aumentar el contingente de 100 000 hl a 150 000 hl en 2011, de 120 000 hl a 180 000 hl en 2012, y a 240 000 hl anuales a partir de 2013. Según la Comisión, los aumentos propuestos se basan en que Moldova ha agotado sistemáticamente el contingente actual y tienen en cuenta «el potencial del sector para mejorar sus mercados especializados en la UE».

Aunque se ha señalado que el aumento propuesto no pone en peligro al sector vinícola de la UE, creo que subsisten algunas dudas al respecto, y es por ello que me he abstenido. Esta consideración ha tenido en cuenta la situación de crisis a la que se enfrentan actualmente muchos productores, especialmente los pequeños y medianos, en países como Portugal, ante la drástica bajada de los precios de producción y los incesantes aumentos de los costes de los insumos. Estas dificultades se ven exacerbadas por los cambios introducidos mediante la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) y el objetivo previsto de los derechos de producción. Esta reforma ha beneficiado sobre todo a las grandes empresas del sector vinícola, así como a algunos importadores...

(Explicación de voto abreviada de acuerdo con el artículo 170 del Reglamento.)

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hoy hemos aprobado el informe del señor Moreira, que apoya la propuesta de la Comisión para autorizar el aumento del contingente libre de derechos para el vino moldavo. Aunque el ejecutivo de la UE declara que el nivel de este aumento no pone en peligro al sector vinícola de la UE, nos hemos abstenidos en la votación en vista de que existen dudas a este respecto y para defender los intereses de la agricultura portuguesa.

Moldova ha pedido a la Comisión que aumente su contingente libre de derechos para el vino en el marco de las preferencias comerciales autónomas que un Reglamento de 2008 concedió a este país.

A fin de apoyar la recuperación económica de Moldova y ofrecer una perspectiva positiva a las personas que trabajan en el sector vinícola del país (una cuarta parte de la fuerza de trabajo) se propone un aumento del contingente libre de derechos para el vino de 100 000 hl a 150 000 hl en 2011, de 120 000 hl a 180 000 hl en 2012, y a 240 000 hl anuales a partir de 2013.

La Comisión señala que «dado que las importaciones procedentes de Moldova sólo suponen el 0,04 % del total de las importaciones de la UE, una mayor apertura del mercado no debería tener repercusiones negativas en la UE. Actualmente, alrededor del 90 % de las importaciones procedentes de Moldova...».

(Explicación de voto abreviada de acuerdo con el artículo 170 del Reglamento)

 
  
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  Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. (IT) La propuesta de la Comisión prevé un cambio en la normativa relativa a las relaciones con la República de Moldova. En vista del período de crisis al que se enfrenta este país, el plan pretende aumentar la cantidad de vino importada de Moldova. Según la Comisión, estas importaciones tendrían repercusiones mínimas en nuestros mercados y, sin embargo, me parece que no puedo apoyar la propuesta en el actual período de importante crisis económica, que ya ejerce una gran presión sobre nuestros agricultores y vinicultores.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) Estoy de acuerdo con este documento, porque para apoyar la recuperación económica de Moldova y ofrecer una perspectiva positiva a las personas que trabajan en el sector vinícola de ese país se propone aumentar el contingente libre de derechos para el vino de 100 000 hectolitros (hl) a 150,000 hl en 2011, de 120 000 hl a 180 000 hl en 2012 y a 240 000 hl anuales a partir de 2013. El aumento propuesto se basa en que Moldova ha agotado sistemáticamente el contingente actual y en el potencial del sector para mejorar sus mercados especializados en la UE. Asimismo, este aumento no desestabiliza al sector vinícola de la UE. Se prevé que el sector vinícola moldavo seguirá mejorando la calidad de sus vinos. Puesto que el Reglamento (CE) nº 55/2008 del Consejo expira el 31 de diciembre de 2012 y que es importante garantizar la seguridad jurídica para los productores, exportadores e importadores, se propone prorrogar la validez de este Reglamento durante otros tres años hasta el 31 de diciembre de 2015.

 
  
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  Cătălin Sorin Ivan (S&D), por escrito. Siempre he dicho que es necesario ofrecer estímulos a la República Moldova en su senda proeuropea. Las exportaciones de vinos de Moldova a algunos de sus mercados tradicionales pasan por dificultades, que amenazan su recuperación económica y el proceso de reformas que lleva a cabo con tanto vigor. Los argumentos que se exponen en el informe de Vital Moreira son convincentes, Moldova necesita que se prorrogue el Reglamento (CE) nº 55/2008 del Consejo durante otros tres años hasta el 31 de diciembre de 2015. La solicitud presentada por la República de Moldova en julio de 2010 es justificada. Moldova necesita que la Unión Europea sea un socio digno de confianza. Por estas razones apoyo el informe redactado por Vital Moreira sobre la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo.

 
  
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  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. (DE) Las preferencias comerciales que la UE ha concedido a la República de Moldova han demostrado ser adecuadas. Por otra parte, no se han registrado efectos negativos en el sector vinícola de la UE. La República de Moldova es el país más pobre de Europa, por lo que necesita la ayuda de la UE. Esta es nuestra obligación moral en interés de la unidad y armonía europeas. Por ello acojo con beneplácito la propuesta de la Comisión para extender su período de validez.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. − He votado a favor de este informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 55/2008 del Consejo, por el que se introducen preferencias comerciales autónomas para la República de Moldova, que alinea nuestras relaciones con Moldova con las que mantenemos con otros países vecinos.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. (IT) En el contexto de la Política de Vecindad de la Unión, Moldova siempre ha adoptado un ambicioso programa de asociación política y creciente integración económica con la UE, mediante el cual ha hecho avances decisivos hacia la convergencia entre su legislación y las disposiciones legales y reglamentarias de la UE como preparación para negociaciones más amplias en el futuro. Moldova ha mostrado que está dispuesta a promover y soportar los efectos de esta ambiciosa empresa, y seguir por la senda de los avances que ya ha logrado en relación con el mercado libre de la UE. No obstante, coincidimos con el ponente, señor Moreira, cuando dice que la República de Moldova pasa actualmente por una situación difícil debido a la exportación de algunos de sus productos, lo que provoca problemas para su recuperación económica. Por ello creemos que es necesario prorrogar tres años la validez del Reglamento sobre algunas preferencias comerciales autónomas a fin de dar a Moldova suficiente tiempo para prepararse correctamente para las negociaciones relativas a la zona de libre comercio. El informe que hemos aprobado parte de estas consideraciones y pretende estimular la recuperación económica de Moldova, en particular a través del aumento del contingente libre de derechos para algunos productos sujetos actualmente a las preferencias comerciales autónomas vigentes.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Moldova ha hecho esfuerzos en los últimos años para aproximarse cada vez más a los principios europeos de libertad, democracia y buena gobernanza. Los esfuerzos que se han destacado aquí son coherentes y han demostrado el interés que tiene Moldova por seguir la ruta hacia una posible adhesión. Así pues, a fin de apoyar la recuperación económica de Moldova y ofrecer una perspectiva positiva a las personas que trabajan en el sector vinícola del país (una cuarta parte de la fuerza de trabajo) se propone un aumento del contingente libre de derechos para el vino de 100 000 hl a 150 000 hl en 2011, de 120 000 hl a 180 000 hl en 2012, y a 240 000 hl anuales a partir de 2013. Esta es la dirección que toman las modificaciones a este Reglamento, las cuales ayudarán a la economía moldava y su desarrollo.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. Habida cuenta de que Moldova experimenta dificultades con sus exportaciones de vino a algunos de sus mercados tradicionales, lo que amenaza su recuperación económica y el vigoroso proceso de reformas que lleva a cabo, y a fin de adoptar medidas para aumentar las exportaciones de vino de este país para contribuir a su desarrollo económico, es necesario: 1. aumentar el contingente libre de derechos para el vino en el marco de las preferencias comerciales autónomas, 2. prorrogar otros tres años la validez del Reglamento aplicable (que expirará el 31 de diciembre de 2012) hasta el 31 de diciembre de 2015, y 3. aumentar el contingente libre de derechos para el trigo, la cebada y el maíz.

Por ello he votado a favor.

 
  
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  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. (RO) He votado a favor de este informe. La República de Moldova necesita la ayuda de la Unión Europea en esta coyuntura en la que se enfrenta a problemas económicos, al igual que la mayoría de los países del mundo, pero en la que también tiene problemas intrínsecos a su transición política. En un momento en que Moldova se enfrenta virtualmente a un boicot de sus exportaciones de vino al mercado de la Federación de Rusia, el aumento del contingente libre de derechos para el vino constituye una medida oportuna que espero sea benéfica para la economía del país.

 
  
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  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. (LT) Estoy de acuerdo con esta resolución que propone aumentar las preferencias comerciales autónomas para el sector vinícola de la República de Moldova, algo que es de vital importancia para este país. Se ha señalado que esta medida será un incentivo aún mayor para mejorar las relaciones mutuas entre la Unión Europea y Moldova, y para desarrollar la Política de Vecindad europea. Como Moldova ya ha agotado el contingente establecido, estoy de acuerdo con la propuesta de aumentar el contingente libre de derechos para el vino. En el informe se destaca que dicho Reglamento no tendrá consecuencias negativas para el sector vinícola de la UE. Moldova es uno de los países más pobres de Europa y se enfrenta a importantes problemas económicos y políticos. La UE debe crear condiciones favorables para que Moldova elija la dirección geopolítica adecuada para resolver sus dificultades. Asimismo, las disposiciones de esta resolución crearán condiciones favorables para que el sector vinícola moldavo mejore la calidad de sus productos. Considero razonable prorrogar la validez de todo el Reglamento otros tres años para garantizar la seguridad y claridad jurídicas para los productores, exportadores e importadores.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe del señor Moreira sobre las preferencias comerciales autónomas para la República de Moldova porque es coherente con la Política de Vecindad de la Unión y los acuerdos económicos celebrados con otros países fronterizos. De hecho creo que es una buena idea que los países que rodean la UE reciban concesiones comerciales recíprocas, tanto para su desarrollo económico, como para cuestiones políticas. La libre circulación de mercancías o una reducción de los derechos aduaneros permiten un mayor flujo de capitales y facilitan los acuerdos de cooperación, algo que será de beneficio para los países fronterizos y para el mercado interior. Como es evidente, su finalidad comercial es importante; sin embargo, al hacerlo también es importante no olvidar otros aspectos que deben tenerse en cuenta.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) Como ya he dicho anteriormente, es crucial que la UE tenga una Política Europea de Vecindad coherente y eficaz. En el ámbito de esta política de vecindad, el Reglamento (CE) nº 55/2008 introduce un régimen específico de preferencias comerciales autónomas para la República de Moldova, que contempla el libre acceso al mercado de la UE para todos los productos de este país, excepto ciertos productos agrícolas que figuran en su anexo, a los que se han hecho concesiones limitadas, ya sea en forma de una excepción a los derechos de aduana dentro de ciertos contingentes arancelarias, o bien en forma de derechos de aduana reducidos.

Una de las excepciones a la libre circulación es el sector vinícola, al que se aplica un contingente arancelario que, según los datos disponibles, se ha agotado en su totalidad meses antes de que finalice el año. En vista de que la economía de Moldova se ha visto duramente afectada por las consecuencias negativas de la crisis financiera y económica mundial, y que su sector vinícola da trabajo a unas 300 000 personas, este informe, por el que he votado a favor, propone el aumento del actual contingente arancelario para el vino con el fin de apoyar los esfuerzos de Moldova y ofrecer un mercado atractivo y viable para sus exportaciones de vinos, que no competirán además con productos portugueses.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) La Comisión ha presentado una propuesta para aumentar el contingente arancelario para el vino moldavo para contribuir a los esfuerzos que realiza Moldova para su recuperación económica y estimular sus movimientos de convergencia con la legislación y normas de la UE. Según la Comisión, esta medida no tendrá efectos negativos en el sector vinícola europeo, por lo que pensé que valía la pena apoyar la concesión de esta ayuda a Moldova.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. El texto del informe es breve y reza así: «El Parlamento Europeo - Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0649) - Visto el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0364/2010) - Visto el artículo 55 y el artículo 46, apartado 1, de su Reglamento - Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A7-0041/2011), 1. Aprueba su Posición en primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión; 2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto; 3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales».

 
  
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  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. (IT) Las exportaciones de vino de la República de Moldova pasan por un período difícil, que tiene un efecto negativo en el proceso de reforma y recuperación económica que lleva a cabo su Gobierno. El sector vinícola da trabajo a unas 300 000 personas (una cuarta parte de la población activa del país), la mayoría de las cuales vive en zonas rurales y cultivan explotaciones familiares de pequeño y mediano tamaño. Me parece que con estas modificaciones el Reglamento (CE) nº 55/2008 puede contribuir a la recuperación económica de Moldova y ofrecer mejores perspectivas a los trabajadores del sector vinícola del país para el período 2011-2013. A fin de llevar a cabo la mejor política de vecindad posible, ahora es importante conceder preferencias arancelarias con el propósito de detener el declive de la economía de Moldova y, al mismo tiempo, reducir en la medida de lo posible las pérdidas fiscales para la UE.

 
  
  

Informe: Helmut Scholz (A7-0051/2011)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) Estoy a favor de este informe, debido a las modificaciones introducidas para prorrogar la validez del sistema vigente —el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG)— hasta diciembre de 2013, teniendo en cuenta la incertidumbre respecto al tiempo necesario para llevar a término el proceso legislativo en curso. La aprobación de este informe evita, así pues, que se interrumpa la cobertura legal del SPG y diferencias de trato entre los distintos países.

 
  
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  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. He votado a favor de este informe porque el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) es un mecanismo comercial y de desarrollo de gran importancia con el que cuenta la UE. Sin embargo, quiero instar a la Comisión a que presente lo antes posible una revisión más a fondo del SPG. Asimismo creo que ha llegado el momento de que procedamos a una revisión más sustancial de la lista de beneficiarios del SPG y del SPG+. El Parlamento Europeo debería ser consultado sobre esta revisión desde un principio. Espero igualmente que el Parlamento participe en el proceso seguimiento para comprobar que los beneficiarios del SPG+ cumplen los 27 convenios de la OIT y las Naciones Unidas, algo que debe ser objeto de un minucioso examen a fin de mantener la fiabilidad de este mecanismo.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este informe. En 1968, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) recomendó la creación de un Sistema Generalizado de Preferencias (SPG), mediante el cual los países industrializados concedieran preferencias comerciales a todos los países en desarrollo de forma no recíproca y no únicamente a sus antiguas colonias. La Comunidad Europea fue la primera en adoptar un SPG en 1971, que ha sido uno de los instrumentos comerciales y de desarrollo más importantes de la UE para ayudar a los países en desarrollo a reducir la pobreza mediante la generación de ingresos a través del comercio internacional. El SPG que aplica la UE ofrece el trato más favorable al conceder a los países menos adelantados acceso libre de derechos y contingentes a su mercado. Este sistema contribuye igualmente a promover el desarrollo sostenible y la buena gobernanza en los países en desarrollo que ratifiquen y apliquen convenios y protocolos internacionales en materia de derechos humanos y laborales, protección del medio ambiente, drogas y la lucha contra la corrupción.

 
  
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  Sergio Berlato (PPE), por escrito. (IT) En 1968, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo recomendó la creación de un Sistema Generalizado de Preferencias (SPG), mediante el cual los países industrializados concedieran preferencias comerciales a todos los países en desarrollo de forma no recíproca. La Comunidad Europea fue la primera en adoptar un SPG, que desde su creación ha sido uno de los instrumentos comerciales y de desarrollo más importantes de la UE para ayudar a los países en desarrollo a reducir la pobreza mediante la generación de ingresos a través del comercio internacional. Aunque este es el sistema más utilizado de los países industrializados, estoy de acuerdo en que tenemos que revisar esta normativa a fin de simplificar la aplicación del sistema.

Creo asimismo que habría que abordar la revisión general en el marco de la propuesta de un nuevo reglamento, que espero se presente sin demora. La nueva propuesta debe tener por objetivo dar mayor claridad y transparencia al SPG. También quisiera pedir a la Comisión que examine la posibilidad de comprobar periódicamente el cumplimiento los compromisos por medio de investigaciones en las que participe el Parlamento y representantes de la sociedad civil del país de que se trate.

 
  
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  Slavi Binev (NI), por escrito. – (BG) He votado a favor de este informe porque creo que es necesario aumentar los efectos del sistema actual y mejorar el uso del Sistema de Preferencias Generalizadas mediante una asistencia técnica destinada específicamente a crear las capacidades institucionales y de regulación necesarias para que los países más necesitados aprovechen al máximo los beneficios del comercio internacional y del sistema de preferencias. Asimismo, es necesario prestar asistencia para aplicar de forma eficaz los convenios internacionales que exige este sistema y el cumplimiento de sus compromisos. Creo que debe prestarse ayuda a los países en desarrollo en su lucha contra la pobreza mediante la generación de ingresos a través del comercio internacional. Este es el sistema más utilizado entre los sistemas a disposición de los países desarrollados. Creo que debe ampliarse a fin de ofrecer seguridad jurídica y garantizar los intereses tanto de la UE como de los países beneficiarios. Sin embargo, entretanto debería resolverse sin demora la insatisfactoria situación actual por medio de esfuerzos constantes para encontrar una manera de ayudar a los países débiles que lo necesitan.

 
  
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  George Sabin Cutaş (S&D), por escrito. (RO) He decidido votar a favor del informe sobre las preferencias arancelarias generales por proponer la inmediata adaptación del «Sistema de Preferencias Generalizadas» a las disposiciones del Tratado de Lisboa, así como una revisión general del sistema en el futuro. Esta revisión general tendría por objetivo aumentar la participación de los países beneficiarios en los procesos de reforma que les afectan, conceder asistencia técnica para ayudar a que desarrollen sus capacidades institucionales y revisar y armonizar las normas de origen.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. (FR) El Parlamento acaba de aprobar la prórroga del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) para los países en desarrollo del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013. La revisión del SPG está prevista para este año, proceso que deberá tener en cuenta las preocupaciones expresadas en la Comisión de Comercio Internacional. Pedimos mayor transparencia y una auténtica cooperación con cada país durante las negociaciones sobre el SPG. El Comisario De Gucht se comprometió a que el Parlamento Europeo tenga una estrecha participación en el proceso decisorio. Ahora debe cumplir esa promesa.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) El Reglamento vigente que establece el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) expirará el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, puesto que la Comisión aún está a la espera de que finalice un estudio sobre esta cuestión para presentar una nueva propuesta para el SPG, se decidió prorrogar otros dos años el Reglamento vigente y sus medidas a fin de evitar un vacío legal. No obstante, la Comisión tiene que presentar muy pronto una iniciativa sobre este tema, pues es urgente revisar el sistema actual y hacerlo más eficaz.

Por ello apruebo los principales puntos que destaca el ponente para su revisión en esta propuesta legislativa de la Comisión. En ellos se propone un sistema eficaz que responda mejor a los intereses de los países beneficiarios y operadores económicos, y normas que contemplen un proceso de reforma que garantice la participación de los beneficiarios y que el Parlamento pueda llevar a cabo su tarea de control democrático.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE) por escrito. − (PT) En 1968, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) recomendó la creación de un Sistema Generalizado de Preferencias (SPG), mediante el cual los países considerados más desarrollados ayudaran a los países en desarrollo mediante la concesión de preferencias comerciales. La Unión Europea fue la primera en adoptar un SPG en 1971, que ha demostrado ser uno de los métodos clave de cooperación a nivel de comercio internacional con los países en desarrollo al reducir la pobreza. El Reglamento vigente tiene que ponerse al día, ya que está a punto de expirar y no está contemplado en el Tratado de Lisboa. Asimismo necesita una reforma a fondo. Aunque esta propuesta no constituye aún un nuevo Reglamento, cuya elaboración es necesaria, quiero señalar que estoy de acuerdo con el informe objeto de debate, y espero que la Comisión presente lo antes posible una nueva propuesta para que la UE pueda seguir ayudando a los países en desarrollo.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) El Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) es un mecanismo comercial que permite a la UE conceder a los países en desarrollo acceso preferencial no recíproco a su mercado por medio de la reducción de aranceles. Si bien se define como una herramienta para la ayuda al desarrollo, este mecanismo no está libre de contradicciones, en particular entre sus propósitos declarados y los resultados obtenidos.

En efecto, muchos países en desarrollo se han hecho cada vez más dependientes económicamente y han construido sus economías de acuerdo con un modelo de diversificación reducida basado en un conjunto limitado de productos para la exportación, en lugar de desarrollar su mercado interior. Se ha arraigado una división internacional del trabajo que no es favorable para estos países, y a menudo son las grandes multinacionales, algunas de ellas europeas, los que sacan los mayores beneficios de este sistema.

Es necesario llevar a cabo una amplia revisión de este mecanismo, junto con un debate exhaustivo de sus distintos aspectos y complejidades, así como de sus efectos no solo en los países en desarrollo, sino también en los Estados miembros de la UE, especialmente los más débiles. En vista del retraso de la Comisión para presentar una nueva propuesta de reglamento, lo que implica que no podría entrar en vigor inmediatamente después de la expiración del Reglamento vigente, es necesaria una prórroga del actual...

(Explicación de voto abreviada de acuerdo con el artículo 170 del Reglamento)

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) El actual Sistema de Preferencias Generalizadas expira el 31 de diciembre de 2011, de modo que se trata simplemente de aprobar la prórroga necesaria para garantizar la seguridad jurídica y los intereses mutuos de los aproximadamente 150 países que participan en él.

Sin embargo, la importancia de este tema tanto para los países en desarrollo como para los Estados Miembros de la UE que tienen una economía más débil y cuyos intereses industriales, agrícolas o sociales no siempre se respetan en los acuerdos comerciales internacionales que promueve la Comisión, hace necesario un debate exhaustivo del nuevo Reglamento. La Comisión debería presentar la propuesta lo antes posible a fin de poder analizar correctamente los diferentes aspectos y complejidades del Sistema de Preferencias Generalizadas, así como sus repercusiones en diferentes sectores y países.

 
  
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  Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. (IT) El Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) ha sido uno de los instrumentos clave de la política comercial y de desarrollo de la UE para ayudar a los países en desarrollo a reducir la pobreza. Esta medida prolonga la situación actual, ya que no se ha presentado un nuevo Reglamento, algo que resulta lamentable. A pesar de ello y en vista de la importancia del instrumento objeto de debate, votaré a favor.

 
  
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  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. (DE) El comercio es un instrumento importante y eficiente para luchar contra la pobreza en los países en desarrollo. El Reglamento transitorio sobre el Sistema de Preferencias Generalizadas consagra legalmente el acceso preferencial al mercado de la UE para 176 países en desarrollo. Apoyo este Reglamento que garantiza la continuidad legal a fin de que los países en desarrollo sigan teniendo oportunidades de comercio. Asimismo, es obligación moral de la UE prestar ayuda a estos países para desarrollar la democracia y el Estado de Derecho por medio del comercio justo.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) La resolución sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 732/2008 del Consejo, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas para el período del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011 ha sido aprobada por una amplia mayoría en esta Cámara. De no prorrogarse el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), muchos países en desarrollo podrían encontrarse en una situación muy difícil. Desde 1971, Europa intenta ayudar y prestar asistencia a los países en desarrollo para reducir la pobreza por medio de los ingresos procedentes del comercio internacional. Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el procedimiento para modificar el SPG requiere la intervención del Consejo y del Parlamento, que deben intentar crear un sistema eficaz que tenga en cuenta los intereses de los países beneficiarios y, al mismo tiempo, les exija que ratifiquen y apliquen 27 convenios internacionales relativos a la protección de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, las normas laborales fundamentales y la buena gobernanza. A pesar de que apoyo esta propuesta de prórroga valida hasta 2011, tengo que destacar que lamento —al igual que mi Grupo— el retraso de la Comisión para presentar esta propuesta.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. − He votado a favor de este informe que es una prórroga técnica del Reglamento sobre el SPG. Extiende la duración del Reglamento hasta el 31 de diciembre de 2013 a fin de dar a la Comisión suficiente tiempo para elaborar un nuevo Reglamento y para que el Parlamento ejerza sus nuevas competencias en el ámbito de la política comercial internacional. Por ello, este informe no pretende abordar el fondo del Reglamento ni hace comentarios acerca de si los beneficiarios del SPG+ siguen cumpliendo las condiciones de buena gobernanza, desarrollo sostenible y ratificación y aplicación de ciertos convenios de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos sociales, medioambientales y humanos para gozar de estas preferencias comerciales.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. (IT) Todos estamos convencidos de que, desde su creación, el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) ha sido uno de los instrumentos clave de la política comercial y de desarrollo de la Unión Europea. Ha representado un importante incentivo para que los países en desarrollo, enfrascados desde hace mucho en la lucha contra la pobreza, favorezcan el libre acceso a sus mercados y las importaciones de sus productos a través d reducciones arancelarias. Sin embargo, coincidimos con el ponente, señor Scholz, que ha expresado su esperanza de que el Reglamento vigente en la materia sea prorrogado, ya que de este modo se garantizará la seguridad jurídica y se garantizarán los intereses tanto de la UE como de los países beneficiarios, y se evitará igualmente extender la situación actual (que sigue siendo insatisfactoria). Hasta ahora hemos visto que las preferencias comerciales que concede el SPG no han sido utilizadas plenamente, en particular las relativas a las normas de origen, debido a un problema de los procedimientos administrativos que las caracterizan. Por ello sería recomendable prestar una asistencia técnica selectiva, por ejemplo, por medio de programas de hermanamiento con el objetivo principal de promover el desarrollo de las capacidades normativas y de garantizar la correcta transposición de los convenios internacionales. Por último, consideramos que la Comisión debería llevar a cabo un seguimiento constante con una mayor participación del Parlamento y de los interlocutores sociales.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) El Reglamento vigente sobre las preferencias generalizadas expira el 31 de diciembre de este año. En vista de que es imposible que un nuevo Reglamento entre en vigor en tiempo útil debido al retraso en la presentación del estudio solicitado por la Comisión, nos vemos obligados a prorrogar dos años más el Reglamento vigente. Sin embargo, en vista de la importancia de esta normativa para regular el comercio entre los países en desarrollo y la UE, la Comisión debe presentar muy pronto una nueva versión actualizada.

 
  
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  Louis Michel (ALDE), por escrito. (FR) Sin crecimiento económico no puede haber desarrollo. Sin embargo, como ya he dicho, en ausencia de un Estado imparcial, el crecimiento económico no es garantía de desarrollo. La política comercial de la UE debe desempeñar un papel fundamental en la lucha contra la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la UE es una de las herramientas que permiten a los países en desarrollo competir en los mercados internacionales al ofrecerles ya sea derechos de aduana reducidos o bien un acceso libre de derechos al mercado de la UE para sus exportaciones. El SPG libera igualmente a los países de la dependencia de la ayuda. Hemos aprobado una prórroga del Reglamento vigente a la espera de recibir la nueva propuesta de reglamento que es necesaria para garantizar la seguridad jurídica. No obstante, es necesario tener en cuenta las nuevas competencias del Parlamento Europeo en el ámbito del comercio tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Con arreglo al Tratado, las medidas del Reglamento sobre el SPG se consideran actos delegados, lo que significa que el Parlamento Europeo tendrá mayores competencias de supervisión en el futuro.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Ya en 1964, algunos países en desarrollo pedían firmemente preferencias comerciales para mejorar su situación económica. En 1968 se introdujo un Sistema de Preferencias Generalizadas tras alcanzar un acuerdo. La Comunidad Económica Europea adoptó el SPG en 1971 y más tarde otros países, como los Estados Unidos, siguieron su ejemplo. La concesión temporal de preferencias temporales perseguía los siguientes objetivos: aumentar los ingresos de las exportaciones de los países en desarrollo mediante la diversificación de los productos exportados, y promover la industrialización y una aceleración del crecimiento económico en los países desarrollados. Asimismo, con el SPG se pretendía garantizar que los productos objeto de estas preferencias tuvieran su origen en países en desarrollo. Hasta ahora, el SPG representa uno de los instrumentos más importantes de la UE en el ámbito del comercio y la Comisión Europea se encarga de su seguimiento. Puesto que el sistema actual expira el 31 de diciembre de este año, la Comisión presentó una nueva propuesta en mayo de 2010. No se proponen enmiendas al nuevo Reglamento, aunque el ponente cree firmemente que es necesario revisar el sistema. Me he abstenido en la votación porque al parecer no se ha presentado una nueva propuesta tangible de reglamento.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) El Reglamento vigente sobre las preferencias generalizadas que permite el libre comercio o la aplicación de derechos reducidos en el comercio de productos entre los Estados miembros y terceros países, un Reglamento que generalmente se utiliza para estimular el comercio con países pobres o en desarrollo, necesita ser modificado y aprobado, en vista de su próxima expiración. He votado a favor del informe sobre la propuesta de nuevo Reglamento sobre este tema porque estoy de acuerdo con los objetivos de los cambios que pretende introducir. Las modificaciones pretenden crear un sistema eficaz que tenga más en cuenta los intereses de los países beneficiarios y de los operadores económicos, elaborar normas más exhaustivas y garantizar el papel del Reglamento en tanto que órgano de control democrático. Espero que este sea el primer paso para alcanzar una solución a nivel mundial para un acuerdo general sobre el comercio. Tras el fracaso de las negociaciones de Doha, estas medidas solo pueden ser provisionales, a la espera de una solución a más largo plazo.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) El Reglamento (CE) nº 732/2008 estableció un Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) que es válido hasta el 31 de diciembre de 2011. El SPG ha sido uno de los principales instrumentos de la política comercial y de desarrollo de la UE para ayudar a los países en desarrollo a reducir la pobreza mediante la generación de ingresos a través del comercio internacional. El proceso de consulta del Parlamento sobre el SPG más reciente fue insuficiente y no permitió una negociación de gran alcance. El Parlamento insistió en que en el futuro necesitará más tiempo para llevar a cabo sus funciones.

La Comisión propuso el 26 de mayo de 2010 simplemente prorrogar el período de aplicación del Reglamento vigente, al afirmar que no había suficiente tiempo para presentar un Reglamento nuevo. Esta propuesta de prórroga no tuvo en cuenta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. El Parlamento destacó este hecho y propuso enmiendas a la propuesta de la Comisión con el fin de garantizar el respeto de los derechos y competencias que el Parlamento adquirió a través del Tratado de Lisboa.

Por ello he votado a favor de este informe, que aprueba la prórroga de dicho Reglamento y modifica los elementos necesarios para respetar las nuevas competencias que el Tratado de Lisboa concede al Parlamento, en particular para garantizar las nuevas competencias relacionadas con los actos delegados.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) Con arreglo al Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), los países industrializados conceden preferencias comerciales no recíprocas a todos los países en desarrollo. Se trata de uno de los principales instrumentos de la política comercial y de desarrollo de la UE para ayudar a los países en desarrollo a reducir la pobreza mediante la generación de ingresos a través del comercio internacional. El Reglamento vigente es válido hasta el 31 de diciembre de 2012, y no respeta las nuevas competencias que el Tratado de Lisboa concede al Parlamento. La nueva propuesta de reglamento pretende crear un sistema que tome más en cuenta los intereses de los países beneficiarios y los operadores económicos, elaborar más normas que permitan regular mejor el proceso de reforma y garantizar que el Reglamento conceda la importancia debida a la tarea de control democrático que se pide al Parlamento. Por estas razones he votado a favor de la propuesta de nuevo Reglamento que tiene por objetivo que el SPG sea más claro y transparente.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) Desde 1971, la Unión Europea concede preferencias comerciales a los países en desarollo en el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG). El SPG se aplica por medio de sucesivos reglamentos por los que se pone en práctica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas, normalmente durante un período de tres años. El sistema actual fue establecido por el Reglamento (CE) nº 732/2008 y se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2011, cuando se remplazará por un nuevo Reglamento, que aún no se redacta. Sin embargo, el período de aplicación restante del Reglamento (CE) nº 732/2008 no es suficiente para que se elabore una propuesta de la Comisión y se adopte un nuevo Reglamento por medio del procedimiento legislativo ordinario, por lo que resulta necesario prorrogar el período de aplicación de este Reglamento hasta el 31 de diciembre de 2013 a fin de garantizar la continuidad del funcionamiento del sistema.

He votado a favor con la esperanza de que la Comisión presente pronto una nueva propuesta, que contribuya a dar más claridad, transparencia y eficacia al SPG.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. La idea de un Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) se remonta a 1968, momento en que los aranceles eran mucho más altos en general y todavía se consideraban como el principal obstáculo al comercio entre los países en desarrollo y los países industrializados. Este concepto fue propuesto originalmente por la UNCTAD como herramienta de desarrollo, pues los países industrializados debían conceder preferencias comerciales no recíprocas a los países en desarrollo para permitirles generar ingresos no a través de la ayuda, sino por medio del comercio preferencial internacional. La Comunidad Europea comenzó a aplicar este sistema en 1971. El primer sistema trienal se aplicó de 2006 a 2008. El segundo sistema expirará el 31 de diciembre de 2011. El sistema actual se aprobó en 2008 por medio del procedimiento de consulta. Sin embargo, la propuesta llegó al Parlamento con un plazo muy reducido y este no pudo tener una participación significativa en el Reglamento. Esto no debe repetirse con el próximo Reglamento, en particular en vista de las nuevas competencias del Parlamento en virtud del Tratado de Lisboa.

 
  
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  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del texto de esta resolución porque considero que el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la Unión Europea es uno de los instrumentos clave para facilitar el crecimiento económico de los países en desarrollo. Por esta misma razón debe ponerse en práctica sin demora.

Ya en 1971, la Unión Europea se destacó entre las potencias económicas al ser la primera en adoptar un sistema de preferencias arancelarias para los países en desarrollo. Su principal finalidad es erradicar la pobreza endémica en todo el mundo y permitir que los países en dificultades saquen el mayor beneficio posible del comercio internacional. Ahora, el acuerdo arancelario está próximo a expirar y la Comisión ha decidido presentar una nueva propuesta en los próximos meses, aunque su entrada en vigor se retrasará al menos hasta el segundo semestre de 2012.

Este retraso tendrá como consecuencia un vacío legal de más de seis meses, que provocaría la falta de continuidad del programa e incluso podría poner en peligro muchos de los resultados ya alcanzados. Espero que este lamentable retraso no haga que disminuya el uso del Sistema de Preferencias Generalizadas y que el nuevo acuerdo ofrezca un estímulo para la implantación de un sistema mundial de comercio basado en la ética y la democracia.

 
  
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  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. (LT) Es muy importante que el Sistema de Preferencias Generalizadas de la UE sea más transparente. Es importante que las preferencias arancelarias de la UE para las importaciones procedentes de terceros países se basen el la democracia y la ética, y no únicamente en el afán de lucro. Las preferencias arancelarias deberían beneficiar a toda la sociedad y no solo a un cierto número de empresas. El ponente observa con toda razón que la propuesta para prorrogar el Reglamento vigente no es lo ideal, pero nos permitiría evitar un vacío legal que duraría más de seis meses. De conformidad con el Reglamento vigente, el Parlamento Europeo no puede intervenir en lo referente a los criterios de admisibilidad ni a la lista de países beneficiarios. Es necesario que esto cambie. Ha llegado el momento de que el Parlamento utilice las nuevas competencias que le concede el Tratado de Lisboa en el ámbito comercial. La UE debería prestar más atención al desarrollo de la cooperación con los países vecinos en el ámbito de la política comercial. De este modo contribuiría a crear un entorno económico más estable y liberal, y facilitaría la ampliación gradual del mercado único europeo. Es en interés de la UE firmar un acuerdo de libre comercio con Ucrania e iniciar las negociaciones con otros países de la Asociación Oriental que son miembros de la Organización Mundial del Comercio, es decir, con Georgia, Moldova y Armenia.

 
  
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  Angelika Werthmann (NI), por escrito. (DE) He votado en contra de este informe. Como señala el propio ponente, el sistema en su forma actual tiene más que unas cuantas deficiencias. Aunque se pidió a la Comisión que presentara una propuesta de nuevo reglamento que abordara las deficiencias del marco legal, por una parte, y tuviera en cuenta los cambios institucionales ocurridos desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, por la otra, a fin de garantizar, entre otras cosas, que el Parlamento tenga mayores competencias de control que las contempladas en el procedimiento que se aplica actualmente, la propuesta que se ha presentado contempla una prórroga innecesaria de la actual situación que resulta insatisfactoria. En el informe parlamentario, el ponente expone igualmente algunas de sus propuestas de mejora que podrían o deberían incluirse en la futura propuesta de reglamento. La Comisión debería aceptar estas propuestas y presentar sin demora un nuevo Reglamento mejorado.

 
  
  

Informe: Artur Zasada (A7-0046/2011)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe debido a que la suma del espacio aéreo de los Estados Unidos y la UE representa el 60 % del tráfico aéreo a nivel mundial, y porque los actuales acuerdos bilaterales entre los Estados miembros y los Estados Unidos no reflejan la realidad. La apertura del espacio aéreo entre los Estados Unidos y la UE sin discriminaciones debería mejorar los servicios de transporte de pasajeros y carga, ofrecer beneficios económicos y, ante todo, crear puestos de trabajo.

Por ello diría que es ventajoso, ya que una normativa de convergencia podría promover la libre competencia, en particular en lo referente a los subsidios estatales y los criterios sociales y medioambientales.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) Los mercados de la aviación de los Estados Unidos y Europa representan más de la mitad del tráfico aéreo mundial. Por consiguiente y en vista del cambio climático, la Unión Europea y los Estados Unidos deben colaborar para reducir los efectos que la aviación internacional tiene en el medio ambiente. Por ello he votado a favor del Acuerdo, en el que ambas partes se comprometen a adoptar normas medioambientales y sociales que reducirán considerablemente la contaminación sonora y se mitigarán los efectos de las emisiones del tráfico aéreo en la calidad del aire, así como a desarrollar combustibles alternativos sostenibles. Por primera vez, ambas partes han acordado igualmente garantizar los derechos sociales del personal de vuelo.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este Protocolo para modificar el acuerdo sobre transporte aéreo entre la UE y los Estados Unidos. El Protocolo recoge elementos importantes para avanzar en la cooperación entre la UE y los Estados Unidos en asuntos de transporte aéreo. Asimismo evita el riesgo de que, a falta de dicho acuerdo, alguien active la cláusula de suspensión contenida en el Acuerdo sobre la primera fase. Esta suspensión podría hacer que los pasajeros y compañías aéreas europeos pierdan las importantes ventajas de las que gozan desde marzo de 2008. Habría que prestar atención igualmente al hecho de que este nuevo Acuerdo abre la puerta a nuevas oportunidades en materia de inversión y acceso al mercado, y refuerza la cooperación en ámbitos normativos como la seguridad, la protección y el medio ambiente, ámbitos en los que ambas partes han adoptado una Declaración conjunta sobre el medio ambiente.

 
  
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  Adam Bielan (ECR), por escrito. (PL) Los Estados miembros de la UE y los Estados Unidos tienen una cuota del 60 % del mercado de la aviación a nivel mundial. Por ello debemos intentar lograr una mejora constante de la calidad de los servicios en este sector. Al aprobar la celebración de un Acuerdo de transporte aéreo entre la UE y los Estados Unidos contribuiremos al crecimiento del sector de la aviación al hacer posible una mayor inversión a ambos lados del Atlántico. Por otra parte, el Acuerdo ayudará a reforzar la protección de los derechos de los trabajadores del sector, a intensificar la cooperación en materia de seguridad de los vuelos y a fortalecer la cooperación en materia medioambiental gracias a la obligación de compatibilidad. También es significativo que se refuerce el papel del Comité Mixto UE - Estados Unidos al permitirle promover nuevas iniciativas al poner en práctica el Acuerdo. Creo que el nuevo Acuerdo contribuirá a una mayor apertura del mercado, lo que significará servicios de más alta calidad y disposiciones de seguridad más estrictas, y por ello apruebo la resolución.

 
  
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  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. (ES) He votado a favor de esta iniciativa porque los mercados de aviación representan el 60 % del tráfico mundial. Este acuerdo obligará a modificar la legislación de los EE.UU. para avanzar en la convergencia de la normativa que impida la competencia desleal. Se logrará la apertura de líneas, ofrecerá a operadores y pasajeros unos mejores servicios y precios y ayudará a su vez a un desarrollo económico que generará empleo en ambas realidades

 
  
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  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. (RO) Aunque no es ni con mucho perfecto, el Acuerdo de transporte aéreo entre la UE y los Estados Unidos da un paso adelante y allana el camino no solo en lo referente a futuras oportunidades de inversión y acceso al mercado, sino también respecto a las medidas para aumentar la seguridad y la protección. Ambas partes no han liberalizado plenamente el mercado del transporte aéreo como consecuencia de la versión del Acuerdo que se alcanzó en las negociaciones. Sin embargo, el Acuerdo recoge suficientes incentivos para estimular la reforma. Los Estados Unidos deben modificar su legislación nacional para permitir que inversores de la UE detenten participaciones mayoritarias en compañías aéreas estadounidenses y dar lugar a medidas recíprocas por parte de la UE. El Comité Mixto UE - Estados Unidos ha recibido mayores competencias, lo que significa que podrá mejorar la cooperación mediante la promoción de nuevas iniciativas. Las nuevas normas reducirán la carga administrativa, por ejemplo, a través del reconocimiento de las decisiones reglamentarias de la otra parte, y evitarán una duplicación poco económica de recursos. El reconocimiento de la importancia de la dimensión social y de la competencia concedida al Comité Mixto para llevar a cabo el seguimiento de los efectos sociales del Acuerdo y elaborar respuestas adecuadas en caso necesario, constituyen una innovación introducida en la segunda fase del Acuerdo.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. − (PT) Acojo con beneplácito que la Unión Europea y los Estados Unidos hayan declarado su intención de colaborar para reducir los efectos que tiene la aviación internacional en el medio ambiente. Celebro las iniciativas para reducir el ruido, los efectos de la aviación en la calidad del aire y el cambio climático, para estimular el desarrollo de tecnologías de aviación respetuosas del medio ambiente y para la innovación de la gestión del trafico aéreo, y para el desarrollo sostenible de combustibles alternativos para la aviación.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. − (PT) He votado a favor de esta recomendación por considerar que el Acuerdo objeto de examen puede ser un paso importante para la apertura del mercado sin discriminaciones a las compañías aéreas de la UE y los Estados Unidos. Esta apertura del mercado puede contribuir a mejorar la variedad y coste de los servicios que se prestan a los pasajeros, y ofrecer considerables ventajas económicas.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. − (PT) Aunque todavía no se ha llegado a un mercado único en el transporte aéreo transatlántico, la modificación del Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados Unidos y la Unión Europea incluye mejoras importantes en comparación con la versión anterior, en particular en los ámbitos del medio ambiente y la seguridad.

Espero que los avances logrados permitan seguir reduciendo los obstáculos para la creación de este mercado, en particular en lo tocante a la interoperabilidad y compatibilidad de los sistemas, y el desequilibrio entre las legislaciones de defensa de la competencia, que favorecen a las empresas estadounidenses en lo referente a la propiedad y control de compañías aéreas, especialmente la Fly America Act.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE) por escrito. (PT) Este proyecto de resolución legislativa se basa en el proyecto de Decisión del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativa a la celebración del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados Unidos de América, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra. Lo ideal sería que el acuerdo propusiera la completa apertura del mercado de la aviación sin restricciones por ninguna de las partes. Sin embargo, no se ha logrado este objetivo.

Por ello, en vista de los cambios normativos derivados del Tratado de Lisboa, del tamaño de los mercados de la aviación de la UE y los Estados Unidos, que representan un 60 % del tráfico aéreo mundial, de la necesidad de respetar la vida privada de los ciudadanos europeos y estadounidenses, y de la existencia de normas que garanticen los derechos de los pasajeros, acojo favorablemente este Acuerdo, que representa un avance significativo respecto a la situación actual. Sin embargo, cabe destacar que es necesario que el Parlamento Europeo y el Congreso de los Estados Unidos mantengan un diálogo sobre cuestiones no incluidas en este Acuerdo.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) El ponente expone claramente los objetivos de este Acuerdo: la «apertura del mercado», en otros términos, la intensificación de la liberalización en curso en este sector, «creando un mercado único para el transporte aéreo». Cabe estacar, como señala el ponente, que juntos los mercados de la aviación la UE y de los Estados Unidos representan aproximadamente un 60 % del tráfico aéreo mundial.

Las promesas de beneficios para los trabajadores y pasajeros que siempre acompañan a estos procesos de liberalización son tan viejas y trilladas como falsas, como lo demuestra realidad en los casos en que se ha procedido a la liberalización, ya sea en este sector u otros. Ahora se ha añadido la propaganda sobre la «cooperación medioambiental» a estas promesas; una cuestión que puede y debe abordarse, pero no en este contexto. Incluso en este aspecto las intenciones son claras: promover la compatibilidad e interacción de los regímenes de comercio de derechos de emisión.

En nombre de la libre competencia, que lo justifica todo y a la que todo está sometido, se imponen graves limitaciones a las intervenciones estatales en defensa de los intereses de las compañías aéreas nacionales y, por ende, en defensa de los intereses estratégicos nacionales una serie de ámbitos, como los vínculos con comunidades de migrantes.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Estos acuerdos forman parte del proceso de liberalización que tiene lugar en el sector del transporte aéreo, la cual obstruye la intervención y regulación del Estado en este sector estratégico y abre la puerta a la concentración monopólica que siempre resulta de la libre competencia, que es sacrosanta y se defiende a toda costa.

En nombre de la facilitación de las oportunidades de negocio en el transporte aéreo internacional, que promueve los intereses de las multinacionales del sector en detrimento de las empresas nacionales y sus respectivos intereses estratégicos, incluidos los de las empresas de propiedad pública, como en el caso de TAP en Portugal. Como consecuencia de ello, los trabajadores de las compañías aéreas salen perdiendo, al igual que los pasajeros y otros trabajadores, ya que la liberalización facilita la práctica del dumping por parte de las multinacionales, que imponen empleos precarios por medio de la rebaja de las condiciones de trabajo.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito.(LT) Estoy de acuerdo con este documento, porque el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, amplió los casos en que se requiere la aprobación del Parlamento para celebrar un acuerdo internacional. Los acuerdos aéreos ahora forman parte de esta categoría porque se refieren a un ámbito al que se aplica el procedimiento legislativo ordinario. Los mercados de la aviación de la UE y los Estados Unidos representan aproximadamente un 60 % del tráfico aéreo mundial. La apertura del mercado a las líneas aéreas de la UE y de Estados Unidos sobre una base no discriminatoria ofrecerá a los pasajeros y a los operadores de carga unos mejores servicios, tanto en variedad como en costes, proporcionará importantes beneficios económicos y creará empleo. La convergencia normativa podría fomentar en gran medida la competencia leal, especialmente con respecto a las subvenciones estatales, y a los criterios sociales y medioambientales. Si bien el Acuerdo de segunda fase representa un paso significativo, es importante no considerarlo el final del proceso para establecer un mercado trasatlántico en el sector de la aviación. Creo que la Comisión debe proponerse negociar otra fase del presente Acuerdo que abarque las cuestiones siguientes: una mayor liberalización de los derechos de tráfico, nuevas oportunidades de inversión extranjera, las repercusiones de las medidas medioambientales y de las restricciones en materia de infraestructuras en el ejercicio de los derechos de tráfico y una mejor coordinación de las políticas en materia de derechos de los pasajeros, a fin de garantizar el mayor nivel de protección posible para los pasajeros. Son especialmente importantes unos criterios coherentes sobre los derechos de los pasajeros, incluidos los que sufren de movilidad reducida, para evitar que los pasajeros se vean sometidos a un trato incoherente durante lo que ellos consideran como un viaje único pero que implica segmentos que actualmente están sometidos a normas diferentes. Todos estos acuerdos aéreos son ventajosos y necesarios para la Unión Europea, nuestras compañías aéreas y nuestros ciudadanos.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. − He votado a favor de este Acuerdo que es correcto hasta ahora. Sin embargo, aunque cabe celebrar los incentivos para una mayor apertura del mercado, la ausencia de avances sustanciales para eliminar las desfasadas limitaciones normativas en el ámbito de la inversión resulta decepcionante, pues se mantendrá el actual desequilibrio en las restricciones de la propiedad y control extranjeros en los Estados Unidos. Asimismo, las compañías aéreas de la UE solo tendrán un acceso limitado al tráfico financiado por el Gobierno estadounidense, lo que representa una vez más la continuación de una situación desequilibrada, ya que los gobiernos nacionales de la UE no imponen restricciones similares.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. (IT) Esta modificación del Acuerdo sobre transporte aéreo entre la Unión Europea y los Estados constituye una excelente oportunidad para desarrollar las posibilidades de un mercado que representa el 60 % del tráfico aéreo mundial. Ahora, la Comisión Europea ha logrado hacer avances considerables para intentar crear una zona de aviación abierta entre la UE y Estados Unidos, en la que las inversiones puedan fluir libremente y las compañías aéreas tanto de la UE como de los Estados Unidos puedan prestar servicios aéreos sin restricción alguna. Reconocemos que ahora es necesaria una cooperación más intensa para hacer frente a los cambiantes retos en los ámbitos de la seguridad y el medio ambiente, así como promover más las inversiones a fin de garantizar el libre acceso al mercado. La creación de un Comité Mixto UE - Estados Unidos resulta crucial, pues se encargará de seguir el impacto social del programa de cooperación normativa, que contribuirá a reducir los actuales trámites administrativos. Nos gustaría mencionar el problemático tema del intercambio de datos personales de los pasajeros entre la UE y los Estados Unidos y, por consiguiente, la relación entre la seguridad internacional y la vida privada de los ciudadanos. Consideramos indispensable que se mantenga al Parlamento plenamente informado sobre los trabajos del Comité Mixto, las inversiones extranjeras, las limitaciones infraestructurales al ejercicio de derechos de tráfico y la coordinación de las políticas en materia de derechos de los pasajeros.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) El Acuerdo entre la UE y los Estados Unidos es muy importante para el futuro de las relaciones entre ambas partes. Por ello, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, debe informarse y consultarse plenamente al Parlamento Europeo sobre los trabajos realizados por el Comité Mixto, así como de todos los órganos previstos.

Todos los acuerdos que deseen celebrarse deberán ser aprobados por el Parlamento, que debido a ello deberá estar al corriente de todas las negociaciones, y en el futuro será importante celebrar reuniones periódicas entre diputados de esta Cámara y sus homólogos del Congreso de los Estados Unidos a fin de debatir todas las cuestiones relativas a la política de aviación entre la UE y ese país.

Por ello, este Acuerdo representa un paso importante hacia la apertura del mercado para las compañías aéreas de la UE y de los Estados miembros sin discriminaciones. Esta apertura del mercado puede contribuir a mejorar los servicios prestados a los pasajeros.

 
  
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  Judith A. Merkies (S&D), por escrito.(NL) La Delegación del Partido del Trabajo neerlandés en el Parlamento Europeo no considera que este Acuerdo de segunda fase sea perfecto, pero estima que dará lugar a avances en ámbitos importantes. Asimismo impedirá que los Estados Unidos activen la cláusula de suspensión por falta de dicho Acuerdo. Esta suspensión podría hacer que los pasajeros y compañías aéreas europeos dejen de tener las importantes ventajas de que disfrutan desde marzo de 2008 gracias a este protocolo. Entre los beneficios y aspectos positivos encontramos, en particular, los acuerdos sobre normas laborales para el personal de las compañías aéreas, el intercambio de buenas prácticas en materia de reducción del ruido, el refuerzo de la cooperación en el ámbito de la protección del medio ambiente, etc. La Delegación del Partido del Trabajo neerlandés en el Parlamento europeo reconoce que es necesario llevar a cabo un debate adecuado sobre las disposiciones de seguridad (como el uso de escáneres) y los efectos que tienen estas disposiciones sobre la vida privada y salud de los pasajeros. Aparte de ello desea destacar la necesidad de que la vida privada de los ciudadanos europeos y estadounidenses ocupe un lugar destacado y se respete cuando la UE y los Estados Unidos intercambien datos personales de pasajeros. Es esencial que el Parlamento siga participando en estas negociaciones y que no se rebajen las normativas europeas.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. El Acuerdo no es perfecto, pero anuncia avances importantes. De no haber dicho Acuerdo, alguien podría activar la cláusula de suspensión, que privaría a los pasajeros y compañías aéreas de las importantes ventajas de que gozan desde marzo de 2008. En vista de que los Estados Unidos es un socio difícil en las negociaciones, deberíamos aspirar a segur avanzando en esta dirección en futuras negociaciones.

Por ello he votado a favor.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) El transporte aéreo ha aumentado en general y por ello han crecido igualmente los mercados de la aviación de la UE y los Estados Unidos. Durante mucho tiempo, los Estados miembros han negociado a título individual con los Estados Unidos y han celebrado acuerdos bilaterales. El paso a un acuerdo a escala de la UE permite a las compañías aéreas europeas volar a cualquier destino en los Estados Unidos desde cualquier punto situado en la UE. Una condición previa para ello era la introducción de una serie de reformas tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea. El nuevo Acuerdo pretende abrir nuevas oportunidades de inversión y acceso al mercado, así como mejorar la cooperación entre las autoridades de regulación. Sin embargo, el Acuerdo no será imparcial si se mantienen las actuales restricciones a la propiedad y control extranjeros en los Estados Unidos. Así pues, con este nuevo Acuerdo, la UE se deja engañar una vez más por los Estados Unidos, algo que no puedo tolerar.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. (DE) Tiene todo el sentido del mundo que los acuerdos de transporte aéreo con los Estados Unidos se celebren ahora a nivel europeo y no por separado con los Estados miembros, como sucedía anteriormente. De este modo, las compañías aéreas europeas podrán volar a todos los destinos situados dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, lo que no me satisface es el carácter parcial de este Acuerdo, en el que la UE hace numerosas concesiones, mientras que los Estados Unidos insisten en mantener sus restricciones en materia de propiedad extranjera, por ejemplo. La UE debe asumir una posición más firme ante los Estados Unidos a este respecto.

 
  
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  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. (LT) El Acuerdo de cielos abiertos alcanzado entre los Estados Unidos y la Unión Europea es garante de progreso y refleja el desarrollo económico de ambas regiones. La plena apertura del mercado transatlántico representaría un paso importante para mejorar la situación del sector de la aviación a nivel mundial. Sería un beneficio económico para ambas partes que valdría millones de euros, crearía muchos nuevos puestos de trabajo y ofrecería oportunidades de negocio. Al tiempo que intentamos lograr beneficios económicos, no debemos olvidar las disposiciones en materia de seguridad. Las normas de seguridad y protección de los vuelos revistan una importancia crucial para los pasajeros, la tripulación y todo el sector de la aviación. Es necesario armonizar las normas de seguridad en orden ascendente. Las instituciones de la UE y de los Estados Unidos responsables de la seguridad aérea deben cooperar a todos los niveles. Las normas de seguridad de la UE deben ajustarse a las establecidas por la Organización Internacional de Aviación Civil. Debemos hacer todo lo posible para que nuestras vidas y las de nuestros hijos y seres amados se tomen en serio. No podemos permitir que el tiempo de vuelo, trabajo y descanso de los miembros de las tripulaciones de la Unión Europea sean objeto de normas de seguridad menos estrictas, lo que puede poner vidas en peligro.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del Acuerdo sobre transporte aéreo entre la Unión Europea y los Estados Unidos, y lo hice precisamente para hacer sentir nuestro peso político ya que, aunque el acuerdo alcanzado no es considerado el mejor, incluso por el señor Zasada, al menos ofrece una forma de gestionar el transporte aéreo que beneficiará en todo caso en términos de viajes y comercio a los ciudadanos de ambos continentes. Gracias a la nueva liberalización de los derechos de tráfico, a las nuevas oportunidades de inversión y a la mejora de la coordinación entre las políticas relativas a los derechos de los pasajeros, se ha garantizado importantes ventajas a la UE y los Estados Unidos.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de esta modificación del Acuerdo sobre transporte aéreo entre la UE y los Estados Unidos. Una suspensión haría que los pasajeros y compañías aéreas de la Unión sufrieran una importante pérdida de los beneficios de que gozan desde marzo de 2008. Estoy acuerdo con el análisis del ponente en el sentido de que este Acuerdo no es perfecto. Sin embargo, tiene el mérito de presentar elementos importantes que permiten que este proceso avance y se evite el riesgo de que se active la cláusula de suspensión por la falta de un acuerdo de esta naturaleza.

De hecho, este Acuerdo —el Acuerdo de segunda fase— no alcanza el objetivo final de una plena apertura del mercado sin restricciones de ninguna de las partes, aunque contempla una serie de incentivos para promover reformas. En términos concretos, cuando los Estados Unidos modifiquen su legislación para permitir que los inversores de la UE detenten una participación mayoritaria en las compañías aéreas estadounidenses, la UE actuará de modo recíproco. En cualquier caso, este proceso no será inmediato y cualquier decisión al respecto dependerá del seguimiento y de la propuesta final a la que se llegue, en circunstancias que permitan mejorar el transporte aéreo y el éxito de las empresas europeas.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) La suma de los mercados de la aviación de la Unión Europea y los Estados Unidos representa aproximadamente un 60 % del tráfico aéreo mundial. El Protocolo por el que se modifica el Acuerdo de transporte aéreo prevé la apertura del mercado para las compañías aéreas de la UE y los Estados Unidos sobre una base no discriminatoria y ofrece a los pasajeros y a los operadores de carga unos mejores servicios, tanto en variedad como en costes, proporciona importantes beneficios económicos y crea empleo. Por otra parte, los avances en la cooperación y convergencia normativa en este ámbito podrían hacer mucho para promover la competencia leal, en particular en lo relativo a los subsidios estatales y normas sociales y medioambientales. Por estas razones he votado a favor de la aprobación del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo de transporte aéreo entre la UE y los Estados Unidos.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) A pesar de no haber alcanzado el objetivo final de una plena apertura del mercado aéreo transatlántico, este Acuerdo de segunda fase entre la UE y los Estados Unidos representa un avance importante en esta dirección que ofrece nuevas oportunidades comerciales a las compañías aéreas europeas y ventajas considerables a los pasajeros y operadores de carga, tanto al reforzar la prestación de servicios como al reducir costes.

Por ello he votado a favor de la firma de este Protocolo por el que se modifica el Acuerdo de transporte aéreo entre la UE y los Estados Unidos, ya que me gustaría que continuaran las negociaciones para una mayor liberalización de los derechos de tráfico, el refuerzo de la cooperación en diversos ámbitos y la abolición de las restricciones normativas existentes en los Estados Unidos en lo tocante a la propiedad y control de compañías aéreas estadounidenses por extranjeros.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. El Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, amplió los casos en que es necesaria la aprobación del Parlamento para la celebración de acuerdos internacionales. Los acuerdos de transporte aéreo ahora forman parte de esta categoría porque se refieren a un ámbito al que se aplica el procedimiento legislativo ordinario. Anteriormente tan solo se consultaba al Parlamento en relación con dichos acuerdos. Como consecuencia de ello, este Protocolo por el que se modifica el Acuerdo de transporte aéreo debe ser aprobado por el Parlamento, mientras que el Acuerdo inicial fue celebrado tras consultar al Parlamento. Los mercados de la aviación de la UE y los Estados Unidos en su conjunto representan aproximadamente un 60 % del tráfico aéreo mundial. La apertura del mercado a las líneas aéreas de la UE y de Estados Unidos sobre una base no discriminatoria ofrecerá a los pasajeros y a los operadores de carga unos mejores servicios, tanto en variedad como en costes, proporcionará importantes beneficios económicos y creará empleo. Asimismo la convergencia normativa podría fomentar en gran medida la competencia leal, especialmente con respecto a las subvenciones estatales, y a los criterios sociales y medioambientales.

 
  
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  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. (IT) Las compañías aéreas europeas y de los Estados Unidos en su conjunto representan aproximadamente el 60 % del tráfico aérea mundial, con lo que constituyen una fuerza económica sin parangón en este sector. La apertura de los mercados de la aviación de la UE y los Estados Unidos permitiría de hecho ofrecer un mayor número de servicios a un menor coste, lo que tendría repercusiones positivas tanto para la economía como para el empleo. De hecho, la adopción de normas comunes favorecería un desarrollo integrado más uniforme, sobre todo desde el punto de vista social y medioambiental.

Por ello me alegro de que el acuerdo alcanzado recoja numerosos incentivos destinados a estimular estos cambios. La posibilidad de hacer inversiones de capital en las compañías aéreas de ambas partes, así como la mejora de la consulta y la cooperación en materia de seguridad, son tan solo dos ejemplos de ello. Ahora espero que el Parlamento apruebe el Protocolo por el que se modifica el Acuerdo de transporte aéreo entre la UE y los Estados Unidos a fin de evitar que se active la cláusula de suspensión, con lo que podrían perderse las ventajas obtenidas hasta ahora.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) El Parlamento Europeo ha aprobado hoy un Protocolo por el que se modifica el Acuerdo de transporte aéreo vigente entre la Unión Europea y los Estados Unidos, y he votado a favor.

La propuesta es un paso importante para mejorar las relaciones transatlánticas en el sector de la aviación. La suma de los mercados de la aviación de la UE y los Estados Unidos representa aproximadamente un 60 % del tráfico aéreo mundial. La apertura de los mercados a las compañías aéreas permitirá mejorar los servicios para los pasajeros y operadores de carga y traerá consigo grandes ventajas económicas y de creación de empleo.

Sin embargo, este Acuerdo no debe considerarse el final del proceso. El Acuerdo, calificado de segunda fase, no alcanza el objetivo final de una plena apertura del mercado sin restricciones de ninguna de las partes. También es de suma importancia contar con normas coherentes en lo relativo a los derechos de los pasajeros y mejorar la coordinación de las políticas en esta materia. Por último, cabe destacar que temas como una mayor liberalización de los derechos de tráfico, mayores oportunidades para la inversión extranjera y el efecto de las medidas medioambientales en los derechos de tráfico deberán tenerse en cuenta en una posible fase futura de negociación.

 
  
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  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), por escrito. (PL) Estoy a favor de aprobar la propuesta de resolución sobre la cuestión citada. El Tratado de Lisboa amplió los casos en que es necesaria la aprobación del Parlamento para celebrar acuerdos internacionales. Los acuerdos aéreos ahora forman parte de esta categoría porque se refieren a un ámbito al que se aplica el procedimiento legislativo ordinario. Anteriormente tan solo se consultaba al Parlamento en relación con dichos acuerdos. Los mercados de la aviación de la UE y los Estados Unidos en su conjunto representan aproximadamente un 60 % del tráfico aéreo mundial. La apertura del mercado a las líneas aéreas de la UE y de Estados Unidos sobre una base no discriminatoria ofrecerá a los pasajeros y a los operadores de carga unos mejores servicios, tanto en variedad como en costes, proporcionará importantes beneficios económicos y creará empleo. Asimismo la convergencia normativa podría fomentar en gran medida la competencia leal, especialmente con respecto a las subvenciones estatales, y a los criterios sociales y medioambientales. Al mismo tiempo deberíamos reconocer que quedan por resolver una serie de cuestiones que no forman parte del ámbito de aplicación del Acuerdo modificado por el nuevo Protocolo. Por este motivo, la Comisión debe intentar negociar otra fase de este Acuerdo que incluya temas como los siguientes: una mayor liberalización de los derechos de tráfico, mayores oportunidades de inversión extranjera y el efecto de las medidas medioambientales y de las limitaciones infraestructurales en el ejercicio de los derechos de tráfico.

 
  
  

Informe: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0045/2011)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe, en primer lugar porque representa una mejora considerable respecto a las actuales acuerdos bilaterales entre los Estados miembros y Canadá, que son muy limitados, y en segundo lugar debido a la importante mejora que ofrece en lo referente a los servicios y conexiones aéreas entre los dos mercados, con los consiguientes beneficios económicos, medioambientales, de seguridad, de transporte de pasajeros, de competencia y de carácter legal, entre otras cosas.

 
  
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  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. (RO) La Unión Europea y Canadá han acordado cooperar en el ámbito del transporte aéreo con el objetivo de reducir los efectos que tienen la aviación en el cambio climático. En lo referente a la seguridad y protección de los pasajeros, el Acuerdo contempla el reconocimiento mutuo de normas y un control de seguridad único. Todas las compañías aéreas de la Unión Europea podrán operar vuelos semanales entre Canadá y la UE. Este acuerdo mejorará considerablemente las conexiones entre los mercados de ambas partes y los vínculos entre las personas, y generará nuevas oportunidades para el sector del transporte aéreo mediante la liberalización progresiva de las normas relativas a la propiedad extranjera. He votado a favor de este informe porque recoge disposiciones concretas para defender los intereses de los consumidores.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) Hasta ahora, el transporte aéreo entre los Estados miembros de la UE y Canadá ha estado regulado exclusivamente por acuerdos bilaterales. Como la Unión Europea y Canadá mantienen desde hace mucho tiempo lazos económicos y políticos se ha hecho necesario que ambas partes lleguen a un acuerdo sobre transporte aéreo. Por ello he votado a favor de este Acuerdo, que prevé la aplicación gradual de derechos de tráfico, oportunidades de inversión y cooperación en diversos ámbitos (en particular la seguridad aérea mediante la creación de un sistema común de seguridad, pero también las cuestiones sociales, los intereses de los consumidores y temas medioambientales). Con arreglo al Acuerdo se eliminarán igualmente todas las restricciones de rutas, precios y número de vuelos entre la Unión Europea y Canadá. Este Acuerdo es tan ambicioso como necesario.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) Estoy a favor del Acuerdo de transporte aéreo entre la UE y Canadá. El Acuerdo contempla la concesión gradual de derechos de tráfico y oportunidades de inversión, al igual que una amplia cooperación en una serie de temas, como seguridad, protección, asuntos sociales, intereses de los consumidores, medio ambiente, gestión del tráfico aéreo, ayudas públicas y competencia. Todas las compañías aéreas de la UE podrán operar vuelos directos a Canadá desde cualquier lugar de Europa. Asimismo acojo con satisfacción que este Acuerdo elimine todas las restricciones de rutas, precios o número de vuelos semanales entre Canadá y la UE. Las compañías aéreas podrán celebrar libremente acuerdos comerciales como acuerdos de código compartido, que son importantes para las compañías aéreas que operan vuelos a un elevado número de destinos, y para establecer sus tarifas de acuerdo con la ley de competencia.

 
  
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  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. (ES) En el año 2007 el Consejo confirió un mandato a la Comisión para poder negociar un acuerdo global de aviación. Ese año fueron 9 millones de personas los que viajaron entre los EE.UU. y Canadá. El objetivo del acuerdo era crear un mercado único de transporte aéreo. Para ello, era necesario también proceder a la modificación de la legislación de Canadá. La apertura total está siendo progresiva, al igual que la adaptación legislativa, pero ha supuesto un avance al haber eliminado ya las restricciones sobre las rutas, el establecimiento de vuelos semanales o la libertad de las empresas de aviación para entrar en los acuerdos comerciales. A pesar de las dificultades, creo que hay que seguir avanzando hasta conseguir el mercado único. Por eso he votado a favor.

 
  
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  Slavi Binev (NI), por escrito. – (BG) Es bien sabido que antes de este Acuerdo, la aviación era objeto de acuerdos bilaterales con 19 de los Estados miembros. He votado a favor de esta propuesta porque facilitará el transporte aéreo, pero sobre todo porque contempla la concesión gradual de derechos de tráfico y oportunidades de inversión, al igual que una amplia cooperación en una serie de temas, como seguridad, protección, asuntos sociales, intereses de los consumidores, medio ambiente, gestión del tráfico aéreo, ayudas públicas y competencia. Era necesario un Acuerdo de este tipo.

 
  
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  Jan Březina (PPE), por escrito. – (CS) En condiciones normales concedería todo mi apoyo a un acuerdo de aviación entre la UE y Canadá, ya que estoy completamente a favor de eliminar los obstáculos a la libre circulación, tanto dentro de la UE como entre esta y terceros países. Sin embargo, en una situación en la que Canadá sigue imponiendo unilateralmente la obligación de visado a los ciudadanos de la República Checa, considero que este Acuerdo constituye una concesión equivocada por parte de la UE a un país que no la merece. La UE debería tener el valor de vincular estas cuestiones —la obligación de visado y la firma del acuerdo internacional— ya que esta es una oportunidad única para presionar a Canadá en relación con el asunto de los visados. Resulta sorprendente que Canadá, por una parte, permita que las compañías aéreas de la UE realicen vuelos directos desde cualquier lugar de la UE y, por la otra, impida que los ciudadanos de uno de los Estados miembros viajen libremente a ese país. Existe un amplio consenso en que las relaciones entre la UE y Canadá se han convertido gradualmente en una asociación estratégica y en que el Acuerdo celebrado confirmará y reforzará el carácter de esta asociación. No obstante, si Canadá sigue imponiendo unilateralmente la obligación de visado a los ciudadanos checos, esta asociación tendrá un sabor muy amargo.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. − (PT) Este Acuerdo, que permitirá que las compañías aéreas europeas establezcan vuelos directos a Canadá desde cualquier punto de Europa, así como compartir códigos en estas rutas, puede calificarse como el más ambicioso acuerdo de transporte aéreo celebrado por la Unión Europea. Pretende eliminar disposiciones incluidas en los acuerdos bilaterales anteriores que violaban el Derecho de la Unión y ponían en entredicho la igualdad de trato entre compañías aéreas propiedad de nacionales de distintos Estados miembros.

Me gustaría que se reforzaran las relaciones entre la UE y Canadá, y que pudiéramos avanzar hacia un espacio aéreo con menos obstáculos entre países.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE) por escrito. (PT) Esta recomendación se refiere a la propuesta de Decisión del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativa a la celebración del Acuerdo de transporte aéreo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Canadá, por otra.

Las relaciones económicas y políticas entre la Unión Europea y Canadá son de larga data y han dado lugar a acuerdos bilaterales en este ámbito. Sin embargo, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009, que exige que el Parlamento Europeo apruebe los acuerdos relativos a los servicios aéreos, la Comisión comenzó un proceso de negociación que ahora ha llegado a su fin, mediante el cual se ha establecido una serie de derechos de tráfico y posibilidades de inversión, así como la cooperación en varios ámbitos, como la seguridad, la defensa de los derechos del consumidor, el medio ambiente, la gestión del tráfico aéreo, los derechos sociales y la competencia leal.

Por ello acojo con satisfacción la aprobación de esta propuesta, que facilitará los viajes a los ciudadanos de la UE y Canadá al eliminar diversas restricciones, permitirá los códigos compartidos y establecerá precios justos.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) Las similitudes entre los objetivos en este caso y en el Acuerdo con los Estados Unidos son evidentes: la creación de un mercado único de transporte aéreo entre la UE y Canadá, un mercado que representaba 9 millones de pasajeros en 2007.

El ponente señala que el Acuerdo «es más ambicioso y específico que el Acuerdo UE-EE.UU.», pero también reconoce que «a pesar de que este Acuerdo es más ambicioso que el Acuerdo con EE.UU. en lo relativo al acceso del mercado, es menos explícito cuando se trata de reconocer la importancia de la dimensión social». En otras palabras, en este caso se han dejado a un lado las vanas referencias al efecto que tendrá el Acuerdo en el empleo, los trabajadores y las condiciones de trabajo. Lo cierto es que, también en este caso, la falta de restricciones respecto a los proveedores y servicios prestados —para operaciones entre países, dentro de cada país e incluso fuera de los mercados de la UE y Canadá, como prevé el Acuerdo— y la limitación de las intervenciones del Estado en las compañías aéreas contribuirán al objetivo de abrir las puertas a una concentración monpólica en este sector...

(Explicación de voto abreviada de acuerdo con el artículo 170 del Reglamento)

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Los objetivos de este informe son evidentes: la creación de un mercado único de transporte aéreo entre la UE y Canadá, un mercado que representaba 9 millones de pasajeros en 2007. El ponente señala que el Acuerdo «es más ambicioso y específico que el Acuerdo UE-EE.UU.», pero también reconoce que «a pesar de que este Acuerdo es más ambicioso que el Acuerdo con EE.UU. en lo relativo al acceso del mercado, es menos explícito cuando se trata de reconocer la importancia de la dimensión social».

En otras palabras, en este caso se han dejado a un lado las vanas referencias al efecto que tendrá el Acuerdo en el empleo, los trabajadores y las condiciones de trabajo. La falta de restricciones respecto a los proveedores y servicios prestados —para operaciones entre países, dentro de cada país e incluso fuera de los mercados de la UE y Canadá, como prevé el Acuerdo— y la limitación de las intervenciones del Estado en las compañías aéreas contribuirán al objetivo de abrir las puertas a una concentración monpólica en este sector, lo que tendrá efectos adversos para los trabajadores y pasajeros, en contra de lo que se ha dicho. Es por ello que hemos votado en contra.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) Estoy de acuerdo con este documento porque el Acuerdo contempla la concesión gradual de derechos de tráfico y oportunidades de inversión, al igual que una amplia cooperación en una serie de temas, como seguridad, protección, asuntos sociales, intereses de los consumidores, medio ambiente, gestión del tráfico aéreo, ayudas públicas y competencia. Todas las compañías aéreas de la UE podrán operar vuelos directos a Canadá desde cualquier lugar de Europa. El Acuerdo suprime todas las restricciones de rutas, precios o número de vuelos semanales entre Canadá y la UE. Las compañías aéreas podrán celebrar libremente acuerdos comerciales como acuerdos de código compartido, que son importantes para las compañías aéreas que operan vuelos a un elevado número de destinos, y para establecer sus tarifas de acuerdo con la ley de competencia. El Acuerdo recoge disposiciones para la apertura gradual del mercado a condición de que ambas partes concedan mayores libertades de inversión. La ambición de este Acuerdo debe recibirse con gran beneplácito. Debería servir de objetivo para otras negociaciones en curso actualmente. Por ello creo que el Parlamento debería aprobar el Acuerdo de transporte aéreo entre la UE y Canadá. Todos estos acuerdos aéreos son ventajosos y necesarios para la Unión Europea, nuestras compañías aéreas y nuestros ciudadanos.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. − Acojo con satisfacción este Acuerdo, que puede considerarse el acuerdo de transporte aéreo más ambicioso entre la UE y un importante socio comercial a nivel mundial. Este acuerdo mejorará considerablemente tanto las conexiones entre los mercados de ambas partes como los vínculos entre las personas, y generará al mismo tiempo nuevas oportunidades para el sector del transporte aéreo mediante la liberalización progresiva de las normas relativas a la propiedad extranjera. En particular, es más ambicioso y explícito que el Acuerdo entre la UE y los Estados Unidos en lo referente a los derechos de tráfico y propiedad y control, incluso tras la aplicación del Protocolo de modificación («segunda fase»).

Según un estudio realizado por la Comisión, un acuerdo abierto con Canadá generaría un volumen adicional de medio millón de pasajeros en su primer año de aplicación y, en unos cuantos años, cabría esperar que otros 3,5 millones de pasajeros aprovechen las oportunidades que podría ofrecer dicho Acuerdo. El Acuerdo podría generar beneficios para los consumidores por un valor de al menos 72 millones de euros gracias a la rebaja de tarifas, y crearía igualmente nuevos puestos de trabajo.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. (IT) Aunque la Unión Europea y Canadá mantienen lazos económicos y políticos desde hace mucho tiempo, antes de este Acuerdo, la aviación era objeto de acuerdos bilaterales con varios Estados miembros. Por ello es necesario alcanzar el objetivo de establecer una zona de aviación abierta que allane el camino para crear un mercado único de transporte aéreo, en la que las inversiones fluyan libremente y las compañías aéreas de ambas partes puedan prestar servicios aéreos sin restricción alguna. Consideramos que deben eliminarse las actuales restricciones legales en materia de propiedad de compañías aéreas canadienses y, al mismo tiempo, que deben introducirse nuevos derechos de tráfico y cooperación en una serie de ámbitos, como seguridad de los pasajeros, respeto del medio ambiente, gestión del tráfico aéreo y seguridad aérea. Por ello podemos decir sin temor a equivocarnos que el Acuerdo aprobado hoy es realmente ambicioso. Traerá consigo una mejora decisiva en las conexiones entre los mercados de ambas partes y creará nuevas oportunidades para el sector. Sin embargo, recomendamos que se mejoren las consultas y la cooperación en la delicada cuestión de la seguridad, y pedimos a la Comisión que mantenga informado al Parlamento sobre todos los avances y supervise los trabajos del nuevo Comité Mixto.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) El Acuerdo entre la UE y Canadá es muy importante para el futuro de las relaciones entre ambas partes. Por ello, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, debe informarse y consultarse plenamente al Parlamento Europeo sobre los trabajos realizados por el Comité Mixto, así como de todos los órganos previstos. El Parlamento deberá aprobar todos los acuerdos que deseen celebrarse, por lo que deberá mantenérsele informado sobre todas las negociaciones.

Por ello, este Acuerdo representa un paso importante hacia la apertura del mercado para las compañías aéreas de la UE y de Canadá sin discriminaciones. Esta apertura del mercado puede contribuir a mejorar los servicios prestados a los pasajeros. Este es el Acuerdo de transporte más ambicioso entre ambas partes.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. Coincido plenamente con Silvia-Adriana Ţicău: este Acuerdo es el acuerdo de transporte aéreo más ambicioso entre la UE y uno de los socios más importantes del mundo. Este acuerdo mejorará considerablemente tanto las conexiones entre los mercados de ambas partes como los vínculos entre las personas, y generará nuevas oportunidades para el sector del transporte aéreo mediante la liberalización progresiva de las normas relativas a la propiedad extranjera. En particular, es más ambicioso y preciso que el Acuerdo entre la UE y los Estados Unidos en lo referente a derechos de tráfico y propiedad y control.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de este Acuerdo de transporte aéreo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Canadá, por otra. Se trata de un Acuerdo muy ambicioso que contempla la concesión gradual de derechos de tráfico y posibilidades de inversión, así como la plena cooperación en diversos ámbitos, como la seguridad, cuestiones sociales, la defensa de los intereses de los consumidores, el medio ambiente, las ayudas públicas y la competencia. Todas las compañías aéreas de la Unión Europea podrán operar vuelos directos a Canadá desde cualquier aeropuerto europeo. El Acuerdo suprime todas las actuales restricciones de rutas, precios y número de vuelos semanales entre Canadá y la UE. Es con gran satisfacción que he votado por este Acuerdo, en vista de su carácter ambicioso y de las posibilidades que abre para estrechar aún más los lazos que ya existen entre las Azores y Canadá.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) El Acuerdo de transporte aéreo entre la UE y Canadá es uno de los acuerdos más ambiciosos entre la UE y uno de los más importantes socios del mundo en esta materia. Contempla la concesión gradual de derechos de tráfico y oportunidades de inversión, al igual que una amplia cooperación en temas como seguridad, protección, asuntos sociales, intereses de los consumidores, medio ambiente, gestión del tráfico aéreo, subsidios estatales y competencia.

Este acuerdo mejorará las conexiones entre los mercados de ambas partes y los vínculos entre las personas, y generará al mismo tiempo nuevas oportunidades para el sector del transporte aéreo mediante la liberalización progresiva de las normas relativas a la propiedad extranjera. Según estudios recientes, un acuerdo abierto con Canadá generaría un volumen adicional de medio millón de pasajeros en su primer año de aplicación y, en unos cuantos años, cabría esperar que otros 3,5 millones de pasajeros aprovechen las oportunidades que podría ofrecer dicho Acuerdo. El Acuerdo podría generar beneficios para los consumidores por un valor de al menos 72 millones de euros gracias a la rebaja de tarifas, y crearía igualmente nuevos puestos de trabajo. Por los motivos antes expuestos, he votado a favor de la aprobación del Acuerdo de transporte aéreo entre la UE y Canadá.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de la celebración del Acuerdo de transporte aéreo entre la UE y Canadá, que permitirá a las compañías aéreas europeas establecer vuelos directos a Canadá desde cualquier punto de Europa, lo que generará, en primer lugar, nuevas oportunidades para las compañías europeas —en particular gracias a la posibilidad de celebrar acuerdos de código compartido y la progresiva liberalización de las normas en el ámbito de las inversiones extranjeras— y, en segundo lugar, considerables ventajas económicas, tanto para los consumidores como para la creación de empleo.

 
  
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  Zuzana Roithová (PPE), por escrito. – (CS) En mi opinión, el acuerdo de aviación con Canadá es fundamentalmente un instrumento comercial que brindará ventajas a ambas partes, pero en vista de la discriminación que sufren los ciudadanos checos y la posición de la Cámara de Diputados del Parlamento de la República Checa, me he abstenido en la votación. La Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados del Parlamento de la República Checa ha suspendido los debates sobre la ratificación del Acuerdo hasta que la Comisión logre avances claros en sus negociaciones con Canadá para poner fin a la obligación unilateral de visado para los ciudadanos checos. Durante casi dos años han existido dos clases de ciudadanos en la UE, ya que los ciudadanos checos no pueden viajar libremente a Canadá como los demás, mientras que los canadienses pueden viajar libremente a la República Checa. La República Checa no puede responder con medidas recíprocas debido a la política común de visados de la UE, pero el Comisario no protege esta política.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. El Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, amplió los casos en que es necesaria la aprobación del Parlamento para la celebración de acuerdos internacionales. Los acuerdos aéreos ahora forman parte de esta categoría porque se refieren a un ámbito al que se aplica el procedimiento legislativo ordinario. Anteriormente tan solo se consultaba al Parlamento en relación con dichos acuerdos.

Aunque la UE y Canadá mantienen lazos económicos y políticos desde hace mucho tiempo, antes de este Acuerdo, la aviación era objeto de acuerdos bilaterales con 19 Estados miembros. Muchos de estos acuerdos eran restrictivos y no ofrecían pleno acceso a los mercados de ambas partes. En noviembre de 2002, el Tribunal Europeo de Justicia dictaminó que algunas disposiciones de estos acuerdos bilaterales eran incompatibles con la legislación de la comunitaria.

Por ese motivo, el Consejo encargó a la Comisión en octubre de 2007 que negociara un acuerdo de aviación exhaustivo para remplazar los acuerdos bilaterales vigentes. Ese año, nueve millones de personas viajaron entre la UE y Canadá. El Acuerdo de transporte aéreo entre la UE y Canadá fue rubricado el 30 de noviembre de 2008, aprobado por la Cumbre UE-Canadá el 6 de mayo de 2009 y firmado los días 17 y 18 de diciembre de 2009. La UE y Canadá negociaron igualmente un acuerdo sobre seguridad aérea, que es objeto de la recomendación (A7-0298/2010).

 
  
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  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. (IT) Aunque la Unión Europea y Canadá mantienen relaciones económicas y políticas desde hace largo tiempo, hasta ahora el único acuerdo de aviación entre la UE y Canadá era una combinación de acuerdos bilaterales entre países. Este protocolo contempla la introducción de derechos de tráfico y oportunidades de inversión, así como la cooperación en una serie de ámbitos, en particular mayores garantías en materia de seguridad y protección. Estoy a favor del texto de este Acuerdo porque introduce medidas destinadas a abrir gradualmente el mercado aéreo canadiense al conceder mayores libertades de inversión a ambas partes. A fin de cumplir correctamente lo dispuesto en el Acuerdo, Canadá necesita modificar su legislación para suprimir las actuales restricciones legales impuestas a la propiedad y control de compañías aéreas canadienses y al número de servicios ofrecidos por cada compañía aérea.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) Este acuerdo, que puede considerarse el acuerdo de transporte aéreo más ambicioso celebrado por la Unión Europea, permitirá a las compañías aéreas europeas realizar vuelos directos a Canadá desde cualquier aeropuerto europeo, y también introduce mecanismos comerciales, como los códigos compartidos. El Acuerdo contempla la concesión gradual de derechos de tráfico y posibilidades de inversión, así como la plena cooperación en diversos ámbitos, como la seguridad, cuestiones sociales, la defensa de los intereses de los consumidores, el medio ambiente, las ayudas públicas y la competencia.

En el documento aprobado en esta sesión, la Comisión de Transporte y Turismo, de la que soy miembro suplente, pide a la Unión Europeo que mantenga informado y consulte de forma sistemática al Parlamento sobre las actividades del Comité Mixto creado por el Acuerdo, a fin de que pueda seguir las distintas etapas de la apertura del mercado. He votado a favor de la recomendación, y este Acuerdo servirá de ejemplo para otras negociaciones en curso actualmente.

 
  
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  Angelika Werthmann (NI), por escrito. (DE) Este Acuerdo sirve de modelo para las negociaciones actuales y futuras con otros países. Eliminará las restricciones de rutas, precios o número de vuelos semanales entre las dos partes en el Acuerdo. Según algunas previsiones, el ahorro potencial de la reducción de las tarifas se eleva a 72 millones de euros, algo que beneficiará directamente a los consumidores. Asimismo, el Acuerdo tendrá otras ventajas indirectas para nuestros ciudadanos gracias a la creación de nuevos puestos de trabajo. Por ello he votado a favor del Acuerdo.

 
  
  

Informe: Dominique Riquet (A7-0044/2011)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe porque la continuación de los actuales acuerdos aéreos bilaterales con Vietnam no sería compatible con la legislación europea y debido a las oportunidades que podría ofrecer esta mayor apertura.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) hasta ahora, los acuerdos bilaterales sobre transporte aéreo celebrados entre los Estados miembros de la UE y terceros países han dado lugar a posibles discriminaciones en contra de algunas compañías aéreas de la Unión Europea. Por ello, el nuevo Acuerdo recoge una cláusula de designación de la UE que incluye todas las compañías aéreas de la Unión Europea y remplazará las cláusulas de designación tradicionales que hacían referencia a compañías aéreas de distintos Estados miembros. De este modo, el Acuerdo tiene por objetivo evitar la discriminación de compañías aéreas de la Unión Europea y eliminar prácticas contrarias a la competencia. Por esta razón he votado a favor del Acuerdo, que permitirá que todas las compañías aéreas de la Unión Europea realicen vuelos entre cualquier Estado miembro y Vietnam.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de la celebración de este Acuerdo. El objetivo de este es conceder a todas las compañías aéreas de la UE un acceso sin discriminaciones a las rutas entre la Unión Europea y Vietnam. Este Acuerdo contempla igualmente que las disposiciones en materia de seguridad de los acuerdos bilaterales se apliquen a las situaciones en las que un Estado miembro ejerce el control regulador sobre un transportista aéreo designado por otro Estado miembro. Asimismo considero muy importante que el Acuerdo prohíba las prácticas contrarias a la competencia.

 
  
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  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. (ES) Según el Tribunal de Justicia, los acuerdos bilaterales firmados hasta ahora infringen el Derecho de la UE. Por ello, ha sido necesario modificar tres artículos a fin de evitar la discriminación entre las compañías aéreas y prohibir actuaciones que podrían ser contrarias a la competencia y, por último, para asegurar que las cláusulas de seguridad se apliquen cuando un Estado ejerce el control sobre el transporte designado por otro Estado miembro.

 
  
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  Slavi Binev (NI), por escrito. – (BG) Deseo explicar mi voto sobre el Acuerdo de transporte aéreo entre la Unión Europea y Vietnam. He votado a favor de este Acuerdo porque tengo entendido que el Acuerdo celebrado por la Comisión sustituye, para bien, algunas disposiciones de los actuales 17 acuerdos sobre servicios aéreos celebrados entre los Estados miembros de la UE y Vietnam. Como sabemos, con arreglo al Reglamento del Parlamento, no pueden presentarse enmiendas, pero creo que la Comisión ha adoptado las medidas necesarias y apoyo este Acuerdo.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. − (PT) El Consejo pidió a la Comisión que intentará remplazar algunas disposiciones que figuran en los acuerdos relativos a servicios aéreos, debido a que el Tribunal de Justicia había dictaminado que no eran compatibles con el Derecho de la Unión.

Estas enmiendas contemplan la concesión de acceso a todas las compañías aéreas europeas a las rutas entre la Unión Europea y Vietnam, y prohíben las prácticas contrarias a la competencia. Estas modificaciones garantizan el cumplimiento del principio de libertad de establecimiento, e intentan que se conceda un trato idéntico dentro del Estado miembro de acogida al concedido a los nacionales de dicho Estado.

Me gustaría que los contactos e intercambios entre la Unión Europea y Vietnam se beneficiaran de las ventajas mutuas que se ofrecen a las compañías aéreas y que estas permitan que los pueblos de cada una de las partes se conozcan mejor entre ellos.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE) por escrito. (PT) Comparto la aprobación de esta propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam sobre determinados aspectos de los servicios aéreos. Las relaciones internacionales en el sector de la aviación entre los Estados miembros y terceros países solían estar reguladas a través de la celebración de acuerdos bilaterales. Sin embargo, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2002 consideró que esta situación era ilegal por infringir el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por ello, la Comisión inició un proceso de negociación para sustituir los 17 acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos vigentes entre los Estados miembros y Vietnam Este proceso, que ahora ha llegado a su fin, pretendía conceder acceso sin discriminaciones a todas las compañías aéreas a las rutas entre la UE y Vietnam, exigir el cumplimiento de las normas de seguridad y evitar prácticas contrarias a la competencia.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) Este Acuerdo, al igual que otros, persigue el objetivo de liberalizar el sector de los servicios aéreos con la justificación, al igual que en otros casos, de que la sentencia de 2002 del Tribunal de Justicia de la UE considera los actuales acuerdos bilaterales contrarios a la legislación de la UE. Al igual que en otras lamentables situaciones, la interpretación de la legislación de la UE parece dar prioridad una vez más a la libertad de competencia sobre todos los demás preceptos sociales y económicos.

En este caso expresamos las mismas reservas que las que hemos formulado acerca de otros acuerdos, su ámbito de aplicación y las consecuencias que pueden tener. En el contexto actual en que tienen lugar las actividades de la aviación civil, el establecimiento de igualdad de condiciones para las distintas compañías europeas contribuiría a facilitar el proceso de concentración monopólica en el sector que ya se encuentra en marcha, con todos los efectos adversos que tendría para los trabajadores de las compañías aéreas y los pasajeros. A fin de que el mercado domine este sector es necesario reducir la capacidad de los Estados miembros para defender sus compañías aéreas nacionales.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Se nos presenta un acuerdo que persigue el objetivo de liberalizar el sector de los servicios aéreos con la justificación, al igual que en otros casos, de que la sentencia de 2002 del Tribunal de Justicia de la UE considera los actuales acuerdos bilaterales contrarios a la legislación de la UE. Una vez más, al igual que en otras situaciones lamentables, la interpretación de la legislación de la Unión parece dar prioridad a la libertad de competencias sobre todos los demás preceptos sociales y económicos, incluso si se trata de acuerdos bilaterales entre Estados miembros.

Por ello expresamos las mismas reservas que las que hemos formulado acerca de otros acuerdos, su ámbito de aplicación y sus posibles consecuencias. En el contexto actual en que tienen lugar las actividades de la aviación civil, el establecimiento de igualdad de condiciones para las distintas compañías europeas contribuiría a facilitar el proceso de concentración monopólica en el sector que ya se encuentra en marcha, con todos los efectos adversos que tendría para los trabajadores de las compañías aéreas y los pasajeros. No debe reducirse la capacidad de los Estados miembros para defender a sus compañías aéreas nacionales.

 
  
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  Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. (IT) Las nuevas competencias asignadas a la Unión Europea también incluyen los acuerdos de transporte aéreo. Este Acuerdo con Vietnam establece procedimientos para aplicar una serie de normativas, en particular sobre seguridad. La recomendación es clara y la apoyo.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) Estoy de acuerdo con este informe porque las relaciones internacionales en el ámbito de la aviación entre los Estados miembros y terceros países se han regido tradicionalmente mediante acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos. En cuanto a estos acuerdos bilaterales entre los Estados miembros de la UE y Vietnam, celebro que el objetivo sea conceder a todas las compañías aéreas de la UE un acceso sin discriminaciones a las rutas entre la Unión Europea y Vietnam; las disposiciones en materia de seguridad de los acuerdos bilaterales se aplicarán a las situaciones en las que un Estado miembro ejerce el control regulador sobre un transportista aéreo designado por otro Estado miembro. Todos estos acuerdos aéreos son ventajosos y necesarios para la Unión Europea, nuestras compañías aéreas y nuestros ciudadanos.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. − He votado a favor de este informe. Las relaciones en el ámbito de la aviación internacional entre los Estados miembros y terceros países se han regido tradicionalmente por acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos. En 2002, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que las cláusulas de designación tradicionales de los acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos de los Estados miembros infringían la legislación de la UE. Esas cláusulas permiten a un tercer país denegar, revocar o suspender los permisos o autorizaciones de una compañía aérea designada por un Estado miembro, pero cuya propiedad y control efectivo no corresponden esencialmente a ese Estado miembro o a sus nacionales. Se considera que esta circunstancia constituye una discriminación contra las compañías aéreas de la UE establecidas en el territorio de un Estado miembro, pero cuya propiedad y control corresponden a nacionales de otros Estados miembros. Ello supone una violación del artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que garantiza a los nacionales de los Estados miembros que han ejercido su libertad de establecimiento el mismo trato en el Estado miembro de acogida que el concedido a los nacionales de ese Estado miembro. Existen, además, otras cuestiones, como la competencia, en que debe garantizarse el cumplimiento del Derecho de la UE modificando o completando las disposiciones vigentes de los acuerdos bilaterales de servicios aéreos entre Estados miembros y terceros países. Es por ello que la Comisión negoció este acuerdo.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. (IT) Los acuerdos bilaterales sobre transporte aéreo internacional celebrados por la Unión Europea con terceros países ahora requieren una revisión radical. El Tribunal de Justicia dictaminó que las cláusulas de designación tradicionales de dichos acuerdos son totalmente incompatibles con la legislación de la UE porque violan la libertad de establecimiento de las empresas extranjeras y no les garantizan el mismo trato que el que concede el Estado miembro de acogida a sus propias empresas. Por ello acogemos favorablemente la celebración del acuerdo que ha presentado la Comisión, que pretende dar a todas las compañías aéreas de la Unión Europea un acceso sin discriminaciones a las rutas con origen y destino en Vietnam, así como evitar prácticas contrarias a la competencia. Las cláusulas relativas a un posible impuesto sobre el combustible de los servicios aéreos deben suprimirse y sería conveniente que las cláusulas de designación tradicionales que se refieran a compañías aéreas de terceros países se sustituyan por una cláusula de designación de la Unión Europea que haga referencia a todas las compañías aéreas de esta última. De este modo se añadiría un nuevo factor de equilibrio a los acuerdos bilaterales. Por último, sería deseable establecer medidas de seguridad cada vez más estrictas, en particular en las situaciones en las que un Estado miembro ejerce el control regulador sobre un transportista aéreo designado por otro Estado miembro.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) El Acuerdo entre la UE y Vietnam es muy importante para el futuro de las relaciones entre ambas partes. Por ello, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, debe informarse y consultarse plenamente al Parlamento Europeo sobre los trabajos realizados por el Comité Mixto, así como de todos los órganos previstos. El Parlamento deberá aprobar todos los acuerdos que deseen celebrarse, por lo que deberá mantenérsele informado sobre todas las negociaciones. Por ello, este Acuerdo representa un paso importante hacia la apertura del mercado para las compañías aéreas de la UE y de Vietnam sin discriminaciones. Esta apertura del mercado puede contribuir a mejorar los servicios prestados a los pasajeros.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) Los acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos entre la Unión Europea y terceros países recogen cláusulas que infringen la legislación de la UE, pues no garantizan la igualdad de trato a las distintas compañías aéreas fuera de la UE, razón por la cual necesitamos un acuerdo específico que proteja a los pasajeros y las compañías aéreas. He votado a favor del Acuerdo precisamente para garantizar que todas las compañías aéreas europeas puedan utilizar las rutas aéreas de Vietnam en igualdad de condiciones sin correr peligro de ser excluidas. Asimismo, el ámbito de aplicación del Acuerdo contempla una mayor seguridad aérea y de los pasajeros. Si por alguna razón no es posible aplicar las mismas normas que las que tenemos en la Unión, sería conveniente establecer algunos puntos y normas básicos.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2002 en la que se dictamina que las cláusulas de designación tradicionales incluidas en los acuerdos de servicios aéreos celebrados por los Estados miembros contravienen la legislación de la Unión, era necesario negociar un acuerdo que sustituyera algunas disposiciones de los actuales 17 acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos entre los Estados miembros y Vietnam.

Esta cláusula supone una violación del artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que garantiza a los nacionales de los Estados miembros que han ejercido su libertad de establecimiento el mismo trato en el Estado miembro de acogida que el concedido a los nacionales de ese Estado miembro. De este modo, a fin de evitar que se discrimine a algunas compañías aéreas de la UE, las cláusulas de designación tradicionales relativas a las compañías aéreas de un Estado miembro que sea parte de un acuerdo bilateral se remplazan por una cláusula de designación de la UE, aplicable a todas las compañías aéreas de esta última. El objetivo de ello es conceder a todas las compañías aéreas de la UE un acceso sin discriminaciones a las rutas entre la Unión Europea y Vietnam.

En vista de todo lo expuesto, he votado a favor de este informe, que mereció igualmente una opinión favorable de la Comisión de Transporte y Turismo.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de la celebración del Acuerdo de transporte aéreo entre la UE y Vietnam, destinado a remplazar ciertas disposiciones de los actuales 17 acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos celebrados por este país y los Estados miembros, a fin de garantizar a las compañías aéreas de la UE un acceso sin discriminaciones a las rutas entre la Unión Europea y Vietnam, de conformidad con lo dictaminado por el Tribunal de Justicia en 2002 y con la legislación de la UE en materia de competencia.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. Las relaciones en el ámbito de la aviación internacional entre los Estados miembros y terceros países se han regido tradicionalmente por acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos. En 2002, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que las cláusulas de designación tradicionales de los acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos de los Estados miembros infringían la legislación de la UE. Esas cláusulas permiten a un tercer país denegar, revocar o suspender los permisos o autorizaciones de una compañía aérea designada por un Estado miembro, pero cuya propiedad y control efectivo no corresponden esencialmente a ese Estado miembro o a sus nacionales.

Se consideró que ello constituía una discriminación contra las compañías aéreas establecidas en el territorio de un Estado miembro, pero cuya propiedad y control corresponden a nacionales de otros Estados miembros.

Existen, además, otras cuestiones, como la competencia, en que debe garantizarse el cumplimiento del Derecho de la UE modificando o completando las disposiciones vigentes de los acuerdos bilaterales de servicios aéreos entre Estados miembros y terceros países.

 
  
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  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. (IT) Creo que el texto definitivo que hemos votado hoy es aceptable, pues permite que todas las compañías aéreas de la Unión Europea tengan acceso a las rutas entre la UE y Vietnam, lo que evita discriminaciones entre las distintas compañías aéreas. Asimismo, se dan garantías en materia de seguridad y competencia, que revisten una importancia crucial para mejorar los servicios aéreos en esta ruta y beneficiarán a operadores y pasajeros por igual. El constante crecimiento económico de este país, que ha logrado hacer frente a la crisis internacional en mejores condiciones que muchos otros gracias a la flexibilidad de su tejido empresarial, lo convierte en un socio favorecido de la UE y la votación de hoy no puede sino apoyar esta importante línea de acción.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) La Comisión ha negociado un acuerdo entre la UE y la República de Vietnam que remplaza los actuales 17 acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos entre ese país y los Estados miembros. Este Acuerdo no recoge la disposición habitual sobre el impuesto sobre los combustibles que existe en la UE para los vuelos realizados por operadores de terceros países. Sin embargo, el Acuerdo trae consigo ventajas considerables para la UE, por lo que mi voto ha sido a favor de la recomendación del Parlamento.

Por ello me gustaría destacar la cláusula de designación incluida en el Acuerdo, que tiene por finalidad dar a todas las compañías aéreas de la UE un acceso sin discriminaciones a las rutas entre la UE y Vietnam, así como las disposiciones en materia de seguridad y cumplimiento de las normas de defensa de la competencia.

 
  
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  Angelika Werthmann (NI), por escrito. (DE) El Acuerdo ha adaptado las cláusulas de designación de los acuerdos bilaterales sobre servicios aéreos anteriores a la legislación de la UE, de conformidad con la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de 2002. He votado a favor de la celebración del Acuerdo.

 
  
  

Informe: Dominique Baudis (A7-0042/2011)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe porque es necesario llevar a buen término las negociaciones comerciales con esta región, y porque creo que se han producido avances positivos, ya que este documento incluye sectores como la energía, la industria, las materias primas y, sobre todo, la investigación, la innovación y la educación.

 
  
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  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. He votado a favor de este informe y me gustaría invitar a los dirigentes de la UE y del CCG a que intensifiquen su cooperación, en particular en el ámbito del comercio, ya que las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio entre la UE y el CCG se iniciaron hace 20 años y todavía no han finalizado. Aparte de la gran importancia estratégica de esta región para la UE y Occidente en general, los países del CCG también son importantes socios comerciales. Nuestro comercio con esta región ha aumentado de forma constante y en 2009 alcanzó 79 700 millones de euros. Asimismo nuestra balanza comercial con los países del CCG es positiva, pues exportamos productos por un valor de 57 800 millones de euros y nuestras importaciones representan 21 800 millones. El SEAE debería prestar más atención a esta importante región y deberían abrirse nuevas misiones diplomáticas de la UE en los Estados miembros del CCG. De este modo podríamos aumentar la visibilidad de la UE y tener más influencia en esta parte del mundo. El compromiso de la UE resulta más importante que nunca en vista de la agitación y descontento que experimenta esta región.

 
  
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  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. (RO) La Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo negocian una acuerdo de libre comercio desde hace unos veinte años. Ambas partes se beneficiarían de la intensificación de sus relaciones, en particular debido a la existencia de numerosas oportunidades de cooperación en el ámbito de la educación, la investigación científica y las energías renovables. En el frente interior, los países del CCG atraviesan desde hace algunos años un nuevo proceso de modernización política y social, que debemos apoyar y estimular. Creo que necesitamos un diálogo continuo entre la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo para avanzar en la promoción de los derechos humanos y las libertades, así como los de las minorías, al igual que en la lucha contra todo tipo de discriminación, incluida la discriminación por motivos de género o religión. Por esta razón he votado en favor de este informe.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) La Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo intentan negociar una acuerdo de libre comercio desde hace unos veinte años. Las negociaciones todavía no han concluido En estos veinte años han cambiado muchas cosas. Los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo se han convertido en una potencia económica de Oriente Próximo y el Norte de África. Asimismo son los principales inversores en los países vecinos de la Unión Europea del sur del Mediterráneo. Por consiguiente, las posibilidades que ofrece la cooperación entre la Unión Europea y los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo trascienden el comercio y se extienden a ámbitos como la ciencia y la educación. Es por ello que he votado a favor de este informe de iniciativa en el que se pide al Parlamento Europeo que formule una política más ambiciosa respecto al Consejo de Cooperación del Golfo.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este informe. La Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) negocian un acuerdo de libre comercio desde hace unos veinte años. Estas son las negociaciones comerciales más prolongadas sin resultado hasta ahora que haya emprendido la UE. Durante este período, la situación ha cambiado profundamente en esta región. En estos veinte años, los Estados miembros del CCG se han convertido en la principal potencia económica de Oriente Próximo y el Norte de África, y esta nueva región emergente ejerce una importante influencia en el desarrollo de la economía mundial. Coincido con las propuestas que formula el informe en el sentido de que es necesario celebrar rápidamente un acuerdo de libre comercio con esta región tan importante para la UE. Las posibilidades que ofrece la cooperación entre la UE y la región del Golfo no se limitan al ámbito comercial, sino que se extienden igualmente a otros intereses comunes en la seguridad internacional, la lucha contra el terrorismo, la mediación diplomática en los puntos problemáticos de Oriente Próximo, la gestión de las crisis regionales, el diálogo entre las culturas y la gobernanza económica a nivel mundial.

 
  
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  Slavi Binev (NI), por escrito. – (BG) Por medio de este informe de iniciativa, el Parlamento Europeo pide que se formule una política de la UE más ambiciosa respecto al Consejo de Cooperación del Golfo y sus países miembros. He votado a favor de este informe porque creo que esta es la dirección que debemos seguir. Más aún en vista de que el Consejo de Cooperación del Golfo declaró hace poco que ya no reconoce la legitimidad del régimen de Muamar el Gadafi. Esta política nos agrada y alienta. El Consejo condenó los crímenes cometidos por el régimen de Gadafi contra la población civil y pidió la inmediata intervención de la Liga de Estados Árabes. El proceso de integración incido hace treinta años por los seis países miembros de este Consejo es hasta ahora el único experimento de este tipo en el mundo árabe. Tenemos que apoyarlos.

 
  
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  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. (RO) Nunca ha sido tan importante que la Unión Europea cuente con un acuerdo de libre comercio con los países del Golfo. Los resultados de las negociaciones sobre este acuerdo dejan mucho que desear en lo que se refiere a su duración. Como es obvio, la situación ha cambiado varias veces en los veinte años desde su inicio. El ambiente geopolítico de la región del Golfo es diferente en la actualidad, lo que conlleva implicaciones a nivel regional y mundial. Debemos abordar la liberalización y diversificación de las economías de estos países. Actualmente, los países del Golfo son mucho más que simples socios comerciales, pues tienen una influencia cada vez mayor en el sector financiero y la diplomacia, por no hablar de otros ámbitos. De hecho, su influencia seguirá creciendo, lo que crea una nueva perspectiva para la Unión Europea, que entiende que la cooperación entre las dos regiones va más allá del comercio. Tenemos intereses comunes en el ámbito de la seguridad internacional, la lucha contra el terrorismo, la mediación diplomática en las zonas de tensión de Oriente Próximo, la gestión de crisis regionales, el diálogo entre las culturas y la gobernanza económica a nivel mundial. La UE tiene algunas ventajas respecto a los nuevos actores de la región del Golfo, siempre que muestre voluntad política al más alto nivel.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe sobre las relaciones de la Unión Europea con el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), a saber, Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Omán. Coincido con lo expuesto en el texto en lo referente a las relaciones entre la UE y los países árabes de la región del Golfo, en particular a los acuerdos estratégicos en el ámbito de la energía, la ciencia y la educación. Asimismo, es importante lograr un acuerdo de libre comercio.

 
  
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  Mário David (PPE), por escrito. (PT) Creo que es en interés de la UE y del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) forjar relaciones más estrechas a todos los niveles, ya sean políticas, culturales, comerciales o financieras.

En relación con el tema de este informe, para el que fui ponente de la Comisión de Comercio Internacional, me gustaría destacar tres propuestas que he defendido desde el principio y que algunas de Sus Señorías han acogido favorablemente: 1) un incremento de la presencia diplomática en la región mediante el establecimiento de una delegación de la UE en cada uno de los países miembros del CCG a través del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), 2) la celebración de cumbres periódicas de los Jefes de Estado o de Gobierno de la UE y el CCG y, por último, 3) una invitación para que la Alta Representante y Vicepresidenta y el Comisario de Comercio estudien planteamientos alternativos para las futuras relaciones comerciales con los países del CCG por medio de acuerdos bilaterales entre la UE y los países del Golfo que estén dispuestos a asumir nuevos compromisos con la UE.

Aunque esta última propuesta representa un nuevo planteamiento para las relaciones de la UE con terceros países, creo que ni la UE ni los países del CCG dispuestos a estrechar relaciones en todos los ámbitos pueden seguir siendo rehenes de los otros países de este Consejo que aún no se sienten preparados para ello.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe por que expones que las posibilidades que ofrece a cooperación entre la UE y la región del Golfo van más allá del ámbito puramente comercial. Las buenas relaciones entre estos dos bloques regionales pueden hacer una importante contribución a la protección de intereses comunes, como la seguridad internacional, la lucha contra el terrorismo y la gobernanza económica a nivel mundial.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Los recientes disturbios y el descontento social, político y militar en varios países de mayoría musulmana hacen más necesario aún que la UE desarrolle una estrategia para la región del Golfo y establezca contactos y asociaciones duraderas con la principal institución multilateral de esta región, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Existen cuestiones de seguridad, económicas y financieras obvias que conectan a ambas partes, de modo que la UE debería redoblar esfuerzos y canalizar recursos para sensibilizar e intentar ultimar el proyecto de acuerdo comercial que, en mi opinión, no solo puede aumentar el comercio, sino que también puede contribuir a establecer un mayor contacto entre sus respectivas poblaciones.

Espero que las reformas que han llevado a cabo algunos de estos países se consoliden y que Europa pueda contribuir de forma positiva a este proceso.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE) por escrito. (PT) Esta propuesta de resolución del Parlamento se refiere a las relaciones entre la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) con miras a establecer una asociación estratégica en la que participen sus Estados miembros. A pesar de los disturbios ocurridos recientemente en algunos países árabes, los países del Golfo tienen grandes posibilidades económicas y presentan una excelente oportunidad de cooperación con la UE. Estos países representan una excelente oportunidad comercial, no solo porque son productores de petróleo, cuyas reservas comienzan a agotarse, sino sobre todo porque comienzan a invertir en energías alternativas, y es sabido que Europa posee conocimientos técnicos en este sector. Por ello me alegro de la aprobación de este informe y espero que pronto podamos aprobar un acuerdo que refuerce los lazos de la UE con la comunidad islámica.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) No escasean los motivos de preocupación y las zonas de inestabilidad que han hecho que el contexto regional resulte extremadamente complejo: la situación en Palestina, la guerra de Iraq, la situación en Irán, los recientes levantamientos populares en varios países, como Yemen, y la situación en Darfur. Ante esta situación, la UE ha utilizado un doble rasero en sus relaciones con los países de esta región, lo que ha obstaculizado la resolución de conflictos, las negociaciones y los procesos de paz. Asimismo a menudo interfiere en los levantamientos sin respetar el Derecho soberano de los pueblos de la región.

En este contexto, el informe se basa en los antecedentes de las negociaciones que tuvieron lugar hace veinte años para alcanzar un acuerdo de libre comercio entre la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), lo que las convierte en las negociaciones comerciales de mayor duración que haya iniciado la UE, pero que todavía no han finalizado hasta el día de hoy. Este hecho bastaría para que no apoyáramos el informe. Sin embargo, algunas de las enmiendas orales presentadas durante la votación lo han hecho todavía más inaceptable, en particular la referencia a la posición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidos sobre el establecimiento de una zona de exclusión aérea en Libia que, como sabemos, encubre la guerra que tiene lugar contra este país.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Sabemos que la situación geopolítica de la región del Golfo es sumamente compleja e incluye cuestiones delicadas y serias para la seguridad y la paz. Entre ellas destacan los procesos de paz en Oriente Próximo, la guerra de Iraq, la situación en Irán, los levantamientos populares en Yemen y los recientes acontecimientos ocurridos en Darfur, aparte de los sucesos que han tenido lugar hace poco en el Norte de África.

Sin embargo, el informe señala «que más de un tercio de la totalidad de fondos soberanos mundiales se encuentra en poder de los Estados del CCG y que dichos fondos han contribuido a salvar el sistema financiero mundial y europeo en respuesta a la crisis». Este era el contexto en el que tenían lugar las negociaciones hace veinte años para celebrar un acuerdo de libre comercio entre la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), que han sido las negociaciones comerciales más antiguas iniciadas por la UE y no finalizadas.

Lo cierto es que la UE interfiere y utiliza un doble rasero en sus relaciones con los países de la región, lo que obstaculiza las negociaciones e incluso los procesos de paz relacionados con los derechos soberanos de los pueblos de la región. Por otra parte, la resolución aprobada por el Parlamento incluye nuevas propuestas que no contribuyen al proceso de paz en la región...

(Explicación de voto abreviada de acuerdo con el artículo 170 del Reglamento)

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) Al votar a favor de este informe deseo apoyar las manifestaciones a favor de la democracia y los derechos humanos en Bahréin y condenar la violenta respuesta del gobierno. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Irán, Iraq, Yemen, Omán, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí y Kuwait, son actualmente el sexto mercado de exportación de la UE y esta última es el principal socio comercial del CCG. A pesar de que este comercio ya es sumamente intenso, aún queda margen para intensificarlo y diversificar los intercambios entre ambas partes, en vista del tamaño del mercado de la UE y de los esfuerzos consentidos por los países miembros del CCG para diversificar sus exportaciones. Un acuerdo de libre comercia ofrecería igualmente nuevas oportunidades de cooperación y asistencia técnica, y la celebración del ALC entre la UE y el CCG promovería unos lazos más estrechos y una mayor diversificación. Este documento reitera la oposición de la UE a la aplicación de la pena de muerte, así como la petición de una moratoria mundial para la aplicación de la pena de muerte; lamenta, a este respecto, el mantenimiento de la pena de muerte en todos los Estados miembros del CCG; pide a dichos países que aprueben una moratoria contra la pena capital; pide, en particular, a los Estados que mantienen métodos tales como la decapitación, la lapidación, la crucifixión, la flagelación o la amputación que pongan fin a estas prácticas.

 
  
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  Tunne Kelam (PPE), por escrito. He votado a favor del informe sobre las relaciones de la Unión Europea con el Consejo de Cooperación del Golfo. Me gustaría señalar que apoyo las enmiendas orales introducidas por el ponente, señor Baudis, para poner al día el informe a la luz de los acontecimientos ocurridos recientemente.

Es importante pedir a todos los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo que reconozcan el continuo movimiento popular a favor de las reformas democráticas dentro de la región en general y hagan un llamamiento a los nuevos grupos de la sociedad civil a que promuevan el proceso de una transición democrática auténticamente pacífico en sus respectivos países.

 
  
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  Agnès Le Brun (PPE), por escrito. – (FR) Por diversos motivos, la región del Golfo Pérsico tiene una importancia estratégica para la Unión Europea, sobre todo para su abastecimiento de energía. La Unión Europea desea establecer una cooperación más estrecha con el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) —una organización formada por los seis países más ricos de la región— mediante la celebración de un acuerdo de libre comercio que constituye un componente clave de ese proceso. He votado a favor de este informe, que prepara el terreno para la futura cooperación entre la Unión y el CCG. Al incluir todos los temas pertinentes para esta asociación, como los derechos de las minorías, los derechos de la mujer, la libertad de conciencia y expresión, pero también el apoyo al proceso de paz entre israelíes y palestinos y ámbitos para la asociación estratégica, como la investigación, la educación, y los combustibles fósiles y renovables, la propuesta presentada por el señor Baudis, ha obtenido un consenso bastante amplio entre los grupos políticos. Sin embargo, los sucesos ocurridos recientemente en Bahréin nos llevan a preguntarnos si el informe está suficientemente al día. La buena fe de todas las partes ha permitido negociar excelentes enmiendas orales de transición, con las que ha puesto al día el informe y se ha evitado que meses de arduo trabajo fueran en vano.

 
  
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  Krzysztof Lisek (PPE), por escrito. (PL) He votado a favor del informe Baudis. El exhaustivo informe del señor Baudis abarca todos los temas interesantes relacionados con los derechos humanos, la igualdad de derechos para las mujeres, la libertad de prensa y la democratización. El informe tiene en cuenta igualmente los recientes cambios ocurridos en el escenario político de Bahréin. Creo que es absolutamente necesario condenar la violencia empleada en este conflicto. Una asociación estratégica en los numerosos ámbitos que se destacan en muchos pasajes del informe debería permitir evitar crisis en las relaciones entre la UE y esta región, así como aumentar la seguridad energética de Europa. Los países del Golfo Pérsico son actores sumamente importantes en el proceso de paz. Por ello me gustaría decir que me siento muy satisfecho de que se haya aprobado el informe, y espero que la cooperación entre la Unión Europea y los países del Golfo pérsico sea todavía más productiva en muchos ámbitos.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. − He votado a favor de este informe y acojo con especial satisfacción las enmiendas orales que añaden un nuevo apartado 7 bis, que «pide a todos los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo que reconozcan el continuo movimiento popular a favor de las reformas democráticas dentro de la región en general, y pide el establecimiento de un amplio diálogo con los nuevos grupos de la sociedad civil para promover un proceso de transición democrática auténticamente pacífico en sus propios países, con los socios de la región y con el pleno apoyo de la Unión Europea».

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. (IT) Durante los veinte años de negociaciones comerciales entre la Unión Europea y los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), el contexto de las negociaciones ha cambiado profundamente y estas relaciones deben poder llegar a un punto de inflexión.

La celebración de un acuerdo de libre comercio sigue siendo una prioridad tanto política como comercial. El entorno geopolítico del CCG se caracteriza por la aparición de una serie de retos a la seguridad que tienen implicaciones a nivel regional y mundial, lo que significa que es necesario iniciar un proceso para liberalizar y diversificar la estructura económica básica de estos países. Estos países deberían poder seguir por la senda de la cooperación y el multilateralismo.

Por ello, la Unión Europea tiene la tarea de elaborar una nueva asociación estratégica capaz de apoyar el proceso de integración regional en curso. Por otra parte sería conveniente que el Servicio Europeo de Acción Exterior abra nuevas misiones diplomáticas en estos países. Por esta razón sería una buena idea que el Parlamento aliente una política más ambiciosa de la UE respecto al CCG. Deberíamos poder intensificar las relaciones en ámbitos de cooperación como la investigación científica y tecnológica y, al mismo tiempo, seguir debatiendo temas como la protección de las minorías religiosas, el derecho al trabajo y la libertad de opinión.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio entre la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) se desarrollan desde hace más de veinte años, lo que las sitúa entre las negociaciones comerciales más prolongadas sin resultados que haya emprendido la UE.

Ahora bien, durante estos veinte años, el contexto de las negociaciones ha cambiado profundamente. Los Estados del CCG disponen asimismo de un poder disuasorio financiero significativo por el volumen de sus fondos soberanos, que se elevaban en 2009 a más de 1 380 billones de dólares, es decir, más del 35 % del volumen mundial. Convertidos en el motor económico del conjunto de la región del Oriente Próximo y el África septentrional, los Estados miembros del CCG representan más del 40 % de la riqueza nacional producida en esa zona, y el 50 % de las reservas oficiales de divisas, a saber, 1,07 billones de dólares.

En vista del enorme potencial financiero y económico de estos países, debemos aprovechar el contexto actual si queremos que las negociaciones lleguen a buen término.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. La UE y el Consejo de Cooperación del Golfo negocian un acuerdo de libre comercio (ALC) desde hace unos veinte años, lo que las convierte en las negociaciones comerciales más antiguas iniciadas por la UE y no finalizadas. El informe subraya que la celebración del ALC sigue siendo una prioridad. Sin embargo, este trasciende las relaciones comerciales e incluye igualmente temas como la energía, la industria y las materias primas, el I+D, la innovación y la educación.

Me he abstenido en la votación porque el acuerdo debería basarse en el contexto de una respuesta política a la situación que vive la región. Debería adoptarse un planteamiento independiente para cada país. Tomemos Irán como ejemplo. Sería un error incluir el régimen de Ahmadineyad en el proceso de las negociaciones. Se requieren clarificaciones geográficas o económicas más precisas.

 
  
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  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. (LT) Estoy de acuerdo con esta resolución sobre las relaciones de la Unión Europea con el Consejo de Cooperación del Golfo porque en esta región ha surgido una nueva plataforma económica mundial, cuyo entorno geopolítico hace del Golfo el centro de retos en materia de seguridad que tienen implicaciones a nivel regional y mundial. Asimismo, el CCG es el sexto mercado de exportación de la UE y esta última es actualmente el principal socio comercial del CCG, por lo que es necesario desarrollar y diversificar las relaciones mutuas. Debemos hacer todo lo posible para ampliar la cooperación en diversos sectores de actividad económica y técnica, lo que incluye mejorar el proceso de desarrollo económico. Además, una fuerte interacción económica ofrecería más oportunidades para reforzar la integración regional de la UE y crearía más posibilidades para que la UE contribuya a aumentar la estabilidad en esta importante región estratégica. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que las negociaciones entre las dos regiones lleguen a buen término y se celebre un acuerdo de libre comercio que ofrezca nuevas oportunidades de cooperación y asistencia técnica.

 
  
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  Justas Vincas Paleckis (S&D), por escrito. (LT) Hasta el mismo momento en que estalló la ola a favor de la democracia en los países árabes, el Parlamento Europeo había pedido constantemente a los países del Consejo de Cooperación del Golfo que mejoraran la situación en lo tocante a la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades. Nuestro Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas recalcó en particular la necesidad de introducir reformas en la política social y de conceder una mayor libertad sindical. Nos oponemos firmemente a la ejecución y a que se pisoteen los derechos de las mujeres. Al votar a favor de este informe deseo apoyar las manifestaciones a favor de la democracia y los derechos humanos en Bahréin y condenar la violenta respuesta del gobierno. Apoyo el llamamiento del ponente para compartir con los países del Golfo la experiencia de los Estados miembros en la introducción de tecnologías para la obtención de fuentes de energía renovables. También habla a favor de acelerar las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio entre la UE y los países del Golfo. La cooperación entre ambas regiones brinda un gran potencial, no solo para la economía, sino también en temas como la seguridad internacional, la lucha contra el terrorismo, la mediación diplomática en los conflictos de Oriente Próximo, el diálogo entre las culturas y la gobernanza económica global.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) El informe del señor Baudis sobre las relaciones de la Unión Europea con el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) hace referencia a las negociaciones sobre libre comercio entre la UE y los países del Golfo Pérsico. Creo que cualquier acuerdo que facilite el comercio y, por ende, refuerce todos los lazos sociopolíticos que reintegran a esta región en el contexto mundial es fundamental para su estabilidad futura tras las guerras de los últimos años y los recientes sucesos, así como en términos comerciales. Por ello he votado a favor del informe con la esperanza de que se intensifiquen las relaciones, ya que sería beneficioso para ambas partes, incluso con miras a una nueva gobernanza mundial.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe de iniciativa, que constituye un llamamiento del Parlamento para que se formule una política más ambiciosa en relación con la asociación estratégica entre la UE y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y sus países miembros.

La UE y el CCG intentan negociar un acuerdo de libre comercio desde hace unos veinte años. Estas negociaciones se encuentran entre las negociaciones comerciales más antiguas iniciadas por la UE y no finalizadas. Sin embargo, durante estos veinte años, el contexto de estas negociaciones ha cambiado profundamente. De hecho, las posibilidades que ofrece la cooperación entre estas dos regiones trasciende el mero ámbito comercial. Los dos bloques comparten intereses comunes como la seguridad internacional, la lucha contra el terrorismo, la mediación diplomática en las zonas de tensión de Oriente Próximo, la gestión de crisis regionales, el diálogo entre las culturas y la gobernanza económica a nivel mundial.

He votado a favor de este informe de iniciativa por considerar muy oportuno el llamamiento del Parlamento para que la UE formule una política más ambiciosa respecto al CCG y sus países miembros. Espero que la voluntad política que es necesaria para ello se refleje al más alto nivel.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) es objeto de negociaciones desde hace veinte años. Durante este período, las circunstancias financieras y geopolíticas del CCG han cambiado radicalmente, pues han surgido retos en materia de seguridad (como Iraq, Irán, Yemen, el terrorismo islámico y la piratería) y nuevos actores comerciales han aparecido en escena.

Al mismo tiempo, los países miembros del CCG se han convertido en la potencia económica de todo Oriente Próximo y el Norte de África, y son los principales inversores en los países vecinos de la UE del sur del Mediterráneo. Las dos regiones tienen intereses comunes en el ámbito de la seguridad, la lucha contra el terrorismo, la gestión de las crisis regionales y la gobernanza económica mundial. Es por ello que el Parlamento debe ahora formular una política de cooperación más ambiciosa con los países del CCG. La UE tiene algunas ventajas sobre los nuevos actores que operan en la región del Golfo, sobre todo en materia de educación, investigación científica, energía y tecnología. No podemos permitir pasar las oportunidades que ofrece este momento histórico, en el que se define la gobernanza económica mundial y se vuelven a formular los equilibrios regionales.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) La región del Golfo tiene una gran importancia para la UE y por ello es crucial elaborar una estrategia destinada a reforzar los lazos políticos, financieros, económicos, sociales y culturales con el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). En vista de ello, la celebración del acuerdo de libre comercio entre la UE y el CCG es una prioridad. Las posibilidades que brinda esta cooperación se extienden a otros ámbitos, como la educación, la energía y la investigación científica.

Por ello apoyo el llamamiento que se ha hecho hoy en esta Cámara para que la UE formule una política más ambiciosa en relación con el CCG y sus países miembros, y espero que el refuerzo del diálogo y la cooperación entre la UE y el CCG contribuya a promover y consolidar los avances relativos al respeto de los principios democráticos y los derechos fundamentales.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. Entre las razones para votar a favor de este texto cabe mencionar la aprobación del nuevo apartado 7 bis que reza así: «Pide a todos los Estados miembros del CCG que reconozcan el continuo movimiento popular en pos de reformas democráticas en la región, y pide que entablen contactos con los grupos emergentes de la sociedad civil para promover un proceso de auténtica transición pacífica hacia la democracia en sus propios países, con sus socios en la región y con el pleno apoyo de la Unión Europea».

 
  
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  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. (IT) El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y la región del Golfo es una prioridad para los intereses de ambas partes y hará hincapié en la importancia de su reconocimiento mutuo. La presencia de la Unión Europea en la región fortalece la política comercial, lo que contribuye a difundir una información selectiva y eficaz sobre la UE en los países del Golfo.

La celebración de este acuerdo permitirá aumentar la visibilidad de la Unión mediante una estrategia basada en la apertura de nuevas misiones diplomáticas europeas en los países del Golfo, que promovería el diálogo político y haría más eficaces los esfuerzos de Europa. Otro tanto puede decirse de las necesidades de energía de la UE, gran parte de las cuales se siguen satisfaciendo con combustibles fósiles, si bien la futura demanda de petróleo se verá afectada por una política de defensa del clima cada vez más centrada en las fuentes renovables. Los avances sociales y políticos que han tenido lugar en los últimos años en la mayoría de los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) contribuyen a promover los derechos humanos y la lucha contra todas las formas de discriminación, incluida la discriminación por motivos de género, orientación sexual o religión. Por ello es necesario construir una asociación fiable entre la UE y el CCG que favorezca la apertura de los mercados de productos y la eliminación de las barreras no arancelarias.

 
  
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  Charles Tannock (ECR), por escrito. La Delegación del Partido Conservador británico y el Grupo ECR han votado a favor del informe sobre las relaciones entre la EU y el CCG, incluso de las amplias enmiendas orales presentadas hoy en el pleno por el ponente, ya que es importante condenar el uso desproporcionado de la fuerza en Bahréin por parte de las autoridades, en particular las acusaciones de haber disparado contra manifestantes pacíficos desarmados.

Aceptamos que los manifestantes pertenecientes principalmente a la comunidad mayoritaria chiíta han recurrido hasta cierto punto a una violencia inaceptable y pedimos a todas las partes que muestren la máxima moderación. Bahréin es un aliado leal de Occidente y alberga una base de la Flota de los Estados Unidos, por lo que acogemos favorablemente la oferta de diálogo del príncipe heredero de ese país. Admitimos que, de conformidad con las normas del CCG, el Gobierno de Bahréin tiene derecho a pedir ayuda a Arabia Saudí y Kuwait para restaurar la ley y el orden, pero las fuerzas extranjeras presentes en Bahréin deberían respetar a su vez los derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a manifestarse pacíficamente. Esperamos que el ALC con la UE pueda celebrarse lo antes posible, ya que el crecimiento económico y la creación de empleo, sobre todo entre la comunidad chiíta desfavorecida, contribuirá a estabilizar este país insular y a reducir las tensiones sociales.

 
  
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  Dominique Vlasto (PPE), por escrito. (FR) He votado a favor de la propuesta de resolución que envía un claro mensaje a nuestros socios de la Península Arábiga. En vista de las extremas tensiones económicas, sociales y geopolíticas, es esencial que esta Cámara reitere su voluntad de revisar nuestros acuerdos de cooperación a la luz de los sucesos ocurridos en el mundo árabe. No proponemos el abandono de lazos históricos, sino más bien ajustar nuestras relaciones para reflejar las realidades sobre el terreno y las necesidades de la gente, haciendo que el respeto de los valores que defiende la Unión sea un requisito imprescindible para el desarrollo de lazos económicos y políticos. El diálogo con la sociedad civil será un elemento clave e indispensable de cada asociación. Aunque celebramos los avances y reformas, queda mucho por hacer para que estos países avancen firmemente por la senda de la democracia y del respeto de los derechos humanos y las libertades civiles. Una parte del destino de Europa se juega en Oriente Próximo y Oriente Medio. En virtud de los acuerdos de asociación que la Unión ha celebrado con estos países, ahora debemos encontrar la medida justa para todas las partes y un equilibrio entre la continuación de las relaciones económicas y comerciales, y la promoción de valores básicos.

 
  
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  Angelika Werthmann (NI), por escrito. (DE) He votado a favor del informe sobre las relaciones de la Unión Europea con el Consejo de Cooperación del Golfo. Como se explica ampliamente en el informe, debido a las numerosas ventajas para ambas partes y tras veinte años de negociaciones ha llegado el momento de hacer un esfuerzo concertado para lograr la celebración de un acuerdo de libre comercio. Sin embargo, apoyo ante todo los principales puntos de interés para las negociaciones que figuran en el informe, que tienen en cuenta la evolución en el ámbito del cambio climático y las obligaciones relacionadas con los derechos humanos.

 
  
  

Informe: Sharon Bowles (A7-0064/2011)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) Estoy a favor de este nombramiento porque se han llevado a cabo todos los procedimientos legales, incluida una rigurosa evaluación de los currículum vítae.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) Es necesario nombrar un nuevo miembro para el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. He votado a favor del nombramiento del candidato belga, señor Praet, debido a su autoridad y experiencia profesional reconocidas en el ámbito de los asuntos monetarios y bancarios.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Soy favorable al resultado de la votación del Consejo relativa al nombramiento del señor Praet como miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo debido a la positiva evaluación de su currículum vítae y las respuestas escritas que presentó al cuestionario entregado a los candidatos a este puesto.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) En un momento de gran importancia en la vida de las instituciones europeas, en que el Banco Central Europeo en particular debe desempeñar un papel intervencionista especialmente delicado en el seguimiento de la crisis de la deuda soberana, la estabilidad del euro y la recuperación económica, deseo al recién nombrado señor Praet mucho éxito en su nuevo cargo, y creo que ejercerá las funciones para las que ha sido designado con dedicación y competencia.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) He votado a favor de este documento, porque el Consejo Europeo consultó al Parlamento Europeo, mediante carta de 18 de febrero de 2011, sobre el nombramiento de Peter Praet como miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo para un mandato de ocho años a partir del 1 de junio de 2011. A continuación, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento procedió a evaluar las credenciales del candidato y, durante dicha evaluación, la esta comisión recibió su currículum vítae, así como sus respuestas al cuestionario escrito que se le había enviado. Posteriormente, la comisión celebró el 16 de marzo de 2011 una audiencia de hora y media de duración con el candidato, en la que este hizo una declaración inicial y a continuación respondió a las preguntas de los miembros de la comisión. Se emitió una opinión favorable al Consejo Europeo sobre la recomendación del Consejo de nombrar a Peter Praet como miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. − He votado a favor de este informe, basado en una recomendación de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, que emite una opinión favorable al Consejo Europeo sobre la Recomendación del Consejo de nombrar a Peter Praet como miembro del Comité ejecutivo del Banco Central Europeo.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Solo los mejores deben estar al servicio de las instituciones europeas. En este caso, el recién nombrado señor Praet llega con un historial impecable que fue aprobado con distinciones en la audiencia que celebró la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento. Le deseo mucho éxito en su mandato de ocho años.

 
  
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  Louis Michel (ALDE), por escrito. (FR) Me alegro sobremanera de que el señor Praet haya sido seleccionado para convertirse en miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. El señor Praet es experto en estabilidad financiera y supervisión de infraestructuras financieras y sistemas de pago, es miembro del Comité de Administración de la Comisión Belga de Banca, Finanzas y Seguros (CBFA) y cuenta con una excelente reputación en círculos económicos y académicos. Asimismo tiene una amplia experiencia que ahora podrá poner al servicio de la Unión Europea.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del nombramiento del doctor Praet como miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) por haber demostrado que es un excelente candidato. En las audiencias con los candidatos celebradas en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el doctor Praet demostró ser el candidato con mayores conocimientos y más competente por un amplio margen. En los últimos años, el Banco Central Europeo ha demostrado ser una institución indispensable que ha sido capaz de gestionar la crisis y evitar que provocara daños aún mayores. De hecho, desde el colapso de Lehman Brothers, el papel desempeñado por el BCE —independientemente y por separado de los gobiernos nacionales— permitió que las muy graves consecuencias de la crisis no fueran devastadoras. El BCE sigue siendo un bastión para la defensa de la Unión Monetaria y del euro. Por esta razón es de suma importancia que los miembros de su Comité Ejecutivo cuenten con cualidades y experiencia excepcionales.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre el nombramiento del señor Praet al puesto de miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) para un mandato de ocho años a partir del 1 de junio de 2011. Toda la información presentada a favor de su candidatura y que constituyó el fundamento para mi decisión indica que se cumplen los criterios contemplados en el apartado 2 del artículo 283 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y muestra que es necesario que el BCE goce de plena independencia, de conformidad con el artículo 130 del Tratado, por lo que me alegro del nombramiento del señor Praet.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de la decisión mediante la cual el Parlamento aprueba la Recomendación del Consejo de nombrar al señor Praet al puesto de miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. Quiero desearle mucho éxito en el ejercicio de las funciones que se le han encomendado.

 
  
  

Propuesta de resolución (B7-0222/2011)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) Estoy a favor de este nombramiento porque se han llevado a cabo todos los procedimientos legales, incluida una rigurosa evaluación de los currículum vítae.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) El propósito de la Autoridad Bancaria Europea, que entró en funciones el 1 de enero de 2011 en virtud del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010, es garantizar la estabilidad del sistema financiero, la transparencia de los productos y mercados financieros, y proteger a los ahorradores e inversores. La Autoridad Bancaria Europea ha nombrado a Adam Farkas, un economista del Banco Nacional de Hungría, para que ocupe el puesto de su Director Ejecutivo. El Parlamento Europeo debe aprobar el nombramiento para que este sea válido. He votado a favor del nombramiento del señor Farkas.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Apoyo el nombramiento del señor Farkas al puesto de Director Ejecutivo de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) por las respuestas que dio a la Junta de Supervisores de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea).

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Si debemos sacar una lección de la reciente crisis, esa sería que necesitamos reformar la estructura institucional de supervisión mediante la creación de agencias europeas y, de este modo, volver a formular todo el concepto del seguimiento macroeconómico y microeconómico. La Autoridad Bancaria Europea es resultado de ese ejercicio.

La confianza en los bancos ha recibido un duro golpe debido a la crisis financiera mundial, por lo que es importante que los mercados y los europeos en general comiencen a confiar una vez más en la solidez y resistencia de las instituciones bancarias y, en particular, en los órganos de supervisión. Es por ello que el papel reservado a esta nueva Autoridad Bancaria Europea será crucial en el futuro.

Ahora que el Parlamento ha aprobado el nombramiento del Director Ejecutivo de esta Autoridad, espero que ejerza sus funciones de forma activa y con prudencia y éxito.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) Estoy de cuerdo con este documento porque en su reunión de 17 de marzo de 2011, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios celebró una audiencia con el candidato seleccionado por la Junta de Supervisores de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Monetaria Europea), decidió que Adam Farkas cumple los criterios contemplados en el artículo 51, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1093/2010, y aprobó igualmente el nombramiento de Adam Farkas como Director Ejecutivo de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea).

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. − He votado a favor de esta resolución por la que se aprueba el nombramiento de Adam Farkas como Director Ejecutivo de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea).

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La reciente crisis financiera puso de manifiesto importantes deficiencias en la supervisión financiera, tanto en casos individuales como en relación con el conjunto del sistema financiero. Los modelos de supervisión tenían una perspectiva nacional y no se habían adaptado a la globalización que ha tenido lugar en el sistema financiero, en la que diversos grupos financieros realizan operaciones transfronterizas con los riesgos sistémicos que ello conlleva.

Creo que la creación de la Autoridad Bancaria Europea es indispensable para lograr un modelo de supervisión eficaz. Sin embargo, es necesario adoptar muchas otras medidas para evitar que se repitan las inmorales situaciones del pasado reciente, que provocaron daños a las economías, accionistas, depositantes, contribuyentes y a la credibilidad del sistema.

Por ello he votado a favor del nombramiento del señor Farkas como Director Ejecutivo de la Autoridad Europea de Supervisión, y le deseo que su mandato destaque positivamente en todos los aspectos.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) En mi calidad de miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (Comisión ECON), he seguido con gran atención todo el proceso que condujo a la creación de la Autoridad Bancaria Europea. Por ello he votado a favor del nombramiento del señor Farkas como su Director Ejecutivo. La Autoridad Bancaria Europea debe estar en condiciones de llevar a cabo las tareas que le asignó el Parlamento hace algunos meses. Espero sinceramente que esta Autoridad reciba los recursos humanos y económicos que necesita para desempeñar con seriedad y precisión su papel de supervisión. En la audiencia celebrada en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el nuevo Director Ejecutivo nos convenció a mí y a los demás miembros de su competencia y profesionalidad, como lo demuestra la votación de hoy. Otro factor positivo, que beneficiará al proceso de integración europea, es que el nuevo Director Ejecutivo proviene de un Estado miembro que se adhirió recientemente a la Unión Europea.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre el nombramiento del señor Farkas al puesto de Director Ejecutivo de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea). El señor Farkas fue el candidato seleccionado por la Junta de Supervisores de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios celebró una audiencia con él, de conformidad con los procedimientos establecidos. Todos los datos presentados a favor de esta candidatura, en los que se basa mi decisión, indican que se cumplen los criterios establecidos en el artículo 51, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1093/2010, por lo que me siento satisfecho con este nombramiento.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) En virtud de esta resolución, el Parlamento ha aprobado el nombramiento del señor Farkas al puesto de Director Ejecutivo de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea). Quiero desearle mucho éxito en el ejercicio de las funciones que se le han encomendado.

 
  
  

Propuesta de resolución (B7-0221/2011)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) Estoy a favor de este nombramiento porque se han llevado a cabo todos los procedimientos legales, incluida una rigurosa evaluación de los currículum vítae.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ), que entró en funciones el 1 de enero de 2011 en virtud del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010, tiene por tarea promover la convergencia de la supervisión y asesorar a las instituciones de la Unión Europea en cuestiones relacionadas con la regulación y supervisión de los seguros, reaseguros y pensiones de jubilación. Esta Autoridad ha seleccionado al español Carlos Montalvo, que trabajó como Secretario General en funciones durante el período de creación de la nueva autoridad, para que sea su primer Director Ejecutivo. El Parlamento Europeo debe aprobar el nombramiento para que este sea válido. He votado a favor del nombramiento del señor Montalvo.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Apoyo el nombramiento del señor Montalvo al puesto de Director Ejecutivo de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) por haber sido seleccionado por la Junta de Supervisores de la Autoridad Europea de Supervisión de la Autoridad Bancaria Europea.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Una de las lecciones que hemos aprendido de la crisis es la necesidad de crear agencias europeas independientes para el seguimiento de los bancos y los seguros en los mercados financieros. Estas agencias no remplazarán a los organismos nacionales de supervisión, sino que colaborarán con ellos en el ejercicio de su mandato a favor de la prudencia y para realizar un análisis de los riesgos sistémicos a fin de evitar que nuevas crisis de proporciones iguales a la que nos enfrentamos actualmente vuelvan a afectar a los Estados miembros.

Ahora que el Parlamento ha aprobado el nombramiento del Director Ejecutivo de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), le deseo mucho éxito en la importante función que se le ha encomendado.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) Estoy de cuerdo con este documento porque en su reunión de 17 de marzo de 2011, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios celebró una audiencia con el candidato seleccionado por la Junta de Supervisores de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), decidió que Carlos Montalvo cumple los criterios contemplados en el artículo 51, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1094/2010, y aprobó igualmente el nombramiento del señor Montalvo como Director Ejecutivo de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación).

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. − He votado a favor de esta resolución por la que se aprueba el nombramiento de Carlos Montalvo como Director Ejecutivo de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación).

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La reciente crisis financiera puso de manifiesto importantes deficiencias en la supervisión financiera, tanto en casos individuales como en relación con el conjunto del sistema financiero. Los modelos de supervisión tienen una perspectiva nacional y no se han adaptado a la globalización que ha tenido lugar en el sistema financiero, en la que diversos grupos financieros realizan operaciones transfronterizas con los riesgos sistémicos que ello conlleva. Por ello, la creación de una autoridad europea para el sector de los seguros y las pensiones de jubilación es esencial para lograr un modelo de supervisión eficaz, junto con muchos otros mecanismos de seguimiento, que deberán adoptarse y aplicarse con carácter urgente. Por ello he votado a favor del nombramiento del señor Montalvo como Director Ejecutivo de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), al que deseo mucho éxito en el ejercicio de sus funciones.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) Con el resultado favorable de esta votación añadimos otra pieza importante a la estructura europea de supervisión que el Parlamento apoya desde el inicio de la actual legislatura. Durante la audiencia celebrada la semana pasada en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el nuevo Director Ejecutivo demostró su competencia y conocimiento del sector y de los problemas a los que deberá enfrentarse. Tampoco creo que el hecho de que los dos puestos de mayor jerarquía de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) se hayan asignado a personas que ocupaban los mismos cargos en la organización precedente sea un problema. De hecho confío en que las nuevas competencias concedidas a la AESPJ permitan a sus gestores llevar a cabo sus tareas con la mayor eficacia posible.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre el nombramiento del señor Montalvo al puesto de Director Ejecutivo de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación).

El señor Montalvo fue el candidato seleccionado por la Junta de Supervisores de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios celebró una audiencia con él, de conformidad con los procedimientos establecidos. Todos los datos presentados a favor de esta candidatura, en los que se basa mi decisión, indican que se cumplen los criterios establecidos en el artículo 51, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1094/2010, por lo que me siento satisfecho con este nombramiento.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) En virtud de esta propuesta de resolución, el Parlamento ha aprobado el nombramiento del señor Montalvo al puesto de Director Ejecutivo de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación). Quiero desearle mucho éxito en el ejercicio de las funciones que se le han encomendado.

 
  
  

Propuesta de resolución (B7-0200/2011)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) Estoy a favor de este nombramiento porque se han llevado a cabo todos los procedimientos legales, incluida una rigurosa evaluación de los currículum vítae.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), que entró en funciones el 1 de enero de 2011 en virtud del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010, tiene por misión ayudar a mantener la estabilidad del sistema financiero de la Unión Europea mediante la salvaguarda de la integridad, transparencia, eficiencia y correcto funcionamiento de los mercados financieros y el refuerzo de la protección de los inversores. La AEVM designó a la señora Ross, una economista de nacionalidad alemana que trabajaba en el Banco de Inglaterra, para ser su primera Directora Ejecutiva. El Parlamento Europeo debe aprobar este nombramiento para que entre en vigor. Por mi parte, he votado a favor del nombramiento de la señora Ross.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Es necesario urgentemente restaurar la confianza en vista de que los mercados financieros se han visto muy afectados por la crisis. Ello dependerá en gran parte del papel de las autoridades de supervisión, que deberán ejercer sus funciones de forma competente y eficaz a fin de infundir la confianza necesaria en los inversores y empresas.

Es en este contexto que se creó la Autoridad Europea de Valores y Mercados, que si bien no remplazará a los organismos nacionales de supervisión, deberá desempeñar un importante papel en el nuevo marco europeo de supervisión. Por este motivo es importante que esta agencia comience a operar pronto.

Ahora que el Parlamento ha aprobado el nombramiento de la Directora Ejecutiva de esta Autoridad, le deseo mucho éxito en su mandato.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) Estoy de cuerdo con este documento porque en su reunión de 17 de marzo de 2011, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios celebró una audiencia con el candidato seleccionado por la Junta de Supervisores de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), decidió que Verena Ross cumple los criterios contemplados en el artículo 51, apartado 2 del Reglamento (UE) nº 1095/2010, y aprobó igualmente el nombramiento de la señora Ross como Directora Ejecutiva de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados).

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. − He votado a favor de esta resolución por la que se aprueba el nombramiento de Verena Ross como Directora Ejecutiva de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados).

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La reciente crisis financiera puso de manifiesto importantes deficiencias en la supervisión financiera, tanto en casos individuales como en relación con el conjunto del sistema financiero. Los modelos de supervisión tenían una perspectiva nacional y no se habían adaptado a la globalización que ha tenido lugar en el sistema financiero, en la que diversos grupos financieros realizan operaciones transfronterizas con los riesgos sistémicos que ello conlleva.

La creación de la Autoridad Europea de Valores y Mercados es esencial para lograr un modelo de supervisión eficaz. Sin embargo, es necesario adoptar muchas otras medidas para evitar que se repitan las inmorales situaciones del pasado reciente, que provocaron daños a las economías, accionistas, depositantes, contribuyentes y a la credibilidad del sistema.

Por ello he votado a favor del nombramiento de la señora Ross como Directora Ejecutiva de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, y le deseo que su mandato destaque positivamente en todos los aspectos.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del nombramiento de la señora Ross como Directora Ejecutiva por varias razones. Los recientes actos legislativos que hemos adoptado o que deberemos adoptar conceden una amplia gana de competencias en materia de supervisión, análisis y evaluación. Basta con pensar, por ejemplo, en las diversas normas técnicas que la autoridad deberá evaluar y recomendar a la Comisión para su aprobación. Por esta razón es importante que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) pueda comenzar a operar lo antes posible a fin de llevar a cabo el mandato que le asignó el Parlamento el año pasado. Por último, celebro que se haya nombrado a una mujer para ocupar uno de los puestos más destacados, no solo por razones de género, sino también por su excelente currículum vítae. Al igual que en el caso de las otras dos autoridades, espero que esta esté en condiciones —presupuestarias, estructurales y de recursos humanos— para funcionar con la mayor eficacia posible.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe sobre el nombramiento de la señora Ross al puesto de Directora Ejecutiva de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados). La señora Ross fue la candidata seleccionada por la Junta de Supervisores de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios celebró una audiencia con ella, de conformidad con los procedimientos establecidos. Todos los datos presentados a favor de esta candidatura, en los que se basa mi decisión, indican que se cumplen los criterios establecidos en el artículo 51, apartado 2 del Reglamento (UE) nº 1095/2010, por lo que me siento satisfecho con este nombramiento.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) En virtud de esta propuesta de resolución, el Parlamento ha aprobado el nombramiento de la señora Ross al puesto de Directora Ejecutiva de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados). Quiero desearle mucho éxito en el ejercicio de las funciones que se le han encomendado.

 
  
  

Informe: Francesca Balzani (A7-0058/2011)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor debido a que ahora existe un mayor compromiso. Sin embargo, es importante no perder de vista los objetivos de la Estrategia Europa 2020, mediante un planteamiento basado en la «sostenibilidad y la responsabilidad» y no solo en la «austeridad», como propone el Consejo, y en las nuevas necesidades derivadas del Tratado de Lisboa, sin poner en riesgo los programas existentes que han tenido éxito.

Ante todo, el presupuesto de la UE para 2012 debería promover el crecimiento y un empleo de alta calidad, así como contribuir a la aplicación de la Estrategia Europa 2020.

 
  
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  Marta Andreasen (EFD), por escrito. He votado en contra del informe Balzani sobre las orientaciones generales para la preparación del presupuesto 2012 porque cree que la Estrategia Europa 2020 sacará a Europa de la recesión económica, cuando lo que los países europeos realmente necesitan es liberarse de la carga de la regulación y fiscalidad excesivas impuestas por la UE. Esta estrategia no es una cura para los problemas de las economías.

Además, el informe afirma que una reducción del presupuesto amenazaría la solidaridad europea y el desarrollo económico. El presupuesto europeo se ha convertido en un costoso lujo que no pueden permitirse los ciudadanos y contribuyentes de Europa. Pedir un pequeño aumento o una congelación resulta irrisorio —es por ello que he votado en contra de la congelación— cuando lo que realmente se necesita es un fuerte recorte del presupuesto para dar un respiro a los contribuyentes.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) En la actual crisis financiera, económica y social, las instituciones europeas tienen la obligación de seguir el ejemplo de los Estados miembros y adoptar medidas de austeridad. Es por ello que he votado a favor de este informe que prevé un estricto presupuesto para el Parlamento Europeo en 2012. No obstante, este presupuesto debería permitir al Parlamento alcanzar los objetivos fijados por la UE con «los menos recursos posibles». Este presupuesto se adoptará en el contexto de la Estrategia Europa 2020, que debería contribuir a que Europa fortalecida de la crisis.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este informe. Los objetivos prioritarios que figuran en la Estrategia Europa 2020 (promover el empleo, aumentar el gasto público en innovación, investigación y desarrollo, hacer frente al cambio climático y alcanzar nuestros objetivos energéticos, mejorar los niveles de educación y promover la inclusión social) deberían ayudar a que Europa se recupere de la crisis y salga fortalecida mediante un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Es necesaria cierta coherencia entre la consecución de estos objetivos y la financiación asignada a ello a nivel europeo y nacional. Debemos dotar a la UE de los medios financieros necesarios para dar una respuesta adecuada a los crecientes retos mundiales y para defender y promover sus intereses comunes, y velar por que las economías de los Estados miembros experimenten una rápida recuperación.

 
  
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  Elena Băsescu (PPE), por escrito. (RO) He votado por el informe de Francesca Balzani porque creo, como se señala en este documento, que el presupuesto de la Unión Europea para 2012 debe elaborarse con la intención de alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020. A pesar de la actual crisis económica y financiera es importante que echemos los cimientos para un crecimiento económico sano en el futuro por medio de inversiones en educación, investigación y desarrollo, innovación y PYME. Estos ámbitos constituyen el fundamento del progreso y competitividad de la UE, y deben desarrollarse desde la perspectiva de la creación de empleo y una mayor cohesión territorial y social. Quiero subrayar que no debemos reducir los fondos para estos ámbitos y que es crucial que llevemos a cabo un seguimiento constante a fin de que los recursos disponibles se gestionen con la mayor eficiencia posible. Creo igualmente que existe una sinergia fundamental entre las prioridades de los presupuestos nacionales y el presupuesto de la UE. Quiero aprovechar esta oportunidad para celebrar los esfuerzos realizados por el Presidente Herman Van Rompuy en el marco del Semestre Europeo para reforzar la disciplina de los Estados miembros por medio de la promoción de objetivos claros mesurables y realistas para todos ellos. El Parlamento es la institución europea más democrática, pues representa directamente los intereses de los ciudadanos de la Unión. Es por ello que insisto en que el Parlamento tenga una participación mucho más activa en el ejercicio del Semestre Europeo.

 
  
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  Bastiaan Belder (EFD), por escrito. – (NL) No puedo aprobar el informe Balzani. La primera razón de ello es que pide la introducción de un impuesto de la UE. La segunda razón se refiere a la crisis económica y las dolorosas intervenciones que llevan a cabo los Estados miembros. También la UE debe hacer esfuerzos para evitar que su presupuesto se siga saliendo de control y llevar a cabo los recortes necesarios. En vista de ello abogo por un enfoque dinámico para hacer frente a la creciente diferencia entre los créditos anuales y los importes desembolsados. La limitación de los créditos permitirá alinear estrechamente los pagos y los créditos. Soy consciente de que los programas plurianuales que llegan a su fin debido al marco plurianual 2007-2013 conllevarán un aumento de los pagos. Propongo a este respecto que, cuando sea inevitable un aumento de los pagos, este aumento se compense mediante una reducción considerable de los créditos, algo que podría aplicarse igualmente a las líneas presupuestarias cuya ejecución se encuentra retrasada. Estas medidas constituyen un paso lógico y convincente hacia un presupuesto más realista en épocas de dificultades económicas.

 
  
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  Cristian Silviu Buşoi (ALDE) , por escrito. (RO) Me gustaría hacer hincapié en la importancia que reviste este informe, ya que el presupuesto de la Unión Europea para 2012 ayudará a revitalizar la economía europea. Al mismo tiempo, el presupuesto para el año próximo debe ser el principal instrumento para impulsar la recuperación económica de Europa y dar gran importancia al empleo, la gobernanza económica y el crecimiento. Creo que el presupuesto para 2012 debe contribuir a conseguir los cinco objetivos de la Estrategia Europa 2020, a saber: empleo, innovación, investigación y desarrollo, cambio climático y energía, educación e integración social. El presupuesto de la UE es un presupuesto para inversiones, y 2012 será el sexto año de las actuales «perspectivas financieras» (2007-2013), con proyectos que se desarrollan a un ritmo establecido, lo que tiene por resultado un aumento de los pagos a medida que se realizan las obras. En mi opinión, podemos predecir un aumento de los pagos en 2012

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de las orientaciones generales para la preparación del presupuesto 2012. Creo que el presupuesto de la UE para 2012 debería ser uno de los principales instrumentos para ayudar a que la UE se recupere de la crisis y salga de ella fortalecida, por medio de la concentración en el empleo, la gobernanza económica y el crecimiento.

El empleo, la innovación, la investigación y el desarrollo, el cambio climático y la energía, y la formación y la inclusión social son los cinco objetivos que deberían servir de guía a la hora de elaborar el presupuesto de la UE para 2012. De este modo, Europa podrá experimentar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

 
  
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  Derek Roland Clark (EFD), por escrito. He votado en contra del informe Balzani sobre las orientaciones generales para la preparación del presupuesto 2012 porque cree que la Estrategia Europa 2020 sacará a Europa de la recesión económica, cuando lo que los países europeos realmente necesitan es liberarse de la carga de la regulación y fiscalidad excesivas impuestas por la UE. Esta estrategia no es una cura para los problemas de las economías. Además, el informe afirma que una reducción del presupuesto amenazaría la solidaridad europea y el desarrollo económico. El presupuesto europeo se ha convertido en un costoso lujo que no pueden permitirse los ciudadanos y contribuyentes de Europa. Pedir un pequeño aumento o una congelación resulta irrisorio —es por ello que he votado en contra de la congelación— cuando lo que realmente se necesita es un fuerte recorte del presupuesto para dar un respiro a los contribuyentes.

 
  
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  William (The Earl of) Dartmouth (EFD) , por escrito. − He votado en contra del informe Balzani sobre las orientaciones generales para la preparación del presupuesto 2012 porque cree que la Estrategia Europa 2020 sacará a Europa de la recesión económica, cuando lo que los países europeos realmente necesitan es liberarse de la carga de la regulación y fiscalidad excesivas impuestas por la UE. Esta estrategia no es una cura para los problemas de las economías. Además, el informe afirma que una reducción del presupuesto amenazaría la solidaridad europea y el desarrollo económico. El presupuesto europeo se ha convertido en un costoso lujo que no pueden permitirse los ciudadanos y contribuyentes de Europa. Pedir un pequeño aumento o una congelación resulta irrisorio —es por ello que he votado en contra de la congelación— cuando lo que realmente se necesita es un fuerte recorte del presupuesto para dar un respiro a los contribuyentes.

 
  
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  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt y Cecilia Wikström (ALDE), por escrito. (SV) Compartimos la opinión de la comisión parlamentaria en el sentido de que debido a la difícil situación económica dentro de la Unión, es más importante que nunca garantizar la correcta ejecución del presupuesto de la UE, la calidad en el gasto y el uso óptimo de la financiación comunitaria existente. Acogemos con satisfacción las ambiciosas propuestas formuladas para los recursos propios de la UE y creemos que habría que centrar la atención en aquellos créditos presupuestarios que son importantes para alcanzar resultados en el marco de la Estrategia Europa 2020. Asimismo hemos votado a favor de la enmienda en la que se pide que cualquier aumento de una línea presupuestaria se compense con una reducción en otra. Sin embargo, como esta enmienda no ha sido aprobada y el texto aprobado firma además que la reducción del presupuesto de la UE podría «ser perjudicial para la solidaridad europea», decidimos abstenernos en la votación final.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre la preparación del presupuesto 2012 porque creo que debido a la difícil situación económica dentro de la Unión, es más importante que nunca garantizar la correcta ejecución del presupuesto de la UE, la calidad en el gasto y el uso óptimo de la financiación comunitaria existente. El presupuesto de la UE debería ser uno de los principales instrumentos para ayudar a que la UE se recupere de la crisis y salga de ella fortalecida, por medio de la concentración en el empleo, la gobernanza económica y el crecimiento.

 
  
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  Nigel Farage (EFD), por escrito. He votado en contra del informe Balzani sobre las orientaciones generales para la preparación del presupuesto 2012 porque cree que la Estrategia Europa 2020 sacará a Europa de la recesión económica, cuando lo que los países europeos realmente necesitan es liberarse de la carga de la regulación y fiscalidad excesivas impuestas por la UE. Esta estrategia no es una cura para los problemas de las economías.

Además el informe recoge la amenaza de que una reducción del presupuesto sería perjudicial para la solidaridad europea y el desarrollo económico. El presupuesto europeo se ha convertido en un costoso lujo que no pueden permitirse los ciudadanos y contribuyentes de Europa. Pedir un pequeño aumento o una congelación resulta irrisorio, cuando lo que realmente se necesita es un fuerte recorte del presupuesto para dar un respiro a los contribuyentes.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Este informe establece las prioridades que debe seguir el Parlamento para la preparación y debate del presupuesto para 2012, teniendo en cuenta que el diálogo a tres bandas comenzará a finales de este mes.

Este informe es innovador debido a su contenido inminentemente político, pues intenta destacar e intensificar los importantes debates que tienen lugar actualmente en las instituciones europeas y los Estados miembros sobre todos los elementos del paquete de gobernanza económica. Asimismo pretende poner de relieve los efectos y la importancia que el presupuesto para 2012 puede tener para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento y la creación de empleos sostenibles en toda la UE.

El Parlamento envía un importante mensaje político a las instituciones europeas y los Estados miembros acerca de su firme compromiso de reforzar la gobernanza económica y alcanzar los objetivos establecidos en materia de crecimiento y empleo.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE) por escrito. (PT) Estoy de acuerdo con la Estrategia Europa 2020, pues aboga por una mejor gobernanza económica y por asignar los fondos necesarios para llevar a cabo sus siete acciones principales. Los objetivos de la Estrategia Europa 2020 solo se alcanzarán si existe una gobernanza sólida y coordinación europea, y si los Estados miembros realizan las inversiones necesarias para llevar a cabo sus acciones. Sin embargo, esta estrategia solo podrá llevarse a cabo en su totalidad si existe un nuevo marco financiero plurianual. Este informe no menciona ni una sola vez la importancia de la política de cohesión. Omite igualmente cualquier mención de la agricultura. No obstante, aproximadamente un 80 % del presupuesto se destina a la política de cohesión y a la agricultura. Los jóvenes tampoco son mencionados una sola vez en el informe, algo que resulta incomprensible. Estas son las prioridades para el actual presupuesto propuestas por el Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos). Por otra parte, los jóvenes figuran en los cinco objetivos de la Estrategia Europa 2020. Los objetivos consistentes en reducir el abandono escolar por debajo del 10 % y de que un 40 % de los jóvenes entre 30 y 34 años tengan un título universitario se refieren exclusivamente a los jóvenes. Sin embargo, espero que el presupuesto para 2012 contribuya al crecimiento sostenible en la UE, aumente la competitividad y promueva el empleo.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Esta es una de esas épocas en que el objetivo de la cohesión económica y social debería exigir una visión y contenido completamente diferentes del presupuesto de la UE.

En un momento en que se agravan las diferencias entre los Estados miembros, el presupuesto de la UE debería estar al servicio de una verdadera convergencia. Debería promover el crecimiento económico, la creación de empleos con derechos, la promoción del progreso y el bienestar social, la erradicación de la pobreza y la exclusión social, y la conservación del medio ambiente. Para ello sería necesario, como mínimo, duplicar los fondos previstos y aumentar las aportaciones de los Estados miembros con un PIB per cápita más alto, y acto seguido proceder a una distribución justa y equilibrada de los fondos, dando prioridad a los Estados miembros que experimentan mayores dificultades.

No estamos de acuerdo con un presupuesto dedicado a la reconstrucción de los monopolios y la creciente militarización de la UE, a la liberalización de numerosos sectores de actividad económica y la falta de seguridad laboral, como pretende la Estrategia Europa 2020. Este camino acentuará las actuales diferencias económicas, sociales, regionales y nacionales, y no resolverá los problemas del desempleo y la pobreza. Por ello hemos votado en contra.

 
  
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  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), por escrito. (PL) El Comité de Presupuestos elabora desde comienzos de año las prioridades del Parlamento para el presupuesto de la UE para 2012. La posición del Parlamento, que es necesaria para las negociaciones con el Consejo de la UE, se formulará sobre la base de estas prioridades. Al parecer, la conciliación de este año entre el Parlamento y el Consejo será aún más difícil que en 2010. El Consejo, que se opone a cualquier aumento del presupuesto de la UE, ya ha anunciado su propio plan de recortes, que resulta bastante práctico, pues se refiere a líneas presupuestarias que no se han ejecutado en su totalidad hasta ahora. Paralelamente, el Parlamento está a favor de un aumento del presupuesto para 2012, pero únicamente de acuerdo con la tasa de inflación europea. Esta tasa de inflación es un parámetro objetivo que no podemos decidir mediante una votación, como algunos parecen creer. ¿Cómo puede el Parlamento Europeo justificar el aumento que propone?

En primer lugar, la aplicación de la Estrategia Europa 2020, incluidos los objetivos inseparables de aumentar el nivel de la educación y del empleo. Sin una financiación adecuada, estos objetivos seguirán siendo letra muerta, y la Estrategia Europa 2020 seguirá los pasos de la Estrategia de Lisboa, conocida por su ineficacia.

En segundo lugar, el presupuesto de la UE ya revienta por todos lados, pues el Servicio Europeo de Acción Exterior, el sistema Galileo, el Fondo de Solidaridad y el Fondo de Ajuste a la Globalización generan gastos que resultaban imposibles de predecir hace seis años, cuando se negociaron las actuales perspectivas financieras.

En relación con el tema del gasto razonable, me gustaría pedir a las diputadas y diputados de esta Cámara que examinen con espíritu crítico la «política inmobiliaria», que no podemos permitirnos. Un ejemplo de ello sería el aumento del espacio para oficinas anunciado para Bruselas.

 
  
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  Estelle Grelier (S&D), por escrito. (FR) Nos encontramos en el inicio de una difícil negociación entre los Estados miembros sobre el presupuesto de 2012, al tiempo que ya ha comenzado el debate sobre las perspectivas financieras para el período posterior a 21013. En estos momentos de crisis será necesario reiterar a todo lo largo de procedimiento presupuestario nuestras expectativas respecto a las políticas europeas. A diferencia de los miembros del Consejo que consideran que la UE es un coste adicional, un gasto que debe reducirse aun corriendo el riesgo de provocar un enfrentamiento entre las políticas actuales y las futuras, en su resolución sobre las orientaciones generales para la preparación del presupuesto 2012, el Parlamento reitera su visión de la Unión como vector de valor añadido y aliado de los Estados miembros en la ejecución de políticas ambiciosas. Por otra parte, he votado a favor de la resolución presentada por la señora Balzani debido a su coherencia y el claro mensaje político que envía, en el que pide que se apruebe un presupuesto coherente con los objetivos de empleo y crecimiento de la Estrategia Europa 2020. Por último, aprovecho este debate en el pleno para señalar al Comisario de Programación Financiera y Presupuesto que existe la urgente necesidad de que publique una comunicación sobre la ejecución de los nuevos recursos propios, la cual espero que haga avanzar este debate.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) Coincido con este documento porque bajo los auspicios de una gobernanza económica europea reforzada, el mecanismo del Semestre Europeo y los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para impulsar el crecimiento y el empleo, el presupuesto para 2012 debe impulsar el crecimiento y el empleo. La Estrategia Europa 2020 debe ayudar a Europa a recuperarse de la crisis y a salir reforzada de ella gracias a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador basado en los cinco objetivos principales de la UE, a saber, la promoción del empleo, la mejora de las condiciones y del gasto público para la innovación, la investigación y el desarrollo, la consecución de nuestros objetivos en materia de cambio climático y energía, la mejora de los niveles de educación y la promoción de la inclusión social, en particular a través de la reducción de la pobreza. La difícil situación económica dentro de la Unión hace más importante que nunca garantizar la correcta ejecución del presupuesto de la UE, la calidad en el gasto y el uso óptimo de la financiación comunitaria existente. El presupuesto de la UE ha de ser un instrumento que contribuya a que la UE salga de la actual crisis económica y financiera gracias a su capacidad de actuar como catalizador para impulsar la inversión, el crecimiento y el empleo en Europa.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. − Acojo con satisfacción este informe, que considera que el presupuesto de la UE aporta valor añadido al gasto público nacional a la hora de iniciar, apoyar y complementar las inversiones en los ámbitos de las políticas que constituyen el núcleo de la Estrategia Europa 2020. El Parlamento Europeo considera, además, que el presupuesto de la UE ha de ser un instrumento que contribuya a que la UE salga de la actual crisis económica y financiera gracias a su capacidad de actuar como catalizador para impulsar la inversión, el crecimiento y el empleo en Europa; opina que el presupuesto de la UE puede cuando menos reducir los efectos de las actuales políticas presupuestarias nacionales restrictivas, al tiempo que apoya los esfuerzos de los gobiernos nacionales; destaca también que, dado el carácter redistributivo del presupuesto de la UE, una reducción de su nivel puede ser perjudicial para la solidaridad europea e influir negativamente en el ritmo de desarrollo económico de la mayoría de los Estados miembros; considera que un enfoque «contribuyente neto / beneficiario neto» en sentido estricto no tiene debidamente en cuenta los efectos indirectos entre los Estados miembros de la UE y, por lo tanto, socava los objetivos comunes de las políticas de la UE.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. (IT) Para hacer frente a la actual crisis económica y financiera es indispensable promover un crecimiento europeo integrador y sostenible y adaptar el presupuesto de la Unión Europea a sus principales objetivos. En este informe se identifican varias directrices que ayudarán a promover el empleo, mejorar el gasto público en innovación, investigación y desarrollo, conseguir nuestros objetivos en materia de cambio climático y energía, mejorar los niveles de educación y promover la integración social. El Semestre Europeo, que es un nuevo mecanismo para reforzar la gobernanza económica europea, debería ofrecernos una oportunidad para determinar la mejor manera de alcanzar estas metas. Es esencial garantizar cierta coherencia entre la consecución de estos resultados y los recursos asignados a ello a nivel nacional y de la UE, mejorando así las sinergias entre las inversiones públicas nacionales y europeas. El presupuesto europeo representa un valor añadido gracias a su capacidad de actuar como catalizador para impulsar la inversión, el crecimiento y el empleo. Los créditos ya previstas deben mantenerse a un nivel de gasto adecuado y flexible. Por el contrario, su reducción conducirá al fracaso de la Estrategia Europa 2020. Pedimos a la Comisión que elabore propuestas ambiciosas en materia de nuevos recursos propios, basadas en una evaluación de impacto exhaustiva, a fin de reforzar la competitividad y el crecimiento económico.

 
  
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  Barbara Matera (PPE); por escrito. (IT) Estoy a favor del informe de la señora Balzani sobre las orientaciones generales para el presupuesto 2012 que, junto con el presupuesto para 2013, serán presupuestos de consolidación destinados a reflejar los recortes en el gasto de los Estados miembros y establecerán un valor de referencia para las cantidades que se fijarán en el siguiente marco financiero. La aportación del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) a las orientaciones generales para el presupuesto 2012 se basan en el concepto de responsabilidad, lo que significa perseguir objetivos de economía, eficiencia y eficacia, y utilizar la menor cantidad posible de los recursos disponibles. La Estrategia Europa 2020 se basa en prioridades importantes —a saber, investigación, innovación, desarrollo y crecimiento— que no figuraban inicialmente en el informe de la señora Balzani, pero en los que el PPE ha hecho gran hincapié, al igual que en alcanzar los objetivos de empleo fijados en un principio. Las prioridades del presupuesto de la Unión requieren una financiación adecuada, y también es importante que exista flexibilidad entre los capítulos de gasto a fin de hacer frente con mayor eficacia a los problemas relacionados con la crisis económica, así como proponer un marco presupuestario que incluya recursos propios.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) El presupuesto de la UE para 2012 debería ser uno de los principales instrumentos para ayudar a que la UE se recupere de la crisis y salga de ella fortalecida, por medio de la concentración en el empleo, la gobernanza económica y el crecimiento. La aprobación de estas orientaciones generales es un ejemplo de ello. El empleo, la innovación, la investigación y el desarrollo, el cambio climático y la energía, y la formación y la inclusión social son los cinco objetivos que deberían servir de guía a la hora de elaborar el presupuesto de la UE para 2012.

La Estrategia Europa 2020, que se basa en estos cinco objetivos, debería ayudar a Europa a recuperarse de la crisis y salir de ella fortalecida por medio de un «crecimiento inteligente, sostenible e integrador». Por ello debemos oponernos a cualquier intento de limitar las asignaciones presupuestarias para alcanzar los objetivos de alto nivel y las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. Las principales exigencias del proyecto de resolución sobre el presupuesto general de la UE para 2012 son garantizar recursos suficientes para la aplicación de la Estrategia Europa 2020 y la mejora de la cooperación entre los presupuestos nacionales y el europeo. El presupuesto para 2012 debe impulsar el crecimiento y el empleo de gran calidad y comenzar la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Por ello, la consigna para aprobar el presupuesto de la UE para 2012 debería ser «sostenibilidad y responsabilidad» y no «austeridad».

Aunque he votado a favor del informe, me gustaría destacar que el presupuesto debería distribuirse de tal manera que los recursos financieros se utilicen en beneficios de los ciudadanos de los Estados miembros y no de grupos financieros y políticos, como ocurre actualmente en Letonia, donde los funcionarios distribuyen los fondos de la UE entre sus conocidos y amigos.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) El informe sobre el presupuesto para 2012 hace referencia a la Estrategia Europa 2020, que una vez contiene nobles objetivos que nadie espera conseguir. Lo cierto es que la precaria situación presupuestaria de algunos Estados miembros que se dieron la gran vida en el pasado se ha convertido en una rueda de molino que cuelga del cuello de los demás Estados miembros debido a los paquetes de rescate. En esos casos solo falta algo banal para apretar el nudo. Estas exigencias fundamentales hacen aún más importante no solo ejecutar correctamente el presupuesto para 2012 —respecto a lo cual no debemos olvidar que el control presupuestario aún deja mucho que desear—, sino también que gestionemos nuestros recursos de una forma económica. En este aspecto, la referencia a la «financiación adecuada» de la Estrategia Europa 2020 representa un despilfarro del dinero de los contribuyentes europeos, en un momento en que miles de millones de euros del presupuesto de la UE siguen desapareciendo y no se aprovechan oportunidades para reducir gastos, por ejemplo, en relación con la jungla de agencias de la UE o las sedes del Parlamento. He votado en contra del informe por estas convicciones.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. (DE) La actual crisis del euro subraya la gran importancia de una política económica y presupuestaria adecuada. Rechazo el aumento de los fondos con el pretexto de que se necesitan para la Estrategia Europa 2020, ya que los objetivos de la estrategia son inalcanzables, por una parte, y estos objetivos no son los adecuados, por la otra, por ejemplo, el enorme aumento del número de personal académico, cuando lo que realmente nos hace falta es personal técnico. En lugar de ello deberíamos aprovechar las numerosas oportunidades para reducir gastos, ya sea en relación con las agencias descentralizadas, las dos sedes del Parlamento Europeo o las ayudas preadhesión para Turquía. Por ello he votado en contra de este informe sobre el presupuesto para 2012.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) Como cada año se nos pedirá que, junto con otras instituciones, aprobemos el presupuesto de la UE. Debido a ello he votado a favor del informe sobre el presupuesto general para 2012 porque estoy de acuerdo con las principales orientaciones definidas, a saber: ofrecer incentivos para promover el crecimiento y superar la crisis económica por medio de la Estrategia Europa 2020, prestar más atención al Semestre Europeo en tanto que instrumento ideal para coordinar las políticas económicas, no dejar margen para que existan diferencias de fondos en los distintos sectores, sino utilizar únicamente los mecanismos de flexibilidad de los fondos disponibles mediante una gestión seria y rigurosa de los recursos disponibles para la asignación de fondos.

 
  
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  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. (EL) He votado a favor del informe sobre las orientaciones generales para la preparación del presupuesto 2012. Los principios y objetivos generales que figuran en el informe siguen la línea correcta al insistir en que los próximos presupuestos de la UE deben prestar especial atención a políticas destinadas a impulsar el empleo y las economías nacionales (el presupuesto total de la UE para la ejecución de las iniciativas emblemáticas hasta 2020 se estima en 1,8 billones de euros). No obstante, es importante señalar en cada oportunidad que la condición sine qua non para alcanzar los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020 es que reciban el refrendo de los Estados miembros. Desgraciadamente, según las conclusiones de la Comisión, los planes nacionales no recogen hasta ahora las prioridades básicas de la estrategia, como la de aumentar la tasa de empleo de su nivel actual del 69 al 75 %.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe sobre las orientaciones generales para la preparación del presupuesto 2012. Se trata de un presupuesto para 2012 bajo los auspicios de una mejor gobernanza económica, del mecanismo del Semestre europeo y de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para estimular el empleo.

En vista de que la Estrategia Europa 2020 debe ayudar a Europa a recuperarse de la crisis y a salir reforzada de ella gracias a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador basado en los cinco objetivos principales de la UE, a saber, la promoción del empleo, la mejora de las condiciones y del gasto público para la innovación, la investigación y el desarrollo, la consecución de nuestros objetivos en materia de cambio climático y energía, la mejora de los niveles de educación y la promoción de la inclusión social, en particular a través de la reducción de la pobreza, coincido con las recomendaciones que se presentan en este informe para alcanzar estos cinco objetivos.

También coincido con la ponente en que se debe garantizar un cierto grado de coherencia entre la consecución de dichos objetivos y los recursos asignados a los mismos, y que el nuevo mecanismo para una gobernanza económica europea reforzada debe ofrecer la oportunidad de estudiar la mejor manera de alcanzar esos cinco objetivos principales.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de este informe, en el que se establecen las orientaciones generales para la preparación del presupuesto 2020 con miras al diálogo a tres bandas sobre este tema que tendrá lugar el 30 de marzo de 2011. Permítanme insistir a este respecto en la necesidad de evaluar adecuadamente el impacto que tendrá el presupuesto en la consecución de los objetivos de la UE y la aplicación de la Estrategia Europa 2020, así como en el papel que debe desempeñar la política presupuestaria en el ámbito de las inversiones, el crecimiento y el empleo.

 
  
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  Britta Reimers (ALDE), por escrito. (DE) No me fue posible participar en la votación nominal sobre el apartado 29, pues el ujier me impidió hacerlo.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. Un presupuesto 2012 bajo los auspicios de una gobernanza económica europea reforzada, el mecanismo del Semestre Europeo y los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para impulsar el crecimiento y el empleo.

1. Opina que la Estrategia Europa 2020 debe ayudar a Europa a recuperarse de la crisis y a salir reforzada de ella gracias a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador basado en los cinco objetivos principales de la UE, a saber, la promoción del empleo, la mejora de las condiciones y del gasto público para la innovación, la investigación y el desarrollo, la consecución de nuestros objetivos en materia de cambio climático y energía, la mejora de los niveles de educación y la promoción de la inclusión social, en particular a través de la reducción de la pobreza; recuerda que los propios Estados miembros han asumido plenamente esos cinco objetivos;.

2. Señala que se debe garantizar un cierto grado de coherencia entre la consecución de dichos objetivos y los recursos asignados a los mismos a escala europea y nacional; insiste en que la política presupuestaria de la UE ha de estar en consonancia con este principio; opina que el Semestre Europeo, nuevo mecanismo para una gobernanza económica europea reforzada, debe ofrecer la oportunidad de estudiar la mejor manera de alcanzar esos cinco objetivos principales.

 
  
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  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. (IT) Este informe esboza las orientaciones generales del Parlamento Europeo sobre el presupuesto para 2012 y creo que el texto promueve el crecimiento sostenible para ayudar a superar la crisis económica. Su enfoque redistributivo consiste en el valor añadido del futuro gasto público de los Estados miembros. Según las previsiones financieras de la Comisión, el importe de los fondos comprometidos alcanzará la cifra de 147 880 millones de euros. A este respecto, mi país está a favor de una gestión estricta de los recursos en un contexto de limitación del gasto, en particular de los gastos administrativos, de acuerdo con la política de austeridad que aplica en su presupuesto nacional. Ahora espero que la redistribución de los recursos disponibles destinada a optimizar su asignación se lleve cabo de forma consecuente a fin hacer frente a los efectos de la crisis internacional que todos experimentamos en nuestra vida diaria.

 
  
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  Peter Skinner (S&D), por escrito. En la votación sobre el presupuesto para 2012 (orientaciones generales) voté a favor de congelar el presupuesto y contra cualquier indicio de gasto adicional derivado de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Creo que el presupuesto establecido es suficiente para los compromisos previstos hasta ahora en virtud del Tratado.

 
  
  

Informe: Véronique Mathieu (A7-0265/2011)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) No apoyo este informe debido a que la versión final que incluye las votaciones de las enmiendas es manifiestamente injusta, ya que permite a los trabajadores inmigrantes permanecer sin protección legal en algunos ámbitos importantes, como la seguridad social. La UE no debe permitir este tipo de trato, ya que cuando se trata de derechos humanos, la UE debería ser un modelo.

 
  
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  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito.(LT) He votado a favor de esta resolución sobre un procedimiento único de solicitud de un permiso único de residencia y trabajo para nacionales de terceros países. Este documento establece un procedimiento único de solicitud para los nacionales de países terceros que deseen ser admitidos en el territorio de un Estado miembro con fines de empleo y al ofrecerles un estatuto jurídico seguro. De este modo sin duda se simplificarán las a menudo complejas gestiones administrativas relativas a la acogida de migrantes económicos. Coincido con el ponente en que una de las mejores formas de luchar contra la inmigración ilegal y el trabajo clandestino es desarrollar canales de inmigración legal equilibrados que satisfagan las necesidades de nuestros mercados de trabajo. La inmigración económica es una realidad que requiere organización, pero es también una necesidad, habida cuenta de los retos demográficos y económicos a los que tendrá que hacer frente la Unión Europea en un futuro próximo. Es importante precisar que esta propuesta no define las condiciones de admisión de los nacionales de terceros países. Los Estados miembros siguen siendo competentes para determinar estas condiciones de admisión y fijar el número de migrantes que desean admitir en su territorio con fines de empleo. Ya es hora de que la Unión Europea legisle en materia de inmigración económica con objeto de determinar un enfoque común a los 27 Estados miembros. Las modificaciones en virtud del Tratado de Lisboa permiten estos avances, que ahora deben ponerse en práctica.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) La Unión Europea, que es símbolo de los derechos humanos en todo el mundo, debe garantizar un trato justo a los nacionales de terceros países que residen en su territorio y adoptar una política para su inclusión. Por ello ha sido necesario armonizar la legislación nacional de los Estados miembros en materia de admisión y residencia de dichos nacionales. Ese es el motivo por el que he votado a favor de este texto que deberá ayudar a simplificar los procedimientos de admisión, a luchar contra la competencia desleal en detrimento de los trabajadores europeos y a establecer un mejor control en la lucha contra la inmigración ilegal y el trabajo clandestino.

 
  
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  Elena Băsescu (PPE), por escrito. (RO) He votado a favor de este texto porque creo que la Unión Europea necesita procedimientos administrativos uniformes para tratar a los trabajadores inmigrantes de terceros países. La aprobación de este acto tendrá un efecto benéfico importante, pues reducirá el gasto del sector público, desalentará la inmigración ilegal y concederá derechos justos a los nacionales de terceros países que deseen trabajar en la Unión Europea. La inmigración económica es una necesidad que debe estimularse de forma controlada en vista de los retos demográficos y económicos a los que deberá enfrentarse la Unión Europea. No olvidemos que los avances realizados por países como los Estados Unidos, Canadá o Australia se deben a los inmigrantes. Estos forman parte de un grupo social sumamente dinámico que infunde un entusiasmo adicional y nuevas perspectivas en su enfoque a sus sociedades de adopción y las hace más competitivas. Debemos velar a este respecto por que existan condiciones que les permitan trabajar legal y tengan la oportunidad de realizar sus sueños sin obstrucciones por parte de trámites administrativos inútiles. Espero igualmente que en un futuro muy próximo se resuelva de una vez por todas el acceso a los mercados laborales de toda la Unión Europea para los ciudadanos de Rumanía y Bulgaria.

 
  
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  Regina Bastos (PPE), por escrito. (PT) Europa se enfrenta al problema demográfico que plantea el envejecimiento de su población y por ello necesita buscar mano de obra, la cual hace una importante contribución al desarrollo económico y aumenta la competitividad y la vitalidad de la economía europea. Europa tendrá que responder a sus necesidades actuales y futuras de mano de obra y contar con medios para luchar contra la explotación y discriminación que sufren a menudo los trabajadores.

Esta Directiva responde a estas necesidades y simplifica igualmente el habitual complejo proceso administrativo al establecer un procedimiento único de solicitud para los nacionales de países terceros que deseen ser admitidos en el territorio de un Estado miembro con fines de empleo y al ofrecerles un estatuto jurídico seguro.

La decisión relativa al número de inmigrantes admitidos a su territorio con fines de empleo y a las condiciones para esta admisión seguirá siendo competencia de cada uno de los Estados miembros. Por todas estas razones he votado a favor de este informe.

 
  
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  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. (FR) Desde hace años hablamos de crear un permiso único para los nacionales de terceros países que desean vivir y trabajar en un Estado miembro. Al principio fue una iniciativa loable, pero el texto en su versión actual contradice los objetivos perseguidos, ya que es discriminatorio debido a que no se respeta en absoluta el principio fundamental de la igualdad de trata, y restrictivo, pues excluye a varias categorías de trabajadores. A pesar de las mejoras introducidas desde diciembre de 2010, se mantiene el temor a que se introduzca una desigualdad social entre los nacionales de terceros países. Más aún, al votar a favor del «permiso único» propuesto para los nacionales de terceros países, la derecha europea vota a favor de una política de inmigración discriminatoria y restrictiva. El texto en su versión actual no ofrece igualdad de trato para todos los trabajo en lo referente a las condiciones de trabajo y derechos sociales. Crea diferentes categorías de trabajadores por nacionalidad y tipo de contrato, lo que resulta simplemente inaceptable. No podemos poner en entredicho la igualdad de trato. Debemos decir «sí» a una política común de inmigración, «sí» a un auténtico permiso único europeo, pero no queremos una política restrictiva y, por consiguiente, discriminatoria.

 
  
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  Slavi Binev (NI), por escrito. – (BG) He votado a favor de la propuesta de procedimiento único de solicitud de un permiso único para los nacionales de terceros países que residen y trabajan en el territorio de un Estado miembro porque creo que la creciente ola de inmigración hacia la UE necesita una regulación adecuada. Los requisitos administrativos para la admisión de nacionales de terceros países para trabajar en la UE son excesivamente complicados y vagos. La introducción de un sistema de permiso único contribuirá a mejorar todo el procedimiento y a hacerlo más eficiente y mucho menos costoso. Tampoco debemos olvidar que la creación de un documentó único facilitará a las autoridades locales llevar a cabo el control de los ciudadanos que llegan a la UE. Por último, tengo que decir que me alegro mucho de que el texto haya sido aprobado por Sus Señorías, pues está destinado a garantizar los derechos sociales y económicos de los trabajadores inmigrantes con el fin de evitar el dumping social o competencia desleal dentro de la UE.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este informe porque la Directiva sobre un permiso único de residencia y trabajo para los nacionales de terceros países debe ser una Directiva marco de carácter general sobre los derechos de los trabajadores de terceros países, pues solo así este acto legislativo europeo podrá contribuir a alcanzar el objetivo de una política común de inmigración que persigue la Unión Europea. Desgraciadamente, la posición que ha adoptado hoy el Parlamento Europea sobre la Directiva sobre un permiso único de residencia y trabajo no ha mejorado la propuesta de la Comisión. No se ha aceptado que los trabajadores inmigrantes procedentes de terceros países que lleguen a la UE de forma legal y hagan el mismo trabajo que los trabajadores de la Unión Europea gocen de los mismos derechos y condiciones de trabajo que estos últimos. Habría que comprender que los trabajadores inmigrantes legales hacen una contribución a la economía de la UE con su trabajo y los impuestos y cotizaciones a la seguridad social que pagan, por lo que se les deben conceder los mismos derechos mínimos y ser tratados de la misma forma en el mercado laboral. Quiero recalcar que es imposible crear un mercado laboral de dos niveles, ya sea dentro de la Unión Europea o fuera de ella. No podemos permitir la creación de una clase inferior de trabajadores en el mercado laboral de la UE que sufra discriminación y no goce de derechos ni garantías, ya que ello daría lugar a la erosión de las normas sociales que se han logrado hasta ahora.

 
  
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  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. (RO) La aprobación de la Directiva por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único para obtener un permiso de trabajo en la UE simplificará de manera considerable el sistema actual, en el que cada Estado miembro adopta sus propias decisiones. La existencia de dos procedimientos independientes conlleva un período más largo para tramitar las solicitudes y gastos administrativos más altos. Este sistema de ventanilla única simplificará el procedimiento administrativo y lo hará menos costoso y más expeditivo. De hecho, la expedición de un único documento facilitará también el control de las personas admitidas en el territorio de un Estado miembro y autorizadas a trabajar en él. Este documento respetará el formato del permiso de residencia común a todos los Estados miembros. Asimismo, los Estados miembros podrán prever también un documento adicional que sólo tendrá un valor puramente informativo. Este documento permitirá completar la información contenida en el permiso único y facilitar así los controles. Así pues, ofrece ventajas que favorecen a migrantes, empresarios y administraciones nacionales. El establecimiento de un procedimiento único de solicitud simplificará los a menudo complejos procedimientos administrativos para la admisión de inmigrantes económicos. Y de este modo se dará una respuesta adecuada a los problemas de mano de obra a los que se enfrenta y seguirá enfrentando la UE.

 
  
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  Jan Březina (PPE), por escrito. – (CS) La ventaja de la Directiva aprobada reside en que crea un planteamiento unificado para tramitar las solicitudes de los ciudadanos de terceros países para obtener un permiso para vivir y trabajar en un Estado miembro, y concede a los trabajadores de terceros países que residen legalmente en la UE un conjunto común de derechos mínimos. Desgraciadamente, las excepciones al ámbito de aplicación de la Directiva y las variaciones respecto a los derechos de ciertos grupos específicos de población violan su carácter de normativa marco horizontal. Socava el principio de igualdad de trato de todos los trabajadores de terceros países que trabajan legalmente en la UE respecto a los ciudadanos de la Unión. Esta igualdad debería ser un reconocimiento de los beneficios que los trabajadores inmigrantes aportan a la economía de la UE a través de su trabajo y el pago de sus impuestos y cotizaciones sociales. El efecto derivado de ello debería ser una limitación de la competencia desleal, hacer que el empleo ilegal resulte más difícil en la práctica y evitar que los trabajadores de terceros países sean víctimas de la explotación y la exclusión social. Por ello es necesario que ningún grupo específico quede excluido del ámbito de aplicación de la Directiva, en particular el grupo formado por los trabajadores temporales, en contra de lo que propone la Comisión. La Directiva debe especificar las condiciones de admisión a la UE y los derechos concretos, pero no debe impedir que todos los trabajadores inmigrantes legales puedan gozar de un trato justo y equitativo, sino que, por el contrario, debería asegurar y garantizar dicho trato.

 
  
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  Cristian Silviu Buşoi (ALDE) , por escrito. (RO) Este informe da un paso muy importante para la legislación sobre inmigración legal de la Unión Europea, pues establece un procedimiento único de solicitud para los ciudadanos de terceros países. Celebro que el texto aprobado hoy no mencione en absoluto la posibilidad de que los Estados miembros añadan otros documentos a los que deben presentar los nacionales de terceros países para obtener un permiso de trabajo. Asimismo, los inmigrantes no serán una carga para los sistemas nacionales de prevención social porque los Estados miembros podrán decidir que los ciudadanos de terceros países solo tengan acceso a dicho sistema tras haber trabajado durante un período mínimo de seis meses, mientras que los que hayan venido a estudiar no podrán percibir estas prestaciones. Un aspecto muy positivo de este informe es que define un conjunto de medidas comunes en relación con los derechos de los trabajadores de terceros países, con lo que facilita la inmigración legal que necesita la Unión Europea. Me alegro de que se pida a los Estados miembros que elaboren tablas de correspondencias, las cuales nos permitirán comprobar que la Directiva se ha transpuesto correctamente.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de este proyecto de informe que contempla un permiso único de residencia y trabajo para los inmigrantes legales, prevé un «permiso único» para los nacionales de terceros países y les concede derechos similares a los de los ciudadanos de la Unión. Estoy de acuerdo con esta propuesta que pretende simplificar los procedimientos administrativos y conceder el mismo trato a los trabajadores de la UE y a los trabajadores inmigrantes respecto a una serie de derechos sociales, como el acceso a la seguridad social. Esta medida facilitará la inmigración legal cuando sea necesaria para satisfacer las necesidades del mercado laboral europeo.

 
  
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  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) He votado en contra de la Directiva relativa al «permiso único» porque se inspira en la Directiva Bolkestein, que adopta el principio del país de origen y, de este modo, permite dar un trato diferente a los trabajadores en materia de salarios, condiciones, horas de trabajo, protección social, etc. El mismo planteamiento se aplica en este caso a los trabajadores de «terceros países» fuera de la Unión Europea. Se adopta un trato diferente para los trabajadores europeos y no europeos, con lo que aumenta la competencia entre los primeros y los segundos, dependiendo de si son trabajadores en desplazamiento o temporeros, estudiantes o residentes. Todas estas diferencias aumentan la explotación y la inseguridad. A pesar de las gestiones realizadas por los sindicatos y fuerzas progresistas europeas en el Parlamento a fin de obtener la plena igualdad de derechos para todos los trabajadores, el texto refleja ante todo una fórmula transaccional entre la derecha y los socialistas. La futura Directiva no se aplicará a los trabajadores en desplazamiento ni a los estudiantes, permitirá la discriminación por criterios como el conocimiento de la lengua, y no concederá prestaciones familiares a los temporeros. Asimismo se ha suprimido la mención de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de las Naciones Unidas.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) Esta propuesta pretende responder a las inquietudes expresadas en el Programa Estocolmo relativas a la formulación de políticas de inmigración flexibles a fin de contribuir al desarrollo y rendimiento económico de la UE.

Así pues, tiene por objetivo simplificar y armonizar las normas vigentes en los Estados miembros mediante el establecimiento de un procedimiento único de solicitud para la obtención de un permiso único de residencia y trabajo. De este modo, el procedimiento sería más eficientes y brindaría ventajas evidentes tanto a los empleadores como a los nacionales de terceros países que desean inmigrar al territorio de los Estados miembros. Garantizará que estos inmigrantes tengan derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión en lo que respecta a condiciones de trabajo, formación y educación, reconocimiento de títulos, prestaciones sociales, etc. Al mismo tiempo permite controlar con mayor facilidad que su residencia y empleo sean legales.

Por ello he votado a favor de este excelente informe que nos ha presentado la señora Mathieu.

 
  
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  Karima Delli (Verts/ALE), por escrito. (FR) El Parlamento Europeo ha votado a favor del principio de establecer un permiso único de trabajo y residencia para los nacionales de terceros países que viven en un Estado miembro. Este procedimiento contempla un conjunto de derechos comunes para estos trabajadores, en particular en relación con sus condiciones de trabajo, como las horas de trabajo y vacaciones. Asimismo el texto establece el principio del reembolso de las cotizaciones de pensión realizadas por los trabajadores que abandonen la UE, ya que no podrán recibir sus pensiones después de su jubilación. Sin embargo, este texto plantea problemas porque aplica el principio del «país de origen» a algunas categorías de trabajadores, principio al que se opuso la izquierda europea durante el examen de la famosa Directiva «Bolkestein». Este principio crea una especie de mercado laboral de dos velocidades en función del origen del trabajador y contribuye a una forma de dumping social. Aquí encontramos una contradicción, a saber, ¿deseamos realmente proteger el modelo social europeo y debería este excluir a los trabajadores no europeos, o bien debería adoptar un planteamiento universal y dejar de discriminar a los trabajadores al no concederles los mismos derechos? Este texto no resuelve aún la cuestión fundamental, razón por la cual decidí abstenerme en la votación sobre el texto.

 
  
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  Proinsias De Rossa (S&D), por escrito. He votado en contra de este texto que pretende establecer una competencia injusta entre los trabajadores de la UE y los trabajadores inmigrantes que vienen a Europa. La Directiva sobre el «permiso único», que el Parlamento ha modificado hoy en primera lectura, se aplicará a los nacionales de terceros países que deseen residir y trabajar en un Estado miembro o que ya residen legalmente en él, con la excepción de los trabajadores en desplazamiento, los temporeros, los residentes de larga duración y los refugiados, que por consiguiente no gozarán de sus disposiciones en contra de la discriminación. Resulta inadmisible que los inmigrantes legales que vienen a Europa a trabajar tengan que soportar condiciones peores a las de los trabajadores de la UE que realizan el mismo trabajo. Una vez que el inmigrante entra en la UE y comienza a trabajar, deja de ser un inmigrante para convertirse en un trabajador. Por consiguiente tiene derecho a ser tratado como tal, como cualquier trabajador de la UE e independientemente de su país de origen. No puede haber excepciones. La legislación de la UE tiene que aplicarse a todos los trabajadores de la UE, sin importar su país de origen.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. (FR) Desde hace años hablamos de crear un permiso único para los nacionales de terceros países que desean vivir y trabajar en un Estado miembro. Al principio fue una iniciativa loable, pero el texto en su versión actual contradice los objetivos perseguidos, ya que es discriminatorio debido a que no se respeta en absoluta el principio fundamental de la igualdad de trata, y restrictivo, pues excluye a varias categorías de trabajadores. Las diputadas y diputados del Parlamento rechazaron por primera vez este texto en diciembre de 2010. A pesar de las mejoras introducidas en ese momento, se mantiene el temor a que se introduzca una desigualdad social entre los nacionales de terceros países. El texto en su versión actual no ofrece igualdad de trato para todos los trabajo en lo referente a las condiciones de trabajo y derechos sociales. Crea diferentes categorías de trabajadores por nacionalidad y tipo de contrato, lo que resulta simplemente inaceptable. Por ello hemos votado en contra del proyecto final. Seguimos estando a favor de un permiso único europeo, pero no deseamos una política restrictiva y, por ende, discriminatoria.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La cuestión que aborda esta propuesta es la introducción de un procedimiento único para conceder el permiso de trabajo y residencia, y la definición de un conjunto común de derechos para todos los nacionales de terceros países que residan y trabajen legalmente en la UE. Ello presupone la existencia de normas comunes a todos los Estados miembros, lo que debería poner fin a las diferencias de planteamiento que existen actualmente en los Estados miembros y haría más expeditivo, uniforme y transparente el proceso para conceder un estatuto jurídico a estos trabajadores en toda la Unión.

Si bien la inmigración legal de trabajadores, en particular de trabajadores cualificados, ayuda a luchar contra el trabajo clandestino y puede mejorar la competitividad de la economía y superar la escasez existente, no podemos olvidar que, durante un período de crisis y vulnerabilidad económicas, en la que el desempleo aún aumenta, la política de inmigración de trabajadores puede ser flexible, como expone la Comisión, pero también debe ser sostenible y razonable.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE) por escrito. (PT) Este informe aborda un tema que debe debatirse con urgencia. De hecho, la disminución prevista del número de europeos que hacen una contribución activa hace necesario que la UE abra sus fronteras a nacionales de terceros países para que puedan vivir y trabajar en ella, pues de lo contrario quebrarían los actuales sistemas de seguridad social.

En 2004, el Programa de La Haya, cuyo principal tema era la necesidad de luchar contra la inmigración ilegal, reconoció que la inmigración legal desempeñaría un papel crucial en el desarrollo económico de la UE. El Programa de Estocolmo que el Consejo adoptó los días 10 y 11 de diciembre de 2009, reconoce que la inmigración de trabajadores puede aumentar la competitividad y la vitalidad de la economía.

Por ello estoy de acuerdo con la posición que se expresa en este informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro, la cual tiene en cuenta los retos demográficos a los que Europa comienza a enfrentarse. Asimismo, prevé un proceso de simplificación que es más eficiente y económico.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) Si bien la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro apunta a supuestas mejoras de la situación de los trabajadores procedentes de estos países, puede en realidad representar un ataque contra los derechos de los trabajadores en general.

No olvidemos que la propuesta se basa en el principio del país de origen establecida en la famosa Directiva Bolkestein, que promueve un aumento de las desigualdades entre los trabajadores, en particular en lo relativo a los salarios, y que es perjudicial en última instancia para todos los trabajadores debido a la presión que ejerce para rebajar las condiciones de trabajo. Al intentar establecer desigualdades y diferencias de trato entre los trabajadores europeos y los de terceros países, esta propuesta de Directiva aumenta la segregación de los trabajadores inmigrantes y hace más precaria aún la situación de todos los trabajadores al imponerles una situación de mayor inestabilidad. De hecho, podemos encontrarnos ante una tentativa de promover el dumping social.

Consideramos que es necesario reforzar los derechos de todos los trabajadores, incluidos los inmigrantes, temporeros y trabajadores en desplazamiento. Por ello lamentamos que se insista en medidas restrictivas tras el rechazo de la primera versión del informe...

(Explicación de voto abreviada de acuerdo con el artículo 170 del Reglamento)

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) La aprobación del informe sobre un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro puede constituir un ataque contra los derechos de los trabajadores en general. La propuesta se basa en la Directiva Bolkestein, que estableció el principio del país de origen que promueve las divisiones entre los trabajadores, en particular en lo relativo a los salarios, y que ha resultado perjudicial para todos los trabajadores. Al intentar establecer diferencias de trato entre los trabajadores europeos y los de terceros países, se aumenta la segregación de los trabajadores inmigrantes, se amplían las diferencias de trata y se empeora aún más sus condiciones de vida a través de la vulnerabilidad y estabilidad de sus condiciones de trabajo.

Esta propuesta de directiva puede promover el dumping social y hacer más inestables las relaciones laborales. En vista de ello es necesario reforzar los derechos de todos los trabajadores, incluidos los inmigrantes, temporeros y trabajadores en desplazamiento. Sin embargo, la lucha de los trabajadores en muchos países europeos, en particular en Portugal, hizo que la propuesta de Directiva fuera rechazada en el último período parcial de sesiones de 2010. Lamentamos que se insista en medidas restrictivas...

(Explicación de voto abreviada de acuerdo con el artículo 170 del Reglamento)

 
  
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  Mathieu Grosch (PPE), por escrito. (DE) Aunque sería positivo en general que pudiera expedirse un permiso único de residencia y trabajo, quedan por responder las siguientes preguntas y es necesario hacer las siguientes observaciones:

1. La aplicación de la Directiva relativa a los trabajadores en desplazamiento debe tener prioridad y el principio de la aplicación de la legislación social del país de acogida siempre debe considerarse fundamental.

2. Ningún trabajador debe ser contratado en calidad de mano de obra «barata» en virtud de esta medida, pues sería perjudicial para nuestro mercado laboral y una injusticia social.

3. Los Estados miembros deben llevar a cabo más controles en estos ámbitos.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. (FR) Después de que el informe fuera rechazado inicialmente en el pleno, la derecha europea cometió errores en sus maniobras de procedimiento y ahora ha contribuido vergonzosamente a que se reconozca un mercado laboral de dos velocidades en función del país de origen del trabajador, lo que generará dumping social y, por consiguiente, ejercerá presión para que se rebaje el nivel de protección de los trabajadores europeos, algo que resulta inadmisible. Por ese motivo he votado contra el informe, que no es sino un ataque contra el modelo social europeo. Este texto establece exclusiones y diferencias de trato en la seguridad social, las pensiones y el acceso al empleo y la formación para los trabajadores inmigrantes legales, algo que va en contra de mis valores.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. (LT) El Programa de La Haya reconocía que la inmigración legal desempeñaría un papel importante en el desarrollo económico. Desde esta perspectiva se solicitaba a la Comisión que presentara un plan de acción que permitiera una reacción rápida del mercado trabajo ante una demanda de mano de obra extranjera en constante transformación. El Programa de Estocolmo que el Consejo adoptó los días 10 y 11 de diciembre de 2009, reconoce que la inmigración de trabajadores puede aumentar la competitividad y la vitalidad de la economía. Habida cuenta de los considerables retos demográficos a los que deberá hacer frente en el futuro la Unión Europea, con una demanda creciente de mano de obra, en este nuevo programa plurianual se invita a los Estados miembros a adoptar políticas de inmigración flexibles con el fin de apoyar el desarrollo y rendimiento económicos de la Unión a largo plazo. Las disposiciones de la propuesta presentan la ventaja de ofrecer a los trabajadores de países terceros una protección mejor que en la situación actual, basada en convenciones internacionales ratificadas sólo por algunos Estados miembros. Me he abstenido porque la propuesta no indica quien puede presentar la solicitud —el empleador o el trabajador— y desde qué país se puede hacer la solicitud, y me parece que era necesario aclarar esta importante cuestión. Asimismo no afirma los requisitos de seguridad jurídica y transparencia de las decisiones que adopten las autoridades nacionales. Estas decisiones tienen graves repercusiones en la vida de los interesados y los Estados miembros, por lo que deben adoptarse con total transparencia. Toda decisión de rechazo debe estar debidamente motivada y ser transparente y objetiva.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) El proyecto de resolución que ha aprobado hoy el Parlamento sobre un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de la Unión representa un paso más hacia la armonización de la legislación nacional de los Estados miembros. Al establecer las mismas medidas sobre inmigración legal en todos los Estados miembros y procedimientos comunes para aquellos que deseen solicitar la admisión al territorio de un Estado miembro con fines de empleo, permitirá que la UE satisfaga la necesidad de mano de obra de los mercados laborales nacionales al ofrecer, mediante la concesión de iguales derechos, un instrumento para luchar contra la explotación y la discriminación. No obstante, creo que los Estados miembros deberían estar facultados, en ciertas condiciones, a establecer límites a la capacidad para admitir ciudadanos procedentes de terceros países y ofrecerles un empleo en su territorio. Como es obvio, la propuesta tiene por objetivo luchar contra la inmigración legal y el empleo clandestino, pero puede y debería interpretarse como una contribución útil para la aplicación de la Estrategia Europa 2020, al permitir asimismo un control más sencillo en las fronteras.

 
  
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  Agnès Le Brun (PPE), por escrito. – (FR) Hace unos veinte años que la Unión Europea creo el mercado único que preveían sus fundadores. Su realización ha dado lugar a una integración cada vez mayor de una amplia zona de comercio. Sin embargo, en esa zona aún se trata de distinta forma a los nacionales de un Estado miembro y a los de terceros países. Esta diferencia de trato plantea un doble problema, pues penaliza a los trabajadores inmigrantes, que abrigan grandes expectativas respecto a los derechos sociales de los Estados miembros, y perjudica a los trabajadores europeos que se enfrentan a una competencia desleal y sufren el dumping social. La resolución sobre el «permiso único» presentada por la señora Mathieu, aborda específicamente los derechos de los trabajadores inmigrantes. Simplifica procedimientos mediante el establecimiento de un permiso único de residencia y trabajo, y concede a los trabajadores extranjeros derechos y obligaciones comparables a los de los trabajadores europeos. La plena realización del mercado interior es un poderoso instrumento para que Europa retorne al crecimiento, y es por ello que he votado a favor de este texto.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. − He votado en contra de este informe debido al rechazo de apartados clave sobre los trabajadores en desplazamiento, los derechos de pensión y la seguridad social.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor de este informe, que vuelve por segunda vez a esta Cámara, porque creo que constituye una respuesta correcta a los considerables retos demográficos a los que se enfrentará la Unión Europea en los próximos años, establece un procedimiento único de solicitud para los nacionales de terceros países que desean ser admitidos al territorio de un Estado miembro con fines de empleo y les ofrece un estatuto jurídico seguro.

La inmigración económica es una realidad que requiere organización, pero es también una necesidad, habida cuenta de los retos demográficos y económicos a los que tendrá que hacer frente la Unión Europea en un futuro próximo. Así, la política de inmigración puede concebirse como un instrumento de regulación de nuestras necesidades de mano de obra, contribuyendo de esta forma a la aplicación de la Estrategia Europa 2020. Desde un punto de vista técnico, la exclusión de los temporeros y los trabajadores trasladados dentro de su empresa está justificada por la presentación por la Comisión de propuestas de Directivas específicas para estas categorías de trabajadores. Sin embargo, en cuanto a la exclusión de los solicitantes de asilo y las personas que gozan de una protección internacional, es importante destacar que los instrumentos existentes en estos ámbitos ofrecen una mayor protección que esta propuesta de Directiva.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Ahora que se ha aprobado esta propuesta de Directiva, los trabajadores inmigrantes tendrán los mismos derechos que los nacionales, al menos en lo tocante a remuneración y despido, salud y seguridad en el trabajo, horas de trabajo y vacaciones. Esta propuesta tiene por finalidad introducir un procedimiento para conceder un permiso único de residencia y trabajo a los inmigrantes legales, y otorgarles un conjunto común de derechos en toda la UE.

De este modo se simplificarán los procedimientos de modo que las autoridades nacionales puedan conceder un permiso único de residencia y trabajo a los inmigrantes a fin de que se beneficien de un conjunto de derechos similares a los que gozan los trabajadores del Estado miembro en el que vivan. Sin embargo, la admisión de inmigrantes con fines de empleo y el número de admisiones deben seguir siendo competencia de cada Estado miembro.

 
  
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  Alajos Mészáros (PPE), por escrito. − (HU) La mejor manera de protegernos contra la inmigración ilegal e irregular es intentar evitarla. Podríamos ayudar a estas personas a encontrar un medio de sustento y seguridad social en sus países de origen, es decir, podríamos eliminar las causas por las que emigran. Si esto no es posible, deberíamos establecer canales legales de inmigración, que satisfagan, como es lógico, las necesidades de nuestro mercado laboral. En la actualidad, la inmigración económica es un fenómeno que, por otra parte, también es una necesidad, ya que con su ayuda podemos defendernos mejor contra los retos demográficos y económicos. Por consiguiente podemos considerar que la política de inmigración es un medio de regulación mediante el cual podemos controlar nuestras necesidades de mano de obra. A través de ella damos oportunidades a inmigrantes de terceros países para que puedan entrar legalmente al territorio de la UE para encontrar un empleo. El sistema de procedimientos de admisión se simplificaría considerablemente con la creación de un procedimiento único, que concedería el derecho de residencia y trabajo al mismo tiempo. Por esta razón también yo he votado a favor de la creación lo antes posible de este marco legislativo horizontal.

 
  
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  Louis Michel (ALDE), por escrito. (FR) Al establecer un procedimiento único de solicitud para los nacionales de terceros países que desean residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y al concederles un estatuto jurídico seguro, esta propuesta de Directiva simplificará los a menudo complejos pasos administrativos para la admisión de inmigrantes económicos.

La existencia de un procedimiento armonizado para la expedición de un documento único que autorice la residencia y el acceso al mercado laboral constituye una importante simplificación del sistema de admisión. Asimismo, la propuesta prevé un trato igual al que gozan los trabajadores nacionales y, por consiguiente, presenta la ventaja de dar una mayor protección a los trabajadores de terceros países respecto a la que reciben actualmente. Este estatuto ayudará igualmente a luchar contra la competencia desleal que a menudo provoca la inexistencia de un estatuto jurídico que proteja a estos trabajadores.

El texto aprobado hoy incluye las dos principales prioridades del Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), pues suprime toda referencia a documentos adicionales y pide a los Estados miembros que elaboren «tablas de correspondencias» para que la Comisión pueda verificar la transposición de la Directiva. Este es un claro indicio de la voluntad del Parlamento Europeo para avanzar hacia un marco legal europeo para la inmigración legal.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. La finalidad de esta Directiva es permitir que los posibles inmigrantes a un Estado miembro de la UE obtengan un permiso de trabajo y residencia por medio de un único procedimiento. Con arreglo a la propuesta original, los trabajadores de terceros países obtendrían el mismo trato que los nacionales de la UE en materia de salario y despido, salud y seguridad en el trabajo y derecho de sindicalización. La Comisión de Empleo desea ampliar estos derechos para incluir la igualdad de tiempo de trabajo y vacaciones, y clarificar al mismo tiempo los derechos de los trabajadores a la seguridad social y exenciones fiscales. Asimismo, los trabajadores de terceros países deberían poder recibir sus pensiones tras regresar a su país de origen en las mismas condiciones que los nacionales del Estado miembro de que se trate. Y lo que es más, todos los Estados miembros de la UE expedirán un permiso único armonizado de residencia y trabajo.

No estoy de acuerdo con ello porque la UE todavía tiene un problema de desempleo, y por ello he votado en contra.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) La admisión y residencia de nacionales de terceros países es un problema, pero en el pasado se han ampliado cada vez más los derechos de estas personas. De este modo, ahora la población autóctona se siente, y con razón, cada vez más desfavorecida debido al acceso de los nacionales de terceros países a los servicios sociales, en particular a las viviendas de protección social. En el ámbito de la inmigración económica, la mayoría de las personas que se trasladan a otros países tienen una buena educación y no existe necesidad de ellas. Mientras que en los Estados Unidos, por ejemplo, no son una carga para el sistema social y en algunos Estados deben abandonar el país al finalizar su empleo, debido a la creciente igualdad con la población residente que se les ha concedido en los últimos años, representan una carga cada vez mayor para aquellos Estados que cuentan con sistemas sociales desarrollados si permanecen en el país de forma permanente tras perder su trabajo, y si además han hecho que su familia venga a unirse a ellos, todos los familiares deben recibir asistencia. Esta propuesta es un paso más en esta dirección y, por ello, debe rechazarse con la mayor firmeza posible.

 
  
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  Claudio Morganti (EFD), por escrito. (IT) He votado en contra del informe sobre el permiso único de residencia para ciudadanos de terceros países, porque hoy se han aprobado algunas enmiendas en esta Cámara para que el empleo no sea un requisito necesario para acceder a las prestaciones y servicios sociales. Me parece que ello representa una peligrosa rebaja de las normas mínimas necesarias y permite a los ciudadanos de terceros países que tienen un permiso de residencia válido en la UE acceder a las mismas condiciones sociales y de trabajo que los ciudadanos de la UE. Para que la Unión Europea exista debe velar por que los ciudadanos de sus Estados miembros puedan gozar de mayores derechos y garantías que los mencionados en este informe.

 
  
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  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. (RO) He votado a favor de esta resolución porque creo que los trabajadores de terceros países deben gozar de los mismos derechos que los ciudadanos de la UE en lo que se refiere a condiciones de trabajo, de conformidad con la Directiva sobre el «permiso único». Me gustaría hablar en particular del tiempo de trabajo, las vacaciones y la seguridad social El propósito de esta propuesta legislativa es reducir los trámites administrativos y simplificar los procedimientos para solicitar la autorización para residir y trabajar en un Estado miembro de la UE, tanto para los inmigrantes como para sus empleadores, por medio de un permiso único de residencia y trabajo. La propuesta no especifica las condiciones para la admisión de nacionales de terceros países. Los Estados miembros están facultados para establecer estos criterios de admisión y el número de inmigrantes que desean recibir en su propio territorio con fines de empleo. Las nuevas normas se aplicarán a los ciudadanos de terceros países que ya viven legalmente en un Estado miembro o que deseen hacerlo.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe de la señora Mathieu sobre la propuesta de Directiva relativa a un procedimiento único de solicitud para un permiso único de residencia y trabajo para nacionales de terceros países. Y lo he hecho porque creo que es importante que Europa se dote de normas a escala europea para gestionar la afluencia de mano de obra procedente de terceros países por motivos tanto económicos como sociales. La inmigración de trabajadores puede aumentar la competitividad de la vitalidad de la economía y ayudar a Europa a hacer frente al futuro reto demográfico de la mejor manera posible. La propuesta de Directiva pide a los Estados miembros que adopten políticas de inmigración flexibles para contribuir al desarrollo a largo plazo de la Unión. Asimismo simplificará los a menudo complejos procedimientos administrativos para la admisión de trabajadores inmigrantes y brindará al mismo tiempo un instrumento para luchar contra la explotación y discriminación que sufren algunas categorías de trabajadores.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor de esta resolución legislativa del Parlamento sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro. Esta cuestión resulta aún más importante en la actual situación económica y social. De hecho, una de las mejores formas de luchar contra la inmigración ilegal y el trabajo clandestino es desarrollar canales de inmigración legal equilibrados que satisfagan las necesidades de nuestros mercados de trabajo.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) El Programa de Estocolmo, que el Consejo Europeo adoptó los días 10 y 11 de diciembre de 2009, pide a los Estados miembros que adopten medidas de inmigración flexibles para contribuir al desarrollo y el rendimiento económico de la Unión. Con esta propuesta, el Parlamento desea contribuir a la aplicación de este programa.

Introduce en particular, un procedimiento único de solicitud para los nacionales de terceros países que desean ser admitidos al territorio de un Estado miembro con fines de empleo i) al simplificar los a menudo complejos procedimientos administrativos para la admisión de inmigrantes, ii) al definir un instrumento para evitar la explotación y discriminación en el lugar de trabajo, y iii) al procurar que los mercados de los Estados miembros estén en condiciones de responder a las necesidades de mano de obra, tanto ahora como en el futuro. La Directiva se aplica a todos los ciudadanos admitidos al territorio con fines de empleo y a los admitidos inicialmente por otros motivos y que hayan obtenido posteriormente un permiso de trabajo de conformidad con lo dispuesto en la legislación nacional o de la UE. Por consiguiente, esta propuesta contribuye a promover un planteamiento común a los 27 Estados miembros para la inmigración económica, razón por la cual reitero mi voto a favor.

 
  
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  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – La inmigración económica es una realidad que requiere organización, pero es también una necesidad, habida cuenta de los retos demográficos y económicos a los que tendrá que hacer frente la Unión Europea en un futuro próximo. La política de inmigración puede concebirse como un instrumento de regulación de nuestras necesidades de mano de obra, contribuyendo de esta forma a la aplicación de la Estrategia Europa 2020. La existencia de un único procedimiento que permita la expedición de un solo documento que autorice la residencia y el acceso al mercado laboral constituye una notable simplificación del régimen de admisión. La Directiva se aplicará a todo nacional de un país tercero admitido en el territorio de un Estado miembro con fines de empleo y también a todos los admitidos inicialmente por otros motivos que, sin embargo, hayan obtenido el derecho a trabajar sobre la base de disposiciones del Derecho nacional o comunitario. Cada Estado miembro deberá establecer las condiciones en las cuales se concederán prestaciones de la seguridad social, así como la cuantía de estas prestaciones y el período durante el cual se otorgarán. Lamento que los temporeros y trabajadores en desplazamiento hayan sido excluidos de esta Directiva, pero pido a la Comisión que presente pronto una propuesta a este respecto.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) En vista de los retos demográficos a los que Europa se enfrentará en el futuro es de crucial importancia que la UE desarrolle una política de inmigración equilibrada y flexible que permita satisfacer sus necesidades de mano de obra y contribuya a la competitividad y vitalidad de la economía.

La aprobación de esta Directiva, que establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y les concede un conjunto común de derechos en ámbitos relacionados con el mercado laboral, abordará directamente estos problemas, por lo que merece mi voto.

 
  
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  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) La votación de hoy a favor de la Directiva por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro, constituye un paso más hacia una política de inmigración armonizada a nivel europeo. La combinación del permiso de residencia con el de trabajo es una buena idea. Muestra que la Unión ha asumido un auténtico compromiso para promover la inmigración legal y no a favor de la fortaleza europea que algunas personas creen que es. Para lograrlo era importante que el Parlamento apoyara la idea de un procedimiento único de solicitud que fuera más sencillo y rápido, tanto para el empleador como para el inmigrante. El Parlamento Europeo también ha hecho la elección correcta al excluir a cuatro categorías de trabajadores del ámbito de aplicación, a saber, los temporeros, los trabajadores en desplazamiento, los trabajadores por cuenta propia y la gente de mar, todos los cuales ya son objeto de directivas específicas o lo serán en breve. Otro aspecto positivo es la flexibilidad concedida a los Estados miembros en relación con los derechos que pueden ejercer los trabajadores de terceros países. Las 27 capitales tendrán la última palabra a la hora conceder o no prestaciones de empleo y subsidios familiares, y sobre la no concesión de viviendas públicas durante los tres primeros años de residencia. Se trata simplemente de medidas de sentido común.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. La Directiva, en su versión actual, excluye un gran número de categorías de trabajadores, como los temporeros, los trabajadores trasladados al interior de la empresa, los refugiados, los trabajadores en desplazamiento, etc. Me opongo decididamente a una mayor segregación en categorías de trabajadores y a la diferencia de trato a la hora de conceder a algunos trabajadores y los miembros de su familia menos derechos que a otros.

Incluso si algunas de estas categorías son objeto de otras directivas, el ejemplo de la propuesta de la Comisión sobre los temporeros pone de manifiesto que los derechos contemplados en estas directivas no son suficientes. Debemos defender un marco común para todos los trabajadores, pues unificaría la legislación en el lugar de trabajo al evitar que se fragmente la situación de los trabajadores, lo que pone en peligro la integración de los inmigrantes y la cohesión dentro de la UE.

Incluso si cuestiones muy importantes, como la transferibilidad de los derechos de pensión, ya no dependen de la existencia de acuerdos bilaterales, gracias a la labor de Jean, no puedo dejar de pensar que debemos defender la igualdad de trato y la no discriminación para todos los trabajadores de la UE. Por eso me he abstenido.

 
  
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  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. (IT) La votación de hoy representa un paso adelante para la aprobación de un procedimiento único de solicitud de los nacionales de terceros países que desean entrar en territorio europeo para trabajar. La Unión Europea desea simplificar los procedimientos administrativos y expedir un documento único para los permisos de residencia y trabajo.

Quiero hacer hincapié en que la propuesta aprobada hoy no pretende atraer indiscriminadamente nuevos trabajadores a nuestro territorio y en que su objetivo no es luchar contra la inmigración ilegal. Todos los trabajadores de terceros países que deseen establecerse en Europa primero deberán obtener un permiso de residencia. La propuesta adoptada hoy confirma igualmente el pleno cumplimiento del principio de subsidiariedad al establecer normas mínimas en materia de derechos y obligaciones, pero dejando a los Estados miembros la flexibilidad y libertad para introducir procedimientos en su legislación nacional y su aplicación en la práctica- La Unión Europea no puede limitar las competencias de los Estados miembros para organizar la seguridad social, y cada Estado debe estar facultado a establecer sus propias normas en este ámbito.

 
  
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  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. − (NL) Aunque la Directiva sobre un procedimiento único para el permiso de residencia y trabajo está lejos de ser ideal o exhaustiva, he votado a favor de ella. Lamento las deficiencias en relación con los temporeros, los trabajadores en desplazamiento, el derecho a cambiar de empleador y el derecho a salir y volver a entrar, porque estos subgrupos serán protegidos por una legislación (futura). En general, esta Directiva es sumamente importante, ya que es la primera de su tipo en conceder un conjunto común de derechos mínimos (que incluyen derechos salariales, igualdad de trato en el trabajo, derechos de pensión y acceso a la atención sanitaria) a los trabajadores de terceros países que residen legalmente en Europa, en igualdad de condiciones que los trabajadores nacionales de los Estados miembros. Asimismo, la Directiva contempla un sistema con un procedimiento único y simplificado de solicitud para obtener un permiso de residencia y trabajo. Este sistema aún se queda lejos de una política común de inmigración integral, pero esta forma de protección es indispensable en vista del aumento de los flujos migratorios y del constante cambio de la demanda de mano de obra extranjera, y para evitar abusos y discriminación en este aspecto. Ahora, los trabajadores de terceros países recibirán una mayor protección que antes. Estos fueron los factores que en su conjunto hicieron que votara a favor.

 
  
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  Catherine Stihler (S&D), por escrito. − He votado en contra porque considero que esta propuesta abre la puerta a la competencia desleal entre los trabajadores de la UE y los trabajadores inmigrantes de bajo coste que llegan a la UE.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) Este informe tiene por objetivo establecer un permiso único de residencia y trabajo en el caso de nacionales de terceros países en un Estado miembro y, así, acelerar y hacer más uniforme el proceso de admisión, además de reducir su carga burocrática y financiera. La migración económica es ahora una realidad que debería analizarse teniendo en cuenta el desarrollo de los canales de la migración legal y equilibraba para responder a las necesidades de los mercados laborales europeos.

Los retos económicos y demográficos que afronta Europa hacen necesario que se redacte una política inmigratoria común para los 27 Estados miembros. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha establecido una nueva base legal en esta materia, el procedimiento de codecisión, y, por tanto, opino que es fundamental que se establezca un enfoque común y armonizado para reducir las diferencias entre las legislaciones nacionales.

Además de lo dicho hasta ahora, la propuesta también regula el trato igualitario a los trabajadores nacionales, creando un estatus legal seguro y protector, ya que los inmigrantes participan en la actividad económica del país anfitrión. Las decisiones que se hayan descartado tendrían que estar debidamente justificadas y ser transparentes y los costes deberían ser proporcionales a los servicios que se prestan en realidad.

 
  
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  Dominique Vlasto (PPE), por escrito. (FR) La aprobación de este informe es un importante avance en la protección de los derechos de los trabajadores de terceros países que estén en la UE, ya que les concede un permiso único de trabajo y residencia. Así se expresa la voluntad de la UE de aumentar su atractivo en el escenario mundial facilitando el acceso condicional al mercado laboral europeo. Me alegra que se haya simplificado el procedimiento para obtener este permiso a través de un sistema de ventanilla única, que facilitará los procedimientos administrativos de los trabajadores extranjeros. La creación de un único documento laboral supone un avance importante en el control y en la regulación de los flujos migratorios desde los Estados miembros y permitirá que la inmigración legal se supervise más fácilmente. Con este texto, el Parlamento ha declarado que la inmigración controlada y regulada de trabajadores es beneficiosa para todos. El establecimiento de un marco jurídico común para los trabajadores europeos y extranjeros protege a nuestros ciudadanos ante cualquier forma de competencia desleal en el mercado laboral. He votado a favor de esta resolución porque apoyo la idea de una Europa que protege a sus trabajadores al mismo tiempo que sigue siendo fiel al principio de la libre circulación de las personas, que es un pilar del proyecto europeo.

 
  
  

Informe: Andreas Schwab (A7-0038/2011)

 
  
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  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. (LT) He votado a favor de esta resolución sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre derechos de los consumidores, que aúna cuatro directivas comunitarias existentes en un único instrumento legal. Comparto la opinión del ponente de que el carácter fragmentario de la legislación existente disuade tanto a los consumidores como a las empresas de participar en el comercio transfronterizo. Sin embargo, debemos ser precavidos, ya que, debido a la naturaleza de este campo, resulta bastante difícil armonizar totalmente la legislación en el terreno de los derechos de los consumidores y, es más, podría reducir el nivel de protección de estos derechos en ciertos Estados miembros.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) Ante los recientes avances digitales, la UE debería actualizar los derechos de los consumidores. Este proyecto de Directiva tiene por objetivo ofrecer una mejor protección a los consumidores de todos los Estados miembros de la Unión Europea al permitirles, concretamente, disfrutar de un derecho adecuado de desistimiento. Habría que garantizar los mismos derechos dentro de la Unión a todos los ciudadanos y consumidores. Por consiguiente, fomentaremos un nivel de consumismo que satisfaga a nuestros ciudadanos, a los que les resultará más fácil hacer compras en otros Estados miembros. Es más, puesto que protege el acervo fundamental de la legislación francesa en esta materia, como la garantía del «vicio oculto», y que todos los métodos de pago resultan gratuitos, opino que esta nueva Directiva es un paso adelante. Por consiguiente, la he apoyado.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este informe, que será reconsiderado por la comisión parlamentaria pertinente. Esta Directiva tiene por objetivo combinar la legislación europea que regula los derechos de los consumidores, proteger un alto nivel de protección de los consumidores en todos los Estados miembros de la UE y fomentar que las empresas ofrezcan servicios y vendan productos en otros Estados miembros. En la actualidad sigue habiendo obstáculos al funcionamiento fluido del mercado. Las empresas no se inclinan a comerciar en otros Estados miembros y los consumidores son poco proclives a firmar contratos debido a las diferentes normas que se aplican a los contratos de los consumidores en los Estados miembros. La legislación en vigor hasta ahora solo establece unos requisitos mínimos para la protección de los derechos de los consumidores y los Estados miembros pudieron aplicar medidas más rigurosas, lo que conllevó diferentes regímenes legales en la Unión. En mi opinión, que hay que revisar esta Directiva nuevamente y reforzar sus provisiones. Debemos garantizar que se apliquen los mismos estándares a la hora de proteger los derechos de los consumidores en todos los Estados miembros de la UE, lo que nos permitiría evitar la incoherencia que existe actualmente en el mercado interior, reforzar la confianza de los consumidores en este mercado y animar a las empresas a comerciar en otros Estados miembros.

 
  
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  Sergio Berlato (PPE), por escrito. (IT) La propuesta de Directiva sobre derechos de los consumidores presentada por la Comisión combina cuatro directivas anteriores en un único instrumento legislativo. Es el resultado de revisar el acervo relacionado con el consumidor, que se puso en marcha en 2004 con el objetivo de simplificar y completar el marco regulador existente relativo a la protección de los consumidores. El actual marco normativo supone unos importantes costes de conformidad para las empresas europeas que deseen operar más allá de sus fronteras y tengan que acatar legislaciones distintas. Opino que la fragmentación de las normas legales actúa como disuasión tanto para empresas como para consumidores a la hora de comprar o vender en otros países.

El informe que debatimos tiene por objetivo lograr el equilibrio necesario entre un alto nivel de protección de los consumidores y la competitividad de las empresas en el mercado de los seguros, sin dejar de respetar el principio de subsidiariedad. Por consiguiente, apoyo las propuestas del ponente que tienden a una especie de armonización concreta, es decir, la armonización limitada a aspectos específicos de ciertos contratos como, en particular, las obligaciones de informar o el derecho de desistimiento en los contratos celebrados a distancia o fuera del establecimiento, sin dejar de mantener un alto nivel de protección de los consumidores europeos.

 
  
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  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. (IT) Felicito al señor Schwab por el trabajo realizado hasta el momento. He votado a favor porque el informe Schwab cuenta con el mérito de proteger a los consumidores en sus compras transfronterizas. El texto votado hoy, de hecho, propone garantizar un alto nivel de protección de los consumidores de los 27 Estados miembros. Al mismo tiempo, pretende proteger y apoyar a las empresas, independientemente de su tamaño, que puedan ofrecer productos y servicios a los consumidores europeos, sin encontrarse con obstáculos legales innecesarios. Al aunar cuatro directivas sobre esta materia, esperamos armonizar las normas actuales de forma más definida, evitando la fragmentación de las leyes, que a menudo resulta un obstáculo tanto para los consumidores como para las empresas. En este sentido, este documento podría contribuir a un mejor funcionamiento del mercado interior al aumentar la confianza de los consumidores.

 
  
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  Jan Březina (PPE), por escrito. – (CS) El informe aprobado elimina el carácter fragmentario de las normativas existentes en el campo de la protección de los consumidores, que acaba por desanimar a los consumidores y a las empresas a la hora de participar en el comercio transfronterizo. Los consumidores en particular se quejan a menudo de que no pueden sacar todo el provecho a las ventajas del mercado único, especialmente en lo relativo al comercio por Internet. En mi opinión, la respuesta correcta a estas quejas es un conjunto aprobado de definiciones comunes, como los conceptos de consumidor, de vendedor o de acuerdo a distancia. También resultan beneficiosas la creación de una lista de información básica que el vendedor deberá ofrecer antes de que se complete cualquier tipo de contrato con el consumidor y la unificación del plazo límite para el desistimiento de un contrato en 14 días en el caso de los contratos a distancia o fuera del local, incluida la creación de un formulario único para el desistimiento de un contrato. Por desgracia, en el caso de este informe hemos visto como la izquierda ha retirado, en el último minuto, su apoyo al compromiso acordado con el ponente y, por consiguiente, hemos tenido que someterlo a votación. Sin embargo, esto no supone ningún desastre en mi opinión y, por el contrario, quizás ilustra que el Parlamento Europeo funciona como un organismo político en el que se despliega un conflicto ideológico abierto y genuino entre la izquierda y la derecha europeas. Sería útil que el Parlamento se presentase así más a menudo.

 
  
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  Carlos Coelho (PPE), por escrito. (PT) En octubre de 2008, la Comisión presentó una propuesta de Directiva con el objetivo de unir en un texto el acervo sobre la protección de los consumidores, que abarca cuatro directivas sobre cláusulas contractuales abusivas, cierto aspectos de las ventas y las garantías de los productos para el consumidor, la protección del consumidor en las ventas a distancia y la protección del consumidor en los contratos celebrados fuera del establecimiento. Cabe señalar que estas directivas, que han sido revisadas, establecen unas cláusulas mínimas de armonización, lo que ha llevado a muchos Estados miembros a mantener o aprobar normas más estrictas acerca de la protección de los consumidores, creando un marco normativo fragmentado en la Unión con consecuencias para el mercado interior, especialmente para las empresas y los consumidores que realizan transacciones transfronterizas.

En mi opinión, el texto legislativo que se ha votado hoy refuerza la protección de los consumidores sin dejar de tener en cuenta las características del sector, en el que la armonización completa podría no ser factible siempre. Valoro positivamente la propuesta de creación de un sistema de evaluación mutua a través del cual los Estados miembros deban detallar por qué las provisiones divergentes de la legislación nacional son fundamentales y cómo se ajustan al principio de proporcionalidad y eficiencia.

 
  
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  Lara Comi (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor de este informe. El objetivo es muy ambicioso: supone crear una reforma completa de la protección legal de los consumidores que aborde todo el tema de los contratos y en la que entren en juego las 27 legislaciones nacionales que ofrecen distintos niveles de protección. Hace aproximadamente un año, el profesor Monti afirmó en su informe al presidente Barroso: «el legislador debe alcanzar sin demora un acuerdo sobre el proyecto de directiva relativa a los derechos del consumidor, a fin de garantizar un alto nivel de protección para los consumidores en un mercado al por menor integrado». Estoy totalmente de acuerdo con el profesor Monti. La ausencia de normas comunes en varios Estados miembros ha permitido la fragmentación de los marcos legales, lo que resulta perjudicial tanto para los consumidores como para los fabricantes y que, de hecho, impide que se haga realidad el mercado común. En una época de crisis como la que vivimos a escala mundial, Europa no puede permitirse que sus fabricantes se queden rezagados y que sus consumidores no estén debidamente protegidos. Por consiguiente, es urgente que encontremos un denominador común equitativo para armonizar las legislaciones europeas. Todos debemos esforzarnos para alcanzar un acuerdo con el Consejo, incluso en primera lectura.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) Los derechos de los consumidores son uno de los principales pilares del mercado interior. Su protección y su seguridad son fundamentales para aumentar la seguridad a la hora de adquirir productos a diario en el comercio transfronterizo y, en consecuencia, para lograr la competitividad de las empresas.

En este sentido, es fundamental encontrar un equilibrio entre los derechos de los consumidores y el coste que estos puedan suponer para las empresas. Es más, es importante tener presente las diferentes características nacionales y la protección que se ofrece, con el debido respeto al principio de subsidiariedad.

Por consiguiente, opino que este es un campo en el que, por un lado, la máxima armonización puede resultar útil, pero en el que, por otro, también se podría adoptar la mínima armonización en función del tipo de contrato, puesto que resultaría más adecuada.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Este proyecto de Directiva sobre derechos de los consumidores aúna las cuatro directivas comunitarias en vigor en un único instrumento legislativo. Por un lado, tiene por objetivo garantizar que los consumidores de los 27 Estados miembros confíen en un elevado grado de protección de los consumidores y, por otro, que las empresas, ya sean grandes o pequeñas, puedan ofrecer productos y servicios sin obstáculos legales innecesarios a los consumidores de los 27 Estados miembros de la UE.

Por lo que respecta a los consumidores, esta propuesta pretende garantizar que, independientemente de en qué lugar de la UE hagan su compra, tengan acceso a información clara sobre los precios y los costes adicionales antes de firmar un contrato. Refuerza la protección de los consumidores en el caso de retrasos o incumplimientos en la entrega, otorgando a los consumidores derechos relacionados con los períodos de reflexión, las devoluciones, los reembolsos, las reparaciones, las garantías y las cláusulas contractuales abusivas. En todos los contratos firmados con consumidores, el comerciante deberá ofrecer información clara que permita realizar una elección con conocimiento de causa.

Me alegra que se haya incluido la exención del requisito de ofrecer información en el caso de contratos que conlleven «transacciones cotidianas y en los que el comerciante deba entregar el bien o prestar el servicio inmediatamente tras la celebración del contrato», ya que esto evita una carga administrativa poco razonable.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) Esta es una propuesta más de la Comisión en la que el fomento del comercio transfronterizo parece ser la principal motivación para ejercer la iniciativa legislativa. En este caso, y debido a que es una propuesta poco original para «proteger los intereses de los consumidores», nos lleva de vuelta al argumento de que el libre comercio es la razón de ser de los intereses de los consumidores, haciendo así, nuevamente, una profesión de fe en las virtudes del mercado libre. En realidad, es más importante para los derechos y los intereses de las empresas que para los de los consumidores.

La Comisión defiende una armonización total de las normas establecidas para los consumidores. Si esta armonización no es provocada por el progreso y por tomar en cuenta la legislación ya existente en cada país, en la práctica podría provocar la pérdida de derechos de los consumidores en algunos Estados miembros en los que la legislación es más avanzada en este terreno.

Puesto que esta es una primera lectura y puesto que a lo largo del debate en la comisión fue posible mejorar la propuesta inicial de la Comisión, confiamos en que todavía podrá llegar más lejos en la defensa de los derechos de los consumidores.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Estamos en la fase de la primera lectura del proyecto de Directiva sobre derechos de los consumidores, presentado por la Comisión. Este documento se centra en el fomento del comercio transfronterizo, en base al principio de que la libre competencia es lo que mejor defiende los intereses de los consumidores. Sin embargo, de hecho, presta más atención a los derechos de las corporaciones que a los de los consumidores.

Es más, la Comisión defendió la armonización total de las normas establecidas sobre los consumidores, sin tener en cuenta la legislación que ya existe en cada país. Esto podría suponer la pérdida de derechos de los consumidores en algunos Estados miembros. Se ha producido un intenso debate en la Comisión de Mercado Interior del Parlamento y fue posible alcanzar un amplio consenso que permitió que se cambiase sustancialmente la propuesta inicial presentada por la Comisión. No obstante, parecen darse las condiciones para avanzar aún más en la protección de los derechos de los consumidores si se busca influir en las negociaciones con el Consejo de forma positiva.

Por consiguiente, aceptamos la petición del ponente de que este informe vuelva a la Comisión de Mercado Interior del Parlamento.

 
  
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  Mathieu Grosch (PPE), por escrito. (DE) La facilitación del comercio transfronterizo mediante normas uniformes y, al mismo tiempo, un fortalecimiento de los derechos de los consumidores, ante todo en relación con la compra de productos en otro Estado miembro, son las razones concretas por las que valoro positivamente la «nueva» Directiva sobre la protección de los consumidores. La incertidumbre actual que todavía existe con respecto a los derechos aplicables de los consumidores disuade a las empresas de ofrecer sus productos en otros países y a los consumidores de pedir esos productos, ya que existe una falta de claridad sobre lo que ocurre en el supuesto posible del desistimiento. Un mercado único europeo exige expresamente la retirada de este tipo de obstáculos.

Las definiciones uniformes propuestas en este informe, que entre otras cosas armonizan el derecho de desistimiento y las normas relativas a las cláusulas contractuales abusivas, generarán seguridad jurídica y, así, aumentarán el atractivo del comercio transfronterizo para las empresas, lo que, en último término, beneficiará a los consumidores.

No se aprobó el capítulo V y, por consiguiente, la protección de los consumidores se aplicará en toda Europa de conformidad con los criterios más exigentes.

En consecuencia, es necesario reenviar el texto a la comisión para que vuelva a negociar con la Comisión Europea.

 
  
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  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. (FR) Ante un texto que era más que cuestionable al inicio, estoy encantada de que la izquierda europea haya logrado ciertos avances importantes. Obviamente, resultaba absurdo imponer a los Estados miembros una legislación que va contra los derechos de los consumidores y que les obliga a revocar aquellas de sus leyes nacionales que son consideradas demasiado protectoras en lo que se refiere a esta Directiva. Sin embargo, he votado a favor de aplazar la votación final para consolidar la protección de los consumidores frente a ciertas prácticas abusivas, ante las cuales el nivel de protección elegido sigue siendo insuficiente. En cualquier caso, no votaré a favor de un texto que viola los derechos más fundamentales de los consumidores.

 
  
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  Carl Haglund (ALDE), por escrito. (SV) Las enmiendas presentadas por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor son, por desgracia, de escasa calidad desde una perspectiva puramente legislativa y los capítulos II, IV y V son superfluos. La enmienda 141 es poco razonable para las PYME. En las propuestas de compromiso (bloque II), las restricciones acerca de las ventas a distancia y directas son poco razonables e inaceptables.

 
  
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  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. La propuesta original de la Comisión de una Directiva sobre derechos de los consumidores fue un intento inoportuno e innecesario de imponer la máxima armonización sin otro motivo aparente que dar satisfacción a aquellos que creen que la diversidad cultural y jurídica se opone a los principios europeos. La propuesta habría conllevado una reducción de los derechos de los consumidores en varios países europeos y no hay indicios que indiquen que fuera a beneficiar al mercado. El conjunto de medidas de compromiso de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor está lejos de ser perfecto, pero supone una importante mejora y una base sobre la que iniciar las negociaciones con las demás instituciones.

 
  
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  Morten Løkkegaard (ALDE), por escrito. (DA) Me alegra que, después de dos años de negociaciones en el Parlamento, hayamos logrado acordar una postura que, al mismo tiempo, refuerza los derechos de los consumidores de la UE y facilita la participación de las empresas en el mercado interior.

Debido a la decisión de votar las enmiendas en bloques, muchos de nosotros estamos insatisfechos con el hecho de que no podamos votar contra ciertas enmiendas. Permítanme destacar los siguientes casos:

Capítulos IV y V: me habría gustado un compromiso por el cual se hubieran eliminado totalmente de la propuesta los capítulos IV y V. Sé que el Consejo en concreto, pero también la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (BEUC) y la oficina danesa del consumidor, habrían preferido el compromiso que tenemos en la actualidad con respecto a estos dos capítulos. En este sentido, resulta gracioso que el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo haya optado por ignorar las recomendaciones de las organizaciones de consumidores.

En lo que se refiere al apartado 1 del artículo 22: también me habría gustado que se borrase el muy criticado apartado 1 del artículo 22 ya que no pone las cosas demasiado fáciles para las PYME. Sin embargo, tengo más confianza que mis compañeros liberales de Alemania en que probablemente lograremos enmendar esta provisión durante las negociaciones con el Consejo. Una idea consistió en alinear este artículo con el artículo 20 de la Directiva de servicios, lo que también reduciría el riesgo de una legislación contradictoria.

 
  
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  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. – (RO) Según la Estrategia Europa 2020, la producción de gran calidad y respetuosa con el medio ambiente es una de las ventajas competitivas de la UE. Un elevado nivel de protección de los consumidores garantiza unos productos de gran calidad y mejora la confianza de los consumidores, haciendo por tanto que el mercado interior sea más eficiente. Valoro positivamente las propuestas presentadas por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor acerca de la nueva Directiva sobre derechos de los consumidores, ya que se esfuerzan por garantizar la transparencia de las empresas, con el objetivo de desbloquear el potencial del mercado transfronterizo en la UE. Las nuevas normativas sobre los derechos de los consumidores incluyen prácticamente todos los tipos de ventas, en tiendas, por teléfono o en línea. Concretamente, refuerzan las provisiones acerca de las ventas internacionales, en base a las propuestas realizadas en el informe redactado por mi colega Andreas Schwab. Al contrario de lo que sucede con las cuatro directivas existentes sobre protección de los consumidores, opino que la nueva legislación aporta valor añadido porque estipula qué tipo de información debe recibir el comprador del vendedor, las condiciones de la entrega y las normas de aplicación cuando el riesgo le corresponde al comprador, por no mencionar el derecho de este último a cancelar o rechazar compras o el derecho a que se repare o sustituya un artículo.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. He votado a favor de que se devuelva este informe a la comisión porque la respuesta de la Comisión Europea a las enmiendas del Parlamento fue deplorablemente inadecuada.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. − (IT) La propuesta de la Comisión tiene por objetivo mejorar el funcionamiento del mercado interior al reducir los obstáculos al comercio transfronterizo, pero plantea problemas tanto para los consumidores como para los fabricantes. Debería apoyar todos los esfuerzos a favor de hacer que el mercado interior sea más eficiente y de fomentar el comercio transfronterizo, pero el artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales exige que las políticas europeas garanticen un elevado nivel de protección de los consumidores.

Por consiguiente, hay que intentar aumentar el nivel mínimo de la actual armonización aplicando las mejores prácticas disponibles. Será adecuado desarrollar un sistema europeo de responsabilidades en el supuesto de un incumplimiento para mejorar la protección de los consumidores y la confianza en los mercados. En línea con la Estrategia Europa 2020, su elevado nivel de protección garantiza productos de calidad y, al mismo tiempo, fomenta el rendimiento del mercado interior. Con respecto a los derechos de los consumidores, las normativas mínimas actuales permiten que los Estados miembros adapten las normativas europeas a los principios nacionales: deberíamos avanzar en esta dirección. Sin embargo, por desgracia, percibimos que la propuesta de Directiva no tiene en cuenta a los nuevos productos en el mercado debido a los cambios que se están produciendo en el desarrollo y en la innovación, como sucede con los productos digitales.

 
  
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  Barbara Matera (PPE), por escrito. (IT) Voto a favor del informe sobre derechos de los consumidores del señor Schwab porque considero necesario simplificar y completar el marco jurídico existente relativo a la protección de los consumidores.

Es fundamental que los consumidores de los 27 Estados miembros puedan contar con un elevado nivel de protección y que los fabricantes, independientemente de su tamaño, puedan ofrecer sus productos y servicios a los consumidores de los 27 Estados miembros sin tener que afrontar innecesarios obstáculos legales. Hace falta que el Parlamento tome medidas para reforzar la confianza de los consumidores y para fomentar y apoyar a los fabricantes que deseen participar en el comercio transfronterizo.

La diversificación de las normas sobre los derechos de los consumidores en Europa es un importante factor disuasorio para los fabricantes, incluso cuando compran y venden productos y servicios entre países. Concretamente, el comercio electrónico es un campo en el que los consumidores no se pueden beneficiar del mercado interior ni de sus derechos como consumidores, ya que los fabricantes de un sector concreto son reticentes a acatar las diferentes normas cuando acceden a un nuevo mercado y, así, corren el riesgo de ser demandados en otro Estado miembro.

 
  
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  Véronique Mathieu (PPE), por escrito. (FR) He votado a favor del informe sobre derechos de los consumidores. El texto sustituye cuatro directivas existentes por una, con el objetivo de simplificar y mejorar la regulación de la protección de los consumidores. El valor añadido de la Unión Europea debe traducirse en un claro beneficio para los consumidores, concretamente al facilitar las transacciones en línea transfronterizas. Por tanto, la propuesta de Directiva pretende resolver problemas planteados por las normas de protección de los consumidores que difieren de un país a otro. En concreto, el texto propone un modelo de formulario de desistimiento para los contratos a distancia y fuera del establecimiento y que el período del derecho de desistimiento se armonice en 14 días. De igual forma, las normas que recoge el texto permitirían que se reforzasen los derechos de los consumidores relativos a la información y la entrega.

 
  
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  Gesine Meissner (ALDE), por escrito. (DE) En la votación de hoy sobre el texto de la Directiva sobre derechos de los consumidores, algunos miembros del Partido Democrático Libre (FDP) alemán del Parlamento Europeo se han abstenido. El compromiso aprobado contiene, sin duda, muchas mejoras con respecto al proyecto original de la Comisión Europea. Por ejemplo, hemos conseguido garantizar que las empresas pequeñas no se vean afectadas por la mayoría de las nuevas normas o cargadas con trámites burocráticos adicionales. Sin embargo, el texto aprobado hoy también contiene normas que cargarían de forma excesiva a las empresas sin aumentar la protección de los consumidores. El artículo 5, por ejemplo, supondrá que una empresa tenga que ofrecer una información precontractual muy amplia incluso cuando los productos se adquieran en la tienda. Cabe dudar que esto vaya a beneficiar a los consumidores, ya que podrán evaluar el producto directamente en el establecimiento. El apartado 1 del artículo 22 obliga a las empresas, en el caso de los contratos a distancia, a suministrar sus productos a los clientes de cualquier Estado miembro. Esta obligación contradice la libertad contractual y expone a las PYME, concretamente, a considerables riesgos jurídicos y financieros. Es más, el FDP fue incapaz de lograr su principal demanda de que se eliminasen totalmente los capítulos IV y V de la Directiva. El FDP solicita que se modifiquen estas provisiones durante las negociaciones tripartitas con el Consejo y la Comisión.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Esta propuesta supone la sustitución de cuatro directivas actualmente en vigor —sobre los contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales; las cláusulas abusivas; los contratos a distancia; y la venta y las garantías de los bienes de consumo— en un único texto legislativo. El objetivo de este proyecto de Directiva es incrementar la confianza y la protección de los consumidores en las compras que realizan en tiendas o en Internet y reducir la renuencia de las empresas a vender en otros países de la UE.

El proyecto de Directiva sobre derechos de los consumidores pretende garantizar que, independientemente de en qué lugar de la UE hagan su compra, los consumidores tengan acceso a información clara sobre los precios y los costes adicionales antes de firmar un contrato. En general, están cubiertos todos los contratos, tanto si la compra se hace en el establecimiento o a distancia como si se realizan fuera del establecimiento comercial. Esta Directiva fortalecerá el mercado interior.

 
  
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  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. El objetivo es aumentar la confianza de los compradores y ofrecer transparencia a las empresas para que se desate el potencial de crecimiento del comercio transfronterizo dentro de la UE. Las nuevas normas abarcarán prácticamente todas las compras realizadas en tiendas, por teléfono o en línea, pero reforzarán en particular las normas sobre las transacciones transfronterizas. Los compradores sabrán qué información tienen derecho a recibir del vendedor y se explicarán en detalle las normas sobre las entregas. También habrá normas claras sobre cuándo exactamente se pasa el riesgo a los consumidores y sobre los derechos de estos a cancelar su compra, cambiar de opinión o conseguir que les reparen o sustituyan un producto.

Me gustaría añadir que los billetes del transporte público y del transporte aéreo deberían estar cubiertos por las normas sobre derechos de los consumidores. Por ejemplo, podría citar el caso de airBaltic, en el que los derechos de los pasajeros están siendo ignorados y la empresa se niega a aceptar la responsabilidad por un servicio de mala calidad.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) Sin duda hay unos cuantos elementos que hablan a favor de la Directiva sobre la protección de los consumidores, como la mejora de las obligaciones de ofrecer información, la ampliación del período de desistimiento y también las mayores obligaciones de los vendedores a la hora de ofrecer protección en el caso de las tiendas en línea. Hay que aumentar aún más la protección de los consumidores para crear una base de confianza entre el vendedor y el comprador. Existen varios motivos para explicar mi abstención en la votación, a saber, que en mi opinión se establecen sanciones adecuadas, que no está previsto el derecho de desistimiento en el caso de las subastas en Internet y, ante todo, que la definición de venta a domicilio es muy imprecisa.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. (DE) Este informe hace referencia a la unificación de cuatro directivas diferentes sobre la protección de los consumidores y, por tanto, contiene el acervo comunitario desde 2004. En algunas áreas hay simplificaciones y añadidos. Es importante que los Estados miembros puedan conservar cualquier estándar más elevado de protección. Por otro lado, la unificación de las directivas conlleva una armonización más amplia. Por consiguiente, me he abstenido en la votación.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor del informe del señor Schwab porque considero que este texto representa un punto de equilibrio entre la protección de los consumidores, por una parte, que deben ser protegidos del fraude y del comportamiento poco convencional de fabricantes y de terceros, y, por otra, evitar normativas demasiado estrictas para los fabricantes, al imponer unas obligaciones que, si tenemos en cuenta el tamaño de sus empresas y su facturación, en ocasiones no pueden soportar. Pensemos en el caso de un artesano que, en teoría, puede trabajar fuera del establecimiento comercial: no puede estar sujeto a las mismas exigencias que una gran multinacional que gestiona y firma miles de contratos cada día. Por consiguiente, debemos avanzar hacia una armonización centrada y equilibrada, que tenga en cuenta las peculiaridades de la base de la fabricación europea mientras que mantiene la protección de los consumidores.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) He votado a favor del informe porque considero que la codificación de los derechos de los consumidores en un único documento es una medida positiva. Cabe destacar la reducción de los obstáculos al comercio transfronterizo y elogiar el intento de volver más eficaz el mercado interior y de fomentar el comercio transfronterizo mediante una combinación de cuatro directivas que ahora están consolidadas en una. El proyecto de Directiva contiene, ciertamente, aspectos que pueden y deben mejorarse, pero es, no obstante, un avance muy positivo en este terreno.

 
  
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  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. (IT) La propuesta de Directiva de la Comisión relativa a derechos de los consumidores, presentada el 8 de octubre de 2008, tiene por objeto aunar las cuatro directivas anteriores en un único instrumento que se base en el principio de la «armonización plena». La fragmentación de las normas es considerada, de hecho, un elemento de disuasión tanto para los consumidores como para las empresas que compran o venden en otros países.

Teniendo en cuenta la situación del acervo de los consumidores, el enfoque a favor de la armonización completa en esta propuesta no es factible en la actualidad. Por consiguiente, hace falta corregir su alcance haciendo un cambio estructural. En línea con la resolución del Parlamento y con la declaración realizada en el documento de trabajo de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor en 2009, se prefiere un nuevo enfoque que se base en la armonización plena, es decir, una armonización limitada a aspectos concretos de ciertos contratos mientras se mantiene un elevado nivel de protección de los consumidores. Por todo lo anterior, he dado mi voto favorable para garantizar una protección aún mayor de los derechos de los consumidores.

 
  
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  Hella Ranner (PPE), por escrito. (DE) Estoy satisfecha de la decisión de hoy acerca de la protección de los consumidores. Hemos tomado una decisión importante para los ciudadanos, las empresas y el mercado único europeos. Es alentador que fuera posible encontrar un enfoque sensato para lograr una normalización parcial de la multitud de sistemas legales europeos. No obstante, desde un punto de vista austriaco, existen varios aspectos problemáticos que ahora deben ser abordados y aclarados con urgencia en las negociaciones tripartitas entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión: 1) El «elemento de la adjudicación de contratos» debe ser incluido en el texto. Este elemento significa, por ejemplo, que si alguien le pide a una esteticista que vaya a su casa para recurrir a los servicios de la esteticista (en otras palabras, esa persona es la que busca el contacto con la empresa), el derecho de desistimiento ya no debería ser aplicable. 2) Tenemos que garantizar que no aparezcan cargas adicionales para las PYME, siempre que se asegure una protección adecuada de los consumidores. En última instancia, las cargas financieras y administrativas adicionales sobre las PYME se trasladarían a los consumidores. 3) Deberían eliminarse los capítulos IV y V (responsabilidad y cláusulas abusivas), porque incluso después de largas negociaciones no fue posible alcanzar la deseada armonización plena. La eliminación evitaría un punto muerto y abriría el camino a nuevas posibilidades en las negociaciones tripartitas. 4) Con respecto a la positiva norma sobre los fraudes en Internet, todavía hacen falta algunos ajustes para garantizar un equilibrio entre la protección de los consumidores y la carga de las empresas.

 
  
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  Evelyn Regner (S&D), por escrito. (DE) He votado a favor del conjunto de medidas de compromiso sobre derechos de los consumidores negociado entre los grupos porque, en comparación con la propuesta de la Comisión, fue posible introducir algunas mejoras en la Directiva. Es importante que la base de la Directiva vuelva a ser la armonización mínima y que servicios como los del ámbito de la salud o social se eliminen de la Directiva. También se produjo una mejora en el terreno de las ventas a distancia, en las que el período de desistimiento para los consumidores ha sido hasta ahora de una semana pero que, de conformidad con las enmiendas del Parlamento Europeo, pasarían ahora a ser de dos semanas. Las compras en ferias comerciales también se clasifican ahora como compras directas. En Austria, una compra en una feria comercial ha sido tratada hasta ahora, desde un punto de vista legal, de la misma forma que una compra en una tienda. Sin embargo, todavía hay que mejorar algunos aspectos importantes. La máxima prioridad en este sentido es el capítulo V de la Directiva, con el que el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo está muy descontento. Debemos evitar que la lista de las cláusulas contractuales abusivas sea exhaustiva; no se debería evitar que los Estados miembros amplíen su nivel de protección de los consumidores. De lo contrario, muchos consumidores de los Estados miembros con una larga tradición de protección de los consumidores experimentarían un empeoramiento de su protección. Por consiguiente, también he votado a favor de devolver el informe a la comisión, para que estos aspectos fundamentales puedan ser resueltos y mejorados.

 
  
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  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) Un consumidor bien protegido es un ciudadano tranquilo y una señal de madurez en nuestras democracias modernas. Esto es lo que hace que la Directiva aprobada hoy sea importante.

No pasa un día en el que el consumidor europeo, cuando elige hacer una compra en línea o acepta una enmienda a una suscripción por teléfono, no se enfrente con la cuestión de la conformidad del contrato que ha firmado o aprobado. Es en respuesta a las a menudo desiguales relaciones entre los profesionales y los consumidores que el Parlamento Europeo ha optado por un derecho de desistimiento de 14 días. Es una señal clara para que se ejerzan los mismos derechos en toda la UE.

Es cierto que la aprobación del informe Schwab no satisface plenamente ni a los grupos de consumidores, opuestos al principio de la armonización plena, ni a los representantes de las PYME y las cámaras de comercio, que querían que la legislación se restringiese al creciente comercio electrónico. El Parlamento Europeo ha optado por el compromiso y no ha cedido ante los cantos de sirenas de los alarmistas. Puede consolarse por esta decisión con una reciente encuesta europea, que muestra que el 79 % de los comerciantes encuestados consideran que la legislación que se ha aprobado tendrá poco impacto en sus ventas al extranjero.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. Nosotros, el Grupo de los Verts/ALE, queríamos garantizar una armonización mínima para todos los consumidores europeos. Esto permitiría que los Estados miembros introdujesen o mantuviesen niveles de protección superiores a la «media» europea. Además, queríamos garantizar un elevado nivel de protección de todos los consumidores. Opinábamos que una buena propuesta legislativa sería un buen ejemplo para demostrar a los ciudadanos que la UE se preocupa por sus intereses.

Tras una negociación muy dura y malentendidos, realizamos mejoras al texto, especialmente la inclusión del contenido digital, la exclusión de los servicios sanitarios y sociales, la inclusión de las personas jurídicas y físicas y provisiones positivas para los derechos de desistimiento y para la transmisión del riesgo.

Sin embargo, hemos votado en contra en la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, ya que son demasiados los defectos que permanecen. No podríamos aceptar un texto que supusiera una reducción de la protección de los consumidores para cualquier ciudadano europeo. El texto no se sujetó totalmente a la armonización mínima y la redacción de los artículos individuales tampoco fue clara ni lo suficientemente buena para garantizar que no habría reducción de la protección de los consumidores para algunos ciudadanos europeos. Tras la votación de hoy en el Parlamento, el texto vuelve a la Comisión.

 
  
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  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. (IT) La tarea de Europa es proteger los intereses de sus ciudadanos y consumidores y hoy la Cámara por fin reconoce la justa protección de estos derechos. Hasta la fecha, los consumidores han corrido con demasiada frecuencia el riesgo de ser víctimas del engaño y el fraude del mercado, especialmente debido a su conocimiento limitado de sus derechos. Con la aprobación de esta resolución, Europa espera que todos los consumidores dispongan de una información clara y precisa, que les permita tomar decisiones informadas y específicas.

Se ofrecerá una mayor protección, especialmente en el caso de las ventas en línea, y todos los ciudadanos que hayan comprado un producto que resulte ser distinto de lo que querían podrán solicitar una sustitución, una reducción del precio o la cancelación del contrato. Todas las cláusulas contractuales que se consideren abusivas estarán enumeradas en una «lista negra» apropiada y no podrán ser utilizadas en ningún tipo de contrato. Históricamente, Europa basa su fundación en el mercado único europeo. El establecimiento de directrices comunes, parece ser, ahora más que nunca, una prioridad para nuestras instituciones: solo entonces se puede garantizar un comercio cada vez más libre para todos los ciudadanos europeos.

 
  
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  Catherine Stihler (S&D), por escrito. − Valoro positivamente la aplicación del artículo 57 del Reglamento con la devolución del informe a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, ya que esto garantizará una mayor protección de los consumidores.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) La Comisión pretende simplificar y completar el marco regulador sobre derechos de los consumidores y, por consiguiente, propone la fusión de las cuatro directivas existentes en un único instrumento legislativo. Por un lado, esta propuesta aspira a ofrecer a los consumidores de los 27 Estados miembros un elevado nivel de confianza en la protección de sus derechos y, por otro, aspira a que las entidades que ofrecen productos y servicios reduzcan los obstáculos jurídicos y administrativos a las ventas transfronterizas.

La aprobación de este informe es otro paso hacia la consecución plena del mercado interior, ya que la fragmentación legal existente es un elemento disuasorio tanto para los consumidores como para las empresas cuando quieren participar en el comercio transfronterizo. La propuesta permite una armonización plena, centrada en los contratos firmados fuera de los establecimientos comerciales y a distancia, especialmente las transacciones realizadas en línea.

Al mismo tiempo, el ponente incluye cláusulas de flexibilidad que permitirán que los Estados miembros mantengan un elevado nivel de protección de los consumidores. La aplicación de un conjunto de derechos y obligaciones a los consumidores y a las empresas en virtud de un único marco jurídico permitirá una red simplificada para el crecimiento de las transacciones del mercado interior.

 
  
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  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. (LT) Las nuevas normas previstas para renovar la actual legislación europea sobre derechos de los consumidores deben abarcar todos los tipos de compras, ya se realicen por teléfono, en línea, en una tienda o en casa. Las enmiendas deberían fomentar la confianza de los consumidores cuando hagan compras en otros países y garantizar las mismas condiciones para las empresas, aprovechando así todo el potencial del mercado común. Por otro lado, las nuevas normas deben ser equilibradas, de tal forma que no se conviertan en una carga intolerable para las PYME. La protección de los consumidores es muy importante. Solo si nos tomamos los niveles de protección de los consumidores en serio será posible lograr la armonización plena. También es importante que los ciudadanos conozcan sus derechos. Este es un problema en toda Europa, pero especialmente en mi país. Según los datos de la encuesta del Eurobarómetro, puesta en marcha por la Comisión Europea, a la amplia mayoría de los lituanos les gustaría saber más sobre sus derechos en tanto que consumidores. Según la encuesta, dos tercios de los lituanos (66 %) creen que el sistema legal lituano no ofrece la protección adecuada al multar a las empresas que les engañan o defraudan. El mensaje está claro y no podemos ignorarlo. Las estadísticas también demuestran que la gente tiene poca confianza en el gobierno y en las oficinas de información de la UE: menos del 7 % de los lituanos confía en las instituciones que les ofrecen la información adecuada y el asesoramiento sobre los derechos de los consumidores. No podemos dejar que las cosas sigan así. La UE debe actuar ya.

 
  
  

Informe: Gilles Chichester (A7-0039/2011)

 
  
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  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. (PT) Apoyo este informe porque las comunicaciones, las infraestructuras y los servicios electrónicos son esenciales en la sociedad actual y porque la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información ha realizado un trabajo importante, todavía en curso, especialmente sobre la ciberseguridad. Por consiguiente, tiene sentido ampliar su mandato y sus responsabilidades.

 
  
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  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. (RO) La Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información desempeña un papel concreto en la ayuda a los Estados miembros en sus esfuerzos por cooperar en este campo a nivel europeo. Las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en elementos claves de nuestra economía y de nuestra sociedad en su conjunto. Son vulnerables a unas amenazas que ya no respetan las fronteras nacionales, como consecuencia de su interconexión y de su interdependencia con otras infraestructuras y de la incapacidad para garantizar su seguridad y su resistencia en base a enfoques puramente nacionales. El informe se centra en la protección de Europa frente a los ciberataques y los trastornos de los sistemas de TI mediante el incremento del nivel de preparación, de la seguridad y de la resistencia. He votado a favor de este informe porque tiene por objetivo desarrollar una red de TI y una cultura sobre la seguridad de los datos que beneficie a los ciudadanos, a las empresas y a las organizaciones del sector público de la Unión Europea. Opino que hace falta el mandato de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para permitir que la Unión Europea, los Estados miembros y las partes interesadas desarrollen un nivel de preparación y la capacidad de prevenir y detectar los problemas en las redes y de seguridad de los datos y de responder ante ellos de forma más eficaz.

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) Aunque el mandato de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) vence el 13 de marzo de 2012, la Unión Europea todavía debe tomar medidas en este campo. Por consiguiente, era necesario aprobar una ampliación del mandato de la Agencia, lo que garantizaría la coherencia y la continuidad en la cuestión de la seguridad de las redes y de la información. Esto explica por qué he votado a favor de este texto.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) He votado a favor de este informe que amplía el mandato de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información hasta que se apruebe un nuevo reglamento de las provisiones revisadas y los principios en el trabajo de esta agencia. La ENISA se creó en 2004 por un período inicial de cinco años con el objetivo principal de garantizar un nivel elevado y efectivo de seguridad de las redes y de la información en la Unión, contribuyendo así al correcto funcionamiento del mercado interior. Los recientes ciberataques en los Estados miembros nos están obligando a replantearnos y reformular el mandato de la Agencia para lograr una capacidad de respuesta más flexible y para reforzar la eficiencia operativa de este organismo. Uno de los principales objetivos de la Agenda Digital para Europa es ofrecer a todos los ciudadanos europeos la oportunidad de usar la tecnología digital y asegurar la confianza en Internet y en su seguridad. Una vez que se haya modernizado la ENISA, se recopilará la información más reciente de los países europeos, se incitará a compartir las mejores prácticas y la Unión Europea y los Estados miembros estarán mejor preparados para prevenir, detectar y responder de forma más eficaz a los problemas de seguridad de las redes y de la información.

 
  
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  Slavi Binev (NI), por escrito. – (BG) He apoyado el informe de Giles Chichester sobre la creación de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información, en lo que respecta a su duración, porque opino que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido en la columna vertebral de la economía europea y de la sociedad en su conjunto. Las TIC son vulnerables a amenazas que no se ciñen a las fronteras nacionales y que han cambiado con la evolución de la tecnología y el mercado. Dados el carácter planetario de las TIC y su interconexión e interdependencia con otras infraestructuras, no se puede garantizar su seguridad y resistencia mediante planteamientos puramente nacionales y descoordinados. Al mismo tiempo, los retos relacionados con los sistemas de redes e información evolucionan con rapidez. Es preciso proteger eficazmente las redes y los sistemas de información frente a todo tipo de perturbación y avería, incluidos los ataques intencionados.

 
  
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  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. (IT) He votado a favor de este informe porque estoy de acuerdo con que es necesario ampliar el mandato de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información. Este organismo, creado por la Unión Europea en 2004 por un mandato de cinco años, necesita ahora una nueva ampliación para hacerlo pertinente para las necesidades y los riesgos de seguridad actuales. De hecho, el uso cada vez mayor de las comunicaciones informatizadas facilita el trabajo de muchos, pero con frecuencia es también un peligro, especialmente para los niños. Es necesario concretar normas para proteger a los usuarios. Sin embargo, los cambios en el reglamento exigen más tiempo y es por ello que hace falta ampliar el mandato de la Agencia.

 
  
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  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), por escrito. (RO) He decidido votar a favor de este informe porque creo que es necesario ampliar el mandato de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información hasta 2013. Esta agencia se creó en marzo de 2004 por un período de cinco años que, posteriormente, se amplió hasta marzo de 2012. El principal objetivo era garantizar la seguridad eficaz de las redes informáticas de la UE. Puesto que vivimos en un mundo que cada vez más depende de Internet, debemos incrementar nuestra concienciación acerca del problema de la seguridad en la Red, ya que la ciberdelincuencia no es únicamente virtual, sino que tiene un impacto real en nuestras vidas. Esta cuestión también está incluida en la agenda de la OTAN, lo que ha provocado la creación de un grupo de trabajo euro-estadounidense para afrontar el crimen y la seguridad informáticos, lo que supone un paso muy importante a la hora de proteger las infraestructuras informáticas. Sinceramente opino que todavía necesitamos a la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información.

 
  
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  Ioan Enciu (S&D), por escrito. Me ha encantado votar a favor de la ampliación del mandato de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) hasta septiembre de 2013. Esta agencia se creó en 2002 por un período inicial de cinco años. El mandato de la ENISA es importante, ya que la UE la creó para que se encargase de tareas técnicas y científicas muy concretas en el campo de la seguridad de la información. Es importante que contemos con este tipo de agencia para garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior, que concretamente afecta a las vidas cotidianas tanto de los ciudadanos como de las empresas que usan la banda ancha, la banca en línea, el comercio electrónico y la telefonía móvil.

Si tenemos en cuenta que los ataques a los sistemas de información no dejan de aumentar, este es un momento crucial para contar con medidas eficaces de seguridad que protejan la integridad de los sistemas de información europeos. Hace falta un enfoque descendente europeo para proteger al sector de la sociedad de la información. Los Estados miembros no pueden asumirlo ellos solos. Se calcula que la financiación necesaria para la ampliación del actual mandato de la ENISA sería de 12,698 millones de euros en compromisos.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) La seguridad de las redes y de la información es una preocupación cada vez mayor no solo para los responsables políticos, sino para todos aquellos que cada vez las usan más para interactuar con otras personas y con las autoridades nacionales.

Habrá que aplicar ahora a la seguridad de las nuevas formas de comunicación el mismo cuidado y la misma atención que en su momento guiaron los esfuerzos públicos para perseguir la violación de la correspondencia. Estas formas son más sofisticadas y, por tanto, hay que supervisarlas constantemente y actualizarlas de forma continua.

Estoy de acuerdo con la ampliación del mandato de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información por 18 meses, tal y como propuso la Comisión y como se votó en la comisión parlamentaria, para permitir un debate rico y fructífero entre las instituciones europeas, que incluya a los ciudadanos, acerca de los desafíos, las prioridades y las responsabilidades de la agencia y para, al mismo tiempo, evitar el vacío legal que se provocaría si no se ampliase el mandato.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Este informe se centra en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n° 460/2004 por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA). La ENISA fue creada en 2004 por un período inicial de cinco años con el objetivo de apoyar el funcionamiento del mercado interior mediante el control de la seguridad de las redes y la garantía del flujo de información en la UE. Con el acceso generalizado a instalaciones informáticas y la racionalización y la flexibilidad de las redes vinieron los primeros ataques de los conocidos como hackers (piratas informáticos) que ponían en peligro la seguridad de las redes y de la información.

Recientemente, las revelaciones de la página web Wikileaks han escandalizado al mundo. En marzo de 2009, la Comisión pidió a la ENISA que apoyase a los Estados miembros en su protección frente a los ciberataques y a los trastornos informáticos. En julio de ese mismo año, los Estados miembros apoyaron la ampliación del mandato de la ENISA. Puesto que las cuestiones relacionadas con la seguridad de las redes y con el flujo de la información desempeñan un papel clave en la Agenda Digital para Europa (Europa 2020), me gustaría expresar mi acuerdo con la ampliación del mandato de la ENISA por otros 18 meses.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) Reconocemos la importancia de la seguridad de las redes y de la información en las numerosas áreas de actividad en las que tienen relevancia social en la actualidad. Sin embargo, no se pueden disociar los mecanismos que garantizan esta seguridad del contexto político y social en el que se crean y aplican. Concretamente, no podemos ignorar que el enfoque inherente para reforzar la seguridad y supervisar el ciberespacio no siempre ha garantizado correctamente que exista el respeto de los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos.

Opinamos que es especialmente importante que la UE financie programas de investigación de grandes multinacionales que dominan las tecnologías que permiten a los gobiernos espiar a los usuarios de Internet, mientras que crea y desarrolla agencias como la ENISA, que pagará por el uso de esas mismas tecnologías. Puesto que se reconoce que Internet es uno de los espacios públicos más importantes del siglo XXI, es fundamental que le saquemos el mayor partido en lugar de abrir la puerta a la apropiación de este espacio por los poderes económicos y, por tanto, usándolo en beneficio de unos pocos y a expensas de la amplia mayoría y de su uso para el avance del progreso social.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) La ampliación del mandato de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) y el refuerzo de sus recursos, supuestamente en el interés de un mayor nivel de seguridad de las redes de información de la UE, forma parte de un enfoque que busca reforzar una seguridad que no siempre respeta adecuadamente los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos.

Debemos ser conscientes de que una herramienta para oprimir y reprimir al pueblo no se crea en nombre de una mayor supervisión del ciberespacio. Internet y sus diversos instrumentos no son de por sí opresivos. La cuestión que se plantea es el contexto político y social en el que se utilizan. Teniendo esto en cuenta, es especialmente importante que la UE financie programas de investigación de las grandes multinacionales que dominan las tecnologías que permiten a los gobiernos espiar a los usuarios de Internet, mientras que crea y desarrolla agencias como la ENISA, que pagarán por el uso de esas mismas tecnologías.

Se reconoce que Internet es uno de los espacios públicos más importantes del siglo XXI. Sin embargo, todo este cuidado no basta para prevenir la apropiación de este espacio, que fue creado por el conocimiento humano, para servir a políticas que están sujetas a los poderes económicos y para facilitar su uso privado...

(Explicación de voto abreviada de acuerdo con el artículo 170 del Reglamento)

 
  
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  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. Es adecuado que votemos acerca del informe del señor Chichester en un día en el que hemos sabido que las instituciones de la UE han sufrido un ciberataque a gran escala. La seguridad de la información tiene cada vez más importancia para todos nuestros ciudadanos y me alegra votar a favor de este informe.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. − (LT) Estoy de acuerdo con este documento porque las conclusiones de la Presidencia de la Unión Europea en la Conferencia Ministerial sobre la protección de infraestructuras críticas de información, celebrada en Tallin, destacan que, para afrontar problemas nuevos y a largo plazo en el futuro, tenemos que replantearnos y reformular el mandato de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) para conseguir una capacidad de respuesta más flexible, para desarrollar aptitudes y competencias y para reforzar la eficiencia operativa de la Agencia y su impacto global. Esto convertiría a la ENISA en un activo permanente para cada Estado miembro y para la Unión Europea en su conjunto. La Comisión propone un reglamento que amplíe el mandato actual de la Agencia durante 18 meses para permitir que haya suficiente tiempo para debatir sobre la revisión de las nuevas provisiones de la Agencia. La ENISA fue creada en marzo de 2004 por un período inicial de cinco años por el Reglamento (CE) nº 460/2004, con el objetivo principal de garantizar un nivel efectivo y elevado de seguridad de las redes y de la información dentro de la Unión Europea y con el fin de desarrollar una cultura de la seguridad de las redes y de la información en beneficio de los ciudadanos, los consumidores, las empresas y las organizaciones del sector público de la Unión Europea, lo que contribuirá al correcto funcionamiento del mercado interior. El Reglamento (CE) nº 1007/2008 prorrogó el mandato de ENISA hasta marzo de 2012.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) La enmienda propuesta al Reglamento (CE) n° 460/2004 por el que se crea la ENISA (Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información) y a su duración no puede recibir más que mi apoyo absoluto. He votado a favor de esta propuesta porque estoy convencido de la importancia de su trabajo en lo que se refiere a la seguridad de las comunicaciones y de instaurar la jurisdicción que se le asigna para luchar contra la ciberdelincuencia, tal y como se establece en la enmienda. De hecho, la ampliación de su duración evitará, en mi opinión, el riesgo de un peligroso vacío legal. Puesto que soy muy consciente de que el trabajo de la ENISA es de gran interés para la comunidad, confío en que recibirá mayores recursos.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. He votado a favor de este informe sobre la propuesta de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n° 460/2004 por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información, en lo que respecta a su duración. Valoro positivamente el acuerdo en primera lectura.

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han convertido en parte fundamental de la economía y la sociedad de la Unión Europea. Hoy, debido a la continua evolución de los sistemas mediáticos e informativos, las TIC están cada vez más expuestas a amenazas que no se pueden afrontar de forma eficaz solo a nivel nacional.

Por consiguiente, valoremos positivamente la propuesta de la Comisión de una reforma radical de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) y la ampliación de su mandato por otros 18 meses, que nos permitirán evitar el riesgo de un peligroso vacío legal. Sin duda, la proliferación de requisitos de seguridad supone costes para las empresas que actúan en la UE, lo que conlleva una amplia fragmentación y una falta de competitividad en el mercado interior europeo. Por otro lado, aunque aumenta la dependencia de las redes y los sistemas de información, la capacidad de respuesta ante los problemas parece que sigue siendo inadecuada.

Por ello, la ENISA debe cumplir con sus compromisos adoptando estrategias diseñadas para identificar riesgos y vulnerabilidades relacionadas con la seguridad de las redes y de la información, lo que nos permitirá identificar y abordar los desafíos que tengamos que afrontar en el futuro inmediato.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) La ampliación del mandato de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información por 18 meses, tal y como propuso la Comisión, tiene mucho sentido, ya que permite que tengan lugar los debates necesarios en las instituciones europeas, en los que participen las partes interesadas y que incluyan a los ciudadanos, acerca de los desafíos, las prioridades y las responsabilidades de la Agencia y evita así el vacío legal que se provocaría si no se ampliase el mandato.

La seguridad de las redes de información es una prioridad para todos los que las utilizan. Por lo que respecta a la seguridad, debemos mantener la misma atención que se prestó a las comunicaciones en el pasado; como estas son más avanzadas desde el punto de vista tecnológico, exigen una mayor atención.

 
  
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  Andreas Mölzer (NI), por escrito. (DE) La Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) se fundó en 2004. Su labor consiste en garantizar la seguridad de las redes y de la información en la UE. También se encarga de desarrollar una cultura de la seguridad de las redes y de la información en beneficio de los ciudadanos, los consumidores, las empresas y las organizaciones del sector público en la Unión Europea. En el contexto de los ejercicios, como los realizados recientemente contra la ciberdelincuencia, debe ser posible garantizar la seguridad en el supuesto de una situación de emergencia. Sin embargo, en mi opinión, no está muy claro hasta qué punto esto es realmente factible en la práctica. No he votado a favor del informe porque existe el riesgo de que los ciudadanos deban asumir costes adicionales sin que haya beneficios tangibles.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. (DE) A pesar de las crisis financieras, la UE se ha permitido (y se sigue permitiendo) la creación de nuevas autoridades; para cada cuestión y cada problema se crea una nueva agencia. Entre 2005 y 2009, el presupuesto para las agencias de la UE ha crecido más del doble y el número de empleados aumentó un 65 %. Sin embargo, el valor añadido que ofrecen es muy cuestionable. Los resultados dejan que desear y su supervisión es inadecuada. De media, los contribuyentes tienen que pagar 579 millones de euros al año para las agencias de la UE. Me opongo totalmente a la creación de nuevas agencias. Es inaceptable que los contribuyentes financien a los funcionarios de los Estados miembros con trabajos muy cómodos en agencias sin sentido. Por consiguiente, he votado en contra del informe sobre la creación de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información. La Comisión cuenta con funcionarios formados más que suficientes para hacerse cargo de esta tarea.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) Europa necesita un sistema que proteja las redes informáticas y de la información; esta protección está garantizada por ENISA, la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información. El informe del señor Chichester no es más que un compromiso entre las instituciones europeas, que pretende ampliar su mandato y aumentar su personal, con mayores recursos, y dar mayor importancia a la lucha contra la ciberdelincuencia, de tal forma que se garantice una mejor protección de los sistemas de información. Precisamente porque opino que es importante garantizar la seguridad en este terreno, puesto que estamos en la era digital, he votado a favor del Reglamento.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) Estoy de acuerdo con esta enmienda del mandato de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA). El proceso de reforma legislativa de la Agencia, que está en marcha, todavía tiene que debatirse con detalle, por lo que es necesario ampliar el mandato de la Agencia, que vence el 13 de marzo de 2010.

De hecho, hay que aprobar una ampliación que ofrezca al Parlamento y al Consejo suficiente tiempo para celebrar un debate, para que el trabajo de la Agencia mantenga su consistencia y su continuidad. Visto todo esto, he votado a favor de esta enmienda, que establece que el mandato de la Agencia debería ampliarse hasta el 13 de septiembre de 2013.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) El refuerzo de las redes y de la información es una cuestión de gran importancia. Por consiguiente, es fundamental que haya suficiente tiempo para que se celebren de forma meticulosa los debates que forman parte del proceso de reforma legislativa de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA); y por ello he votado a favor de la ampliación del mandato de la Agencia hasta el 13 de septiembre de 2013.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. Tras el procedimiento legislativo ordinario: (primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0520),

– visto el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0297/2010),

– vistos el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– vista la opinión del Comité Económico y Social Europeo de 8 de diciembre de 2010(1),

– visto el artículo 55 de su Reglamento,

– visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-0039/2011),

1. Aprueba su Posición en primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

 
  
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  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. (IT) La cantidad cada vez mayor de información privada que circula por las redes informáticas del mundo a diario supone una amenaza potencial si resultase violada. Por este motivo, opino que el texto aprobado hoy ayudaría a incrementar la protección de la información sensible, que es algo que necesitamos. Hay que otorgar un papel más importante en la lucha contra la ciberdelincuencia a ENISA, la Agencia Europea responsable de la seguridad de la información, que debe ir de la mano de una simplificación de los procedimientos administrativos. Termino reiterando que esta es también la postura de mi país, que desea incrementar los recursos asignados a la Agencia.

 
  
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  Angelika Werthmann (NI), por escrito. (DE) En 2004 se creó la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información por un período de cinco años. Sus 57 empleados se ocupan del desarrollo de la seguridad de las redes y de la información en beneficio de los ciudadanos, los consumidores, las empresas y las organizaciones del sector público en la Unión Europea. Entre sus tareas se incluyen los análisis de riesgos y las medidas preventivas. Debido al continuo y constantemente mayor ritmo de desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y a su importancia fundamental para la sociedad y la industria, se ha determinado que también necesitaremos a esta agencia en el futuro. Sin embargo, hace ya algún tiempo que llevo solicitando una revisión como las de las empresas de las agencias de la UE. Ya están en marcha iniciativas para la revisión del sistema en su conjunto y no voy a votar a favor de la ampliación de esta agencia hasta que se haya realizado una revisión de este tipo.

 
  
  

Propuesta de resolución (B7-0224/2011)

 
  
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  Sophie Auconie (PPE), por escrito. (FR) El 11 de marzo, Japón sufrió uno de los terremotos más terribles de su historia, que provocó miles de muertos y desaparecidos, considerables daños materiales y un accidente nuclear de extrema gravedad, que afecta a la central de Fukushima y que constituye, a su vez, una nueva amenaza. Por consiguiente, la Unión Europea debe tomar medidas para ofrecer toda la ayuda humanitaria, técnica y financiera y el apoyo necesario a Japón y a las regiones afectadas. Por ello, he votado a favor de esta propuesta de resolución.

 
  
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  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. (LT) Estoy de acuerdo con esta propuesta de resolución. Japón ha sufrido una catástrofe natural de enormes proporciones que también ha provocado un accidente nuclear grave, cuyo verdadero alcance no ha sido posible evaluar hasta ahora y que tendrá consecuencias para la salud de las personas y para el medio ambiente durante las próximas décadas. La Unión Europea activó inmediatamente su mecanismo de protección civil para coordinar su ayuda humanitaria, técnica y financiera. Esta catástrofe debe ser considerada un punto de partida para evaluar minuciosamente y reconsiderar las cuestiones relacionadas con la seguridad de la energía nuclear. Con la energía nuclear no se trata solo de la cuestión del funcionamiento de las propias centrales, sino que también está la cuestión del almacenamiento de los residuos del combustible nuclear, que durará siglos. Durante el terremoto de Japón, las instalaciones subterráneas de almacenaje de los residuos del combustible nuclear se vieron dañadas, lo que nos lleva a pensar que la, hasta la fecha, opinión frecuente de que el soterramiento es el medio más seguro para neutralizar los residuos no está en absoluto demostrada y que las instalaciones de almacenamiento de residuos podrían convertirse en un gran peligro para la salud de las personas y para el medio ambiente. Opino que es fundamental que se pongan en marcha debates activos dentro de la UE y a escala internacional que hagan posible que se garanticen los mayores estándares en el almacenamiento de residuos en las centrales nucleares ya en funcionamiento. También hay que considerar seriamente los beneficios de las centrales nucleares previstas y evaluar los posibles peligros.

 
  
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  Dominique Baudis (PPE), por escrito. (FR) He votado a favor de esta propuesta de resolución porque expresa la solidaridad de los europeos con Japón. El Parlamento destaca el coraje de los japoneses en esta crisis, la más grave desde la Segunda Guerra Mundial, que ha afectado de forma tan grave a su país. En tanto que amigos de Japón, los europeos asumieron inmediatamente su obligación de ayudar al pueblo afligido. Sin embargo, el archipiélago se enfrenta a un problema nuclear de extrema gravedad y exige toda nuestra atención. A Europa le conviene prestar toda su ayuda y experiencia a las autoridades japonesas para prevenir una catástrofe de unas consecuencias devastadoras de las que, por desgracia, todos somos conscientes.

 
  
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  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. (ES) Como vasca, quiero expresar mi solidaridad al pueblo de Japón. Decirles que han demostrado ser un gran pueblo por su actitud ante la desgracia, por su forma de afrontar el presente y por la dignidad demostrada ante el futuro. Quiero expresar mis condolencias a las familias de los muertos y desaparecidos. Europa también deberá seguir prestándoles toda la ayuda humana y material necesaria cuando dejen de aparecer en los telediarios para que puedan volver a ser lo que eran: un gran país y un gran pueblo.

 
  
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  Slavi Binev (NI), por escrito. – (BG) He votado a favor de la propuesta de resolución sobre Japón porque opino que es nuestro deber mostrar nuestra solidaridad con un pueblo que ha sido golpeado por un triple infortunio y ha perdido a muchos de sus ciudadanos. Por desgracia, todavía desconocemos el resultado de esta tragedia. Por otro lado, la catástrofe de Japón, especialmente el incidente en Fukushima y la situación de emergencia que ha provocado, ha devuelto a la agenda la cuestión de la necesidad de la energía nuclear y de sus consecuencias. Al mismo tiempo, creo sinceramente que no deberíamos excedernos al dramatizar lo ocurrido y abandonar la energía nuclear en un arrebato de emociones. En mi opinión, Europa necesita la energía nuclear y debemos adoptar un enfoque pragmático de la cuestión en lugar de precipitarnos al decidir el cierre de las centrales.

 
  
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  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. − (LT) He votado a favor de esta propuesta de resolución porque me gustaría, ante todo, expresar mis condolencias y solidaridad al pueblo japonés tras el desastre natural que ha costado tantas vidas y la catástrofe en la central nuclear de Fukushima. Devastados, Japón y sus regiones necesitan todo tipo de ayuda y apoyo: humanitaria, financiera y técnica. Valoro positivamente que la Unión Europea activara inmediatamente su mecanismo de protección civil para coordinar su ayuda de emergencia. Me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que la catástrofe de la central nuclear de Fukushima nos obligue a considerar la situación y el futuro de la energía nuclear europea. En el Parlamento Europeo deberíamos también debatir y evaluar el riesgo que plantean las centrales nucleares cercanas a las fronteras exteriores de la Unión Europea. Todos los Estados miembros de la Unión Europea deberían reflexionar y tomar medidas con respecto a las centrales nucleares de sus propios países, por la posible amenaza que supone la radiación para toda Europa. Inmediatamente después de los acontecimientos de Japón, por ejemplo, Alemania cerró sus reactores nucleares construidos antes de 1980 y, teniendo en cuenta la investigación y la experiencia de los especialistas, está negociando nuevas alternativas a la energía nuclear.

 
  
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  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. (PT) Me gustaría expresar mi solidaridad con el pueblo japonés tras el terremoto y el tsunami que tuvieron lugar en marzo en el noreste del país. Graves fallos en el funcionamiento de las centrales nucleares están haciendo temer una catástrofe nuclear y nos están obligando a replantearnos los estándares de seguridad en Europa. Me gustaría pedir un debate serio sobre la necesidad de una energía nuclear segura en Europa y sobre el hecho de que Europa necesita esta fuente de energía.

 
  
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  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. (FR) Japón está abrumado hoy. Un accidente nuclear tras otro vienen a sumarse al desastre natural. Esta crisis es la más grave que Japón ha experimentado desde la Segunda Guerra Mundial. Las víctimas se cuentan por decenas de miles y los daños materiales son considerables y todavía difíciles de cuantificar. La Unión Europea debe ofrecer una respuesta igual a la gravedad de la crisis. Japón necesita ayuda urgentemente. Instamos a la Comisión a que dirija y coordine el esfuerzo solidario europeo. Las medidas europeas deben ser claras, rápidas y eficientes a corto y a largo plazo. Por lo que respecta a la central de Fukushima, la preocupación europea es legítima. El ejecutivo europeo debe responder pidiendo que se realice una serie de pruebas de choque, de forma independiente y transparente, en toda la infraestructura nuclear europea. Por último, no podemos dejar de hacer una reflexión colectiva sobre nuestra política energética. Acerca del ahorro energético, las fuentes renovables de energía y el criterio de eficiencia energética esperamos decisiones ambiciosas y concluyentes de Europa, al igual que sucede con la investigación europea, a menudo muy por debajo del 3 % del PIB.

 
  
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  Ioan Enciu (S&D), por escrito. (RO) He votado a favor de esta propuesta de resolución porque opino que el Parlamento Europeo y la Unión Europea en su conjunto deben mostrar su solidaridad en respuesta a los trágicos acontecimientos que han tenido lugar en Japón. La UE y sus Estados miembros deben responder rápidamente ofreciendo la ayuda humanitaria necesaria para ayudar a la población japonesa a superar el impacto del terremoto. También opino que es primordial que se investigue de forma adecuada el especialmente grave accidente nuclear provocado por este desastre natural, para evitar la posibilidad de que semejantes incidentes se repitan en el futuro.

 
  
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  Edite Estrela (S&D), por escrito. (PT) He votado a favor de esta propuesta de resolución, que muestra la solidaridad con las víctimas del terremoto, el tsunami y el accidente nuclear que han devastado Japón y que pide a la Unión y a sus Estados miembros que, con carácter prioritario, concedan toda la ayuda y el apoyo que necesiten a escala humanitaria, técnica y financiera.

 
  
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  Diogo Feio (PPE), por escrito. (PT) El 11 de marzo, Japón sufrió un terremoto enorme, seguido de un tsunami que ha provocado la mayor crisis nuclear de la historia del país, en la que la central nuclear de Fukushima sufrió graves daños estructurales y que, desde entonces, ha estado en peligro inminente de desencadenar una catástrofe nuclear de proporciones muy graves. Esta catástrofe ha provocado miles de muertes y es la mayor tragedia que se produce en Japón desde la Segunda Guerra Mundial.

Con este motivo me gustaría unirme a esta Cámara al votar a favor de la total solidaridad con el pueblo japonés y me gustaría expresar mi pésame a las familias de las víctimas y a todos aquellos afectados por este desastre de proporciones inimaginables.

 
  
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  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El reciente desastre natural sin precedentes de Japón ha dejado a la comunidad internacional muy apenada y ha llevado a las instituciones europeas no solo a una expresión de solidaridad, sino también a ofrecer ayuda técnica y humanitaria. Los problemas que se han producido en la central nuclear de Fukushima han vuelto a poner el debate sobre la cuestión nuclear encima de la mesa.

De hecho, el 30 % de la energía consumida en la UE es de origen nuclear; hay países en los que la producción nacional es del 80 %, como Francia, y países sin centrales nucleares, como Portugal y Austria. El Parlamento ha debatido esta cuestión en varias ocasiones y ha concluido que existe una necesidad, a pesar de los problemas medioambientales, de que la UE y sus Estados miembros incentiven y apoyen la producción de la conocida como «energía verde».

Por consiguiente, apoyo sin reservas esta resolución, que pretende, en primer lugar, desarrollar un plan para verificar la seguridad de todas las centrales nucleares europeas y, segundo, aumentar notablemente la producción energética a partir de fuentes renovables, para que se conviertan en la principal fuente de energía de la UE. También deberíamos subrayar la necesidad de la eficiencia energética y del cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

 
  
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  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. (PT) La propuesta de resolución se centra en lo que creemos que es fundamental en este momento: expresar la total solidaridad con el pueblo japonés, especialmente con las víctimas de la catástrofe que ha asolado al país y con sus familias. La UE debe expresar esta solidaridad de forma concreta, facilitando las formas de ayuda que se consideren necesarias en las áreas adecuadas, que habrá que definir y aplicar conjuntamente con las autoridades japonesas. Por consiguiente, hemos apoyado la resolución y hemos votado a favor.

Paralelamente a esta resolución existen cuestiones relacionadas con la seguridad nuclear y con las lecciones que hay que aprender de lo ocurrido en la central de Fukushima, un tema que pudimos abordar durante el debate. Concretamente, hay que revisar y, si fuese preciso, ajustar las redundancias en los sistemas de seguridad de las centrales existentes en los Estados miembros de la UE. También hay que iniciar un amplio debate como sociedad en torno a la cuestión energética, nuestras necesidades presentes y futuras y cómo satisfacerlas. Esto debería hacerse de forma lúcida, con información sobre el impacto, el potencial y las limitaciones de cada tipo distinto de energía.

 
  
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  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. (PT) Hemos votado a favor de la solidaridad con el Gobierno japonés tras la triple catástrofe (el terremoto, el tsunami y el accidente nuclear) que ha asolado el país. En una resolución conjunta presentada por todos los grupos políticos, el Parlamento le pide a la UE y a sus Estados miembros que ofrezcan a Japón toda la ayuda y todo el apoyo posibles a nivel humanitario, técnico y financiero.

El devastador terremoto y el tsunami que azotaron a Japón el 11 de marzo han provocado miles de muertos y desaparecidos y considerables daños materiales. La catástrofe ocasionó también un accidente nuclear de extrema gravedad, que afecta a la central nuclear de Fukushima y constituye una nueva amenaza.

Por consiguiente, nos gustaría expresar nuestra solidaridad más absoluta con las víctimas de esta triple catástrofe, aun cuando el número de fallecidos y la cuantía de los daños materiales no han sido aún completamente evaluados.

De igual modo, nos gustaría destacar la «movilización, el coraje y la determinación» de que ha hecho gala el pueblo japonés ante semejante catástrofe y pedir a la Unión y a sus Estados miembros que, con carácter prioritario, concedan a Japón y a las zonas afectadas toda la ayuda y el apoyo que necesiten a escala humanitaria, técnica y financiera.

 
  
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  Salvatore Iacolino (PPE), por escrito. (IT) La compostura y el decoro de la población japonesa es la única consolación en la apocalíptica visión y los medios de comunicación la han mostrado a todo el mundo. Una tragedia interminable en la que las limitaciones humanas se hacen evidentes y resultan sorprendentemente relevantes cuando se confrontan con la implacable fuerza de la naturaleza. La solidaridad mundial y la ayuda concreta, ofrecida generosamente, son la respuesta adecuada y diligente de la comunidad internacional. Cada uno de nosotros va a recordar el heroico ejemplo de esos voluntarios (la mayoría bomberos jubilados) que han ofrecido sus vidas para ayudar a apagar los incendios de los reactores de Fukushima. Supone un ejemplo para Japón y para todos nosotros, además de subrayar la necesidad de que Europa apruebe una estrategia en caso de catástrofes naturales o provocadas por el hombre. Como he explicado, apoyo la resolución sobre Japón con convicción.

 
  
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  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. − (LT) He votado a favor de esta propuesta de resolución porque el devastador terremoto y el tsunami que azotaron a Japón y a la región del Pacífico el pasado 11 de marzo han provocado miles de muertos y desaparecidos y considerables daños materiales. La catástrofe ocasionó también un accidente nuclear de extrema gravedad, que afecta a la central nuclear de Fukushima y constituye una nueva amenaza. El Primer Ministro japonés, Naoto Kan, ha declarado que el país se enfrenta a la crisis más grave de los últimos 65 años, desde la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, me gustaría ofrecer al pueblo japonés mi pésame y mi apoyo tras este desastre natural que se ha cobrado muchas vidas. Me alegra que el Parlamento Europeo también haga extensiva al pueblo japonés y a su Gobierno su solidaridad más absoluta y ofrezca su más sincero pésame a las víctimas de esta triple catástrofe, aun cuando el número de fallecidos y la cuantía de los daños materiales no han sido aún completamente evaluados. La Cámara también aplaude la movilización, el coraje y la determinación de que han hecho gala el pueblo japonés y las autoridades ante semejante catástrofe y pide a la Unión y a sus Estados miembros que, con carácter prioritario, concedan a Japón y a las zonas afectadas toda la ayuda y el apoyo que necesiten a escala humanitaria, técnica y financiera. Es positivo que la Unión Europea activara de inmediato su mecanismo de protección civil a fin de coordinar su ayuda de emergencia. Sin embargo, se está volviendo evidente que la catástrofe japonesa nos obliga a reconsiderar totalmente la cuestión de la seguridad nuclear y que debemos reforzar esa seguridad en toda la Unión Europea.

 
  
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  Giovanni La Via (PPE), por escrito. (IT) La propuesta de resolución de hoy para mostrar el apoyo a Japón ha sido votada unánimemente por todos los grupos políticos del Parlamento para expresar nuestra cercanía con aquel país, el protagonista de los trágicos acontecimientos del 11 de marzo de 2011. He apoyado la resolución porque, a pesar de la crisis económica y financiera y de la inestabilidad en los países del Norte de África, las instituciones europeas no pueden ni deben dejar de apoyar a Japón tanto con medios económicos como con ayuda humanitaria. Lo ocurrido ha producido y seguirá produciendo inevitables dificultades económicas y financieras, creando repercusiones inevitables en los mercados europeo y mundial. La reunión entre la UE y Japón, prevista para mayo aquí en Bruselas, puede suponer el inicio de la colaboración y el apoyo que la UE debe garantizar al presentarse como un socio fundamental para la reconstrucción, que ayude a Japón ya sea con asistencia técnica en el sector energético o con un fortalecimiento de las relaciones empresariales, con el objetivo de reconstruir rápidamente esta gran potencia mundial. Es más, considero adecuado que los ministros europeos de energía hayan decidido dar prioridad a la seguridad en las centrales nucleares europeas, enfatizando la importancia de una mayor coordinación europea durante la modernización de las instalaciones nucleares.

 
  
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  Agnès Le Brun (PPE), por escrito. (FR) Desde hace dos semanas se viven en Japón las consecuencias del accidente nuclear más grave de su historia. Todavía es demasiado pronto para calcular el alcance total de la catástrofe, pero es evidente que, aparte de Chernóbil, ningún otro lugar del planeta había sido todavía afectado por la tecnología nuclear civil. La situación de Fukushima suscita terror y compasión en todos nosotros y plantea preguntas acerca de nuestro propio sistema de producción de energía nuclear. Por todo ello, me resulta especialmente escandaloso que se exploten con fines partidistas las preocupaciones legítimas planteadas en este período de crisis. No se trata de prohibir el debate sobre la energía nuclear. Como con cualquier tema, y especialmente aquellos con semejante importancia estratégica, el debate democrático debe permitir la aprobación de soluciones inteligentes. Puesto que no creo que las emociones sean buenas consejeras, he apoyado la resolución de emergencia del Parlamento Europeo, que envía un mensaje de claro apoyo a nuestros amigos japoneses sin permitir la intrusión de preocupaciones propias que no respetarían el período de decoro que es necesario e indispensable.

 
  
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  Bogusław Liberadzki (S&D), por escrito. (PL) Debemos prestar la máxima atención y responder de forma urgente a la situación de Japón tras la terrible catástrofe y ofrecer un apoyo no solo moral sino también económico, humanitario y político. Debemos reconocer el comportamiento del pueblo japonés y, en concreto, de los servicios de rescate y prevención. Otras partes del mundo, incluida Europa, deberían aprender lecciones de esta catástrofe, ya que nosotros tenemos zonas de actividad sísmica. Lisboa sufrió enormes daños a consecuencia de un tsunami hace varios siglos, al igual que Messina, más recientemente, o Skopje tras un terremoto hace 50 años. Llevamos años trabajando en un sistema de alerta temprana pero todavía no tenemos nada sustancial que mostrar. Deberíamos acelerar notablemente los trabajos en este proyecto. Las alertas tempranas podrían prevenir muertes innecesarias, incluso miles de ellas.

 
  
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  David Martin (S&D), por escrito. Uno, por supuesto, tiene que estar de acuerdo con la resolución conjunta presentada en nombre de los grupos políticos sobre la triple tragedia (terremoto, tsunami y accidente nuclear) de Japón y unirse a la manifestación del pésame europeo por todas las vidas perdidas en estos terribles acontecimientos. Sin embargo, estoy seguro de que la valoración que Japón haga de la sinceridad de esta resolución estará condicionada (cuando se adopte mañana casi de forma unánime) por las acciones de los Estados miembros que han, en el mejor de los casos, reaccionado de forma exagerada y estado a punto de provocar el pánico en la opinión pública o, en el peor de los casos, usado la oportunidad para imponer medidas proteccionistas. El Gobierno español ha instado a que se examinen cuidadosamente los productos japoneses en busca de radiación, los Países Bajos ha advertido a los trabajadores de los muelles de que manejen los contenedores provenientes de Japón con cuidado, Francia está pidiendo que se comprueben todos los productos antes de exportarlos desde Japón y la aduana alemana solicita comprobaciones aleatorias de la radiación en todos los productos, incluidos los coches, importados desde Japón. La mayoría de estas restricciones se han impuesto en productos que se fabricaron y salieron de los puertos japoneses semanas, si no meses, antes del terremoto. ¡Vaya solidaridad!

 
  
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  Clemente Mastella (PPE), por escrito. − (IT) La catástrofe que ha azotado a Japón tras un terremoto y un tsunami de proporciones sorprendentes nos ha dejado a todos nosotros una sensación de profunda pena por la inmensa pérdida de vidas y por los importantes daños materiales. Por ello, en tanto que diputados al Parlamento Europeo, expresemos nuestro sincero pésame al pueblo japonés y a su Gobierno. Nuestros pensamientos y los de todos los ciudadanos europeos están con los miles de personas que ahora tendrán que reconstruir sus vidas y sus comunidades. Al mismo tiempo, estamos impresionados por las rápidas y decisivas medidas adoptadas por las autoridades locales y los servicios de emergencia y por el coraje y la determinación ejemplares del pueblo japonés. Aunque la UE ya ha activado su mecanismo de protección civil y enviado expertos europeos para coordinar la ayuda de emergencia, también instamos a los Estados miembros a que, con carácter prioritario, concedan a las zonas afectadas toda la ayuda y el apoyo que necesiten a escala humanitaria, técnica y financiera. Rememorando la sólida amistad y las estrechas relaciones políticas y económicas que unen a la UE y a Japón, estamos determinados a apoyar a este país en su lucha por superar los desafíos que afronta, incluida la amenaza de una verdadera catástrofe nuclear.

 
  
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  Véronique Mathieu (PPE), por escrito. (FR) He votado a favor de la propuesta de resolución que expresa la solidaridad de los miembros del Parlamento Europeo con el pueblo japonés y con su Gobierno tras los impactantes acontecimientos de los últimos días. Deseamos que la Unión Europea y sus Estados miembros ofrezcan toda la ayuda humanitaria, técnica y financiera y el apoyo necesario a Japón y a las regiones afectadas.

 
  
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  Nuno Melo (PPE), por escrito. (PT) Al Parlamento le corresponde expresar su solidaridad con el Gobierno japonés tras la triple catástrofe (el terremoto, el tsunami y el accidente nuclear) que ha asolado el país. En esta resolución conjunta presentada por todos los grupos políticos, le pedimos a la UE y a sus Estados miembros que ofrezcan a Japón toda la ayuda y todo el apoyo posibles a nivel humanitario, técnico y financiero. El devastador terremoto y el tsunami que azotaron a Japón el 11 de marzo han provocado miles de muertos y desaparecidos y considerables daños materiales. La catástrofe ocasionó también un accidente nuclear de extrema gravedad, que afecta a la central nuclear de Fukushima y constituye por sí solo una grave amenaza. También nos corresponde a nosotros hacer extensiva al pueblo japonés y a su Gobierno nuestra solidaridad más absoluta y ofrecer nuestro más sincero pésame a las víctimas de esta triple catástrofe.

 
  
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  Louis Michel (ALDE), por escrito. (FR) Ante el alcance del tsunami y la magnitud del terremoto del 11 de marzo, debo expresar mi más absoluta solidaridad con las familias de las víctimas y con el pueblo japonés y su Gobierno. También me gustaría expresar mi total apoyo y mi completa admiración por los equipos de rescate y por el personal de la central de Fukushima.

Por suerte, la Unión Europea ha estado en condiciones de responder rápidamente a la solicitud japonesa, en concreto desplegando su «mecanismo de protección civil», que está diseñado para coordinar las acciones de los 27 Estados miembros en emergencias a nivel nacional, europeo e internacional. De igual modo, la Unión está preparada para ofrecer su experiencia técnica en el terreno nuclear para ayudar a los expertos japoneses e internacionales a controlar la situación en los alrededores y dentro de la central de Fukushima.

 
  
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  Franz Obermayr (NI), por escrito. (DE) El devastador terremoto y el tsunami que azotaron a Japón y a la región del Pacífico el pasado 11 de marzo provocaron miles de muertos y desaparecidos y considerables daños materiales, destruyendo la forma de vida de muchas personas. Esto, a continuación, conllevó un accidente nuclear de extrema gravedad en la central nuclear de Fukushima. Según la declaración del Primer Ministro japonés, Naoto Kan, el país se enfrenta a la crisis más grave de los últimos 65 años, desde la Segunda Guerra Mundial. En esta propuesta de resolución, el Parlamento Europeo también hace extensiva al pueblo japonés su solidaridad y ofrece su más sincero pésame a las víctimas de la catástrofe. Por consiguiente, he votado a favor de esta propuesta de resolución y espero sinceramente que se pueda controlar la situación en Japón y que se produzca un replanteamiento global de la energía nuclear.

 
  
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  Justas Vincas Paleckis (S&D), por escrito. (LT) Hemos visto como Japón sufría una serie de terribles catástrofes que ningún otro país ha experimentado a la vez. Un terremoto, un tsunami y un accidente una central nuclear... cualquiera de estas catástrofes sería un desafío importante por sí sola, pero combinadas han impuesto una carga insoportable en los hombros del país y de sus ciudadanos. Una vez se logre extinguir el incendio que sigue ardiendo en la central nuclear de Fukushima, habrá que responder a muchas preguntas: ¿podrían haber evitado ciertas catástrofes?, ¿qué mejoras en la seguridad deberían aplicar otras centrales para que los desastres naturales no provoquen accidentes nucleares? Todos los países que usan la energía nuclear deberían comprobar la seguridad de sus centrales nucleares. Aquellos que tienen previsto construir otras nuevas deberían examinar con mayor detenimiento los peligros que plantean. Sin embargo, en la actualidad es más importante que la Unión Europea muestre su solidaridad con los ciudadanos de a pie de Japón. Por ello, la resolución sobre la situación en Japón es crucial. Debemos ofrecer el apoyo que necesiten a escala humanitaria, técnica y financiera para ayudar a la gente a sobrevivir y a reconstruir en el futuro las regiones afectas lo antes posible.

 
  
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  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. (IT) El desastroso terremoto que azotó a Japón el 11 de marzo no puede pasar desapercibido ante los ojos del mundo; debe ser el elemento que nos haga reflexionar sobre los aspectos políticos y socioeconómicos de las consecuencias catastróficas del tsunami. Al igual que mis colegas, al aprobar esta propuesta de resolución expreso mi más sincero pésame al pueblo japonés que, con un gran sentido de la responsabilidad civil, están reaccionando de la mejor forma posible ante la catástrofe. Espero y solicito que la UE tome medidas para ofrecer ayuda humanitaria, a través de sus propios servicios de protección civil, y proponga proyectos adecuados para resolver el problema de la contaminación nuclear a través de un plan conjunto con las autoridades japonesas para intentar, en la medida de lo posible, restaurar la normalidad.

 
  
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  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. (PT) El 11 de marzo, Japón y la región del Pacífico se vieron azotados por un devastador terremoto, al que siguió un tsunami que provocó miles de muertos y desaparecidos y considerables daños materiales.

He votado a favor de esta resolución, que expresa la solidaridad con las víctimas del terremoto, el tsunami y el accidente nuclear y espero que el Parlamento pida a la Unión y a sus Estados miembros que, con carácter prioritario, concedan a las regiones afectadas toda la ayuda y el apoyo que necesiten a escala humanitaria, técnica y financiera.

 
  
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  Paulo Rangel (PPE), por escrito. (PT) En un momento en el que Japón afronta su peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, tras el terremoto y el tsunami que asolaron el país el 11 de marzo, me gustaría unirme a la expresión de la solidaridad más absoluta con el pueblo japonés y a la petición del Parlamento para que la Unión y sus Estados miembros concedan, con carácter prioritario, a las zonas afectadas toda la ayuda y el apoyo que necesiten a escala humanitaria, técnica y financiera.

 
  
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  Robert Rochefort (ALDE), por escrito. (FR) El terremoto y el tsunami que azotaron a Japón el pasado 11 de marzo han provocado miles de muertos (el recuento actual supera los 27 000 muertos y desaparecidos) y considerables daños materiales. En estas condiciones, Japón debe ahora afrontar un accidente nuclear de extrema gravedad. Puesto que Japón no ha sufrido una crisis de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial, doy todo mi apoyo a la resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en el país. También le pido a la UE que ofrezca a Japón toda la ayuda humanitaria, técnica y financiera posible, incluidos suministros médicos, colchones, tiendas de campaña, alimentos, expertos y especialistas en radioactividad y energía nuclear... También deseo que conste mi solidaridad más absoluta con el pueblo japonés. Aplaudo su movilización, su coraje y su determinación ante semejante catástrofe. Es más, dada la gravedad de la situación en la central de Fukushima, le pido al Gobierno japonés que muestre la mayor transparencia y a los Estados miembros de la UE que organicen un amplio debate público sobre energía, que no se limite únicamente a la nuclear.

 
  
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  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. Apoyo totalmente esta resolución que: «1. Hace extensiva al pueblo japonés y a su Gobierno su solidaridad más absoluta y ofrece su más sincero pésame a las víctimas de esta triple catástrofe, aun cuando el número de fallecidos y la cuantía de los daños materiales no han sido aún completamente evaluados; aplaude la movilización, el coraje y la determinación de que han hecho gala el pueblo japonés y las autoridades ante semejante catástrofe; 2. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que, con carácter prioritario, concedan a Japón y a las zonas afectadas toda la ayuda y el apoyo que necesiten a escala humanitaria, técnica y financiera, y celebra que la UE activara de inmediato su mecanismo de protección civil a fin de coordinar su ayuda de emergencia».

 
  
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  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. (IT) Con la votación de hoy quería expresar mi solidaridad con el pueblo japonés y con su Gobierno tras el devastador terremoto, el tsunami y el accidente nuclear. Junto a mis colegas, he invitado a los Estados miembros que, con carácter prioritario, concedan a Japón y a las zonas afectadas toda la ayuda y el apoyo que necesiten a escala humanitaria, técnica y financiera, y celebro que la UE activara de inmediato su mecanismo de protección civil a fin de coordinar su ayuda de emergencia. El coraje y la determinación ejemplares del pueblo japonés y de sus autoridades ante esta situación deberían servirnos de ejemplo a todos y ser una razón más para que la UE no abandone a este país en una fase muy delicada de su completa reconstrucción.

 
  
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  Catherine Stihler (S&D), por escrito. − Valoro positivamente esta resolución porque opino que debemos apoyar a Japón y también aprender de esta terrible situación.

 
  
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  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. (PT) El 11 de marzo, la región del Pacífico, y Japón en concreto, se vio sacudida por un devastador terremoto y un tsunami. Opino que es importante mencionar una vez más aquí que los desastres naturales son cada vez más frecuentes y más intensos y que, por consiguiente, debemos replantearnos escenarios previos y posteriores a las crisis a escala mundial para anticipar y ofrecer asistencia a los países afectados.

Al mismo tiempo, el desastre natural ocasionó también un accidente nuclear de extrema gravedad, que afecta concretamente a la central nuclear de Fukushima. Este acontecimiento muestra que es fundamental reflexionar sobre las condiciones de seguridad en las centrales nucleares europeas.

Por ello, me gustaría pedir un debate, precedido por un concienzudo análisis, sobre cómo reducir los devastadores efectos de un accidente nuclear en las regiones y en las personas que lo padezcan. Valoro positivamente la voluntad de la UE de ofrecer, con carácter prioritario, toda la ayuda humanitaria, técnica y financiera, además de la inmediata activación del mecanismo de protección civil europeo. Sin embargo, considero que es fundamental que se le conceda a este mecanismo mayores recursos logísticos y de planificación para que se convierta en un verdadero mecanismo de protección en los países afectados.

 
  
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  Dominique Vlasto (PPE), por escrito. (FR) Mis pensamientos están con las familias de las víctimas, con los heridos y con todo el pueblo japonés, que se ha visto azotado por este cataclismo. El coraje y la dignidad de este pueblo provoca admiración y me alegra que esta Cámara haya mostrado su apoyo y su solidaridad a través de esta resolución. Esta es el mayor desastre que ha sufrido Japón desde la Segunda Guerra Mundial y la catástrofe de Fukushima nos ha horrorizado a todos y nos obliga a revisar nuestro enfoque de la energía nuclear. Sin embargo, esta cuestión no tiene nada que ver, por mucho que algunos quieran hacernos creer a través de una operación política salvaje, con la oportunidad de seguir con la producción de energía nuclear, una energía del futuro que desempeña su papel en la descarbonización de nuestra economía y que garantiza nuestra independencia energética. El drama de Fukushima nos exige, ante todo, que reforcemos los requisitos en el campo de la seguridad nuclear. Apoyo las propuestas del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) para que se consiga una definición de los estándares comunes de seguridad y para que haya una mayor vigilancia dentro y en los alrededores de las centrales nucleares. A este respecto, la experiencia y el rendimiento de la industria nuclear francesa debe servir de ejemplo. A partir de ahora, la responsabilidad recae en la Unión Europea, que debe adoptar medidas contundentes para garantizar que una catástrofe nuclear de esta magnitud nunca suceda en Europa.

 
  
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  Anna Záborská (PPE), por escrito. – (SK) Los enormes daños provocados por los recientes terremotos y el tsunami en Japón no van a desaparecer de la noche a la mañana. Debemos estar listos para ofrecer a Japón una ayuda práctica concreta, incluso después de que los medios de comunicación pierdan el interés.

La solidaridad es uno de los pilares fundamentales en los que se apoya la Europa moderna. Es lo correcto que, junto a los gobiernos y los parlamentos de los Estados miembros, el Parlamento Europeo también haya enviado una señal clara a nuestros amigos japoneses, profundamente afligidos por la situación del país, de que estamos con ellos y de que pueden contar con nuestra ayuda en todo momento.

 
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