Acta literal de los debates

Martes 5 de abril de 2011 - Estrasburgo

5. Explicaciones de voto

Explicaciones de voto orales

Informe: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

  Jens Rohde (ALDE). – (DA) Señor Presidente, las revueltas y enfrentamientos internos acaecidos recientemente en Túnez, Egipto, Libia y otros países árabes han ocasionado importantes flujos migratorios, lo que implica un reto para Europa. Por supuesto, debemos estar preparados para afrontar este tipo de situaciones y de movimientos de personas. Debemos hallar una fórmula para hacerlo juntos y garantizar así que, de forma solidaria entre todos, podemos encarar los desafíos que surgen cuando nuestro sistema común se pone en entredicho desde otras regiones.

Me satisface por tanto que el Parlamento haya aprobado hoy una política para encarar los flujos migratorios que ocasiona la inestabilidad. Y me alegra en especial que la resolución del Parlamento tenga como principal objetivo reforzar el papel de la Agencia de Fronteras Frontex. Se trata de una cuestión por la que el Partido Liberal danés viene luchando desde hace ya mucho tiempo. Durante la actual crisis en el Norte de África, Frontex ha demostrado que es un importante instrumento para gestionar los flujos migratorios que hay en la región. Ahora lo que hace falta es que Frontex pueda pasar a la acción más rápidamente llegado el caso.

  Pino Arlacchi (S&D). – Señor Presidente, he votado a favor de este informe puesto que supone un primer paso hacia una política de la UE sobre flujos migratorios causados por la inestabilidad. En ese sentido, es importante que este Parlamento se declare en contra de esa visión histérica que insiste en una invasión inminente de migrantes y solicitantes de asilo procedentes del Sur.

No nos vamos a ver desbordados por millones de personas que se escapan de un sistema político tirano y lleno de penurias. Mucha gente teme que van a llegar más y más solicitantes de asilo y que van a resquebrajar nuestro deteriorado sistema de bienestar. Esta afirmación es idónea para sumar votos y recabar apoyos a fin de establecer políticas de inmigración rígidas, pero los hechos la desmienten: el número total de personas que solicitaron asilo en Occidente descendió en más del 40 % a lo largo de la última década, según datos publicados recientemente por las Naciones Unidas.

  Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, yo también he respaldado y votado a favor del informe del señor Provera puesto que considero que supone un paso adelante, práctico y resolutivo, para alcanzar el objetivo de la solidaridad, que además se contempla en el artículo 80, relativo a la solidaridad entre los Estados miembros de la Unión Europea. También presta atención de forma clara y explícita a quienes atraviesan enormes dificultades, como por ejemplo el Norte de África en estos momentos.

El respeto de los derechos humanos, la cooperación internacional y las relaciones bilaterales son esenciales, como lo son también las organizaciones regionales, tales como la Liga Árabe y la Unión Africana, que pueden proporcionar un valor añadido a un proceso de paz estable y duradero. Confiamos en que las medidas que se tomen en el futuro también estén caracterizadas por actuaciones en ámbitos similares que promuevan, en términos económicos, todos aquellos órganos que necesiten ser apoyados y respaldados para lograr un crecimiento sostenible y continuo.

  Mitro Repo (S&D). – (FI) Señor Presidente, quisiera señalar que los flujos migratorios que causa la inestabilidad constituyen todo un desafío para la Unión Europea. Se trata del destino individual de seres humanos, cada uno de ellos con una historia personal diferente. Actúan movidos por la desesperación, pero lo que los une es la esperanza de alcanzar algo mejor.

Europa tiene que mostrarse comprensiva y dispuesta a ayudar. La integración europea es un proyecto común exitoso, mediante el cual hemos creado prosperidad, estabilidad y seguridad, una especia de cuna de bienestar. Va a resultar complicado y costoso responder a esta ola de inmigración cuando se encuentre en plenas puertas de Europa.

El ejemplo que nos brinda la isla de Lampedusa nos muestra cómo las cuestiones de seguridad en materia de política exterior se pueden convertir repentinamente en política interior, de ahí que la cooperación al desarrollo por sí sola ya no baste. A Europa le hace falta un plan preventivo cabal, que haga referencia a cuestiones de seguridad, cooperación regional, política comercial, cambio climático, protección de los derechos humanos y el avance de la democracia. Es eso lo que debemos hacer.

  Carlo Fidanza (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, en el debate europeo en torno a los flujos migratorios a menudo se oye: «¿qué problema le plantea a un país de casi 60 millones de habitantes como Italia la acogida de unas pocas decenas de miles de inmigrantes?».

Esta pregunta soslaya dos datos, muchas veces por motivos ocultos. En primer lugar, muchos de esos inmigrantes quieren llegar a otros países de la UE. En segundo lugar, en los dos últimos años, menos de cuatro mil personas llegaron a las costas italianas, gracias a los acuerdos bilaterales alcanzados con Libia y Túnez. En los dos últimos meses y tras la crisis política, ya han llegado veintidós mil personas.

Italia es en estos momentos una olla a presión. Por una parte, el flujo migratorio procedente del Norte de África, compuesto principalmente por migrantes económicos de Túnez, no cesa. Por otra parte, Francia rechaza a los inmigrantes en Ventimiglia puesto que no disponen de permiso de residencia.

Si realmente existe la solidaridad europea, ha llegado el momento de demostrarlo, colaborando a nivel de la UE para decidir cómo se gestionan estos flujos, tanto en la actual situación de emergencia como a largo plazo, además de qué instrumentos se han de emplear para ocuparse de quienes llegan a Europa y qué medidas adoptar en los países de origen. Este texto es un paso inicial en esa dirección y por tanto yo he votado a favor.

  Nicole Sinclaire (NI). – Señor Presidente, una cuestión de orden: nos encontramos en esta Cámara con el fin de debatir y evidentemente debemos respetarnos los unos a los otros. Cuando dos presidentes de grupo mantienen una conversación privada mientras otros pronuncian sus discursos, ¿cuál es el mensaje que le están transmitiendo a sus colegas?

  Presidente. − Señor Daul, señor Schulz, me piden que tengan ustedes a bien dar ejemplo a los presentes.

  Giommaria Uggias (ALDE). – (IT) Presidente, Señorías, la medida que hemos votado hoy sirve en cierto modo para aclarar el fenómeno de los flujos migratorios y elogia la labor de Frontex. Considero que esto debería verse de forma positiva y por tanto también el resultado de la votación.

No obstante, sí creo que esta postura debería verse acompañada por idéntica claridad en los Estados miembros, ya que este reto no solo afecta a las instituciones europeas sino también a la política de aquellos.

Debo decir sin embargo que por el momento no todos los Estados miembros han aplicado y ejercido dicha claridad, para empezar el Gobierno italiano con su política, pues ha abordado la situación de Lampedusa de forma cuestionable y llena de objeciones. Hay allí miles de migrantes que simplemente han sido abandonados a su suerte, si bien la solidaridad humana, por no decir la solidaridad jurídica, hubiese dado lugar a una atención inmediata y desde luego a un mayor respeto del que se ha hecho gala, aun cuando en todo caso el problema de orden legal tendría que considerarse, tal y como hemos hecho en esta casa.

  Cristiana Muscardini (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, si bien es cierto que muchos flujos migratorios surgen de la inestabilidad, somos un tanto reticentes a la hora de emplear ese término erróneo, ya que inestabilidad en realidad significa guerra, genocidio, violencia desaforada, revolución y miseria a la que se ve condenada esa gente, mientras que la Unión Europea permanece silenciosa. Hay también un deseo de libertad. La resolución que hemos votado pide una política de la UE para el Este y que sus instrumentos más adecuados encaren los diversos factores que originan esa inestabilidad.

Me pregunto cuál es la credibilidad que puede alcanzar esta política exterior, teniendo en cuenta que lo sucedido en Libia y en el Norte de África ha puesto de manifiesto que la UE carece totalmente de dicha política. Los Gobiernos de los Estados miembros actuaron cada uno por su lado, ofreciendo un espectáculo lamentable al mundo y a las personas a las que deberíamos haber ayudado. La única política para la acogida de refugiados que estuvo en condiciones de ofrecer la UE no contaba en absoluto con los requisitos necesarios. La isla de Lampedusa e Italia no recibieron respuesta alguna. Por tanto, votamos sin lugar a dudas a favor de esta medida, pero instamos a la Unión a que establezca por fin una política exterior digna de ese nombre.

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, me he abstenido en la votación sobre el informe Provera, básicamente porque considero que no es precisamente claro. En él se afirman y proponen muy diversas cosas, incluso contiene ideas sensatas, lo que es poco habitual en este Parlamento. Aun así, cabe lamentar que no sea más que un informe muy políticamente correcto que en ningún sitio, ni con una mera mención, un solo párrafo o una única frase, se atreve a cuestionar la nueva inmigración masiva hacia el continente europeo, ya de por sí sobrepoblado, pues se trata de algo que atañe principalmente a los países que conforman lo que antaño se conocía como Europa occidental y que no deja de ser una cuestión fundamental.

Mi propio país, Flandes, es el más densamente poblado de toda la Unión Europea. Una mayoría abrumadora de flamencos no quieren más inmigración, y menos procedente de países cuyas culturas y religiones consagran valores que nada tienen que ver con los nuestros. Ha llegado el momento de que el Parlamento Europeo escuche de una vez por todas a sus propios ciudadanos europeos.

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). – Señor Presidente, convengo en que deberíamos tomar medidas a corto plazo para abordar la crisis humanitaria que sacude al Mediterráneo, para garantizar la dignidad de los afectados a través de instrumentos tales como Frontex. Nos hace falta también una visión a largo plazo para resolver los problemas vinculados a los flujos migratorios y para ayudar a la creación de empleo en los países de origen de esas personas.

Una de las herramientas clave de la Unión Europea es la política comercial. Es el momento de mejorar la apertura de nuestros mercados, para empezar con países como Egipto y Túnez. Tenemos que establecer también un diálogo que refuerce la relación comercial regional.

Contamos con el ejemplo exitoso de Turquía, tanto en términos de su unión aduanera como con la aplicación efectiva de las necesarias reformas democráticas. Ahora tenemos que atrevernos a hablar de uniones aduaneras y acuerdos de libre comercio con los países del Mediterráneo que se encaminan hacia la democracia y la ejecución de reformas.

Quisiera finalizar pidiendo al Consejo que adopte sin más demora el Convenio regional sobre las normas de origen preferenciales paneuromediterráneas.

  Daniel Hannan (ECR). – Señor Presidente, la premisa de este informe no es correcta. La idea de que la emigración es producto de la pobreza y la desesperación, si bien plausible de modo superficial, acaba por ser engañosa. La emigración, lo sabemos en términos históricos, es más bien el resultado de más riqueza y aspiraciones. Hemos visto muy recientemente que los grandes flujos migratorios procedentes de Túnez aparecieron una vez se restauró la democracia y se puso fin a la dictadura.

La verdadera razón que mueve a la gente y hace que recorra cientos de kilómetros en busca de una vida mejor es la oportunidad. Lo cierto es que en la Unión Europea hemos creado una situación en la que contamos con un desempleo estructural a gran escala y aun así nos vemos obligados a seguir importando mano de obra. En nuestro país, en el Reino Unido, hay más de cuatro millones de personas que o bien no tienen empleo o reciben prestaciones por invalidez y, aun así, seguimos recurriendo cada mes a personas del resto del mundo que llegan para desempeñar aquellos trabajos que no asumen quienes nacieron en el país. Tenemos a millones de personas atrapadas en la triste espiral de la dependencia y les hemos puesto en una situación en la que el trabajo ya no forma parte de su horizonte mental. Si queremos que la gente salga de esa lamentable situación, la respuesta no está en la política exterior, sino en la reforma del bienestar, de forma que nuestros propios ciudadanos recobren la dignidad y la independencia.

  Syed Kamall (ECR). – Señor Presidente, uno de los factores que a menudo se soslaya en todo debate sobre inmigración es que muchas veces la situación es realmente complicada para quienes migran de un país a otro y que lo hacen en unas circunstancias tremendamente difíciles. Piensen cómo debe ser dejar atrás a la familia, el pueblo, la ciudad, los vínculos sociales, los amigos, tal vez sin saber jamás si los vamos a ver o cuándo los veremos de nuevo. ¿Qué les lleva a abandonar sus países y buscar una oportunidad, como decía el orador anterior, en Occidente? Pues bien, muy a menudo es porque escapan de condiciones y gobiernos que ya no les merecen confianza.

Nosotros podemos ayudar de diversas maneras. Consideremos algunas de las políticas de que disponemos: nuestra política de pesca, que fomenta el saqueo de los mares de las naciones africanas pobres por parte de grandes buques pesqueros, mientras sus pescadores locales se ven desesperados y sin trabajo, ¿y qué es lo que hacen? tratan de emigrar; nuestra política de asistencia, que mantiene a los gobiernos corruptos en el poder, lo que hace que para la gente no sea precisamente seductora la idea de quedarse en su país y les lleva a marcharse al extranjero, llegando así aquí.

Es algo que debemos enmendar. Tenemos que entender que a la gente le resulta difícil dejar atrás su país. Deberíamos asegurarnos de que nuestras políticas sirvan para que la gente pueda quedarse en su propio país.

Informe: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

  Jens Rohde (ALDE). – (DA) Señor Presidente, para el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa es absolutamente crucial que se brinden los mismos derechos y oportunidades no solo para las mujeres, sino también para los hombres de las zonas rurales, iguales a los que disfrutan quienes viven en las ciudades. Si queremos contar con un sector agrícola europeo más sólido, que sea capaz de suministrar alimentos de buena calidad a toda Europa, tenemos que garantizar su atractivo tanto para los trabajadores como para las familias. Para que así sea, debemos darles a las zonas rurales oportunidades para crecer, innovar, crear empleo y desarrollarse. No es necesario imponerle al sector cuotas ni distribuciones forzadas en función del género. Por tanto, es también positivo que el Parlamento haya adoptado hoy el informe sobre la función de la mujer en la agricultura y en las zonas rurales, con lo que se envía así una señal muy clara de que, también aquí, las mujeres desempeñan un papel importante.

  Mario Pirillo (S&D). – (IT) Señor Presidente, Señorías, la mujer siempre ha desempeñado un importante papel en la agricultura y en el sector rural. Es más, las mujeres representan el 42 % de la población activa, de un total de aproximadamente veintisiete millones de trabajadores.

A pesar del alto porcentaje, las mujeres no siempre cuentan con una buena representación en las organizaciones del sector y deben hacer frente a la discriminación en el proceso de toma de decisiones. Son muchos los ámbitos en los que las circunstancias de las mujeres podrían ser objeto de mejora, como por ejemplo una cobertura social adecuada.

Las instituciones europeas deberían por tanto tomar medidas para equilibrar esa desigualdad, tal vez mediante la supervisión del sector a través de un observatorio de mujeres emprendedoras en la agricultura, tal y como ya funciona en Calabria y en otras regiones de Italia.

El informe que se ha votado hoy, y que yo he apoyado, ofrece una visión implacable sobre la cuestión del éxodo desde el campo. Para contribuir a que los niveles de empleo se mantengan, necesitamos políticas y estrategias de apoyo pensadas para crear infraestructuras y servicios que encajen con las necesidades de la vida moderna y que se puedan aplicar en las zonas rurales.

  Peter Jahr (PPE). – (DE) Señor Presidente, la vida y el trabajo han cambiado radicalmente en las zonas rurales, debido a la transformación de la sociedad, las modificaciones en la estructura social y las profundas alteraciones demográficas.

Si lo que queremos es que las mujeres de todas las generaciones se queden en el campo o animarlas a decantarse por una forma de vida rural, sus necesidades y exigencias deben tomarse mucho más en cuenta en la política de desarrollo. Deberíamos tener en cuenta que la situación para las mujeres que viven en zonas rurales ha cambiado en los últimos años y es ahora muy distinta. Las propias mujeres han participado a la hora de iniciar y conformar ese cambio, tanto de forma individual como a través de los grupos políticos femeninos.

Opino que nuestra ponente, la señora Jeggle, ha destacado correctamente ese hecho, por lo que creo que este informe es extremadamente importante. Después de todo, si lo que queremos es que las zonas rurales se desarrollen, no debemos centrarnos simplemente en la creación de infraestructuras y de un entorno destinado al turismo, sino que debemos hacer todo lo posible para que las familias se instalen de nuevo en esas áreas, lo que implica a hombres y mujeres por igual.

  Janusz Wojciechowski (ECR). – (PL) Señor Presidente, he respaldado el informe Jeggle, entre otras cosas porque recomienda que se garanticen los fondos adecuados para la política agrícola de la Unión Europea. La tendencia al ahorro en el presupuesto de la UE, por otra parte totalmente apropiada, no debe ejecutarse a expensas de la política agrícola común. Si las zonas rurales y la agricultura de la Unión Europea no reciben la asistencia necesaria, va a resultar complicado mejorar el papel que desempeña la mujer en las zonas rurales y alentarlas a que vivan allí en esas condiciones tan difíciles, además de que será arduo lograr los objetivos de esta política clave, como la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y el equilibrio territorial. Deberíamos tener esto en cuenta y, además, quisiera aprovechar esta oportunidad que me brinda este debate sobre el informe de la señora Jeggle para solicitar una vez más que la intención de ahorrar en la Unión Europea no se logre a costa de la política agrícola común.

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Señor Presidente, he votado a favor de este informe porque contribuye a combatir la invisibilidad que, hasta ahora, han tenido el trabajo y la contribución de las mujeres en el medio rural.

Sin esta aportación no habría sido posible, ni ayer ni hoy, mantener la población y la actividad fuera de las ciudades. Esta visibilidad tiene que plasmarse en reconocimiento social, pero, además, en prestaciones. La PAC debe incluir la orientación de género en sus programas de ayuda, con iniciativas especiales para el emprendimiento femenino. Además, debe ayudar a financiar servicios y potenciar aspectos como la digitalización del medio rural, que favorecen la igualdad de condiciones de vida en el medio urbano y en el rural.

Por su parte, los sistemas de seguridad social de los Estados también deben reconocer el trabajo de las mujeres en este ámbito, tanto en la vertiente productiva como en la asistencial, especialmente en el cuidado de personas dependientes y de niños.

  Cristiana Muscardini (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, a pesar de que las mujeres representan el 42 % de los 26 o 27 millones de trabajadores y que el 29 % de las empresas agrícolas las dirigen mujeres, su representación en el ámbito industrial es prácticamente inexistente y no refleja su importancia.

Esto ni es adecuado ni es normal, de ahí que la Unión deba proporcionarles a las mujeres un mayor papel en el sector rural y hallar soluciones adecuadas para la combinación de las actividades económicas que desarrollan. Se requiere igualdad de género, un tratamiento igualitario, la protección social de las madres y el reconocimiento del papel que desempeñan las mujeres en la agricultura.

Promover la formación continua es por tanto una de las cuestiones esenciales que ya no podemos seguir comprometiendo. Apoyamos las propuestas de la ponente, la señora Jeggle, para que las mujeres estén mejor representadas en todos los órganos políticos, económicos y sociales del sector agrícola y para respaldar las iniciativas de protección social destinadas a las mujeres que trabajan en calidad de pequeñas agricultoras, trabajadoras agrícolas y criadoras estacionales de animales.

La política agrícola común debe reconocer de forma específica a las mujeres, pues de lo contrario esta reforma resultará inútil y desde luego no vamos a poder concebir un futuro sin contratiempos si se poda la agricultura.

  Daniel Hannan (ECR). – Señor Presidente, no sé si recuerda usted una serie de televisión que tuvo mucho éxito en nuestro país, Life on Mars, protagonizada por un policía que de repente se encuentra de nuevo en lo que parece ser el comienzo de los años setenta.

Yo me sentí un poco como él cuando revisé la lista de votaciones hoy. Hete aquí que la UE nos presenta políticas sobre la mujer en la agricultura, los créditos a la exportación para empresas beneficiarias, subvenciones especiales para Unilever en la República Checa y para fabricantes de máquina herramienta en Polonia.

La década de los setenta fue un período aciago para Europa en su conjunto y para el Reino Unido en particular: una época de estanflación, desempleo y bancarrota nacional. Pero fueron cosas que no ocurrieron porque hubiera fuerzas tectónicas que se escaparan a nuestro control, sino como resultado de políticas mal concebidas, en concreto la noción de que los gobiernos podían elegir a los vencedores, deberían controlar ellos la economía y obtener resultados mediante la redistribución de recursos.

Los veintisiete Estados miembros han avanzado, pero la Unión Europea no lo ha hecho. Todavía nos hallamos en un mundo en el que se recauda dinero de los contribuyentes y se entrega a diversos clientes preferenciales.

¿Por qué? Porque si no hiciéramos eso, ¿para qué serviría la Unión Europea? Tal y como señaló Upton Sinclair en una ocasión, es muy difícil conseguir que alguien vea algo cuando su trabajo consiste en no verlo.

  Anna Záborská (PPE). – (SK) Señor Presidente, es correcto y adecuado que el informe presentado pretenda mejorar la situación de la mujer en las zonas rurales. Lamentablemente, no obstante, considera a las mujeres únicamente como trabajadoras o emprendedoras. No ve a las mujeres en su papel de madres, ni valora el trabajo informal y por tanto no remunerado que realizan. Sin embargo, la labor de las mujeres en el hogar y la atención de los miembros dependientes de la familia también supone una contribución significativa al bienestar de la sociedad.

Dicha labor representa hasta un tercio del PIB de los países europeos y aun así siempre hacemos como si no existiera. En lugar de reconocer abiertamente su importancia, presionamos a las mujeres para que obtengan un empleo o inicien una actividad empresarial. Del mismo modo, si se valorase la labor de la mujer precisamente en el ámbito agrícola y rural se mejoraría la calidad de vida de las familias y las comunidades.

Informe: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

  Jens Rohde (ALDE). – (DA) Señor Presidente, siempre le corresponderá a cada Estado miembro de forma individual tomar decisiones sobre su propia combinación energética. A tenor de ello, también es evidente que cada Estado miembro ha de asumir los costes si lo que desea es suprimir paulatinamente uno de los elementos que forman parte de la combinación. Sin embargo, en Lituania, Eslovaquia y Bulgaria sobre todo, había varias centrales nucleares de la época soviética que estaban muy lejos de cumplir nuestros requisitos en materia de seguridad, de ahí que fuera además necesario y sensato apoyar su desmantelamiento.

El problema es que la planificación que se ejecutó allí o, para ser más exactos, la carencia de un plan, simplemente no debe repetirse. Es fácil ver que, hasta finales de 2013 habremos gastado un total de tres mil millones de euros y todavía sin haber logrado desmantelar las centrales, lo que demuestra que la planificación es deficiente. La Comisión debe elaborar un análisis pormenorizado de la eficiencia financiera que revisten los proyectos, ya que todo futuro apoyo debe tener como condición que los países puedan demostrar que han gestionado los fondos de que disponen actualmente de forma correcta.

  Sergej Kozlík (ALDE). – (SK) Señor Presidente, el informe presentado sobre el estado de la financiación para el desmantelamiento de las centrales nucleares nos brinda una idea clara de cuál es la situación hoy por hoy. Estoy plenamente de acuerdo con una de las principales conclusiones del informe, cuando señala que desmantelar estas instalaciones en los países afectados va a requerir también la contribución de los fondos europeos más allá de 2013. Los países en cuestión no tendrán la capacidad de financiarlo única y exclusivamente con sus propios recursos.

Por ejemplo, Eslovaquia, presionado por la UE, desmanteló en 2006 y 2008 dos módulos de la central nuclear de Jaslovské Bohunice que se habían remodelado por completo. Según las conclusiones del Organismo Internacional de Energía Atómica, dichos módulos cumplían todos los criterios de seguridad. Las repercusiones económicas de esta medida son considerables y seguirán multiplicándose debido a los altos costes a largo plazo que genera el pleno desmantelamiento de este tipo de instalaciones. La Unión Europea deberá disponer además de fondos para ayudar al desmantelamiento de las centrales nucleares en su previsión financiera de los años 2013-2020.

  Jarosław Kalinowski (PPE). – (PL) Señor Presidente, la política energética y sobre todo la seguridad energética en el sentido más amplio del término, es un tema que provoca discusiones acaloradas en todas las partes del mundo, tras lo sucedido recientemente en Japón. El desastre ocurrido en la central nuclear de Fukushima demostró hasta qué punto debemos trabajar con el fin de poner en marcha un sistema de suministro energético eficaz y respetuoso con el medio ambiente, pero sobre todo seguro. Este problema no atañe solo a Asia, sino a todos los países de cualquier continente. De haber centrales nucleares que deban clausurarse por motivos de seguridad, hagamos todo lo que esté en nuestra mano para garantizar que efectivamente se lleve a cabo y de forma eficaz. Debemos respaldar todas aquellas medidas que den lugar a la implantación de fuentes energéticas nuevas y seguras y, a la hora de tomar decisiones, nuestra prioridad absoluta ha de ser siempre la seguridad pública. Muchas gracias.

  Salvatore Iacolino (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, no cabe duda de que un informe como el presentado por el señor Marinescu no puede sino ser objeto de respaldo y consenso, incluso en un contexto todavía regido por el aluvión emocional generado por los sucesos de Fukushima. El planteamiento totalmente equilibrado y prudente que emplea el señor Marinescu en su documento me ha llevado a apoyarlo sin ambages.

Además, es evidente que el compromiso con Lituania, Eslovaquia y Bulgaria debe ser continuo y consistente, mientras que al mismo tiempo otras actividades varias, las denominadas simplemente «pruebas de resistencia» y el resto de pruebas diseñadas con fines de seguridad, deberían garantizar esta en el sector nuclear. No hay margen para el error, por motivos que conocemos perfectamente.

Los programas de financiación ya se estipularon hace tiempo y se han confirmado. Esperemos que toda la operación arroje resultados positivos y concretos, lo que pondría de manifiesto que se avanza en la dirección que todos nosotros deseamos.

  Paolo Bartolozzi (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, la cuestión de proporcionar recursos financieros adecuados a fin de garantizar el desmantelamiento de las centrales nucleares ya se ha abordado en la legislación de la Unión Europea relativa a la seguridad en el sector nuclear. En estos momentos, a la luz de los últimos acontecimientos internacionales y las decisiones correspondientes que han tomado los Gobiernos de los Estados miembros a ese respecto, la cuestión está de plena actualidad.

Hemos manifestado nuestro apoyo a la labor del señor Marinescu, quien aborda casos específicos existentes en varios países que, tras su adhesión, asumieron obligaciones concretas para desmantelar las centrales nucleares y obtuvieron un apoyo especial de la Unión Europea para tal fin.

Más allá de los casos específicos, sobre esta cuestión estamos obligados a establecer un sistema de supervisión eficaz para verificar y comprobar el estado de las centrales nucleares sitas en territorio de la UE. Es más, el número de reactores que se considera deben desmantelarse en la UE en un futuro próximo es bastante elevado.

Será por tanto esencial, también y sobre todo en los casos mencionados, asegurar que haya mecanismos de garantía que habiliten los recursos financieros adecuados, necesarios para afrontar los requerimientos tanto ordinarios como extraordinarios.

  Giommaria Uggias (ALDE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, como firme defensor de la causa antinuclear, he apoyado este informe, no solo porque considero que el desmantelamiento de estas centrales será beneficioso para todos, sino también porque espero que no se permita la construcción de más.

Hoy nos enfrentamos a una bomba de relojería en toda Europa. La actividad de las centrales nucleares para fines civiles se basa en prácticas de ingeniería ahora obsoletas y anacrónicas. Puede decirse que su seguridad es más que nada teórica: todo va bien hasta que algo pasa. De hecho, trabajamos con protocolos de hace cincuenta años que, en realidad, no contemplan hechos que son cada vez más imprevisibles. No se podía prever la posibilidad de que se cometiesen atentados terroristas ni tampoco la existencia de desastres naturales, no solo terremotos, que lamentablemente son cada vez más habituales en este mundo nuestro asolado por las catástrofes.

  Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Señor Presidente, he apoyado el informe, que también implica de forma directa a mi país, Eslovaquia. En 2004, los Gobiernos de Lituania, Eslovaquia y Bulgaria se comprometieron en sus tratados de adhesión a cerrar de forma gradual algunas de sus centrales nucleares. Dicho cierre suponía una enorme carga económica, de ahí que la UE se involucrase con ayuda financiera para ejecutar el desmantelamiento hasta finales de 2013. La UE dispone de una experiencia limitada en el ámbito del desmantelamiento nuclear. Los cierres pueden tener efectos directos en el suministro energético del país afectado y de los Estados miembros vecinos.

Debe fomentarse el desarrollo de fuentes energéticas alternativas, competitivas y cuya emisión de carbono sea reducida, a fin de asumir las consecuencias negativas. Del mismo modo, debemos proporcionar los recursos financieros adecuados para garantizar que el desmantelamiento se realiza en pleno cumplimiento de la normativa de seguridad. La Unión Europea va a poder hacer uso de la experiencia recabada a lo largo de los procesos de cierre de las centrales nucleares cuya vida económica toca a su fin. En función de los resultados y con la mirada puesta en 2013, cabe suponer que muchos de los proyectos de inversión ya habrán finalizado prácticamente y que tendremos a nuestra disposición un nuevo modelo de estructuras de desmantelamiento y gestión. Muchas gracias.

  Michail Tremopoulos (Verts/ALE). – (EL) Señor Presidente, he votado a favor del informe Marinescu, precisamente porque en el Sudeste y en el Este de Europa existe un amplio legado de reactores nucleares extremadamente peligrosos, como en Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia. Sin embargo, a lo largo de todos estos años se han destinado miles de millones de euros de los contribuyentes europeos para modernizarlos y prolongar su vida. Básicamente estamos subvencionando el lobby nuclear, que se empeñó en su reacondicionamiento. Fukushima nos ha demostrado una vez más que se deberían cerrar estos reactores, si bien no se contempló ninguna disposición financiera al respecto en los costes de operación de los mismos, lo que supone la subvención desmedida y escandalosa de un método de producción energética peligroso, caro y contaminante. Ahora, no obstante, podemos modificar la voluntad política, haciendo que las subvenciones destinadas al reacondicionamiento de los reactores inseguros se asignen a su cierre, se congelen los proyectos de ejecución de nuevos reactores, se redistribuyan los recursos de financiación del Euratom y de las numerosas subvenciones del ITER y se encaucen los destinados al diseño y construcción de nuevos reactores hacia una economía que esté basada al 100 % en fuentes energéticas renovables en 2050. Nos encontramos en una situación de emergencia y debemos responder a ello.

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Señor Presidente, quisiera felicitar al ponente por un informe tan duro pero también en muchos casos totalmente cierto. Quisiera destacar y llamar a la atención de mis colegas que, junto con Eslovaquia y Bulgaria, Lituania ha cumplido las obligaciones que se estipulan en su acuerdo de adhesión y ha cerrado sus antiguos reactores nucleares de la época soviética en el plazo establecido. La mayoría de los proyectos relativos al cierre de Ignalina ya se han aplicado o bien se están poniendo en marcha. Evidentemente existen una serie dificultades. Cuando acceda al poder un nuevo Gobierno en Lituania y se establezca la Junta de la Central Nuclear de Ignalina, se espera que sea posible iniciar un proceso contra quienes eludieron realizar la labor convenientemente y también revisar el acuerdo sobre la construcción de depósitos destinados a los residuos del combustible nuclear, tratando de que las condiciones sean favorables. Estoy plenamente de acuerdo en que se deben gestionar los fondos y emplear los recursos con total transparencia, garantizando así por tanto la seguridad nuclear. En todo caso, puesto que estamos debatiendo sobre nuevas centrales nucleares, quisiera aprovechar esta oportunidad para hacerles saber a mis colegas que en la frontera de la Unión Europea con Rusia y Belarús hay planes para construir centrales eléctricas con reactores experimentales, algo a lo que le debemos prestar nuestra atención.

Informe: Barbara Matera (A7-0060/2011)

  Jens Rohde (ALDE). – (DA) Señor Presidente, en realidad no me di cuenta de que íbamos a tener la posibilidad de explicar el sentido de nuestro voto en relación con esta resolución pero, puesto que es así, lo voy a hacer muy brevemente. El Partido Liberal Danés está básicamente en contra del Fondo de Adaptación a la Globalización. Sin embargo, ya que se tomó la decisión de crearlo y una vez que aquellos países que cumplen los requisitos en él establecidos presentaron sus solicitudes, evidentemente debemos conceder los fondos que se han requerido. Por ese motivo nosotros hemos votado a favor.

  Nicole Sinclaire (NI). – Señor Presidente, he votado en contra de los dos informes Matera sobre la movilización del Fondo de Adaptación a la Globalización para la República Checa y Polonia, no porque tenga nada en contra de estos países, ni mucho menos, sino porque tengo muy en cuenta a mis electores de las West Midlands y desde luego su contribución por valor de cuarenta y ocho millones de libras esterlinas, que el Reino Unido paga a diario a la Unión Europea.

Permítame que le diga algo sobre las West Mistlands: tenemos la tasa más alta de desempleo juvenil y nuestra principal industria se ha diezmado, en parte debido a la financiación de empleos que ha llevado a cabo la Unión Europea en Eslovaquia, lo que provocó la desaparición de empleos fundamentales en la planta de Ryton.

En 2004, fue por supuesto el Reino Unido el que asumió la carga de la ampliación de la UE, ya que fue el único que no estableció barreras, lo que tuvo un coste en los servicios públicos. Otro ejemplo de gasto que asumen mis electores es nuestra contribución a las prestaciones familiares de los habitantes de Europa del Este. La gente viene al Reino Unido, trabaja aquí y presenta solicitudes para los niños que residen en los países de Europa Oriental.

Lo que nos gustaría hacer, y lo que a mí me gustaría ver, es que los 48 millones de libras esterlinas diarias permanezcan en el Reino Unido y se destinen a servicios públicos básicos, en lugar de transferirlos, teniendo en cuenta además que la contabilidad de la UE lleva catorce años sin someterse a una auditoría.

  Seán Kelly (PPE). – (GA) Señor Presidente, me satisface apoyar estas propuestas presentadas por Bairbre de Brún, deseándoles mucho éxito a los trabajadores de la República Checa y Polonia. Sin embargo, mucho me temo que acabarán disgustados y desalentados, tal y como ocurrió en mi circunscripción, sobre todo en el caso de Dell, en Limerick, y de Waterford Crystal, en Waterford.

El FEOGA es un concepto maravilloso pero, lamentablemente, demasiado inflexible. Como resultado de ello, gran parte de los fondos se devuelven a la Unión Europea, por lo que sugiero que cuando haya remanentes, el Estado miembro en cuestión pueda proponerle a la Comisión la mejor forma de hacer uso de ellos, en nombre de los trabajadores.

(GA) De hacerse así, va a ser de gran ayuda para los trabajadores desempleados, además de mejorar enormemente la imagen de la Unión Europea.

Informe: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

  Jens Rohde (ALDE). – (DA) Señor Presidente, la violencia contra las mujeres es un problema presente en todo el mundo y es por supuesto importante tener una posición al respecto, tanto personalmente como desde un punto de vista político. De ahí que claramente debamos adoptar también una postura sobre esta cuestión a nivel europeo. Cuando se debaten estos problemas, en lugar de erigir un árbol de Navidad adornado con diversas iniciativas, yo lo que hubiese preferido es que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género se centrase un poco más en las iniciativas que en realidad quiere que considere ahora la Unión Europea. Al haber otros asuntos similares, considero que esto conferiría más peso a nuestras acciones, las haría más eficaces y por tanto más adecuadas para las mujeres afectadas y, en ese sentido, sería favorable para la credibilidad de las iniciativas que proponemos nosotros aquí en el Parlamento.

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE). – Señor Presidente, la violencia contra las mujeres no es un asunto privado, sino un delito que debe ser perseguido. Debemos romper el silencio. Es importante respetar la cultura y la religión, pero esto no debería ser nunca una excusa para los crímenes de honor, la mutilación genital, la trata de personas, la violencia doméstica y los matrimonios forzosos. El Programa de Estocolmo aporta un nuevo marco de políticas para impulsar la lucha contra la violencia hacia las mujeres y exige medidas concretas. Yo animo a la Comisión a que presente una estrategia que contemple propuestas prácticas.

He votado a favor de este informe pues considero que debemos aunar esfuerzos entre los partidos políticos para denunciar y combatir todas las formas de violencia contra la mujer. Respaldo el principio y la mayoría de las propuestas, si bien las disposiciones judiciales y de derecho penal deberían establecerse a nivel nacional, tal y como estamos haciendo en Suecia. De hecho, combatir la violencia es crucial para la organización femenina de mi partido, mediante actividades prácticas y la concienciación no solo en torno a la protección de las mujeres sino también a su autonomía y el establecimiento de una cultura de respeto hacia su dignidad. He puesto en marcha una campaña sobre estos temas en los medios de comunicación sociales e invito a todos a unirse a ella.

  Silvia Costa (S&D). – (IT) Señor Presidente, Señorías, como ya han dicho mis colegas, creo que al votar a favor de este informe elaborado por la señora Svensson nos comprometemos a garantizar que la Comisión cumpla con su propósito de adoptar una comunicación antes del final de 2011, sobre la aplicación de una estrategia y un plan de acción europeo para combatir la violencia contra las mujeres, con el establecimiento de una visión global, que contemplará por tanto diversos casos, desde la violencia sexual a la doméstica o la mutilación genital femenina y, así lo espero, todas las nuevas formas de violencia. Me refiero con ello a la inducción actual a la violencia, muchas veces alentada por la publicidad y los medios de comunicación, así como a las formas de chantaje y las violaciones de los derechos humanos de las mujeres en el lugar de trabajo, cuando deciden ser madres o ya son madres trabajadoras.

Tras la aplicación y adopción de la Directiva sobre la trata de seres humanos, con la que el Parlamento se comprometió plenamente, y la Directiva sobre la orden europea de protección, considero que sería conveniente contar con una directiva específica sobre esta cuestión en el nuevo marco jurídico que establece el Tratado de Lisboa y el Programa de Estocolmo.

  Licia Ronzulli (PPE). – (IT) Señor Presidente, Señorías, hasta que no se hayan erradicado por completo todas las formas de violencia contra las mujeres, no podremos decir que la nuestra es una sociedad moderna y por fin democrática. Una vez más, el Parlamento presta atención a este brutal fenómeno, que por desgracia sigue siendo sorprendentemente habitual.

Las cifras lo dejan claro: al menos una de cada cinco mujeres es víctima de violencia física o sexual a lo largo de su vida y la violencia es en realidad la primera causa de fallecimiento y discapacidad entre las mujeres de 15 a 44 años, más incluso que el cáncer o los accidentes de tráfico.

Por tanto, hace falta una verdadera movilización permanente para crear un mecanismo jurídico global que combata todas las formas de violencia contra la mujer. Debemos transmitir un claro mensaje en el día de hoy. El objetivo final es este: este virus letal ya no puede encontrar más terreno fértil.

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). – (ES) Señor Presidente, la violencia contra las mujeres es la consecuencia directa de la discriminación; por ello necesitamos una política integral con una atención especial a los niños de las mujeres maltratadas.

Es necesario que tengan derecho a asistencia jurídica y psicológica gratuita, centros de acogida y prestaciones económicas que promuevan su autonomía, juzgados especializados, protocolos de actuación y formación especial para el personal sanitario, policial y judicial, y que se elaboren estadísticas y recojan datos para conocer la dimensión real del problema y aplicar las políticas más adecuadas a nivel europeo.

  Frank Vanhecke (NI). – (NL) Señor Presidente, me he abstenido en la votación final del informe Svensson, de ahí que recurra a la explicación de mi voto para decir que yo también considero que la violencia contra las mujeres es inconcebible y totalmente inaceptable.

Sin embargo, me he abstenido en la votación final ya que considero que este informe viola una y otra vez el principio de subsidiariedad, muy valioso para mí, y no creo que crear otra burocracia, observatorios u otros organismos europeos sea lo deseable, antes al contrario. Me incomoda además la actitud, la corrección política que hace que erróneamente aparezca el término «islam» aunque sea una sola vez, en este informe, aun cuando esa fe, con su cantidad de normas y principios atrasados, desempeña obviamente un papel crucial en la discriminación y violencia contra las mujeres. Algo cierto en el mundo islámico, por supuesto, pero lamentablemente también aquí. Llamemos a las cosas por su nombre y digamos por tanto que el islam, en su estado actual y real, es retrógrado y misógino.

  Anna Záborská (PPE). – (SK) Señor Presidente, acojo favorablemente el informe de la señora Svensson, porque hace progresar el debate relativo a los derechos de la mujer. Al condenar la violencia contra las mujeres embarazadas, el informe declara, y cito: «el agresor pone en peligro la vida de más de una persona». Llevo años esforzándome por que no se contrapongan los derechos de la mujer a los derechos de los niños aún no nacidos. El informe Svensson, desgraciadamente, aún no ha superado este conflicto.

La restricción de los derechos reproductivos de las mujeres, que en estos momentos se entiende principalmente como el derecho al aborto, sigue considerándose una forma de violencia contra la mujer. Sin embargo, si consideramos finalmente a los niños aún no nacidos como seres humanos, el aborto inducido constituye un acto de violencia contra el niño no nacido.

Al elaborar una estrategia para la lucha contra toda forma de violencia, la Comisión debe armonizar los derechos de las mujeres y los derechos de los niños no natos. La nueva estrategia debería proteger a las mujeres al tiempo que debe, asimismo, incluir mecanismos para la protección de niños no nacidos. Esto también se desprende del informe presentado, pero debe leerse atentamente.

  Nicole Sinclaire (NI). – Señor Presidente, he votado en contra del informe Svensson. Obviamente, estoy completamente a favor de denunciar la violencia, especialmente la violencia contra las mujeres, así que ¿por qué entonces he votado en contra del presente informe? He votado en contra porque, como ha manifestado un colega poco antes, se trata un poco de un túnel del tiempo. Nos retrotrae a los años setenta y a la corrección política y en ese aspecto es muy simplista. Solamente quiere volver a reproducir las luchas de principios de los setenta.

También me preocupa un poco la naturaleza penal que quiere introducir. Es lo que hace la Unión Europea, ¿no? Presenta un tema sobre el que todo el mundo está de acuerdo —lo terrible que es la violencia contra las mujeres— y luego prepara las cosas e introduce el derecho penal. Después, antes de darnos cuenta, esto se habrá extendido cada vez a más y más áreas.

Vergüenza debería darle a la Unión Europea elegir semejante tema, incluso a pesar de tratarse de un informe de iniciativa propia, porque aquí es donde empieza. Aquí es donde empieza la toma de poder y debería avergonzarse de ello. Lo que necesitamos son medidas reales en lo que respecta a la violencia contra las mujeres a nivel de cada Estado miembro.

Explicaciones de voto por escrito

Informe: Barbara Matera (A7-0059/2011)

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó en 2006 con el fin de prestar asistencia adicional a los trabajadores afectados por las consecuencias de los cambios importantes en la estructura del comercio internacional y para ayudar a su reinserción en el mercado laboral. Desde el 1 de mayo de 2009, el ámbito de aplicación del FEAG se ha ampliado a fin de incluir un apoyo a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de las crisis económica, financiera y social.

En este momento, cuando nos enfrentamos a esta grave crisis en la que el aumento del desempleo constituye una de las principales consecuencias, la UE debería utilizar todos los medios a su alcance para reaccionar, especialmente en lo que respecta al apoyo que debe prestarse a aquellos que se enfrentan a la realidad cotidiana del desempleo. Esta es la razón por la que voto a favor del presente informe relativo a la movilización del FEAG en favor de la República Checa, con el objetivo de apoyar a los trabajadores despedidos en tres empresas cuya actividad se desarrolla en el ámbito de la clasificación estadística de actividades económicas de la Comunidad Europea (NACE), en el marco de la división 28, revisión 2, de fabricación de maquinaria y equipo.

  Adam Bielan (ECR), por escrito. – (PL) La crisis económica mundial ha hecho que se haya visto agravada la situación financiera de muchas empresas polacas. Los problemas asociados con la reducción de los niveles de producción tienen mayor repercusión en los ciudadanos corrientes que trabajan para estas empresas. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se creó con el fin de salvaguardar la ayuda a los trabajadores despedidos como consecuencia de los cambios en la estructura del comercio mundial provocados por la globalización. Su objetivo principal es ayudar a estas personas a volver a incorporarse al mercado laboral. La presente solicitud de movilización del Fondo en beneficio de los trabajadores de las empresas polacas de la región de Podkarpackie es la primera de este año. Como representante de los intereses polacos en el Parlamento Europeo, apruebo la decisión de la Comisión de transferir dinero del Fondo con el fin de aplicar los objetivos establecidos en la solicitud. Gracias a la presente Decisión, los trabajadores despedidos de tres compañías del sector de la maquinaria de la región de Podkarpackie están recibiendo cerca de 500 000 euros en concepto de apoyo financiero. Al votar a favor de la resolución quisiera, al mismo tiempo, expresar mi esperanza de que la Comisión apruebe solicitudes similares en el futuro.

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. – (ES) La solicitud cumple los requisitos exigidos por la FEAG y se refiere a 200 de los 594 despidos que se produjeron en nueve meses en tres empresas polacas que se dedicaban a la fabricación de maquinaria y equipos y redujeron en un 58% sus exportaciones. El 20% de los afectados tiene más de 54 años y el 10%, más de 64. Estas ayudas permitirán mejorar la formación a los despedidos para su futura incorporación a nuevos empleos.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Estoy satisfecha con el trabajo llevado a cabo sobre la base del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), sobre todo en apoyo a los trabajadores afectados por los cambio en el comercio mundial. También apoyo la decisión de movilizar el Fondo en favor de Polonia, en beneficio de los trabajadores del sector de fabricación de maquinaria y equipos que han sido despedidos como resultado de la crisis económica y financiera. Se trata de una medida muy oportuna, dada la caída importante de las exportaciones que ha tenido lugar en este sector, que ha venido acompañada, como consecuencia, de una tasa de desempleo igualmente preocupante.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La solicitud se refiere a 594 despidos en tres empresas cuya actividad se desarrolla en la región de Podkarpackie de Polonia, en el sector de la fabricación de maquinaria y equipos. Esta es la primera solicitud que va a ser examinada en el ámbito del presupuesto de 2011. Se basa en el criterio de intervención expresando en el artículo 2, letra b), del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), que requiere al menos 500 despidos en un período de nueve meses en las empresas cuya actividad se desarrolle en una región o dos regiones contiguas en el nivel NUTS II.

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha evaluado favorablemente los respectivos criterios de admisibilidad. El FEAG fue creado en 2006 con el objetivo de proporcionar apoyo adicional a los trabajadores que han sido despedidos y que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los modelos comerciales mundiales, así como para ayudarlos a reintegrarse en el mercado laboral. Como resultado de la revisión del Reglamento del FEAG en 2009, el alcance del fondo se amplió a efectos de aportar ayuda a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis económica y financiera mundial. El presupuesto anual disponible para el FEAG es de 500 millones de euros. Considero que sería conveniente realizar los esfuerzos necesarios para acelerar la movilización de este instrumento, lo que permitirá que la ayuda llegue a los trabajadores que lo necesitan con mayor rapidez.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El presente informe trata sobre una propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización de 453 570 euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), a fin de apoyar la reintegración de los trabajadores polacos que han sido despedidos como consecuencia de la crisis económica y financiera actual. Esta solicitud, la primera en ser aprobada en el ámbito del Presupuesto 2011 de la UE, fue presentada por Polonia el 27 de abril y afecta a 594 trabajadores de la región de Podkarpackie que estaban trabajando en el área de fabricación de maquinaria y equipos. Teniendo en cuenta que esto implica un instrumento presupuestario específico, y que la cantidad solicitada es legalmente aceptable y cumple con las disposiciones del Acuerdo Interinstitucional del 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, es decir, el punto 28, voy a votar en favor de esta propuesta, y espero que contribuya a reducir las dificultades económicas de los habitantes de esta región, y al relanzamiento de la economía local.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La situación de la agricultura y los problemas a los que se enfrenta el mundo rural son indisociables de la profunda crisis del sistema o de las políticas actuales, como por ejemplo, la política agrícola común (PAC), principal responsable de la continua disminución de la agricultura en algunos Estados miembros: todo está orientado hacia los intereses de los agricultores a gran escala y a la agroindustria del norte de Europa, destruyendo la agricultura familiar y comprometiendo la viabilidad de las explotaciones pequeñas y medianas.

El papel de la mujer en la agricultura y el desarrollo de las zonas rurales resulta sumamente importante, ya que representan alrededor del 42 % de los trabajadores agrícolas, son una piedra angular del mantenimiento de las explotaciones activas, y garantizan una lucha eficaz contra la desertificación de las zonas rurales.

A pesar de estar desprovisto de cualquier crítica realista hacia la PAC, el informe aprobado es, en general, positivo en su enfoque y en cómo reconoce el papel de la mujer. Declara que «la promoción de la igualdad de género es un objetivo fundamental de la UE y sus Estados miembros», junto con la creación de mejores condiciones de vida en las zonas rurales y la lucha contra el fenómeno de la desertificación, para lo cual resulta fundamental defender unas «buenas infraestructuras de transporte» y mejorar el «acceso de todos al transporte», con el fin de luchar contra la «exclusión social y las desigualdades sociales que afectan principalmente a las mujeres».

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito – (PT) El presente informe permite la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para Podkarpackie maquinaria de Polonia. Hay que recordar que Polonia ha solicitado la asistencia para 594 trabajadores despedidos en tres empresas, en la división de fabricación de maquinaria y equipos de la región NUTS II de Podkarpackie.

Los despidos están relacionados con el impacto de la crisis económica y financiera, que ha provocado una caída en las exportaciones de las empresas Huta Stalowa Wola SA, HSW - ZZN y DEZAMET SA del 47 %, 34 % y 58 % respectivamente, lo que significa que las empresas cumplen los criterios de admisibilidad establecidos en el Reglamento del FEAG. La Comisión Europea propone, pues, la movilización de la suma de 453 570 euros. El resultado, afirman, ha sido una reducción considerable en la producción de maquinaria y equipos, lo que demuestra los efectos de la crisis en las empresas en cuestión de este país.

Los 594 despidos tienen consecuencias graves para las condiciones de vida, el empleo y la economía local, motivo por el cual la movilización del FEAG es de la mayor importancia para apoyar a los trabajadores afectados. Por eso hemos votado a favor, aunque consideramos que lo más importante sería evitar que estas empresas vayan a la quiebra y los empleos se pierdan.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se ha creado con el fin de proporcionar ayuda adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los modelos comerciales mundiales. La solicitud correspondiente (asunto FEAG/2010/013 PL/Podcarpackie maquinaria de Polonia) fue presentada a la Comisión el 27 de abril de 2010 y complementada con información adicional hasta el 4 de agosto de 2010. Dicha solicitud se presentó con arreglo a los criterios de intervención del artículo 2, letra b), del Reglamento FEAG, que exige que se produzcan como mínimo 500 despidos, durante un periodo de referencia de nueve meses, en empresas cuya actividad se desarrolle en el marco de una misma división de la NACE, revisión 2 de una región o dos regiones contiguas en el nivel NUTS II de un Estado miembro, y fue presentada dentro del plazo de diez semanas previsto (artículo 5 del Reglamento). En su evaluación, la Comisión indica que la solicitud cumple los criterios de admisibilidad establecidos por el Reglamento FEAG, y recomienda que la Autoridad Presupuestaria apruebe esta solicitud, por lo tanto, he votado a favor del presente documento que, en mi opinión, contribuirá a evitar consecuencias sociales negativas. También considero que otros Estados miembros de la UE deberían aprovechar más las oportunidades ofrecidas por los fondos de la UE.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en favor de Polonia, porque considero que este instrumento representa un valioso recurso para apoyar a los trabajadores que atraviesan dificultades a causa de la crisis económica. Como ya se ha mencionado varias veces, desde 2006, el FEAG ha venido prestando un apoyo práctico a los trabajadores europeos que han sido despedidos ya sea por razones asociadas con la deslocalización de sus empresas o, tras la modificación de 2009, a causa de la crisis económica, con el fin de ayudar a su reintegración en el mercado laboral. La votación de hoy versaba sobre una solicitud de asistencia en relación con 594 despidos (200 de los cuales se presentan como destinatarios de la ayuda) que se han producido en tres empresas cuya actividad se desarrolla en el marco de la división 28 («Fabricación de maquinaria y equipo») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS II de Podkarpackie. La cantidad total de fondos aportados por el FEAG asciende a 453 750 de euros. Para concluir, recibo positivamente la adopción del informe, que demuestra el FEAG es un recurso útil y eficaz para la lucha contra el desempleo derivado de la globalización y la crisis económica.

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), por escrito. – (PL) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se creó para proporcionar apoyo adicional a los trabajadores afectados por las consecuencias de los importantes cambios estructurales en el comercio mundial. Hoy el Parlamento Europeo ha votado una solicitud para aprobar el desbloqueo de más de 450 000 euros para los trabajadores despedidos de tres empresas ubicadas en la región de Podkarpackie. Quisiera hacer hincapié en que el respaldo de la UE supone un gran impulso para la región que represento, ya que permitirá a los trabajadores que han sido despedidos volver a incorporarse al mercado laboral, y los fondos serán destinados a la formación, al reciclaje, a nuevos equipos y a ayudas para convertirse en trabajadores por cuenta propia. La región de Podkarpackie es una de las más pobres de Polonia, y por eso estoy muy contenta de que reciba ayuda de la UE. Me gustaría dar las gracias a todos los que han votado a favor de la prestación de apoyo financiero.

  Barbara Matera (PPE), por escrito. – (IT) Estoy satisfecha con la aprobación de la asignación de 453 000 euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para los trabajadores polacos que han resultado despedidos en el sector de fabricación de maquinaria. Siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Presupuestos, la Comisión Europea ha ingresado alrededor de 50 millones de euros en créditos de pago para la línea presupuestaria del FEAG en el presupuesto de 2011. Esto nos permite aprobar la asignación de los fondos necesarios sin menoscabo de las demás partidas presupuestarias destinadas a la financiación de acciones importantes relacionadas con objetivos y programas de la Unión.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor del presente informe que brinda apoyo, a través del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, a 594 trabajadores despedidos de Polonia. Los 450 000 euros se utilizarán para reciclar y respaldar a los trabajadores en una transición difícil.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Una vez más, nos vemos condenados a aprobar la concesión de una limosna miserable por parte de la UE a las víctimas de las políticas de deslocalización. La lógica en la que se basa el Fondo Europeo de Adaptación de Adaptación a la Globalización resulta intolerable. Me abstengo simplemente por consideración hacia los trabajadores polacos, cuyo dolor podría aliviarse un poco con esta ayuda hipócrita.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La Unión Europea es un espacio de solidaridad y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) forma parte de él. Esta ayuda resulta esencial para ayudar a los desempleados y a las víctimas de las deslocalizaciones de empresas que se producen en un contexto globalizado. Cada vez hay un mayor número de empresas que se deslocalizan, aprovechando los bajos costes de la mano de obra en distintos países, particularmente China y la India, con efectos perjudiciales para los países que respetan los derechos de los trabajadores. El FEAG está destinado a ayudar a trabajadores víctimas de las deslocalizaciones de las empresas, y resulta fundamental para facilitar el acceso a un nuevo empleo. El FEAG ha sido utilizado por otros países de la UE en el pasado, por lo que ahora es oportuno conceder esta ayuda a Polonia, que ha solicitado asistencia en relación con 594 despidos —200 de los cuales se presentan como destinatarios de la ayuda— que se han producido en tres empresas cuya actividad se desarrolla en el marco de la división 28 («Fabricación de maquinaria y equipo») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS II de Podkarpackie, en Polonia.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) Si bien he votado a favor de esta propuesta de concesión de la ayuda destinada a los trabajadores de Podkarpackie maquinaria de Polonia, considero que ésta es una medida analgésica y paliativa de las consecuencias del modelo capitalista y no supone ningún avance en la lucha contra la raíz de las causas de la crisis. Estoy de acuerdo con la movilización de recursos procedentes del Fondo Europeo para la Adaptación a la Globalización a favor de los ciudadanos despedidos por los cambios estructurales en los modelos comerciales o como consecuencia directa de la actual crisis económica y financiera. Creo estos fondos pueden ser útiles para el objetivo último de facilitar la reinserción laboral de estos trabajadores. Igualmente, he votado a favor convencido del carácter complementario de esta asistencia respecto a las ayudas por despido que recoge cada legislación nacional y convenio colectivo. Por ello, en ningún caso esta movilización de fondos procedentes del FEAG puede suplantar ni eludir las responsabilidades legales de gobiernos y empresas con los despedidos.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – Teniendo en cuenta que Polonia ha solicitado asistencia con respecto a los casos de los 594 despidos producidos en el período comprendido entre el 1 de junio de 2009 y el 1 de marzo de 2010 (200 de los cuales se presentan como destinatarios de la ayuda) en tres empresas dedicadas a la fabricación de maquinaria y equipos en la región de Podkarpackie, en Polonia, apruebo y respaldo absolutamente una posición tan activa por parte del Gobierno polaco, así como las opiniones de mis colegas del Grupo S&D. Lamentablemente, el gobierno de mi país —Letonia— no responde a ninguna de mis peticiones ni de mis cartas y de este modo no recurre a la ayuda del Fondo de Estabilización para superar la crisis financiera.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para proteger a los trabajadores despedidos como consecuencia de la crisis económica y financiera mundial. Polonia ha solicitado ayuda en relación con 594 despidos producidos en la región de Podkarpackie. Es justo y correcto que ofrezcamos apoyo personal a los trabajadores que han resultado despedidos como consecuencia de la globalización y de la crisis económica, ayudando a su reinserción en el mercado laboral. Por eso he votado a favor.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para prestar ayuda adicional a los trabajadores afectados como consecuencia de importantes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial. El 15 de febrero de 2011, la Comisión adoptó un nuevo proyecto de decisión sobre la movilización del FEAG en favor de Polonia, con el objetivo de apoyar la reinserción en el mercado laboral de los trabajadores despedidos como consecuencia de la crisis económica y financiera mundial. En este caso, se trata del despido de 594 trabajadores —200 de los cuales se presentan como destinatarios de la ayuda— en tres empresas de fabricación de maquinaria y equipos en la región de Podkarpackie de Polonia, durante el periodo de referencia de nueve meses comprendido entre 1 de junio de 2009 y el 1 de marzo de 2010. Se trata de la primera solicitud sometida a examen en el marco del presupuesto de 2011 y hace referencia a la movilización de un importe total de 453 570 euros. La evaluación de la Comisión llegó a la conclusión de que existe un vínculo entre los despidos y los grandes cambios estructurales producidos en los patrones del comercio mundial o la crisis financiera y económica, y que estos despidos han sido de naturaleza imprevista. La solicitud cumple todos los criterios de admisibilidad establecidos en el Reglamento FEAG, razón por la que he votado a favor de la movilización del Fondo.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) La solicitud de intervención del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) de Polonia se refiere a 594 despidos —200 de los cuales se presentan como destinatarios de la ayuda— en tres empresas de la división 28 («Fabricación de maquinaria y equipo») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS II de Podkarpackie. De acuerdo con el examen de la Comisión, esta solicitud cumple con todos los criterios de admisibilidad definidos legalmente. En virtud del Reglamento (CE) nº 546/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2009, que modifica el Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, el alcance del FEAG se amplió para cubrir temporalmente su intervención en situaciones como esta, en la que, como resultado directo de la crisis económica y financiera mundial, se han producido «como mínimo 500 despidos, durante un periodo de referencia de nueve meses, en empresas cuya actividad se desarrolle en el marco de una misma división de la NACE, revisión 2 de una región o dos regiones contiguas en el nivel NUTS II». Por eso he votado a favor de la presente Resolución, con la esperanza de que la movilización del FEAG contribuyan a la reinserción efectiva de estos trabajadores en el mercado laboral.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Hemos solicitado que las instituciones implicadas, como de costumbre en estos casos, realicen los esfuerzos necesarios a fin de acelerar la movilización del FEAG.

Por otra parte, el Parlamento aprecia, en este sentido, la mejora del procedimiento establecido por la Comisión, tras la petición del Parlamento de acelerar la concesión de subvenciones, con el objeto de presentar ante la Autoridad Presupuestaria la evaluación de la Comisión acerca de la admisibilidad de una solicitud del FEAG, junto a la propuesta de movilizar el Fondo y espera que se puedan llevar a cabo nuevas mejoras en el procedimiento en el marco de las próximas revisiones del Fondo.

Sin embargo, recuerda también el compromiso de las Instituciones de garantizar un procedimiento sencillo y rápido para la adopción de las decisiones sobre la movilización del FEAG, prestando un apoyo individual excepcional y por tiempo limitado a los trabajadores que hayan sido despedidos como resultado de la globalización y la crisis financiera y económica, destaca el papel que el FEAG puede desempeñar en la reinserción de trabajadores despedidos en el mercado laboral y, sin embargo, pide una evaluación de la integración a largo plazo de estos trabajadores en el mercado de trabajo como consecuencia directa de las medidas financiadas por el FEAG.

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito – (IT) El 15 de febrero de 2011, la Comisión adoptó un proyecto de decisión relativo a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en favor de Polonia, con el objetivo de apoyar la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos debido a la crisis financiera y económica mundial. La solicitud se refiere a 594 despidos (200 de los cuales se presentan como destinatarios de la ayuda) que se han producido en tres empresas cuya actividad se desarrolla en el marco de la división 28 («Fabricación de maquinaria y equipo») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS II de Podkarpackie, durante el periodo de referencia de nueve meses comprendido entre 1 de junio de 2009 y el 1 de marzo de 2010. Mi voto a favor de la resolución de hoy reitera la opinión favorable ya manifestada en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.

  Peter Skinner (S&D), por escrito. – A pesar de votar a favor del presente informe, me parece irónico que este fondo exista cuando no todos los países de la UE lo utilizan. La parte restante de este fondo se repatría a los Estados miembros cuando acaba el año como parte de su «reembolso». Sin embargo, el hecho de que algunos países, como el Reino Unido, no utilicen este Fondo, que es su derecho establecido, en casos como el cierre de la planta de té Twining en Andover, plantea algunas dudas. Los que tratan de entender las ventajas/desventajas del reembolso se preguntan si no resulta más correcto y eficaz que los países hagan uso directo de la dotación del FEAG a nivel local.

La segunda ironía se refiere a la participación política y económica; la participación en todos los niveles de valor añadido de la UE. Que el Reino Unido se reserve el derecho a no participar en los fondos gestionados a escala de la UE por los beneficios que le pueda generar más tarde es, en este caso, un enfoque incierto e incluso claramente erróneo.

El Reino Unido está renunciando a acceder a la financiación sobre la base del principio de la no aplicación de este fondo con el fin de recibir un reembolso. Aquellos que están buscando ayuda para volver trabajar —en Sandwich, Kent y Andover, Hampshire— encuentran escasa justificación en decir «no», y esta es otra decepción del gobierno del Reino Unido.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – He votado a favor del presente informe, que proporcionará financiación para medidas personalizadas a fin de ayudar a los trabajadores que han sido despedidos de Polonia.

Informe: Fiorello Provera (A7-0075/2011)

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – (LT) He votado a favor de esta importante Resolución sobre flujos migratorios provocados por la inestabilidad: ámbito de aplicación y papel de la política exterior de la UE. La inestabilidad política, social y económica, la falta de seguridad, la represión política y los regímenes autoritarios son las principales fuerzas motrices de la migración, que priva a las comunidades afectadas de perspectivas e ingresos viables en sus países y, por lo tanto, del derecho a elegir si emigrar o no, poniendo de este modo sus vidas en constante peligro, y les deja la emigración como única opción. Los dramáticos acontecimientos ocurridos recientemente en Egipto y otros países del Norte de África y Oriente Próximo han aumentado claramente el flujo de inmigrantes legales e ilegales hacia Europa. La Unión Europea debe, por tanto, estar preparada para soportar el flujo de inmigración. Solamente puede hacerlo dotándose de una política de inmigración sensata y eficaz, similar a la aplicada en Canadá, Australia o Nueva Zelanda. Estoy de acuerdo con la posición del ponente en la necesidad de instar a la Comisión a que vele por que cualquier acuerdo de readmisión firmado por la UE y sus Estados miembros respete plenamente los derechos humanos y el principio de «no-devolución» y no ponga en peligro a ninguna persona que necesite protección internacional. De esta manera, la UE demostrará una vez más que los valores y el respeto por los derechos humanos son lo más importante e inalienable, y las personas que buscan asilo se sentirán seguras y respetadas.

  Roberta Angelilli (PPE), por escrito. – (IT) La inestabilidad política, social y económica, la falta de seguridad y la represión política llevada a cabo por los regímenes autoritarios, son los principales factores subyacentes a la migración y las olas migratorias que se extienden sin cesar en algunos países de la cuenca del Mediterráneo, lo que les hace imposible manejar las numerosas dificultades que comportan las emergencias humanitarias.

Durante las últimas semanas ha sido imposible ignorar los miles de inmigrantes que han llegado a Lampedusa tras los disturbios en los países del Norte de África. El noventa por ciento de ellos son jóvenes de entre 15 y 35 años de edad, que están arriesgando sus vidas con la esperanza de encontrar mejores oportunidades. A pesar de los extraordinarios esfuerzos del Gobierno italiano, las administraciones locales y la Cruz Roja italiana, la situación en la isla es de emergencia: no existen indicios de que las llegadas vayan a ir disminuyendo hasta detenerse, y se nota el retraso de la UE, que tiene unos plazos burocráticos que resultan incompatibles con la situación.

En la actualidad, la UE tiene el deber de desarrollar una política eficaz a escala mundial en materia migración que prevea la creación de un sistema europeo de asilo, la implementación de un programa de reasentamiento obligatorio que sea capaz de distribuir responsabilidades de manera equitativa, y los acuerdos con los Estados miembros para fomentar desarrollo.

  Alfredo Antoniozzi (PPE), por escrito. – (IT) Tanto los acontecimientos recientes como los que siguen produciéndose actualmente en la otra orilla del Mediterráneo son testimonio de cómo la inestabilidad en esta región y los consiguientes flujos migratorios representan un reto al que la Unión Europea debe hacer frente.

El fenómeno migratorio es preocupante por la evolución y tensiones que pudiera ocasionar, tanto en lo referente a las relaciones entre los países de origen y destino de los inmigrantes, como también entre sus países de origen y de tránsito. Tenemos que reforzar las medidas de prevención, optimizando los recursos financieros y mejorando las estructuras institucionales existentes. Debemos mantener la inmigración ilegal bajo control y, en este sentido, considero que la ampliación de los acuerdos de migración constituye un remedio eficaz para obtener resultados a corto plazo y reducir la inestabilidad de los flujos migratorios.

Estoy de acuerdo con el análisis del informe y, en particular, coincido en que se debería incluir un mecanismo bilateral que permita un seguimiento activo del estado de la protección de las minorías —u otros grupos que pudieran ser objeto de abuso o sufrimiento como consecuencia de la inestabilidad— en la preparación de los instrumentos de acción exterior para después de 2013. Por eso he votado a favor del presente informe.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor del presente informe. Los recientes acontecimientos en Egipto y otros países del Norte de África y Oriente Próximo han aumentado el flujo de inmigrantes legales e ilegales a Europa. Los Estados miembros de la Unión europea se enfrentan a una inmigración forzada, que es el resultado de economías fracasadas, del empobrecimiento, de violaciones de los derechos humanos, de la degradación ambiental, la creciente brecha entre países ricos y pobres, las guerras civiles y las persecuciones políticas. La gestión de los flujos migratorios supone un enorme desafío para la Unión Europea, que debe tomar medidas a fin de establecer una política común en materia de inmigración capaz de contribuir a una reducción de la inmigración ilegal. Estoy de acuerdo en que es necesario tomar medidas preventivas en todos los acuerdos comerciales bilaterales de la UE, incluidas las cláusulas de derechos humanos, y se debería considerar la aplicación de sanciones correspondientes para los países que no cumplan con tales cláusulas.

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) Europa se enfrenta a un aumento de los flujos migratorios como consecuencia de la inestabilidad que se vive en muchos países, y esto representa un reto para la UE. Estos fenómenos migratorios podrían ser causa de tensiones entre los países de origen y de destino, así como entre los países de origen y de tránsito.

La estrategia de la UE debería combinar las medidas de cooperación al desarrollo con una visión política más integral que abarque la seguridad, la cooperación regional y los acuerdos bilaterales. El presente informe identifica los siguientes ámbitos de acción posibles en este sentido: alentar a los países de tránsito y los países de origen para lograr una mayor estabilidad económica e institucional, intensificar la propia mediación de la Unión Europea y los esfuerzos de prevención de conflictos en cooperación con organizaciones regionales, negociar acuerdos bilaterales de inmigración con los países de tránsito y desarrollar una agenda económica que incluya medidas específicas para aumentar los niveles de empleo en los países socios de la UE. La Comisión debería tratar de reforzar las sinergias entre el pilar del desarrollo y el pilar de seguridad y desarrollo mediante la creación de nuevos instrumentos de acción exterior para el periodo posterior a 2013. Por todas estas razones, he votado a favor del presente informe.

  Dominique Baudis (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor del presente texto relativo a los flujos migratorios. De hecho, los acontecimientos que están experimentando actualmente nuestros vecinos del sur se traducen en altos niveles de inmigración hacia las costas europeas. Ahora más que nunca tenemos que coordinar nuestra política exterior y de inmigración. Este es un problema verdaderamente europeo y ahora no es momento de egoísmos nacionales. Los países mediterráneos de la Unión Europea no deberían tener que lidiar solos con la gran afluencia de inmigrantes ilegales: este esfuerzo debe ser compartido por todos los países de la UE.

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. – (ES) He votado a favor de este informe porque aborda de manera realista, al fijar objetivos a medio y largo plazo, un problema cuyo origen está en el desequilibrio entre países desarrollados y los que no lo son, y en las violaciones de los derechos humanos en muchas partes del mundo.

El informe apunta procedimientos para prevenir la inmigración ilegal, pretende implicar en el enfoque global de este problema a los países emergentes y a todos los implicados desde el origen, en el tránsito y hasta el destino. Igualmente, me parece especialmente positivo insistir en la idea de condicionar las políticas de cooperación al grado de respeto a los derechos humanos y las referencias que se hacen a la protección de los colectivos más desfavorecidos, como las mujeres o los menores no acompañados.

  Slavi Binev (NI), por escrito. – (BG) He votado a favor de la presente resolución porque los flujos migratorios causados por la inestabilidad de un país suponen un reto para toda la Unión Europea. La Resolución marca un primer paso hacia la creación de una política europea común en materia de gestión de la inmigración. Esta política también debe tener un efecto disuasorio. Para lograr esto, es necesario combinar todos los instrumentos posibles de cooperación de la Unión Europea en el ámbito del desarrollo social y económico, ejerciendo de ese modo una influencia directa sobre las causas de inestabilidad de los países donde se originan los flujos migratorios.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor del presente informe. La inmigración es un tema especialmente relevante que se ha puesto de relieve recientemente, ya que debido a los acontecimientos del Norte de África, la Unión Europea, como región vecina, se ha visto obligada a recibir un gran flujo de inmigrantes. El informe llama la atención sobre los muchos factores subyacentes a los flujos migratorios, tales como los factores políticos y sociales, la inestabilidad económica y el cambio climático, que siguen sin tomarse en cuenta a la hora de estudiar las razones de la migración en masa. Por todas estas razones, se hace hincapié en que la UE necesita un enfoque más eficaz para la migración, que venga a complementar los instrumentos de política exterior. Estos instrumentos ayudarían a abordar las fuentes de inestabilidad en los países de origen, fuentes de inestabilidad que obligan a las personas a emigrar en masa a países vecinos más estables. El informe también pide a la Comisión que elabore propuestas en materia de migración legal que resulten más fáciles de manejar y que puedan promover el progreso económico y social en los países de recepción, tránsito y origen. Se ha manifestado que las peores violaciones de los derechos humanos, así como las actividades criminales, que a menudo se han convertido en un negocio para los organizadores de esas actividades, se encuentran precisamente ligadas a la inmigración ilegal. Por último, destaca la necesidad de evaluar la situación demográfica en la propia UE, a fin de calcular con exactitud cuántas personas puede recibir Europa.

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) La Unión Europea debe hacer frente a las corrientes migratorias causadas por guerras y conflictos armados, tensiones étnicas, violaciones de los derechos humanos y desastres naturales en terceros países. La Unión debe afrontar eficazmente este reto mediante la aplicación de medidas preventivas y el empleo de instrumentos de política exterior más adecuados con el fin de abordar las causas de la inestabilidad directamente, de modo que la emigración se convierta en una oportunidad más que en una necesidad desesperada. Una política europea en materia de migración debe combinar medidas de cooperación al desarrollo con una visión política más amplia que abarque acuerdos bilaterales en materia de cooperación regional y seguridad con los países de origen y de tránsito, la protección de los derechos humanos y la democratización.

La política exterior europea debería complementar y generar sinergias con las políticas de inmigración, centrándose en las causas de inestabilidad y los problemas estructurales de los países de origen. También debe tratar de establecer un diálogo permanente con los países de tránsito, con el fin de regular los flujos migratorios y aplicar de manera uniforme las normas internacionales sobre derechos humanos en materia de inmigración.

  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe por el señor Provera, porque creo que representa un paso adelante en el camino hacia la meta de la solidaridad entre los Estados miembros.

Durante las últimas semanas en particular, Italia ha sido el destino de miles de inmigrantes que huyen de los países del Norte de África. Frente a una situación tan difícil, la UE no puede abandonar a mi país, sino que debe hacer todo lo posible por garantizar que se respeten los tratados, especialmente el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Al mismo tiempo, necesitamos optimizar los recursos financieros y las estructuras existentes. Por ejemplo, el papel de la agencia de fronteras Frontex tiene que fortalecerse y también financiarse mejor. La protección de los derechos humanos, el aumento de los recursos financieros, el desarrollo de las democracias, el Estado de Derecho y los acuerdos bilaterales son instrumentos que, si se utilizan correctamente, pueden contribuir con seguridad a evitar una inmigración masiva.

  Jan Březina (PPE), por escrito. – (CS) Estoy de acuerdo en que es necesario proponer una estrategia integrada de la UE a largo plazo para países inestables que aborde las causas básicas de los flujos migratorios. Sin embargo, no comparto la creencia de que el Consejo deba presentar un plan de acción para la distribución de la carga sobre la base del principio de solidaridad consagrado en el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El reasentamiento de los refugiados de esta región debería ser responsabilidad de los Estados a los que migran los refugiados, y si el flujo se vuelve insostenible, la respuesta debería residir en el endurecimiento de la política de asilo e inmigración de la UE. En este contexto, considero alarmantes los llamamientos para crear un sistema común de asilo de la UE y un programa común de reasentamiento de la UE. La creación de un enfoque integral de la Comisión para la inmigración legal es una buena idea, pero no debe estar vinculada a las necesidades del mercado laboral europeo o a la capacidad de cada Estado miembro de recibir e integrar a inmigrantes. La gestión de los flujos migratorios debe seguir siendo principalmente responsabilidad de los Estados miembros.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Recibo con satisfacción los esfuerzos realizados por la UE destinados responder a los retos creados por la inestabilidad y los flujos de inmigración, que afectan, no solo a los países de origen, sino también los países de tránsito, en diversas áreas relacionadas con la violencia, las violaciones de los derechos humanos, etc. Por lo tanto, apoyo una política activa en este campo, que trate de resolver los factores iniciales de desestabilización en los países de origen, como la falta de estructuras económicas y democráticas. Esta es la única manera de eliminar las consecuencias negativas de la inmigración, que debería ser positiva y productiva, y no un medio de escape. Esta política debería traducirse en cooperación entre los países de origen y de tránsito, sobre la base de un diálogo encaminado a lograr resultados sólidos, eficaces y duraderos.

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) He votado en contra del informe sobre los flujos migratorios, ya que, a pesar de que contiene un análisis relativamente preciso y equilibrado de las causas fundamentales que conducen a las personas a abandonar su país, el informe no contiene las conclusiones o propuestas necesarias. Por un lado, persiste en el planteamiento de dividir a las personas en inmigrantes legales e ilegales y en la percepción utilitarista de inmigrantes «útiles» y no útiles, relacionando así sus derechos con las diferentes «cuotas» aplicadas por la Unión y los Estados miembros. Por otro lado, el informe vincula el fenómeno de la inmigración a las cuestiones de seguridad, creando de ese modo confusión, equiparando a los inmigrantes con diversas actividades «terroristas» y de carácter criminal, y fortaleciendo las prácticas e ideologías que los convierten en criminales.

En este contexto, el informe refuerza todavía más el papel «paternalista» de la Unión, hasta el punto de proponer vincular el pilar relativo a la ayuda al desarrollo que brinda la UE a terceros países con el pilar de la «seguridad», alterando así completamente la naturaleza y el propósito de dicha ayuda.

  Corina Creţu (S&D), por escrito. – (RO) Después de que las conferencias anteriores se hayan centrado en principios, espero que la cuarta Conferencia de las Naciones Unidas en Estambul esté orientada hacia la determinación de resultados y la elaboración de indicadores claros con el fin de reducir a la mitad el número de países menos desarrollados para 2020. De los 51 países en vías de desarrollo, en los que el 78 % de la población vive con menos de 1,25 euros al día, solo tres han salido de esta categoría en los últimos años. La situación es preocupante ya que estos países son los más vulnerables a duras pruebas como la crisis financiera y alimentaria y el cambio climático, mientras que se enfrentan también a la pobreza extrema, la falta de infraestructuras y el aumento del desempleo. Esta realidad pone de manifiesto que, lamentablemente, la comunidad internacional no ha cumplido con los compromisos establecidos en el Programa de Acción de Bruselas. Espero que, durante la Conferencia, en la que representaré al Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, nos centremos en obtener coherencia en términos de políticas de desarrollo y métodos para la implementación de mecanismos innovadores de financiación, con el objetivo de proporcionar una ayuda más eficaz a estos países que deben ser alentados a poner en práctica políticas adecuadas.

  Mário David (PPE), por escrito. – (PT) Nos encontramos ante una cuestión bastante importante, y hay que tener en cuenta su naturaleza compleja a la hora de llevar a cabo su análisis. El informe en cuestión analiza la importancia de continuar con los tratados de cooperación relacionados con la Política Europea de Vecindad (PEV). El fenómeno de la emigración impulsada por la crisis y la inestabilidad tiene repercusiones negativas para el país de origen, el país de destino y las poblaciones desplazadas. Hay que revertir este fenómeno, de modo que la emigración generada por estas circunstancias deje de ser el último recurso: un escape de una situación de inseguridad, de un desarrollo económico débil, de la inestabilidad o del miedo. En esta explicación de voto, reitero la necesidad de adoptar medidas que garanticen y fomenten la estabilidad y la seguridad en los países de origen. La prevención debe ser la perspectiva utilizada a fin de reducir estos flujos migratorios generados por la inestabilidad y la crisis. Considero que la política exterior europea, y muy especialmente la PEV, deberían proporcionar ayuda a esas regiones del mundo, promoviendo la seguridad, la estabilidad y la protección de los derechos humanos como parte de un proceso de de desarrollo ampliado, tal y como expuse en mi informe relativo a la revisión de la Política Europea de Vecindad del Sur, que también será sometido a votación esta semana.

  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) Algunos Estados miembros tienen que lidiar con una afluencia masiva de personas procedentes del sur del Mediterráneo en búsqueda de protección. Ellos no pueden hacer frente solos a estas situaciones humanitarias y de inmigración de emergencia. Deben aumentarse los recursos humanos, materiales y también financieros de Frontex a fin de brindar un mayor apoyo a operaciones como Hermes y Poseidón. Los diputados al Parlamento Europeo piden al Consejo Europeo que elabore un plan de acción para el reasentamiento de los refugiados, aplicando la cláusula de solidaridad entre los Estados miembros. En efecto, el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea menciona el principio de solidaridad y de reparto equitativo de responsabilidades entre todos los Estados miembros en lo que respecta al control de la gestión de fronteras y a las políticas de asilo e inmigración. Debemos forjar lazos de cooperación a medio y largo plazo con los países de origen de futuros inmigrantes y establecer asociaciones de movilidad a fin de permitir que sus ciudadanos vengan y trabajen, estudien y viajen legalmente entre ambas orillas del Mediterráneo.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre los flujos migratorios provocados por la inestabilidad: ámbito de aplicación y papel de la política exterior de la UE. La inestabilidad política, social y económica, la falta de seguridad, la represión política y el cambio climático empujan a las comunidades a la inmigración, por lo que la UE tiene que desarrollar una política común en materia de inmigración que incluya, en particular, la promoción del progreso económico y social en los países de recepción, tránsito y origen y el refuerzo de la cohesión social mediante la mejora de la integración de los inmigrantes.

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog y Åsa Westlund (S&D), por escrito. – (SV) Los socialdemócratas suecos estamos de acuerdo en que los flujos migratorios provocados por la inestabilidad constituyen un reto para la UE y que se requieren mayores esfuerzos para abordar las causas de la inestabilidad y los problemas estructurales de los países de origen. Sin embargo, consideramos importante que la UE asuma una responsabilidad real por los inmigrantes que vienen aquí y que no relegue la responsabilidad a nuestros países vecinos, como se propone en el apartado 9. Apoyamos el llamamiento realizado para que la dimensión de los derechos humanos quede claramente reflejada en el trabajo de Frontex, especialmente el derecho de una persona a abandonar su país, la prohibición de la devolución de inmigrantes y el derecho a solicitar asilo. Hemos observado problemas con algunos de los trabajos que Frontex ha llevado a cabo hasta la fecha y no apoyamos la parte del texto que declara que el Parlamento Europeo acoge con satisfacción el éxito de las actividades llevadas a cabo por Frontex.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La relación entre los centros de inestabilidad —social, económica o política— y los flujos migratorios hacia la Unión Europea resulta evidente. La política exterior de la Unión no puede quedar simplemente excluida de este fenómeno: debe tratar de entenderlo y vigilarlo del modo más amplio posible. En realidad, la UE tiene que adoptar medidas a fin de optimizar el uso de sus recursos financieros y las estructuras institucionales, y gestionar eficazmente los flujos migratorios provocados por la inestabilidad actualmente existente en algunas zonas del mundo.

Una política de prevención que utilice los instrumentos de política exterior más adecuados con el fin de abordar y afrontar las causas de la inestabilidad, podría ayudar a transformar la actual «trágica necesidad» de la emigración en una «oportunidad» para la emigración. Hay que promover el Estado de Derecho, proteger los derechos humanos, y propiciar el desarrollo de la democracia y de las economías. Sin estos esfuerzos de desarrollo común en los países implicados, trabajando en colaboración con sus ciudadanos y estructuras sociales, no será posible contribuir eficazmente a la reducción de la inestabilidad.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El presente informe se centra en los flujos migratorios provocados por la inestabilidad política que experimentan algunas regiones del mundo, en particular, el Norte de África y el sur del Mediterráneo. Esta situación, que afecta a los países del sur de Europa, especialmente a Italia —todos seguimos la situación en la isla de Lampedusa, a la que han llegado más de 20 000 personas— y a la isla de Malta, ha traído a más de 400 000 refugiados a Europa. Con el fin de minimizar esta situación, además de movilizar del Fondo Europeo para los Refugiados, resulta fundamental que la UE aplique un plan más sostenido cuyo objetivo sea prestar asistencia humanitaria y garantizar las necesidades básicas de estas personas tan pronto como sea posible. También tiene que elaborarse un programa regional destinado a los refugiados de Egipto, Túnez y Libia, tanto en relación con el asilo como en relación con la protección de los refugiados, a fin de prevenir la trata de personas y de preparar su regreso a sus países de origen. Acojo favorablemente la adopción del presente informe, ya que indica que la UE va a abordar las causas estructurales de los problemas derivados de los flujos migratorios a través de su política de cooperación exterior, sin prejuicios de ningún tipo.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Existen razones para los flujos migratorios. Los factores más importantes son factores como las guerras y los conflictos armados, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y los conflictos y la represión étnica y religiosa. Sin embargo, las catástrofes naturales y la pobreza resultante de la ausencia de estructuras económicas y democráticas adecuadas se encuentran también entre las causas más frecuentes de los flujos migratorios.

Los efectos de la crisis del capitalismo mundial y las consecuencias de su desarrollo irregular y asimétrico están agravando la situación económica y social en muchos países. Los levantamientos en el mundo árabe constituyen asimismo una expresión de este fenómeno, que tiende también a aumentar los flujos migratorios. El discurso de la Unión Europea con respecto a esta materia es a menudo hipócrita y funciona con arreglo una política de doble rasero. Por un lado, afirma defender los derechos humanos en terceros países, manteniendo no obstante una visión interesada de ellos cuando se trata de atacar a cualquiera de estos países. Por otra parte, es cómplice de que persistan situaciones graves como las que se producen en Lampedusa, Italia.

La prevención de estos flujos migratorios exige medidas fundamentadas en una verdadera política de cooperación y ayuda al desarrollo, en la solidaridad y la promoción de la paz, incluida la resolución pacífica de conflictos, algo que no ocurre en la actualidad.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Sabemos que las guerras y los conflictos armados, las tensiones étnicas, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como la imposibilidad de practicar la propia religión, los desastres naturales y la pobreza resultante de la falta de estructuras económicas y democráticas adecuadas son las principales causas de los flujos migratorios.

El panorama actual es que la situación tenderá a empeorar, debido a la crisis que está atravesando el capitalismo y a sus consecuencias sociales, incluyendo los levantamientos en los países árabes.

Por eso la Unión Europea no puede continuar con su política hipócrita de doble rasero, que afirma defender los derechos humanos en terceros países al tiempo que permite que persistan situaciones graves como la de Lampedusa.

Es preciso que dispongamos de una política de prevención y de medidas de cooperación para el desarrollo, con una visión política más amplia que incluya, sobre todo, la solidaridad y la salvaguardia de los derechos humanos, algo que no ocurre en la actualidad.

En general, la Comisión Europea y el propio Parlamento Europeo conceden prioridad a sus intereses económicos y geoestratégicos y se olvidan de la solidaridad y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobando directivas vergonzosas como la Directiva de retorno.

Por este motivo he votado en contra del presente informe, a pesar del hecho de que incluye uno o dos puntos positivos.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Me gustaría ofrecer mi apoyo a los habitantes de Lampedusa, que se enfrentan a la superpoblación, la inseguridad, problemas de suministro y, posiblemente, amenazas sanitarias, pero que, en opinión de este Parlamento, ocupan un segundo lugar con respecto a las decenas de miles de inmigrantes ilegales que llegan a sus costas. También quisiera decir a las autoridades italianas que es a África y no a Europa, a donde deberían dirigir los barcos fletados para la repatriación de estos inmigrantes ilegales. La mayoría de estas personas provienen de Túnez, un país donde al parecer se está llevando a cabo una maravillosa aventura democrática, en la que tienen el deber de participar. No podemos seguir albergando a todos aquellos que se sientan incómodos en su propio país, porque allí está lloviendo... o porque no lo hace, porque hay una dictadura... o porque no la hay, porque el país está subdesarrollado, o porque está en desarrollo. La principal motivación de estos inmigrantes es puramente económica.

Nuestras políticas de ayuda al desarrollo deberían animar a las personas a permanecer en su propio país e incluso deberían estar supeditadas a ello y al retorno de sus ciudadanos. Contrariamente a lo que manifiesta el ponente, no existe tal cosa como el «derecho» a emigrar. Los ciudadanos europeos, por otro lado, quienes deberían ser su primera prioridad, son los que poseen pleno derecho a decir «BASTA» y a ser escuchados.

  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. – (FR) He votado a favor del presente informe parlamentario sobre «flujos migratorios provocados por la inestabilidad: ámbito de aplicación y papel de la política exterior de la UE» y deseo centrarme en una serie de aspectos recogidos en este informe. Desde la caída del Presidente Ben Ali, cerca de 24 000 tunecinos han llegado a la isla de Lampedusa y a las costas de Italia y miles de libios también han huido de su país, devastado por la guerra desde febrero. Ante la revelación de este drama humano, la respuesta y solidaridad europeas son absolutamente necesarias. Nuestro informe aboga por un sistema de solidaridad en relación con el reasentamiento de refugiados del cierta. Nuestro informe pide que se aplique la «cláusula de solidaridad» entre los Estados miembros con respecto a las políticas en materia de control de fronteras, asilo e inmigración. Nuestro informe también solicita que el presupuesto posterior a 2013 incluya una disposición relativa a los fondos de emergencia con el fin de ofrecer una respuesta rápida en materia de inmigración y asilo en Europa. Todos estos aspectos son necesarios en una verdadera política europea de asilo, una política que llevamos mucho tiempo pidiendo y que debe basarse en los principios de coherencia, responsabilidad, solidaridad y respeto por los derechos humanos.

  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) He votado a favor de este informe de iniciativa propia porque pone de relieve las verdaderas causas de los flujos migratorios, es decir, la inestabilidad política, social y económica, la falta de seguridad, la represión política, la violación de los derechos humanos, así como el cambio climático. El presente informe destaca la importancia de dotar a los países de origen de estrategias sostenibles en el marco de la Política Europea de Vecindad (PEV) y de la política en materia de cooperación al desarrollo de la UE. De este modo, se cuestiona el mito de la inmigración cero, recordándonos que no se puede detener la migración y que la UE necesita una inmigración fuerte, pero controlada, para compensar el envejecimiento de la población y abordar otros problemas sociales y económicos.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – El informe Provera aborda una serie de cuestiones importantes relativas a la migración y pone de relieve la importancia de los derechos humanos. Los derechos humanos han constituido el centro de las campañas llevadas a cabo en Escocia y el Reino Unido para poner fin a la detención de niños solicitantes de asilo. El Gobierno británico se ha comprometido a poner fin a esta obscenidad: pero hasta la fecha sus intenciones han resultado insuficientes.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) He aceptado el presente documento, debido a que los flujos migratorios provocados por la inestabilidad constituyen un reto para la Unión Europea. Las guerras y los conflictos armados, las tensiones étnicas, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos —como la imposibilidad de practicar la propia religión— los desastres naturales y la falta de estructuras económicas y democráticas adecuadas son las principales causas de este tipo de flujo migratorio. Este fenómeno resulta especialmente preocupante porque puede generar o exacerbar tensiones, no solo entre los países de origen y los de destino, sino también entre los países de origen y de tránsito. Para superar con éxito este desafío, la Unión Europea debe aplicar una política de prevención, usando los instrumentos de política exterior más adecuados para actuar directamente sobre las causas de la inestabilidad, de manera que la migración se convierta en una oportunidad, en vez de en una trágica necesidad. Hay una necesidad urgente, por tanto, de iniciar un debate con vistas a adquirir una mejor comprensión de todos los aspectos de la inmigración y sus causas. Esto permitiría a la UE elaborar una política coherente y eficaz en lo que respecta a los flujos migratorios de los países de origen y de tránsito y para decidir cómo y cuánto invertir en esos países con el fin de aliviar sus tensiones demográficas y sociales internas y así fomentar la estabilidad.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) El proyecto de resolución votado hoy por la Cámara plantea una pregunta importante: ¿cómo definir el papel de la política exterior de la UE frente al problema, al mismo tiempo trágico y delicado, de los flujos migratorios? El reto al que la Unión Europea debe enfrentarse está motivado por la evidente inestabilidad en la que se encuentran inmersos el Norte de África y Oriente Próximo. Con el fin de evitar consecuencias negativas, Europa debe ser capaz de hacer frente a este desafío estableciendo y poniendo en marcha una política de prevención que actúe sobre las causas de la inestabilidad económica y política de estos países, proponiendo soluciones compartidas que puedan prevenir o al menos reducir la magnitud del fenómeno. Sin embargo, la cantidad de recursos necesarios para lograr este fin es ingente, por lo que será preciso involucrar a otras potencias mundiales y coordinarse con ellas. Todo esto no puede, sin embargo, llevarse a cabo sin respetar plenamente el principio de subsidiariedad. Desde este punto de vista, Europa tiene el deber de responder de forma concisa y coherente, demostrando de ese modo su decisión de centrarse en esta política por encima de otras. Por estas razones, porque estoy convencido de la importante señal política que Europa está moralmente obligada a enviar sobre este tema y, para no abandonar a los Estados a su propia suerte, he utilizado mi voto para apoyar la resolución antes mencionada.

  Agnès Le Brun (PPE), por escrito. – (FR) Desde que el Tratado de Amsterdam entró en vigor, la UE ha gozado de competencias muy amplias en lo que respecta al control de los flujos migratorios. Ahora se apela a estas competencias con el objeto de controlar la reciente afluencia de refugiados que huyen de los disturbios en el Norte de África, especialmente de Libia. La «primavera árabe» es un potente símbolo de libertad, pero también oculta una realidad más trágica que está provocando que un gran número de civiles se haya lanzado a los caminos (o al mar en este caso) en busca de asilo. Por eso la presente resolución pide a la UE y a las instituciones internacionales que evalúen las consecuencias que entrañan estos inmensos movimientos de población. La he respaldado porque los Estados miembros no pueden hacer frente a esta situación por sí solos: la cooperación y el intercambio deben guiar la forma de gestionar la situación. La nueva arquitectura en materia de política exterior de la Unión, introducida por el Tratado de Lisboa, y, más concretamente, la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), también deberían permitir una coordinación más eficaz de la acción de los Estados miembros.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor del presente informe, que recibe favorablemente las recientes propuestas de la Comisión relativas a la inmigración legal de personas que no solicitan asilo, e insta a que se desarrollen instrumentos adicionales a fin de establecer una política común en materia de inmigración que controle la inmigración económica, con vistas a promover el progreso económico y social en los países de recepción, tránsito y origen, y a mejorar la cohesión social mediante la mejora de la integración de los inmigrantes. Hace hincapié en la necesidad de facilitar una información adecuada acerca de las posibilidades de inmigrar legalmente a la UE con el fin de evitar la inmigración ilegal, hacer un mejor uso de los programas para la inmigración legal de la UE, explicar cuáles son las perspectivas y oportunidades actuales en el seno de la UE y desmentir las falsas promesas hechas por los traficantes, lo que limitaría los beneficios generados en favor de la delincuencia organizada y los traficantes de personas por la necesidad de las personas de migrar. Pide a la Comisión que fomente medidas de protección para los grupos y personas vulnerables (principalmente mujeres y niños) que suelen convertirse en víctimas de la trata de personas y la explotación sexual, e insta a construir centros de información sobre las posibilidades de inmigración a la UE en terceros países. Pide, no obstante, un enfoque equilibrado entre la promoción de la inmigración legal a la UE y la seguridad de que la UE posee la capacidad de recibir e integrar con éxito a los inmigrantes.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Este informe no disfraza la verdad, a pesar de su efusión de buenos sentimientos. La UE está preocupada por la caída de los dictadores a los que solía apoyar a cambio de la gestión de «los flujos migratorios» en sus fronteras. La idea de una afluencia masiva de refugiados, víctimas de estos sistemas dictatoriales, no le preocupaba, y por buenas razones. Es la llegada de la democracia lo que le preocupa.

Ahora bien, Europa va a necesitar 230 millones de inmigrantes de aquí a 2030: la propia Comisión Europea así lo ha manifestado. Por otra parte, el texto recomienda la aplicación de sanciones a los países que no respeten los principios consagrados en los tratados de libre comercio y los propugnados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las revoluciones árabes apenas se han sacudido el yugo de sus propios déspotas y ahora los tiranos extranjeros les envían saludos. Este informe es arrogante y brutal. Voy a votar en su contra.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Los flujos migratorios provocados por la inestabilidad constituyen un reto para la Unión Europea. Las guerras y los conflictos armados, las tensiones étnicas, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como la imposibilidad de practicar la propia religión, los desastres naturales y la falta de estructuras económicas y democráticas adecuadas, son las principales causas de este tipo de flujo migratorio. Este fenómeno resulta especialmente preocupante porque puede generar o exacerbar las tensiones, no solo entre los países de origen y los de destino, sino también entre los países de origen y los de tránsito. Para superar con éxito este desafío, la Unión Europea debe aplicar una política de prevención, usando los instrumentos de política exterior más adecuados para actuar directamente sobre las causas de la inestabilidad, de manera que la migración se convierta en una oportunidad, en vez de en una trágica necesidad.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) He votado en contra del Informe Provera sobre flujos migratorios provocados por la inestabilidad: ámbito de aplicación y papel de la política exterior de la UE porque repudio la política migratoria de la Unión Europea, la política de la “Europa Fortaleza” con fronteras de acero para hombres y mujeres y en cambio fronteras de humo para el capital. Este informe respalda la política migratoria europea no basada en el reconocimiento de que la emigración es un derecho, no un delito, y que no garantiza un principio sagrado: la petición de asilo. La hipocresía de la UE es abominable: criminaliza al inmigrante sin papeles. Se utiliza la mano de obra clandestina en el proceso de acumulación rápida del capital, atentando directamente contra el carácter universal de los derechos humanos. La UE, que solo puede existir a través de inmigración económica, hace gala de un gran cinismo. Lo que ocurre en el norte de África pone en evidencia esta Europa fortaleza. Frontex, no tiene que ver con la solidaridad y cooperación para ayudar a los pueblos contra las dictaduras (Ben Ali, Mubarak, Gadafi): cuando miles de africanos llegan a Europa huyendo de la represión y de la guerra la UE los encarcela.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – Los flujos migratorios surgidos como consecuencia de la inestabilidad constituyen un reto para la Unión Europea. Las guerras y los conflictos armados, las tensiones étnicas, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos —como la imposibilidad de practicar la propia religión— los desastres naturales y la falta de estructuras económicas y democráticas adecuadas, se encuentran entre las causas de este tipo de flujo migratorio. Este fenómeno resulta especialmente preocupante porque puede generar o exacerbar las tensiones, no solo entre los países de origen y los de destino, sino también entre los países de origen y los de tránsito. Para superar con éxito este desafío, la Unión Europea debe aplicar una política de prevención, usando los instrumentos de política exterior más adecuados para actuar directamente sobre las causas de la inestabilidad, de manera que la migración se convierta en una oportunidad, en vez de en una trágica necesidad. A largo plazo, la UE podría emprender medidas eficaces para optimizar el uso de los recursos financieros propios y las estructuras institucionales existentes. Las medidas propuestas en el informe no resultan suficientes y son demasiado declaratorias. Es necesario un plan económico y financiero específico. De lo contrario, Europa se ahogará como consecuencia de la ola de inmigración ilegal. Como primer paso en el camino hacia la resolución de este problema, el informe es muy útil.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) En vista del continuo flujo de inmigrantes hacia Europa parece aún más importante adoptar una postura contra la legalización de los inmigrantes económicos. Resulta vital que los países en desarrollo reciban nuestro apoyo para que puedan alentar a estas personas a permanecer en sus propios países. No tiene ningún sentido permitir que las personas de los países en desarrollo entren en el mercado laboral, sobre todo porque la tasa de desempleo en la zona del euro se encuentra actualmente en un 9,9 %. El informe original del señor Provera era muy bueno y equilibrado. Sin embargo, por desgracia ha sido modificado por varias enmiendas en la dirección equivocada. Por esa razón he votado «no».

  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. – (LT) He votado a favor de la presente Resolución, porque tras los disturbios en los países árabes, en un momento en que los flujos migratorios se han intensificado considerablemente, es importante poner en marcha una política migratoria común en toda la UE. Teniendo en cuenta el hecho de que no se puede detener la inmigración, la política exterior debe desempeñar un papel fundamental en este ámbito. Los países de las fronteras exteriores de la UE son los más afectados por el aumento de los flujos migratorios. Es preciso, por tanto, que realicemos todos los esfuerzos posibles a fin de asegurar que se establece una política europea común en materia de inmigración a escala de la UE, de manera que los flujos migratorios sean gestionados y controlados de manera óptima. Solamente si se realizan esfuerzos conjuntos se podrá proteger el crecimiento económico, la sostenibilidad del mercado laboral y las posibilidades de desarrollo de las consecuencias negativas en aquellos países que se enfrentan a los mayores flujos de inmigrantes. Este será un instrumento eficaz para detener la inmigración ilegal, el crimen organizado y el tráfico de seres humanos. La UE debe hacer todo lo posible por promover la inmigración legal y luchar eficazmente contra la inmigración ilegal. Es muy importante establecer un sistema de inmigración legal, teniendo en cuenta las necesidades del mercado laboral europeo y la capacidad de cada Estado miembro para recibir e integrar a inmigrantes.

Los inmigrantes legales en los Estados miembros de la Unión Europea deben disfrutar de los mismos derechos y obligaciones que los demás trabajadores. Además, es muy importante reducir la fuga de cerebros y la salida de especialistas calificados en todos los países. Para ello debemos introducir programas de retorno asistido, promover la migración circular, regular las prácticas de contratación y apoyar la creación de capacidades.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe del señor Provera basándome en uno de los principios fundacionales de la Unión: la solidaridad entre los pueblos. Dada la crisis política en el Norte de África y la lenta o totalmente ausente respuesta de la política europea con respecto a los flujos migratorios, la situación actual es tan grave y problemática que creo que debe abordarse sin demora. A través de la adopción del presente texto, el Consejo ha sido invitado —una invitación que no puede ni debe ser ignorada— a aplicar plenamente la cláusula de solidaridad con un plan de acción práctico y con el reparto de la carga entre los Estados miembros. En particular, el texto defiende unas normas mínimas para ofrecer protección temporal a los inmigrantes y medidas destinadas a compartir responsabilidades y esfuerzos entre Estados miembros que, como Italia, acogen a los inmigrantes de manera responsable y asumen solos las consecuencias.

  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. – (EL) Es importante que asociemos, a nivel europeo, el aumento de la presión de los flujos migratorios con la política exterior. Las iniciativas europeas pueden ayudar a los países políticamente inestables del Norte de África de donde proviene un gran número de inmigrantes ilegales. Se puede y se debe hacer pleno uso de herramientas tales como los programas de ayuda a la cooperación y el desarrollo, y los acuerdos de readmisión. Claramente, estas cuestiones resultarán cruciales para el futuro inmediato, tanto para Grecia como para el resto de la UE, por eso he votado a favor de este informe en particular.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) Los flujos migratorios provocados por la inestabilidad actualmente constituyen un reto muy importante para la UE. Son el resultado de guerras y conflictos armados, tensiones étnicas, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como la imposibilidad de practicar la propia religión, desastres naturales y una falta de estructuras económicas y democráticas adecuadas. Se trata de un fenómeno en aumento que genera tensiones, no solo entre los países de origen y destino, sino también entre los países de origen y de tránsito. El presente informe establece una serie de recomendaciones destinadas a permitir que la UE responda eficazmente a este desafío. Entre otras medidas, quisiera destacar la adopción de una política de prevención, orientada a abordar directamente las causas de la inestabilidad, de manera que la migración se convierta en una oportunidad, en vez de en una trágica necesidad, y una cooperación al desarrollo con una visión política más amplia que englobe seguridad, cooperación regional y acuerdos bilaterales con los países de origen y de tránsito. Estos objetivos deben perseguirse de forma paralela a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que están estrechamente vinculados a la estabilidad política, y deberían enmarcar el proceso en su conjunto.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. – (IT) Los flujos migratorios provocados por la inestabilidad son consecuencia indirecta de las violaciones de los derechos humanos, los desastres ambientales y la falta de estructuras económicas y sociales capaces de asegurar el bienestar de amplios sectores de la sociedad. Estos aspectos constituyen un desafío para la Unión Europea, debido a los esfuerzos que exigen, tanto en términos de cooperación para el desarrollo como en materia de prevención de las tensiones sociales, tensiones que a menudo no se generan solamente entre los países de origen y los de destino, sino también entre los países de origen y los países de tránsito de los inmigrantes. Este desafío requiere respuestas prácticas por parte de la UE que estén orientadas a abordar, no solo la cooperación para el desarrollo, sino también la política exterior, mediante la aplicación de medidas preventivas, tanto a nivel regional y como a nivel mundial, medidas que hagan uso de todos los instrumentos de política exterior a nuestra disposición y que se centren en la seguridad, la cooperación regional, los acuerdos bilaterales con los países de origen y de tránsito, la protección de los derechos humanos y la democratización. Habida cuenta de que estoy firmemente convencido de que es importante que la UE intervenga directamente sobre las causas de la inestabilidad, en parte mejorando la utilización de los instrumentos disponibles, no tengo más remedio que votar a favor de la propuesta.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Los flujos migratorios provocados por la inestabilidad constituyen un reto para la Unión Europea. Guerras y conflictos armados, tensiones étnicas, violaciones sistemáticas de los derechos humanos —como la imposibilidad de practicar la propia religión—, catástrofes naturales y la falta de estructuras económicas y democráticas eficaces son las principales causas de este tipo de flujos migratorios.

Este fenómeno resulta especialmente preocupante porque puede generar o exacerbar las tensiones, no solo entre los países de origen y los de destino, sino también entre los países de origen y los de tránsito. Para superar con éxito este desafío, la Unión Europea debe aplicar una política de prevención, usando los instrumentos de política exterior más adecuados para actuar directamente sobre las causas de la inestabilidad, de manera que la migración se convierta en una oportunidad, en vez de en una trágica necesidad.

Una política europea de regulación de los fenómenos migratorios debe conferir a la dimensión de la cooperación al desarrollo una visión más global y política que englobe la seguridad, la cooperación regional, los acuerdos bilaterales con los países de origen y de tránsito, la protección de los derechos humanos y la democratización.

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) La gestión de los flujos migratorios provocados por la inestabilidad política representa un reto fundamental para la Unión Europea. Guerras y conflictos armados, tensiones étnicas, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, catástrofes naturales y la falta de estructuras económicas y democráticas eficaces son las principales causas de estos flujos migratorios.

Creo que ahora es necesario aplicar una política de prevención, aprovechando los instrumentos más adecuados con el fin de actuar sobre las causas de la inestabilidad. La política exterior europea debería centrarse en las causas de la inestabilidad y los problemas estructurales de los países de origen. Considero que el presente texto representa un instrumento más para la UE, ya que se esboza una política coherente y eficaz con respecto al fenómeno de los flujos migratorios, haciendo que sus decisiones sigan el camino más adecuado a fin de recrear las condiciones de estabilidad política, económica y social.

  Oreste Rossi (EFD), por escrito. – (IT) Me opongo enérgicamente el informe en cuestión. El lema «unida en la diversidad» permite a todos ser dueños de su propio jardín y la Unión Europea no puede y no debe obligarnos a aceptar huéspedes no deseados. Negarnos a nosotros mismos el derecho de devolver a los migrantes ilegales a sus países de origen va en contra de todas las reglas del sentido común. Si la legalidad no se respeta, corremos el riesgo de recibir una invasión de millones de personas que huyen desesperadas. Las personas que sufren necesitan ayuda, pero en sus propios países, impidiendo el tráfico de seres humanos.

Rechazo firmemente las acusaciones de racismo europeo y de xenofobia, porque estoy cansado de ver a los inmigrantes ilegales tunecinos en huelga porque no reciben dinero para comprar cigarrillos, negándose a comer alimentos que contienen atún, porque huele a pescado y, una vez en Italia, exigiendo vivienda y trabajo (de forma gratuita, por supuesto), cuando tenemos a nuestros propios ciudadanos en situación de pobreza y desempleo.

Sería una pérdida de tiempo felicitar a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, la señora Ashton, ya que en realidad no ha tenido ni idea de cómo manejar la actual crisis del Magreb. La guinda del pastel, entretanto, es tener que considerar que las lesbianas, los gays, los bisexuales, transexuales y transgénero, son perseguidos y disfrutan de pocos derechos y merecen, por lo tanto, una atención especial.

  Nikolaos Salavrakos (EFD), por escrito. – (EL) He votado a favor del informe del señor Provera, porque considero que su informe adopta una actitud realista ante el problema y su propuesta de distribuir la carga de la inmigración es muy necesaria. La inmigración es un tema difícil de resolver; sin embargo, podemos controlarlo si adoptamos las medidas correctas. El problema no pueden echárselo al hombro principalmente Grecia, Italia y España. Desde enero, han entrado 23 000 inmigrantes a Italia. Tenemos que intentar, especialmente a la luz de los acontecimientos del Norte de África y el mundo árabe, encontrar una estrategia europea para abordar el problema de la inmigración, con el fin de no abandonar a los Estados miembros a su suerte y, al mismo tiempo, tenemos que cerciorarnos de que no se aprovechen de las pobres personas que se han visto obligadas a emigrar ni de los ciudadanos europeos que sufren esta carga.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. – (NL) La presente Resolución posee el mérito de poner en marcha el debate sobre la política migratoria de la Unión, aunque el texto podría haber sido más específico y su redacción podía haber sido más enérgica. En este momento, cuando la situación en el Norte de África está dando lugar a grandes corrientes migratorias, la UE se está quedando corta al no asumir una responsabilidad clara. Frontex no puede ser el único instrumento empleado para luchar contra la crisis de refugiados.

Europa también tiene que desarrollar urgentemente un plan de acción para la distribución de la carga con el fin de ayudar al reasentamiento de los refugiados de la región y ofrecer apoyo a las personas sin hogar. Me parece lamentable que, en las actuales circunstancias, la única opción posible sea, al parecer, la postergación de un acuerdo que determine la cooperación entre la UE y Libia. En estos acuerdos, la principal preocupación no debería residir en endurecer los controles fronterizos de la Unión, sino en vigilar la ratificación y el cumplimiento de la Convención de Ginebra. Espero que la presente Resolución constituya un primer paso hacia un enfoque más global de la cuestión de los refugiados, a fin de que las personas sean tratadas de forma más humana.

  Michèle Striffler (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe del señor Provera sobre «flujos migratorios provocados por la inestabilidad: ámbito de aplicación y papel de la política exterior de la UE». La coordinación entre la política exterior y la política de inmigración resulta esencial. Tenemos que centrarnos en las profundas causas de inestabilidad en ciertas regiones del mundo y gestionar eficazmente los flujos migratorios. La política de gestión de la migración debería, de hecho, combinarse eficazmente con la política europea de cooperación al desarrollo, y deberían tenerse en cuenta aspectos referentes a la seguridad, la cooperación regional en los países del Sur y los acuerdos de cooperación con los países de origen y de tránsito. Con respecto al papel protagonista de algunos terceros países en esta política, estoy convencida de que para la UE resulta absolutamente fundamental firmar acuerdos de cooperación con estos países a fin de combatir la inmigración ilegal. En este sentido, es necesario restaurar el acuerdo de cooperación entre Libia y la Unión Europea que, por el momento, se encuentra suspendido.

  Niki Tzavela (EFD), por escrito. – (EL) La recesión y la inestabilidad política imperante en varios países han contribuido a aumentar los flujos migratorios, y esto supone un reto para la UE. Las medidas propuestas en el este informe en particular ayudarán a resolver este problema, que aterroriza a los países de las fronteras de la UE directamente y al conjunto de la UE indirectamente. Una de estas medidas es el desarrollo de un sistema permanente de supervisión de las actividades de Frontex y de las operaciones vinculadas a la gestión de los flujos migratorios, que deben ser permanentes y estables. Por ese motivo he votado a favor del informe del señor Provera.

  Dominique Vlasto (PPE), por escrito. – (FR) Acojo con satisfacción la adopción de esta Resolución equilibrada que propone vías para responder a los desafíos de las presiones migratorias a las que se enfrenta Europa. Considero esencial que la política migratoria de la UE y su política de ayuda al desarrollo interactúen entre sí. Existen dramas humanos invisibles tras los fenómenos de la inmigración, y parte de la solución estriba en la política de ayuda a terceros países, que contribuirá a su desarrollo y estabilidad. Se trata de un tema que la Política Europea de Vecindad (PEV), también tiene que tener en cuenta. Considero que se necesita urgentemente una respuesta de toda la Unión Europea y pido a los Estados miembros y a la Comisión que movilicen las herramientas y los recursos necesarios. Esto se logrará mediante el fortalecimiento de los recursos y el papel de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (Frontex). También se logrará mediante la prestación de una asistencia adecuada para las regiones y ciudades de la costa mediterránea, que tendrán que hacer frente a la emergencia humanitaria que esta afluencia de inmigrantes va a crear, y que tendrán que velar por que se mantenga el orden y fomentar la integración de los inmigrantes legales. A mi juicio, la solidaridad europea debe entrar plenamente en juego entre Estados miembros y terceros países.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) He votado a favor del presente informe. Como destaca el informe, el flujo actual de inmigrantes está provocando grandes tensiones entre los países de origen, los países receptores y los países de tránsito, así como en el seno de los propios países receptores. Como medida preventiva, el señor Provera se propone llegar a la raíz de la migración y abordar la falta de estabilidad democrática y económica en los países receptores de la política exterior europea. El Parlamento Europeo ha elaborado varios informes en el ámbito de la política de desarrollo, solicitados por la Comisión y la baronesa Ashton en particular, con el objeto de incluir la situación de los derechos humanos en todas sus negociaciones, y solo para brindar apoyo y facilitar el comercio en este contexto. Quisiera aprovechar esta oportunidad para reiterar esta petición.

Informe: Elisabeth Jeggle (A7-0016/2011)

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – (LT) He votado a favor de la presente Resolución sobre el papel de las mujeres en la agricultura y las zonas rurales, porque las mujeres de la sociedad moderna asumen un papel multifuncional en el marco de sus propios lazos familiares y profesionales, y que precisamente esta diversidad de funciones también les permite contribuir significativamente al progreso y la innovación a todos los niveles sociales, así como al aumento de la calidad de vida, especialmente en el medio rural. Por desgracia, hay una disminución en el número de mujeres en las zonas rurales. Por lo tanto, con el fin de garantizar una situación estable para las poblaciones que trabajan en la agricultura, la política de desarrollo rural debería centrarse más en la creación de condiciones de vida y de trabajo innovadoras y sostenibles en las zonas rurales. Estoy de acuerdo con la opinión de la ponente de que deberíamos fomentar el espíritu de empresa y las iniciativas de las mujeres, en particular mediante la promoción de su acceso a la propiedad, las redes de empresarias, y la creación en el sector financiero de las condiciones necesarias para facilitar el acceso a la inversión y al crédito a las empresarias del medio rural, para que aumente su capacidad de acción en el mercado y puedan forjarse un apoyo económico estable. También es importante que se respalden los esfuerzos políticos encaminados a promover el papel de la mujer en la agricultura facilitando el ejercicio de una actividad empresarial agrícola. Se debe facilitar a las mujeres un mejor acceso a la tierra y al crédito para fomentar el establecimiento de las mujeres en las zonas rurales y como actores en el sector agrícola.

  Roberta Angelilli (PPE), por escrito. – (IT) Estoy encantada de conceder mi apoyo al informe de la señora Jeggle ya que centra la atención en el 42 % de las mujeres que viven en zonas rurales y que desempeñan una labor fundamental en su desarrollo, estabilización y modernización ideando nuevas formas de iniciativa empresarial. Gracias a su arduo trabajo, estas mujeres han demostrado que pueden contribuir a la evolución de los modos de vida y de producción tradicionales del campo, creando empresas capaces de ofrecer puestos de trabajo y que permitan conciliar los compromisos familiares con el trabajo.

Con el objetivo de garantizar condiciones de vida equivalentes en todas las regiones y de evitar el desarrollo unilateral de los centros urbanos, es necesario dotar al espacio rural de de la infraestructura informática más moderna, con un acceso adecuado a la banda ancha y el desarrollo de formas de empresa tales como el comercio electrónico, que permiten a las personas hacer negocios, independientemente de su distancia de los centros urbanos.

Además, también debemos mejorar la educación de las mujeres y facilitar el acceso al crédito con el fin de apoyar el espíritu empresarial femenino. Las políticas de protección social que se emprendan también deben tener en cuenta las condiciones de vida de las mujeres emigrantes que trabajan como temporeras en las empresas agrícolas, en particular con respecto a la necesidad de garantizar a estas mujeres un alojamiento adecuado, un seguro médico e instalaciones sanitarias adecuadas.

  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. – (RO) El respeto al principio de la igualdad de género es un requisito básico en el marco de la Estrategia Europa 2020 y debería ser promovido con el fin de aumentar el número de mujeres que participan en actividades económicas y sociales y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en el sector agrícola en particular. Considero importante destacar el papel desempeñado por las mujeres en las explotaciones y las zonas rurales. Esta es la razón por la que las políticas de ayuda deben reflejar el importante papel de la mujer, sus necesidades y su situación en el campo más de lo que lo han hecho hasta ahora. Animo a los Estados miembros a crear incentivos en el campo a fin de promover a las mujeres como productoras o empresarias y de respaldar su participación en el proceso político, incluso como representantes en el consejo de administración de las instituciones, con el objetivo de apoyar la igualdad de funciones entre mujeres y hombres.

He votado a favor del presente informe, que ayuda a combatir la exclusión social en las zonas rurales. El objetivo principal de las políticas de desarrollo rural consiste en garantizar la igualdad de derechos para hombres y mujeres y condiciones de vida equivalentes en todas las regiones con el propósito de evitar el desarrollo unilateral de las áreas urbanas densamente pobladas y evitar de ese modo un éxodo masivo de los pueblos.

  Liam Aylward (ALDE), por escrito. – (GA) Habida cuenta de que las mujeres constituyen el 42 % de las personas involucradas en el sector agrícola, resulta evidente que desempeñan un papel importante en las zonas rurales y las empresas agrícolas. Es preciso reconocer y apoyar a las mujeres y su contribución a la agricultura y la vida rural y, con este fin, apoyo este importante informe. Se ha de reconocer debidamente el papel de las mujeres en las políticas agrícolas de la UE en el futuro. Apoyo lo que expresa el informe sobre el excelente trabajo de las redes de mujeres en la dinamización de las comunidades rurales y en la promoción de la igualdad y la inclusión social en el campo. Tienen que conseguir más apoyo político a nivel local, nacional y europeo. En Irlanda, por ejemplo, el ICA es una organización importante e influyente en las zonas rurales que ha celebrado 100 años de existencia recientemente; cuenta con aproximadamente 11 000 miembros, y ha venido apoyando a las mujeres rurales desde hace mucho tiempo. Se debe proporcionar un apoyo adecuado a las organizaciones locales y deben ser tenidas en cuenta en las futuras políticas agrícolas de la UE.

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) Las mujeres están desempeñando un papel cada vez más importante en el sector agrícola y las zonas rurales. Durante los últimos años, el apoyo prestado a las mujeres para sus propios proyectos les ha permitido avanzar de manera significativa, lo que se ha traducido en un mayor desarrollo de la sociedad rural en su conjunto.

Las mujeres han estado contribuyendo al progreso de los modelos económicos tradicionales y los estilos de vida de las zonas rurales, contribuyendo también, al mismo tiempo, a la estabilización y la modernización de los modelos de negocio existentes y, por consiguiente, al desarrollo sostenible de las zonas rurales. También en las zonas rurales las mujeres aspiran a realizar sus propios proyectos de vida, asegurar su independencia económica y hacer frente a los desafíos familiares.

En este sentido, el presente informe, que he votado favorablemente, aboga por tener más en cuenta la amplia gama de competencias profesionales, intereses y logros de las mujeres, para que los trabajos en el sector agrícola sigan siendo una opción atractiva para ellas. El objetivo principal de la política europea para el medio rural debería consistir en asegurar que hombres y mujeres puedan tener éxito y buenas perspectivas de vida en las zonas rurales.

  George Becali (NI), por escrito. – (RO) La situación de las mujeres en las zonas rurales es un problema muy real y actual para la Unión Europea. Sin embargo, es un asunto muy serio y urgente para algunos Estados miembros nuevos, como Rumanía, donde existe un porcentaje muy alto de zonas rurales con una tasa de empleo muy baja. Tenemos que adoptar un enfoque adecuado, uno que reciba el apoyo financiero futuro de la PAC, de manera que podamos lograr resultados a la hora de crear unas condiciones de vida que resulten atractivas para las mujeres y los hombres de este sector. Estoy de acuerdo con la idea expresada por la señora Jeggle sobre una red europea de mujeres del medio rural respaldada también por las medidas del segundo pilar de la PAC. También estoy de acuerdo con la idea de que una de las prioridades de la reforma de la PAC debería ser que las mujeres de las zonas rurales tengan acceso a servicios y ayudas, de acuerdo con las necesidades de cada Estado miembro.

  Sergio Berlato (PPE), por escrito. – (IT) El informe hoy en discusión resulta especialmente importante porque se centra en los principales puntos sobre los que trabajar con el fin de obtener una contribución efectiva de las mujeres en el desarrollo de las zonas rurales y con el objetivo, al mismo tiempo, de mejorar las perspectivas de empleo en el contexto de la nueva política agrícola común (PAC).

En mi opinión, el papel de la mujer en las empresas agrícolas y el medio rural representa un aspecto importante de las políticas de desarrollo territorial. De hecho, uno de los principales objetivos de la política europea en las zonas rurales es garantizar unas condiciones de vida equivalentes en todas las regiones a fin de que, incluso en el campo, hombres y mujeres tengan la oportunidad de aprovechar las oportunidades de realización.

Durante la fase de desarrollo actual de la PAC, el hecho de tener en cuenta las necesidades de las mujeres que viven en las zonas rurales cobra una importancia fundamental, al igual que la liberación de todo su potencial. Creo que, en una visión del mundo proyectada hacia futuro, será necesario redoblar esfuerzos para lograr el uso sostenible de las zonas rurales, que debe ser eficiente tanto en términos de energía como de calidad. Por otra parte, será preciso un mayor compromiso por parte de todos los involucrados en el proceso de reforma agrícola.

  Slavi Binev (NI), por escrito. – (BG) El objetivo de la política agrícola común es promover la alta calidad y el desarrollo sostenible de las zonas rurales. He votado a favor del texto porque considero que las mujeres desempeñan un papel sumamente importante en la sociedad moderna. Durante los últimos años, ha quedado claro que un gran porcentaje de los proyectos llevados a cabo en zonas agrícolas habría sido inconcebible sin la participación activa de las mujeres. Asimismo, considero que deben mejorarse las condiciones de vida en las zonas rurales. Esto puede conseguirse aumentando el acceso a infraestructuras, instalaciones y servicios para la vida cotidiana. Se debe ofrecer a las mujeres la oportunidad de equilibrar su vida laboral y familiar y las comunidades rurales tienen que preservarse. Las mujeres deben disponer de acceso a servicios de apoyo, instalaciones y estructuras. Su papel debe reforzarse también en el proceso de toma de decisiones.

  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) Teniendo en cuenta que el riesgo de exclusión social en las zonas rurales es mayor para las mujeres que para los hombres, y teniendo en cuenta la importancia de este tema, apoyo firmemente la presente Resolución, que llama la atención sobre el papel de la mujer en la agricultura y no solo exige que se conceda más importancia en los negocios y estrategias de desarrollo regional a las competencias profesionales agrícolas y no agrícolas de las mujeres, sino que también anima a crear incentivos a fin de promover su participación en el mercado, eliminando cualquier tipo de discriminación y mejorando la formación disponible y el acceso a cursos de postgrado y especialización.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor del presente informe, porque creo que el desarrollo regional se está convirtiendo en un tema de plena actualidad, habida cuenta de que las zonas rurales se están quedando cada vez más y más despobladas debido a los cambios sociales y los cambios en las estructuras sociales, a los valores y a una creciente tendencia hacia la individualización. Estoy completamente de acuerdo en que una de las medidas importantes que pueden cambiar esta tendencia emergente hacia la urbanización es la creación de unas condiciones de vida y trabajo adecuadas en las zonas rurales. La experiencia demuestra que la calidad de vida y el poder económico en las zonas rurales están estrechamente vinculados a las mujeres y al papel que desempeñan en la agricultura. Por lo tanto, resulta especialmente importante que las medidas propuestas en el informe permitan a las mujeres poner en práctica sus proyectos de vida, adquieran independencia económica y respondan a los desafíos familiares con el mismo éxito con el que se hace hoy en las zonas urbanas. Las medidas enumeradas en el informe incluyen la continuación y desarrollo de la formación y la prestación de asesoramiento para las mujeres con un enfoque rural específico, la continuidad del apoyo de la UE a la agricultura y a los negocios de las zonas rurales, el desarrollo de las infraestructuras más esenciales y de la infraestructura informática, así como la oportunidad para aprovecharse de una jubilación anticipada y muchas otras medidas.

  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) Quisiera felicitar a mi colega y ponente, la señora Jeggle, por el trabajo que ha llevado a cabo, que ha permitido que el Parlamento reconozca públicamente el papel multifuncional que desempeña la mujer en el sector agrícola. A pesar de que el 42 % de los alrededor de 27 millones de trabajadores del sector son mujeres y casi el 29 % de las empresas agrícolas son administradas por una mujer, el papel de la mujer aún no ha sido debidamente reconocido.

He votado a favor de este documento porque estoy de acuerdo con la necesidad de reconocer el singular papel que desempeñan las mujeres en la agricultura. Además, creo que tenemos una obligación de identificar las necesidades específicas de las mujeres en las zonas rurales y de garantizar que las estrategias futuras, empezando por la próxima reforma de la política agrícola común (PAC), respondan adecuadamente a estas exigencias. La Unión Europea no debe pasar por alto las aspiraciones profesionales, familiares y sociales de las mujeres que viven en zonas rurales. A fin de permitir que esto suceda, es conveniente, por tanto, que las instituciones europeas garanticen los servicios de apoyo necesarios y un paquete innovador que no esté orientado exclusivamente al mercado.

Por último, comparto las propuestas presentadas por la ponente, la señora Jeggle, sobre todo en cuanto a la necesidad de una mayor representación femenina en las organizaciones políticas, económicas y sociales del mundo agrícola.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Recibo con satisfacción la importancia que concede la Comisión al papel de la mujer en el desarrollo de las zonas rurales. El papel multifuncional de la mujer en los últimos años, tanto en términos económicos como sociales, es una realidad ante la que no deberíamos permanecer indiferentes. Esto se aplica especialmente a la agricultura, un sector al que las mujeres han contribuido de manera significativa durante los últimos años, sobre todo en lo que respecta a la diversificación de los negocios y la adaptación al mercado. Por lo tanto, y en consonancia con los objetivos de la política agrícola común de fomentar un uso más sostenible de las zonas rurales, se deben emprender acciones con el fin de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las mujeres en estas áreas. Para ello, se debe cuidar sobre todo de mantener y desarrollar las infraestructuras de apoyo necesarias, concediendo una especial importancia a la educación.

  Nessa Childers (S&D), por escrito. – Cualquier forma de cooperación del Parlamento Europeo que pretenda hoy apoyar y fortalecer la contribución de las mujeres al sector vital de la agricultura en Europa es bienvenida. El informe «Mujeres en la agricultura» ha sido respaldado por una importante mayoría de los diputados al Parlamento Europeo y es una medida oportuna. No muchas personas se dan cuenta que el 42 % de las personas que trabajan regularmente en el sector agrícola son mujeres. Acojo con satisfacción el presente informe.

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. – (RO) Teniendo en cuenta que el principio de igualdad de género es promovido por la legislación europea y constituye uno de los requisitos fundamentales de la Estrategia Europa 2020, considero conveniente incluir esta cuestión en la futura política agrícola común, incluso a través de la utilización de nuevos instrumentos que promuevan este principio. Considero que la política agrícola común futura debe ser una política justa, especialmente para las mujeres.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del presente informe, ya que argumenta que la promoción de la igualdad de género es un objetivo fundamental de la UE, y considera que este principio debería estar incluido en la política agrícola común (PAC). Resulta fundamental para facilitar el acceso de las mujeres a la agricultura y el crédito agrícola. El presente informe también contribuye a la promoción del crecimiento económico sostenible y el desarrollo rural.

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog y Åsa Westlund (S&D), por escrito. – (SV) Hemos votado a favor del informe sobre el papel de las mujeres en la agricultura y las zonas rurales, ya que lo consideramos fundamental para combatir la desigualdad en la sociedad. El informe también ilustra la importancia de la existencia de una infraestructura que funcione correctamente y del suministro básico de ciertos servicios, tales como la banda ancha y el cuidado de los niños, no solo en las ciudades, sino también en las zonas rurales. Sin embargo, nos gustaría hacer hincapié en que no creemos que la agricultura deba mantener el mismo porcentaje de presupuesto en el próximo marco financiero plurianual, sino que, en su lugar, el porcentaje total de la agricultura debería reducirse sustancialmente.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Si abogamos por un compromiso serio con el sector agrícola —como es mi caso— y la posibilidad de trabajar en el mundo rural constituye una verdadera opción de vida para las familias, resulta vital garantizar que cualquier persona que haga esta elección tenga acceso a condiciones similares a las de los que viven en las ciudades en términos de infraestructuras de apoyo a la salud, la educación y la familia.

El desarrollo y la cohesión social implican una armonía entre las zonas rurales y urbanas, sin que las primeras queden olvidadas o sin que sean sistemáticamente consideradas como menos atractivas. Este cambio de paradigma puede, por supuesto, implicar la participación activa de las mujeres en las comunidades agrícolas. No poseo una visión romántica ni bucólica de la «escapada al campo», sino todo lo contrario, sé que ese estilo de vida tiene un coste, y que muchas veces significa dejar atrás un fácil acceso a una infraestructura esencial para la vida moderna. Esta es la razón por la que valoro favorablemente las preocupaciones expresadas en este informe, porque permiten un compromiso con la promoción de una infraestructura de calidad que sirva de apoyo a las familias, la educación, la salud y el transporte, también en el mundo rural.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) La promoción de la igualdad entre los sexos es un objetivo fundamental de la UE y sus Estados miembros. Este principio debería incluirse en la política agrícola común (PAC) con el fin de promover el crecimiento económico sostenible y el desarrollo rural: las explotaciones agrícolas, el turismo rural, la comercialización directa y los servicios sociales son los pilares de la estructura de la oferta en las zonas rurales, y debería ser apoyada de forma sostenible a través de la PAC. La política agrícola común debería ser utilizada para promover estos servicios con el fin de proporcionar a las mujeres nuevas perspectivas y oportunidades de trabajo remunerado, y también de facilitar significativamente la conciliación de la vida familiar con la vida laboral. Es necesario tomar medidas contra el envejecimiento de la población en las zonas rurales, y en ese sentido se deben crear las condiciones necesarias para el asentamiento de la población, al igual que se debería enfatizar la importancia de las zonas rurales vibrantes y dinámicas con una población diversificada. En este contexto, quisiera subrayar la importancia de las oportunidades de desarrollo y de unos desafíos adecuados para las jóvenes. Es necesario apoyar y revitalizar el mundo rural como un espacio diversificado y amplio en el que vivir y hacer negocios, aprovechando, sobre todo, los conocimientos especializados y las competencias las mujeres.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La presente resolución se opone a la adopción del proyecto de Reglamento propuesto por la Comisión sobre «la autorización o la denegación de autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos relativas al desarrollo y la salud de los niños», ya que no es compatible con los objetivos y el contenido del Reglamento relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. El ácido docosahexaenoico (DHA) se encuentra en la leche materna, donde contribuye al desarrollo visual normal en niños de hasta 12 meses. En un contexto de falta de consenso científico claro sobre el efecto de las fórmulas enriquecidas de DHA en los niños en un entorno biológico que no sea el de la leche materna, ya sea lactante artificial u otros alimentos para bebés, creemos que debería adoptarse una actitud preventiva y de precaución.

Estamos preocupados por la aprobación del proyecto de Reglamento en cuestión, ya que no cumple con los requisitos del Reglamento (CE) nº 1924/2006, que establece, entre otras cosas, que «una declaración debe estar fundamentada científicamente mediante la toma en consideración de la totalidad de los datos científicos disponibles».

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Todas las políticas de la Unión Europea y los Estados miembros deben tener en cuenta la promoción de la igualdad de derechos de la mujer, así como la lucha contra la discriminación basada en el sexo. Por tanto, se impone la necesidad de otorgar una importancia especial a la situación de las mujeres en la agricultura y el mundo rural, cuyas vidas se están viendo afectadas por la profunda crisis en la que políticas actuales como la política agrícola común (PAC) y otras han sumido al mundo rural.

Las mujeres, que representan alrededor del 42 % de los 26,7 millones de personas que trabajan en la agricultura, resultan especialmente afectadas por el cierre de cientos de miles de explotaciones pequeñas y medianas, y por el proceso de destrucción de la agricultura familiar, provocado por las sucesivas reformas de la PAC. Al igual que en otras áreas de actividad, también son víctimas del desempleo, los empleos precarios, los salarios bajos y la pobreza, agravados por las políticas antisociales impuestas con el pretexto de la crisis.

En lugar de palabras vacías, es necesario, por tanto, romper con las políticas que han generado la situación actual. Es preciso valorizar papel de la mujer, sus derechos, la igualdad y los servicios públicos en las zonas rurales relacionados con la salud, la educación, la cultura y la oferta de ocio, la infraestructura social...

(Explicación de voto abreviada de acuerdo con el artículo 170 del Reglamento)

  Mathieu Grosch (PPE), por escrito. – (DE) El presente informe merece nuestro apoyo incondicional, puesto que llama la atención sobre el especial papel de la mujer en los negocios agrícolas y las zonas rurales, y al mismo tiempo ofrece soluciones para los retos actuales. Estas soluciones contribuirán a que la vida laboral y la situación diaria resulte más atractiva para las mujeres de las zonas rurales. Una de las líneas de esta solución consiste en facilitar un acceso asequible y fácil a los servicios de apoyo e instalaciones tales como guarderías, ambulatorios, etc., así como a las infraestructuras correspondientes. También propone utilizar fondos de la UE para mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales.

Otro elemento fundamental es un mayor acceso a las escuelas, una formación de alto nivel académico y profesional, y una mejora de las condiciones sociales de las mujeres en las zonas rurales. Esto no solo beneficiará a las mujeres de las zonas rurales, sino que también enriquecerá estas áreas, desarrollándolas de manera sostenible como un lugar integrado en el que vivir y trabajar.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) He votado a favor del presente documento, ya que es muy importante destacar el papel que desempeñan las mujeres en las explotaciones agrarias y en las zonas rurales, teniendo especialmente en cuenta su carácter multifuncional. Alcanzar unas condiciones de vida equivalentes en todas las regiones sigue siendo una tarea crucial para la política europea para el medio rural, con el fin de impedir el desarrollo unilateral de las zonas urbanas densamente pobladas, de tal modo que, incluso en las zonas rurales, mujeres y hombres puedan buscar asentarse y llevar una vida feliz. Para mantener a las mujeres de todas las generaciones en las zonas rurales o animarles a elegir este estilo de vida, es necesario atender a sus necesidades y circunstancias en mayor medida que hasta ahora en la política de ayudas. En una sociedad moderna, esto solo es posible mediante la utilización de infraestructuras y estructuras de suministro y servicios de apoyo, que han de ser asequibles y accesibles a nivel regional. Mantener una infraestructura de apoyo de estas características y ampliarla de forma favorable para la mujer debe ser una de las principales estrategias de ayuda europeas. En este sentido, ya a la hora de programar las medidas —como la construcción de guarderías, la creación de puestos de atención móviles o el desarrollo del transporte público— es necesario encontrar nuevos enfoques y hacer que participen en las decisiones mujeres de todas las generaciones. La educación y formación escolar, profesional y académica sigue siendo un componente importante de la calidad de vida y de trabajo en las zonas rurales.

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE), por escrito. – (FI) Las vidas de las mujeres en las zonas rurales han cambiado y se ha diversificado en el transcurso de los últimos 50 años. Se ha reducido el número de empleos tradicionales en estas áreas. Al mismo tiempo, nuevos estilos de vida han venido a ocupar su lugar. Estos estilos de vida muestran diferencias notables con respecto a la formación académica de las mujeres, su educación y situación en el mercado laboral. Estos cambios también deben reflejarse más en las políticas de ayuda de la Unión, con el fin de poder conciliar mejor la vida laboral y familiar de las mujeres del medio rural.

Durante los últimos años, las mujeres han utilizado su educación y competencias profesionales para promover el desarrollo de la economía rural tradicional. Empresas rurales innovadoras de todo tipo que se centran, por ejemplo, en el sector de los servicios y el turismo rural, han revivido de manera significativa la estructura económica rural. También debe respaldarse la creación y el desarrollo de empresas rurales innovadoras en el futuro.

Por último, quisiera señalar que la promoción de la igualdad de género constituye uno de los principales objetivos de la UE y los Estados miembros. La política agrícola común de la Unión debería incorporar el principio de promoción de la igualdad.

  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. – (DE) El presente informe representa un avance por parte del Parlamento Europeo hacia la mejora de las condiciones de vida y trabajo de las mujeres de las zonas rurales y la creación de oportunidades para su desarrollo. En el centro de las propuestas del informe se encuentra una mayor expansión de la infraestructura rural a fin de ofrecer a las mujeres nuevas perspectivas y oportunidades de empleo. La cuestión de la conciliación entre trabajo/familia es algo que también afecta a aquellos que integran el negocio agrícola. Al igual que la ponente, estoy convencida de que una campaña de apoyo activo a las zonas rurales es la única manera de evitar que las mujeres se trasladen a las ciudades. Esto también requiere guarderías en función de las necesidades y una infraestructura adaptada a las familias del sector agrícola, así como acceso a Internet y otras tecnologías de comunicación. Con el fin de poder llevar a cabo medidas importantes en las zonas rurales en el futuro, se requerirán recursos financieros suficientes para la agricultura y para el desarrollo de las zonas rurales. Estoy a favor del llamamiento que realiza el informe, que hace hincapié en la importancia de no recortar la parte agrícola del presupuesto de la UE como parte de las próximas conversaciones sobre el futuro marco financiero de la UE.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) He apoyado el informe elaborado por mi colega la señora Jeggle porque me ha parecido que contiene principios importantes a tener en cuenta y defender en el futuro. De un total de alrededor de 27 millones de personas empleadas regularmente en el sector de la agricultura en la UE, alrededor del 42 % son mujeres, mientras que, según las estadísticas oficiales, una empresa agrícola de cada cinco (alrededor del 29 %) está directamente gestionadas por una mujer. Les invito a tomar estas cifras en cuenta a la hora de evaluar la enorme contribución que realizan las mujeres de muchas comunidades locales al desarrollo, que a menudo viene acompañado de una participación desproporcionadamente baja en la toma de decisiones. Se trata de una barrera que debemos superar con una política de servicios que, a través de la nueva política agrícola común (PAC), facilitará los procesos de desarrollo y la actividad en el tejido rural de muchas zonas. Estoy pensando en particular en la formación, el asesoramiento y las iniciativas para la creación de empresas, que todavía podrían desarrollarse en el marco del segundo pilar de la PAC, y que representan el punto de inflexión para una mejora significativa de las condiciones de vida de las mujeres, así como de los hombres, en las zonas rurales. Considero que se trata de un requisito bastante estratégico, sobre todo cuando se trata de la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, con especial referencia a las iniciativas destinadas a estimular la innovación, la investigación y el desarrollo.

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), por escrito. – (PL) Hoy en Estrasburgo hemos votado el informe sobre el papel de las mujeres en la agricultura y las zonas rurales. Yo misma provengo de una zona rural, vivo en una zona rural y durante un tiempo he trabajado mucho en la granja de mis padres. Puedo afirmar con plena convicción que las mujeres en las zonas rurales no solo influyen en el desarrollo y la modernización de las explotaciones, sino que con frecuencia también influyen en la estimulación de la comunidad rural en su conjunto, gracias a su arduo trabajo y su determinación. Sus actividades en los clubes de amas de casa rurales, sus esfuerzos por preservar las tradiciones y costumbres familiares, así como su satisfactoria aplicación de nuevas soluciones en el ámbito de la gestión agrícola ponen de manifiesto que se trata de un grupo que debemos apoyar y promover y cuyo valor debe ponerse de relieve. Me gustaría dar las gracias a todas las mujeres de las zonas rurales, tanto en Polonia como en toda la Unión Europea, por su ardua labor y su contribución al desarrollo regional, y quisiera manifestar que he votado a favor del informe Jeggle. Gracias.

  David Martin (S&D), por escrito. – Recibo con satisfacción el reconocimiento que realiza el presente informe del importante papel que desempeñan las mujeres en la producción agrícola y la necesidad de adaptar ciertas políticas y condiciones en su favor. Sin embargo, no creo que esto deba utilizarse como justificación para asignar aún más dinero a la PAC.

  Barbara Matera (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor porque creo firmemente que es necesario reconocer el papel protagonista que desempeñan las mujeres en lugares donde su trabajo resulta fundamental para el rendimiento o la recuperación de esa economía local en particular, que contribuye al crecimiento general de nuestros países.

El papel de la mujer en el sector agrícola ha cambiado significativamente en las últimas décadas, adquiriendo una posición cada vez más multifuncional. Por esta razón, las Instituciones europeas deberían adoptar medidas destinadas a evitar el éxodo de las mujeres del campo, o en todo caso a favorecer el regreso de las mujeres a la vida rural. El apoyo a las mujeres y a sus proyectos contribuirá al progreso del desarrollo de las comunidades rurales en su conjunto.

Tenemos que ofrecer a las mujeres que trabajan en el sector agrícola la oportunidad de realizar sus propios proyectos de vida, siendo económicamente independientes y capaces hacer frente a los retos familiares. Los puestos de trabajo del sector deben seguir resultando atractivos para las mujeres, de manera que puedan desempeñar sus múltiples competencias profesionales. En este período de crisis financiera y económica, resulta fundamental crear unas condiciones de trabajo equivalentes en el campo y en las ciudades, con el fin de repoblar territorios que podrían servir de motor de recuperación económica en una región europea determinada.

  Véronique Mathieu (PPE), por escrito. – (FR) Todos los cambios radicales en las zonas rurales europeas representan desafíos en términos de población, empleo, servicios y medio ambiente. Es preciso que destaquemos el importante impacto de la presencia y participación de las mujeres en la calidad de vida y la economía rural. Las mujeres representarán un gran potencial para la UE cuando se esta se comprometa a desarrollar y mejorar la economía rural de Europa. La financiación de la UE puede, por lo tanto, ayudar a mejorar la calidad de vida y de trabajo en las zonas rurales, aumentando sus ingresos y mediante la escolarización, la formación profesional y académica y la formación complementaria.

El futuro del sector agrícola depende de su capacidad para diversificarse. El potencial de los servicios prestados por las empresas agrícolas, además de su propia producción de alimentos, depende de la creatividad de las personas involucradas y, de entre estas personas, las mujeres ya han contribuido en gran medida. Hay muchas oportunidades para la creación de servicios locales, y la mejor manera de garantizar el éxito de tales proyectos reside en hacer que las mujeres participen en ellos.

  Nuno Melo (PPE), por escrito – (PT) Habida cuenta de la importancia cada vez mayor de las mujeres en la agricultura y las zonas rurales, es necesario que la nueva política agrícola común (PAC) tenga esto en cuenta a fin de promover la igualdad entre géneros. Solo así tendremos éxito en la promoción de un crecimiento económico y un desarrollo rural sostenibles. Al igual que en las zonas urbanas, tenemos que crear buenas condiciones de vida en las zonas rurales para que las mujeres y sus familias tengan incentivos para permanecer allí.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) He votado a favor del informe sobre el papel de las mujeres en la agricultura y en las zonas rurales puesto que considero que su rol es crucial en este sector que emplea a 14,6 millones de personas (un 41 por ciento de mujeres). Aún siendo consciente de que el segundo pilar de la PAC proporciona ayudas a proyectos relacionados con las condiciones de vida de las mujeres en las áreas rurales, considero que es necesario analizar los proyectos en curso para identificar las buenas prácticas y contribuir a la mejora de la situación de la mujer, que se ve especialmente afectada por las consecuencias de la actual crisis estructural del sistema capitalista en el medio rural, especialmente si tenemos en cuenta los altos niveles de desempleo femenino, a lo que hay que sumar que muchas mujeres ni siquiera participan en el mercado de trabajo, por lo que no están registradas como desempleadas ni se incluyen en las estadísticas de desempleo. Asimismo considero que la protección social de las mujeres trabajadoras en el sector agrícola es indispensable para el desarrollo del medio rural, por lo que he apoyado este informe que va en este sentido.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – Como se ha manifestado, el informe pretende poner de relieve la necesidad de aplicar el principio de igualdad de género en la política agrícola común como forma de promover el crecimiento económico sostenible y el desarrollo rural. Por lo tanto, la UE tiene que reorientar sus estrategias de apoyo comunitarias con el fin de desarrollar las zonas rurales de una manera que resulte favorable a las mujeres. La promoción de la actitud emprendedora y de las habilidades de las mujeres en la agricultura, la mejora del acceso y formación específicas para las mujeres, dotar a los equipos de las zonas rurales de las infraestructuras informáticas más modernas, un mayor reconocimiento y apoyo a las redes de mujeres, el fomento de la calidad y la accesibilidad de las infraestructuras de instalaciones y servicios, prestaciones de seguridad social adecuadas para las mujeres que trabajen en la agricultura, la propiedad compartida de las explotaciones agrícolas y prestar una especial atención a las mujeres inmigrantes, se encuentran entre los puntos más importantes que los diferentes grupos políticos acordaron. Bien, ¿quién votaría en contra? ¡Qué poco específico y populista! Parece que la ponente ha demostrado su bondad para con las mujeres que trabajan en la agricultura. No se especifica nada sobre los niños ni la atención sanitaria. ¡Falta una atención sanitaria eficiente! La falta de atención sanitaria eficiente y de educación preescolar en las zonas rurales es precisamente lo que preocupa a las mujeres de Letonia, Estonia y Lituania. He votado «a favor»; sin embargo, el informe está sin pulir y es poco profesional.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) El papel de las mujeres sigue siendo un papel subordinado en el sector agrícola. Según el presente informe, tenemos que atender más a las necesidades de las mujeres, sobre todo en las zonas no urbanas. Deberían disponer de más oportunidades para mejorar su educación y formación, así como un mejor acceso al cuidado de los niños. Las mujeres agricultoras están contribuyendo cada vez más a la diversificación y adaptación de las empresas, contribuyendo a un aumento significativo de la multifuncionalidad del sector agrícola. Para poder mantener el atractivo de la agricultura como fuente de empleo y como estilo de vida, se debería ofrecer a las mujeres oportunidad de influir en las decisiones de comités y asociaciones. Asimismo, es fundamental asegurar la posición de las mujeres en la agricultura con el fin de ofrecerles un incentivo para permanecer en el sector. He votado a favor del presente informe, habida cuenta de que se debe detener el declive de la agricultura por todos los medios a nuestro alcance.

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor del informe Jeggle, que recibo con satisfacción como diputado al Parlamento Europeo elegido en Rumania, un país que posee un gran número de personas participando en actividades agrícolas. Sin embargo, me gustaría señalar que, en mi opinión, el informe debería haber sido más firme en lo que respecta a la cuestión de las condiciones de vida en el campo. Necesitamos contar con un Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural muy financiado para ser capaces de reducir las disparidades entre zonas rurales y las zonas urbanas. La inversión en la modernización de la infraestructura física básica debe seguir siendo un aspecto esencial de este fondo. Además, habrían resultado útiles algunas referencias adicionales al envejecimiento de la población rural y a la importancia de los programas destinados a la jubilación anticipada de los agricultores y la preparación de agricultores jóvenes.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) En muchos sentidos, las mujeres son la columna vertebral de nuestro sector agrícola. El papel de la mujer es cada vez más importante cuanto más tratamos de establecer las condiciones adecuadas para un sector agrícola sostenible, ecológicamente responsable, basado en pequeñas explotaciones. Por eso es importante que la sociedad conceda un mayor reconocimiento y respeto al trabajo de las mujeres en el sector agrícola. Además, se debe hacer más en el futuro por atender las necesidades específicas de las mujeres en el sector agrícola con el fin de atraer a las generaciones más jóvenes a la industria. Por eso he votado a favor del presente informe.

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), por escrito. – (PL) Hoy se ha adoptado una propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre el papel de las mujeres en la agricultura y las zonas rurales. Nuestra experiencia en las últimas décadas ha demostrado que la creciente participación de las mujeres y sus conocimientos, experiencia y profesionalidad constituyen un factor clave en el desarrollo de todas las ramas de la economía. Por esta y otras razones, considero que uno de los objetivos fundamentales de la política agrícola común debería ser que las zonas rurales sean más atractivas, prestando una atención especial a las necesidades y el papel de las mujeres. Deberíamos hacer todo lo posible por ayudar a las mujeres a lograr sus objetivos, y también a combinar una carrera profesional con la vida familiar. Para lograr esto, en las zonas rurales tenemos que garantizar un acceso a servicios, en el amplio sentido de la palabra, y a infraestructuras, así como oportunidades de formación y desarrollo personal. Es imprescindible que se adopten medidas para apoyar la iniciativa empresarial entre las mujeres y para combatir todas las manifestaciones de discriminación por motivos de género. También deberíamos centrarnos en asegurar un mayor apoyo político y financiero, por ejemplo, facilitando el acceso a la inversión y a los préstamos. Estoy seguro de que todas estas medidas servirán para garantizar que el potencial de las mujeres para el desarrollo de la agricultura, de comunidades locales y de regiones enteras, se aproveche aún mejor.

  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. – (LT) He votado a favor de la presente Resolución, cuyo objetivo es aumentar el papel de la mujer en el sector agrícola y mejorar su situación en las zonas rurales, proporcionar más garantías sociales y promocionar el empleo y el espíritu empresarial. Ante todo, debemos hacer todo lo posible por asegurar la creación de un sistema de protección social que funcione eficazmente, lo que permitiría la jubilación anticipada y la recepción de la paga por maternidad. Con el fin de crear un entorno favorable para promover el espíritu empresarial, todas las zonas rurales deben disponer de infraestructuras informáticas más modernas. El acceso adecuado a la banda ancha es uno de los principales factores que explican el crecimiento de las actividades de las pequeñas y medianas empresas en las zonas rurales. Por otra parte, debemos hacer todo lo posible por asegurar que las comunidades rurales se conservan y por que se creen oportunidades para conciliar vida familiar y laboral. En consecuencia, es necesario garantizar que las personas que viven en las zonas rurales reciben un alto nivel de asistencia sanitaria, educación, cuidado infantil y otros servicios destinados a satisfacer las necesidades diarias que podrían contribuir a crear condiciones de vida más favorables y reducir la exclusión social.

Los Estados miembros que utilicen el dinero de los Fondos Estructurales deben crear e implementar iniciativas que promuevan la participación de las mujeres en el mercado laboral, que reduzcan la desigualdad social y que aborden cuestiones relacionadas con las infraestructuras de transporte. Debe prestarse mayor atención a las organizaciones de agricultores, y se debería crear una red europea de mujeres del medio rural para que los programas de desarrollo en las zonas rurales se apliquen en su totalidad.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) La nueva política agrícola común (PAC) también tiene en cuenta las cuestiones sociales, tales como el papel de la mujer en las zonas rurales. El objetivo común es evitar que el desarrollo se produzca exclusivamente en los centros de población, evitando la discriminación por razón de sexo y/o procedencia geográfica de los ciudadanos que viven en el campo. Dado que estoy de acuerdo con estos principios, he votado a favor del informe, que subraya el importante papel que desempeñan las mujeres en las empresas agrícolas y en el medio rural, y llama la atención sobre la importancia de este papel para las políticas de desarrollo territorial. El informe destaca las áreas donde es necesario trabajar para ver a las mujeres integrarse mejor y hacer mejor uso de su potencial profesional, dando lugar a unas mejores perspectivas de vida a través de una mayor eficiencia energética y ecológica en las zonas rurales.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor del presente informe porque de estoy de acuerdo con la mayoría de las propuestas que presenta, en concreto con la promoción de la multifuncionalidad de las zonas rurales, que son zonas para vivir y hacer negocios en las que las comunidades deberían permanecer y dinamizarse. Es importante reconocer que las zonas rurales se ven especialmente afectadas por el envejecimiento de la población, la baja densidad de población y, en algunas áreas, la despoblación, por lo que la política agrícola común (PAC) debe estar orientada a responder a estos desafíos. Es un hecho que, históricamente, el trabajo de las mujeres en la agricultura ha sido sistemáticamente infravalorado y con frecuencia no remunerado o pagado a un precio inferior a un trabajo equivalente llevado a cabo por hombres. Por eso es importante que esto se tenga en cuenta como parte de este tema y que, sobre todo, se establezcan las mismas condiciones de trabajo por un trabajo igual. En cualquier caso, creo que la clave reside en que esta cuestión vaya perdiendo importancia con el tiempo, al asentar la igualdad de género en la actividad agrícola.

  Aldo Patriciello (PPE) , por escrito – (IT) Las mujeres son la columna vertebral del sector agrícola en las zonas rurales. Por lo tanto, es importante que nos centremos en el papel que desempeñan en los negocios agrícolas y en las zonas rurales. Con este objetivo, hay que tener en cuenta sus necesidades y hacer uso de su potencial, habida cuenta de que cuestiones como la calidad de vida y la capacidad económica están vinculadas, especialmente en las zonas rurales, a la presencia de las mujeres y su trabajo en muchos frentes. De este modo, las políticas europeas de ayuda deben esforzarse más que nunca por satisfacer sus necesidades y condiciones, con el fin de evitar un éxodo de todas las generaciones de mujeres del campo o, en todo caso, para animarles a regresar a la vida rural. En vista de ello, la ayuda de la UE puede contribuir a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales para las mujeres que administran un negocio o servicios de suministro, así como para los consumidores de bienes y servicios. Habida cuenta de que las mujeres desempeñan un papel vital en términos de desarrollo sostenible en las zonas rurales, voy a votar a favor, con el fin de garantizar un apoyo concreto para las mujeres de este sector.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – Las mujeres son muy importantes para el sector agrícola y el mundo rural y su presencia es cada vez más evidente. Por eso es importante destacar el papel que desempeñan las mujeres en las explotaciones agrarias y en las zonas rurales, teniendo especialmente en cuenta su carácter multifuncional. Para mantener a las mujeres de todas las generaciones en las zonas rurales o animarles a elegir este estilo de vida, es necesario atender a sus necesidades y circunstancias en mayor medida que hasta ahora en la política de ayudas. También en las zonas rurales, las mujeres aspiran a realizar sus propios proyectos de vida, lograr la independencia económica y hacer frente a los retos familiares.

La Comisión Europea debería aumentar las asignaciones presupuestarias del Fondo Social Europeo con el fin de destinar los recursos adecuados a las medidas para mejorar la educación y la formación orientadas a mejorar el acceso al mercado laboral y a luchar contra el desempleo, así como medidas y actividades en el marco de la Estrategia de Inclusión Social y la iniciativa insignia Estrategia Europa de 2020 sobre la lucha contra la pobreza y la exclusión social en favor de las personas desfavorecidas y vulnerables, especialmente las mujeres, incluidas las que se enfrentan a contratos precarios e inseguros. Los Estados miembros deben contribuir, en particular, a una clara mejora de la situación social de las mujeres en la agricultura en Europa.

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) ¿Qué pasaría si las mujeres agricultoras fueran el futuro de la política agrícola común? Aunque un poco polémica, esa declaración esta en gran parte bien fundada si tenemos en cuenta la importancia de las mujeres en la vida rural y en las granjas. Según las estadísticas, las mujeres agricultoras de la Unión Europea representan el 43 % de los trabajadores agrícolas y el 20 % de los administradores de fincas, y esto no incluye a las esposas de los agricultores de sexo masculino, cuya labor no se suele tener en cuenta.

En un momento en el que las granjas se están especializando, la naturaleza creativa de las mujeres supone una ventaja indiscutible que, en combinación con su mayor preocupación por la sostenibilidad del medio ambiente y la calidad, merece ser reconocida y apoyada a nivel europeo. Esa ha sido la decisión que ha tomado hoy el Parlamento Europeo que, al adoptar el informe de la señora Jeggle, ha destacado el importante papel que las mujeres desempeñarán en la futura mejora de las zonas rurales. Tal y como la ponente ha expresado de forma muy apropiada en su exposición de motivos: «Así, la experiencia demuestra que la calidad de vida y la capacidad económica están ligadas, principalmente en las zonas rurales, a la presencia de mujeres y sus múltiples formas de participación». Aquí tenemos una forma sencilla y moderna de repensar la profesión agrícola.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Las mujeres son la columna vertebral del sector agrícola y el mundo rural, y su presencia es cada vez más evidente. Por tanto, es importante destacar el papel que desempeñan las mujeres en las explotaciones agrarias y en las zonas rurales, teniendo especialmente en cuenta el carácter multifuncional de estos negocios. En este contexto, existen oportunidades en el apoyo concreto a las mujeres en la agricultura. Debe prestarse mayor atención a sus diversos intereses, logros y competencias profesionales, para que el trabajo en la agricultura siga siendo atractivo para las mujeres. Para ello se requiere la plena participación de las mujeres en los recursos del modelo de vida y económico agrícola. La participación de las agricultoras respecto de los derechos y obligaciones de las empresas debe ir en función de su corresponsabilidad empresarial. En este contexto se incluyen la representación en organismos agrícolas y la participación de las rentas de la explotación.

También la adecuada protección social de todas las mujeres que trabajan en la agricultura resulta indispensable para una agricultura moderna y sostenible. La experiencia disponible procedente de los sistemas de protección social en el sector agrícola de los Estados miembros europeos debe tenerse en cuenta y contribuir a medio plazo a una mejora significativa de la situación social de las mujeres en la agricultura europea.

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) El desarrollo sostenible de las zonas rurales se ha considerado siempre una prioridad en Europa, con el objeto de poder garantizar las mejores condiciones de vida posibles para los hombres y las mujeres que optan por trabajar en este sector.

En la actualidad, 26,7 millones de personas están empleadas en el sector agrícola en la Unión Europea. El cuarenta y dos por ciento de ellas son mujeres y al menos una empresa agrícola de cada cinco está dirigida por una mujer. De estas cifras se desprende una imagen de la realidad femenina rural radicalmente diferente a la de hace décadas, en la que las mujeres eran las protagonistas del cambio y tenían antecedentes sociales y económicos muy diversos entre los Estados miembros.

Respaldo el texto del presente informe, ya que llama la atención sobre la necesidad de planificar estrategias europeas de ayuda para las zonas rurales adaptadas específicamente a las mujeres, con el fin de trabajar para mejorar a medio plazo las condiciones sociales y de trabajo de las mujeres.

  Oreste Rossi (EFD), por escrito. – (IT) No tenemos otra opción que votar a favor del informe sobre el papel de las mujeres en la agricultura y las zonas rurales porque todavía creemos en el agricultor profesional que vive de los ingresos derivados de su propio negocio.

Dedicadas por lo general a la maternidad y a su habitual papel de apoyo a otros miembros de la familia, las mujeres se encuentran, sin duda, en desventaja, en un contexto agrícola. Las rutinas de la agricultura no están determinadas por un horario fijo, pero tienen que ajustarse a los requerimientos estacionales, a los períodos vegetativos y a la posible presencia de ganado. Hay períodos en los que las jornadas laborales tienen una duración de 12 a 13 horas, siete días a la semana, y otros que son más tranquilos. Es evidente que una agricultora, durante el embarazo, por ejemplo, no puede dejar de trabajar la tierra si es necesario, porque al hacerlo se privaría de los ingresos de todo el año.

Las necesidades de las mujeres agricultoras son, por lo tanto, diferentes a las de otras trabajadoras, y por eso resulta vital que se les garantice un apoyo adecuado y especializado, teniendo en cuenta el hecho de que las empresas agrícolas suelen estar alejadas de los servicios públicos, tales como el transporte público y la asistencia o la ayuda social.

  Nikolaos Salavrakos (EFD), por escrito. – (EL) He votado a favor de la presente propuesta de resolución porque considero que las mujeres desempeñan un papel muy importante y realizan una enorme contribución al desarrollo rural y agrícola. Apoyar a las mujeres y sus planes empresariales en el sector rural ayudará a toda la comunidad rural a avanzar considerablemente. En medio de una crisis económica y con un desempleo galopante, hay que ofrecer incentivos para mantener a las mujeres de todas las edades en el campo, para apoyar la iniciativa empresarial femenina y para invertir en su formación, con el fin de lograr el desarrollo y la innovación en el sector agrícola.

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), por escrito. – (RO) Quisiera comenzar agradeciendo a la señora Jeggle su excelente informe, que pone de relieve el papel tan importante que desempeñan las mujeres en la agricultura. Soy consciente de que a muchos de nosotros nos gustaría que las mujeres de todas las edades permanecieran en el campo, o creemos que tenemos que animarles a seguir ese estilo de vida con el fin de garantizar el futuro de las zonas rurales y la agricultura en Europa. Sin embargo, para facilitar este proceso, tenemos que mejorar el acceso de las mujeres a la educación y a la formación en el sector agrícola y permitirles tener un mejor acceso a los pagos directos. Por otro lado, debemos asegurarnos de que tengan acceso a pensiones dignas y a la seguridad social.

En Rumanía, por ejemplo, algunas mujeres que viven en las zonas rurales no tienen derecho a las pensiones de los agricultores y les resulta muy difícil iniciar un negocio en el sector agrícola. Por esta razón, resulta primordial que prestemos más atención a las mujeres que trabajan en explotaciones agrícolas familiares o de subsistencia y garantizar en ambos casos una vida digna y unas pensiones adecuadas.

  Joanna Senyszyn (S&D), por escrito. – (PL) He respaldado el informe sobre el papel de las mujeres en la agricultura y las zonas rurales. En particular, estoy a favor de soluciones destinadas a incrementar los niveles de empleo entre las mujeres en las zonas rurales. En Polonia hay más mujeres desempleadas que hombres, sobre todo en las zonas rurales. Un gran porcentaje de las personas sin ocupación en las zonas rurales está formado por mujeres menores de 34 años. En la mayoría de los casos se trata de mujeres educadas que no pueden encontrar un trabajo adecuado a sus cualificaciones. Esta es una tendencia especialmente peligrosa, ya que es a los jóvenes a quienes se les deben brindar mayores oportunidades para hacerse un hueco en el mercado laboral. A largo plazo, esto dará lugar a la feminización del desempleo en las zonas rurales y, por lo tanto, a mayores niveles de pobreza entre las mujeres jóvenes. Muchas de ellas deciden trasladarse a las ciudades en busca de trabajo, lo que a su vez conduce a un envejecimiento de la población rural, a una caída en la tasa de crecimiento natural y a un deterioro general de las condiciones de vida para los residentes de las zonas rurales.

En relación con esto, apoyo la propuesta de que debería establecerse una nueva disposición en el nuevo Reglamento del FEADER para fondos especiales destinados a apoyar a las mujeres en el próximo período de programación 2014-2020. Esto puede tener un efecto positivo sobre los niveles de empleo entre las mujeres en las zonas rurales. También estoy a favor de asegurar beneficios adecuados para las mujeres que viven en zonas rurales, en el marco de los sistemas de seguridad social. Estos beneficios deben tener en cuenta el hecho de que las mujeres poseen menos poder adquisitivo y que esto afecta sus derechos a pensión.

  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito. – (PL) Como resultado de la evolución social y demográfica, los cambiantes sistemas de valores y una gama más diversificada de elección, la estructura de las zonas rurales está cambiando. El papel de la mujer en las zonas rurales también está cambiando. Lo que hace falta para garantizar que las mujeres permanezcan en las zonas rurales, o para animarles a elegir un estilo de vida rural, es tener más en cuenta sus necesidades y asegurarse de que estas necesidades se reflejan en nuestra política de apoyo. Debemos asegurarnos de que las mujeres sean más visibles en las zonas rurales, en particular en los ámbitos económico y financiero, y debemos poner a su disposición instrumentos para lograr estas tareas.

Teniendo en cuenta el hecho de que todavía es la mujer la que cuida de los niños pequeños, las personas enfermas y los ancianos, renunciando a trabajar para hacerlo, deberíamos hacer lo posible para que puedan lograr un equilibrio entre la vida familiar y la vida profesional. Esto es posible por medio del desarrollo de infraestructuras, por ejemplo, mediante la construcción de guarderías y el desarrollo de las diversas opciones educativas y culturales. La clave para lograr estos objetivos será incluir a las mujeres de todas las generaciones en los procesos de toma de decisiones.

También resulta de suma importancia mejorar el acceso a los servicios médicos y a los programas de detección de cáncer para las mujeres. Además, todavía vale la pena apoyar y desarrollar el agroturismo como forma de actividad económica de bajo riesgo que fomenta la creación de empleo y la conciliación de la vida laboral y familiar, así como promover formas de empresa tales como el comercio electrónico, con las que es posible operar sin importar la distancia respecto a los grandes centros urbanos.

  Brian Simpson (S&D), por escrito. – El EPLP apoya el objetivo del informe de Elisabeth Jeggle «el papel de las mujeres en la agricultura y las zonas rurales» de poner de relieve los problemas específicos del sector a los que se enfrentan las mujeres que trabajan en la agricultura y muchas de las medidas propuestas para fortalecer su posición. El informe aborda las necesidades específicas de las mujeres que trabajan en la agricultura, proponiendo una serie de recomendaciones que tienen en cuenta tanto sus condiciones de vida como su papel y contribución al desarrollo de la economía rural. Sin embargo, el EPLP no está de acuerdo con el apartado 4, que se pronuncia en contra de reducir aún más el porcentaje del presupuesto total correspondiente a los gastos agrícolas. Nos gustaría ver una importante reordenación de las prioridades en el marco financiero plurianual a fin de financiar en su totalidad las prioridades de la Estrategia Europa 2020, que poseen el mayor impacto sobre el aumento de los niveles de empleo y crecimiento.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – He apoyado el presente informe, que destaca la importancia de la igualdad de género en la promoción del crecimiento económico sostenible y el desarrollo rural. Considero importante fomentar la representación de las mujeres en todos los órganos políticos, sociales y económicos del sector agrícola, a fin de garantizar que las mujeres participan en igualdad de condiciones.

  Marc Tarabella (S&D), por escrito. – (FR) Estoy satisfecho con la aprobación del informe de la señora Jeggle, a la que yo mismo he contribuido. De hecho, la política agrícola común posee un valor social en tanto en cuanto reconoce el papel fundamental que desempeñan las mujeres en la preservación de las perspectivas de futuro de la vida rural y la prosperidad de las zonas rurales (dado que el 41 % de los 14,6 millones de personas que trabajan en la agricultura en la UE son mujeres).

El objetivo, en particular, consiste en promover la actitud emprendedora y los conocimientos agrícolas de las mujeres, dotar a las zonas rurales de una infraestructura moderna que permita a las mujeres lograr un equilibrio entre vida laboral y familiar (a través de la creación de guarderías, por ejemplo), tener como meta una mayor representación de las mujeres en los órganos políticos, económicos y sociales en el sector agrícola (con la paridad absoluta como meta) y aplicar una adecuada cobertura social para las mujeres que trabajan en la agricultura, así como la propiedad compartida de las explotaciones. Si la verdadera igualdad es la equidad, en ese caso, lo que realmente importa es reconocer el papel de la mujer en la agricultura.

  Thomas Ulmer (PPE), por escrito. – (DE) He votado a favor del presente informe. Persiste la necesidad de una política de ayuda activa en las zonas rurales con el objetivo de ofrecer a las mujeres mejores perspectivas y mejores oportunidades de trabajo. Las mujeres agricultoras cualificadas necesitan una formación de amplio espectro y deben ser capaces de operar y pensar de forma empresarial. Esto requiere una infraestructura óptima en las zonas rurales en lo que respecta a educación, formación continua, escuelas y guarderías, así como un acceso sin restricciones a tecnologías modernas de la información. Además, deben ampliarse las redes de mujeres y el acceso de las mujeres empresarias a oportunidades de crédito e inversión.

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), por escrito. – (FR) He votado a favor del presente informe, que aboga por una mejora de la situación y del reconocimiento de las mujeres que trabajan en la agricultura y por la prestación continuada de asistencia rural.

El informe señala la necesidad crucial de garantizar la cobertura social para las mujeres cónyuges de agricultores que obtengan ingresos, al igual que para los trabajadores temporales e inmigrantes. Este paso debería resultar obvio, no solo para el trabajo agrícola, sino también en el contexto más amplio de todos los trabajos por cuenta propia, si queremos lograr verdaderos objetivos de igualdad de género en estas áreas en que las mujeres resultan especialmente maltratadas.

Por lo tanto, sí, la promoción de la igualdad de género también debe incorporarse a la política agrícola común y la Unión debe armonizar entre sí sus objetivos señalados y sus actos. Sin embargo, no me hago ninguna ilusión en cuanto a la coherencia global de los objetivos de la Unión y el uso de los fondos europeos, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos, de los que los derechos de la mujer forman parte integral.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) He votado a favor del informe de la señora Jeggle. El informe pone de manifiesto la enorme contribución realizada por las mujeres en los últimos años al desarrollo sostenible de las zonas rurales y a la diversificación y adaptación de la agricultura a los cambios del mercado. Sin embargo, si se quiere ofrecer a las mujeres perspectivas reales en el sector agrícola, la política agrícola común debe abarcar más aspectos orientados a la mujer, incluyendo (como se explica en el presente informe) la disposición de formas específicas de formación y asesoramiento, así como ayuda infraestructural.

  Artur Zasada (PPE), por escrito. – (PL) Quisiera felicitar a la señora Jeggle por un documento que realiza una contribución significativa al debate sobre la forma de la política agrícola común. Un factor clave que afecta al aumento del potencial económico de las zonas rurales es la participación de las mujeres: tanto en los órganos políticos como en las organizaciones agrarias y por medio del autoempleo. Una cuestión clave en lo que respecta a la creación de empleo es promover entre mujeres formas de empresa tales como el comercio electrónico, con las que es posible operar sin importar la distancia respecto a los grandes centros urbanos. También debemos aprovechar mejor las oportunidades que tienen como objetivo desarrollar la vida comunitaria en las zonas rurales mediante la elaboración e implementación de programas que sirvan de apoyo a los sistemas de formación para las organizaciones de mujeres.

Otro aspecto de importancia fundamental en lo que respecta a la igualdad de oportunidades es el apoyo a la puesta en marcha de guarderías adecuadas en las zonas rurales, dado que el cuidado de niños propicia que las mujeres vuelvan a trabajar con más rapidez y las hace más competitivas en el mercado laboral. Me gustaría dar las gracias a la señora Jeggle, una vez más, por aceptar mis propuestas mientras trabajaba en el informe. Se han incluido en el documento peticiones que formularon las mujeres durante las consultas públicas que organicé en la región de Ziemia Lubuska.

Informe: Marian-Jean Marinescu (A7-0054/2011)

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – (LT) He votado a favor de la presente Resolución sobre la eficiencia y eficacia de la financiación de la UE en el ámbito del desmantelamiento de centrales nucleares en los nuevos Estados miembros. Este es un documento muy importante para Lituania, Bulgaria y Eslovaquia, ya que están en proceso de clausura de centrales nucleares. Preocupa que los proyectos clave de gestión de las infraestructuras de residuos hayan sufrido retrasos en Lituania, lo que impide la absorción oportuna y eficiente de fondos de la UE. Cabe señalar que aún se requiere una financiación considerable para la clausura y que los fondos nacionales no resultan suficientes para cubrir esto: el Fondo estatal para la clausura de la central nuclear de Ignalina ha acumulado hasta el momento algo más de 100 millones de euros (cuando solo los costes técnicos de la clausura ya suponen entre 987 millones y 1 300 millones de euros). El Parlamento Europeo pide, por tanto, a los Estados miembros de la UE que adopten medidas apropiadas en este sentido. El desmantelamiento de las centrales nucleares es un proceso muy complicado. Los países no tienen experiencia suficiente para poder anticiparse a todo el trabajo necesario y llevarlo a cabo de manera eficiente. El Parlamento Europeo adopta esta resolución en el momento adecuado, alentando de ese modo a Lituania, Bulgaria, Eslovaquia y a todos los Estados miembros de la UE a que apliquen las operaciones de desmantelamiento de la manera más eficiente posible. Se trata de un trabajo muy importante al que el Parlamento Europeo seguirá prestando mucha atención.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de este importante documento. Cuando se adhirieron a la Unión Europea, Lituania, Eslovaquia y Bulgaria asumieron compromisos política y económicamente complejos para desmantelar las centrales nucleares y la Unión Europea se comprometió a destinar la ayuda financiera necesaria para las operaciones de desmantelamiento, la construcción de depósitos de residuos nucleares, el almacenamiento de dichos residuos y el desarrollo de proyectos energéticos. Considero que el concepto de solidaridad de la Unión Europea puede contribuir de manera efectiva a mitigar las consecuencias económicas negativas de un cierre anticipado del sector energético, pero quedan muchas cuestiones importantes por resolver. El tema de las adjudicaciones no está del todo claro, porque ahora se sabe que la actual financiación no resultará suficiente para llevar a cabo las operaciones de desmantelamiento de manera oportuna y adecuada. Corremos el riesgo de que el desmantelamiento de las centrales nucleares se retrase por falta de recursos financieros y esto puede representar una amenaza para el medio ambiente y la salud humana. Los planes detallados de clausura aún no están listos y, como consecuencia, no se dispone de información suficiente acerca de los horarios, los costes de los proyectos particulares y sus fuentes de financiación.

  Elena Băsescu (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor del informe del señor Marinescu porque, en mi opinión, la falta de fondos para las operaciones de desmantelamiento demorará el proceso de asistencia financiera para los tres Estados miembros en cuestión: Lituania, Eslovaquia y Bulgaria. Un retraso en este proceso supondría una amenaza para el medio ambiente y la salud humana. En las futuras evaluaciones llevadas a cabo por la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, se deben aclarar los siguientes aspectos: la asignación y utilización de los fondos de la UE para garantizar la clausura, el almacenamiento seguro de los residuos nucleares y la coordinación entre los tres programas existentes. En este sentido, debe aprovecharse de forma eficiente la experiencia acumulada y debe utilizarse el modelo basado en proyectos previamente preparados y financiados con el fin de lograr una reducción de los costes.

  George Becali (NI), por escrito. – (RO) He votado a favor del informe de nuestro colega sobre la prestación de la asistencia financiera solicitada por Lituania, Eslovaquia y Bulgaria para el cierre de las centrales nucleares. Salta a la vista que si no proporcionamos los recursos adecuados, podríamos enfrentarnos a consecuencias sumamente graves para el medio ambiente y la salud humana. Los recursos asignados deben, efectivamente, ser gestionados de manera adecuada y transparente. Es motivo de preocupación que no se disponga de un equipo de coordinadores y expertos de la UE para los tres proyectos que supervisen la elaboración de un plan y un calendario claro, así como el uso adecuado de los fondos ya asignados, y que decidan qué se necesita para completar el cierre en condiciones de seguridad.

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito – (FR) La palabra clave de este informe es «responsabilidad». La industria nuclear debe darse cuenta de que ya no puede eludir su responsabilidad con respecto al desmantelamiento de centrales nucleares, como ha hecho tantas veces en el pasado. Precisamente, lo que se comprometió a hacer en el momento de los distintos procesos de adhesión a la UE fue clausurar las centrales nucleares cuyas normas de seguridad se consideraran en general insuficientes. Por desgracia, las cantidades asignadas no se han utilizado correctamente. Ya es hora, pues, de que se extraigan todas las conclusiones necesarias de ello. Esta observación podría aplicarse a las centrales nucleares de los nuevos Estados miembros, pero sigue siendo relevante para todos los países de la UE que han optado por esta tecnología.

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. – (ES) La desgracia de Japón nos ha hecho reflexionar a todos sobre la seguridad nuclear. Las ayudas al cierre de las centrales de Lituania, Eslovaquia y Bulgaria que disponían de tecnología obsoleta contribuyen a atenuar las consecuencias del gasto excepcional que supone el cierre anticipado de las mismas para 2013. La ayuda va dirigida a la mejora medioambiental y la modernización de nuevos sistemas eléctricos y a la mejora de la seguridad del suministro. He apoyado esta iniciativa porque este debe ser también el futuro para otras centrales nucleares europeas con tecnologías obsoletas.

  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) Con este informe, el Parlamento hace bien en presionar a la Comisión a fin de asegurarse de que sigue de cerca y controla la forma en que Eslovaquia, Bulgaria y Lituania se han gastado y se gastarán las considerables cantidades de financiación de las que se han beneficiado en el marco del programa de desmantelamiento de la era soviética para que las centrales nucleares sean seguras. El catastrófico accidente de Japón hace unas semanas ha dejado claro a los que no se habían dado cuenta ya, que no se juega con la energía nuclear: siempre que algo tenga que ver con el átomo, los criterios de seguridad deben aplicarse con el máximo rigor, y la Comisión debe asumir, por tanto, la responsabilidad de vigilar el progreso de los programas de desmantelamiento de las viejas centrales de los tres países excomunistas.

  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe del señor Marinescu, que llama la atención sobre un problema de gran actualidad. A la luz de lo ocurrido en Japón, ahora surgen preguntas en cuanto a la seguridad de las centrales nucleares existentes y en funcionamiento en Europa.

El compromiso contraído por Lituania, Bulgaria y Eslovaquia durante las negociaciones de adhesión a la UE de desmantelar los antiguos reactores nucleares cuya adaptación a las normas mínimas de seguridad requeridas haya demostrado ser imposible, debe ser un compromiso sostenido y coherente, frente al cual la Unión Europea desde hace algún tiempo ha establecido y proporcionado paquetes de apoyo y financiación. Espero que los trabajos de desmantelamiento se lleven a cabo con prontitud y de manera que se garantice la máxima seguridad de los ciudadanos y el medio ambiente. También espero que sean capaces de recuperar los retrasos acumulados y que terminen el trabajo en el período de tiempo acordado.

Por último, quisiera destacar, más allá de los casos específicos, la necesidad de vigilar qué controles se están llevando a cabo en otros reactores de Europa, responsabilizando a las instituciones de velar por la seguridad no solo de las plantas existentes, sino también de la nuevas en caso de que fuera necesario que se construyeran más en el futuro.

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), por escrito. – (RO) El cumplimiento de las normas de seguridad nuclear y la protección de la población contra los riesgos nucleares son aspectos especialmente importantes que justifican la financiación concedida por la Unión Europea a los tres Estados miembros para el desmantelamiento de sus centrales nucleares, que ya no pueden modernizarse para adecuarse a las normas de seguridad más exigentes. Sin embargo, apoyo plenamente el punto de vista expresado en esta Resolución, porque considero que tenemos que controlar la forma en que se gastan estos fondos con el fin de asegurar que realizan una contribución eficaz a la hora de garantizar la seguridad del proceso de desmantelamiento. Desafortunadamente, las estrategias han resultado poco claras, lo que también se ha traducido en una falta de límites máximos para la financiación de la Unión Europea destinada a actividades de clausura. En el futuro debe evitarse semejante forma de trabajar, siendo necesario un plan integral diseñado para cubrir todas las acciones que vayan a poder recibir financiación. Resulta vital demostrar transparencia en la forma en que se gasta este dinero, a fin de garantizar la eficacia de la financiación y, en última instancia, asegurar que el dinero de los contribuyentes europeos se está gastando de manera responsable.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Es imperativo el desmantelamiento de los reactores nucleares de Eslovaquia, Bulgaria y Lituania, porque no pueden cumplir con las normas mínimas de seguridad exigidas con un coste económico aceptable. Esto no será posible sin una ayuda financiera comunitaria para poder hacer frente a las consecuencias de su clausura y desmantelamiento, lo que abarcaría, naturalmente, medidas para la mejora medioambiental, en consonancia con el acervo comunitario, y medidas de modernización de la capacidad de producción de electricidad convencional con objeto de compensar la capacidad de producción, etc. La ayuda financiera de la Unión Europea ha sido puesta a disposición en forma de contribuciones a los tres Fondos Internacionales para el Apoyo a la Clausura administrados por el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. – (RO) La Unión Europea está preocupada por las posibles consecuencias en materia de seguridad que puedan derivarse del desmantelamiento de las viejas centrales nucleares en los nuevos Estados miembros y el posible manejo inadecuado de los residuos radiactivos que generan. Las operaciones involucradas generalmente son exorbitantes. Por eso resulta vital que los recursos financieros asignados por la UE se gestionen de forma tan adecuada y transparente como sea posible, al igual que resulta vital una supervisión externa adecuada a fin de garantizar una competencia leal en el mercado de la energía. Al mismo tiempo, la Unión debe promover constantemente el desarrollo de recursos de energía alternativa bajos en emisiones y competitivos, con el fin de remediar las adversas consecuencias económicas y sociales derivadas del proceso de desmantelamiento de las viejas centrales nucleares.

  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) Desde 2007, se han clausurado tres plantas de energía nuclear en Lituania, Eslovaquia y Bulgaria con un importante apoyo financiero de la UE. A la luz de los retrasos y la mala administración general, el Parlamento Europeo pide a la Comisión que cree un equipo de coordinación para supervisar la planificación y programación, revisar el uso de los fondos asignados hasta la fecha y decidir si la ayuda comunitaria seguirá siendo necesaria después de 2013. El Parlamento también ha exigido que el Tribunal de Cuentas Europeo elabore un informe especial sobre estos tres programas de desmantelamiento al final del año, con el fin de establecer si el dinero gastado ha contribuido realmente a mejorar la seguridad. Frente a las restricciones presupuestarias que afectan a todos los países, el Parlamento solo acordará ampliar su ayuda si los fondos de la UE han servido realmente para mejorar la seguridad del suministro energético, modernizar la infraestructura y desarrollar proyectos de energía sostenible. Tras la catástrofe nuclear de Japón, la UE es consciente de la magnitud de su responsabilidad y de que no puede permitirse el lujo de descuidar la seguridad de sus instalaciones nucleares.

  Robert Dušek (S&D), por escrito. – (CS) El informe sobre la eficacia de la financiación de la UE en el ámbito del desmantelamiento de centrales nucleares en los nuevos Estados miembros presenta un resumen de los fondos de la UE destinados a la desconexión y desmantelamiento de las centrales nucleares de Ignalina, en Lituania, Bohunice en Eslovaquia y Kozloduy en Bulgaria. En el marco de las negociaciones de adhesión de la UE, Lituania, Eslovaquia y Bulgaria se comprometieron a cerrar y desmantelar estas centrales nucleares que, según las negociaciones del G-7, no podían modernizarse con un coste económicamente aceptable, y en las que era imposible garantizar las normas mínimas de seguridad. La UE se comprometió a financiar el cierre y desmantelamiento, y está haciendo entrega de la dotación financiera. Valoro favorablemente que la UE sea capaz de apoyar tales actividades. El desmantelamiento de las centrales nucleares viejas y peligrosas de la UE resulta fundamental para preservar la vida y la salud de los ciudadanos europeos.

Espero que las centrales nucleares más viejas de Francia también se cierren y desmantelen de manera similar. Alemania decidió dar un paso similar inmediatamente después del desastre en Japón. Voy a votar a favor de la aprobación del informe, ya que resulta necesario para completar el proceso de cierre y desmantelamiento de las plantas de Ignalina, Bohunice y Kozloduy, con la financiación adecuada de la UE.

  Edite Estrela (S&D), por escrito – (PT) He votado a favor del informe sobre la financiación de la UE en el ámbito del desmantelamiento de centrales nucleares en los nuevos Estados miembros. Considero que la UE debería apoyar el cierre de estas instalaciones y la inversión en proyectos de energías alternativas, con el fin de garantizar la seguridad y proteger la salud de los ciudadanos europeos, reducir la dependencia energética y minimizar los posibles costes sociales.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Antes de su adhesión, las normas relativas a la energía nuclear y los residuos radiactivos vigentes en los países de la Europa Central y Oriental eran menos estrictas que las normas que se aplicaban en la Unión Europea en aquel momento. Además, algunos de estos países mantenían en funcionamiento reactores antiguos, de fabricación soviética, que no pudieron ser adaptados a las normas mínimas de seguridad exigidas con un coste económico aceptable. Por esta razón, en su adhesión, Lituania, Eslovaquia y Bulgaria se comprometieron a desmantelar los reactores que se consideraba que no cumplían las normas. Para esto fue necesaria la intervención y la ayuda financiera de la UE, que debe continuar hasta el año 2013. Tras los trágicos acontecimientos en Japón, considero urgente la finalización de todos los programas para el cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares en Europa Central y Oriental, cuyas operaciones no cumplen las normas de seguridad europeas.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Lituania, Eslovaquia y Bulgaria han cumplido con sus compromisos de cerrar oportunamente las respectivas unidades en las tres centrales nucleares: la unidad 1 de la central nuclear de Ignalina se cerró el 31 de diciembre de 2004 y la unidad 2, el 31 de diciembre de 2009; la unidad 1 de la central nuclear de Bohunice V1 se cerró el 31 diciembre 2006 y la unidad 2, el 31 diciembre 2008; las unidades 1 y 2 de la central nuclear de Kozloduy se cerraron el 31 diciembre 2002 y las unidades 3 y 4, el 31 diciembre 2006. Hay una justificación legal para la concesión de asistencia financiera, los importes son establecidos anualmente por decisión de la Comisión sobre la base de documentos individuales anuales de programación combinada, lo que permite controlar el desarrollo y la financiación de los proyectos aprobados. El objetivo de la ayuda comunitaria es apoyar a estos tres Estados miembros para hacer frente a la carga financiera y económica causada por unas tempranas fechas fijas de cierre y cubrir el coste de numerosas actividades importantes de clausura, invertir en proyectos de energía con vistas a reducir la dependencia energética y contribuir a atenuar el impacto social de la clausura de las centrales de energía.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Sabemos que la edad media de los reactores en funcionamiento en las centrales nucleares en casi la mitad de los Estados miembros de la Unión Europea es relativamente elevada, lo que ha generado la necesidad de dar de baja algunos de estos reactores por razones de seguridad y de defensa y protección de la salud pública y el medio ambiente.

En el caso de los nuevos Estados miembros, frente a la exigencia de desmantelar un serie de unidades, nos parece correcto que puedan contar con el apoyo de la UE para completar, de forma adecuada y segura los procesos de desmantelamiento.

Estos procesos deberían incluir un mantenimiento necesario y vigilancia tras el cierre, tratamiento de residuos, almacenamiento de residuos y del combustible gastado y descontaminación, la mejora medioambiental de las instalaciones y ayuda para la sustitución de la capacidad de producción de las plantas cerradas, prestando especial atención a la sostenibilidad medioambiental y a la eficiencia energética.

Por último, cabe señalar que también deben tenerse en cuenta las consecuencias sociales de estos procesos, garantizando —además de todas las condiciones de seguridad, antes, durante y después del desmantelamiento— la protección de los empleos de los trabajadores y otros derechos.

  Ian Hudghton (Verts/ALE), por escrito. – En el apartado 7 del informe Marinescu se señala sobre el desmantelamiento de algunas estaciones de energía nuclear en Lituania, Eslovaquia y Bulgaria que «debería concederse la mayor prioridad a la clausura de las centrales nucleares implicadas, en aras de la salud y la seguridad de toda la población europea». Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, pero iría más lejos: un abandono completo de la energía nuclear en todos los Estados miembros redundaría en interés de la seguridad y la salud de nuestros ciudadanos.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) Como ustedes saben, Lituania, Eslovaquia y Bulgaria operaban viejos reactores nucleares de diseño soviético sobre los que la comunidad internacional llegó a la conclusión de que no podían ser modernizados con un coste económico aceptable para cumplir las normas mínimas de seguridad exigidas. En reconocimiento del hecho de que dicho cierre anticipado representaba una carga financiera excepcional y como acto de solidaridad, la Unión Europea se comprometió a proporcionar una ayuda financiera adicional adecuada para la clausura de esos reactores hasta finales de 2013. Sin embargo, existe preocupación porque los proyectos clave de gestión de las infraestructuras de residuos (proyecto para el almacenamiento de combustible gastado y residuos) han experimentado importantes retrasos. El margen disponible en el sistema está casi agotado y los retrasos pueden comenzar a incidir en la fase crítica de todo el plan de clausura, con un incremento proporcional de los costes. La Comisión debería informar sobre los resultados de la reevaluación de los plazos del proyecto. Una gran parte de los fondos se ha destinado a proyectos energéticos, pero todavía se necesita una financiación considerable para la clausura y los fondos nacionales no son suficientes para cubrirla: el Fondo estatal para la clausura de la central nuclear de Ignalina no ha logrado acumular los fondos suficientes. Los costes técnicos de la clausura ya suponen entre 987 millones y 1 300 millones de euros. Los Estados miembros de la UE deben adoptar medidas oportunas a este respecto. Por otra parte, en cuanto a la seguridad nuclear se refiere, debemos discutir las nuevas plantas de energía nuclear con reactores nucleares que se proyectan en las fronteras de la UE, en Rusia y Belarús. Esto puede representar un nuevo reto para la UE que en el futuro podría suponer una amenaza real para la salud de nuestros ciudadanos y nuestro medio ambiente.

  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito – (DE) Los reactores nucleares en Lituania, Eslovaquia y Bulgaria no pueden ser modernizados a un coste económicamente viable para cumplir las normas mínimas de seguridad exigidas. Como parte de sus negociaciones de adhesión, estos tres países se han comprometido a cerrar y desmantelar los reactores nucleares dentro de un calendario acordado. Con el fin de impulsar un cierre eficiente, necesitamos un marco financiero claro y controles para el uso correcto de los fondos recibidos. Apoyo el informe del señor Marinescu, porque la seguridad de los ciudadanos de Europa debe ser nuestra principal prioridad.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) El tema de la eficiencia y eficacia de la financiación de la UE en el ámbito del desmantelamiento de centrales nucleares en los nuevos Estados miembros ahora resulta más relevante más que nunca. Los acontecimientos recientes en Japón han hecho que las preocupaciones en materia de seguridad sean más apremiantes que nunca. El informe del señor Marinescu examina, más específicamente, el suministro de recursos financieros suficientes a fin de garantizar el desmantelamiento de centrales nucleares en Lituania, Eslovaquia y Bulgaria. De hecho, en el momento de su ingreso en la familia europea, los Estados asumieron la responsabilidad por el desmantelamiento de las centrales nucleares en sus territorios. La UE se compromete a proporcionar un apoyo financiero suficiente para cumplir con estas obligaciones. De hecho, considero que la Unión Europea debe proponer una acción decisiva sobre ciertos temas especialmente importantes para los ciudadanos, incluido el de la seguridad de las centrales nucleares.

  Agnès Le Brun (PPE), por escrito. – (FR) Cuando Lituania, Eslovaquia y Bulgaria se adhirieron a la Unión Europea, se elaboró un plan de cierre y desmantelamiento para una serie de viejas centrales nucleares que no cumplen las normas europeas. Gracias a una liberación de asignaciones muy importante, que ascenderá a un total de 2 848 millones a finales de 2013, ha sido posible cerrar todas las plantas y asegurar una conversión parcial a otras fuentes de energía en esos Estados miembros. Sin embargo, varios de los compromisos contraídos parecen no haberse respetado, y uno tiene derecho a preguntarse sobre el uso de los fondos asignados. Por eso he votado a favor de la presente Resolución del Parlamento Europeo. Tras constatar que el avance del desmantelamiento ha sido prácticamente nulo, a pesar de ser la principal razón del programa, la Resolución pide a la Comisión que aplique esta ayuda de manera más eficaz mediante la elaboración de un informe anual de seguimiento, por ejemplo. Con este propósito, la Comisión podría basarse en la auditoría que actualmente está llevando a cabo el Tribunal de Cuentas Europeo. También debería reunir a un equipo de coordinadores y expertos para cubrir los tres proyectos, algo que, curiosamente, todavía no se ha hecho.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor del presente este informe que trata el tema de los tres países, Lituania, Eslovaquia y Bulgaria, que operaban viejos reactores nucleares de diseño soviético sobre los que la comunidad internacional, en consonancia con el programa de acción multilateral del G-7 aprobado en la cumbre del G-7 de Munich en 1992, llegó a la conclusión de que no podían ser modernizados con un coste económico aceptable para cumplir las normas mínimas de seguridad exigidas. En el contexto de las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea, los tres países se comprometieron a cerrar y, posteriormente, a clausurar esos reactores nucleares en fechas fijas. En reconocimiento del hecho de que dicho cierre anticipado representaba una carga financiera excepcional y como acto de solidaridad, la Unión Europea se comprometió a proporcionar una ayuda financiera adicional adecuada para la clausura de esos reactores hasta finales de 2013.

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El presente informe trata sobre la financiación de la UE en el ámbito del desmantelamiento de centrales nucleares en los nuevos Estados miembros. Estas plantas representan un peligro para la salud pública y para el ecosistema, no solo en su país de origen, sino también en toda Europa y el resto del planeta. Con respecto al tema objeto del informe, he votado a favor de contribuir a la clausura de estas instalaciones antiguas. Sin embargo, creo que la política nuclear debe ir más allá. Habida cuenta de los graves riesgos relacionados con la energía nuclear, que vienen siendo de sobra conocidos desde hace mucho tiempo, y el desastre nuclear que se está viviendo en Japón, hago un llamamiento para la creación inmediata de un plan europeo con el objeto de abandonar este tipo de energía. También creo que la UE debe suspender de inmediato los fondos y la ayuda destinada a las nuevas plantas nucleares.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) El presente informe trata sobre el desmantelamiento de las centrales nucleares que se encuentran en situación de deterioro y representan un peligro inmediato para la salud de todos los ciudadanos de la UE. Solo pone parcialmente en duda el denominado componente «energético» de la asistencia financiera de la UE asignada a este programa de clausura.

Esta Cámara debe condenar claramente la financiación de nuevas plantas de energía nuclear. No lo está haciendo, y tampoco está exigiendo el abandono de la energía nuclear, a pesar de ser muy necesario. Con el desastre ocurrido en Fukushima hace solo unos días, esto demuestra una vergonzosa escasez de miras. Pido la aplicación inmediata de un plan europeo para la eliminación gradual la energía nuclear. He votado a favor, con especial referencia a la financiación del desmantelamiento de las centrales nucleares que figura en el presente informe.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La seguridad nuclear es una preocupación para todos en Europa. El reciente accidente en Japón ha puesto de relieve los riesgos inherentes a las centrales nucleares. Los Estados de Europa Oriental que aspiran a convertirse en parte de la UE cuentan con centrales nucleares de fabricación soviética que llevan muchos años en funcionamiento y están llegando al final de su vida útil. Habida cuenta del coste elevado que supone el desmantelamiento de estas estructuras, es natural que la UE ayude a estos países en sus esfuerzos de desmantelamiento, para que no se produzca ningún accidente nuclear en territorio europeo con consecuencias que, por desgracia, son bien conocidas por todos nosotros.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) He votado a favor de este informe sobre la eficiencia y eficacia de la financiación de la UE en el ámbito del desmantelamiento de centrales nucleares en los nuevos Estados miembros puesto que indica que debería concederse la mayor prioridad a la clausura de las centrales nucleares implicadas, en aras de la salud y la seguridad de toda la población europea y expresa su temor de que la falta de recursos financieros para las medidas de clausura retrase el desmantelamiento de las centrales nucleares y constituya una amenaza para el medio ambiente y la salud humana. El accidente de Fukushima evidencia que la energía nuclear no es controlable en caso de catástrofe, además de que su gestión no puede estar en manos privadas, por ello urge una moratoria para que no se construyan más centrales nucleares y el establecimiento de un calendario de cierre de las 143 centrales que existen hoy en Europa. La UE debe caminar hacia un futuro libre de centrales nucleares y basado en energías renovables.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – La Resolución evalúa los planes de desmantelamiento fuera de fecha de las centrales nucleares en tres países de la UE: Ignalina, en Lituania, Bohunice en Eslovaquia, Kozloduy en Bulgaria. La Resolución también hace un cálculo de los gastos y las demoras en la posible financiación de proyectos energéticos no relacionados con el desmantelamiento. «Posible financiación» está bien dicho. Es necesario definir de manera clara y específica cómo exactamente serán sustituidas estas poderosas fuentes de energía, dónde y cuándo construirán nuestros medios financieros las nuevas centrales eléctricas. He votado «a favor» porque entiendo el peligro de las centrales nucleares, pero ¿qué sentido tiene desmantelar Ignalina cuando todavía no se han construido otras centrales nucleares en la Unión Europea? ¿No será tal vez mejor llevar a cabo obras de reconstrucción?

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) La modernización de algunos reactores nucleares en Lituania, Eslovaquia y Bulgaria con objeto de asegurar que cumplen con los mínimos estándares de seguridad exigidos es imposible o conlleva un coste económico excesivo. Según los términos de las negociaciones de adhesión a la UE, se proporcionaron fondos a estos Estados de Europa Central y Oriental para ayudar al desmantelamiento de los reactores obsoletos. Se pagaron alrededor de 1 300 millones de euros a Lituania (Ignalina), Eslovaquia (Bohunice V1) y Bulgaria (Kozloduy) hasta el año 2009. La UE se ha comprometido a realizar pagos adicionales hasta finales de 2013. Durante la crisis del gas entre Rusia y Ucrania, Eslovaquia consideró la reactivación de la planta de Bohunice fuera de servicio con el fin de compensar el déficit de energía provocado por la falta de suministro de gas ruso. Japón nos ha demostrado con qué facilidad se puede perder el control de una central nuclear. Esto hace que el cierre de los reactores obsoletos resulte aún más importante, mientras, al mismo tiempo, se desarrollan fuentes de energía alternativas a fin de evitar una reactivación encubierta Por eso he votado a favor del informe.

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. – (RO) Es absolutamente indiscutible que, en interés de la seguridad y la salud de todos los ciudadanos europeos, la UE y los Estados miembros deben dar prioridad al desmantelamiento de las centrales nucleares pertinentes en los nuevos Estados miembros. Sin embargo, también se debería prestar la misma atención a la eliminación de los peligros del entorno inmediato de la Unión Europea. En este punto, quiero hacer hincapié en la necesidad urgente de identificar y movilizar los fondos necesarios para construir un nuevo sarcófago sobre el reactor de la central nuclear de Chernóbil que explotó en 1986.

  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. – (LT) Estoy de acuerdo con la presente Resolución sobre la eficiencia y eficacia de la financiación de la UE en el ámbito del desmantelamiento de las centrales nucleares de Lituania, Eslovaquia y Bulgaria. Sobre todo, debemos esforzarnos por garantizar que todas las operaciones de desmantelamiento se llevan a cabo dentro del plazo, al mismo tiempo que se aplican correctamente todas las medidas de seguridad necesarias y se elimina incluso el más mínimo de riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Si estamos comprometidos con el desmantelamiento de Ignalina y otras plantas de energía nuclear, todos los recursos financieros asignados a este proceso debe utilizarse según lo previsto con arreglo al principio de transparencia y eficiencia. Las autoridades nacionales deben finalizar con carácter urgente los planes detallados de clausura. Creo que los resultados de la auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas Europeo revelarán los objetivos de la utilización de los fondos y su eficacia. Debemos hacer todo lo posible por asegurar que las actividades de desmantelamiento y de gestión de los residuos de la clausura se hayan iniciado para 2013. Considero conveniente que la Comisión presente al Parlamento Europeo un plan de financiación detallado y que defina responsabilidades por el uso de la ayuda de la Unión Europea. Habida cuenta del hecho de que los fondos estatales para el desmantelamiento de las centrales nucleares no han acumulado una cantidad suficiente, sería conveniente que las estrategias y los planes elaborados incluyan nuevas acciones y prevean, en consecuencia, fondos adicionales de la UE.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del texto relativo a la financiación de la UE para el desmantelamiento de centrales de energía nuclear en Lituania, Eslovaquia y Bulgaria, ya que, a la luz de los recientes acontecimientos producidos tras el terremoto y la crisis nuclear de Japón, considero fundamental y crucial que la Unión Europea adopte una política de controles de seguridad en los reactores nucleares, lo que eliminará cualquier grado de riesgo. Había viejos reactores nucleares de diseño soviético activos en los territorios de los países en cuestión, y ha resultado técnicamente imposible modernizarlos a fin de poder cumplir con las normas internacionales de seguridad exigidas actualmente. La financiación concedida por la UE es coherente con la carga económica que soportan estos países para poder cerrar las centrales nucleares.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) Como parte de las negociaciones de adhesión a la UE, Lituania, Eslovaquia y Bulgaria negociaron una ayuda para el desmantelamiento de viejos reactores nucleares de diseño soviético que, en opinión de la comunidad internacional y en consonancia con la cumbre del G-7 de Munich en 1992, no podían ser modernizados con un coste económico aceptable para cumplir las normas mínimas de seguridad exigidas. En el contexto de las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea, los tres países se comprometieron a cerrar y, posteriormente, a clausurar esos reactores nucleares en fechas fijas. En reconocimiento del hecho de que dicho cierre anticipado representaba una carga financiera excepcional y como acto de solidaridad, la Unión Europea se comprometió a proporcionar una ayuda financiera adicional adecuada para la clausura de esos reactores hasta finales de 2013. El programa de ayuda ha sido objeto de auditorías y evaluaciones periódicas. El Tribunal de Cuentas Europeo lleva a cabo actualmente auditorías de gestión para los tres programas y se espera un informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo para el otoño de 2011. Ahora podemos concluir que se podrían haber creado sinergias entre los tres proyectos para que la acción de la UE fuera más eficiente y eficaz. He votado a favor del presente informe, del que quiero destacar la recomendación de la Comisión de armonizar las normas relativas a la financiación de la clausura de los reactores nucleares.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. – (IT) La propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre la eficiencia y eficacia de la financiación de la UE en el ámbito del desmantelamiento de centrales nucleares en los nuevos Estados miembros, en su forma presentada el 14 de marzo de 2011, tiene como objetivo determinar qué fases se han superado en el desmantelamiento de las centrales nucleares obsoletas de Lituania, Bulgaria y Eslovaquia, que se han beneficiado desde 1999 de la ayuda financiera de la UE para este proyecto. La seguridad del suministro energético constituye una de las prioridades fundamentales de la estrategia energética de la UE. Según las previsiones actuales, los retrasos experimentados por los programas hasta la fecha no impedirán el inicio de los procesos de desmantelamiento y de gestión de los residuos nucleares, ni afectarán a la obras llevadas a cabo por el personal de la estación de energía para 2013. Sin embargo, sigue preocupando gravemente que los planes de clausura aún estén por finalizar y el hecho de que se tendrá que hacer todo lo posible por mejorar la gestión de los recursos financieros, así como la coordinación entre las autoridades nacionales de los Estados miembros en cuestión. Por estas razones, voy a votar a favor de la propuesta de resolución.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Los tres países, Lituania, Eslovaquia y Bulgaria, operaban viejos reactores nucleares de diseño soviético sobre los que la comunidad internacional, en consonancia con el programa de acción multilateral del G-7 aprobado en la cumbre del G-7 de Munich en 1992, llegó a la conclusión de que no podían ser modernizados con un coste económico aceptable para cumplir las normas mínimas de seguridad exigidas. En el contexto de las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea, los tres países se comprometieron a cerrar y, posteriormente, a clausurar esos reactores nucleares en fechas fijas. En reconocimiento del hecho de que dicho cierre anticipado representaba una carga financiera excepcional y como acto de solidaridad, la Unión Europea se comprometió a proporcionar una ayuda financiera adicional adecuada para la clausura de esos reactores hasta finales de 2013.

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del presente informe porque considero de suma importancia que sigamos vigilando de cerca la fase de desmantelamiento de las centrales de energía nuclear en Lituania, Eslovaquia y Bulgaria, donde, en el momento de su adhesión en la Unión Europea, seguían en funcionamiento viejos reactores nucleares de diseño soviético que han resultado imposibles de modernizar a fin de cumplir las normas de seguridad más recientes con un coste sostenible.

Después de la reciente catástrofe en Japón, ya no es posible quedarse rezagado con estos procedimientos en aras de la seguridad de todos los ciudadanos de Europa y de otros lugares y, además, la carga financiera excepcional asociada con el proceso de desmantelamiento ya no se puede utilizar como excusa en un retraso potencial. Por esta razón, la Unión Europea se compromete a suministrar una asistencia financiera adecuada para desmantelar los reactores antes de finales de 2013. En interés de toda la Unión Europea, no podrá tolerarse ninguna demora más y deberá ser denunciada de inmediato en cualquier contexto considerado relevante.

  Oreste Rossi (EFD), por escrito. – (IT) Tras la catástrofe nuclear provocada por la central nuclear de Japón, que también ha guardado relación con una falta de adaptación a las normas de seguridad, podemos afirmar que hemos hecho una excelente elección al fijar, durante las negociaciones de adhesión, fechas para el cierre definitivo de tres viejas centrales nucleares de diseño soviético en Lituania, Eslovaquia y Bulgaria.

La fecha para el cierre definitivo y posterior fase de mantenimiento seguro se fijó en 2013, con un coste para la Unión Europea de casi tres millones de euros. Después de los retrasos y los aumentos de los costes vinculados a la seguridad de las tres plantas de energía, el informe invita a la Comisión a ejercer una mayor supervisión, a fin de establecer cuál es la situación y el plazo previsto para la finalización de las diferentes fases del proceso de desmantelamiento de acuerdo con el calendario original.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. – (NL) Lituania, Eslovaquia y Bulgaria contaban con centrales nucleares del periodo soviético que la comunidad internacional concluyó que no podían ser modernizadas a fin de cumplir con los requisitos mínimos de seguridad con un coste económico razonable. Las negociaciones de adhesión se utilizaron para que las tres centrales nucleares cerraran en una fecha determinada y fueran posteriormente desmanteladas. A tal fin, se destinaron 2 700 millones de euros en el transcurso del período 1999-2013. De esta cantidad, ya se habían asignado 1 800 millones de euros a finales de 2009. A pesar de ello, se han producido retrasos considerables en la ejecución de los programas de desmantelamiento. El Parlamento Europeo teme que estas demoras puedan dar lugar a riesgos para el medio ambiente y la salud humana. Estoy satisfecho con este informe, sobre todo porque esta Cámara ha respaldado mis enmiendas, que fueron presentadas en la Comisión de Control Presupuestario y pedían que los fondos y sus recursos sean administrados y utilizados con absoluta transparencia.

El Parlamento Europeo también ha aprobado mi propuesta de que la Comisión presente informes anuales al Parlamento y nos comunique si se confirman sus previsiones que estiman que los recursos asignados serán absorbidos durante los próximos tres años. El presente informe constituye la base para un seguimiento muy cercano de este proceso y eso es algo positivo desde una gran variedad de puntos de vista.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – He votado a favor del presente informe porque apoyo al desmantelamiento gradual de las centrales nucleares.

  Thomas Ulmer (PPE), por escrito. – (DE) He votado a favor del presente informe. El desmantelamiento de las plantas de Ignalina, Bohunice y Kozloduy se está demorando demasiado y se debería exigir un mayor compromiso a los operadores nacionales. También es urgente y necesario para todos los Estados miembros que se exijan unas normas comunes para el desmantelamiento de las plantas. Es preciso definir ámbitos de responsabilidad claros. En sus negociaciones de adhesión a la UE, los tres países, es decir, Lituania, Eslovaquia y Bulgaria, declararon su voluntad de eliminar de la red estas tres peligrosas centrales nucleares.

  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. – (LT) Los trágicos acontecimientos ocurridos el mes pasado en Japón y la preocupación por la seguridad de la central nuclear de Fukushima han generado muchos debates acerca de las centrales nucleares. Es muy importante que se produzcan estos debates; muchos lituanos recuerdan muy bien la tragedia de Chernóbil. El cierre de la central nuclear de Ignalina en Lituania fue una de las condiciones de adhesión a la UE, pero ha sido muy doloroso. La UE proporcionó a Lituania 837 millones de euros de ayuda para eliminar las consecuencias del cierre de la central nuclear durante el período 2007-2013. Sin embargo, recibir la financiación de la UE asignada para el cierre del reactor no es suficiente. El desmantelamiento seguro es un camino largo y la UE debe apoyar a Lituania en cada paso del camino. Esto debería incluir un apoyo integral: la gestión de residuos radiactivos y residuos peligrosos.

Tal y como manifiesta el ponente, es importante recibir un apoyo comunitario integral a fin de reducir las consecuencias económicas y sociales del cierre de la central nuclear de Ignalina. El cierre de la central nuclear ha provocado el despido de muchos lituanos y ha perjudicado nuestra economía. La UE debe prestar más ayuda a los proyectos del sector energético con el fin de mitigar las consecuencias económicas del cierre de la central nuclear de Ignalina. Esto podría incluir la promoción de la renovación de medidas destinadas a aumentar la producción y eficiencia energéticas.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) He votado a favor del informe sobre la clausura de los tres reactores nucleares en Lituania, Eslovaquia y Bulgaria. Debido a que estos reactores nucleares no cumplen con las normas mínimas de seguridad, su desmantelamiento fue una de las condiciones acordadas por los tres países durante las negociaciones de adhesión y la Unión Europea se comprometió a cubrir parte de los costes del desmantelamiento. En este contexto, es una excelente noticia saber que el cierre de la central de Ignalina, en Lituania, significa que ha quedado inhabilitada la única central nuclear del país.

Informe: Barbara Matera (A7-0060/2011)

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó en 2006 con el fin de prestar asistencia adicional a los trabajadores afectados por las consecuencias de los cambios importantes en la estructura del comercio internacional y para ayudar a su reintegración en el mercado laboral. Desde el 1 de mayo de 2009, el ámbito de aplicación del FEAG se ha ampliado a fin de incluir un apoyo a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de las crisis económica, financiera y social.

En este momento, cuando nos enfrentamos a esta grave crisis en la que el aumento del desempleo constituye una de las principales consecuencias, la UE debería utilizar todos los medios a su alcance para reaccionar, especialmente en lo que respecta al apoyo que debe prestarse a aquellos que se enfrentan a la realidad cotidiana del desempleo. Esta es la razón por la que voto a favor del presente informe relativo a la movilización del FEAG en favor de la República Checa, con el objetivo de apoyar a los trabajadores despedidos en Unilever ČR spol.s r.o.

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. – (ES) La ayuda incluye a 460 de los 664 despedidos por la empresa UNILEVER CR, que se dedicaba al sector del comercio al por menor. El 52,4% de las afectadas son mujeres. El 13% tiene más de 54 años y el 9,1% menos de 24. Conviene destacar que las medidas que ayudarán a la formación de los despedidos serán cofinanciadas por la empresa, que no elude su responsabilidad, y serán puestas en práctica por contratistas y empresas que trabajen en su nombre.

  Jan Březina (PPE), por escrito. – (CS) Es un éxito del Parlamento Europeo que el presupuesto 2011 cuente por primera vez con créditos de pago por un importe de 47 608 950 euros en la partida presupuestaria del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG). El FEAG se creó como instrumento específico independiente con sus propios objetivos y plazos, y, por consiguiente, merece una dotación específica, lo que evitará transferencias de otras líneas presupuestarias, tal como ha ocurrido en el pasado, que podrían frustrar la consecución de los distintos objetivos políticos. En mi opinión, el FEAG ha demostrado su valía, y mi única preocupación es que los nuevos Estados miembros no lo hayan aprovechado más. A la larga, podría acabar dando la impresión de que objetivo del FEAG es que los antiguos Estados miembros consigan los recursos presupuestarios de que solían disponer en el marco de, por ejemplo, de la política de cohesión. En mi opinión, la primera solicitud checa de una subvención con cargo al FEAG de la historia, es como un primer trago al que sucederán otros, porque la industria checa también se ha visto afectada por la globalización y la crisis financiera mundial, y los trabajadores checos que han sido despedidos merecen la ayuda europea en sus esfuerzos por tener éxito en un mercado laboral difícil.

  Zuzana Brzobohatá (S&D), por escrito. – (CS) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG).se creó en 2006 como un instrumento flexible para la rápida prestación de asistencia individual temporal y extraordinaria en favor de los trabajadores despedidos como consecuencia de la globalización y la crisis financiera y económica. Esta constituye la primera liberación de recursos del fondo para la República Checa desde el estallido de la crisis económica y financiera mundial, y está específicamente destinada a mitigar las consecuencias del despido de 634 trabajadores de la empresa Unilever, que ha cerrado una fábrica en el municipio de Nelahozeves. En vista del hecho de que el 52,4 % de los despedidos son mujeres, y más del 13 % de los trabajadores despedidos tienen más de 54 años de edad, considero muy adecuada la liberación de recursos para la República Checa y, por lo tanto, he votado a favor del informe.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Estoy satisfecha con el trabajo realizado sobre la base del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), es decir, con el apoyo a los trabajadores afectados por los cambios en el comercio mundial. De la misma manera, apoyo la decisión sobre la movilización del FEAG en favor de la República Checa, para el beneficio de los trabajadores de la empresa Unilever, que ha sufrido más de 500 despidos inesperados como consecuencia de la crisis económica y financiera mundial. Esta decisión es, por consiguiente, de gran importancia, no solo para los trabajadores y sus familias, sino para el distrito de Melnik, donde se encuentran las instalaciones Unilever y cuya economía depende en gran medida de la industria de transformación de alimentos y la industrias química y energética.

  Anne Delvaux (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor del presente informe y de la enmienda que pide una revisión del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG). Esto se debe a que lamento que el FEAG, en su forma actual, no imponga una investigación sobre la salud financiera, una posible evasión fiscal o la situación de las ayudas estatales de las empresas multinacionales cuya reestructuración justifica la intervención del FEAG. Considero que esto debería ser tratado en la próxima revisión del Reglamento FEAG, sin comprometer el acceso de los trabajadores despedidos al FEAG.

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt y Cecilia Wikström (ALDE), por escrito. – (SV) Hemos vuelto a elegir esta vez apoyar la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización —ahora para ayudar a un total de alrededor de 1 200 personas que han perdido sus puestos de trabajo en Polonia y la República Checa— porque Europa aún sigue padeciendo los efectos de la crisis económica, y los tiempos excepcionales exigen medidas excepcionales.

Sin embargo, consideramos que en el futuro deberíamos utilizar en su lugar los instrumentos ya existentes —en particular el Fondo Social Europeo— con el fin de aumentar la empleabilidad de las personas a las que se ha notificado el despido o que han sido despedidas. Probablemente no haya necesidad del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en el próximo periodo presupuestario.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La solicitud hace referencia a 634 despidos en la empresa Unilever ČR, cuya actividad se desarrolla en el sector del comercio al por menor, en la región de Střední Čechythe. Al igual que con la primera solicitud de este año referida a la región polaca de Podkarpackie, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ha realizado una evaluación favorable del cumplimiento de este proceso con los criterios de admisibilidad. No puedo dejar de advertir con pesar la propagación de los despidos en toda la Unión, lo que indica que aún queda mucho por hacer para revertir el ciclo de crisis en que nos encontramos inmersos. Apoyo la propuesta de la Comisión para la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), y espero que los trabajadores despedidos sean capaces de encontrar nuevos empleos lo antes posible.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El presente informe es un proyecto de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la movilización de 323 820 euros del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), para ayudar a la reintegración de los trabajadores checos despedidos como consecuencia de la crisis económica y financiera actual. Esta solicitud, la segunda en ser aprobada en el marco del presupuesto 2011 de la UE, se presentó a la Comisión el 24 de marzo de 2010 y se refiere a 634 trabajadores de la empresa Unilever CR, en la región de Čechy Střední, que trabajaban en el sector del comercio al por menor. Habida cuenta de que esto implica un instrumento presupuestario específico y que la cantidad solicitada es legalmente aceptable y cumple con las disposiciones del Acuerdo Interinstitucional del 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, en concreto con el punto 28, voy a votar en favor de esta propuesta, y confío en que contribuya a reducir las dificultades económicas de los habitantes de esta región y a relanzar la economía local.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Otra movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), esta vez para apoyar a los trabajadores despedidos de una fábrica de propiedad de la multinacional Unilever en la República Checa.

Como en otras ocasiones, hemos votado a favor. Sin embargo, además de las reservas que siempre expresamos en estas situaciones, hay aspectos particulares de este proceso sobre los que es preciso hacer hincapié. La Comisión Europea se ha limitado a afirmar que Unilever no ha recibido ninguna ayuda del Estado o fondos de la UE para abrir la fábrica en la República Checa, antes o después de su adhesión a la UE. Sin embargo, la Comisión no ha proporcionado información, tal y como debería haber hecho y como se le pidió que hiciera, acerca de lo que está sucediendo en lo que respecta al resto de fábricas del grupo, argumentando que no está obligada a hacerlo en virtud del Reglamento del FEAG.

Además de lo que ha ocurrido en el caso específico de la República Checa, sería interesante conocer y evaluar el comportamiento del grupo Unilever a nivel europeo. Por tanto, lamentamos la falta de información relativa a las ayudas públicas concedidas a este grupo, así como a las empresas multinacionales en general cuya reestructuración es el motivo de las intervenciones del FEAG.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Esta es otra movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), que en este caso trata de beneficiar a los trabajadores despedidos de la fábrica checa de la multinacional Unilever. La posición de la Comisión Europea en este ámbito ha sido muy controvertida, ya que se ha limitado a afirmar que Unilever no ha recibido ninguna ayuda del Estado o apoyo financiero de los fondos europeos para abrir la fábrica en la República Checa, antes o después de su adhesión a la UE. Sin embargo, la Comisión no ha proporcionado información, tal y como debería haber hecho y como se le pidió que hiciera, acerca de lo que está sucediendo con otras fábricas del grupo, argumentando que no está obligada a hacerlo en virtud del Reglamento del FEAG.

Por eso, durante el debate en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, llamé la atención sobre el hecho de que no había información disponible sobre lo que está pasando con el grupo Unilever a nivel europeo, y propuse que se tomara en cuenta este tema durante la revisión del Reglamento, de modo que pueda llevarse a cabo un examen de la situación financiera, incluidas las ayudas estatales, de las empresas multinacionales cuya reestructuración es el motivo de las intervenciones del FEAG, sin comprometer el acceso al fondo de los trabajadores despedidos.

Hemos votado, por consiguiente, a favor de estas propuestas.

  Estelle Grelier (S&D), por escrito. – (FR) He votado a favor del presente informe sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) en apoyo de los empleados de la industria alimentaria (Unilever) en la República Checa. Quiero subrayar, sin embargo, que existe una necesidad urgente de revisar el reglamento de ese fondo tan pronto como sea posible. Con este fin, durante la votación he respaldado con mi firma y asegurado la aprobación de una enmienda que especifica que resulta perjudicial que el reglamento no exija una investigación sobre la salud financiera, la posible evasión fiscal o la situación de las ayudas estatales de las multinacionales que se benefician de la intervención del FEAG. En un momento en la Unión Europea está luchando por financiar sus objetivos y se ve obligada a elegir entre políticas igual de prioritarias, el presupuesto comunitario no puede permitirse el lujo de financiar la entrada en el mercado y las estrategias de deslocalización de grandes empresas multinacionales cuya única intención es aumentar sus ganancias. Esto debe tenerse en cuenta en el futuro Reglamento, sin perjuicio de los trabajadores despedidos por poner en peligro su acceso al FEAG.

  Jiří Havel (S&D), por escrito. – (CS) Recomiendo votar a favor del informe de Barbara Matera sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), en cuyo marco la República Checa ha presentado su primera solicitud de ayuda. Considero importante hacer hincapié en la importancia de este fondo, que fue creado con el comisario socialdemócrata checo, Vladimír Špidla. El terremoto financiero y económico que le sucedió ha privado de sus puestos de trabajo a muchas personas en toda Europa. Los recursos del fondo FEAG financian solamente aquellas medidas que facilitan el acceso a un nuevo trabajo para las personas que han resultado despedidas, que se han adherido a los programas de formación profesional y adquirido una cualificación acorde a las necesidades del mercado laboral, o que se han convertido en trabajadores por cuenta propia. De conformidad con el informe de la señora Matera, puedo resumir que Unilever ha cumplido todos los criterios. Unilever ČR tuvo que cerrar la planta de Nelahozeves debido a los efectos de la crisis económica y los despidos afectaron a la mayoría de los trabajadores.

Unilever ha ofrecido a todos los trabajadores que se marchan un programa de apoyo integral para encontrar un nuevo empleo, y la empresa ha cooperado estrechamente con la oficina de empleo local para la gestión del programa. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la liberación de recursos en base a la información recogida en el presente informe y con la propuesta de la Comisión a pagar a la República Checa 323 820 de euros del FEAG.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para prestar ayuda adicional a los trabajadores despedidos a raíz de importantes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial como consecuencia de la globalización, y ayudarlos a reintegrarse en el mercado laboral. El ámbito de intervención del FEAG fue ampliado a las solicitudes presentadas a partir del 1 de mayo de 2009 para prestar ayuda a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis financiera y económica. El Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 permite la intervención del FEAG hasta un límite máximo anual de 500 millones de euros. La República Checa presentó el 24 de marzo de 2010 una solicitud de movilización del FEAG en relación con una serie de despidos en la empresa Unilever ČR spol.s r.o., y la complementó con información adicional hasta el 20 de septiembre de 2010. Dicha solicitud cumple los requisitos para fijar el importe de las contribuciones financieras. Por tanto, la Comisión propone movilizar un importe de 323 820 de euros. Estoy de acuerdo, por consiguiente, en que se debería movilizar el FEAG a fin de proporcionar una contribución financiera para la solicitud presentada por la República Checa. También considero que otros Estados miembros de la UE deberían aprovechar más las oportunidades ofrecidas por los fondos de la UE.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la globalización (FEAG) en favor de la República Checa, porque considero que ese instrumento es un recurso valioso para apoyar los trabajadores que experimentan dificultades a causa de la crisis económica. La votación de hoy se refería a una solicitud de ayuda para 634 trabajadores de la empresa Unilever ČR, spol.sr.o, cuya actividad se desarrolla en el sector del comercio al por menor, en la región NUTS II de Střední Čechythe, por un importe que asciende a 323 820 euros financiados por el FEAG. Por último, me gustaría hacer hincapié en la importancia del FEAG, que ha demostrado ser un recurso útil y eficaz para luchar contra el desempleo derivado de la globalización y la crisis económica.

  David Martin (S&D), por escrito. – Apoyo el presente informe, que libera los fondos del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización con objeto de ayudar a los trabajadores despedidos en la República Checa. La solicitud se refiere a 634 despidos que se produjeron tras el cierre de una planta de Unilever en Nelahozeves en el último trimestre de 2009. Un total de cuatrocientos sesenta trabajadores despedidos se beneficiarán de las medidas personalizadas respaldadas por el FEAG, con un alcance total de hasta 320 000 euros.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Me abstengo por consideración a los trabajadores checos que han sido sacrificados en el altar de la globalización. La precaria situación en la que se encuentran es, sencillamente, consecuencia de las políticas neoliberales de la UE que este fondo respalda y apoya. Voy a votar en contra porque la limosna concedida a las víctimas de estas políticas es lamentable en comparación con los beneficios que se han cosechado en otros lugares.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La Unión Europea es un espacio de solidaridad y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) forma parte de él. Esta ayuda resulta esencial para ayudar a los desempleados y a las víctimas de las deslocalizaciones de empresas que se producen en un contexto globalizado. Cada vez hay un mayor número de empresas que se deslocalizan, aprovechando los bajos costes de la mano de obra en distintos países, particularmente China y la India, con efectos perjudiciales para los países que respetan los derechos de los trabajadores. El FEAG está destinado a ayudar a trabajadores que son víctimas de las deslocalizaciones de las empresas, y resulta fundamental para facilitar el acceso a un nuevo empleo. El FEAG ha sido utilizado por otros países de la UE en el pasado, por lo que ahora es oportuno conceder esta ayuda a la República Checa, que ha solicitado asistencia en relación con 634 despidos —todos se presentan como destinatarios de la ayuda— producidos en la empresa Unilever ČR, spol.sr.o, cuya actividad se desarrolla en el sector del comercio al por menor, en la región NUTS II de Střední Čechythe.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. – (ES) Si bien he votado a favor de esta propuesta de concesión de la ayuda destinada a los trabajadores de Unilever en la República Checa, considero que ésta es una medida analgésica y paliativa de las consecuencias del modelo capitalista y no supone ningún avance en la lucha contra la raíz de las causas de la crisis. Estoy de acuerdo con la movilización de recursos procedentes del Fondo Europeo para la Adaptación a la Globalización a favor de los ciudadanos despedidos por los cambios estructurales en los modelos comerciales o como consecuencia directa de la actual crisis económica y financiera. Creo estos fondos pueden ser útiles para el objetivo último de facilitar la reinserción laboral de estos trabajadores. Igualmente, he votado a favor convencido del carácter complementario de esta asistencia respecto a las ayudas por despido que recoge cada legislación nacional y convenio colectivo. Por ello, en ningún caso esta movilización de fondos procedentes del FEAG puede suplantar ni eludir las responsabilidades legales de gobiernos y empresas con los despedidos.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para proteger a los trabajadores despedidos como consecuencia de la crisis económica y financiera mundial. La República Checa ha solicitado ayuda en relación con 634 despidos. Es justo y correcto que ofrezcamos apoyo personal a los trabajadores que han resultado despedidos como consecuencia de la globalización y de la crisis económica, ayudando a su reinserción en el mercado laboral. Por eso he votado a favor.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización es un fondo asignado por la Unión para prestar apoyo económico a ciertos sectores en dificultad en el seno los Estados miembros o a sectores en expansión hacia los estándares medios de la Unión. Esta es la razón por la que he votado a favor del informe de la señora Matera. En 2011, la línea presupuestaria para el pago de fondos de este tipo se ha visto incrementada en 50 millones de euros y por lo tanto resulta más fácil proporcionar fondos para una amplia gama de sectores. En concreto, estas son primeras solicitudes de movilización en 2011 procedentes del sector de producción de maquinaria y al sector industrial en la República Checa y Polonia. El fondo (de casi un millón de euros) se destinará a apoyar a los trabajadores especializados en el comercio y la producción de maquinaria.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se creó para proporcionar ayuda adicional a los trabajadores afectados por las consecuencias de grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial. El 15 febrero 2011, la Comisión adoptó una nueva propuesta de Decisión sobre la movilización del FEAG en favor de la República Checa para apoyar la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos a causa de la crisis económica y financiera mundial. Se trata de la segunda solicitud sometida a examen en el marco del presupuesto de 2011 y hace referencia a la movilización de un importe total de 323 820 de euros. El proceso se refiere al despido de 594 trabajadores —todos se presentan como destinatarios de la ayuda— de la empresa Unilever ČR, spol.sr.o, cuya actividad se desarrolla en el sector del comercio al por menor, en la región de Střední Čechy, durante el periodo de referencia de cuatro meses comprendido entre 16 de septiembre de 2009 y el 16 de enero de 2010. La evaluación de la Comisión concluyó que existe un vínculo entre los despidos y los grandes cambios estructurales que se han producido en los patrones del comercio mundial y la crisis financiera, y que los despidos han sido de naturaleza imprevista. La solicitud cumple los criterios de admisibilidad establecidos por el Reglamento FEAG, razón por a cual he votado a favor de la movilización de los fondos.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) La solicitud de intervención del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) presentada por la República Checa en relación con el caso de 634 despidos producidos durante el periodo comprendido entre 16 de septiembre de 2009 y el 16 de enero de 2010 en la empresa Unilever ČR, spol.sr.o, cuya actividad se desarrolla en el sector del comercio al por menor, en la región NUTS II de Střední Čechy, cumple todos los criterios de admisibilidad legalmente establecidos. En virtud del Reglamento (CE) nº 546/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de junio de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo del 20 de diciembre de 2006, por el que se instituye el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, se amplía temporalmente el ámbito de aplicación del FEAG para cubrir su intervención en situaciones como esta, en la que se ha producido «el despido, durante un periodo de nueve meses, de al menos quinientos trabajadores, en particular de pequeñas o medianas empresas, en una división del nivel 2 de la NACE en una región o dos regiones contiguas en el nivel NUTS II» como consecuencia directa de la crisis financiera y económica mundial. Por lo tanto, he votado a favor de la presente Resolución, y confío en que la movilización del FEAG contribuya a la reinserción de estos trabajadores en el mercado laboral.

  Zuzana Roithová (PPE) , por escrito – (CS) He votado a favor del informe sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a Globalización para la República Checa, concretamente para los antiguos empleados de la empresa Unilever, y me complace que el informe haya sido aprobado. Lamento que los conservadores británicos hayan votado en contra, y que el Presidente de los Conservadores y Reformistas Europeos checo no haya podido conseguir que cambien de opinión, a pesar de que esta es la primera vez que la República Checa ha hecho uso de los recursos de este fondo.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Como es habitual en este tipo de informes, el Parlamento Europeo:

1. Pide a las instituciones interesadas que hagan todo lo necesario para agilizar la movilización del FEAG; agradece en este sentido el procedimiento mejorado establecido por la Comisión, tras la solicitud del PE de agilizar la liberación de las subvenciones, a fin de poder presentar a la Autoridad Presupuestaria la evaluación de la Comisión sobre la admisibilidad de una solicitud del FEAG junto con la propuesta de movilización del Fondo; confía en que se introduzcan nuevas mejoras en el procedimiento en el marco de las próximas revisiones del Fondo;

2. Recuerda el compromiso de las instituciones de garantizar un procedimiento rápido y sin complicaciones para la adopción de las decisiones sobre la movilización del FEAG, prestando asistencia individual temporal y extraordinaria en favor de los trabajadores despedidos como consecuencia de la globalización y la crisis financiera y económica; señala el papel que puede desempeñar el FEAG en la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos; pide, no obstante, una evaluación de la incorporación a largo plazo de estos trabajadores al mercado laboral como efecto directo de las medidas financiadas por el FEAG.

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) El 15 de febrero de 2011, la Comisión adoptó una propuesta de decisión sobre la movilización del FEAG en favor de la República Checa, con el fin de apoyar la reinserción en el mercado laboral de los trabajadores despedidos como consecuencia de la crisis financiera y económica mundial. La cuestión que se somete a examen se refiere a 634 despidos, para los que se han previsto ayudas del fondo, realizados en la empresa Unilever ČR, spol.sr.o, cuya actividad se desarrolla en el sector del comercio al por menor, en la región NUTS II de Střední Čechy, durante el periodo de referencia de cuatro meses comprendido entre 16 de septiembre de 2009 y el 16 de enero de 2010. Mi voto a favor de la resolución de hoy confirma la favorable opinión que ya he expresado en la reunión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales.

  Olga Sehnalová (S&D), por escrito. – (CS) La liberación de fondos del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización ayudará a la reintegración de los 460 trabajadores afectados por el cierre de la empresa Unilever en el municipio de Nelahozeves, Bohemia Central, en la República Checa. En vista del hecho de que esto supondrá una ayuda importante para la solución de los impactos sociales relacionados con el despido masivo en esta pequeña comunidad, he votado a favor de la adopción del presente informe.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – He votado a favor del presente informe, que proporcionará los fondos para las medidas personalizadas destinadas a ayudar a los trabajadores que han perdido su empleo en la República Checa.

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), por escrito. – (FR) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización es un mecanismo de controversia. Oficialmente, este fondo permite a la Unión Europea financiar acciones concretas para contrarrestar los efectos de la crisis. Sirve tanto como poner una tirita en una pata de palo.

Sin embargo, este mecanismo se utiliza en función de las necesidades y solo en algunos casos. En realidad, se está utilizando para financiar planes de despido.

Hoy, el Parlamento Europeo ha llevado esta hipocresía aún más lejos con la asignación de un porcentaje de este fondo a Unilever, que acaba de cerrar sus fábricas de la República Checa y ha dejado a 600 trabajadores en situación de despido, mientras sus beneficios netos han aumentado un 26 % hasta los 4 600 millones de euros

Por eso he votado en contra del presente informe, que plantea una cuestión más general que la que plantea el caso de Unilever. ¿Cómo pueden los organismos públicos nacionales y europeos, dada la crisis en materia de empleo a la que nos enfrentamos, seguir utilizando dinero público para subvencionar a empresas multinacionales que despiden a empleados a pesar de obtener beneficios, y que por lo tanto, están colocando los intereses de sus accionistas por delante de los de sus empleados?

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) No puedo más que respaldar la enmienda presentada por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, que exige que se evalúe a la empresa en su conjunto en la adjudicación de fondos del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG). He hecho muchas veces peticiones de este tipo ante la Comisión de Presupuestos. Sin embargo, me he sentido incapaz de votar a favor del informe en su conjunto. La empresa checa Unilever ČR spol.sr.o, cuya actividad se desarrolla en el sector del comercio al por menor, ha despedido a 634 trabajadores y ha buscado medidas de apoyo para todos aquellos que han perdido sus puestos de trabajo (las medidas individuales normalmente solo se necesitan para ayudar a parte del personal despedido a reintegrarse en el mercado de trabajo). Tal y como se pone de relieve en todos los informes en los que el Parlamento aprueba la financiación del FEAG, las solicitudes de fondos estructurales no deberían utilizarse como sustituto de las medidas que se imponen a las empresas de acuerdo con los convenios colectivos.

Informe: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – (LT) He votado a favor de la presente Resolución sobre productos y tecnología de doble uso, esto es, de productos que pueden ser utilizados tanto para fines civiles como militares. El control de las exportaciones de este tipo de productos constituye un elemento fundamental para la no proliferación de armas, incluidas las armas de destrucción masiva. Por eso es muy importante asegurar que el régimen sobre productos de doble uso de la UE sea más democrático y transparente, garantizando al mismo tiempo que sea lo suficientemente estricto. En la actualidad, los requisitos aplicados a los productos y tecnología de doble uso varían en severidad. Considero que el objetivo de la UE debería residir en aplicar el régimen de exportación más estricto en todos sus Estados miembros. La Comisión debe establecer un sistema eficaz en este ámbito, que facilite la recopilación de información fiable relativa al uso final de los productos de doble uso exportados por la Unión.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) El control de las exportaciones de productos de doble uso constituye un elemento fundamental para la no proliferación de armas, incluidas las armas de destrucción masiva. La UE lleva 15 años reforzando el control de la exportación de productos de doble uso, apoyándose en medidas de prevención como la imposición de ciertos requisitos para la concesión de licencias y procedimientos de registro aduanero. Sin embargo, habida cuenta de los constantes cambios tecnológicos y las nuevas amenazas, es necesario actualizar regularmente las listas de los productos controlados que se corresponden con las de los principales regímenes internacionales relativos al control de las exportaciones. El cometido principal de estos regímenes internacionales de control de las exportaciones es actualizar las listas de productos que deben estar sometidos a controles. Hasta la fecha, estas listas se han incorporado casi automáticamente a la legislación de la UE sin ningún tipo de participación del Parlamento Europeo, pero con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, ahora es precisa la aprobación del Parlamento Europeo. Estoy de acuerdo con el presente informe y con las propuestas del Parlamento Europeo, que se esfuerzan por garantizar regímenes de control de los productos de doble uso más democráticos y transparentes en la UE y un mayor papel de la Comisión a la hora de evaluar la aplicación de este reglamento en los Estados miembros.

  George Becali (NI), por escrito. – (RO) He votado a favor del presente informe porque el control de las exportaciones de productos de doble uso constituye un factor clave para la no proliferación de armas, especialmente las armas de destrucción masiva. Habida cuenta del gran volumen comercial que cruza las fronteras de la Unión Europea, la aplicación de controles por parte de la UE a la exportación de productos de doble uso se basa en medidas de prevención como la imposición de determinados requisitos para la concesión de licencias y procedimientos de registro aduanero. Los controles de las exportaciones tienen un gran impacto en la política comercial de la Unión Europea, en la medida en que afectan a más del 10 % del total de sus exportaciones.

  Sergio Berlato (PPE), por escrito – (IT) El control de las exportaciones de productos de doble uso, esto es, de productos que pueden ser utilizados tanto para fines civiles como militares, ha sido objeto de actuaciones a nivel de la UE en los últimos 15 años.

Estos controles tienen un gran impacto en la política comercial de la Unión Europea, en la medida en que afectan a más del 10 % del total de sus exportaciones. En mi opinión, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y su aclaración de las competencias de la UE en el ámbito del comercio internacional brinda una oportunidad inestimable para reafirmar el papel de la Unión y la responsabilidad del Parlamento Europeo en lo que respecta a la toma de decisiones en el marco institucional de la UE.

El principal instrumento de control de las exportaciones en la UE es el Reglamento (CE) nº 428/2009, que introdujo una serie de modificaciones significativas en el alcance de los controles relativos a las exportaciones de productos de doble uso en la Unión Europea. En concreto, considero que el régimen de la UE relativo a los productos de doble uso debería organizarse de forma más transparente.

A tal fin, estoy de acuerdo con la opinión del ponente en que la plena participación del Parlamento Europeo resultaría decisiva, mediante la aplicación de las obligaciones del Tratado de Lisboa y su interpretación conjunta, acordada por el Parlamento y la Comisión en el ámbito del nuevo Acuerdo Marco.

  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) El informe del señor Leichtfried aborda de manera positiva el importante tema del control de las exportaciones comunitarias de productos de doble uso, esto es, de productos que pueden ser utilizados tanto para fines civiles como militares El control de este tipo de exportaciones, que afecta a más del 10 % del total de exportaciones de la UE, ha demostrado resultar de suma importancia para la no proliferación de armamento. Voy a votar a favor del informe porque tiene como objetivo introducir procedimientos de control más transparentes para las exportaciones mencionadas.

  George Sabin Cutaş (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de la propuesta de modificación del Reglamento ya que considero que los puntos nuevos introducidos contribuirán a que el régimen sobre productos de doble uso de la UE sea más democrático y transparente. Esto significa que el Parlamento Europeo podrá participar en la actualización de las listas con los productos que deben estar sometidos a controles por parte de los regímenes internacionales. Estas listas se incorporan casi automáticamente a la legislación de la UE, sin tener en cuenta la opinión del Parlamento. Además, es labor del Grupo de coordinación sobre productos de doble uso presentar un informe anual al Parlamento para que este último esté plenamente informado acerca de los progresos realizados en el control de los productos y tecnologías que pueden ser utilizadas tanto para fines civiles como militares.

  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito – (FR) Los productos de doble uso son productos que pueden utilizarse tanto para fines civiles como militares, tales como los productos químicos y el material de construcción técnica, y el soporte lógico (software) y la tecnología. A menudo es difícil predecir el verdadero propósito de los productos exportados, por lo que los exportadores deben ser conscientes de sus responsabilidades y tener la obligación de verificar el verdadero propósito de los diversos productos que venden en el extranjero. A pesar de que ya existen varios mecanismos de control e información, hemos pedido un aumento de la seguridad en esta ámbito. Por eso hemos votado a favor de las enmiendas que piden una notificación previa de las exportaciones, controles más estrictos y una mayor transparencia. Esto proporcionará una garantía adicional para evitar el uso indebido y la proliferación de armas de destrucción masiva.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Se considera productos de doble uso a los productos que pueden utilizarse para fines tanto civiles como militares, incluidos el soporte lógico (software) y la tecnología. Este uso dual significa que es preciso cuidar especialmente su exportación, a fin de evitar la proliferación de armas, sobre todo, de armas de destrucción masiva. Como resulta evidente para cualquier analista, es fundamental para la seguridad internacional que haya un control sobre estos productos y que los reglamentos que establecen los mecanismos de control pertinentes se actualicen constantemente en función de la evolución tecnológica. También está claro que, en los Estados de Derecho, estos controles deben ser transparentes y democráticos, como pretende la Comisión.

Por último, considero que, como se indica en la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión tiene que ser sensible al hecho de que algunos Estados miembros poseen normas más restrictivas y rigurosas en materia de control de las exportaciones de productos de doble uso. Esto es natural y, en mi opinión, debe mantenerse.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El presente informe se refiere a la necesidad de controlar las exportaciones y la circulación de lo que se denominan productos de doble uso: esto es, aquellos que no solo se utilizan para fines civiles, sino también para fines militares. En los últimos años, la Unión Europea ha adoptado una serie de medidas a fin de evitar que estos materiales se utilicen para la fabricación de armas, especialmente armas de destrucción masiva. El principal instrumento de control de las exportaciones en la UE es el Reglamento (CE) nº 428/2009, del 5 de mayo, que cubre la venta y transporte de estos materiales, pero necesita ser modificado con el fin de evitar que se adopten diferentes enfoques en los distintos Estados miembros. Por lo tanto, estoy de acuerdo con las propuestas incluidas en el presente informe, ya que están orientadas a tranquilizar a la opinión pública europea con respecto a la producción y circulación de materiales de doble uso, y a lograr que las disposiciones actuales sean más transparentes y democráticas.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Los controles de exportación de productos de doble uso son objeto de medidas a escala comunitaria. El principal instrumento de control de las exportaciones es el Reglamento (CE) n º 428/2009 de 2009. Este Reglamento amplió el alcance de los controles sobre las actividades de venta y transporte. A pesar de que el informe recoge una tentativa de introducir un mayor control democrático y transparencia, hay algunas cuestiones clave que nos impiden votar a su favor.

Desde su creación, la «lista de los exportadores, los corredores y las partes interesadas que hayan sido objeto de consulta» es responsabilidad del Grupo de coordinación sobre productos de doble uso, presidido por el representante de la Comisión. Será este grupo el que decida con qué países es posible comerciar, retirando esta competencia a los Estados miembros, lo que pone en duda su soberanía.

Otro aspecto es la inclusión de Israel en la lista de países de destino de productos de doble uso. Recordemos, por ejemplo, los proyectos de investigación conjuntos financiados por el Séptimo Programa Marco de Investigación, especialmente los que se llevaron a cabo con la participación de Israel Aerospace Industries Ltd, fabricante de los aviones no tripulados utilizados en el ataque a la Franja de Gaza de 2008/2009, causando la muerte de docenas de personas.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Hemos votado a favor de devolver el presente informe a la comisión parlamentaria competente, a fin de permitir que prosigan las negociaciones con el Consejo sobre la base de la propuesta legislativa, incluidas las modificaciones introducidas por el Parlamento.

Sabemos que el uso de productos y tecnologías civiles con fines militares carece de un enfoque que no esté ligado al control de las exportaciones de los denominados productos de doble uso y los servicios relacionados.

A pesar de este control de las exportaciones es importante, y debe llevarse a cabo de una manera prudente, sin perjudicar el acceso de los países en desarrollo a productos y tecnologías necesarias para su desarrollo, es preciso aumentar la transparencia de los procesos implicados, y posibilitar su escrutinio democrático.

Quisiéramos destacar que en este ámbito también se impone la coherencia entre otras políticas comunitarias y los objetivos del presente Reglamento. Son bien conocidos los proyectos conjuntos de investigación financiados por el Séptimo Programa Marco de Investigación, especialmente los que se llevaron a cabo con la participación de Israel Aerospace Industries Ltd, fabricante de los aviones no tripulados utilizados en el ataque a la Franja de Gaza de 2008/2009, causando la muerte de docenas de personas.

  Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. – (IT) Las nuevas competencias de la UE en el ámbito del comercio internacional adquiridas con el Tratado de Lisboa ofrecen una buena ocasión para aportar mayor transparencia al mercado de productos de doble uso. Las modificaciones realizadas al presente Reglamento, que afectan a los productos que pueden utilizarse con fines militares y civiles, permitirán llevar a cabo controles más rigurosos de este tipo de productos. Esto resulta fundamental para evitar la proliferación de armas. Teniendo en cuenta, además, el procedimiento en comisión, confirmo mi apoyo a mi colega.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) Los productos químicos y los materiales radiactivos, las centrifugadoras, los equipos técnicos, el soporte lógico (software) y otros componentes se utilizan no solo con fines civiles, sino también con fines militares. En las manos equivocadas estos artículos pueden llegar a convertirse en instrumentos de tortura o armas de destrucción masiva. He votado a favor del presente documento, ya que propone mejorar el régimen de control de las exportaciones de productos de doble uso y tecnología, en otras palabras, mejora los controles a la exportación de productos de doble uso. Este documento también amplía la lista de artículos para los que es preciso obtener una licencia y cuyo itinerario de exportación debe ser informado.

  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. – (DE) Los productos y la tecnología con fines civiles y potencialmente militares deben estar sometidos a las mismas condiciones competitivas en todos los Estados miembros. La cuestión radica en encontrar unas condiciones marco comunes y, sobre todo, seguras, que garanticen un uso seguro. Esto debería evitar una reducción artificial en los precios de venta de las exportaciones europeas, lo que evidentemente fortalecería a las pequeñas y medianas empresas europeas. He votado a favor de la enmienda propuesta, ya que la transparencia y la seguridad deben de ser las principales prioridades para este tipo de tecnología y artículos.

  David Martin (S&D), por escrito. – Apoyo el presente informe. El control de las exportaciones de productos de doble uso, esto es, de productos que pueden ser utilizados tanto para fines civiles como militares, ha sido objeto de actuaciones a nivel de la UE en los últimos 15 años. El control de las exportaciones de este tipo de productos constituye un elemento fundamental para la no proliferación de armas, incluidas las armas de destrucción masiva. Habida cuenta del gran volumen comercial que cruza las fronteras de la Unión Europea, la aplicación de controles por parte de la UE a la exportación de productos de doble uso se basa en medidas de prevención como la imposición de determinados requisitos para la concesión de licencias y procedimientos de registro aduanero.

Los controles de las exportaciones tienen un gran impacto en la política comercial de la Unión Europea, en la medida en que afectan a más del 10 % del total de sus exportaciones. El principal instrumento de control de las exportaciones en la UE es el Reglamento (CE) nº 428/2009, de 5 de mayo de 2009, sobre el control de las exportaciones de productos de doble uso, que entró en vigor el 27 de agosto de 2009. Este nuevo Reglamento introdujo una serie de modificaciones significativas en el alcance de los controles relativos a las exportaciones de productos de doble uso en la Unión Europea. Cabe incluir entre ellas la introducción de controles relativos a las actividades de corretaje y tránsito con respecto a este tipo de productos. El Reglamento sobre productos de doble uso incluye listas actualizadas regularmente de los productos controlados que se corresponden con las de los principales regímenes internacionales relativos al control de las exportaciones.

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), por escrito. – (CS) El control del comercio de productos de doble uso es un área importante, teniendo en cuenta que la seguridad y los aspectos comerciales no resultan lo suficientemente eficaces ni aplicables sin un flujo asociado de información compartida o cooperación internacional flexible. En este contexto, también quisiera hacer hincapié en el papel de los organismos de control pertinentes, las autoridades aduaneras por ejemplo, que soportan una gran responsabilidad por la supervisión directa de las exportaciones o el tránsito de productos de doble uso. En mi opinión, también se debería ayudar a estos organismos, por ejemplo en lo que respecta al acceso a equipos de vigilancia modernos, la adquisición de nuevos conocimientos para el desempeño de los procedimientos de supervisión y, por último pero no menos importante, mediante el apoyo a la formación profesional y el intercambio de visitas de trabajo . Una política sofisticada en materia de seguridad siempre debería aspirar a elevar el régimen de exportación de productos de doble uso a un alto nivel, en combinación con la aplicación de todos los compromisos internacionales.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La entrada en vigor del Tratado de Lisboa y su aclaración de las competencias de la UE en el ámbito del comercio internacional brinda una buena oportunidad para reafirmar el papel de la UE en este ámbito y el papel, la competencia y la responsabilidad del Parlamento Europeo, dentro del marco institucional de la UE, en materia de toma de decisiones. El régimen de uso dual de la Unión Europea debería organizarse de una manera más transparente y democrática. La plena participación del Parlamento Europeo, mediante la aplicación de las obligaciones del Tratado de Lisboa y su interpretación conjunta acordada por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en el ámbito del nuevo Acuerdo Marco, resultaría decisiva para la consecución de este objetivo.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – Los productos de doble uso son productos que pueden utilizarse tanto para fines civiles como militares. El control de las exportaciones de este tipo de productos constituye un elemento fundamental para la no proliferación de armas. Con respecto al gran volumen comercial que cruza las fronteras de la UE, la aplicación de controles por parte de la UE a la exportación de productos de doble uso se basa en medidas de prevención. Los controles de las exportaciones tienen un gran impacto en la política comercial de la Unión Europea. Sería bueno que los instrumentos de control no se acaben convirtiendo en herramientas para luchar contra los competidores a través de estructuras empresariales. Con este fin, es necesario crear una larga lista de productos de doble uso; sin embargo es un tema para otro informe. He votado «a favor».

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) La exportación de productos y tecnología de doble uso está muy cuidadosamente regulada en la UE. Este término se refiere en particular a los productos y la tecnología que también pueden utilizarse con fines militares. Con el fin de evitar abusos en el sector de las exportaciones, hay cuatro tipos de autorizaciones de exportación: las autorizaciones generales de exportación comunitarias, las autorizaciones generales de exportación nacionales, las autorizaciones de exportación globales y las autorizaciones de exportación individual. Todas se aplican en el seno de la UE.

Además, también existen regímenes internacionales de control de las exportaciones que la UE suscribe y en los que la Comisión intenta mejorar la posición de la UE. Estos incluyen el Grupo de Australia, del que forma parte la Comisión como miembro de pleno derecho y en el que participan los 27 Estados miembros junto con otros países como los EE.UU., Canadá, Japón, Corea del Sur y Australia, el Grupo de Suministradores Nucleares, en el que participan la Comisión como observador y los 27 Estados miembros como miembros de pleno derecho, junto con otros países como los EE.UU. y Rusia, el Acuerdo de Wassenaar, en el que la Comisión no está representada, pero incluye a todos los Estados miembros de la UE, excepto Chipre, como miembros de pleno derecho, y el Régimen de Control de Tecnología de Misiles, en el que la Comisión no está representada y del que solo 19 Estados miembros son miembros de pleno derecho.

He votado en consecuencia, para no ir en contra del principio de subsidiariedad.

  Paul Murphy (GUE/NGL), por escrito. – He votado a favor del presente informe porque, de manera limitada, da un paso para hacer frente a la actual falta de transparencia en relación con los créditos a la exportación y para luchar contra la enorme brecha existente entre los objetivos declarados de la UE y la realidad de cómo se utilizan en la UE esos créditos a la exportación. A la UE le gusta retratarse a sí misma como una fuerza defensora de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. El papel de los organismos de crédito a la exportación demuestra la falsedad de esta afirmación. Estos créditos se utilizan regularmente para respaldar proyectos y operaciones comerciales que resultan destructivas para el medio ambiente y los derechos de los trabajadores. Para lograr un auténtico comercio justo en este ámbito, estas agencias, que sustentan aproximadamente el 10 % del comercio mundial, deben entrar a formar parte de la propiedad pública democrática. Se deben abrir los libros para que los trabajadores y las personas afectadas por estos organismos puedan ver por primera vez dónde se ha ido el dinero, y los trabajadores deben ejercer control sobre su funcionamiento de modo que sus enormes recursos sean utilizados para que resulten beneficiados los trabajadores, los pequeños agricultores y el medio ambiente.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor del presente informe porque considero que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y su aclaración de las competencias de la UE en el ámbito del comercio internacional ofrecen una buena oportunidad para reafirmar el papel de la Unión en este ámbito y el papel, la competencia y la responsabilidad del Parlamento Europeo, dentro del marco institucional de la UE, en materia de toma de decisiones. El régimen de uso dual de la Unión Europea debería organizarse de una manera más transparente y democrática. La plena participación del Parlamento Europeo, mediante la aplicación de las obligaciones del Tratado de Lisboa y su interpretación conjunta acordada por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en el ámbito del nuevo Acuerdo Marco, resultaría decisiva para la consecución de este objetivo. Se trata de una refundición del Reglamento (CE) n° 1334/2000 a la luz del marco internacional actual. De hecho, la ampliación del alcance de los controles de las exportaciones de productos de doble uso resulta fundamental si han de cubrir los controles relativos al tránsito y al corretaje y la sanción del corretaje ilícito de productos de doble uso vinculados, por ejemplo, a programas de desarrollo de armas de destrucción masiva.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. – (IT) La propuesta de un Reglamento del Consejo que modifique el Reglamento (CE) nº 1334/2000 por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones de productos y tecnología de doble uso, presentada el 7 de febrero de 2011, tiene como objetivo dotar a la Unión de un régimen de medidas de prevención eficaces diseñadas para evitar la proliferación de armas, incluidas las armas de destrucción masiva. El Reglamento actualmente vigente en este ámbito, (CE) nº 428/2009, establece un sistema de controles que permite a la Unión cumplir plenamente los compromisos contraídos en el contexto de los cuatro regímenes internacionales de control de las exportaciones de los que forma parte la UE. En cualquier caso, la aclaración de las competencias de la UE en el ámbito del comercio internacional introducida por el Tratado de Lisboa ofrece una buena oportunidad para elevar el perfil y mejorar la imagen de la Unión en un contexto internacional, así como el papel, la competencia y la responsabilidad del Parlamento Europeo, dentro del marco institucional de la UE, en materia de toma de decisiones relativas al comercio internacional. Estas son mis razones para considerar oportuno que se realicen las modificaciones necesarias en el Reglamento con el fin de lograr estos fines, y por eso voy a votar a favor de la propuesta.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – En la AFET/SEDE, como ponente y diputado al Parlamento Europeo del Grupo de los Verdes, hemos tenido mucho éxito. La opinión de la AFET/SEDE proponía eliminar la autorización general de exportación comunitaria de Expediciones de valor limitado porque se nos proporcionó información fiable que demostraba que no existe ninguna correlación positiva entre un precio bajo y un riesgo de baja seguridad, asunción sobre la que se fundamentaba toda la autorización general de exportación comunitaria. Por el contrario, algunos productos de doble uso muy baratos puede suponer un gran riesgo si caen en manos equivocadas. También hemos podido eliminar la parte de Seguridad de la información de los productos que abarca la autorización EU007 porque entre los posibles destinos se encontraban algunos países no democráticos. También hemos conseguido un amplio apoyo de la AFET/SEDE para una formulación firme sobre la necesidad de respetar los derechos humanos en lo que a la exportación de equipos de telecomunicaciones se refiere, puesto que las tecnologías de interceptación, los dispositivos de transmisión digital de datos para el seguimiento de teléfonos móviles, etc., forman parte de esta autorización general de exportación comunitaria.

Con respecto a los posibles destinos de las autorizaciones generales de exportación comunitaria individuales hemos logrado excluir a Israel y a la India debido a su falta de disposición para convertirse en un Estado parte del Tratado de No Proliferación. Pero el tema más polémico e importante ha sido la cuestión de si basta controlar, notificar y registrar después de que la exportación haya tenido lugar o antes de la exportación.

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) El control de las exportaciones de productos de doble uso, esto es, de productos que pueden ser utilizados tanto para fines civiles como militares, ha sido objeto de actuaciones a nivel de la UE en los últimos 15 años. El control de las exportaciones de este tipo de productos constituye un elemento fundamental para la no proliferación de armas, incluidas las armas de destrucción masiva. Habida cuenta del gran volumen comercial que cruza las fronteras de la Unión Europea, la aplicación de controles por parte de la UE a la exportación de productos de doble uso se basa en medidas de prevención como la imposición de determinados requisitos para la concesión de licencias y procedimientos de registro aduanero.

La aprobación de la presente Resolución representa un paso más en esta dirección. He votado a favor del presente informe porque la entrada en vigor del Tratado de Lisboa ofrece una buena oportunidad para reafirmar el papel de Europa y la competencia y responsabilidades del Parlamento Europeo, dentro del marco institucional de la UE, para tomar decisiones de este tipo. El régimen debería reorganizarse de una manera más transparente, mediante la aplicación de las obligaciones del Tratado y su interpretación conjunta, acordada por el Parlamento y la Comisión en el ámbito del nuevo Acuerdo Marco.

  Bart Staes (Verts/ALE), por escrito. – (NL) El control de las exportaciones de productos de doble uso —esto es, de productos que pueden ser utilizados tanto para fines civiles como militares— es muy importante para la no proliferación de armas. La posición del Parlamento Europeo consiste en incorporar los logros del Tratado de Lisboa a la legislación de la UE, y con razón. El Parlamento, asimismo, refuerza el control democrático y la transparencia y eleva el perfil de la UE en relación con los regímenes internacionales de control de las exportaciones. También resulta positivo que la Comisión esté obligada a elaborar informes sobre el funcionamiento del Reglamento, así como una evaluación de impacto global.

Sin embargo, el elemento de discordia más difícil entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión en todo esto sigue siendo la cuestión de cuándo se llevan a cabo el control de notificación y el registro de la exportación, si antes o después de la exportación real. En lo que a mí respecta, es fundamental que este control se lleve a cabo antes de que la exportación se efectúe. Esto se debe a que, en la práctica, los controles a posteriori siempre nos llevarán a tener que perseguir los hechos después del suceso. El Parlamento acaba de optar por los controles a posteriori. Al final, he votado en contra de la versión final de este informe.

Informe: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – (LT) He votado a favor de la presente Resolución sobre créditos a la exportación con apoyo oficial. Los créditos a la exportación son un importante instrumento de apoyo a las empresas de la UE. Estoy de acuerdo con la opinión de que el apoyo a los créditos a la exportación a medio y largo plazo constituye una poderosa herramienta que aún no han explotado plenamente todos los Estados miembros, por lo que ha de fomentarse su uso. Los créditos a la exportación pueden contribuir a la creación de empleo al garantizar la financiación de proyectos que, de otro modo, habrían tenido dificultades para acceder al capital dado su carácter no mercantil. Sin embargo, cabe observar que en la actualidad no hay suficiente transparencia como para averiguar qué es lo que financian o han financiado en el pasado los organismos de crédito a la exportación. La falta de transparencia conduce al rebasamiento de los costes y los plazos, y también facilita los sobornos y la corrupción. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la propuesta del ponente de establecer un requisito por el cual los Estados miembros de la UE tengan que informar a la Comisión anualmente sobre las actividades de sus organismos de crédito a la exportación en lo relativo al cálculo del riesgo y la divulgación de los instrumentos fuera de balance y que la notificación de los cálculos de los riesgos sociales y medioambientales tenga carácter obligatorio.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) La mayor parte de los países industrializados, incluidos todos los Estados miembros de la UE, cuentan con al menos un organismo de crédito a la exportación con apoyo oficial, y estos organismos constituyen colectivamente la mayor fuente mundial de financiación oficial para los proyectos del sector privado. La cuantía colectiva de las garantías de créditos a la exportación facilitadas para el periodo 2004-2009 por los organismos de crédito a la exportación de los Estados miembros de la UE asciende a 468 000 millones de euros. Los organismos de crédito a la exportación facilitan el comercio legítimo cuando el mercado de capitales privados no lo hace. Cuentan con una capacidad de absorción de los riesgos mucho mayor que la de los agentes privados, puesto que no tienen que pagar impuestos ni obtener beneficios, por lo que su margen de maniobra para cubrir gastos en el caso de créditos ampliados es mucho mayor que el de los bancos privados. Ahora bien, por esa misma razón estos organismos también son un factor potencial de distorsión masiva del comercio si sus operaciones de financiación no respetan las normas comunes. Aunque los organismos de crédito a la exportación son un importante instrumento para respaldar el comercio y las inversiones de las empresas europeas, es preciso garantizar que sus operaciones sean sólidas desde el punto de vista financiero y que no tienen que recurrir a los contribuyentes para refinanciar sus operaciones. He votado a favor del presente informe y del requisito de entregar informes anuales a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo, porque en la actualidad se dispone de muy poca información que revele qué están financiado o qué han financiado los organismos de crédito a la exportación en el pasado, y algunos de estos organismos ni siquiera han comunicado con regularidad el saldo global de sus operaciones anuales, lo que viola los principios de transparencia.

  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) El objetivo de la propuesta de la Comisión Europea es introducir el «Acuerdo sobre directrices en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial» negociado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en la legislación europea, a fin de asegurar normas comunitarias y transparencia en las operaciones de los organismos de crédito a la exportación nacionales. Esta medida, que ya en sí misma constituye un paso positivo puesto que aborda la corrupción y la falta de transparencia, factores que generan el rebasamiento de los costes y los plazos, se mejora en el informe Jadot, que pretende mejorar la transparencia y la justicia introduciendo el Acuerdo alcanzado en el seno de la OCDE en la legislación comunitaria.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) Los organismos de crédito a la exportación constituyen la mayor fuente mundial de financiación oficial para los proyectos del sector privado. Se trata de organismos gubernamentales o instituciones financieras casi oficiales que proporcionan créditos a la exportación, préstamos, seguros y garantías de inversión a empresas que operan en regiones de alto riesgo en el extranjero, incluyendo muchos países en desarrollo.

Cabe señalar que la financiación de estos grandes proyectos en países en desarrollo es varias veces superior a la de la financiación anual combinada de todos los bancos de desarrollo multilaterales. Los organismos de crédito a la exportación son, por lo tanto, instrumentos que están potencialmente bien situados para contribuir a los objetivos de la UE en materia de política exterior, particularmente en lo que se refiere a la reducción de la pobreza y el cambio climático. Considero que las mejoras realizadas en el acuerdo en cuestión son positivas, especialmente en lo que a la transparencia se refiere, y considero fundamental declarar categóricamente que los organismos de crédito a la exportación también deben tener en cuenta y respetar las políticas y los objetivos europeos, sobre todo los valores asociados con la consolidación de la democracia, el respeto de los derechos humanos y la coherencia con la política de desarrollo. Aunque, por un lado, los organismos de créditos a la exportación facilitan el comercio, por otro lado, son fuente de distorsión debido a la ausencia de normas y criterios claros y transparentes.

  Lara Comi (PPE) , por escrito. – (IT) El comercio exterior es una de las herramientas más poderosas con las que contamos en nuestras negociaciones con terceros países. Al menos hasta que sea necesario decidir lo contrario, la UE ha optado por no disponer de su propio ejército y adoptar la política comercial como principal herramienta en las relaciones internacionales, y en este sentido no ha carecido de éxito. Las inversiones extranjeras directas realizadas en nuestras empresas, además, representan una fuente de desarrollo para terceros países, donde se genera empleo, y sin duda merece la pena animar a mantener estos vínculos a través de los organismos de crédito a la exportación. Lo que no podemos seguir permitiendo, en un mercado interior con derechos de aduana únicos, es que los Estados miembros individuales puedan dirigir estas inversiones.

Esto no se corresponde con la trayectoria que la Unión Europea ha iniciado y que trata de presentar al resto del mundo. Transferir todas las competencias relativas al comercio internacional de nivel estatal a nivel de la Unión constituye un paso más en la creación de una política industrial única, con vistas a una política económica común y, en el horizonte, a una mayor sinergia entre nuestros Estados.

  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) Las actividades de los organismos de crédito a la exportación deben estar mejor supervisados a nivel europeo y deben ser gestionados de una manera más transparente. Estos organismos estarán obligados a publicar un informe anual de actividades con el fin de verificar si los proyectos respaldados cumplen los objetivos en materia medioambiental, social y de desarrollo de la Unión Europea. Los disputados al Parlamento Europeo han pedido la eliminación progresiva de las subvenciones destinadas a los combustibles fósiles con el fin de favorecer la transición ecológica, en consonancia con los compromisos nacionales y europeos relacionados con la lucha contra el cambio climático. Con esta votación, el Parlamento reafirma su voluntad de ser testigo de la aplicación sistemática de medidas de transparencia financiera y medidas para incorporar el tema del cambio climático en todas las políticas de la UE, incluidas las relacionadas con el comercio y las inversiones de las empresas europeas.

  Edite Estrela (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe relativo a los créditos a la exportación con apoyo oficial, ya que considero que organismos de crédito a la exportación deben ser más transparentes e informar sobre sus actividades. También es importante asegurar una coherencia total con los objetivos del artículo 208 del Tratado, que establece la reducción y erradicación de la pobreza como principales objetivos de la política de cooperación al desarrollo de la Unión.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La Comisión y el Consejo están revisando actualmente el marco legislativo —denominado «Acuerdo sobre directrices en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial»— para su transferencia a la legislación comunitaria. El propósito es proporcionar una mayor seguridad jurídica a los organismos de crédito a la exportación de los Estados miembros. Los créditos a la exportación son instrumentos eficaces de apoyo a las empresas de la UE, ya que son capaces de contribuir a la creación de empleo y al desarrollo de proyectos que de otra manera tendrían dificultades para obtener financiación. El hecho de que cada vez se estén recibiendo más solicitudes sugiere que los Estados miembros deben introducir rápidamente el Acuerdo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.

Estoy de acuerdo con la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, ya que considero que «la supervisión a escala europea de los créditos a la exportación debe introducirse como una excepción en caso de que se produzcan distorsiones de la competencia en el mercado interior. El principio de subsidiariedad ha de respetarse».

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) El presente informe trata sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicación de determinadas directrices en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial. En realidad, la mayoría de los Estados miembros disponen de organismos de crédito a la exportación, que desempeñan un papel fundamental a la hora de apoyar el comercio europeo y la inversión empresarial con una cuantía total que asciende a 468 000 millones de euros en el periodo 2004-2009. Este apoyo se enmarca dentro del Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias (ASCM) —también denominado «el Acuerdo»— negociado entre los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y es un ejemplo de instrumento de financiación pública con participación de la Unión Europea. Habida cuenta de que estos organismos respaldan fundamentalmente actividades industriales perjudiciales para el medio ambiente, sobre todo en lo que respecta a las emisiones de CO2, y que, según el Banco Mundial, su efecto en la reducción de la pobreza es insignificante, estoy de acuerdo con la posición del ponente en el sentido de que los organismos de crédito a la exportación deberían contribuir a la consecución de las políticas y los objetivos de la UE, lo que significa que no hay necesidad de revisar el Acuerdo OCDE.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Consideramos que es necesaria una mayor supervisión y control de los organismos de crédito a la exportación, tanto en lo referente a las exportaciones como a las inversiones y las finanzas, ya que su falta de transparencia resulta inmensamente perjudicial, al propiciar el soborno y la corrupción

Los organismos de crédito a la exportación son instrumentos públicos muy utilizados por la UE para contribuir a la financiación de sus objetivos internacionales y de su intereses económicos y geoestratégicos, intereses inseparables de los objetivos de dominar y controlar regiones y países, lo que da lugar a la creación de auténticas relaciones neocoloniales. Las inversiones financiadas por los organismos de crédito a la exportación con frecuencia no favorecen en absoluto a sus supuestos beneficiarios.

La definición de directrices para los créditos a la exportación tiene como objetivo eludir el anunciado fin de las ayudas directas en el marco de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, que está presionando a los países en desarrollo para que acepten la firma de la Ronda de Doha. El principal objetivo de las ayudas directas o de crédito sigue siendo el control de los mercados y los recursos naturales, la explotación de los trabajadores, y el uso de productos o inversiones a fin de controlar la soberanía de los posibles países destinatarios gracias a la financiación de los organismos de crédito a la exportación.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) es necesaria una mayor supervisión y control de los organismos de crédito a la exportación, tanto en lo que respecta a las exportaciones como a las inversiones y las finanzas, ya que su falta de transparencia resulta inmensamente perjudicial, al propiciar el soborno y la corrupción

Sin embargo, los organismos de crédito a la exportación son instrumentos públicos muy utilizados por la UE para contribuir a la financiación de sus objetivos internacionales, especialmente en materia de cambio climático y de reducción de la pobreza. En ocasiones se utilizan como medios para financiar casos de auténtico colonialismo por parte de la UE en los denominados países en desarrollo.

La definición de directrices para los créditos a la exportación tiene como objetivo eludir el anunciado fin de las ayudas directas en el marco de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, que está presionando a los países en desarrollo para que acepten la firma de la Ronda de Doha, que ha sido impugnada por ellos.

El principal objetivo de las ayudas directas o de crédito sigue siendo el control de los mercados y los recursos naturales, la explotación de los trabajadores, y el uso de productos o inversiones a fin de controlar la soberanía de los posibles países destinatarios gracias a la financiación de los organismos de crédito a la exportación.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Sería un error que los créditos a la exportación con apoyo oficial no respetaran ciertos principios, sobre todo una cierta ética social, y que no cumplieran las directrices en materia de política exterior y de desarrollo. La transparencia en la utilización de estos fondos es, por lo tanto, obligatoria. Ahora bien, la política exterior llevada a cabo por la Unión es la que sirve como referencia, y esa política ha demostrado ser, sobre todo durante los últimos meses, inexistente, inconsistente y divergente, por no decir otra cosa. La propia Unión no respeta los principios que establece: ¿cuándo fue la última vez que vimos a la Comisión aplicar realmente las cláusulas sociales, de derechos humanos y medioambientales con las que salpica sus acuerdos comerciales?

¿Cuando se ha opuesto a los proyectos de financiación del Banco Europeo de Inversiones fuera de Europa que crean una competencia desleal para las empresas europeas, o que son social y medioambientalmente cuestionables? Además, el objetivo del presente informe es la transposición a la legislación europea de un acuerdo negociado en la OCDE, la organización globalista y ultraliberal. Ese acuerdo de facto permite a las empresas europeas estar en desventaja con respecto a sus competidores, sobre todo con respecto a los de China. En cuanto a votar a favor o en contra, nos hemos abstenido.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) Como se sabe, resulta imposible averiguar qué están financiando o qué han financiado en el pasado los organismos de crédito a la exportación. Algunos organismos de crédito a la exportación nacionales ni siquiera han comunicado con regularidad el saldo global de sus operaciones anuales. Otros muchos no comunican los datos desglosados referentes a sus préstamos sectoriales o a la distribución geográfica. Y ello a pesar de los requisitos en materia de transparencia del Acuerdo de la OCDE de 2005, al que se han adherido todos los Estados miembros y que se va a incorporar a la legislación de la UE. El Acuerdo de la OCDE no contiene los requisitos necesarios para garantizar la fijación de precios justos para las primas ya que no contempla disciplina alguna sobre transparencia ni normas mínimas para la aplicación de los cálculos de los riesgos sociales y medioambientales. Se propone poner orden en los requisitos en materia de transparencia en lo relativo al cálculo del riesgo, la divulgación de los instrumentos fuera de balance, que la notificación de los cálculos de los riesgos sociales y medioambientales tenga carácter obligatorio y que se establezca un requisito por el cual los Estados miembros de la UE tengan que informar anualmente a la Comisión acerca de las actividades de sus respectivos organismos de crédito a la exportación en este sentido. Por consiguiente, he votado a favor del presente documento, porque introducirá más transparencia y normas para la aplicación de los cálculos de los riesgos sociales y medioambientales.

  Arturs Krišjānis Kariņš (PPE), por escrito. – (LV) He apoyado la propuesta del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicación de determinadas directrices en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial, porque considero que son necesarias unas normas claras para todos los Estados miembros de la Unión Europea en lo referente a cómo apoyar a las empresas exportadoras. Las garantías de créditos a la exportación son un medio importante para ayudar a los empresarios a adquirir nuevos mercados y crear nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, no apoyo la enmienda 22, que impone una carga adicional sobre los empresarios y hace que las empresas europeas sean menos competitivas que los empresarios de otros Estados miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En época de crisis, los Estados miembros de la Unión Europea deben reducir la carga administrativa que colocan sobre los empresarios, no crear una nueva. En este ámbito, el Parlamento Europeo debe dar ejemplo, y no buscar nuevas razones para imponerles una carga adicional.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor del presente informe. Considero los créditos a la exportación como un instrumento importante para apoyar a las empresas de la UE. A la luz de la creciente demanda de créditos a la exportación con apoyo oficial, es indispensable que la nueva normativa de la OCDE sobre este instrumento se aplique lo antes posible en los Estados miembros. El apoyo a créditos a la exportación a medio y largo plazo constituye una potente herramienta que todavía no han explotado plenamente todos los Estados miembros, por lo que ha de fomentarse su uso. Los créditos a la exportación pueden contribuir a la creación de empleo al garantizar la financiación de proyectos que, de otro modo, habrían tenido dificultades para acceder al capital dado su carácter no mercantil. Estoy de acuerdo con el ponente, quien señala que cualquier nueva legislación en este ámbito debe evitar generar más trámites burocráticos o papeleo, lo que incrementaría los costes ya existentes. La supervisión a escala europea de los créditos a la exportación debe introducirse como una excepción en caso de que se produzcan distorsiones de la competencia en el mercado interior. El principio de subsidiariedad ha de respetarse.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) El presente informe pide que la concesión de créditos y garantías con apoyo oficial para las exportaciones del sector privado se complemente con una «evaluación de impacto social y ambiental». También pide que los objetivos de reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero no se vean afectados por estos proyectos. Es una exigencia mínima.

No obstante, voy a votar en contra del informe a fin de expresar mi amargo pesar por el hecho de que la Comisión de Comercio Internacional no esté tratando de dotarse de los medios para cumplir los objetivos sociales y ambientales dignos de ese nombre. La libre competencia, la lucha contra el proteccionismo y los obstáculos a la denuncia de las subvenciones destinadas a la exportación agrícola, son algunos de los muchos absurdos que respalda este texto.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. − (PT) Los organismos de crédito a la exportación (OCE) han estado desempeñando un papel cada vez más relevante en el apoyo de todo tipo de inversiones, contribuyendo así a reducir el impacto de la actual crisis económica y financiera a través de la creación de empleo y la ayuda al comercio y a la inversión de empresas a las que de otro modo no se les concederían créditos en el sector privado. Los OCE se han convertido en la mayor fuente de financiación pública para los países en desarrollo. Una proporción significativa de los proyectos de financiación de créditos a la exportación en los países en desarrollo se concentra en sectores como el transporte, el petróleo, el gas y las industrias de extracción, así como en importantes proyectos de infraestructura, como grandes presas, por ejemplo. De todos modos, es importante que las actividades de los OCE se supervisen de cerca para evitar futuros problemas.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. − La UE participa en el Acuerdo sobre líneas directrices en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial que se cerró en el marco de la OCDE. Sería conveniente que el Parlamento Europeo aprobara las enmiendas a la propuesta de la Comisión orientadas a aplicar más medidas sobre la transparencia y la obligación de rendir cuentas de los informes en la Unión Europea.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Los organismos de crédito a la exportación públicos o con apoyo oficial son importantes donantes de fondos para proyectos empresariales privados en países en desarrollo. En estos tiempos en los que los presupuestos nacionales no dan más de sí, están cobrando cada vez más relevancia como fuentes de inversión para empresas europeas, si no tienen que refinanciarse con dinero de los contribuyentes. Dado que los criterios de evaluación de riesgos para los organismos de crédito a la exportación públicos difieren bastante de los que se aplican para los organismos en los que el préstamo procede de un banco privado, en el comercio internacional la competencia puede distorsionarse, como muestra el ejemplo de China. Por esta razón, existe una gran cantidad de reglamentos, como los acuerdos de la OCDE y la OMC, que fijan los plazos de reembolso y un tipo mínimo de prima. A fin de realizar la evaluación, descartar abusos y evitar la refinanciación del dinero de los contribuyentes, se necesitan reglas para lograr una mayor transparencia a través de una obligación a escala europea de publicar informes anuales, etc. No se sabe si las medidas propuestas aportarán una mayor transparencia. Por ello me he abstenido de votar.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque coincido con el ponente en que los créditos a la exportación constituyen un instrumento poderoso de apoyo a las empresas de la UE. Dado el creciente número de pedidos de crédito a la exportación con apoyo oficial cada vez es más importante que los Estados miembros introduzcan lo más rápido posible el acuerdo más reciente de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre este instrumento. Los créditos a la exportación a medio y largo plazo suponen un instrumento valioso que los Estados miembros no han explotado al máximo y que debe fomentarse, en especial en una economía debilitada como la de Portugal. Los créditos a la exportación actúan sin duda como un motor para la creación de empleo asegurando la financiación de proyectos que de otro modo tendrían un acceso más limitado al capital. Cualquier legislación en este campo debe evitar la creación de toda y cualquier nueva forma de burocracia administrativa que pueda incrementar los costes ya existentes. La supervisión a escala europea de los créditos a la exportación debería introducirse solo como excepción cuando se produzca la distorsión de la competencia en el mercado interior. El principio de subsidiaridad se debe respetar al pie de la letra en este ámbito.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. − (IT) Los organismos de crédito a la exportación (OCE) representan la mayor fuente de financiación oficial del mundo para proyectos del sector privado, pero también pueden provocar una distorsión masiva del comercio si las operaciones de financiación no se controlan con reglas comunes. Por lo tanto, deberíamos continuar con la revisión del acuerdo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (el Acuerdo sobre directrices en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial) para poder supervisar con mayor detenimiento el funcionamiento de los OCE europeos y asegurarnos de que sus decisiones sean coherentes con las políticas y objetivos de la UE. También hemos de aclarar la obligación de ofrecer transparencia en el cálculo del riesgo y en la divulgación de los instrumentos fuera de balance. En resumen, es vital establecer un requisito para que los Estados miembros de la UE informen cada año a la Comisión sobre las actividades de sus OCE en este sentido. En vista de las anteriores observaciones y dado que los OCE pueden resultar útiles para contribuir a los objetivos exteriores de la Unión (en especial el cambio climático y la reducción de la pobreza), voto a favor de esta resolución porque creo que los créditos a la exportación constituyen un importante instrumento para apoyar el comercio y las inversiones de las empresas europeas.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – (FR) Como ha dicho el ponente, el señor Jadot, la votación de hoy refuerza la posición del Parlamento Europeo en el tema y envía una potente señal a un Consejo Europeo demasiado temeroso. Los organismos de crédito a la exportación constituyen un instrumento importante para la Unión Europea en apoyo del comercio y la inversión de las empresas europeas.

No obstante, nos urge atajar la falta de transparencia y supervisión de la UE —en especial, del Parlamento— en torno a las actividades de estas instituciones, teniendo en cuenta ante todo que varios cientos de millones de euros pasan cada año a través de ellas y que los presupuestos nacionales están sujetos a las drásticas limitaciones presupuestarias.

Yo también estoy encantado de que los diputados al Parlamento manifiesten una vez más su apoyo a la eliminación progresiva de las subvenciones asociadas a los combustibles fósiles y de que fomenten así la transición ecológica, de acuerdo con los compromisos europeos y nacionales relacionados con el cambio climático.

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. − (IT) Los países más industrializados cuentan con un organismo de crédito a la exportación. Estos organismos representan como grupo la mayor fuente mundial de financiación oficial para los proyectos del sector privado. La cuantía de la garantía asumida por los organismos de crédito a la exportación para grandes proyectos industriales y de infraestructura en los países en desarrollo es varias veces superior a la de la financiación anual combinada de todos los bancos de desarrollo multilaterales. Los organismos facilitan el comercio legítimo cuando el mercado de capitales privados no lo hace. Cuentan con una capacidad de absorción de riesgos mucho mayor que la de los agentes privados, puesto que no tienen que pagar impuestos ni obtener beneficios, por lo que su margen de maniobra para cubrir gastos en el caso de créditos ampliados es mucho mayor que el de los bancos privados.

Ahora bien, por esa misma razón estos organismos también son un factor potencial de distorsión masiva del comercio si sus operaciones de financiación no respetan las normas comunes. He votado a favor de este informe porque los créditos a la exportación deberían estar sujetos a condiciones de devolución dentro de un plazo determinado y debería cobrarse un tipo mínimo de prima para cubrir el riesgo de impago.

Informe: Eva-Britt Svensson (A7-0065/2011)

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – (LT) He votado a favor de esta importante resolución sobre un nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres constituye un problema tanto internacional como europeo. A pesar de que la violencia contra las mujeres ha sido un tema de debate durante décadas, la comunidad internacional no ha sido capaz de poner fin a esta forma de delincuencia tan sumamente destructiva. Por este motivo, es muy importante esforzarse al máximo en la UE por reducir lo más posible la violencia contra las mujeres y crear las condiciones para evitarla, por procesar a los agresores y por proteger a las víctimas. Para lograr estos objetivos es necesario armonizar el derecho penal de la UE y poner en práctica un marco jurídico que estipule una sanción eficaz para los agresores y la protección de las víctimas. También resulta muy significativo para combatir la trata de seres humanos. El matrimonio forzoso es otra forma de violencia de género que constituye una grave violación de los derechos individuales a la libertad y la autodeterminación. Es importante que las mujeres jóvenes estén protegidas contra este tipo de relaciones forzosas. La violencia vinculada al honor es un concepto clave en este contexto. A fin de poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres es necesario difundir información sobre la igualdad de género e informar de manera activa a la sociedad, en especial a los estratos en los que las relaciones entre hombres y mujeres se basan en tradiciones y rituales.

  Roberta Angelilli (PPE), por escrito. − (IT) En Europa, una de cada cuatro mujeres es víctima de al menos alguna forma de violencia durante su vida. El coste anual de esta violencia se estima en torno a los 33 000 millones de euros, una cifra que no debería subestimarse.

El respeto del principio de la igualdad de género es un valor que se descuida de manera constante en vista de la amplia gama de violaciones de los derechos humanos que afectan a las mujeres y dañan su salud física y mental, afectan a sus derechos y perjudican su posición en la sociedad. Las nuevas cifras de las que disponemos ahora no ofrecen una visión completa del fenómeno, pero basta observar el propio ámbito familiar o laboral para constatar que aún no hemos logrado proteger a las mujeres de la violencia.

Agradezco el compromiso asumido por la Comisión de presentar en 2011-2012 la «Comunicación sobre la estrategia para combatir la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica y la mutilación genital femenina», a la que deberá seguir un plan de acción de la UE. También espero que se adopte un enfoque político integral que conste de acciones jurídicas, judiciales, ejecutivas y sanitarias capaces de reducir de una manera eficaz la violencia y las consecuencias que acarrea, por desgracia, para el 26 % de los niños y jóvenes que denunciaron haber sufrido violencia física en su infancia.

  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. – (RO) Las cifras oficiales en cuanto a la violencia contra las mujeres son bastante inferiores a las de la triste realidad de cada Estado miembro. Oficialmente, en el periodo de 2004 a 2009 se registraron alrededor de 60 000 casos de violencia doméstica, y casi 800 de ellos acabaron con la muerte de la víctima. El 70 % del total de mujeres maltratadas sobrelleva el abuso en silencio y solo el 30 % se decide a denunciarlo a la policía.

En este contexto, estoy de acuerdo con que se facilite el acceso de las víctimas de la violencia contra las mujeres a asistencia jurídica gratuita. Creo que la declaración de un año europeo para combatir la violencia contra las mujeres ofrece la posibilidad de concienciar a los europeos de este problema cotidiano para un gran número de mujeres en la Unión Europea. He votado a favor de este informe porque creo en la importancia de una carta europea que establezca servicios mínimos de asistencia para las víctimas de la violencia contra las mujeres con el objeto de reducir este fenómeno en todos los Estados miembros.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) Este informe de propia iniciativa se preparó en el marco de las diversas propuestas que la Comisión Europea anunciará en 2011 y 2012 para combatir la violencia contra las mujeres. Tiene una importancia especial para mí y para la asociación Femmes au Centre (Mujeres en el centro), que organizó una conferencia en torno a este tema hace unas semanas en París. El informe propone un nuevo enfoque político integral contra la violencia de género que incluye, en particular, el establecimiento de una carta europea de servicios mínimos de asistencia para las víctimas y un instrumento penal a escala europea. He votado a favor de este informe.

  Liam Aylward (ALDE), por escrito. – (GA) La comunidad internacional debe poner en práctica un enfoque transfronterizo para combatir la violencia contra las mujeres. No cabe duda de que este tipo de violencia viola las libertades y los derechos fundamentales de las mujeres, como el derecho a la seguridad y a la dignidad humana. Los Estados miembros tienen que aplicar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que aspira a garantizar los derechos y libertades de las mujeres. La UE puede introducir disposiciones de derecho penal en virtud del Tratado de Lisboa y el Tratado hace referencia específica a la trata de personas y a la explotación sexual de niños y mujeres. He votado a favor de este informe porque creo que es hora de que la UE aborde este asunto y dé ejemplo por medio de la legislación y el respaldo necesarios para poner fin a la violencia contra las mujeres. Se debe adoptar un enfoque polifacético orientado a garantizar la eficacia de las medidas políticas, sociales y jurídicas que se están aplicando.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. − (LT) La violencia contra las mujeres en sus diversas formas sigue siendo un gran problema internacional y europeo. La UE considera importante que la integridad de las mujeres cuente con una protección jurídica amplia y coherente. Algunos países aún no tienen una ley que penalice la violencia doméstica contra las mujeres. La violencia doméstica no ha de tratarse como un asunto privado. Los Estados miembros deben asegurarse de que las autoridades judiciales den prioridad a la interposición de acciones judiciales por actos de violencia doméstica y de que se encause a los autores de este tipo de violaciones.

  Dominique Baudis (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor de este informe, que expresa la posición clara del Parlamento Europeo. Animamos a la Comisión a combatir la violencia contra las mujeres. Por supuesto, existen mecanismos jurídicos de prevención y represión en todos los Estados miembros. Aun así, Europa ha de encargarse de este asunto, que entra dentro de sus competencias. Es inadmisible que haya mujeres que sufran acoso y violencia física y moral a diario.

  George Becali (NI), por escrito. – (RO) He votado a favor de este informe porque la violencia contra las mujeres es un problema tanto internacional como europeo. Este informe presenta un paquete de medidas imprescindibles para garantizar una vida digna a las mujeres de Europa. Reviste una importancia fundamental que la integridad de las mujeres cuente con una protección jurídica amplia y coherente. Al legislar en la UE es indispensable ser conscientes de la extrema vulnerabilidad de las mujeres y los niños víctimas de la violencia doméstica. No obstante, no basta con introducir o aprobar una serie de leyes penales para la protección de las mujeres; el enjuiciamiento de los agresores también debe ser más eficaz.

Un ámbito clave en el que se pueden utilizar más recursos es la formación permanente de las autoridades policiales en Europa. La policía es la primera instancia encargada del orden público a la que recurre la víctima de violencia. Una medida práctica que puede adoptarse es la introducción de un número de emergencia para la violencia de género en los Estados miembros. Las mujeres víctimas de la violencia podrían llamar a este número para obtener asistencia inmediata.

  Sergio Berlato (PPE), por escrito. − (IT) La igualdad de género constituye uno de los principios fundamentales de la Unión Europea. A pesar de que la violencia contra las mujeres ha sido un tema de debate durante décadas, la comunidad internacional aún no ha sido capaz de poner fin a esta forma de delincuencia tan grave. La violencia de género causa graves daños en la salud física y mental de las personas y conlleva más costes para la sociedad en forma de problemas sociales y costes para los sistemas jurídico y sanitario. Se estima que el coste para la sociedad como consecuencia de la violencia de género, en forma de gastos de asistencia sanitaria, jurídica y social, alcanza un total de 2 millones de euros por hora en todos los Estados miembros.

En mi opinión, un aspecto importante en el que la integridad física y mental de las mujeres requiere una fuerte protección jurídica es la mutilación genital. De hecho, creo que estos actos que descalabran la salud de las mujeres no pueden legitimarse por medio de consideraciones culturales.

Además, necesitamos un mayor conocimiento de la magnitud de la violencia de género para intensificar la concienciación pública. Por eso, estoy a favor de las medidas tomadas para alentar a los Estados miembros a elaborar planes de acción nacionales destinados a combatir la violencia de género.

  Slavi Binev (NI), por escrito. – (BG) Este informe sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres plantea varias propuestas interesantes; por eso lo he apoyado. De todas maneras, no ha de tomarse, de ningún modo, como una directiva que los Estados miembros tienen que trasponer por fuerza a su propia legislación. Los mecanismos que facilitan el acceso a la ayuda jurídica y permiten así a las víctimas ejercer sus derechos en cualquier lugar de la Unión Europea no deben ni pueden ofrecerse gratis. Soy partidario de establecer un marco jurídico que confiera a las mujeres inmigrantes el derecho a tener un pasaporte y un permiso de residencia propios y que permita exigir responsabilidad penal a toda persona que se apodere de dichos documentos.

  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. − (IT) En la actualidad esperaría que un informe sobre la violencia contra las mujeres pusiera de relieve la incuestionable emergencia que representan los crecientes niveles de violencia contra de las mujeres en las comunidades musulmanas de Europa. Las organizaciones europeas que luchan contra la violencia de género y defienden los derechos de las mujeres nos informan de que el fenómeno sigue creciendo. Sucede delante de nuestras narices, pero parece que existe una cierta reticencia a hablar del problema con los términos correctos. El informe menciona, por ejemplo, los matrimonios forzosos y la mutilación genital femenina, pero estos fenómenos, que sufren un crecimiento exponencial en nuestras ciudades, se abordan como si fueran cuestiones relacionadas con el ambiente cultural. La verdad es que están vinculados a la presencia masiva de inmigrantes que traen a Europa una concepción fundamentalista de la religión, el islam, y aunque hoy son las mujeres de estas comunidades las que pagan el precio, mañana podría afectar a nuestras mujeres y a la esencia misma de la sociedad occidental. La UE debería poner en práctica de inmediato políticas adecuadas y específicas para este tema, y no para la violencia relacionada con el contexto «cultural», lo que no significa nada, para que podamos luchar contra este fenómeno que tanto se está extendiendo hoy y que a este ritmo será imposible de manejar mañana.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe, porque es necesario atajar la violencia contra las mujeres con urgencia. Me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que una de cada diez mujeres europeas ha sido víctima de la violencia y de que esta representa una de las causas más frecuentes de muerte violenta entre mujeres. A pesar de que la violencia contra las mujeres ha sido un tema de debate durante varias décadas, me duele que aún no seamos capaces de proteger a las mujeres de la violencia. Con este fin, es muy importante que la Comisión Europea elabore una única directiva sobre todas las formas de violencia contra las mujeres —física, sexual o psicológica— y la lucha contra ellas. La violencia de género comprende el abuso sexual, la trata de mujeres, el matrimonio forzoso, la mutilación genital y otros tipos de violaciones. Este tipo de delitos violentos afectan mucho a la salud física y mental de la mujer y la dañan de manera irreparable y, por lo tanto, los Estados miembros deberían asegurar asistencia sanitaria para las víctimas de la violencia. Es más, me gustaría instar a la Comisaria de Interior, Cecilia Malmström, a que reduzca la asistencia financiera asignada a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que combaten la violencia contra las mujeres. Aun más actos de violencia están teniendo lugar durante la crisis económica y financiera, así que bajo ninguna circunstancia podemos reducir la financiación en este ámbito.

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) El Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la violencia contra las mujeres, que subrayó la necesidad de una legislación integral que combatiera todas las formas de violencia contra las mujeres. La Comisión ha tomado algunas decisiones importantes destinadas en principio a este objetivo, en especial mediante la preparación de un nuevo plan de acción para la igualdad de género, que recalca que la violencia de género constituye uno de los principales problemas que deben abordarse. La Comisión también ha anunciado que en 2011 presentará una propuesta de un plan estratégico para combatir la violencia por razón de género. La violencia de género causa un grave daño a la salud física y mental de las personas, lo que acarrea elevados costes para la sociedad, como problemas sociales y costes para el sistema jurídico y sanitario.

Los costes de la violencia de género para la sociedad se calculan sobre la base de los costes de atención sanitaria, el sistema jurídico y los costes de los servicios sociales. La violencia de género constituye también un serio problema con respecto a la democracia. El mero hecho de que las mujeres sean víctimas de la violencia restringe sus oportunidades de participar en la vida social y profesional.

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), por escrito. – (RO) Como diputado liberal al Parlamento solo puedo apoyar este informe, puesto que los Estados miembros necesitan una nueva estrategia para combatir la violencia contra las mujeres, que afecta tanto a la integridad física y mental de las mujeres, considerada un derecho fundamental. La violencia contra las mujeres perjudica tanto a las víctimas como a los niños que crecen en este entorno poco idóneo para su desarrollo personal. La igualdad de género es uno de los valores fundamentales de particular importancia para los liberales. La sociedad moderna, basada en la igualdad de derechos y la igualdad ante la ley, no puede tolerar este tipo de incidentes, aunque existan razones culturales o religiosas para justificarlos.

Creo que la UE y los Estados miembros deben utilizar todos los instrumentos a su disposición para luchar contra la violencia de género. Apoyo la idea de una directiva que estipule sanciones penales para los autores de la violencia contra las mujeres. Creo que debe ir acompañada de un número suficiente de centros de apoyo a las víctimas y de la formación adecuada para aquellos que trabajan con ellas, como agentes de policía, jueces y médicos, entre otros.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. − (PT) Me alegro de que en el ámbito comunitario se haya mostrado preocupación por la violencia contra las mujeres. Me parece crucial para el éxito de la lucha contra este problema europeo e internacional que los Estados miembros asuman la responsabilidad, que, como es natural, implica la adopción de la legislación necesaria. Por lo tanto, voto a favor del nuevo marco político de la UE orientado a combatir la violencia contra las mujeres, ya que creo que representa el progreso en la lucha contra la violación de los derechos y libertades fundamentales, tales como el derecho a la seguridad y la dignidad humana.

  Nessa Childers (S&D), por escrito. − He votado a favor de este informe porque la situación en Irlanda refleja el problema que ha sufrido toda Europa. El National Crime Council descubrió en 2005 que una de cada siete mujeres en Irlanda fue víctima de conductas muy abusivas de naturaleza física, sexual o emocional por parte de su pareja en algún momento de su vida. El impacto de la violencia doméstica física o sexual no debería subestimarse, ya que causa graves daños a la salud física y mental, que originan depresiones graves y son incluso motivo de suicidio. No obstante, el informe del Parlamento muestra también el coste para el erario público y se estima que el coste que la de la violencia de género supone para la sociedad —en forma de gastos en asistencia sanitaria, el sistema jurídico y servicios sociales— asciende a 2 millones de euros por hora en total en todos los miembros de la UE.

En 2009 tuve el privilegio de convertirme en la primera embajadora de Rape Crisis North East con sede en Dundalk. Este servicio de apoyo y asesoramiento es uno de los muchos que existen en Irlanda del Este. Estas ONG ofrecen un apoyo vital a las víctimas de violencia sexual y doméstica, aunque tienen que enfrentarse a un entorno de financiación muy difícil. Espero que este informe ayude a luchar contra la violencia doméstica en Europa.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. − (PT) Condeno con vehemencia todas las formas de violencia contra hombres, mujeres y niños y apoyo cualquier iniciativa para prevenir y combatir este azote y proteger a sus víctimas. Las cifras que han salido a la luz en algunos estudios sobre la violencia en Europa son inadmisibles, con el 26 % de los niños y jóvenes víctimas de la violencia física, entre una quinta y una cuarta parte de la población femenina víctima de actos de violencia física al menos una vez durante su vida adulta y más de una décima parte de esta población víctima de la violencia sexual con uso de fuerza.

De hecho, el número de mujeres víctimas de violencia es alarmante y las enormes disparidades entre las políticas y la legislación de cada Estado miembro contribuyen a ello, lo que significa que las mujeres no cuentan con el mismo nivel de protección en toda Europa. Es crucial que la legislación europea garantice una protección amplia y coherente a todas las mujeres mediante la adopción de un acto jurídico integral que permita la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, complementada por una serie de medidas en varios ámbitos políticos, sociales y jurídicos.

  Anna Maria Corazza Bildt, Christofer Fjellner y Gunnar Hökmark (PPE), por escrito. − (SV) Nosotros los conservadores suecos estamos de acuerdo con la descripción del problema que se ofrece en el informe. En el Programa de Estocolmo, para el que hemos representado un poderoso estímulo, la lucha para combatir la violencia contra las mujeres es una prioridad. En el plan de acción que pone en práctica el Programa de Estocolmo, la Comisión se comprometió a proponer una estrategia que se presentará en 2011-2012 y que va dirigida a combatir la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica y la mutilación genital femenina. Además, en el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se estipula que la UE se esforzará por combatir todas las formas de violencia doméstica y que los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias para sancionar estos actos de violencia y proteger a las víctimas. Dado que el derecho penal es responsabilidad de cada Estado miembro, hemos votado en contra del apartado sobre la introducción de una directiva a escala de la UE. Hemos votado a favor del informe porque creemos que los Estados miembros deben tomar medidas para garantizar la seguridad de las mujeres.

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), por escrito. – (RO) Creo que, en el ámbito comunitario, los Estados miembros tienen que realizar un mayor esfuerzo de recopilación de estadísticas nacionales más amplias que cubran mejor la violencia contra las mujeres, independientemente de la forma en la que se dé —violación, trata con fines sexuales, matrimonios forzosos, prostitución forzada, sin mencionar violencia en el entorno familiar o infligida por antiguas parejas. Sin embargo, la finalidad consiste también en mejorar la recopilación de datos sobre este problema para que se puedan encontrar las soluciones más apropiadas para castigar a los autores del delito.

  Mário David (PPE), por escrito. − (PT) He votado a favor de este informe porque creo en su relevancia para una sociedad que trata de ser más equilibrada y justa. Este fenómeno se presenta en todas las sociedades, de una manera polifacética, en el sector privado, público o semipúblico y las cifras relacionadas y las formas que toma a menudo se desconocen. Por eso creo que, como se contempla en este informe, es necesario un análisis exhaustivo, así como la creación de mejores procesos de investigación de este fenómeno con el fin de combatirlo mejor en el contexto internacional. Este informe sugiere un nuevo enfoque ante la violencia de género y el refuerzo de las medidas entre los Estados miembros en cuanto a la prevención, y a las sanciones penales, así como medidas de asistencia a las víctimas. También plantea preguntas relevantes sobre la repercusión de la violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad. Considero crucial un papel activo de la Comisión, el Parlamento y los Estados miembros para la creación de medidas destinadas a combatir este fenómeno, que afecta a distintas personas y generaciones.

  Proinsias De Rossa (S&D), por escrito. − La violencia del hombre hacia la mujer constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres que refleja y exacerba las desigualdades entre hombres y mujeres. Los estudios sobre la violencia de género estiman que del 20 al 25 % de todas las mujeres europeas ha sufrido actos de violencia física al menos una vez durante su vida adulta. La violencia contra las mujeres no conoce límites geográficos, límites de edad ni distinciones de clase, raza o cultura, pero sigue siendo invisible y las víctimas callan. Estoy a favor de este informe que propone un nuevo enfoque político integral contra la violencia de género que incluya el establecimiento de un instrumento de derecho penal en forma de directiva contra la violencia de género; la formación de funcionarios que puedan entrar en contacto con casos de violencia contra las mujeres; los requisitos para que los Estados miembros demuestren la debida diligencia y registren e investiguen todas las formas de delitos relacionados con la violencia de género; la petición de asistencia financiera para las ONG que trabajan en apoyo de las víctimas de la violencia. Se buscan también planes encaminados a desarrollar directrices metodológicas y acometer nuevos esfuerzos de recolección de datos estadísticos para obtener datos estadísticos comparables sobre la violencia de género con el fin de identificar el alcance del problema y de sentar las bases para un cambio en la acción frente al problema.

  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) En Europa, una de cada cuatro mujeres sufrirá durante su vida actos de violencia física y más de una de cada diez será víctima de violencia sexual con el uso de fuerza. Ante estas cifras tenemos que tomar medidas con urgencia. Por consiguiente, la Comisión debe establecer un nuevo marco político europeo para combatir la violencia contra las mujeres. Todas las formas de violencia contra las mujeres —violación, prostitución, la violencia sexual, etc.— deben someterse a procedimientos penales en todos los países de la Unión Europea. Todos los Estados miembros tienen el deber de proporcionar a las mujeres víctimas acceso a la asistencia jurídica gratuita y a instalaciones de acogida que les permitan construir una vida nueva y mejor para ellas y para sus hijos. Este reconocimiento a nivel europeo de la violencia contra las mujeres como una infracción penal es del todo necesario.

  Karima Delli (Verts/ALE), por escrito. – (FR) El Parlamento Europeo aprobó el martes 5 de abril de 2011 un informe sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres. Este texto recalca la naturaleza específica de la violencia que algunos hombres ejercen sobre mujeres y niñas; en efecto, es uno de los obstáculos más comunes y perniciosos para la igualdad de género. El informe de hoy permitirá que pongamos en práctica un instrumento de derecho penal en forma de directiva de la Unión Europea orientada a combatir la violencia de género. En efecto, establece una carta europea, que garantizará un nivel mínimo de asistencia, incluido el derecho a la asistencia jurídica y servicios de asistencia psicológica urgente gratuitos. Además, los diputados al Parlamento instan a la Comisión a establecer un observatorio de la violencia contra las mujeres. Gracias al Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea una enmienda aprobada exige también que los Estados miembros reconozcan como delito la violación y la violencia sexual dentro del matrimonio o de otro tipo de relación íntima.

  Anne Delvaux (PPE), por escrito. – (FR) La violencia contra las mujeres es un problema tanto internacional como europeo. Violencia doméstica, prostitución, trata de seres humanos; es lamentable que aún no estemos en condiciones de proteger a las mujeres de la violencia de nuestras sociedades. Este tipo de violencia de género supone una violación de los derechos y libertades fundamentales, así como de los derechos a la seguridad y la dignidad humana. Se trata de mantener la integridad de las víctimas y de cuidar de los principales intereses colectivos de la sociedad, como la libertad y la democracia. La Unión Europea debería asumir sus responsabilidades e introducir legislación para poner fin a esta violencia.

Así pues, he votado a favor de la introducción de medidas como un mecanismo para facilitar el acceso a la asistencia jurídica gratuita, un sistema de prestaciones económicas que promueva la autonomía de las víctimas y facilite su retorno a la vida normalizada y la actividad laboral. El respeto de los derechos humanos es un valor fundamental consagrado en el Tratado de la Unión Europea. ¡Respetemos también los derechos de las mujeres!

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt y Cecilia Wikström (ALDE), por escrito. − (SV) El Parlamento Europeo ha votado a favor de un marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres. Celebramos la decisión y hemos votado a favor de la propuesta en su conjunto. La decisión es de una importancia particular, ya que insta a la Comisión a que cumpla sus anteriores promesas de presentar una propuesta legislativa concreta destinada a combatir la violencia contra las mujeres.

No obstante, la propuesta contiene algunos enunciados acerca de la maternidad de alquiler que nos parecen demasiado simplistas por su actitud negativa general hacia este fenómeno y acerca de las adopciones internacionales. No somos ingenuos con respecto a los problemas de la maternidad de alquiler, pero no queremos atacarla por estos problemas, ya que en algunos casos puede ser una experiencia positiva para las partes implicadas. Por eso hemos votado en contra de estos enunciados concretos sobre la maternidad de alquiler —una posición que nuestro Grupo, el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, también aprobó en la votación original de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. − (PT) La violencia contra las mujeres engloba una serie de graves violaciones de los derechos fundamentales, como el abuso sexual; el ataque a la integridad física y la violencia doméstica; la violencia psicológica; el acoso o la coacción; y la trata de mujeres y su explotación para la prostitución, entre otros muchos ejemplos de agresión que los Estados miembros deben combatir con determinación. Condeno todo tipo de violencia, pero, en especial, la que se ejerce contra las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad —psicológica, social, económica o emocional— como niños y mujeres. Por eso mismo, los Estados miembros deben tratar de eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, en particular la trata para la explotación sexual, la violación de la autodeterminación sexual y los ataques a su integridad física.

El respeto por la vida y la dignidad humanas no pueden coexistir con los crímenes de los que muchas mujeres europeas son víctimas. Por ello, se necesitan políticas firmes de prevención de la violencia y de castigo de los agresores.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − (PT) La comunidad internacional lleva varios años debatiendo las situaciones de violencia contra las mujeres. No obstante, constatamos que siguen siendo víctimas de la violencia: una quinta parte de las mujeres europeas ha sufrido actos de violencia al menos una vez. Por ello, es importante que la Unión Europea apruebe legislación para poner fin a esta tragedia. Aunque la Comisión Europea ha sugerido varias iniciativas para contener este azote que afecta a millones de mujeres de todo el mundo mediante la elaboración de un nuevo plan de acción sobre la igualdad de género (2010-2015), la verdad es que la UE no puede quedarse quieta mientras prosiguen las violaciones de los derechos fundamentales, en especial en los siguientes ámbitos: abuso sexual, mutilación genital femenina y matrimonio forzoso, trata de seres humanos y prostitución, falta de protección jurídica, etc. Coincido con la necesidad de profundizar en los estudios sobre esta materia de modo que dispongamos de datos más pormenorizados y científicos, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por eso, celebro las propuestas de la ponente, en particular del establecimiento de refugios para las víctimas, de un número de emergencia y la institución del año europeo para combatir la violencia contra las mujeres.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. − (PT) La violencia contra las mujeres en sus diversas formas —violencia doméstica, violencia sexual, prostitución, trata de mujeres, acoso sexual y psicológico y violencia contra las mujeres en sus puestos de trabajo— representa una grave violación de los derechos y libertades humanas, tanto a nivel individual como colectivo, con profundas consecuencias sociales. La prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres tienen que constituir objetivos estratégicos esenciales, y su persecución no puede desvincularse del progreso por el que lucha nuestra civilización.

Algunos estudios sobre la violencia de género estiman que entre la quinta y la cuarta de la población femenina europea ha sido víctima de actos de violencia física al menos una vez durante su vida adulta y que alrededor de una décima parte ha sufrido violencia sexual. También se estima que alrededor del 26 % de los niños y jóvenes denuncian casos de violencia física durante la infancia y la adolescencia, lo que resulta muy inquietante si tenemos en cuenta las premisas basadas en el aprendizaje social, que sostienen que la víctima de hoy podría convertirse en el agresor de mañana.

Sería importante ahora llevar a la práctica las orientaciones incluidas en este informe.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. − (PT) Acogemos con agrado la aprobación de este informe de uno de los miembros de nuestro Grupo, la señora Svensson, que también preside la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento.

Sabemos que la violencia contra las mujeres representa una grave violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, tanto a nivel individual como colectivo, con enormes consecuencias sociales, dado que la violencia contra las mujeres abarca una amplia gama de violaciones de los derechos humanos, entre las que se incluye violencia doméstica, violencia sexual, prostitución, trata de mujeres, acoso sexual y psicológico y violencia contra las mujeres en sus puestos de trabajo.

Por eso, la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres son objetivos estratégicos esenciales para el progreso por el que lucha nuestra civilización.

Algunos estudios sobre la violencia de género estiman que entre la quinta y la cuarta de la población femenina europea ha sido víctima de actos de violencia física al menos una vez durante su vida adulta y que alrededor de una décima parte ha sufrido violencia sexual. También se cree que alrededor del 26 % de los niños y jóvenes denuncian casos de violencia física durante la infancia y la adolescencia, lo que resulta muy inquietante si tenemos en cuenta las premisas basadas en el aprendizaje social...

(Explicación de voto abreviada de conformidad con el artículo 170 del Reglamento)

  Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. − (IT) La violencia contra las mujeres es un mal de nuestra sociedad que tenemos que combatir a toda costa. De cualquier modo, no puedo respaldar esta resolución por la excesiva atención que presta a las mujeres inmigrantes. En este momento en especial, esta atención por parte de la UE y sus gobiernos debería contar con una gran visibilidad y no debería limitarse a bellas palabras en apoyo de los proyectos europeos.

  Catherine Grèze (Verts/ALE), por escrito. – (FR) Mi Grupo está dividido en su opinión sobre este asunto. He votado a favor de la enmienda 19 y el considerando J sobre la palabra «prostitución» porque creo que la prostitución sí constituye un acto de violencia contra las mujeres.

  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. – (FR) La violencia contra las mujeres es una realidad que se desatiende con demasiada frecuencia: se cree que entre el 20 y el 25 % de las mujeres europeas ya ha sufrido la violencia física al menos una vez durante su vida adulta. La semana pasada el Parlamento Europeo aprobó un informe relacionado con este asunto y con la necesidad de establecer un marco político en este ámbito que yo acojo con gusto. Nuestro informe trata de alentar a todos los Estados miembros a considerar la violencia contra las mujeres un delito y, así pues, a establecer un instrumento de derecho penal para combatirla. Además, lo que es más importante, he votado a favor de la introducción de un mecanismo para facilitar el acceso a ayuda jurídica gratuita y a favor de la provisión de servicios gratuitos de asistencia psicológica urgente para las víctimas. También he respaldado las enmiendas que reconocen «el grave problema que supone en la Unión Europea la prostitución» y consideran que la «violencia contra las mujeres» abarca la prostitución. Por último, he votado a favor de que la violación y la violencia sexual se consideren delitos, aunque se produzcan dentro del matrimonio o de cualquier otro tipo de relación íntima.

  Roberto Gualtieri (S&D), por escrito. − (IT) Un marco normativo europeo para combatir la violencia contra las mujeres representa un paso esencial en una estrategia integral. Solo una combinación de acciones judiciales, sociales, económicas y preventivas puede ayudar a resolver este problema que no está tan lejos de nuestra realidad, ya que en la Unión Europea más de una cuarta parte de las mujeres ha sido víctima de la violencia durante su vida. La violencia contra las mujeres no entiende de diferencias de edad, ni de orígenes étnicos ni de entornos culturales y sigue siendo un problema invisible que, sin embargo, acarrea costes humanos, sociales y económicos muy elevados.

La Unión Europea debe afirmar su papel activo en la lucha contra la discriminación contra las mujeres y esta es la razón por la que el informe Svensson apoya a la Comisión Europea en sus esfuerzos por crear un marco normativo claro y homogéneo en el contexto del Programa de Estocolmo.

Por lo tanto, estoy a favor de la solicitud de un instrumento de derecho penal que defina la violencia contra las mujeres como un delito, a través de la elaboración de una directiva para luchar contra la violencia de género que concuerde con las distintas iniciativas de formación, prevención y sensibilización a fin de combatir todas las formas de abuso contra las mujeres.

  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) He votado a favor de este informe, porque en el siglo XXI es esencial que nos aseguremos de que la violación se considere un delito en toda Europa y de que los autores de este sean enjuiciados y castigados. Es inadmisible que en la actualidad no todas las víctimas de estos atroces actos, en función de donde vivan, disfruten de las mismas de oportunidades para obtener justicia y reparaciones por la violencia que han sufrido. Ahora les corresponde al Consejo y a la Comisión dar el próximo paso y no cabe duda de que no pondrán trabas a este paso crucial para ayudar a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a obtener reparación por su sufrimiento.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. − (LT) He votado a favor de este informe, ya que tenemos que detener cualquier violación de los derechos de la mujer y acabar con la violencia contra las mujeres. Creo que, de acuerdo con el plan de acción aprobado el año pasado por el que se aplica el Programa de Estocolmo, la Comisión debería elaborar con urgencia una estrategia para combatir la violencia contra las mujeres. Mientras tanto, los Estados miembros deben garantizar que los profesionales sanitarios, los trabajadores sociales, la policía, los tribunales y otras instituciones lleven a cabo mejoras que les permitan ofrecer una respuesta oportuna y profesional en todos los casos de violencia contra las mujeres.

  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. − (PL) Ni que decir tiene que la dignidad humana y el derecho a la seguridad son valores fundamentales de la vida que han de protegerse. La propia palabra «violencia» comporta una carga negativa tan fuerte que muchos tratan de cambiar de tema cuando se menciona la violencia de género. Sin embargo, nuestro trabajo consiste en hacer frente a las dificultades e intervenir en casos en los que la sociedad necesita que se le indique el camino correcto en temas políticos y jurídicos. No olvidemos que la violencia contra las mujeres, que incluye la violación de la dignidad, el abuso sexual, los matrimonios forzosos y la mutilación no solo supone un problema para los miembros del sexo femenino. También lo es para toda la sociedad y contribuye a su desintegración generalizada. Los costes totales se subestiman en este aspecto.

¿Acaso no incurrimos todos en gastos derivados de este tipo de violencia (costes de atención médica, tratamiento psicológico, procedimientos judiciales y asistencia social)? A menudo, las víctimas no son capaces de desempeñar un trabajo. Los Estados miembros deberían considerar la elaboración de un plan para combatir la violencia de género.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. − (IT) El Parlamento Europeo ha aprobado el proyecto de resolución sobre el establecimiento de un nuevo marco político de la UE relacionado con la violencia contra las mujeres. He apoyado con firmeza y vehemencia la resolución porque, a mi parecer, la respuesta a esta plaga social debe ofrecerla una Unión Europea con una sola voz, mediante la instigación a la acción política coherente y eficaz. La violencia contra las mujeres, ya sea física, psicológica o sexual, es una expresión de falta de civismo que Europa debe repudiar. Es una plaga que causa traumas y que repercute de manera incalculable en las vidas de las mujeres de la sociedad. Las estadísticas de las que disponemos ahora retratan una realidad triste y penosa. Una de cada cuatro mujeres de europeas ha sido víctima de violencia al menos una vez durante su vida. Por lo tanto, creo que las prioridades de acción de la UE deberían ser la identificación de los instrumentos jurídicos de toda la Unión, la posibilidad de disfrutar de apoyo gratuito, la creación de refugios capaces de proporcionar asistencia psicológica y moral y la creación de un número de emergencia único en toda Europa.

  David Martin (S&D), por escrito. − He votado a favor de este informe. La violencia de género es siempre en primera instancia un asunto penal. Por eso, la sociedad debe responder con castigos proporcionales a la gravedad del delito. A la hora de establecer prioridades para la asignación de recursos de la sociedad, es importante tener una perspectiva clara de la víctima, puesto que en la actualidad este grupo necesita medidas de protección especiales. Con ello no se descarta la adopción de medidas dirigidas a los agresores, por ejemplo en forma de terapias de conversación y de otros métodos para evitar comportamientos violentos. No obstante, esta forma de tratamiento alternativo de los hombres que han cometido graves agresiones a mujeres nunca debe reemplazar la pena impuesta por la legislación penal. Las terapias de conversación y otras formas de tratamiento solo pueden servir de complemento a otras formas de castigo, como el encarcelamiento.

La violencia es en gran medida una consecuencia de las relaciones de poder desiguales entre hombre y mujeres y es una expresión de la relación dominio/subordinación entre el agresor y la víctima de esos delitos, por lo que debe excluirse toda terapia de conversación en la que participen tanto el agresor como la víctima puesto que el delito es de una naturaleza tal que estos nunca podrán estar en igualdad de condiciones.

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. − (PT) He votado a favor de esta resolución porque la violencia contra las mujeres sigue siendo un azote para Europa y para el mundo, a pesar de las campañas que la comunidad internacional ha estado llevando a cabo durante varias décadas. Afecta en primera instancia a las víctimas directas, pero también afecta a la libertad y a la democracia. También he votado a favor del informe porque presenta una serie de medidas inmediatas necesarias para garantizar a las mujeres una vida digna y porque es evidente que se necesitan medidas políticas, sociales y jurídicas a largo plazo para eliminar la violencia de género.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. − (PT) La violencia en general debe condenarse, pero aún más reprobable es la violencia que afecta a los menos capaces de defenderse, a saber: los niños, los ancianos y las mujeres. En este caso concreto, el Parlamento Europeo se preocupa por agrupar una serie de acciones legales, judiciales, de ejecución, educativas y sanitarias, entre otras, que pueden reducir de forma significativa la violencia contra las mujeres y sus consecuencias.

  Willy Meyer (GUE/NGL), por escrito. − (ES) He votado a favor del informe Svensson sobre el nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres porque estoy profundamente preocupado por este tipo de violencia. Se calcula que entre un 20 y 25 por ciento de las mujeres europeas han sufrido violencia física al menos una vez y más de un 10 por ciento han sufrido abusos sexuales. Por ello, considero que ha llegado la hora de poner fin a la violencia machista y esto sólo será posible mediante la construcción de una verdadera igualdad entre todos y todas. Además, estoy convencido de que la violación debería ser reconocida como un delito en toda la Unión Europea y sus culpables juzgados. Asimismo, este informe propone una nueva perspectiva para luchar contra esta lacra social, no sólo a través de acciones penales, sino también de protección y prevención contra el trabajo precario, el paro y la pobreza que hacen que las mujeres en muchos casos se encuentren en situaciones de dependencia e imposibilita que puedan escoger libremente su futuro. Por lo tanto, una directiva europea contra la violencia de género se hace imprescindible. Los Estados miembros deben adoptar medidas en este sentido lo antes posible.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. − La violencia que algunos hombres ejercen sobre las mujeres constituye una violación estructural de los derechos humanos de las mujeres. Si se cuentan todas las formas de violencia masculina contra las mujeres, el 45 % de todas las mujeres de Europa ha sido objeto y víctima de la violencia de algunos hombres. Se estima que el coste total de la violencia doméstica en los veintisiete Estados miembros podrían ascender a 16 000 millones de euros. La violencia contra las mujeres no conoce límites geográficos, límites de edad ni distinciones de clase, raza o cultura, pero sigue siendo invisible y las víctimas callan. En 2008 preparé enmiendas del derecho penal de la República de Letonia en relación con la violencia doméstica. Por desgracia, el parlamento de Letonia las rechazó. He votado a favor.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. − (DE) Aunque en las últimas décadas y en los últimos años se ha progresado en la lucha contra la violencia contra las mujeres y los niños, queda mucho por hacer. La apatía y la pseudomoral de la sociedad deberían darnos qué pensar. Las primeras fases de la violencia real, como la intrusión, los comentarios obscenos y el acoso que muchos inmigrantes dirigen a diario a mujeres occidentales, cada vez se ven con mayor normalidad. La misoginia ha alcanzado niveles muy altos cuando una jueza alemana menciona el derecho del marido a emplear el castigo corporal establecido en el Corán como un factor decisivo de su juicio en un caso de divorcio entre musulmanes.

Al permitir la migración, la UE ha importado problemas de todos los rincones imaginables como asesinatos por honor, matrimonios forzosos y violencia doméstica en las estructuras familiares patriarcales. La cultura, la religión y la tradición no deben utilizarse para justificar la violencia. La iniciativa propuesta contiene algunas buenas ideas, pero en general no profundiza mucho. Por eso, he decidido abstenerme.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. − (DE) El informe llama la atención sobre algunos casos graves de violencia contra las mujeres. Me refiero al abuso sexual, a la violencia física en el entorno familiar, la prostitución forzada, el matrimonio forzoso y la circuncisión femenina. Por desgracia, todos estos terribles actos pueden tener lugar también en nuestra sociedad, aquí en la UE. El informe aborda este tema, pero no llega a la raíz del problema, que a menudo reside en las sociedades paralelas, en estructuras islámicas arcaicas o en bandas organizadas de traficantes. Tenemos que trabajar en ello. Por lo tanto, me he abstenido de votar.

  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. – (EL) He votado a favor del informe sobre la violencia contra las mujeres, una iniciativa que ayudará a las mujeres de Europa a llevar una vida digna. Según las estadísticas, alrededor de una quinta parte de las mujeres que viven en Europa ha sido víctima de la violencia y el 20 % ha sufrido violencia infligida por personas cercanas a ellas. Las disposiciones de este informe encaminadas a combatir la violencia contra las mujeres son importantes puesto que: exigen a los Estados miembros que castiguen a los autores de acuerdo con la gravedad del delito cometido (abuso sexual, trata de seres humanos, matrimonios forzosos y circuncisión femenina); proporcionan los recursos necesarios para ayudar a las víctimas de la violencia, como la asistencia jurídica, y para crear centros de acogida para las víctimas; proporcionan asistencia jurídica a las víctimas y requieren que todas las formas de violencia de género se sometan a la acción pública; establece normas para ofrecer a las mujeres jóvenes más información mediante una educación adecuada en cuanto a los riesgos que corren. Sin embargo, he votado en contra de la propuesta de aumentar el número de tribunales con competencia en violencia de género, porque cualquier propuesta de este tipo introduce una discriminación inaceptable y conflictos con el principio de la igualdad de género.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. − (PT) Es esencial romper el silencio en torno a todo tipo de violaciones y, en este caso, en torno a las que se basan en el género. Los delitos que adoptan la forma de violencia en la esfera íntima, de abuso sexual, de trata de seres humanos, de mutilación genital femenina y de otras formas de violación de la integridad que afectan a mujeres y niñas en particular deberían hacerse públicos para que podamos combatirlos mejor. De hecho, cuanto mayor sea el conocimiento de la violencia de género más posibilidades tendremos de concienciar a la sociedad sobre este problema. La intención de este informe de propia iniciativa del Parlamento Europeo consiste en recopilar un conjunto de medidas orientadas a asegurar una vida digna a las mujeres de Europa. A pesar de que la violencia contra las mujeres ha sido un tema de debate durante décadas, la comunidad internacional no ha podido poner fin a esta forma de delincuencia tan sumamente destructiva. En resumen, creo que la Unión Europea debería adoptar la legislación necesaria para detener la violencia y que los Estados miembros tienen que elaborar planes de acción nacionales para combatir la violencia de género. Por estas razones he votado a favor de este informe.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. − (IT) La violencia contra las mujeres constituye un problema tanto internacional como europeo. La violencia de género abarca actos delictivos en forma de violencia dentro de relaciones estrechas, abuso sexual, trata de mujeres, prostitución, matrimonios forzosos, mutilación genital y otras formas de violencia contra la integridad personal que afectan en particular a las mujeres y a las jóvenes. En este aspecto, es necesario que adoptemos una serie de medidas de orden político, social y jurídico para poder asegurar a las mujeres europeas una vida digna. En el informe de iniciativa, el Parlamento Europeo recalca que es posible erradicar este tipo de violencia instituyendo en primer lugar una protección legislativa completa y coherente de la integridad de las mujeres. También es necesario registrar la magnitud de este tipo de delincuencia, concienciar a los tribunales de lo que implica una agresión sexual, detectar este tipo de violencia en una fase temprana mediante medidas proactivas y preventivas, garantizar la claridad jurídica durante las investigaciones y los juicios, establecer nuevos centros de acogida y un número de emergencia para las víctimas y financiar la investigación en este ámbito. A partir de las observaciones anteriores, he votado a favor de aplicar todas las medidas necesarias para contrarrestar este tipo de violencia y preparar planes de acción eficaces para combatirla.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. − A pesar de que la violencia contra las mujeres ha sido un tema de debate durante décadas, la comunidad internacional no ha sido capaz de poner fin a esta forma de delincuencia tan sumamente destructiva. Se trata de un problema complejo que implica la protección de la integridad de las víctimas de los actos de violencia, pero también la protección de intereses sociales comunes, como la libertad y la democracia.

Hay que proporcionar centros de acogida a nivel nacional a fin de ayudar a mujeres y niños a vivir una vida autodeterminada sin violencia y sin pobreza. Este tipo de centros debería ofrecer servicios especializados, tratamiento médico, asistencia jurídica, asesoramiento psicológico y terapéutico, asesoramiento jurídico durante los procedimientos judiciales, ayuda a los niños expuestos a la violencia, etc. Los Estados miembros deberían garantizar medios de financiación apropiados para que los centros de acogida de mujeres puedan cumplir las normas internacionales de trato a las mujeres que han sobrevivido a actos violentos y a sus hijos.

Los Estados miembros deberían proporcionar los medios necesarios para que las organizaciones de mujeres y ONG puedan proteger y apartar a las mujeres y los niños de la violencia y la pobreza, deberían garantizar derechos sociales y económicos a las mujeres para que no dependan de sus parejas o maridos en el ámbito económico y deberían promover y desarrollar la integración de las mujeres al mercado laboral.

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. − (PT) He votado a favor de esta resolución porque la violencia contra las mujeres sigue siendo un azote para Europa y para el mundo, a pesar de las campañas que la comunidad internacional ha estado llevando a cabo durante varias décadas. Afecta en primera instancia a las víctimas directas, pero también afecta a la libertad y a la democracia. También he votado a favor del informe porque presenta una serie de medidas inmediatas necesarias para garantizar a las mujeres una vida digna y porque es evidente que se necesitan medidas políticas, sociales y jurídicas a largo plazo para eliminar la violencia de género.

  Robert Rochefort (ALDE), por escrito. – (FR) En Europa, una de cada cuatro mujeres ha sufrido durante su vida adulta actos de violencia física y una de cada diez ha sido víctima de violencia sexual con el uso de fuerza. Ante tales cifras nos urge tomar medidas para combatir esta violencia contra las mujeres en la Unión Europea. Por ello apoyo el informe de la señora Svensson. La violación, que aún hoy no se considera una infracción penal en varios Estados miembros, y otras formas de violencia sexual contra las mujeres deben reconocerse como delito en todos los países de la Unión y sus autores deben ser encausados automáticamente. A fin de proteger a las mujeres migrantes y a los solicitantes de asilo, pido también el establecimiento un marco jurídico que confiera a las mujeres inmigrantes el derecho a tener un pasaporte y un permiso de residencia propios y que permita considerar responsable en materia penal a toda persona que se apodere de dichos documentos. Además, solicito que se facilite el acceso a la ayuda jurídica para que las víctimas puedan ejercer sus derechos. Me parece esencial que esta ayuda sea gratuita y me hubiera gustado que este punto se hubiese reflejado con claridad en el informe.

  Zuzana Roithová (PPE) , por escrito – (CS) Siempre es importante combatir la violencia contra las mujeres, que adopta muchas formas y maneras, deja marcas en el cuerpo y la mente y, en algunos casos, lleva a las víctimas de la violencia incluso a cometer suicidio. Me alegro de que estemos creando un nuevo marco para la lucha de la UE contra este fenómeno intolerable y, en consecuencia, he votado gustosa a favor del informe. No puedo respaldar algunas partes del informe relacionadas con la interrupción artificial del embarazo, ya que discrepo en este aspecto porque creo que el ser humano no nacido tiene derecho a la vida.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. − La violencia contra las mujeres constituye un problema tanto internacional como europeo. A pesar de que la violencia contra las mujeres ha sido un tema de debate durante décadas, la comunidad internacional no ha sido capaz de poner fin a esta forma de delincuencia tan sumamente destructiva. Resulta angustioso ver que seguimos sin proteger a las mujeres contra la violencia. Se trata de un problema complejo que implica la protección de la integridad de las víctimas de los actos de violencia, pero también la protección de intereses sociales comunes, como la libertad y la democracia.

La Unión Europea debe, por consiguiente, asumir su responsabilidad e introducir la legislación necesaria para poner fin a la violencia. Agradezco que la ponente haya recogido en este informe estratégico una serie de medidas imprescindibles para garantizar una vida digna a las mujeres en Europa. No obstante, puesto que el considerando J establece que la prostitución como tal supone una violación de los derechos humanos y dado el esfuerzo que estamos llevando a cabo para regular esta práctica, algunos miembros de nuestro Grupo han tenido que abstenerse finalmente.

  Oreste Rossi (EFD), por escrito. − (IT) Me hubiera gustado votar a favor del informe orientado a combatir la violencia contra las mujeres porque su finalidad consiste en establecer medidas integrales para proteger a las mujeres que han sido víctimas de la violencia. Aborda con claridad el abuso sexual, la prostitución, la mutilación genital femenina, el acoso, la trata de seres humanos y la violencia doméstica, en resumen: un conjunto de violaciones de los derechos de las mujeres.

Como suele suceder en el Parlamento Europeo, el problema es que todos los textos sobrepasan sus límites incorporando asuntos que se abordarían mejor en documentos independientes. En este caso, el informe trata los derechos de las mujeres inmigrantes y refugiadas, que constituyen una categoría privilegiada en comparación con el resto de las ciudadanas europeas. Por esta sencilla razón me abstengo de votar porque, si bien coincido con los propósitos de este documento, no puedo tolerar la manipulación de la política.

  Nikolaos Salavrakos (EFD), por escrito. – (EL) He votado en contra de esta resolución concreta, porque introduce un marco para una nueva política europea dirigida a combatir la violencia contra las mujeres. Propone un conjunto de medidas políticas bien definidas para luchar contra la violencia de género, entre las que se incluyen medidas para combatir la trata de seres humanos, lo que me parece de suma importancia dado el preocupante crecimiento de la trata de seres humanos a y hacia la UE, en especial de mujeres y niños. Se podría hacer frente a estas bandas a través de la cooperación transnacional entre la UE, que es el destino, y estos países, que son el punto de partida de estas bandas. Insto a la Comisión a que tome medidas en esa dirección.

  Brian Simpson (S&D), por escrito. − Respaldaré el informe Svensson porque pone de relieve el problema que existe con respecto a la violencia contra las mujeres. El problema no es nuevo, pero se ha ignorado, se ha corrido un tupido velo sobre él, ha quedado en familia. Ahora tenemos que poner fin a esta práctica y hacer todo lo posible, no solo haciendo hincapié en el problema, sino también sugiriendo medidas para abordar el problema y ofrecer a las mujeres protección contra la violencia, es su derecho.

Estoy de acuerdo en que tenemos que asegurar el acceso a la asistencia jurídica a las mujeres que sufren violencia; pero, si los Estados miembros siguen recortando los presupuestos de ayuda jurídica, el acceso no será posible. Estoy de acuerdo en que los jueces deben recibir formación en las situaciones tan peliagudas a las que da pie la violencia contra las mujeres. Pero, ¿cómo lo hacemos cuando los presupuestos están sufriendo recortes drásticos?

Los Estados miembros han de conceder prioridad política a este asunto mediante el establecimiento de las obligaciones y los requisitos mínimos que las víctimas de abusos pudieran esperar. Este informe nos proporciona un marco y merece todo nuestro apoyo, pero, junto con este marco, precisamos también algunas medidas en este relevante ámbito, y eso conlleva la actuación de los Estados miembros.

  Laurence J.A.J. Stassen (NI), por escrito. – (NL) La violencia contra las mujeres es censurable y debe tratarse con mano dura. En este punto, el Partido Holandés por la Libertad (PVV) coincide por completo con este informe en ese sentido. Sin embargo, el informe no hace referencia por ninguna parte el papel del islam. El informe menciona «prácticas culturales tradicionales o religiosas» solo una vez y de manera muy general, en el apartado 3, a pesar de que todos sabemos que, en concreto en el islam, la violencia contra las mujeres está a la orden del día. La opresión de las mujeres forma, después de todo, parte intrínseca del islam.

El PVV quiere que se ponga fin a la violencia contra las mujeres, pero vota en contra del informe porque no menciona los motivos y el trasfondo de los agresores. Al no mencionar de forma explícita el islam como una causa de violencia, estamos desaprovechando una gran oportunidad para afrontar este tipo concreto de violencia contra las mujeres.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. − He respaldado este informe porque presenta propuestas para afrontar la violencia contra las mujeres en Europa y pide a los Estados miembros que den prioridad a este asunto.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. − (PT) El problema de la violencia en general, y de la violencia contra las mujeres en particular, es un problema global que afecta a otros países del mundo. Como no existe una definición internacional de violencia de género, los datos son bastante dispares y no determinan la dimensión real del problema. Algunos estudios estiman que entre una quinta y una cuarta parte de la población femenina de Europa ha sido víctima de actos de violencia física al menos una vez durante su vida adulta. Las formas y los métodos de ejercer violencia contra las mujeres son diversos. Su dimensión histórica y estructural implica que las medidas deben tomarse a escala europea e internacional. Por eso es necesario intervenir en todos los ámbitos de la vida pública, para alertar y concienciar mediante la determinación de seis objetivos: policía, prevención, protección, persecución, provisión y asociación. He votado a favor de este informe de propia iniciativa porque creo que cualquier tipo de violencia debería sancionarse en la esfera jurídica y social.

La legislación europea —en forma de una directiva basada en la educación, la protección eficaz de las víctimas, la cooperación con organizaciones no gubernamentales (ONG) y la puesta en práctica de un año europeo para combatir la violencia contra las mujeres— es un ejemplo de las medidas para combatir este azote social, que tiene repercusiones nocivas para la sociedad europea.

  Derek Vaughan (S&D), por escrito. − Los llamamientos a hacer de la violencia sexual y doméstica contra las mujeres un delito penal en todos los Estados miembros cuentan con todo mi apoyo. Insto a la Comisión a que presente con urgencia propuestas que instauren medidas contundentes para contrarrestar la violencia de género y proteger a las víctimas de la UE. Las discrepancias que existen en la actualidad entre los Estados miembros deben abordarse con la introducción de leyes nacionales coherentes. Espero que esta resolución se encamine hacia una directiva europea para luchar contra la violencia de género.

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución negociada por la señora Svensson, diputada sueca al Parlamento, miembro del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y Presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. La violación y el resto de las formas de violencia sexual deben reconocerse como delitos en todos los países de la UE y sus autores deben ser encausados automáticamente.

Estoy de acuerdo con mi colega y amiga, la señora Svensson, cuando dice que las mujeres son víctimas de la violencia de género, pero no debemos ver a las mujeres —ni siquiera a las que son víctimas de esa violencia— como meras víctimas. El papel de las instituciones consiste en ayudarlas a recuperar su autoestima y construir una vida nueva y mejor para ellas y sus hijos. Pero también deberíamos centrarnos en las causas de este tipo de violencia, empezando por un estudio de los estereotipos de género de los que hombres y mujeres son víctimas, incluso desde una edad temprana.

La resolución también prevé el establecimiento de un marco jurídico que confiera a las mujeres inmigrantes el derecho a tener un pasaporte y un permiso de residencia propios y que atribuya responsabilidad penal a toda persona que se apodere de esos documentos.

Por consiguiente, ahora esperamos las propuestas de una estrategia y un plan de acción de la Comisión: esperamos que se tomen medidas.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. − (DE) He votado a favor de este informe porque la violencia contra las mujeres es un problema global, un problema que la comunidad mundial aún no ha logrado afrontar. La violencia contra las mujeres se da en todos los estratos de la sociedad independientemente de la cultura, el nivel educativo, la edad o los ingresos. Sus propias casas son los lugares en los que corren el mayor riesgo, ya que la violencia de género es la causa más común de lesiones en mujeres, incluso más común que los accidentes de tráfico y el cáncer juntos. Su salud, autoestima y seguridad se resienten tanto que ya no pueden participar en la vida pública o el mercado laboral como desearían. Los autores de este tipo de violencia pueden inferir sufrimiento de por vida a estas mujeres y a sus hijos y representan un problema social porque los costes de seguimiento en los ámbitos de la salud y la justicia ascienden a varios miles de millones de euros. En consecuencia, se debe responsabilizar a los autores de sus actos y se les debe acusar públicamente. La violencia contra las mujeres debe salir por fin a la luz y erradicarse.