Acta literal de los debates

Miércoles 8 de junio de 2011 - Estrasburgo

7. Explicaciones de voto

Explicaciones orales de voto

Recomendación para la segunda lectura: Saïd El Khadraoui (A7-0171/2011)

  Guido Milana (S&D). – (IT) Señor Presidente, quiero expresar mi satisfacción global por la adopción del informe del señor El Khadraoui.

Creo que supone un avance para protección de los consumidores y del medio ambiente, también n términos de las posiciones de los Estados miembros individuales, que en ocasiones se quejan de retrasos. En esencia, opino que al adoptar esta medida Europa ha demostrado que va por delante de muchos Estados miembros, que claramente tendrán que poner remedio a esta situación con rapidez.

Procedo de un país cuyo gobierno se ha mostrado más bien lento a la hora de expresar su interés por esta Directiva. Por tanto, espero que la decisión del Parlamento sea productiva y funcione como un estímulo para que las actitudes y el grado de atención en este asunto mejoren sustancialmente en un futuro no muy lejano.

  Cristiana Muscardini (PPE). – (IT) Señor Presidente, el principio de que «quien contamina, paga» es, sin lugar a dudas, fundamental para resolver los problemas ambientales, agravados por el desarrollo del sector industrial europeo. Sin embargo, no siempre es correcto atacar a una sola categoría; también debemos defender el principio de que no solo deben pagar los transportistas de mercancías por carretera, sino también aquellos que en Europa no dedican la suficiente energía a apoyar un sistema de transporte alternativo.

Europa aún no dispone de suficientes programas para reestructurar el sector del transporte y para introducir alternativas más ecológicas con un impacto ambiental reducido; y por otra parte se registra una escasez de recursos para mejorar su eficiencia y su rendimiento medioambiental. Por tanto, una vez más hemos de recordar que no podemos reducir el volumen de tráfico porque, en cambio, es necesario incrementar la cantidad de trayectos y de transportes. Así pues, los transportistas por carretera no pueden ser los únicos que paguen por los problemas ecológicos causados por otros.

  Ville Itälä (PPE). – (FI) Señor Presidente, la Comisión de Transporte y Turismo, y obviamente el Parlamento, deben ser felicitados por este excelente texto legislativo. Ha sido el resultado de los compromisos alcanzados y que recibieron un respaldo apasionado. Creo que resulta muy importante que incluyamos el tráfico de mercancías pesadas al hablar sobre cambio climático y desarrollo sostenible. De esta manera, podemos mostrar al público que verdaderamente nos preocupa el hecho de que las emisiones del tráfico de mercancías pesadas, especialmente durante la hora punta y en vías congestionadas, esté causando problemas.

Algo en lo que coincido, por el bien de un compromiso, es en que el dinero que se ha recaudado aquí por el tráfico de mercancías pesadas puede ser gastado en el transporte ferroviario o marítimo. Esto puede ser posible en algunos casos, pero espero que cuando estas decisiones sean aplicadas en el ámbito nacional, se tenga en cuenta que el que ha pagado por eso ha sido el transporte de mercancías pesadas. Esos fondos podrían ser utilizados para mejorar, reparar y construir carreteras, y de esa manera beneficiarían al tráfico de mercancías pesadas.

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). – Señor Presidente, en relación con el tráfico de vehículos de transporte de mercancías pesadas, este es un asunto bastante serio, ya que afecta a Irlanda. Nos encontramos en la periferia de Europa, conectados con el continente por dos puentes marítimos, a los que se va a aplicar estas tarifas adicionales por uso de carreteras y contaminación. Según la asociación de exportadores de Irlanda, esto supondrá un coste añadido de 150 euros por trayecto, o bien 300 euros por un viaje de ida y vuelta, para el transporte por carretera desde Irlanda, un país que depende en gran medida de este tipo de transporte, así como de las exportaciones. Estas medidas van a hacer que seamos menos competitivos.

Considero que la Comisión y el Consejo deben analizar este asunto y que deben tomar en consideración a las regiones periféricas. Puede que no se trate de un tema que preocupe a los Estados miembros de la Europa continental, pero evidentemente es una cuestión fundamental para Irlanda y para otros países periféricos.

  Janusz Władysław Zemke (S&D). – (PL) Señor Presidente, me gustaría dejar claro que las recomendaciones adoptadas hoy por el Parlamento no serán tan sencillas en las condiciones existentes en Polonia. Estas recomendaciones tienen como resultado un incremento de los costes del transporte, por lo que obviamente los transportistas por carretera con vehículos antiguos van a ver cómo su situación empeora. Sin embargo, hay que aplaudir que la financiación adicional vaya a estar disponible para invertir en el transporte sostenible y, por encima de todo, que vaya a existir la oportunidad de construir enlaces ferroviarios de alta velocidad y enlaces de transporte navegable. No obstante, quiero hacerme eco de lo dicho por oradores anteriores sobre el hecho de que estas recomendaciones tienen aspectos tanto negativos como positivos. Generarán una serie de complicaciones para muchos transportistas de mi país.

  Peter Jahr (PPE). – (DE) Señor Presidente, voy a realizar dos comentarios acerca del denominado Eurodistintivo. Por una parte, me habría gustado ver una formulación clara en el sentido de que los recursos financieros reunidos aquí serán utilizados para la construcción de carreteras

Mi segundo comentario es que asumo que los Estados miembros respetarán la disposición que establece que los países pueden excluir de la Directiva sobre costes de infraestructuras a los vehículos comerciales pequeños con un peso entre 3,5 y 12 toneladas. La mayor parte de las empresas serán incapaces de soportar unos costes mayores. Estas empresas son con frecuencia el pilar del empleo potencial y de las iniciativas empresariales en las áreas rurales.

  Jim Higgins (PPE). – Señor Presidente, la propuesta Euroviñeta tiene buenas intenciones. En ella hay muchos aspectos encomiables. Reducir las emisiones de dióxido de carbono es muy encomiable; reducir la congestión de vehículos de mercancías pesadas es muy encomiable; y el gasto de un 15 % de los peajes en infraestructura es muy encomiable.

Habría querido apoyar esta medida concreta, pero he tenido que votar en contra porque, como ya ha comentado mi colega el señor Gallagher, la economía de Irlanda depende enormemente de las exportaciones. Si son adoptadas en nuestro país, las medidas de Euroviñeta, tendrían consecuencias devastadoras. Cualquier cargo adicional sobre los transportistas irlandeses tendría un impacto negativo significativo en nuestras exportaciones. Creo que me apoyan los españoles, los portugueses y los italianos. Somos naciones periféricas. Somos totalmente dependientes de nuestros mercados internacionales. El elevado coste del combustible diésel ha llevado a los transportistas al límite. Lamentablemente, he tenido que votar en contra de la medida.

  Mario Pirillo (S&D). – (IT) Señor Presidente, la votación de hoy constituye un avance de cara a incorporar el principio de que «quien contamina, paga», también en el sector del transporte por carretera, que hace una contribución significativa a la contaminación atmosférica y acústica. Pese a las críticas de las organizaciones industriales, creo que la posición del Consejo es el mejor compromiso disponible en estos momentos, incluso aunque espero que se produzcan mejores en el futuro.

He votado a favor. No obstante, debo señalar que necesitamos determinar formas mejores de utilizar los ingresos, haciendo obligatorio para los Estados miembros invertir esos recursos para mejorar la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) y las infraestructuras para reducir la contaminación. Esta es la única manera de que en el futuro podamos decir que la decisión de hoy ha tenido resultados positivos.

Informe: Jo Leinen (A7-0330/2011)

  Antonello Antinoro (PPE). – (IT) Señor Presidente, gracias al Tratado de Amsterdam, la política ambiental y de sostenibilidad ha ganado en importancia, y la atención se ha centrado en integrar la política económica y ambiental, así como en introducir consideraciones ambientales en otras áreas políticas.

Entre los sectores clave se cuentan el cambio climático, el transporte sostenible, la naturaleza y la biodiversidad, la sanidad y el medio ambiente, el uso de los recursos naturales y la gestión de los residuos, así como la dimensión internacional del desarrollo sostenible. El Consejo, en sus conclusiones de junio de 2006, pidió a la Unión y a sus Estados miembros que ampliasen las cuentas nacionales a los aspectos fundamentales del desarrollo sostenible. Por tanto, las cuentas nacionales deben incluir un extracto integrado de las cuentas económicas y ambientales con unos datos totalmente coherentes.

He votado a favor de esta propuesta de reglamento porque crea usos nuevos para los datos de las cuentas nacionales, para las estadísticas medioambientales y para otros ámbitos estadísticos.

  Horst Schnellhardt (PPE). – (DE) Señor Presidente, Señorías, he votado a favor del informe del señor Leinen porque estoy convencido de que al registrar estos datos en distintos países aprenderemos mucho sobre a situación de esos países. No obstante, he querido intervenir de nuevo porque muchos de quienes han contribuido al debate han dicho que solamente deberíamos ocuparnos de estas cuentas e ignorar por completo el PIB.

No se lo recomiendo. Ese es un proyecto extremadamente peligroso. El producto interior bruto es un indicador del desarrollo económico y de la prosperidad. Si queremos dejar de medir esto, o si solo queremos usar criterios sociales o ambientales en nuestras mediciones, entonces nos dirigimos hacia el desastre. Por tanto todo esto únicamente puede completar las cifras del PIB. El PIB debe seguir en el centro de nuestros análisis, tal y como se acordó en el informe de la señora Rosbach. Opino que deberíamos aplicarlo aquí. Y hago hincapié en ello de nuevo.

Informe: Carlos Coelho (A7-0185/2011)

  Jens Rohde (ALDE). – Disculpe, señor Presidente, ¿podría decirme en qué asunto nos encontramos en estos momentos? No lo he oído.

(Presidente: «Hablamos del informe Coelho.»)

¿El acervo en Rumanía y Bulgaria? Gracias.

(DA) Señor Presidente, hoy en el Parlamento hemos sometido a votación y hemos adoptado una decisión que reconoce que Rumanía y Bulgaria están preparadas para entrar en la cooperación de Schengen. No dudo que los aspectos puramente técnicos estén listos y que se haya llevado a cabo un trabajo muy importante de cara a poder incorporarse. Sin embargo, creo que hay una serie de razones por las que deberíamos tomar en serio la preocupación experimentada por los ciudadanos europeos debido al aumento de la corrupción en muchos Estados miembros, y crecimiento del crimen transfronterizo. Por tanto, tenemos que utilizar esta situación para reforzar nuestra cooperación policial y nuestra lucha contra la corrupción antes de dar forma a la ampliación del espacio Schengen. No se trata de dirigir las críticas hacia estos dos países, sino de aprovechar la oportunidad antes de ampliar para pedir algunas respuestas pertinentes para los ciudadanos preocupados que están siendo testigos de este incremento del crimen en Europa.

  Clemente Mastella (PPE). – (IT) Señor Presidente, Rumanía y Bulgaria adoptaron el acervo de Schengen cuando se incorporaron a la Unión Europea en 2007, y sin embargo estos dos países siguen llevando a cabo controles fronterizos debido a la aplicación parcial de las medidas contenidas en el acervo. Tal y como han demostrado las meticulosas evaluaciones y visitas realizadas por grupos de expertos, pese a que estos dos países han mostrado un compromiso sustancial y han registrado un progreso evidente en la aplicación del acervo, aún persisten algunas deficiencias, por ejemplo en el ámbito del equipamiento, el funcionamiento de los controles fronterizos y la formación.

Tenemos la intención de confirmar nuestro apoyo a su plena adhesión al acuerdo, aunque pensamos que es básico que los dos países en cuestión nos informen por escrito, en un plazo de seis meses, que se han implementado las medidas adicionales para cubrir estas lagunas. En realidad, no podemos ignorar o no considerar el hecho de que la zona formada por Bulgaria, Turquía y Grecia es una de las regiones más delicadas para la política fronteriza de la Unión en términos de inmigración ilegal.

  Dimitar Stoyanov (NI). – (BG) Señor Presidente, la parte más importante de este informe tan correcto del señor Coelho se encuentra al final. Aquí es donde se hace una mención clara al peligro de la ola migratoria que puede inundar Europa desde Turquía y, a través de Turquía, desde los países de Oriente Próximo y de África Septentrional.

Hasta hace un cuarto de siglo, Europa estaba protegida de estas olas migratorias por dos razones: la existencia del Telón de Acero y de los regímenes totalitarios en África Septentrional. Estos dos sistemas totalitarios mantenían sometidos a sus ciudadanos y lo más probable era que no les permitieran abandonar su país, pero hoy en día estos obstáculos no existen.

Por eso he votado a favor del informe. Acojo con satisfacción el hecho de que el señor Coelho haya mencionado la importancia de la presión migratoria desde Turquía sobre Bulgaria y Grecia. Sin embargo, quiero decir que no bastará con que esas afirmaciones se queden en palabras escritas en un trozo de papel. Son necesarios recursos y programas, que serán utilizados para proteger a la Unión de esta ola de inmigración.

  Hannu Takkula (ALDE). – (FI) Señor Presidente, obviamente resulta muy importante que en la Unión Europea sea posible aplicar los mismos principios a todos los Estados miembros de la Unión. A este respecto, el Acuerdo de Schengen es un paso adelante hacia esta clase de cooperación más estrecha, es decir, una circulación más libre; pero también debemos recordar que la libre circulación también tiene que implicar un cierto sentido de la responsabilidad. Ahora debemos esperar que, cuando Rumanía y Bulgaria se incorporen al espacio Schengen, se aborden verdaderamente los problemas que se han planteado con sus fronteras, y que se canalicen hacia allí los recursos adecuados para garantizar que este tipo de inmigración ilegal y los otros sucesos pueden ser evitados.

Por supuesto, básicamente la situación es que en la Unión Europea no puede haber un sistema de dos categorías: es necesario aplicar las mismas normas a todos. De esta manera también podemos garantizar que en esos países se reivindican las mismas oportunidades al igual que en otros lugares. Necesitamos recursos, porque conocemos los problemas y los peligros que se están produciendo allí.

  Roger Helmer (ECR). – Señor Presidente, como todos ustedes saben, los conservadores británicos normalmente optamos por la postura de abstenernos en los asuntos relacionados con el euro y con el espacio Schengen, porque estamos fuera de ambos sistemas, y por tanto se puede decir que no es asunto nuestro. Sin embargo, en este caso creo que sí lo es; sabemos que Bulgaria y Rumanía tienen graves problemas con el crimen y la corrupción, y no creo que sus controles fronterizos sean tan buenos como los que se producen en otros países del espacio Schengen.

Por tanto, se convertirán en una vía y en un conducto para que los inmigrantes ilegales entren en la Unión Europea. Una vez dentro del espacio Schengen, esos inmigrantes podrán llegar a Calais sin problemas e incrementar la inmigración ilegal en el Reino Unido. Por ese motivo he votado en contra de este informe.

Informe: Jean-Pierre Audy (A7-0160/2011)

  Francesco De Angelis (S&D). – (IT) Señor Presidente, el informe sobre la revisión intermedia del Séptimo Programa Marco resulta especialmente significativo.

Hay cuatro razones —que considero fundamentales— por las que he votado a favor del informe: 1) la simplificación y la racionalización de los procedimientos con el fin de facilitar el acceso a la financiación; 2) la participación de las pequeñas y medianas empresas, que son esenciales para el crecimiento y el empleo; 3) la innovación de un sector productivo capaz de responder a los desafíos del mercado, y 4) el instrumento de financiación del riesgo, que hasta ahora ha tenido unos resultados muy positivos.

Por último, quiero señalar que el triángulo formado por conocimiento, educación e investigación —sobre el que descansa el futuro de la política de cohesión— solamente puede ser consolidado en Europa mediante un compromiso firme con la investigación.

  Jens Rohde (ALDE). – (DA) Señor Presidente, en el Parlamento se registra un amplio consenso sobre la necesidad de reformar nuestro programa de investigación. Sin embargo, tengo que lamentar que la Comisión haya sido tan imprecisa y tan poco ambiciosa en su revisión intermedia. De hecho, podría haber sido mucho mejor y se podría haber hecho mucho más de manera inmediata. La Comisión podría reducir los plazos de aplicación, garantizar los fondos para instalaciones de demostración y utilizar normas contables internacionales en lugar de inventar unas propias. Todo esto crea una burocracia sin sentido que ahuyenta a la industria. Impide que Europa progrese y que pase de las ideas a las facturas. Por tanto, en el futuro debemos reducir este revoltijo caótico de programas y la carga burocrática, y hemos de centrarnos en los retos más importantes: el cambio climático, la energía y los alimentos; en pocas palabras, debemos utilizar nuestra capacidad de investigación para generar puestos de trabajo. El Parlamento ha demostrado hoy que tiene la voluntad de hacer esto. Ahora corresponde a la Comisión mostrar el camino.

  Mario Pirillo (S&D). – (IT) Señor Presidente, la investigación y la innovación desempeñan una función esencial en el desarrollo y la competitividad de la Unión Europea, y son cruciales en términos de alcanzar los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020. El Séptimo Programa Marco es el instrumento principal para financiar la investigación en Europa, como demuestra el informe sometido a votación hoy. Sin embargo, sigue habiendo muchos problemas causados por la excesiva cantidad de papeleo que se exige a las pequeñas y medianas empresas (PYME).

En su resolución del 11 de noviembre de 2010, el Parlamento pidió a la Comisión que introdujera unas medidas de simplificación procedimental, administrativa y financiera en la actual gestión del Séptimo Programa Marco, pero esas medidas aún no han sido tratadas. Insto a la Comisión a reconocer las observaciones del Parlamento y a encontrar unas soluciones que faciliten el acceso de las PYME al séptimo y octavo programas de investigación.

  Ville Itälä (PPE). – (FI) Señor Presidente, también me alegra votar a favor de este informe, y doy las gracias a mi colega el señor Audy por realizar un trabajo tan bueno. Quiero plantear dos asuntos. La financiación es extremadamente importante, y podría ser un poco más ambiciosa, ya que aquí se ha afirmado que este nivel es creíble y necesario. Debemos incrementar la financiación para generar un crecimiento vital en Europa.

Hace un tiempo yo mismo escuché a un grupo finés de investigación que recibía financiación a través de este programa. Se dedican a la investigación con células, ámbito en el que se encuentran muy cerca de lograr un avance que incluso les permitiría desarrollar curas para el cáncer. Sin embargo, no se les ha informado si la financiación se mantendrá. No tienen la menor idea. En mi opinión, esta financiación debería continuar y ser suficiente.

La otra cuestión, sobre la que está claro que estamos recibiendo comentarios, es que se malgasta mucho tiempo de trabajo en papeleo. Esto debe reducirse, para que sea posible dar prioridad a lo importante.

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Señor Presidente, me complace que hoy nos dediquemos a debatir la revisión intermedia del Séptimo Programa Marco. Muchos de los puntos mencionados en el documento son muy ciertos, especialmente en lo tocante a los investigadores jóvenes y a una participación más activa por parte de la industria en proyectos acogidos al Programa Marco. El documento expresa su preocupación en relación con el grado de participación, más bien bajo, en ciertos Estados miembros. Quiero señalar el hecho de que existen razones objetivos para esto. Los planes de financiación actualmente en vigor son, en un cierto sentido, más favorables para los antiguos Estados miembros de la Unión Europea. Esto también se refleja en las cifras. La cantidad de financiación que recibe un proyecto participante que procede de uno de los Estados miembros nuevo es la mitad de lo que recibiría un proyecto de uno de los Estados miembros antiguos. De resultas de esta situación, se está generando una brecha en la Comunidad, y los Estados miembros nuevos están siendo excluidos, y creo firmemente que esto es un error. Por tanto, pienso que es necesario revisar los planes de financiación y esforzarnos para garantizar durante el 8º PM que no existen más diferencias o discriminaciones, de modo que podamos abordar con éxito los retos mencionados en la Estrategia Europa 2020.

  Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Señor Presidente, el actual Séptimo Programa Marco garantiza que la Unión Europea puede elevar su política de investigación a una cota apropiada. Con un presupuesto que supera los 54 000 millones de euros para el período 2007-2013, podemos considerarlo uno de los programas mundiales más importantes de apoyo a la investigación. Debemos preparar una revisión intermedia basada en unos datos concretos para garantizar que el Séptimo Programa Marco sigue cumpliendo los requisitos europeos. Considero que el proceso de simplificación es el aspecto más importante que podemos subrayar en una revisión intermedia. La experiencia también demuestra que la complejidad y la dificultad de los procedimientos administrativos constituyeron uno de los mayores problemas para nuestros investigadores. El otro aspecto importante es la facilitación de la participación de las PYME en el programa. Por desgracia, a este respecto necesitamos seguir trabajando, aunque es cierto que se han registrado algunas mejoras en los programas relacionados con la cooperación. Nos complace enormemente aplaudir la introducción del Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido, que debería tener continuidad y ser aumentado hasta el final del Séptimo Programa Marco; y durante los programas subsiguientes. Por estas razones, he votado a favor del informe.

  Jacek Olgierd Kurski (ECR). – (PL) Señor Presidente, he votado en contra del informe del señor Audy. Soy incapaz de dar mi apoyo a un documento que bloquea el Proyecto INDECT. No estoy de acuerdo con la afirmación de que este proyecto, que está siendo desarrollado en la reputada Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad AGH de Cracovia, viola la Carta de los Derechos Fundamentales. Después de todo, su objetivo en tanto que investigación es alcanzar lograr los fines establecidos en las resoluciones sobre la lucha contra la pedofilia, el comercio de armas a través de Internet y la lucha contra el tráfico de drogas y la trata de seres humanos, que son cuestiones que hemos planteado en varias ocasiones. Se trata de un proyecto innovador, que realiza un trabajo excelente en términos de cubrir lagunas en sistemas de seguridad de los Estados miembros de la UE. Las personas a las que afecta son aquellas que vulneran la ley, y son las que más deben temer a este proyecto. Además, INDECT ofrece una base útil para la construcción de una red de seguridad integral que garantice la defensa frente a ataques cibernéticos. Rusia, los Estados Unidos y China ya han recurrido a soluciones similares, y nosotros las hemos estado esperando ansiosamente durante años a escala europea. Por tanto, no comprendo por qué se retiene la financiación del proyecto, máxime cuando se trata del único proyecto señalado en este sentido por el informe del señor Audy.

  Anna Záborská (PPE). – (SK) Señor Presidente, he votado a favor del informe, pero la ciudadanía sigue preocupada debido a la financiación de la investigación con células embrionarias. De acuerdo con el abogado general del Tribunal Europeo de Justicia, las células embrionarias están consideradas embriones humanos y, por tanto, seres de los que surge la vida. Puesto que representan la primera fase de la vida humana en que van a convertirse, estas células deben ser definidas legalmente como embriones, y su patente debe quedar prohibida. Sobre la base de esta declaración, la Comisión Europea debe tener en cuenta inmediatamente las decisiones y las conclusiones del Tribunal Europeo de Justicia, y adaptar a estas sus políticas sobre financiación de la ciencia y la investigación.

Propuesta de resolución (B7-0344/2011)

  Jens Rohde (ALDE). – (DA) Señor Presidente, hoy hemos sometido a votación el último de una larga serie de textos de acuerdos de libre comercio. Por suerte, el Parlamento, en líneas generales, sigue mostrándose favorable al libre comercio, y eso también se aplica al acuerdo con Canadá. Sin embargo, la petición de unos análisis sectoriales se repite una y otra vez. La evaluación de impacto del acuerdo entre la UE y Canadá pone de manifiesto unos beneficios evidentes para ambas partes. Los análisis sectoriales son simplemente una manera de decir no, porque la verdad es que siempre habrá ganadores y perdedores. Tenemos la responsabilidad de hacer lo mejor para la mayoría. El libre comercio es lo mejor para los consumidores, ya que posibilita una oferta más amplia y unos precios más bajos. Es lo mejor para las empresas porque amplía su mercado y genera crecimiento y empleos. El libre comercio supone la división internacional de la mano de obra, lo que garantiza que todos hacemos aquello en lo que somos mejores, al tiempo que permitimos que otros hagan aquello en lo que destacan.

  Peter Jahr (PPE). – (DE) Señor Presidente, por supuesto, acojo con satisfacción cualquier acuerdo de comercio entre dos países o dos empresas, porque, si es gestionado de manera correcta, el comercio mundial puede servirnos para mejorar las condiciones de vida y contribuir al progreso.

Por otra parte, siempre me preocupa que el gran número de acuerdos bilaterales pueda hacernos perder de vista la imagen global y que acabemos teniendo un mosaico de acuerdos que dificulte alcanzar un acuerdo genuino dentro del marco de la OMC.

En mi opinión, los acuerdos bilaterales siempre son la segunda mejor opción. En realidad, la mejor opción sería continuar con las conversaciones sobre comercio en el contexto de las negociaciones de la OMC y firmar los acuerdos que el comercio mundial está esperando y que la economía global necesita desesperadamente.

Informe: Wolf Klinz (A7-0081/2011)

  Claudio Morganti (EFD). – (IT) Señor Presidente, Señorías, es un hecho innegable que las agencia de calificación han amasado un poder enorme e incontrolado. Su función inicial era proporcionar a los inversores una información útil, pero con el paso del tiempo se han convertido en los árbitros supremos e inflexibles de los mercados financieros internacionales.

En mi opinión, resulta inaceptable que la actividad económica e incluso los Estados miembros estén sujetos a los designios de tres grandes compañías estadounidenses, cuyas calificaciones no siempre han sido correctas y que de hecho en ocasiones han provocado errores sorprendentes, como el del escándalo de Lehman Brothers.

Por tanto, aplaudiremos un control más estricto y espero que la nueva autoridad europea consiga funcionar al máximo de su capacidad, con poderes reales para intervenir e incluso para imponer sanciones si son necesarias. Asimismo, pienso que es una gran idea introducir el principio de responsabilidad civil en situaciones de negligencia palmaria. Es necesaria una mayor competencia en este sector, debemos terminar con este oligopolio histórico y tratar de incorporar a organizaciones nuevas, independientes y a ser posible europeas, que por tanto sean plenamente conscientes del contexto y de la realidad económica de nuestro continente, donde la manera de pensar difiere bastante de la estadounidense.

Por todos estos motivos, he votado a favor del informe en cuestión.

Informe: Angelika Niebler (A7-0159/2011)

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Señor Presidente, estoy muy satisfecha con el documento adoptado hoy sobre garantizar unas evaluaciones de impacto (EI) independientes. Las EI son la base del proceso legislativo. Creo que la independencia efectiva de las EI debe convertirse en un principio general, aplicado a todos los tipos de EI, en especial a las evaluaciones de impacto en materia de medio ambiente. La garantía de la implementación de este principio también debe estar incluida en la Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental, que probablemente será revisada en un futuro próximo. Me complace que las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente, de cuyas enmiendas fui responsable, se interesen por las evaluaciones de impacto ambiental, lo que resulta muy importante. La Comisión Europea también debe desempeñar una función más activa en la defensa de los intereses de la Unión Europea y de sus Estados miembros siempre que proyectos emprendidos por terceros países puedan tener un impacto en la Unión Europea o en uno o varios de sus Estados miembros. Creo que este documento supone un avance hacia una situación en la que se garantice la seguridad de todos.

Informe: Richard Falbr (A7-0172/2011)

  Jens Rohde (ALDE). – (DA) Señor Presidente, me gustaría pronunciarme sobre este asunto, pues creo que es bastante absurdo que fijemos aquí disposiciones sobre la responsabilidad social de las empresas (RSE). Es muy positivo que presumiblemente podamos estar todo de acuerdo en cerrar acuerdos de libre comercio únicamente con países que respetan los derechos humanos. En realidad, eso ya figura en el Tratado. Sin embargo, creo que algunos políticos han olvidado qué significa RSE. Estas siglas significan responsabilidad social de las empresas. Por tanto, tiene que ver con lo que las empresas hacen por su cuenta además de cumplir la legislación. Este concepto es utilizado como un parámetro competitivo en el mundo de los negocios, ya que impulsa a las empresas a seguir mejorando este aspecto de su actividad. Si llegamos nosotros y eliminamos esto y lo convertirlo en legislación política, estaremos suprimiendo este parámetro competitivo, y eso —si me lo permiten— es una absoluta estupidez política.

  Clemente Mastella (PPE). – (IT) Señor Presidente, la dimensión exterior de la política social incluye todas las acciones e iniciativas de la Unión Europea para fomentar unos estándares laborales y sociales en los países no miembros. Aunque tanto el Tratado de Lisboa como la Estrategia Europa 2020 atribuyen un grado de importancia sin precedentes a la política social, las cuestiones de competitividad y los factores económicos siguen teniendo prioridad ante las cuestiones sociales.

Sin embargo, cada vez está más claro que tenemos que dejar de concentrarnos estrictamente en los mercados, y en lugar de eso interesarnos más por las personas de una manera holística, lo que significa protegerlas y proteger también los derechos de los trabajadores y el derecho al trabajo. La Unión Europea debe convertir esto en un objetivo a largo plazo para poder garantizar que mujeres y hombres tienen la oportunidad de obtener un empleo digno y productivo, en unas condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad. En el futuro, por tanto, será necesario que el Parlamento y los sindicatos internacionales y europeos trabajen conjuntamente y que añadan sus recomendaciones urgentes y positivas a la iniciativa votada hoy aquí.

  Mitro Repo (S&D). – (FI) Señor Presidente, he apoyado el informe porque las empresas comerciales tienen una importancia enorme en el comercio internacional. Siempre hemos de actuar en consonancia con los valores europeos y con los estándares sociales y de trabajo europeas internacionales, también en terceros países.

La responsabilidad social de las empresas solamente es útil en tanto que ejercicio voluntario si los consumidores reciben una información precisa sobre las actividades de las compañías, la procedencia de los productos y las condiciones bajo las que los bienes son producidos y comercializados. Los certificados, las marcas y las normas son importantes para los consumidores, y la imagen y la reputación están directamente vinculadas al éxito de una empresa. En la era de los medios sociales, resulta complicado ocultar información a los consumidores acerca de las prácticas de una empresa.

Una iniciativa empresarial responsable siempre constituye la columna vertebral de la competitividad y de una empresa exitosa. También la Unión Europea debe ser pionera en la promoción de estándares sociales. Creo que la noción de responsabilidad empresarial debería incluirse en todas las políticas comunitarias y en todos los acuerdos comerciales.

  Anna Záborská (PPE). – (SK) Señor Presidente, apoyar y fomentar la responsabilidad en las relaciones exteriores puede ser una operación interesante. Me preocupa que no estemos yendo tan lejos como podríamos en nuestras actividades. La responsabilidad social debe centrarse en los más desfavorecidos, en quienes se encuentran al margen de la sociedad, en quienes no tienen capacitación y en quienes están más expuestos a la manipulación. Es decir, debe centrarse en quienes están más alejados del mercado laboral.

El programa francés sobre trabajar y aprender juntos, iniciado por el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo y el Estado francés, es un perfecto ejemplo de una empresa sólida que preserva la auténtica responsabilidad social de un acuerdo con los trabajadores más desfavorecidos. De esta manera, la Unión puede aportar un valor añadido real a la política.

Informe: Gay Mitchell (A7-0187/2011)

  Clemente Mastella (PPE). – (IT) Señor Presidente, 2011 presenta una oportunidad estratégica para extraer enseñanzas de los cuatro años que ha estado en vigor el reglamento que establece un instrumento financiero para la cooperación al desarrollo. Desde su entrada en vigor, parece que el principal problema registrado ha sido la dificultad para comprender o aceptar la función específica de la cooperación al desarrollo en el contexto de la acción exterior de la Unión Europea.

Por tanto, debemos aclarar el hecho de que la cooperación al desarrollo es la única área política de la acción externa, junto a la ayuda humanitaria, que no ha sido concebida para servir a los intereses comunitarios, sino para defender los intereses de las poblaciones más marginadas y más vulnerables del planeta.

Con la votación de hoy, subrayaremos la necesidad de un instrumento para la cooperación al desarrollo separado que se centre específica y exclusivamente en los países en desarrollo y que vaya expresamente dirigido a la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 208 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Para concluir, señor Presidente, pedimos en concreto que el procedimiento de los actos delegados se utilice al adoptar decisiones sobre objetivos generales, sobre áreas prioritarias y sobre resultados esperados, así como sobre la asignación de fondos que cumplan los criterios del artículo 209 del TFUE.

Informe: Diana Wallis (A7-0164/2011)

  Adam Bielan (ECR). – (PL) Señor Presidente, pese al hecho de que el Parlamento Europeo ha reconocido en repetidas ocasiones las ventajas que las mejoras del marco del Derecho contractual supondrían para el Mercado Interno, la introducción de un sistema nuevo de Derecho contractual que hace uso de un instrumento opcional ha encontrado una serie de problemas graves, tanto en términos de contenidos como de procedimientos. Por encima de todo, las propuestas presentadas reflejan la posición de la Comisión, que no está apoyada por el contenido del debate público. No conocemos las posiciones adoptadas por los Estados miembros individuales, o las de los representantes de los consumidores y de las empresas. La falta de claridad de algunos de los documentos propuestos, que serán utilizados como base de las decisiones judiciales, puede generar interpretaciones jurídicas divergentes.

Finalmente, la introducción de un instrumento opcional tendría un impacto económico significativo en las empresas y en los consumidores. Podrían generarse unos costes muy elevados La formación necesaria, la sustitución de los documentos contractuales estándar y los posibles procedimientos judiciales podrían acarrear unos costes muy elevados. En mi opinión, no es inteligente imponer unas cargas financieras adicionales alas empresas, en unos momentos de dificultades económicas. Basándome en todo lo anterior, he votado a favor de rechazar el informe.

Informe: Nadja Hirsch (A7-0082/2011)

  Clemente Mastella (PPE). – (IT) Señor Presidente, la posibilidad de aprender y de trabajar en un contexto internacional es un requisito previo para una vida profesional exitosa en la actual economía fuertemente globalizada. En lo que se refiere a la educación y a la formación profesional, los factores clave enumerados en la estrategia europea para un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo deben ser traducidos a medidas prácticas a escala de la Unión Europea y de los Estados miembros. Las previsiones sugieren que la demanda de aptitudes seguirá aumentando. El cambio industrial y tecnológico incrementa la necesidad de trabajadores con un grado medio y alto de aptitudes, y por el contrario los que poseen grados bajos de capacitación son expulsados.

Por tanto, es preciso actuar con rapidez, especialmente cuando hay implicadas personas jóvenes: el aumento continuo del desempleo juvenil es uno de los retos más importantes que se le plantean a Europa. Para lograr nuestros objetivos, resulta esencial que la educación y la formación profesional sigan siendo consideradas una prioridad política común a largo plazo, lo que solamente puede traducirse en la vida real con la participación y el compromiso de todos los actores interesados, de las instituciones comunitarias y de los implicados a escala local y regional.

  Paul Murphy (GUE/NGL). – Señor Presidente, he votado en contra del informe de la señora Hirsch ya que fundamentalmente ve la educación no como un medio para que los ciudadanos puedan mejorar su conocimiento y sus aptitudes, sino únicamente como una herramienta para aumentar los beneficios de las grandes empresas.

Rechazo por completo ese enfoque. El informe afirma que la implementación de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 es un modo de garantizar el empleo y unas mejores condiciones de vida. Eso es sencillamente falso. La Estrategia Europa 2020 no generará empleo ni unas mejores condiciones de vida. Ofrece más políticas neoliberales y una tendencia a la baja en materia de salarios y de condiciones.

Este informe pide vergonzosamente que los patrones puedan rescindir los contratos de formación si los aprendices son considerados no aptos para su puesto de trabajo. Estamos ante la receta para una explotación flagrante. Rechazo el llamamiento para una mayor implicación de las instituciones privadas de educación superior en la ampliación de la formación profesional y en lugar de esto pedir unas oportunidades de formación coherentes ofrecidas a través de una inversión pública cuantiosa.

  Mitro Repo (S&D). – (FI) Señor Presidente, apoyo el informe porque el desempleo juvenil es un reto al que se enfrenta el conjunto de Europa, y que está generando problemas para toda la sociedad. También es uno de las causas del malestar en los países del Mediterráneo Meridional. En las sociedades prósperas de los países nórdicos, el desempleo juvenil se manifiesta, por ejemplo, en la exclusión y en un incremento del uso de sustancias entre los adolescentes.

La fase juvenil se caracteriza por la movilidad y el cambio de empleo. El desempleo juvenil es preocupante cuando los jóvenes no tienen acceso a ningún tipo de puesto de trabajo debido a una educación deficiente o a su falta de experiencia. Los jóvenes que carecen de una formación adecuada o de experiencia laboral se encuentran en una posición de debilidad cuando se trata de competir por un puesto de trabajo. Por eso hemos de centrar nuestro trabajo en proporcionar una educación amplia y de alta calidad; y, además, prestar atención a la perspectiva de género, para que las causas subyacentes del desempleo juvenil puedan ser eliminadas. Asimismo, debemos recordar la función del aprendizaje porque fomenta la formación permanente y prepara a los ciudadanos para los cambios en el mercado laboral.

  Silvia Costa (S&D). – (IT) Señor Presidente, resulta muy significativo que el Parlamento esté usando esta resolución para enviar un mensaje clave tanto a los Estados miembros como a las generaciones más jóvenes para pedir un mayor compromiso con la cooperación europea en materia de aprendizaje, formación profesional y educación superior, con el objetivo de fortalecer la Estrategia Europa 2020. Sabemos que el desempleo juvenil tiene repercusiones graves en la pobreza y en la exclusión social, al igual que el período prolongado de inseguridad en el que vive un 40 % de los jóvenes europeos.

Se debe respaldar claramente a la combinación de políticas educativas y a un nuevo sistema de bienestar basado en incentivos para las empresas que ofrezcan empleo a jornada completa a los jóvenes y a las mujeres. Resulta esencial garantizar que las aptitudes adquiridas se adecuen a las competencias —también a las de ciudadanía— exigidas para lograr los nuevos objetivos de crecimiento sostenible e inteligente, como también lo son las políticas para llevar a cabo la transición desde la educación al ámbito laboral, y acelerar el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, los títulos y los créditos académicos.

Los Estados miembros que, como pasa con el mío propio, están haciendo recortes en los recursos para la educación y la investigación en tiempos de crisis deben saber que están perjudicando a los jóvenes, y también perjudicando el futuro de Europa.

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Señor Presidente, he estado implicado en la preparación del informe en la Comisión de Empleo y de Asuntos Sociales, y en efecto, el desempleo en Europa es elevado, pero el desempleo juvenil es, de promedio, el doble de elevado. Hay Estados miembros en los que esa cifra es incluso mayor, como sucede en mi país de origen, donde es tres veces mayor. Apoyo las iniciativas del informe como medidas prácticas para darle la vuelta a esta situación y para lograr mejoras. No le veo sentido a formar a un gran número de personas que han recibido una educación superior pero que no pueden darle uso alguno en el mercado laboral. Debemos concentrarnos más en la formación profesional y en el perfeccionamiento.

Sin embargo, lo que resulta completamente inaceptable es la actuación del Consejo sobre educación en términos de recortes presupuestarios. Esa actuación es también incompatible con la consecución de la Estrategia Europa 2020, que ya ha sido adoptada. No están cumpliendo sus promesas. He votado a favor de la adopción del proyecto. Gracias.

  Seán Kelly (PPE). – (GA) Señor Presidente, yo también he votado a favor de este informe, especialmente porque se estima que, de aquí a 2020, habrá quince millones de puestos de trabajo disponibles para personas con titulación universitaria. Al mismo tiempo, se estima que habrá doce millones de empleos menos para las personas sin cualificaciones o con una capacitación limitada. Por tanto, debemos hacer algo al respecto, existe una gran y evidente necesidad de educación y de formación. El desempleo juvenil en Europa se sitúa en el 21 %, por lo que es importante que permanezcan en el ámbito educativo hasta que también ellos posean la capacitación necesaria y que exista una colaboración entre las universidades y las empresas para que esas cualificaciones sean aptas. Además, es importante que se produzca una evaluación independiente de esas cualificaciones. Si hacemos todo esto, podremos resolver este problema en el futuro.

Informe: Salvador Garriga Polledo (A7-0193/2011)

  Francesco De Angelis (S&D). – (IT) Señor Presidente, el informe del señor Garriga Polledo es un trabajo muy importante que nos permite establecer un nuevo marco financiero para lograr una Europa competitiva, sostenible e inclusiva.

Necesitamos un presupuesto diseñado para hacer frente a los retos del presente y que pueda ofrecer una respuesta firme e innovadora a las necesidades actuales. Su prioridad principal debe ser la investigación y la innovación en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, para estimular el crecimiento y la creación de empleo; y entre sus objetivos secundarios debe figurar la reforma de la política agrícola común, con el fin de potenciar y apoyar la competitividad de la agricultura en Europa.

No obstante, debemos prestar una atención especial al futuro de la política de cohesión, a la que considero un instrumento muy importante que ofrece apoyo financiero a las inversiones que impulsan el crecimiento económico y, por encima de todo, la creación de empleo. Sobre este asunto me gustaría recuperar un punto que considero de particular importancia: la creación de una nueva categoría intermedia. Por supuesto, opino que esta nueva categoría no puede ser creada mediante la absorción de recursos de otras categorías existentes, que son esenciales para apoyar el crecimiento equilibrado, armonioso y sostenible de nuestras comunidades.

  Ville Itälä (PPE). – (FI) Señor Presidente, este informe tan importante ha sido adoptado, y quiero hacer un par de comentarios. El primero se refiere a la enmienda 18, presentada por el Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa, que afirma que se podrían llevar a cabo algunos recortes bastante precisos en el marco de la política agrícola común, en consonancia con los tipos de reformas actuales que existen. En otras palabras, nos hacemos una idea bastante clara de la opinión del Grupo ALDE sobre la política agrícola, aunque la han redactado de manera muy astuta. La premisa obvia y básica aquí es que, en el caso de que debamos efectuar recortes en algún sitio, la política agrícola es lo que se debe recortar

El otro punto importante, sobre el que he votado de manera diferente a mi Grupo, es la enmienda 37 d, que originalmente se refiere al notable ahorro que pudiera conseguirse si el Parlamento Europeo tuviera una única sede. No tiene sentido discutir sobre esto: llevaremos a cabo ahorros. No cambia las cosas, independientemente de cómo votemos: sabemos que se producirá un ahorro. Espero que finalmente comprendan que los ciudadanos están hartos de que el ahorro que decidimos les afecte a ellos y no a nosotros. Esto no puede ser explicado a la ciudadanía y no mejoraremos nada sometiéndolo a votación. Es necesario ahorrar, y lo haremos.

  Salvatore Caronna (S&D). – (IT) Señor Presidente, he votado a favor del informe del señor Garriga Polledo sobre las próximas perspectivas financieras de la Unión porque, en uno de los momentos más críticos para el llamado espíritu europeo, estoy convencido de que es vital que seamos insistentes y que impere nuestra creencia de que resulta esencial dotar a la Unión de unos instrumentos creíbles, empezando por una financiación adecuada.

Por tanto, la petición de un incremento del 5 % en el próximo presupuesto es justa y necesaria. Quizás no sea suficiente, pero resulta fundamental para dar respuestas a las grandes preguntas que se plantean: esos recursos son necesarios para atajar problemas reales, como una mayor cohesión entre las regiones, una mayor capacidad de investigación y de innovación, así como una mayor capacidad de generar crecimiento y empleo. Sin los recursos adecuados, ninguno de estos problemas será tratado correctamente, empezando por la introducción de la categoría intermedia en la política de cohesión, que solamente tienen sentido si no perjudica a las otras categorías existentes.

Por esto he votado a favor; espero que la Comisión y el consejo sigan las recomendaciones de este informe.

  Adam Bielan (ECR). – (PL) Señor Presidente, la crisis económica, los problemas demográficos y el creciente desempleo están teniendo un impacto significativo en las limitaciones presupuestarias de los Estados miembros. Por tanto, un presupuesto europeo que ofrece oportunidades de planificación a largo plazo debería ser la herramienta que fomentase el crecimiento de las economías de los distintos países. La Estrategia Europa 2020, que estimula la creación de empleo y fomenta la integración social es, en mi opinión, un componente clave para ayudar a los países a superar la crisis. En este contexto, resulta especialmente importante que su alcance se amplíe también a las pequeñas y medianas empresas. Así pues, estoy de acuerdo con la propuesta de garantizar un mayor respaldo a todos los programas e instrumentos que apoyan a estas empresas, como los programas dirigidos a potenciar la competitividad, la innovación y el uso de los Fondos Estructurales.

Mantener la competitividad, estimular el crecimiento económico y luchar contra el desempleo serán los principales retos de la UE. Por tanto, quiero destacar la necesidad urgente de apoyar el crecimiento a través de la inversión en sectores económicos basados en el conocimiento. Reforzar el vínculo existente entre la educación, la investigación científica y el empleo potenciará la integración, la movilidad y la especialización.

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). – (IT) Señor Presidente, intervengo para expresar mi satisfacción así como para dar cuenta de mis motivos para votar a favor del informe del señor Garriga Polledo, que de alguna manera logra fijar unos objetivos serios y eficaces que contribuyen a reforzar la política de cohesión.

Tengo una duda, que hemos expresado al votar a favor de la adopción de la enmienda que retira la redacción sobre la creación de una categoría intermedia para las políticas de cohesión en aquellas partes de Europa en las que el producto interior bruto (PIB) se sitúa entre el 75 % y el 90 % del PIB comunitario. Esto nos preocupa de verdad, no porque no creamos que se deba ampliar la atención prestada a la política de cohesión, sino porque pensamos que sin recursos adicionales esta ampliación corre el peligro de privar y de reducir los recursos de las áreas a las que se refiere el Objetivo 1 —el denominado objetivo de convergencia—, que necesita la misma atención y apoyo por parte de la Unión Europea. Por resumir, me complace el informe y también el trabajo que se ha realizado, pero albergo algunas preocupaciones sobre la atención que al parecer hemos prestado a una política que podría haber confirmado el denominado «facing-out», tal y como estamos habituados a verlo.

  Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Señor Presidente, los contenidos del nuevo marco financiero plurianual deben presentar una visión clara del futuro de la Unión Europea a sus ciudadanos. Los actuales retos económicos y sociales a los que nos enfrentamos deben quedar reflejados no solamente en discursos rimbombantes, sino sobre todo en partidas presupuestarias concretas.

Tanto si consideramos las actuales dificultades y ambiciones de la UE y de sus regiones desde una perspectiva regional como desde una perspectiva global, las cuestiones más urgentes siguen siendo la escasez de energía, la ralentización del crecimiento económico, y el desempleo. Por tanto, todavía considerar el desarrollo y la innovación de la infraestructura energética europea como áreas prioritarias que necesitan una financiación considerablemente mayor. En mi opinión, en el actual contexto medioambiental, regresar a la combustión de carbón no constituye una solución de futuro o útil para la creación de una red transeuropea de transporte completa. Esas dos áreas son una condición previa esencial para el desarrollo de la competitividad de la UE en su conjunto y para el funcionamiento del Mercado Interior y, como tales, merecen una atención especial a la hora de elaborar el presupuesto.

  Seán Kelly (PPE). – En primer lugar, acojo con satisfacción el compromiso contenido en el informe para como mínimo mantener en sus niveles actuales la financiación de la PAC y de la política de cohesión en la próxima perspectiva. En nuestro Grupo se ha registrado una polémica importante, también en relación con la categoría intermedia, y se decidió recurrir a la libertad de voto. Esto no afecta en absoluta a mis colegas en Irlanda o a nosotros mismos porque aunque pertenecemos al FMI —y aunque estamos arruinados como país— estamos por encima de la media europea en términos de PIB; por tanto, que haya o no una categoría intermedia es algo que no nos afecta.

Sin embargo, creemos que existe la necesidad de una valoración fundamental del avance de la política de cohesión, porque, a medida que más y más regiones superan el umbral del 75 %, la política se convertirá en redundante o bien deberá ser reformada, y esto es lo que esperamos que suceda.

Explicaciones de voto por escrito

Informe: Carlos Coelho (A7-0185/2011)

  Alexander Alvaro (ALDE), por escrito. – (DE) La delegación del Partido Democrático Libre alemán en el Parlamento Europeo asume que la inclusión de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen mejorará aún más la libertad de circulación dentro de la UE. Ahora que ambos Estados miembros han obtenido unos resultados positivos en la evaluación de todas las áreas de la revisión de Schengen, no deberían surgir más obstáculos para seguir retrasando su incorporación. No se puede negar que, técnicamente, proteger las fronteras no las convierte automáticamente en seguras, mientras persistan los problemas relacionados con la lucha contra la corrupción en el sistema jurídico y policial.

En consecuencia, este reto también afecta a los Estados miembros que ya pertenecen al espacio Schengen, por este motivo, la delegación del Partido Democrático Libre alemán considera que criterios como la lucha contra la corrupción deben recibir una atención mayor al evaluar el mecanismo de Schengen, y cualquier delito debe ser castigado adecuadamente.

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe, dados los resultados positivos de las evaluaciones llevadas a cabo en ambos países para determinar si cumplen o no los requisitos del acervo de Schengen. Pese a que Bulgaria y Rumanía están preparadas actualmente para abrir sus fronteras, aunque la que separa a Bulgaria y a Grecia es muy delicada, Bulgaria debe introducir medida adicionales, y es necesario adoptar un enfoque tripartito común para Bulgaria, Grecia y Turquía.

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – (LT) He votado a favor de esta importante resolución sobre la aplicación del acervo de Schengen en Bulgaria y Rumanía. Coincido con la postura del ponente, aunque hay algunas cuestiones importantes que exigirán la realización periódica de informes y un seguimiento en algún momento del futuro, no constituyen un obstáculo para la incorporación de pleno derecho de estos dos Estados miembros al espacio Schengen. La incorporación de Bulgaria y de Rumanía al espacio Schengen es muy importante, tanto para estos dos países y para su crecimiento económico y el desarrollo de su investigación, como para la Unión Europea en su conjunto, para potenciar la integridad y la solidaridad entre los Estados miembros.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe sobre la incorporación de Rumanía y Bulgaria al espacio Schengen. Es la segunda vez que se examina la aplicación de las disposiciones de Schengen por parte de estos dos países; la primera evaluación tuvo lugar en 2010. Tengamos presente que Rumanía y Bulgaria adoptaron el acervo de Schengen (protección de datos, Sistema de Información de Schengen; fronteras aéreas, terrestres y marítimas, cooperación policial y visados) cuando se incorporaron a la Unión Europea en 2007. Sin embargo, ahora todos los Estados miembros deben ponerse de acuerdo en su participación efectiva en ese espacio sin fronteras interiores. Por su parte, el Parlamento Europeo ha sido consultado.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) La cooperación de Schengen se inició el 14 de junio de 1985 con el Acuerdo de Schengen, que permite la supresión de los controles fronterizos sistemáticos en las fronteras interiores de los Estados firmantes, así como la creación de un área común con libertad de circulación para las personas. Actualmente, la libre circulación está garantizada en un territorio que cuenta con 42 673 kilómetros de fronteras exteriores marítimas y con 7 721 kilómetros de fronteras terrestres, Y que cubre a 25 países y a 400 millones de ciudadanos. Bulgaria, Rumanía y Chipre solamente aplican en parte el acervo de Schengen en la actualidad, por lo que sigue habiendo controles en las fronteras de estos tres Estados miembros. Rumanía y Bulgaria adoptaron el acervo de Schengen al incorporarse a la UE en 2007. Teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones y las repetidas visitas periódicas llevadas a cabo por equipos de expertos, el Parlamento Europeo y el Consejo han llegad a la conclusión que, aunque hay algunas cuestiones destacadas que exigirán unos informes regulares y un seguimiento, no constituyen un obstáculo para la plena pertenencia de estos dos países al espacio Schengen. Apoyo la propuesta de que Bulgaria y Rumanía deban informar por escrito al Parlamento Europeo y al Consejo, durante un período de seis meses, sobre cualquier iniciativa que pretendan poner en marcha en relación con las recomendaciones presentadas en los informes de evaluación y mencionadas en informes posteriores, que aún deben ser implementados.

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) Desde la firma del Acuerdo de Schengen en 1985, sus cinco Estados fundadores se han convertido en veinticinco, de los cuales veintidós son Estados miembros de la Unión Europea. Schengen posibilitó la supresión de los controles fronterizos interiores entre los Estados firmantes, así como la creación de una frontera única exterior en la que se llevan a cabo controles de entrada al espacio Schengen. Bulgaria y Rumanía adoptaron el acervo de Schengen cuando se incorporaron a la Unión Europea en 2007.

Basándose en los resultados de las evaluaciones y en las visitas de control llevadas a cabo, el ponente, el señor Coelho, ha llegado a la conclusión de que se cumplen todas las condiciones necesarias para la aplicación de todas las partes del acervo de Schengen; en concreto, los controles en las fronteras aéreas, marítimas y terrestres, la cooperación policial, los visados, la conexión con el Sistema de Información de Schengen (SIS) y la protección de los datos. Estos países deben convertirse en miembros de pleno derecho del espacio Schengen Se trata de un avance importante para estos países, así como un refuerzo de la ciudadanía europea. Por tanto, he votado a favor de este informe y quiero felicitar al ponente.

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. – (ES) He aprobado esta iniciativa porque Rumanía y Bulgaria adoptaron el acervo Schengen cuando se adhirieron a la UE en el 2007. Tras las evaluaciones correspondientes por los expertos, aunque siga habiendo algunos problemas pendientes de resolver, ambos países han demostrado que están preparados para aplicar las disposiciones del acervo Schengen y por lo tanto pueden tener la plena adhesión al mismo.

  Slavi Binev (NI), por escrito. – (BG) Estamos ante un informe muy importante que no solamente afecta a mi país, Bulgaria, sino también al conjunto de la Unión Europea. Confío en que nuestro trabajo obtendrá recompensa en breve. Nuestras fronteras están preparadas desde hace un tiempo para defender las fronteras europeas. Sin embargo, la decisión que con tanto interés se esperaba aún no parece estar próxima. Considero que el motivo de esto es de naturaleza política. El informe también se refiere a las inspecciones llevadas a cabo en nuestra frontera con Turquía, que cumple los requisitos del espacio Schengen y que demuestra nuestra preparación. Espero sinceramente que el informe sea adoptado en la próxima sesión del Consejo Europeo, porque cuanto más rápidamente actuemos a este respecto, mayor será el beneficio para todos desde un punto de vista político, económico y social.

  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) He votado en contra de la plena aplicación de las medidas de Schengen en Rumanía y en Bulgaria. A pesar del juicio generalmente positivo sobre los avances registrados por estos dos Estados miembros en términos de seguridad, el propio informe admite que se detectaron numerosas deficiencias técnicas y administrativas en los organismos encargados de garantizar la seguridad fronteriza de ambos Estados y, en concreto, en los organismos encargados de verificar y controlar las fronteras marítimas y terrestres. En segundo lugar, el informe reconoce que si los dos países fuesen incluidos en el espacio Schengen, su situación geográfica cercana a la frontera turca crearía dos rutas nuevas para los inmigrantes ilegales que actualmente solamente se dirigen a Grecia, que, en estos precisos momentos, es el único Estado de Schengen ubicado en la península balcánica.

Por tanto, la admisión de Rumanía y de Bulgaria incrementaría considerablemente el tamaño del talón de Aquiles de la UE en sudeste y triplicaría la presión a la que actualmente hace frente. El proyecto de resolución, así pues, va directamente en contra de las necesidades de los ciudadanos en materia de protección —que Lega Nord siempre ha situado en el centro de su programa— y no puedo respaldarlo.

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) La decisión de admitir a Rumanía y a Bulgaria en el espacio Schengen es meramente política. El informe que apoya la inclusión de Rumanía en este espacio, adoptado por el Parlamento Europeo, únicamente sirve para confirmar que las opiniones de los expertos de la Unión son correctas: Rumanía ha hecho un buen trabajo, ha asegurado la protección de sus fronteras y ha cumplido las condiciones requeridas. La opinión del Parlamento en Bruselas es consultiva y ahora, al igual que en el pasado, la decisión corresponde a los políticos del Consejo. Aplicar dobles raseros y hablar de criterios obligatorios que, una vez cumplidos, son considerados como «meramente técnicos» no es propio, en absoluto, de una Unión democrática y justa, tal y como la conocemos. Por eso, tan solo puedo esperar que las opiniones de los expertos y las de los legisladores europeos no sigan siendo ignoradas por los políticos de los Estados miembros. Esconderse detrás de las palabras sin resolver la cuestión directamente no puede seguir siendo una opción cuando la admisión al espacio Schengen nunca ha sido un problema político, sino técnico. Las evaluaciones de los expertos independientes y las del Parlamento, que votó abrumadoramente a favor de la integración de Rumanía en Schengen, deberían contar como un factor crucial en el Consejo Europeo y, en consecuencia, el procedimiento debería quedar desbloqueado.

  Philippe Boulland (PPE), por escrito. – (FR) El espacio Schengen y, en especial, la libertad de circulación, es un acervo comunitario que verdaderamente significa algo para nuestros ciudadanos. El Presidente Barroso nos ha recordado que «la libertad de circulación es para Europa lo que los cimientos son para un edificio». La libre circulación es uno de los grandes logros de la Unión. Me alegra que el Parlamento haya aprobado la incorporación de Bulgaria y Rumanía al espacio Schengen. Se ha trabajado mucho para garantizar la seguridad de las fronteras; sus sistemas de vigilancia de cuarta generación son mucho más impactantes que nuestros modelos de segunda generación. Sin embargo, siguen existiendo barreras para la libre circulación de trabajadores: en primer lugar, obstáculos jurídicos y administrativos que afectan a todos los aspectos de las vidas de los ciudadanos; en segundo lugar, la depredación (dumping) social: aunque el artículo 45 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea garantiza la igualdad de trato para los trabajadores, las investigaciones de la Comisión de Peticiones demuestra que la realidad es bien distinta, en tercer lugar, la protección social, que varía de un país a otro, por lo no fomenta la movilidad. Por tanto, me gustaría proponer una protección social mínima para la Unión. Aunque este aspecto de la protección social es competencia de los Estados miembros, la falta de armonización está dañando claramente el Mercado Interior.

  John Bufton (EFD), por escrito. – He votado en contra de que se amplíe el acervo de Schengen para incluir a Bulgaria y a Rumanía, sencillamente porque no creo que se haya dispuesto lo necesario para garantizar que colindan con una zona sin pasaporte de manera segura y eficaz. La corrupción y el crimen organizado aún tienen una importante presencia en estos países, que también son portales para la inmigración ilegal. El tráfico sexual, la prostitución infantil, el comercio de niños y las bandas de crimen organizado florecerían potencialmente en unas condiciones de fronteras abiertas y no se ha hecho lo necesario para poner freno a esos crímenes en estos Estados miembros.

  Alain Cadec (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe del señor Coelho sobre la plena aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen en Bulgaria y Rumanía. Debemos felicitar a estos dos Estados miembros por el trabajo que han llevado a cabo. Ambos Estados han cumplido los criterios para una aplicación integral del acervo de Schengen. Sin embargo, este informe hace hincapié en que esta región incluye una de las fronteras exteriores más vulnerables de la Unión en términos de inmigración ilegal. Bulgaria deberá aplicar medidas transitorias cuando se incorpore a Schengen. Ambos Estados deberán cooperar plenamente para no poner en peligro un sistema que depende de la confianza mutua entre Estados miembros. Apoyo la posición del ponente.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Dado que Bulgaria y Rumanía cumplen los requisitos para su adhesión al espacio Schengen, acojo con satisfacción su ampliación para incluirlos. Sin embargo, creo que esas medidas adicionales y las soluciones presentadas ante las deficiencias mencionadas son importantes, especialmente en lo tocante al fenómeno de la inmigración ilegal que se registra en Bulgaria debido a su ubicación geográfica periférica. El funcionamiento adecuado de la libre circulación de personas, productos, servicios y mano de obra depende de la solidez y de la armonización de las políticas sobre fronteras exteriores, ya que ésa es la única manera de preservar la paz social y la estabilidad económica dentro de la Unión.

  Françoise Castex (S&D), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe. Algunos Estados miembros, como Francia, Alemania y los Países Bajos, quieren cambiar las reglas del juego. Sin embargo, no es razonable añadir otros criterios como una evaluación de las políticas de lucha contra la corrupción y contra el crimen. Estas cuestiones son importantes, qué duda cabe, pero la propuesta solo responde a una motivación política. Añadir criterios nuevos crearía un sistema de dos categorías en los Estados miembros.

  Nessa Childers (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe debido a que estas medidas son importantes para reafirmar la solidaridad europea en unos momentos en los que está siendo sometida a prueba de manera muy rigurosamente.

  Jurgen Creutzmann (ALDE), por escrito. – (DE) La delegación del Partido Democrático Libre alemán en el Parlamento Europeo asume que la inclusión de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen mejorará más aún la circulación dentro de la UE. Ahora que ambos Estados miembros han obtenido unos resultados de evaluación positivos en todas las áreas de la revisión de Schengen, no debería haber más obstáculos para seguir retrasando su incorporación. No cabe duda de que la protección técnica de las fronteras no la hará automáticamente impermeables mientras persistan los problemas en la lucha contra la corrupción y el sistema judicial y policial.

En consecuencia, este reto también afecta a los Estados miembros que ya pertenecen al espacio Schengen., Por este motivo, la delegación del Partido Democrático Libre alemán considera que criterios como la lucha contra la corrupción debe recibir más atención al evaluarse el mecanismo de Schengen, y cualquier delito debe ser castigado apropiadamente.

  George Sabin Cutaş (S&D), por escrito. – (RO) La votación de hoy en el Parlamento Europeo ha puesto de manifiesto que Rumanía está preparada para aplicar el acervo de Schengen. Según el ponente, el señor Coelho, todas las deficiencias detectadas en el pasado han sido rectificadas con éxito por parte de las autoridades rumanas. Rumanía es capaz de ofrecer una protección adecuada tanto en sus fronteras terrestres como en las marítimas y en las aéreas. Por eso me parece lamentable que persistan las dudas sobre nuestra disposición a aplicar el acervo y que algunos Estados miembros sigan protegiendo su denominada «seguridad nacional» colocando obstáculos injustificados en el camino de un Estado miembro que se ha ganado el derecho a ser tratado de una manera justa y no discriminatoria. El Parlamento Europeo ha hablado hoy con una voz sobre justicia. ¿Durante cuánto tiempo va a seguir ignorando el Consejo nuestra posición?

  Rachida Dati (PPE), por escrito. – (FR) Las evaluaciones y las visitas adicionales de los equipos de expertos han demostrado que Bulgaria y Rumanía están preparados para participar plenamente en el espacio Schengen. Por tanto, he votado a favor del informe de mi colega el señor Coelho.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) El ponente, que ha supervisado esta área durante varios períodos parciales de sesiones del Parlamento, cree que aunque hay algunas cuestiones sin resolver que justifican una vigilancia regular, no constituyen un obstáculo para la adhesión de Bulgaria y Rumanía al espacio Schengen. Dada su experiencia en esta área, creo que puedo respaldar sin miedo su evaluación, así como sus peticiones de seguridad para las fronteras exteriores. La decisión de abrir las fronteras a estos Estados miembros posibilitará una libertad de circulación mejorada y, en un ámbito más práctica, permitirá que búlgaros y rumanos se sientan más integrados en una Unión de la que son miembros de pleno derecho.

Espero que el simbolismo del momento también se traduzca en una mayor fluidez comercial entre países, y en la gestión de las cuestiones de inmigración y de seguridad de una manera más integrada. El ponente advierte con razón acerca de la delicadeza de la región formada por Bulgaria, Turquía y Grecia en términos de inmigración ilegal. Coincido con él cuando señala la necesidad de que Bulgaria adopte medidas adicionales, como un plan especial por el que las medidas se aplican en el momento de la entrada en el espacio Schengen, así como un enfoque para luchar contra un incremento agudo potencial de la presión migratoria común a Grecia, Turquía y Bulgaria.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Este informe, redactado por nuestro colega, el señor Coelho, se refiere a la propuesta de decisión del Consejo sobre la plena aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen en la República de Bulgaria y en Rumanía. El Acuerdo de Schengen fue firmado el 14 de junio de 1985. Al suprimir los controles en las fronteras interiores de los países firmantes y al crear un espacio común, hizo posible la libre circulación de personas y de bienes en toda la Unión Europea. Dado que Rumanía y Bulgaria adoptaron el acervo de Schengen en 2007; y que los documentos muestran que desde un punto de vista técnica tanto Bulgaria como Rumanía están preparados para la adhesión a la UE; que todos los apartados de la adhesión se cumplieron en marzo de 2011; y que la demora en la adopción del nuevos sistema de evaluación de Schengen para minimizar los problemas existentes —temo que la inseguridad aumentará— no puede evitar la entrada de estos países en la UE, he votado a favor. Finalmente, quiero felicitar al ponente por el excelente trabajo que ha realizado en la redacción de este informe, a pesar de los obstáculos colocados por el Consejo en el camino del acceso a determinada documentación considerada esencial para lograr esto.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La verificación de que los nuevos Estados miembros cumplen las condiciones necesarias para la aplicación plena del acervo de Schengen es una condición previa para la adopción de la decisión del Consejo para suprimir los controles fronterizos en las fronteras interiores, una vez consultado en Parlamento Europeo.

En este caso, el informe considera que se han cumplido todas las condiciones para eliminar los controles fronterizos con Bulgaria y Rumanía. La decisión de incluir a estos países, que se incorporaron a la UE en 2007, en el espacio Schengen deberá ser adoptada por unanimidad en el Consejo por parte de los gobiernos de todos los países que ya pertenecen a Schengen. El ponente menciona la necesidad de introducir medidas adicionales en relación con la frontera entre Bulgaria, Grecia y Turquía, que es una de las más delicadas en términos de inmigración ilegal. El comité de evaluación también ha invitado a Bulgaria a adoptar las medidas adicionales, por temor a los flujos migratorios procedentes de Turquía.

El motivo de nuestra abstención es todo el contexto de presión ejercida sobre estos países, así como los objetivos de esa presión. Además, opinamos que las consideraciones que definen nuestra posición en lo tocante a la ampliación y a la adhesión de países nuevos a la UE son igualmente válidas en relación con la aplicación íntegra de las disposiciones de Schengen en estos otros países.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El ponente considera que se cumplen todas las condiciones para suprimir los controles fronterizos con Bulgaria y Rumanía, pero quiere que el Parlamento Europeo sea informado sobre las medidas adicionales que se adoptarán en relación con la frontera entre Bulgaria, Grecia y Turquía, que es una de las más vulnerables en términos de inmigración ilegal.

La verificación de que los nuevos Estados miembros cumplen las condiciones necesarias para la aplicación de cada elemento del acervo de Schengen es una condición previa para el Consejo de Ministros de la UE que adoptará una decisión para suprimir los controles fronterizos en las fronteras interiores con esos países una vez haya consultado al Parlamento Europeo.

Sin embargo, el comité de evaluación ha invitado a Bulgaria a adoptar medidas adicionales, como un plan especial que incluye normas que se aplicarán en el momento de la incorporación al espacio Schengen, principalmente por temor a los flujos migratorios procedentes de Turquía.

La decisión de incluir a estos dos países, que se incorporaron a la UE en 2007, en el espacio Schengen deberá ser adoptada por unanimidad en el Consejo por parte de los gobiernos de todos los países que ya pertenecen a Schengen. El asunto será sometido a debate en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior.

Dada nuestra posición sobre la adhesión de estos países, hemos mantenido nuestra posición de abstención, reforzada por la presión que se sigue ejerciendo sobre estos países.

  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) Rumanía y Bulgaria adoptaron el acervo de Schengen cuando se incorporaron a la UE en 2007. La condición básica para que el Consejo tome una decisión favorable a la supresión de los controles en las fronteras interiores con estos Estados miembros es que se confirme, en el marco de los procedimientos de evaluación, si los nuevos Estados miembros han cumplido el requisito de aplicar todos los elementos del acervo de Schengen: protección de datos, Sistema de Información de Schengen (SIS), fronteras aéreas, fronteras terrestres, fronteras marítimas, cooperación policial y visados. Para que el Parlamento Europeo pueda evaluar claramente todos los elementos necesarios para emitir una opinión sobre si estos dos países están preparados para incorporarse al espacio Schengen, resulta esencial tener acceso total a los informes de evaluación de los expertos sobre los avances en la preparación de ambos países. No obstante, en mi opinión Rumanía y Bulgaria ya han demostrado estar suficientemente preparados para aplicar todas las disposiciones del acervo de Schengen de manera satisfactoria. Sin embargo, al mismo tiempo no debemos subestimar la situación, y hemos de pensar cómo mantenerla bajo control después de la adhesión efectiva de estos países a Schengen.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) No tengo nada en contra de nuestros amigos y vecinos de Bulgaria y Rumanía. Sin embargo, tengo varias quejas contra las disposiciones de Schengen. Este acuerdo terrible fue firmado a hurtadillas y ratificado un mes de agosto de la década de los años ochenta. Lo único que ha aportado son problemas. Eliminar las fronteras interiores no garantiza la libertad de circulación de los ciudadanos europeos; más bien, genera inseguridad y produce tendencias poblacionales y migratorias incontrolables dentro de la UE, tanto en los países de origen como en los de destino. También proporciona unas oportunidades maravillosas para los inmigrantes ilegales, que saben que independientemente del punto por el que entren a Europa, podrán instalarse allí donde lo deseen. Francia, en especial, ha sido golpeada con dureza. Los problemas de la minoría romaní y de Lampedusa que a menudo se han comentado en esta Cámara solamente sirven para ilustrar la situación. No quiero que se aplique Schengen en mi país, ni tampoco en otros. Los Estados miembros deben conservar el control absoluto de sus fronteras y, si procede, trabajar juntos para reforzar las fronteras «exteriores».

  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. – (FR) He respaldado plenamente la adopción de este informe que aprueba la incorporación de Bulgaria y Rumanía al espacio Schengen. Ambos Estados han trabajado duro para fortalecer los controles fronterizos y han tenido éxito, tal y como han confirmado las conclusiones positivas de las evaluaciones y de las visitas de expertos organizadas por el grupo de trabajo del Consejo para la evaluación de Schengen. Ambos países han cumplido todos los criterios técnicos establecidos por la Unión Europea. En consecuencia, apoyo su participación plena en el espacio Schengen. Los Estados miembros no pueden añadir condiciones nuevas (como una evaluación de las políticas en materia de lucha contra la corrupción y el crimen) o cambiar las normas en el intermedio). Esta semana se celebra el vigésimo sexto aniversario del Acuerdo de Schengen, uno de los logros más destacados de la UE, que debe ser defendido al igual que la libertad de circulación, que es un derecho fundamental de los ciudadanos de la Unión Europea.

  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) Estoy a favor de que Rumanía y Bulgaria se incorporen al espacio Schengen. Se ha llevado a cabo una evaluación detallada y objetiva del cumplimiento del acervo de Schengen por parte de ambos países. Los dos cumplen todos los criterios. Por tanto, es poco razonable añadir otras condiciones como una evaluación de las políticas en materia de lucha contra la corrupción y el crimen. Esas cuestiones son indudablemente importantes, pero la propuesta responde a unas motivaciones meramente políticas. Añadir criterios nuevos sería crear un sistema de dos divisiones para los Estados miembros. Esta visión de una Europa de dos velocidades, con normas diferentes para los Estados miembros antiguos y nuevos, es sencillamente inaceptable.

  Nadja Hirsch (ALDE), por escrito. – (DE) La delegación del Partido Democrático Libre alemán en el Parlamento Europeo asume que la inclusión de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen mejorará aún más la libertad de circulación dentro de la UE. Ahora que ambos Estados miembros han obtenido unos resultados positivos en la evaluación de todas las áreas de la revisión de Schengen, no deberían surgir más obstáculos para seguir demorando su incorporación. No se puede negar que, técnicamente, proteger las fronteras no las convierte automáticamente en seguras, mientras persistan los problemas relacionados con la lucha contra la corrupción en el sistema jurídico y policial.

En consecuencia, este reto también afecta a los Estados miembros que ya pertenecen al espacio Schengen, por este motivo, la delegación del Partido Democrático Libre alemán considera que criterios como la lucha contra la corrupción deben recibir una atención mayor al evaluar el mecanismo de Schengen, y cualquier delito debe ser castigado adecuadamente.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) Rumanía y Bulgaria adoptaron el acervo de Schengen cuando se incorporaron a la UE en 2007. Según el Acta de Adhesión, la verificación, por medio de unos procedimientos de evaluación, de que los Estados miembros nuevos cumplen las condiciones necesarias para la aplicación de todos los elementos del acervo de Schengen (protección de datos, Sistema de Información de Schengen, fronteras aéreas, terrestres y marítimas; cooperación policial y visados) es una condición previa para que el Consejo decida sobre la supresión de los controles en las fronteras interiores con esos Estados miembros. No respaldo este documento porque teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones y de las necesarias visitas efectuadas por expertos, el comité responsable ha llegado a la conclusión de que hay algunas cuestiones importantes que requerirán la elaboración regular de informes y un seguimiento en algún momento del futuro. Debemos tener en cuenta que la zona formada por Bulgaria, Turquía y Grecia es uno de los puntos más delicados de las fronteras exteriores de la UE en términos de inmigración ilegal. Por tanto, resulta esencial que Bulgaria adopte algunas medidas adicionales, esto es, que prepare un plan especial que refleje unas acciones que debe implementar en el momento de su incorporación a Schengen, así como un enfoque común (entre Grecia, Turquía y Bulgaria) con el fin de poder responder al posible incremento de los flujos migratorios. Opino que se debe pedir a los Estados miembros afectados que informen al Parlamento Europeo y al Consejo, por escrito y durante un período de seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de esta decisión, sobre la implementación de estas medidas adicionales para hacer frente a las deficiencias.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe del señor Coelho sobre la aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen en Bulgaria y Rumanía. En efecto, Rumanía y Bulgaria adoptaron el acervo de Schengen cuando se incorporaron a la Unión en 2007. Según el apartado 2 del artículo 4 del Acta de Adhesión, la verificación de que los Estados miembros nuevos han cumplido las condiciones necesarias para la aplicación del acervo de Schengen es una condición previa para que el Consejo tome una decisión sobre la supresión de los controles en las fronteras interiores con esos Estados miembros. Las evaluaciones llevadas a cabo muestran que tanto Rumanía como Bulgaria han demostrado estar suficientemente preparadas par aplicar todas las disposiciones del acervo de Schengen de manera satisfactoria. Por tanto, apoyo la petición del ponente. Sin embargo, no podemos olvidar que la zona en cuestión es una de las partes más delicadas de las fronteras exteriores de la UE en términos de inmigración ilegal. Esto significa que es necesario adoptar medidas adicionales porque, como sabemos, la supresión de los controles fronterizos interiores exigen un alto grado de confianza mutua entre los Estados miembros y también la existencia de controles eficaces en las fronteras exteriores, dado que la seguridad del espacio Schengen depende del rigor y de la eficiencia con la que cada Estado miembro lleva a cabo sus controles en la frontera exterior.

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), por escrito. – (PL) Hoy hemos sometido a votación en el Parlamento Europeo el informe del señor Coelho sobre la aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen en Bulgaria y Rumanía. No ayuda que la finalización de los preparativos para que estos países se incorporen al espacio Schengen coincida con el debate sobre la política de inmigración de la UE y con la creciente oposición de algunos de los países integrados en el espacio Schengen a los planes para su ampliación. Merece la pena hacer hincapié en el hecho de que Rumanía y Bulgaria han cumplido prácticamente todos los requisitos que les han sido impuestos, en especial los relacionados con los controles en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, la emisión de visados, la cooperación policial y la protección de datos. Tampoco debemos olvidar que se trata de países situados en las fronteras comunitarias que se enfrentan al problema de la llegada de inmigrantes ilegales. Sofía y Bucarest solicitaron conjuntamente la pertenencia, y el estado actual de los preparativos en ambos países ha recibido una calificación alta, por lo que he votado a favor de adoptar el informe.

  Monica Luisa Macovei (PPE), por escrito. – (RO) Naturalmente, he votado a favor de la adhesión de Rumanía y Bulgaria al espacio Schengen. Al igual que todos los ciudadanos rumanos y europeos, quiero que continúen las reformas en el sistema judicial de mi país, que disminuya el grado de corrupción y de fraude, que los casos se juzguen de manera justa y rápida, y que los culpables sean castigados con severidad. Nos incorporamos a la Unión Europea porque queríamos adoptar sus normas internas. Creo que es normal que nos rijamos por ellas y que seamos fieles a las promesas que realizamos al incorporarnos. Doy las gracias a la Unión y a los Estados miembros que nos están ayudando a llevar a cabo reformas permanentes en el sistema judicial y a poner en práctica medidas contra la corrupción, porque eso es también lo que los ciudadanos de Rumanía quieren.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe basándome en los informes de los expertos que dicen que en estos momentos tanto Rumanía como Bulgaria han demostrado que están suficientemente preparados para aplicar todas las disposiciones del acervo de Schengen de una forma satisfactoria.

  Kyriakos Mavronikolas (S&D), por escrito. – (EL) Bulgaria y Rumanía han satisfecho los requisitos para la plena integración en el espacio Schengen, basándose en sus informes de evaluación y en los informes de control de los equipos de expertos. Sin embargo, el Parlamento Europeo debe ser informado sobre las medidas adicionales que se deben adoptar en la zona formada por Bulgaria, Turquía y Grecia, para poder hacer frente a un posible incremento de los flujos migratorios.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Bulgaria y Rumanía han completado todo el trabajo exigido por la Fortaleza Europea con el fin de que sus ciudadanos puedan circular libremente dentro del espacio Schengen. Este informe pide más. Pide un enfoque común junto a Grecia para atajar la inmigración procedente de los países árabes. Esta exigencia es inaceptable. Me he abstenido para no votar en contra de la libertad de circulación dentro de la UE.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Bulgaria y Rumanía se han sometido a la evaluación de la aplicación pertinente de todos los elementos del acervo de Schengen: control de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas; visados, conexión al Sistema de Información de Schengen (SIS) y protección de datos. Esta es una condición previa para que el Consejo de Ministros de la UE decida la supresión los controles en las fronteras interiores con esos Estados miembros, previa consulta con el Parlamento Europeo. Tras los resultados positivos de las evaluaciones y de las visitas de seguimiento por parte de equipos de expertos, se puede concluir que aunque algunas cuestiones siguen pendientes y pese a que se piden visitas de seguimiento en el futuro, estos aspectos no constituyen un obstáculo para la adhesión plena de Bulgaria y Rumanía al espacio Schengen. Sin embargo, no podemos descuidar la zona formada por Bulgaria, Turquía y Grecia, que constituye una de las fronteras exteriores más delicadas de la UE en términos de inmigración ilegal. Es necesario reforzar las medidas ya adoptadas y estar preparados para luchar contra un posible incremento agudo de la presión migratoria. Bulgaria debe adoptar medidas adicionales, como un plan especial que incluye disposiciones que se aplicarán en el momento de su entrada en el espacio Schengen.

  Louis Michel (ALDE), por escrito. – (FR) El derecho a la libre circulación es uno de los derechos más fundamentales y visibles otorgados a los ciudadanos de la Unión. Dentro del espacio Schengen ahora es posible circular con libertad sin controles fronterizos. Todo un cambio en comparación con la época en que en Europa se multiplicaban los puestos fronterizos en los que los controles —verdaderamente minuciosos, en ocasiones— eran la norma, por no hablar de la imposibilidad para los ciudadanos del Este de cruzar el Telón de Acero sin perder la vida.

En la actualidad, este Espacio está formado por veinticinco países. Rumanía y Bulgaria deben unirse a ellos muy pronto; al menos, eso espero. Estos dos países han adoptado el acervo de Schengen desde el momento de su adhesión a la Unión Europea en 2007. Teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones y las visitas llevadas a cabo por equipos de expertos, estoy completamente a favor de la adhesión plena de estos dos Estados miembros al espacio Schengen, pese a que aún no se han resuelto algunos problemas que requerirán un seguimiento. De cualquier manera, quiero añadir que sería lamentable que se impusieran condiciones nuevas sobre la marcha de las que no se tenía noticia en el momento de la solicitud y de la evaluación.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – Parece que Rumanía y Bulgaria han demostrado estar suficientemente preparadas para satisfacer el acervo de Schengen. Hay muchas cuestiones sin resolver en el informe sobre la ampliación del espacio Schengen, texto elaborado por el señor Coelho. A partir de las suposiciones de los informes de las misiones de evaluación y a partir de los resultados de las repetidas visitas de seguimiento, he llegado a la conclusión de que hay ámbitos concretos que requieren una vigilancia permanente. El informe, que aún no ha sido adoptado, es la conclusión de las repetidas visitas de una misión de evolución acerca de la frontera exterior de Bulgaria. Por tanto, queda claro que el triángulo formado por Bulgaria, Rumanía y Grecia es una de las regiones más delicadas desde el punto de vista de la inmigración ilegal, y eso hace necesario que Bulgaria prepare medidas adicionales para hacer frente a la presión migratoria. Creo que el informe debe ser aceptado. He votado a favor.

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor del informe del señor Coelho sobre la aplicación del acervo de Schengen en Rumanía y Bulgaria, y acojo con satisfacción la actitud realista y la buen fe mostradas por parte de mis colegas diputados que también ha apoyado este informe.

Rumanía y Bulgaria han satisfecho las condiciones técnicas para incorporarse al espacio Schengen y este debe ser el único factor que se considere al adoptar esta decisión. Rumanía y Bulgaria han demostrado su capacidad para adoptar la legislación doméstica necesaria y para proteger sus fronteras. Además, se han registrado grandes avances en la lucha contra la corrupción, un tema que a menudo ha sido asociado, equivocadamente y de manera equivocada, con la adhesión al espacio Schengen.

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), por escrito. – (PL) Hoy el Parlamento Europeo ha adoptado una resolución sobre la aplicación de todas las disposiciones del acervo de Schengen en Bulgaria y Rumanía. Estos países, que se incorporaron a la Unión Europea en 2007, adoptaron únicamente algunas de las disposiciones relativas al espacio Schengen, y desde entonces las han aplicado en un ámbito limitado. El resultado de esta situación es que en las fronteras de estos países siguen llevándose a cabo controles fronterizos.

Cuando se incorporaron a la UE, estos países no estaban preparados para adoptar el paquete de Schengen en su totalidad, y por tanto se vieron obligados a reformar y a ampliar sus políticas acerca de los controles fronterizos. Además, la sección fronteriza entre Bulgaria, Turquía y Grecia, que es una de las fronteras exteriores más vulnerables de la UE en términos de inmigración ilegal, plantea un problema muy significativo. Desde que se incorporaron a la UE, Bulgaria y Rumanía han aplicado numerosas medidas dirigidas a prepararse adecuadamente y a proteger sus fronteras. Durante todo este período, el grupo de trabajo para la evaluación de Schengen ha realizado inspecciones y controles sistemáticos, que han demostrado que ambos países están suficientemente preparados para aplicar satisfactoriamente las disposiciones del acervo de Schengen.

  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. – (LT) La supresión del control de la frontera interior resulta especialmente importante para el conjunto de la Unión Europea y para cada Estado miembro individual. Para que el espacio Schengen pueda funcionar eficazmente y para alcanzar los objetivos fijados, resulta necesario garantizar que la supresión del control fronterizo no tiene unas consecuencias negativas, particularmente en lo relacionado con la inmigración ilegal. Cualquier país que pretenda incorporarse al espacio Schengen debe cumplir, sin excepción, todas las condiciones del acervo de Schengen relativas a la protección de datos, el Sistema de Información de Schengen, las fronteras aéreas, marítimas y terrestres; la cooperación policial y los visados. Además, es muy importante garantizar que todos los Estados miembros realizan controles eficaces de la frontera exterior. Considero que Rumanía y Bulgaria pronto podrán convertirse en miembros auténticos, capaces de aplicar todas las disposiciones del acervo de Schengen. En estos momentos debemos dedicar una atención especial a Bulgaria, ya que este país, al igual que Turquía y Grecia, se sitúa en las fronteras exteriores de la UE. Se trata del área más vulnerable y frágil de la Unión. Cuando se conviertan en miembros de pleno derecho del espacio Schengen, será crucial que Bulgaria y Rumanía estén preparados adecuadamente para gestionar unos flujos migratorios aún mayores, que puedan aplicar medidas para luchar contra la inmigración ilegal de manera apropiada y eficaz, y para garantizar el buen funcionamiento de los mecanismos de control de la frontera exterior.

  Justas Vincas Paleckis (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de la admisión de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen. Tras un examen meticuloso, el comité responsable de la UE ha reconocido que estos países han satisfecho todos los criterios de pertenencia al espacio Schengen: ofrecen unas garantías suficientes en lo tocante a la protección de las fronteras nacionales marítimas, aéreas y terrestres, y dominan el Sistema de Información de Schengen para el intercambio de datos y garantizan la protección de éstos de manera fiable. Mi Grupo considera que la introducción a estas alturas de criterios nuevos de pertenencia sería un error porque significaría aplicar un doble rasero para estos países. Las dificultades a las que aún hacen frente Rumanía y Bulgaria —crimen organizado y corrupción— son sin lugar a dudas acusaciones graves contra sus respectivos gobiernos, que deben compartir esos fenómenos de manera más eficaz. Sin embargo, en mi opinión cerrar las puertas de Schengen a Rumanía y Bulgaria supondría castigar a los ciudadanos honestos, para los que sería un gran perjuicio perder ahora la oportunidad de viajar libremente por toda Europa.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) En el contexto de la libre circulación de los ciudadanos europeos dentro de la Unión Europea, opino que la incorporación de Bulgaria y Rumanía al acervo de Schengen es un paso adelante muy destacable y por tanto he votado a favor de que se pongan en práctica las disposiciones pertinentes. También creo que aunque ambos países han trabajado duramente para alcanzar la libertad de circulación de sus ciudadanos dentro de Europa, en cualquier caso deben seguir equiparando sus controles y normas con los estándares europeos, dada la delicada naturaleza de las fronteras europeas orientales en los Balcanes.

  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. – (EL) Hoy he votado a favor de la opinión del Parlamento Europeo sobre la aplicación plena de las disposiciones del acervo de Schengen en la República de Bulgaria y en Rumanía. Se trata de un enfoque equilibrado, ya que la opinión reconoce los avances registrados por estos dos países en términos de los criterios que deben ser satisfechos para la integración en el espacio Schengen (control de las fronteras nacionales terrestres, marítimas y aéreas; visados, cooperación policial, preparación en términos de conexión a y uso del Sistema de Información de Schengen y protección de datos), pero que también exige unos informes de progreso regulares sobre ciertas cuestiones consideradas importantes. Así, el Parlamento ha dado el visto bueno a la integración de estos dos países en el espacio Schengen y a la igualdad de derechos para sus ciudadanos, que en el pasado no han disfrutado del derecho a circular libremente. Confiamos en que el mensaje del Parlamento Europeo servirá de guía y que se logrará la unanimidad en el Consejo, para que pueda adoptarse una decisión final.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) Deseo felicitar a mi colega el señor Coelho por su excelente trabajo en el informe sobre el proyecto de decisión del Consejo sobre la aplicación plena de las disposiciones del acervo de Schengen en la República de Bulgaria y en Rumanía. Estos dos países adoptaron el acervo de Schengen cuando se incorporaron a la Unión Europea en 2007. El informe dice que el cumplimiento de las condiciones necesarias para la aplicación del acervo en cuestión —protección de datos, Sistema de Información de Schengen (SIS), fronteras aéreas, marítimas y terrestres; cooperación policial y visados— han sido evaluadas sobre el terreno y que se ha confirmado in situ los avances registrados en la puesta en práctica de las medidas dirigidas a la supresión de los controles en las fronteras interiores con estos Estados miembros. Según el ponente y los ponentes alternativos que han vigilado este proceso, las cuestiones pendientes, que requerirán informes regulares y un seguimiento ene l futuro, no constituyen un obstáculo para la plena adhesión de estos dos Estados miembros al espacio Schengen. Por estos motivos, apoyo la decisión de abrir las fronteras a estos Estados miembros. He votado a favor de este informe y doy la bienvenida a Bulgaria y Rumanía al espacio Schengen.

  Vincent Peillon (S&D), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe del señor Coelho que propone la adhesión de Bulgaria y Rumanía al espacio Schengen. Este es uno de los logros más destacados del proceso de integración europea. La adhesión de un Estado nuevo depende del cumplimiento estricto de los criterios del Acuerdo de Schengen. En el caso de Bulgaria y Rumanía, la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo —al igual que la Comisión Europea— ha llegado a la conclusión tras la evaluación de que estos dos Estados cumplen en su totalidad las condiciones impuestas. En consecuencia, no hay motivo alguno para que no puedan formar parte de este espacio de libre circulación. Me parecería inaceptable que ciertos Estados, con pretextos falsos y movidos por unos intereses políticos internos, mantuviesen su oposición. El acervo comunitario no debe ser considerado un sistema a la carta en el que los Estados miembros pueden adaptar o eliminar disposiciones según dicten las circunstancias. Por tanto, pido solemnemente al Consejo que reconozca las mejoras llevadas a cabo por Bulgaria y Rumanía y que las admita en el espacio Schengen.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) Teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones y de las necesarias visitas realizadas por los equipos de expertos, resulta evidente que Rumanía se encuentra actualmente en la posición de aplicar el acervo de Schengen, ya que todos los puntos que precisaban atención o revisión han sido modificados (mejora de la evaluación de riesgo, actualización de las normas de seguridad de los edificios, mejora del proceso para presentar y procesar solicitudes de visado, etc.) y, en algunos aspectos, se puede considerar a este país un modelo de mejor práctica.

Según los informes de evaluación, Rumanía ha demostrado estar suficientemente preparada para aplicar de manera adecuada tanto las disposiciones del acervo de Schengen relativas al SIS, como las no relativas a este sistema de información. Se han satisfecho las condiciones previas para que el Consejo adopte la decisión reflejada en el apartado 2 del artículo 4 del Acta de Adhesión, que permite la supresión de los controles interiores en las fronteras aéreas, terrestres y marítimas. Esto significa que la eliminación de los controles fronterizos interiores exige un alto grado de confianza mutua entre los Estados miembros en lo tocante a la existencia de unos controles eficaces de la frontera exterior, porque la seguridad del espacio Schengen depende del rigor y de la eficacia con la que cada Estado miembro controle sus fronteras exteriores.

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque la aplicación íntegra del Acuerdo de Schengen en Bulgaria y Rumanía decididamente supone la supresión de los controles fronterizos también para estos países. En unos momentos en los que los gobiernos se arriesgan a sugerir el restablecimiento de los controles en las fronteras interiores, resulta más importante aún manifestar nuestro apoyo a la ampliación de lo que actualmente es uno de los logros más destacados de la Unión Europea. La aplicación íntegra en esos Estados miembros es también una cuestión de igualdad y de no discriminación dentro de Europa, porque excluir a estos dos países enviaría una señal extremadamente negativa a sus habitantes, que se muestran deseosos de incorporarse a este espacio de libre circulación. Por estos motivos, es importante dar un apoyo amplio a esta fase.

  Fiorello Provera (EFD), por escrito. – (IT) La región de los Balcanes es una de las zonas más vulnerables de las fronteras exteriores de la UE en términos de inmigración ilegal. Este fenómeno es muy importante y tiene repercusiones en las vidas diarias de muchos de nuestros ciudadanos, agravando la inseguridad que experimentan. Antes de poder pensar en la posible admisión de Bulgaria y Rumanía en el espacio Schengen, es necesario elaborar unos planes especiales y detallados para contener las presiones migratorias. Además, la mejora de los controles en las fronteras exteriores debe combinarse con la lucha contra la corrupción de las autoridades locales. He votado en contra de esta medida por las razones expuestas y para proteger mejor a nuestros ciudadanos frente a la inmigración ilegal.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) Adhesión al acervo de Schengen implica la necesidad de cumplir varios procedimientos de evaluación: los países candidatos deben cumplir un abanico de condiciones par ser admitidos en al área de libre circulación, que actualmente cubre 25 países y 400 millones de europeos. Este informe evalúa las posiciones de Bulgaria y Rumanía, destacando, por una parte, que Bulgaria aplica mejores prácticas en varias actividades y por otra, el trabajo desarrollado por Rumanía en relación con las deficiencias detectadas. En conclusión, pese a que quiero destacar la necesidad de resolver una serie de cuestiones, la evaluación del comportamiento de estos dos Estados miembros es positivo en términos generales.

  Britta Reimers (ALDE), por escrito. – (DE) La delegación del Partido Democrático Libre alemán en el Parlamento Europeo asume que la inclusión de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen mejorará aún más la libertad de circulación dentro de la UE. Ahora que ambos Estados miembros han obtenido unos resultados positivos en la evaluación de todas las áreas de la revisión de Schengen, no deberían surgir más obstáculos para seguir demorando su incorporación. No se puede negar que, técnicamente, proteger las fronteras no las convierte automáticamente en seguras, mientras persistan los problemas relacionados con la lucha contra la corrupción en el sistema jurídico y policial.

En consecuencia, este reto también afecta a los Estados miembros que ya pertenecen al espacio Schengen, por este motivo, la delegación del Partido Democrático Libre alemán considera que criterios como la lucha contra la corrupción deben recibir una atención mayor al evaluar el mecanismo de Schengen, y cualquier delito debe ser castigado adecuadamente.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Apoyamos la adhesión de Bulgaria y Rumanía siempre que se cumplan todas las condiciones previas (como así sucede, de acuerdo con la opinión de los expertos).

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) Según el apartado 2 del artículo 4 del Acta de Adhesión de Rumanía y Bulgaria al acervo de Schengen, la condición previa para la supresión de los controles en las fronteras interiores con estos países supone la verificación de que los requisitos de Schengen se están cumpliendo. Dado que tanto Rumanía y Bulgaria han demostrado que están suficientemente preparados para aplicar todas las disposiciones del acervo de Schengen de manera satisfactoria, ambos Estados miembros deberían convertirse en miembros de pleno derecho de este espacio. No obstante, me gustaría subrayar la importancia de unos controles rigurosos en las fronteras exteriores a efectos de la seguridad interior. Dado que está ubicada en una zona delicada en términos de inmigración ilegal, Bulgaria debe adoptar unas medidas adicionales para responder a un posible incremento de la presión migratoria en sus fronteras.

  Oreste Rossi (EFD), por escrito. – (IT) El área formada por Bulgaria, Turquía y Grecia es una de las partes más delicadas de las fronteras exteriores de la Unión Europea en términos de inmigración ilegal. No coincido con el ponente, el señor Coelho, en el punto de que la incorporación de la República de Bulgaria y de Rumanía al espacio Schengen no puede llevarse a cabo a corto plazo debido a las deficiencias en ámbitos como el equipamiento, el funcionamiento de los controles fronterizos, la formación del personal y la obligación de intercambiar información.

  Nikolaos Salavrakos (EFD), por escrito. – (EL) Rumanía y Bulgaria adoptaron el acervo de Schengen cuando accedieron a la UE en 2007. La incorporación de Rumanía y Bulgaria al espacio Schengen es aceptable, siempre que satisfagan ciertos requisitos técnicos señalados en el procedimiento pertinente. Como el ponente ha señalado acertadamente, la adhesión de Bulgaria al Acuerdo de Schengen debería venir seguida por un plan especial para luchar la inmigración ilegal. Se necesita cooperación acerca de la gestión de las fronteras terrestres. En 2010, 47 000 inmigrantes fueron detenidos cruzando la frontera grecoturca, pasando al lado griego del río Evros, que marca la frontera entre estos dos países. Este número representa el 90 % del total en Europa durante ese año. Dentro de este marco, acojo con satisfacción la propuesta del ponente para que se prepare un plan especial en cuanto Bulgaria se incorpore al espacio Schengen que contenga medidas en esta dirección, así como un enfoque común entre Grecia, Turquía y Bulgaria, de manera que sea una posición para hacer frente a lo que puede ser un incremento significativo de los flujos migratorios.

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), por escrito. – (DA) He votado en contra de que Bulgaria y Rumanía se conviertan en miembros de pleno derecho de la cooperación Schengen en este momento. La cuestión relacionada con que Bulgaria dé acceso a la policía militar de su país a la información de los registros de Schengen demuestra que hay problemas con las partes de Schengen en las que ya están incluidos estos países. También hay problemas con la corrupción y la delincuencia organizada. Europol señala que la plena admisión de Bulgaria y Rumanía en la cooperación Schengen facilitaría el acceso de los grupos delictivos de los Balcanes y de la antigua Unión Soviética a la UE. Hasta que se resuelvan estos problemas, la plena admisión de Bulgaria y Rumanía a Schengen fortalecerá la delincuencia y la corrupción transfronterizas mientras que, al mismo tiempo, dará a ciertas fuerzas la oportunidad que están esperando para demandar mayor control y socavar el Estado de Derecho.

  Bogusław Sonik (PPE), por escrito. – (PL) En un momento en que cada vez hay más personas que hablan acerca de una crisis de confianza en la Unión Europea, el hecho de que la abrumadora mayoría de los eurodiputados apoye la opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior debe considerarse como una confirmación de la que la idea de la integración europea aún sigue siendo relevante. El hecho de que Bulgaria y Rumanía tengan fronteras exteriores con la UE no debe verse como una barrera que impida que se adhieran al espacio Schengen. Se establecieron criterios de adhesión con la finalidad de garantizar el máximo nivel posible de seguridad. Los expertos han confirmado que se han puesto en marcha las normas técnicas adecuadas. Los países han cumplidos los requisitos que se les han impuesto hasta el punto en que ha sido posible abolir los controles fronterizos con los demás Estados miembros de la UE. Cabe destacar que, como bien sucedió con mi país, adherirse al espacio Schengen no significa que Rumanía y Bulgaria ya no tengan nada que hacer en lo relativo a la plena aplicación del instrumento de cooperación. A ambos países aún les queda un largo camino por recorrer a fin de establecer buenas prácticas de trabajo.

El ejemplo de Polonia muestra claramente que los nuevos Estados miembros son capaces de cumplir con los requisitos de Schengen con eficacia. Según la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, tenemos la oportunidad de poner en práctica la siguiente fase del proyecto político conocido como el espacio de libertad, seguridad y justicia, siempre y cuando las instituciones europeas realicen el seguimiento oportuno. El Parlamento Europeo debe desempeñar un papel clave en este proceso, y debe estar al día con la situación de Bulgaria y Rumanía.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – Acojo con beneplácito este informe, que propone la aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen relativas al Sistema de Información de Schengen a Bulgaria y Rumanía. También me complace que el informe contenga salvaguardias para la protección de datos.

  Michèle Striffler (PPE), por escrito. – (FR) Hoy, el Parlamento ha adoptado el informe elaborado por el señor Coelho sobre la plena aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen en Bulgaria y Rumanía. Este informe deriva de las evaluaciones realizadas bajo los auspicios del Grupo de trabajo de evaluación de Schengen.

Las evaluaciones no han encontrado ningún obstáculo para que Rumanía y Bulgaria no se adhieran al espacio Schengen. La apertura de las fronteras ha sido uno de los logros más importantes de la Unión Europea. Por tanto, me complace que el Parlamento haya votado a favor de que estos dos Estados se adhieran al espacio Schengen. Ahora el Consejo tiene que ser realista y mostrar su solidaridad mediante su aprobación unánime.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) La creación del espacio Schengen data de 1985 y actualmente abarca un territorio de 42 673 kilómetros de fronteras marítimas exteriores y 7 721 kilómetros de fronteras terrestres, y aloja a 400 millones de europeos. El Acuerdo Schengen abarca actualmente 25 Estados miembros con un área común para la libre circulación de personas, mediante la eliminación de los controles sistemáticos en las fronteras interiores y la creación de una única frontera común. Con el fin de cumplir plenamente este acuerdo, se han establecido normas comunes —en relación, entre otras cosas, con los controles a lo largo de toda la frontera exterior, la política de visados común, la cooperación policial y judicial— y el Sistema de Información de Schengen (SIS). Este informe se refiere a la entrada de Bulgaria y Rumanía al acervo de Schengen y, tras realizar visitas de evaluación y un informe final, se concluye que ambos países están preparados para la plena adhesión. Sin embargo, todavía quedan algunos temas pendientes, en particular, la necesidad de establecer un plan para combatir la posible presión de la inmigración ilegal. Por lo tanto, estoy de acuerdo con el ponente en que existe la necesidad de que los Estados miembros en cuestión informen al Parlamento y al Consejo en un plazo de seis meses, a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente decisión, sobre la aplicación de estas medidas adicionales y el progreso con las deficiencias detectadas.

  Alexandra Thein (ALDE), por escrito. – (DE) La delegación del Partido Democrático Libre alemán en el Parlamento Europeo supone que la inclusión de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen mejorará aún más la libertad de circulación en la UE. Ahora que ambos Estados miembros han logrado resultados positivos en todos los ámbitos de evaluación de la revisión de Schengen, no debe haber más obstáculos para retrasar una mayor inclusión. No se puede negar que la protección técnica de las fronteras no supondrá una protección total siempre que persistan los problemas relacionados con combatir la corrupción en el sistema judicial y policial. Sin embargo, este problema afecta también a los Estados miembros que ya están en el espacio Schengen. Por esta razón, la delegación del Partido Democrático Libre alemán en el Parlamento Europeo considera que es necesario prestar atención a criterios como la lucha contra la corrupción a la hora de evaluar el mecanismo de Schengen, y hay que castigar cualquier delito como corresponde.

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), por escrito. – (RO) Rumanía y Bulgaria adoptaron el acervo de Schengen cuando se adhirieron a la UE en 2007. De conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Acta relativa a las condiciones de adhesión, «la verificación, mediante los procedimientos de evaluación, del cumplimiento por parte de los nuevos Estados miembros de las condiciones necesarias para la aplicación de todas las partes del acervo de Schengen (protección de datos, Sistema de Información de Schengen, fronteras terrestres, fronteras aéreas, fronteras marítimas, cooperación policial y visados) es un requisito previo para que el Consejo decida acerca de la supresión de los controles en las fronteras interiores con dichos Estados miembros». Según los informes de evaluación elaborados por expertos, tanto Rumanía como Bulgaria han demostrado que están dispuestos a aplicar las disposiciones del acervo de Schengen de forma satisfactoria. Por ello, instamos al Consejo a aprobar la entrada de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen. La Unión Europea debe aplicar los mismos criterios para todos los Estados miembros, incluso cuando se trata de unirse al espacio Schengen. El mecanismo de cooperación y verificación para el sistema judicial no figura entre los criterios de adhesión al espacio Schengen y, por tanto, no debemos hacer referencia a él en el contexto de la adhesión de Rumanía y Bulgaria al espacio Schengen. Como Rumanía y Bulgaria cumplen las condiciones técnicas para la incorporación al espacio Schengen, en nombre de los ciudadanos de Rumanía, Bulgaria y Europa, pedimos al Consejo que apruebe la adhesión de estos dos países al espacio Schengen.

  Rafał Trzaskowski (PPE), por escrito. – (PL) Bulgaria y Rumanía deben adherirse al espacio Schengen porque están preparados para ello y porque las objeciones de ciertos Estados miembros carecen de fundamento.

  Niki Tzavela (EFD), por escrito. – (EL) He votado a favor del informe sobre la integración de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen ya que ambos países han cumplido con los criterios técnicos en cuestión. Sin embargo, Bulgaria ha de adoptar medidas adicionales, en cooperación con Grecia y Turquía, para abordar el problema de la inmigración ilegal.

  Geoffrey Van Orden (ECR), por escrito. – Como amigo de Bulgaria, aunque sea crítico, deseo hacer todo lo posible para ayudar al progreso de dicho país, pero no a costa del bienestar de mi propio país. Por lo tanto, me he abstenido en la votación. Sobre la adhesión de Bulgaria a la UE el 1 de enero de 2007, sigue habiendo puntos débiles en los ámbitos de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Las autoridades búlgaras se han comprometido a realizar mejoras radicales. La Unión Europea también ha establecido un «mecanismo de cooperación y verificación» para ayudar a Bulgaria y comprobar el progreso de verificación en función a seis puntos de referencia. Sin embargo, las mejoras han sido muy lentas. En su informe más reciente sobre estos asuntos (febrero de 2011), la Comisión ha establecido que Bulgaria necesitaba mejorar más la forma en que el poder judicial, la policía y otros organismos de investigación están estructurados, gestionados y cómo estos cooperan. Sin embargo, los 27 gobiernos del Consejo han concluido, quizá de forma sorprendente, que Bulgaria reunía las condiciones para adherirse al espacio Schengen, un sistema que se está cuestionando en estos momentos. El Reino Unido, sin embargo, se queda fuera del espacio Schengen.

  Iuliu Winkler (PPE), por escrito. – (RO) Acojo con beneplácito que se haya obtenido una mayoría superior al 80 % en el Parlamento Europeo durante la votación a favor de la adopción del informe sobre el cumplimiento del acervo de Schengen por parte de Rumanía y Bulgaria. De hecho, esta votación transmite un fuerte mensaje político. Por tanto, según el Parlamento Europeo, Rumanía y Bulgaria están preparados para adherirse al espacio Schengen.

De acuerdo con la posición de la Unión Democrática de los Húngaros en Rumanía (UDMR), Rumanía y Bulgaria deben tener una perspectiva clara en 2011 acerca de la adhesión a este espacio de libre circulación. No creo que debamos cambiar las reglas durante el juego y, por tanto, para tomar una decisión acerca de la adhesión al espacio Schengen, hay que tener en cuenta lo que se ha conseguido en el marco del Acuerdo Schengen sin basarnos en valoraciones políticas. La situación que se ha creado sobre la adhesión de Rumanía y Bulgaria al espacio Schengen destaca la debilidad del sentido de la solidaridad dentro de la UE.

El hecho de que haya Estados miembros dispuestos a renunciar a una de las libertades fundamentales de la integración europea, la libertad de movimiento, activa la señal de alarma. Al mismo tiempo, se trata de una respuesta equivocada a las tensiones provocadas por la crisis económica y a sus consecuencias sociales. La UDMR cree que necesitamos una Europa fuerte, que podemos lograr con mayor solidaridad y con la oposición rotunda al proteccionismo interno y al populismo.

  Iva Zanicchi (PPE), por escrito. – (IT) A pesar de tener algunas dudas sobre el alcance excesivo del texto —que entra en el ámbito de la Estrategia Europa 2020—, acogemos con gran beneplácito los objetivos de la resolución. Por tanto, he votado a favor del informe del señor Coelho sobre la verificación de las condiciones necesarias para la aplicación del acervo de Schengen, que es un requisito previo para la supresión de los controles en las fronteras interiores con Bulgaria y Rumanía.

Informe: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0189/2011)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Este informe se adoptó a pesar de la controversia en el grupo de trabajo del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo sobre la enmienda que plantea la cuestión nuclear, y la enmienda del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) por la que se elimina la cuestión de los miembros permanentes adicionales del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es necesario que haya un cambio sustancial en el orden internacional para que la UE pueda mejorar sus retos mediante una acción global concertada. También me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que, de acuerdo con el artículo 21 del Tratado, la UE está formalmente comprometida con el multilateralismo eficaz y, en concreto, con el papel de las Naciones Unidas.

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – He votado a favor de esta resolución, no solo por la importancia del próximo 66º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino también porque es realmente importante que la UE, por fin, aumente la cooperación y la coordinación en este contexto y con otros organismos de las Naciones Unidas. El artículo 34 del Tratado de la Unión Europea establece claramente que los Estados miembros deben coordinar su actuación en las organizaciones internacionales y que los Estados miembros, que también son miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, coordinarán y, en el ejercicio de sus funciones, defenderán las posiciones y los intereses de la Unión. Hasta ahora, la cooperación no ha sido ejemplar en la Asamblea General de las Naciones Unidas ni tampoco lo ha sido en el Consejo de Seguridad de esta misma institución. Todos sabemos que los Estados miembros que pertenecen al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Francia, el Reino Unido y Alemania) no han logrado actuar de forma coordinada ni han conseguido adoptar una única posición relativa a la intervención militar en Libia, sobre todo, con respecto a la votación de la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por tanto, instaría a los Estados miembros a que luchen por conseguir una posición común sobre cuestiones fundamentales para la paz y la seguridad en el escenario internacional, sobre todo, en los ámbitos en los que ya existe un amplio consenso internacional.

  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. – (RO) En un mundo que cambia rápidamente, la Unión Europea se enfrenta a numerosos retos que requieren una respuesta global concertada. Todas estas grandes transformaciones están dando lugar a que la Unión Europea se comprometa activamente, junto con los demás socios, a promover soluciones efectivas a los problemas que afectan tanto a los ciudadanos europeos como a toda la humanidad. La Unión Europea es el mayor proveedor mundial de ayuda al desarrollo y el colaborador principal de las Naciones Unidas para apoyar los esfuerzos principales de esta última institución en el desempeño de sus actividades. La Unión Europea debe desempeñar una función proactiva en la creación de una organización de las Naciones Unidas que contribuya de forma eficaz a dar soluciones mundiales, a la paz, a la seguridad, a la democracia y al orden internacional, tomando para ello como referente el Estado de Derecho. Según el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, la UE está formalmente comprometida al multilateralismo efectivo, que dispone de una organización potente de las Naciones Unidas como máximo exponente, contribuyendo de forma significativa a abordar los desafíos mundiales.

  Alfredo Antoniozzi (PPE), por escrito. – (IT) Estamos asistiendo a cambios radicales en el orden internacional; cambios ante los que la Unión Europea ya no puede ser un mero espectador. Creo que la Unión Europea debe ver esto como un punto de partida y asumir un papel verdaderamente activo en el trato con las potencias mundiales actuales y emergentes, desprendiéndose de una vez por todas de su reputación como un enano político en términos de política internacional. Del mismo modo, estoy de acuerdo con la necesidad expresada en la propuesta del señor Lambsdorff para que los Estados miembros ejerzan presión en los debates con el fin de reformar el Consejo de Seguridad con objeto de obtener un puesto permanente para la Unión Europea. Al reforzar el papel de la Unión Europea en las Naciones Unidas, lograremos garantizar que la UE asuma una función de liderazgo en los asuntos regionales y mundiales. De lo contrario, tendremos que seguir hacienda frente a la continua falta de coordinación de los intereses de los Estados miembros en el ámbito internacional.

  Pino Arlacchi (S&D), por escrito. – He apoyado con firmeza la idea principal de este informe. Hace un llamamiento para reforzar el papel de la UE en el sistema de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta los cambios institucionales introducidos por el Tratado de Lisboa. La votación de hoy tiene lugar después de un éxito importante de la UE en las Naciones Unidas: la adopción de un conjunto de modalidades que conceden a la delegación de la UE en la Asamblea General de las Naciones Unidas el derecho a hacer intervenciones, así como el derecho de replica y la capacidad de presentar enmiendas y propuestas orales.

Estas mejoras reflejan una realidad clara: la UE y sus Estados miembros son los mayores contribuyentes financieros del sistema de las Naciones Unidas, con fondos de la UE que ascienden al 38 % del presupuesto habitual de las Naciones Unidas, más de las dos quintas partes de las operaciones de las Naciones Unidas en aras del mantenimiento de la paz y cerca de la mitad de las contribuciones a los fondos y los programas de esta misma institución. Además, la UE, a pesar de todas sus limitaciones, es un importante actor global cuyo peso debe reconocerse como es debido a todos los niveles.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) He apoyado el informe de Alexander Graf Lambsdorff, porque creo que tenemos que promover una mayor cohesión entre las posiciones de los Estados miembros y mejorar nuestra capacidad de negociar con otros grupos regionales. Se trata, por tanto, de mejorar la eficiencia y la transparencia de las Naciones Unidas, así como de mejorar la gestión de los recursos financieros. Estoy convencida de que, a medio plazo, es necesario reformar los métodos de trabajo y la composición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) Está teniendo lugar una gran transformación del orden mundial, desafiando a la Unión Europea a comprometerse más activamente con las potencias mundiales actuales y emergentes y con otros socios bilaterales y multilaterales, con el fin de promover soluciones efectivas a los problemas que afectan tanto a los ciudadanos de la UE como al mundo en general. De acuerdo con el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, la UE está formalmente comprometida con el multilateralismo eficaz, con unas Naciones Unidas dotadas de fuertes bases, algo que resulta esencial para hacer frente a los desafíos mundiales, tales como el cambio climático y la degradación del medio ambiente, la universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos, la reducción de la pobreza y el desarrollo para todos, las consecuencias del cambio demográfico y la migración y la delincuencia organizada de carácter internacional. Estoy de acuerdo en que la UE debe desempeñar una función proactiva a la hora de crear unas Naciones Unidas que puedan contribuir de forma eficaz a las soluciones mundiales, así como a la paz, la seguridad, la democracia y a establecer un orden mundial basado en los principios del Estado de Derecho.

  Elena Băsescu (PPE), por escrito. – (RO) He votado a favor del informe elaborado por el señor Lambsdorff, porque creo que, en este momento, la UE está creando una nueva identidad propia en el escenario mundial. He de recordarles el largo período de cooperación entre estas dos organizaciones internacionales, así como la participación de la UE en numerosos proyectos iniciados por las Naciones Unidas. Debo mencionar en este punto el compromiso asumido por los líderes europeos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La erradicación de la pobreza en el mundo ahora figura entre las prioridades de la política exterior de la Unión. Acojo con beneplácito la iniciativa que busca fortalecer la cooperación para aportar estabilidad a las zonas de crisis y para elaborar nuevas normas de seguridad para las centrales nucleares. El curso de los acontecimientos de Japón destaca la necesidad de esta asociación. En vista de la agitación social de la región mediterránea, creo que la acción coordinada entre la Unión Europea y las Naciones Unidas debería garantizar una transición pacífica hacia la democracia. A este respecto, acojo con beneplácito la mejora de las relaciones con las organizaciones regionales.

  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) Estoy a favor de esta propuesta de recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre la próxima reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La propuesta destaca que la Unión Europea y las Naciones Unidas comparten el compromiso común de promover la democracia, el respeto de los derechos humanos y la paz entre la comunidad internacional. La propuesta establece que una mayor ampliación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para incluir a la UE es un factor clave para la consecución eficaz de los objetivos anteriormente mencionados. La propuesta rechaza la solicitud de Alemania de ocupar el posible nuevo puesto de la UE en las Naciones Unidas con carácter permanente y, en su lugar, incorpora la propuesta italiana de permitir que todos los Estados miembros puedan ocupar el puesto por períodos rotatorios a fin de respetar el principio de igualdad en materia de dignidad aplicable a todos los Estados miembros.

La solicitud alemana había sido considerada como un intento de imponer la autoridad política de Alemania y del bloque anglo-francés-alemán dentro y fuera de la UE. Sin embargo, la adopción de la posición italiana a través de esta propuesta confirma que la posible ampliación del Consejo de Seguridad también asegura a Italia la posibilidad de hacerse oír en temas cruciales internacionales fuera de la UE. Por eso he votado a favor.

  Nessa Childers (S&D), por escrito. – Es importante que, en este momento, Europa reafirme su compromiso y cooperación con los movimientos internacionales como los de las Naciones Unidas. La atención que el Parlamento Europeo concede a las Naciones Unidas es lo más importante.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Los tiempos que vivimos dejan claro que existe la necesidad de vincular a los Estados miembros y a la Unión Europea en las situaciones y los casos más diversos. Esta coordinación también es muy importante en las Naciones Unidas. Incluso me atrevería a decir que es fundamental garantizar que se defiendan y protejan los intereses y valores europeos en la organización internacional más completa y decisiva.

A pesar de los futuros cambios introducidos en la forma en que la Unión está representada en las Naciones Unidas, y en el Consejo de Seguridad —un debate que sigue abierto— en particular, cada vez es más necesario unir los esfuerzos de los países europeos con el fin de fomentar, junto con los representantes de la Unión en el extranjero, una capacidad colectiva de intervención e influencia. Las consultas periódicas entre los embajadores de los Estados miembros y los de la UE serán un paso importante en este camino. Al mismo tiempo, la Unión debería contribuir a que la organización de las Naciones Unidas sea más eficiente y transparente, y a mejorar la gestión de sus recursos financieros. La creación de una Asamblea Parlamentaria de las Naciones Unidas en el marco del sistema de las Naciones Unidas es una propuesta interesante que merece la pena estudiar y debatir.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Este informe del señor Lambsdorff se refiere a una propuesta de recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre el 66º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La transformación del actual orden internacional a escala mundial a través de los conflictos en diversas partes del mundo, y la libre determinación de los muchos pueblos que han sido oprimidos durante décadas, incluso siglos, hacen que el próximo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sea de suma importancia. De conformidad con los artículos 21 y 41 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Parlamento Europeo no podía dejar de aprovechar esta sesión para impulsar sus posiciones sobre una serie de temas, sobre todo, la función de la UE en el sistema de las Naciones Unidas; la gobernanza mundial y de la UE; la paz, la seguridad y la justicia; el desarrollo, los derechos humanos y el cambio climático. Por lo tanto, estoy de acuerdo con las propuestas que el ponente ha planteado anteriormente, así como con la necesidad de fomentar un debate sobre la función de los parlamentos y las asambleas nacionales en el sistema de las Naciones Unidas, y sobre la creación de una Asamblea Parlamentaria de las Naciones Unidas.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El informe aboga por dar a la Unión Europea un puesto en la Asamblea General de las Naciones Unidas y un puesto permanente en el Consejo de Seguridad. En los últimos tiempos se han escuchado una serie de voces que abogan por esta idea, con el apoyo de las enmiendas introducidas por el Tratado de Lisboa, sobre todo, la atribución de «personalidad jurídica» a la UE. Se trata de las enmiendas cuya legitimidad siempre hemos rebatido. Esta demanda —que subvierte el espíritu de la organización: una organización de Estados y no de organizaciones supranacionales— no se hace con la intención de que las tareas de las Naciones Unidas sean más democráticas o de crear un nuevo orden mundial que sea más justo y más pacífico.

La alianza de la UE con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y los Estados Unidos para llevar a cabo guerras y llevar a cabo actos de agresión en países como Libia es prueba de ello. Se trata de principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, tales como la no intervención en los asuntos internos de los Estados, el respeto a su soberanía e independencia, y el reconocimiento de su derecho al desarrollo, que la UE ha estado poniendo en riesgo. La soberanía emana del pueblo y los pueblos de Europa no se la han dado a esta UE, que es cada vez más antisocial y antidemocrática.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Este informe vuelve a hacer la demanda inaceptable de que la Unión Europea tenga un puesto en la Asamblea General de las Naciones Unidas y un puesto permanente en el Consejo de Seguridad, como resultado del antidemocrático Tratado de Lisboa y de la «personalidad jurídica» adquirida de él. La mayoría del Parlamento Europeo no lo hace con la intención de hacer que las tareas de las Naciones Unidas sean más democráticas ni para crear un orden mundial nuevo que sea más justo.

¿Cómo puede una UE, que en alianza con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y los Estados Unidos está promoviendo una Guerra y violando el Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas en Libia, contribuir a que las Naciones Unidas sea una institución más democrática, o al progreso y la paz de la humanidad? ¿Cómo puede la UE contribuir a la no intervención en los asuntos internos de los Estados y respetar su soberanía e independencia, así como su derecho al desarrollo —derechos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho internacional— cuando, en colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI), está imponiendo un programa de agresión sin precedentes contra los trabajadores y el pueblo de Portugal, usurpando así sus recursos? Eso es imposible.

La soberanía emana del pueblo y los pueblos de Europa no se la han dado a una UE que es cada vez más antisocial y antidemocrática.

  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) La Unión Europea debe desempeñar un papel activo en el desarrollo de las Naciones Unidas para que esta institución pueda contribuir eficazmente a dar soluciones mundiales, así como a la paz, la seguridad, la democracia y el orden internacional tomando como referente el Estado de Derecho. Existe la necesidad de apoyar el multilateralismo como un interés estratégico principal de la UE, así como de reforzar la cohesión y a visibilidad de la UE como un actor global en las Naciones Unidas. La transformación en curso del orden internacional presenta a la UE un desafío de centrarse de forma más activa en las competencias mundiales actuales y emergentes, y en otras asociaciones bilaterales y multilaterales, a fin de respaldar soluciones eficaces a los problemas que afectan a los ciudadanos de la UE y a todo el mundo en general.

  Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. – (IT) El documento en cuestión establece las prioridades que la Unión Europea debe plantear en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El punto clave, que ha sido objeto de conversaciones durante algún tiempo, es el debate sobre la reforma del Consejo de Seguridad. La propuesta de un puesto de la Unión Europea que se pueda rotar entre los Estados miembros parece una excelente idea. Por lo tanto, apoyo el informe.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) He apoyado el documento porque aboga por avanzar en el multilateralismo efectivo como la principal preocupación estratégica de la Unión y por fortalecer la coherencia y visibilidad de la UE como actor global en las Naciones Unidas, entre otras cosas, mediante una coordinación mejorada de las consultas internas de la UE sobre cuestiones de las Naciones Unidas y mediante la promoción de un mayor alcance sobre una amplia variedad de cuestiones. También promueve la colaboración con socios estratégicos de la UE dentro del sistema de las Naciones Unidas, así como conceder una dimensión multilateral a las asociaciones estratégicas mediante la inclusión de temas globales en las agendas de las cumbres bilaterales y multilaterales de la UE. También promueve el hecho de contribuir a la mejora de la eficiencia y transparencia de las Naciones Unidas, así como a la mejora de la gestión de los recursos financieros de las Naciones Unidas.

Además, trata temas importantes, tales como el fortalecimiento del papel de la Corte Penal Internacional y el sistema internacional de justicia penal, promover la responsabilidad, poner fin a la impunidad y fortalecer las estructuras de prevención de crisis y su eficacia dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con miras a la transformación de esta organización en líder mundial en materia de prevención de crisis y recuperación. También hace hincapié en la necesidad de que exista una estrecha cooperación entre la UE y las Naciones Unidas en el ámbito de la gestión de crisis civiles y militares, sobre todo, en las operaciones de socorro humanitario, y en la necesidad de reformar a fondo el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), poniendo fin a su doble función de control y promoción del uso de la energía nuclear para limitar las responsabilidades de la OIEA a supervisar la industria de la energía nuclear y a verificar el cumplimiento del Tratado de No Proliferación Nuclear, así como otras cuestiones importantes, con lo que estoy de acuerdo y algo que además apoyo.

  Agnès Le Brun (PPE), por escrito. – (FR) En el período previo al 66º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, como de costumbre, dirigió sus recomendaciones al Consejo, en representación de los Estados miembros, que son los únicos miembros de pleno derecho de la organización. Sin embargo, este año, la Unión podrá aprovechar la oportunidad de poner en práctica su nuevo estado de «super observador», que le confiere derechos especiales de uso de la palabra durante las sesiones. He votado a favor de esta resolución, ya que está en consonancia con las nuevas ambiciones de la Unión a escala internacional. El Tratado de Lisboa otorga las nuevas prerrogativas de la UE, confirma el desarrollo de su capacidad internacional y habilita nuevas herramientas. Tras este acto, la Unión debe usar esta nueva ambición para favorecer un multilateralismo eficaz, haciendo hincapié principalmente en el pleno alcance de sus valores. También pide un refuerzo de la gobernanza global en un momento en que los desafíos mundiales requieren soluciones globales. Por último, se centra en temas fundamentales en los que la Unión debe intervenir con el fin de avanzar, como de costumbre, en ámbitos relacionados con el desarrollo, los derechos humanos y el cambio climático.

  Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) El cambio actual en el orden internacional está presionando a la Unión Europea para que se esfuerce de forma más activa en sus relaciones con las potencias mundiales y emergentes para que pueda asumir un papel proactivo en la creación de unas Naciones Unidas que puedan hacer una contribución eficaz a la solución global: la paz, la seguridad, la democracia y un orden internacional basado en el Estado de Derecho. Esto representa un punto de partida esencial para hacer frente al cambio climático y a la degradación del medio ambiente, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, la reducción de la pobreza y el desarrollo para todos, las consecuencias del cambio demográfico, la migración y la delincuencia internacional organizada.

Gracias al Tratado de Lisboa, ahora contamos con una estructura permanente a efectos de representación en el exterior. Esto nos permite desempeñar una función internacional en consonancia con nuestra preeminente posición económica y actuar como un actor global capaz de compartir la responsabilidad de la seguridad en todo el mundo. Depende de nosotros identificar claramente nuestros intereses y objetivos estratégicos con el fin de poder actuar con eficacia. La Unión Europea es el mayor proveedor mundial de ayuda al desarrollo y un importante socio de las Naciones Unidas en situaciones de crisis y posteriores a la crisis. Por lo tanto, sentimos el deber de fomentar el multilateralismo efectivo como la principal preocupación estratégica de la Unión y de reforzar la coherencia y la visibilidad de la UE como actor global.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La UE no puede olvidar su papel en todos los aspectos como actor principal en el escenario mundial. Como tal, tiene que aumentar su papel en todas las organizaciones multilaterales y, en particular, en las Naciones Unidas, donde su función debe ser cada vez más activa tras el lanzamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Teniendo en cuenta que las alianzas mundiales son instrumentales en la consecución conjunta de ciertos objetivos mundiales; que la UE es el mayor proveedor mundial de ayuda al desarrollo y un importante socio de las Naciones Unidas a la hora de actuar para defender los tres pilares en los que se basa, incluso en situaciones de crisis y posteriores a las crisis; y que la contribución de los Estados miembros asciende al 38 % del presupuesto habitual de las Naciones Unidas, consideramos que una asociación sólida y estable entre la Unión Europea y las Naciones Unidas es fundamental para la labor de las Naciones Unidas y un factor clave para que la UE pueda desempeñar su función como actor global.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – De acuerdo con la práctica anterior, la Comisión de Asuntos Exteriores elaborará las recomendaciones del Parlamento al Consejo para la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según me consta, las prioridades del Parlamento Europeo son los siguientes: reforzar el papel de la UE en el sistema de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta los cambios institucionales introducidos por el Tratado de Lisboa; la necesidad de contar con directrices para asegurar que se realizan las consultas adecuadas entre los embajadores de los Estados miembros a fin de evitar conflictos de opiniones en la UE como en el caso de Libia; un presupuesto adecuado para ONU-Mujeres; un mayor fortalecimiento del papel de la Corte Penal Internacional; respaldar la Dependencia de Apoyo a la Mediación de las Naciones Unidas y un papel clave para el Servicio Europeo de Acción Exterior en este contexto; mejorar la relación entre la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas y la Asociación UE a favor de la paz y, por último, un mayor liderazgo de la UE en el ámbito de la gobernanza climática global. Todas las cuestiones que acabo de mencionar son oportunas y, por tanto, he votado a favor.

  Justas Vincas Paleckis (S&D), por escrito. – He votado a favor de esta propuesta, ya que ofrece una extensa revisión de los temas de actualidad mundial en la Unión Europea y las Naciones Unidas, destacando los desafíos y las oportunidades relacionados con la Unión Europea. También ha abordado sugerencias sólidas y de gran alcance para la UE en diversos ámbitos a escala internacional, tales como la colaboración con socios estratégicos de la UE dentro del sistema de las Naciones Unidas con el fin de garantizar la importante función del Servicio Europeo de Acción Exterior; mejorar la paz, la seguridad y la justicia; y combatir el cambio climático. Estas son cuestiones fundamentales en el escenario mundial ahora mismo, y la UE tiene que involucrarse y desempeñar un papel fundamental en todos estos aspectos. Por lo tanto, apoyo esta propuesta y recomiendo al Consejo que debe prestar especial atención a este informe.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque estoy de acuerdo con las recomendaciones hechas al Consejo en vista del 66º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. También estoy de acuerdo con que hay que reforzar el papel de las Naciones Unidas. De hecho, y como el ponente menciona, la Unión Europea tiene un peso insuficiente en los órganos de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta las importantes contribuciones hechas por la UE y sus Estados miembros. El Consejo necesita que se tengan más en cuenta sus opiniones en las Naciones Unidas, al mismo tiempo que resulta necesaria una mayor coordinación para la consecución de los objetivos de la Unión en dicha institución y, además, debemos conseguir una mayor cohesión entre las posiciones de los distintos Estados miembros. Por otra parte, estoy a favor de la petición del ponente para que la Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y el Presidente del Consejo Europeo logren que sea una prioridad estratégica conseguir más derechos de observador para la UE, y para que muestren más visibilidad en las Naciones Unidas intensificando las consultas con los gobiernos de terceros Estados miembros de las Naciones Unidas.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – He votado a favor. Recomendamos que el Consejo avance en materia de multilateralismo efectivo como la principal preocupación estratégica de la Unión y que fortalezca la coherencia y la visibilidad de la UE como actor global en las Naciones Unidas, entre otras cosas, mediante una mejor coordinación de las consultas internas de la UE sobre cuestiones de las Naciones Unidas y mediante la promoción de un mayor alcance en una amplia variedad de cuestiones. La Vicepresidenta/Alta Representante debe contar con autorización para elaborar directrices orientadas a la celebración de consultas periódicas entre los embajadores de los Estados miembros y los embajadores de la UE, especialmente, entre aquellos que trabajan en el ámbito multilateral, en lugares como Ginebra y Nueva York, de forma que la UE pueda perseguir con éxito su programa relacionado con las Naciones Unidas y cumplir con las expectativas de los miembros de dicha institución en cuanto a su capacidad de actuar. Hay que fomentar una mayor cohesión tanto en el sistema de las Naciones Unidas como entre las posiciones de los Estados miembros de la UE y los países candidatos y los candidatos potenciales, a fin de maximizar el potencial que ofrece el Tratado de Lisboa para fortalecer el impacto de la UE a través del uso coordinado y estratégico de sus diversos y diferentes puntos de entrada, tanto a escala de la UE como a escala de los Estados miembros. También hay que reforzar su capacidad para negociar con otros grupos regionales de manera oportuna y, además, es necesario dotar a los representantes de la UE del mandato adecuado para negociar de forma eficaz en nombre de los Estados miembros.

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) Con respecto al 66º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, apoyo la opinión de que el Parlamento debe instar al Consejo a adoptar un papel de liderazgo en la promoción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. De hecho, debemos iniciar un debate sobre cómo mantener el compromiso de la comunidad internacional para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza —que debe mantenerse más allá de 2015—. Es una prioridad absoluta progresar en la consolidación del Estado, en la existencia de buenos gobiernos democráticos, en la prevención de conflictos y en la adopción de las medidas necesarias para combatir la corrupción, la evasión fiscal y la fuga de capitales.

  Nikolaos Salavrakos (EFD), por escrito. – (EL) He votado a favor del informe del señor Lambsdorff porque considero que los desafíos a los que se enfrenta la UE, en un mundo sujeto a rápidos cambios, requieren una acción coordinada a escala mundial. La UE tiene más y mejores oportunidades de representación exterior en el marco del Tratado de Lisboa y, además, resulta deseable y necesaria la cooperación con las Naciones Unidas y otros organismos internacionales para la gestión de crisis, para mantener y propiciar la paz, y para responder a los desafíos internacionales, tales como los recientes desarrollos de Japón.

  Michèle Striffler (PPE), por escrito. – (FR) Como ponente de opinión de la Comisión de Desarrollo para este informe, me complace que se haya aprobado hoy en este período parcial de sesiones del Parlamento Europeo. Es fundamental reafirmar la necesidad de armonizar los esfuerzos de los diferentes órganos de las Naciones Unidas con el fin de promover mejor la eficiencia y la eficacia de la acción en términos de desarrollo. La ayuda al desarrollo prestada por las Naciones Unidas debe concentrarse especialmente en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, prestando especial atención a los países menos desarrollados.

Informe: Jean-Pierre Audy (A7-0160/2011)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Voy a votar a favor de este informe, en primer lugar, porque critica a la Comisión por retrasar la publicación hasta el 9 de febrero de 2011, a pesar de estar obligada a presentar esta evaluación en 2010, y también porque, al igual que el ponente, lamento la debilidad de la comunicación de la Comisión en relación a los nuevos desarrollos. También lamento la falta de buenos resultados en cuanto a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, reconozco que las iniciativas tecnológicas conjuntas ayudan a que la industria europea sea más competitiva, a pesar de que es necesario tratar con rapidez los obstáculos legales y administrativos ya existentes.

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – (LT) He votado a favor de esta importante resolución sobre la evaluación intermedia del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración. Al adoptar esta resolución, el Parlamento Europeo envía un claro mensaje a la Comisión Europea sobre la futura aplicación del programa marco de investigación. Una de las propuestas más importantes, que yo también apoyo, es la simplificación de los trámites administrativos de los proyectos desarrollados en el marco de este programa. De hecho, una de las dificultades observadas es la complejidad y la carga de los procedimientos administrativos, como resultado de que los investigadores que buscan financiación europea se desvían a la financiación nacional y, en consecuencia, Europa deja de ser popular en materia de investigación. También es muy importante «territorializar» las políticas de investigación y desarrollo a fin de que la investigación se distribuya con armonía en relación con todas las universidades. La excelencia que a menudo encontramos en zonas urbanas podría garantizarse al intensificar los vínculos virtuales, por ejemplo, mediante videoconferencias permanentes y una conexión inteligente entre los centros de investigación territorializados y los centros de excelencia.

  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. – (RO) El Séptimo Programa Marco de la Unión Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración es el instrumento de investigación de mayor apoyo a escala mundial y la herramienta principal de la política de investigación de la Unión Europea. La investigación es el proceso de conversión del poder económico en conocimiento, mientras que la innovación es el proceso inverso de transformar el conocimiento en poder económico. La Unión Europea y sus Estados miembros deben crear por sí mismos los medios para responder conjuntamente a las principales tendencias sociales, económicas, medioambientales, demográficas y éticas a las que se enfrentan los Estados de Europa, como el envejecimiento de la población, la salud de los ciudadanos, el suministro de alimentos, el desarrollo sostenible y los principales problemas ambientales.

Es esencial establecer una relación mejorada entre los ámbitos académicos, de investigación e industriales a fin de permitir que los resultados de la investigación se conviertan con más eficacia en productos y servicios, generando así crecimiento económico y beneficios para la sociedad en su conjunto. Los Estados miembros deben intensificar sus esfuerzos de comunicación con respecto al uso de las nuevas tecnologías, tales como servicios inteligentes de información sobre investigación, anunciando los futuros desafíos de investigación y divulgando los hallazgos de las investigaciones. Estos son los motivos por los que he votado a favor de este informe.

  Alfredo Antoniozzi (PPE), por escrito. – (IT) A pesar de una serie de obstáculos —como la crisis económica, la incapacidad persistente para cerrar la brecha con Estados Unidos y la creciente competencia de países emergentes— el Séptimo Programa Marco (7PM) ha demostrado que puede aportar valor añadido a la investigación y el desarrollo en Europa. El Séptimo Programa Marco brinda la oportunidad a la Unión Europea de hacer que su política de investigación esté en consonancia con sus ambiciones económicas y sociales, en particular, mediante la consolidación del espacio europeo de investigación. Con respecto al informe del señor Audy, estoy de acuerdo en los objetivos mencionados en la evaluación intermedia, especialmente, con respecto a la simplificación de los procedimientos administrativos, la participación de las pequeñas y medianas empresas a través del programa de cooperación, y la renovación e intensificación del Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido. Con el fin de negociar las futuras perspectivas financieras a partir de 2014, estas medidas allanarán el camino para la europeización de la investigación.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) El informe de mi colega, el señor Audy, sobre el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración revela un bajo nivel de participación de las PYME y la industria en general, un bajo número de mujeres investigadoras y una escasa representación de ciertos Estados miembros. Creo que es necesario mejorar la coordinación eficaz de la investigación entre la UE y las autoridades nacionales y regionales. Por ese motivo he votado a favor de este excelente informe.

  Liam Aylward (ALDE), por escrito. – (GA) El Séptimo Programa Marco, con un presupuesto total de 54 600 millones de euros, es el mayor instrumento del mundo para apoyar la investigación, y dicho programa, sin duda, es el elemento más importante de la política de investigación de la UE. Sin embargo, es necesario revisarlo y adaptarlo a un mundo sujeto a cambios, en particular, en vista de la crisis financiera y de las diversas circunstancias fiscales. En la actualidad, los organismos irlandeses reciben alrededor de 1 millón de euros a la semana con cargo a los fondos de investigación de la UE, y se mantienen otras oportunidades para las pequeñas y medianas empresas irlandesas. Son las PYME las que crean el 70 % de los puestos de trabajo en la zona del euro, y este mismo sector ocupa el epicentro de la economía europea.

Por lo tanto, es necesario aumentar la transparencia y reducir la carga administrativa a fin de que más PYME se interesen en participar en programas en el futuro, con el objetivo de garantizar la eficacia de la Unión en materia de investigación, desarrollo e innovación. Asimismo, hay que reducir los plazos de concesión y aumentar la cooperación y coordinación europeas a fin de abordar la fragmentación que perjudica al programa actualmente.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) Los días 23 y 24 de marzo de 2000, el Consejo Europeo reunido en Lisboa fijó un objetivo estratégico ambicioso para la Unión Europea: convertirse, en 2010, en «la economía del conocimiento más dinámica y competitiva del mundo». En el marco de esta estrategia se ha reconocido la función central de la investigación. Con un presupuesto asignado de 54 000 millones de euros aproximadamente para el período 2007-2013, el Séptimo Programa Marco se ha convertido en uno de los mayores programas de apoyo a la investigación en el mundo y representa la principal herramienta de la política de investigación de la UE. Su objetivo es permitir a la UE responder a los grandes desafíos sociales que afectan a todos los Estados miembros y a los que no pueden responder por sí solos (envejecimiento de la población y salud, energía y suministros de agua o alimentos, desarrollo sostenible, cambio climático, y mucho más), así como desarrollar el conocimiento para permitir que nuestras empresas innoven más y mejoren su competitividad. En este informe, el Parlamento Europeo está llevando a cabo una evaluación intermedia con el fin de asegurarse de que el Séptimo Programa Marco responde a las necesidades de las políticas europeas. Estoy de acuerdo que, con el fin de asegurar que este programa resulte lo más eficaz posible, es necesario simplificar los procedimientos administrativos complicados y costosos a fin de crear con éxito un Espacio Europeo de Investigación.

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. – (FR) El Séptimo Programa Marco de la UE es un programa crucial para mejorar el valor añadido europeo en términos de investigación, desarrollo e innovación, en momentos en que Europa se está quedando por detrás de Estados Unidos en estos ámbitos, y está perdiendo los avances que había logrado en relación con las economías emergentes. Por lo tanto, este informe sirve para destacar la importancia de un programa desconocido, al mismo tiempo que insta a que se realicen cambios: modificar los reglamentos financieros y administrativos excesivamente gravosos y el bajo índice de éxito que hace que este programa siga siendo demasiado prohibitivo para las PYME, en un momento en el que desempeñan un papel importante en la transformación de los resultados de la investigación en productos y servicios; asegurar una mejor cooperación y coordinación entre los diferentes actores en un momento en que la financiación de la investigación sigue estando dividida entre las fuentes nacionales y europeas. Estas son algunas de las iniciativas que, por fin, podrían permitirnos alcanzar el objetivo de financiar la investigación y el desarrollo con el 3 % del PIB en 2020, un objetivo aún difícil de alcanzar, en particular, para Francia, que todavía solo dedica el 2 % de su PIB al ámbito de la investigación y el desarrollo.

  Sergio Berlato (PPE), por escrito. – (IT) En marzo de 2000, el Consejo fijó un objetivo ambicioso para la Unión Europea que consistía en convertirse, en 2010, en «la economía del conocimiento más dinámica y competitiva del mundo». En el marco de esta estrategia se ha reconocido la función central de la investigación. Creo que evaluar la revisión del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico brinda una oportunidad para consolidar el preciado vínculo entre el conocimiento, la educación y la investigación. Con los años, el Séptimo Programa Marco se ha convertido en uno de los mayores programas de apoyo a la investigación en el mundo y representa la principal herramienta de la política de investigación de la UE. También ofrece una oportunidad para que la UE desarrolle una política de investigación en consonancia con sus ambiciones económicas y sociales mediante la consolidación del Espacio Europeo de Investigación.

En mi opinión, hay dos aspectos principales en los que debe centrarse la revisión, en particular, superar los problemas relacionados con la complejidad y la lentitud de los procedimientos administrativos que provocan que los investigadores se aparten de la financiación europea y se refugien en la nacional. Además de eso, a pesar de los progresos experimentados en los últimos años, es necesario aumentar la participación de las PYME en el programa marco a fin de desarrollar las competencias que les permitan aumentar su competitividad.

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. – (ES) He votado a favor porque el programa Europa 2020 contempla la investigación e innovación como elemento central para salir de la crisis mediante un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Para ello el 7° Programa Marco debe aumentar su financiación a partir del 2013. Debe exigirse el compromiso de los Estados miembros para continuar con los programas porque tiene que hace más colaboración entre plataformas tecnológicas, universidades y sector industrial a la vez que una mayor simplificación de los procedimientos para eliminar las dificultades de las PYME para acceder a los programas de I+D.

  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) El informe del señor Audy sobre la evaluación intermedia del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, sin duda, contiene una serie de aspectos agradables. Por ejemplo, se ve en el hecho de que el programa ha tenido un bajo índice de éxito con las PYME y también considera la solicitud de acortar los plazos de concesión. Sin embargo, me he abstenido en la votación porque este informe de propia iniciativa contiene un punto que me ha resultado particularmente débil, que me ha impedido votar a favor. En concreto, no apoyo la solicitud del señor Audy de aumentar la financiación para el Consejo Europeo de Investigación, así como de convertirlo en una entidad jurídica independiente con poder de decisión, que sería directamente responsable de su propia estrategia científica y de la gestión administrativa.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe porque creo que una adecuada evaluación intermedia del Programa Marco de la Unión Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración es particularmente importante para establecer si la aplicación del programa concuerda con los objetivos establecidos. Este programa es uno de los programas de apoyo a la investigación más importantes a escala mundial y constituye la principal herramienta de la política de investigación de la Unión Europea. Además, en muchos de los documentos que ha adoptado recientemente, en los que establece sus objetivos de desarrollo y las directrices para la próxima década, la Unión Europea destaca la importancia de la investigación y la innovación para el fortalecimiento de la economía de la UE y para ayudar a que esta sea una de las más competitivas del mundo. Además de la evaluación generalmente positiva, el informe dirige la atención de la Comisión a muchos aspectos de la aplicación del programa y ofrece propuestas específicas sobre cómo podrían mejorarse. Por ejemplo, el informe propone aumentar la financiación del programa, pero, al mismo tiempo, propone identificar áreas comunes de investigación entre las que parecen más prometedoras en términos de aplicaciones concretas, lo que permite el más alto grado de participación en un contexto ético, a fin de obtener resultados tangibles al aplicar este programa.

  Jan Březina (PPE), por escrito. – (CS) A pesar de que Europa sigue por detrás de los Estados Unidos y está perdiendo la ventaja que tenía sobre las economías en desarrollo, los resultados del Séptimo Programa Marco demuestran el valor añadido de este programa europeo de investigación y desarrollo en Europa. Lamentablemente, sin embargo, todavía no hay ningún método para evaluar en qué medida los proyectos financiados por el Séptimo Programa Marco tienen un conocimiento científico avanzado. También es necesario destacar el importante desequilibrio entre la participación de entidades de los Estados miembros antiguos y nuevos. Del mismo modo, el nivel de participación de las PYME, en particular, sigue siendo relativamente pobre. La situación se podría mejorar mediante la simplificación de las normas administrativas y financieras.

Es necesario hacer hincapié en la importancia de las iniciativas tecnológicas comunes (ITC) para la competitividad de la industria europea. También es necesario destacar los obstáculos jurídicos y administrativos (la subjetividad jurídica, las normas de financiación y, a veces, también la propiedad intelectual), algo que puede disuadir a muchos actores de investigación clave y muchas PYME a la hora de participar. Tenemos que cambiar la situación en la que la financiación de la investigación en Europa está demasiado fragmentada, mientras que hay muchas fuentes de financiación en los Estados miembros y, además, la UE aplica diferentes prioridades, criterios de evaluación, definiciones y procedimientos, algo que necesariamente resulta en superposiciones, confusiones y errores.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Habida cuenta de que la situación económica sigue siendo frágil como resultado de la crisis financiera que ha sacudido a Europa, en su evaluación intermedia, el ponente menciona aspectos importantes que han de mejorarse con el fin de utilizar los fondos públicos disponibles de la forma más eficiente posible. Estoy de acuerdo con el hincapié que ha hecho el ponente en dos cuestiones que son muy importantes para la futura investigación europea: una mayor simplificación de los pagos entre la Comisión Europea y otras entidades, y el aumento de la participación de las pequeñas y medianas empresas, y la industria en general, como respuesta a los grandes desafíos sociales.

  Lara Comi (PPE), por escrito. – (IT) La unanimidad conseguida en la votación de la Comisión sobre este importante informe y la votación celebrada hoy demuestran, una vez más, que el Parlamento sabe cómo adoptar una postura clara y decisiva sobre cuestiones importantes para los ciudadanos y las empresas. Creo que el informe realmente pone de manifiesto los aspectos críticos del Séptimo Programa Marco. Asimismo, el informe expone propuestas válidas para garantizar que los demás fondos que se vayan a asignar puedan hacer una verdadera contribución para aumentar la competitividad y la calidad del mercado europeo. En mi opinión, la simplificación de los procedimientos administrativos y la reducción de la burocracia son los desafíos más importantes si realmente queremos permitir que nuestras empresas y, en particular, las PYME, tengan acceso a los fondos. Debemos utilizar estos fondos para mejorar nuestra capacidad de trabajar de forma integrada mediante la mejora de las asociaciones públicas y privadas, incentivando los grupos interregionales y garantizando una buena coordinación entre los Fondos de Cohesión y los fondos destinados a la investigación y la innovación.

  Rachida Dati (PPE), por escrito. – (FR) Este informe ayuda a llamar la atención sobre los factores que son cruciales en el cumplimiento de los requisitos del futuro de la investigación en Europa, en particular, en el contexto de los objetivos asignados por la Estrategia Europa 2020. Esto ahora resulta esencial para reducir las excesivas cargas administrativas, en particular, para fomentar una mayor participación de las PYME en el Séptimo Programa Marco. Además, es imperativo que los programas de la UE consoliden en todo momento las ventajas de la investigación y la innovación, en beneficio de la educación y la creación de empleo.

  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) El Séptimo Programa Marco de investigación y desarrollo para el período 2007-2013 ha sido objeto de una evaluación intermedia por parte del Parlamento Europeo. Esta es una oportunidad para recordar a la Comisión Europea la importancia de tomar las decisiones correctas a la hora de invertir en investigación e innovación para el futuro de Europa. Aún no se han programado 28 500 millones de euros para los años 2011, 2012 y 2013. Esta suma debe asignarse con carácter de prioridad a proyectos presentados por las PYME y la industria en general, en particular, en los ámbitos del suministro de energía, el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. Debemos garantizar una mejor distribución de la infraestructura de investigación en la Unión Europea, mientras respetamos el principio de la excelencia que permita a Europa atraer a los mejores investigadores del mundo.

  Christine De Veyrac (PPE), por escrito. – (FR) En 2010, la UE no ha cumplido con el objetivo de la Estrategia de Lisboa de dedicar el 3 % de su PIB a investigación y desarrollo. Este objetivo se restableció en la Estrategia Europa 2020, pero la UE debe encontrar ahora los medios para alcanzar ese objetivo con el fin de seguir siendo una economía competitiva a escala internacional.

Acojo con beneplácito la adopción del informe Audy sobre la evaluación intermedia del Séptimo Programa Marco, teniendo en cuenta el impacto de la reciente crisis económica, que ha afectado especialmente a la capacidad de las pequeñas y medianas empresas a invertir en investigación y desarrollo. A fin de evitar la burocracia y facilitar el acceso de las empresas a la financiación europea, es realmente fundamental disponer de procedimientos más sencillos y transparentes.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Con la publicación de la Estrategia Europa 2020, se ha hecho evidente que el compromiso con la investigación y el desarrollo es fundamental a fin de que Europa vuelva a experimentar crecimiento económico y para que pueda ganar el juego de la competitividad. Por eso, cualquier evaluación del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración debe estar vinculada a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y a su aplicación. Estoy convencido de que, a través de la investigación y el desarrollo, Europa puede llegar a encontrar respuestas eficientes y eficaces a los problemas energéticos, a los desafíos del cambio climático, y para mejorar la competitividad europea y la productividad, de forma que podamos conseguir un nuevo ciclo de crecimiento que sea más sostenible en este momento.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Este informe del señor Audy trata sobre la evaluación intermedia del Séptimo Programa Marco (7PM) de la Unión Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración. Los días 23 y 24 de marzo de 2000, el Consejo Europeo reunido en Lisboa fijó un objetivo estratégico ambicioso para la Unión Europea: convertirse, en 2010, en «la economía del conocimiento más dinámica y competitiva del mundo». Sin embargo, no ha sido posible conseguir este ambicioso objetivo. Espero que se cumplan los objetivos de la Estrategia Europa 2020, en particular, el compromiso de la UE de invertir el 3 % del producto interior bruto (PIB) en I+D para el año 2020. La Estrategia Europa 2020 no puede esperar al próximo marco financiero plurianual, sino que debe empezar ahora. Por lo tanto, esta evaluación es de vital importancia, ya que aún no se ha gastado el 50 % de la financiación asignada al Séptimo Programa Marco. Por lo tanto, estoy de acuerdo con el ponente, en concreto, en relación con las recomendaciones relativas a la necesidad de simplificar los mecanismos de acceso a los fondos, haciendo que los procedimientos sean más sencillos y transparentes, y facilitando las actividades de las PYME. También es necesario invertir en ámbitos emblemáticos como la salud, la energía y la seguridad nuclear, de forma que podamos responder a los nuevos desafíos de la innovación y el desarrollo.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El informe presenta varios aspectos importantes de la revisión intermedia del Séptimo Programa Marco (7PM) de la Unión Europea para la investigación y el desarrollo tecnológico. También hace observaciones importantes, como que la mayoría del trabajo científico de la UE aún lo llevan a cabo investigadores y técnicos —principalmente jóvenes— en empleos precarios; el caso de Portugal es paradigmático.

Creemos que existe la necesidad de respaldar la investigación pública y habilitar sus resultados de forma sencilla, sin burocracia, mediante la promoción de la actividad productiva y empresarial, y de las pequeñas y medianas empresas, en particular; la creación de puestos de trabajo cualificados, con derechos; el progreso social y el desarrollo sostenible. Existe la necesidad de asumir un compromiso en ámbitos tan diversos como, entre otros, la eficacia energética, las nuevas fuentes de energía, el uso eficaz de los recursos, el reciclaje y los nuevos procesos productivos.

No podemos dejar de expresar nuestra preocupación sobre algunos de los principios rectores del Espacio Europeo de Investigación. Creemos que debe basarse en la cooperación y el beneficio mutuo, mitigando las desigualdades existentes en la actualidad en los sistemas nacionales de investigación e invirtiendo las tendencias hacia la concentración de recursos científicos y humanos en los países más desarrollados, que es la misma que en los llamados «centros de excelencia».

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Este informe presenta varios aspectos relevantes de la evaluación intermedia del Séptimo Programa Marco (7PM) de investigación y desarrollo tecnológico. Resulta particularmente importante su preocupación por garantizar que el 40 % de los que participan en la investigación sean mujeres, pues esta cifra actualmente no supera el 25,5 %, así como su preocupación por reconocer que «Europa sigue encontrándose por detrás de los Estados Unidos y está perdiendo el liderazgo que ostentaba en relación con las economías emergentes». El informe también «lamenta que la mayor parte de la labor científica llevada a cabo en la UE se siga desarrollando en condiciones de trabajo precarias».

Sin embargo, nos preocupan algunos aspectos, sobre todo, los principios rectores del Espacio Europeo de Investigación, ya que este debe centrarse en la cooperación entre la investigación genuina y las redes de colaboración, invirtiendo cualquier tendencia hacia la concentración de recursos científicos y humanos en los países más desarrollados y en mitigar las desigualdades existentes actualmente en los sistemas de investigación nacionales.

La innovación en las microempresas y en las PYME precisa de apoyo para la investigación pública y sus resultados han de habilitarse de forma sencilla, sin burocracia, ya sea en términos de eficacia energética, usando nuevas fuentes de energía y nuevos procesos productivos, mediante el reciclaje y haciendo un uso mejorado de los recursos o creando empleos con derechos, o bien en términos sociales y humanos, con un enfoque en el progreso social.

  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) El informe evalúa si el Séptimo Programa Marco de la UE para investigación y desarrollo tecnológico ofrecerá la posibilidad de consolidar el triángulo de oro del conocimiento, la educación y la investigación, que es de vital importancia para Europa. Entre otras cosas, el programa acoge con beneplácito el nivel de participación y los excelentes resultados de la selección de proyectos, pero es una lástima que el índice de éxito del programa general siga siendo relativamente bajo. La correcta gestión de los fondos públicos en el marco de este programa es esencial, y creo firmemente que cada cambio o reorientación debe llevarse a cabo de una manera que respete la estabilidad, la cohesión global y la seguridad jurídica, de forma que se fortalezca la confianza mutua de los participantes.

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), por escrito. – (GA) El punto principal de este informe es que la Unión Europea debe hacer todo lo posible para mantenerse en la cima de los sectores de la investigación, la innovación y la ciencia. Si no disponemos de la fundación para la investigación hoy en día, no vamos a lograr la excelencia en la innovación en el futuro. Necesitamos buenos recursos de investigación para crear y fomentar el empleo en la UE e impulsar la competitividad de la UE, sobre todo, a medida que los países industrialmente desarrollados se hacen más fuertes. La colaboración entre los sectores público y privado debe ser desarrollada y hay que impulsar a las PYME a participar más plenamente en el programa. Este estímulo debe proceder de las altas autoridades. En una reunión celebrada el 4 de febrero, los líderes de la UE y de los Estados miembros declararon su compromiso con la iniciativa insignia «Unión por la Innovación». Sin embargo, ahora debemos actuar para cumplir las palabras de estos representantes. La investigación y la innovación nos ayudarán a salir del estancamiento económico con el que nos encontraremos en la actualidad.

  Brice Hortefeux (PPE), por escrito. – (FR) La investigación y el desarrollo juegan un papel importante en la modernización de nuestras economías y el fortalecimiento de nuestra competitividad. Con un presupuesto de 54 000 millones de euros para el período 2007-2013, el Séptimo Programa Marco de investigación y desarrollo es el mayor programa mundial de apoyo a la investigación.

La adopción de este informe por una gran mayoría es un testimonio del gran interés del Parlamento por el éxito de este programa y los siguientes. Debemos esforzarnos para garantizar la buena gestión del dinero público y evitar que los fondos estén demasiado dispersos en proyectos que no son muy eficientes o que no cumplan con nuestras necesidades.

El futuro de la investigación europea implicará la simplificación de la forma en que se aplican los programas, facilitando el acceso a la financiación, la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYME), pero, sobre todo, la adaptación de nuestras prioridades a los grandes retos de la sociedad (el envejecimiento de la población, el cambio climático y mucho más).

Estoy convencido de que la Unión Europea tiene un papel protagónico en el desarrollo de grandes programas de investigación y que puede aportar valor añadido mediante la consolidación del Espacio Europeo de Investigación (EEI). Por eso he decidido dar mi pleno apoyo a este informe.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución porque exige el uso del Séptimo Programa Marco para tener en cuenta las diferentes consecuencias que la crisis económica ha tenido en cada Estado miembro para los últimos años del programa (2011-2013), habida cuenta de las sumas considerables (28 800 millones de euros durante tres años) que aún se deben programar, los objetivos que deben conseguirse para la Estrategia Europa 2020 y la preparación del Espacio Europeo de Investigación y el programa «Unión por la Innovación». Solicita, en particular, la alineación de los objetivos del 7º PM con las estrategias de la UE sobre la eficiencia de recursos, las materias primas y la Agenda Digital. Las cantidades restantes no deben desviarse de la investigación ni utilizarse para otros programas o instrumentos que no se incluyan en el sector de la investigación y la innovación o que no estén relacionados con los objetivos y el ámbito del Séptimo Programa Marco. Existe una necesidad de mejorar, estimular y proteger la financiación de la investigación y el desarrollo en la Unión Europea a través de un aumento significativo del gasto correspondiente a partir de 2013, porque tal aumento de la financiación, idealmente mediante el aumento del presupuesto, debe fomentar el desarrollo sostenible y la competencia a través de la excelencia. Este aumento de los fondos debe ir acompañado de un enfoque más orientado a los resultados y basado en el rendimiento y con una simplificación radical de los procedimientos de financiación. Creo que tenemos que apoyar una mayor cooperación entre los diferentes programas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la UE, y considero que la continuidad del futuro programa, una vez establecido, es importante para todos los actores implicados.

  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. – (PL) El rápido envejecimiento de la sociedad europea precisa de soluciones innovadoras en diversos ámbitos que permitan un funcionamiento eficaz a pesar de una mano de obra reducida. Se plantean desafíos similares en relación con el cambio climático, los déficits inesperados de materias primas y las amenazas biológicas, por ejemplo, los desarrollos recientes en relación con la bacteria E. Coli en las verduras. La manera de encontrar soluciones a situaciones tan inusuales consiste en invertir en ciencia y desarrollo tecnológico. A pesar de que hemos celebrado muchos debates sobre este tema, las medidas adoptadas en Europa, lamentablemente, han sido ineficaces, a pesar de la amenaza que esto representa para nuestro continente y nuestra economía. Esta última no es autosuficiente y, además, se enfrenta a la dominación de las economías de China, la India y Brasil, que están experimentando un desarrollo extraordinariamente rápido. El apoyo financiero y la simplificación de los procedimientos legislativos para el desarrollo científico deben ser una prioridad para la UE. Quedarse quieto significa retroceder.

  Krišjānis Kariņš (PPE), por escrito. – (LV) Apoyo el informe sobre la evaluación intermedia del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, porque creo que realmente refleja lo que se ha logrado, así como los problemas existentes. La Unión Europea tiene el potencial de convertirse en líder mundial en materia de innovación e invenciones. Esto daría un nuevo impulso a nuestro crecimiento económico y mejoraría el nivel de vida de nuestros ciudadanos. Tenemos la capacidad de cumplir este objetivo mediante la realización de una serie de tareas domésticas; la más importante es la reducción de trabas burocráticas. Con el fin de convertirse en la ciudadela de la innovación, tenemos que sacrificar la burocracia que no permite que los fondos lleguen a los investigadores y los empresarios. Soportando el sistema antiguo y rígido de la burocracia que obstaculiza el desarrollo de empresas nuevas y dinámicas, la Unión Europea no alcanzará su objetivo —invertir el 3 % del PIB en I+D para el año 2020—. La Unión Europea debe cambiar con el paso del tiempo y, además, debe deshacerse de las cadenas de la burocracia. Este enfoque debe aplicarse a partir del programa de investigación, que es una fuente de financiación para los nuevos inventos, para la realización de nuevas ideas y para nuevos puestos de trabajo.

  Paweł Robert Kowal (ECR), por escrito. – (PL) El apartado 27 del presente informe contiene información que contradice la verdad. La afirmación de que los sitios web y los sistemas informáticos individuales son supervisados constantemente por Indect es falsa, según revela la revisión ética llevada a cabo en el proyecto Indect en Bruselas el 15 de marzo de 2011, con la participación de especialistas de Austria, Francia, Países Bajos, Alemania y el Reino Unido. La revisión ética del proyecto Indect ha tenido un resultado positivo, y no se han detectado infracciones relacionadas con los aspectos éticos del proyecto. Indect ha sido objeto de una vigilancia constante por parte de la Comisión Europea desde el principio. La Comisión no ha identificado ninguna infracción hasta la fecha. Además, este tema está fuera de lugar en el informe en su conjunto, y se hace referencia específica al proyecto Indect, sin mencionar otros proyectos similares que reciben fondos de la Unión Europea.

El objetivo principal del proyecto Indect («Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment»), un sistema de información para ayudar a la búsqueda, localización y vigilancia de ciudadanos en zonas urbanas, aplicado por la Universidad AGH de Ciencia y Tecnología de Cracovia, consiste en el desarrollo de la investigación en tecnologías de la información que aumentan la seguridad de los ciudadanos de las zonas urbanas. El sistema Indect tiene la intención de identificar las amenazas a través de la supervisión, incluidas, en particular, la pornografía, el tráfico de armas y el tráfico de drogas y órganos humanos, y también tiene la intención de proteger los datos y la privacidad.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) El Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (7º PM) es el instrumento más amplio de apoyo a la investigación a escala mundial y constituye la principal herramienta de la política de investigación de la Unión Europea. Las medidas adoptadas hasta ahora para desarrollar el conocimiento en los ámbitos más diversos demuestran una necesidad cada vez más fuerte de difundir las innovaciones y aplicarlas en nuestras vidas cotidianas. Ha sido precisamente el impacto directo de este instrumento en la vida cotidiana lo que me ha llevado a votar a favor del informe del señor Audy, con la esperanza de que las futuras políticas de innovación creen la más absoluta de las sinergias en toda la cadena de valor en el ámbito de la investigación y el desarrollo. El Séptimo Programa Marco —que se orienta principalmente hacia la investigación y el desarrollo tecnológico— es actualmente el único instrumento disponible para conseguir los objetivos establecidos en la iniciativa Unión por la innovación y para acelerar la transformación de Europa en una sociedad basada en el conocimiento. Pensar en el futuro de la innovación implica crear empleos, impulsar el capital de investigación y traducirlo en prácticas que se apliquen a la vida cotidiana, así como desarrollar el potencial de recursos humanos, destacando todos ellos como factores que deben incluirse en el próximo programa marco.

  Agnès Le Brun (PPE), por escrito. – (FR) Cada año, desde 2007, la UE ha gastado más de 6 000 millones de euros en financiar la investigación y el desarrollo por todo el continente. Esto presentará un desafío importante para la UE en las próximas décadas. De hecho, Europa está por detrás de los Estados Unidos y se está viendo atrapad por los países emergentes; por tanto, debe restablecer rápidamente la innovación a la vanguardia de su modelo social. El informe del señor Audy aprende las lecciones de la primera parte del Programa Marco de Investigación. Con el fin de cumplir los objetivos de la Estrategia Europa 2020, propone que el resto del programa se centre en afrontar los problemas más acuciantes de la UE en los sectores identificados en el capítulo «Cooperación» del 7º PM: salud, alimentación y biotecnología, TIC, nanociencias y nanotecnologías, energía, el Plan EETE y el uso de biogás, medio ambiente, transporte sostenible, ciencias socioeconómicas y humanidades, espacio y seguridad. He votado a favor de este informe porque no solo realiza una evaluación de la situación, sino que también establece objetivos ambiciosos para la Unión que concuerdan con las expectativas de los ciudadanos europeos.

  David Martin (S&D), por escrito. – El 7º PM es una ocasión para que la UE coloque su política en materia de investigación a la altura de sus ambiciones económicas y sociales, especialmente consolidando el Espacio Europeo de Investigación (EEI). Dotado de un presupuesto del orden de 54 000 millones de euros para el período 2007-2013, el 7º PM se ha convertido, con el paso de los años, en uno de los más importantes programas de apoyo a la investigación en el mundo y constituye el principal instrumento de la política de la UE en el ámbito de la investigación. Se delimitaron cuatro objetivos principales que corresponden a cuatro programas específicos que deben estructurar el esfuerzo de investigación europeo: el programa «Cooperación», el programa «Ideas», el programa «Personas» y el programa «Capacidades». El objetivo es permitir que la UE obtenga respuestas a los grandes desafíos sociales que afectan al conjunto de los Estados miembros y a los que no pueden responder solos (envejecimiento democrático y salud, suministro de energía, agua o alimentos, desarrollo sostenible, lucha contra el cambio climático, etc.), además de desarrollar los conocimientos que permitan a nuestras empresas seguir innovando e incrementar su competitividad.

  Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) Con los años, el 7º PM se ha convertido en uno de los más importantes programas de apoyo a la investigación en el mundo y constituye el principal instrumento de la política de la UE en el ámbito de la investigación. Tras el fracaso de la denominada «Estrategia de Lisboa», cuyo objetivo consistía en que la UE contara en 2010 con la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo, hemos decidido considerar si la revisión del Séptimo Programa Marco puede ofrecer una oportunidad para consolidar el triángulo de oro formado por el conocimiento, la educación y la investigación. Creemos que el Séptimo Programa Marco es una ocasión para que la UE coloque su política de investigación a la altura de sus ambiciones económicas y sociales, especialmente consolidando el Espacio Europeo de Investigación (EEI). Además, las políticas de investigación y de desarrollo sean territorializadas y la UE debe adoptar un plan europeo ambicioso de investigación en el ámbito de la tecnología de defensa con la perspectiva de reforzar la base industrial y tecnológica del sector de la defensa y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia del gasto público militar. Por último, estamos de acuerdo con la Comisión de Presupuestos en que el diseño y la aplicación de todos los programas marcos deben respetar los principios de sencillez, estabilidad, seguridad jurídica, transparencia, excelencia y confianza, al mismo tiempo que estrechan los vínculos de las instituciones europeas en materia de investigación e industria.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) El Séptimo Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico (I+DT) es el instrumento financiero más importante de la Comisión Europea para apoyar y promover la actividad de investigación. Tiene un presupuesto asignado de 50 000 millones de euros para el período 2007-2013. Este informe indica los caminos que hay que seguir en relación con este Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico; de hecho, debe vinculares con la Estrategia Europa 2020, pero también con la iniciativa Unión por la innovación, y su objetivo principal debe centrarse en los ámbitos del cambio climático, la política energética, la competitividad y el envejecimiento de la población. Si logramos los objetivos establecidos aquí, no tengo ninguna duda de que vamos a entrar en un nuevo ciclo de crecimiento económico.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – El Séptimo Programa Marco de la UE tiene como objetivo construir un espacio europeo unificado basado en el conocimiento en relación con los logros de los programas anteriores y aplicar la investigación de forma que esté más orientada a fortalecer los factores socioeconómicos del desarrollo de Europa. La investigación científica es una de las bases de la estrategia europea para el desarrollo económico, que garantiza la competencia, el desarrollo del ámbito social y la protección del medio ambiente. Por tanto, he votado a favor.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) El Séptimo Programa Marco no se basa exclusivamente en la investigación en general, sino también en un campo específico de investigación que debería ser motivo de especial preocupación para todos nosotros tras el desastre de Fukushima. Se trata de la cuestión de la financiación del programa Euratom. ¿Cuál es el uso de los reactores de producción si se colapsan bajo las masas de agua y en el caso de los terremotos? ¿Cuál es el uso de la central nuclear más productiva si una leve deficiencia es suficiente para que no solo el entorno inmediato, sino también amplias superficies de tierra, queden inhabitables durante décadas? Es importante que nos centremos más en la seguridad nuclear y que avancemos en el desarrollo de alternativas. Ahora que se ampliará en breve el programa de investigación Euratom para el período 2012-2013, Fukushima debe considerarse como una oportunidad para hacer un replanteamiento. Tenemos que centrarnos más en la protección contra la radiación y el almacenamiento final. Es una cuestión de vida o muerte que no debamos adherirnos a las mismas prioridades, es decir, a la expansión de la energía nuclear, sino que debemos concentrarnos en los aspectos de seguridad. Por supuesto, el programa de investigación actual no se ve afectado por esta situación. He tenido esto en cuenta a la hora de votar.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) Durante mi mandato en el Parlamento, he hecho campaña en muchas ocasiones a favor de la seguridad nuclear en la UE. No debemos pasar por alto, con el pretexto de la protección del clima, la existencia de una tecnología peligrosa para la generación de energía con todos sus subproductos peligrosos y fatales consecuencias para el hombre y la naturaleza en caso de accidente nuclear. Lamentablemente, el Séptimo Programa Marco también incluye fondos para la investigación en el campo de la energía nuclear. Sin embargo, el informe también pide reglamentos más estrictos para el programa Indect de la UE. Afirma que la Comisión Europea debe publicar de inmediato todos los documentos del proyecto y definir un mandato claro y estricto para el objetivo de la investigación, la aplicación y los usuarios finales de Indect. Se trata de un éxito inicial en el que se están tomando en serio los derechos de los ciudadanos de la UE, al menos, a un nivel rudimentario. Tras haber sopesado estas cuestiones, me he abstenido en la votación.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe del señor Audy porque es necesario revisar a fondo el Séptimo Programa Marco a fin de que consiga los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y para que esté en consonancia con tales objetivos. Los resultados negativos de la evaluación intermedia indican que necesitamos modificar sus prioridades. Por tanto, estoy de acuerdo en cambiar la redacción de los objetivos principales y destacar la necesidad de contar con una política de investigación más eficaz que reduzca el peso de la burocracia y que permita una mayor participación de las PYME, así como la integración de la innovación y la financiación. Esperamos que, con estos cambios, los proyectos de la segunda fase del 7º PM finalmente logren tener éxito.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) Este informe sobre la evaluación intermedia del Séptimo Programa Marco (7PM) de la Unión Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración se basa en la premisa de la conciliación de la opinión pública con la ciencia. La estrategia de Lisboa fijó un objetivo ambicioso para la Unión Europea: convertirse, en 2010, en «la economía del conocimiento más dinámica y competitiva del mundo». En el marco de esta estrategia se ha reconocido la función central de la investigación. Sin embargo, este deseo no se cumplió por varias razones. La década de 2000-2010, que terminó con una crisis económica muy grave, será evaluada en el futuro. Sin embargo, ahora es importante, y comparto la ambición del ponente en este sentido, analizar el trabajo realizado y reorganizar el trabajo futuro. El Séptimo Programa Marco es una nueva ocasión para que la UE coloque su política en materia de investigación a la altura de sus ambiciones económicas y sociales, especialmente consolidando el Espacio Europeo de Investigación (EEI). Se trata de uno de los más importantes programas de apoyo a la investigación en el mundo y constituye el principal instrumento de la política de la UE en el ámbito de la investigación. Los programa específicos existentes, como el programa «Cooperación», el programa «Ideas», el programa «Personas» y el programa «Capacidades», pueden y deben favorecer el desarrollo del conocimiento a fin de permitir a nuestras empresas seguir innovando e incrementar su competitividad.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. – (IT) Es necesario revisar el Séptimo Programa Marco a fin de que esté en consonancia con los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Si la política de investigación europea ha de ser más competitiva y estar a la altura de las ambiciones sociales y económicas de la UE, entonces hay que adaptar el Séptimo Programa Marco a cuatro objetivos importantes: promover la simplificación de los programas marco para la investigación y reducir las cargas de los procedimientos administrativos; mejorar la participación de las PYME; fortalecer la dimensión de la innovación e intensificar Instrumento de Financiación de Riesgo Compartido.

Además, tenemos que centrarnos en la importancia de la colaboración entre el mundo académico, los institutos públicos de investigación y el sector industrial. Tenemos que hacer más hincapié en las propuestas de investigación en colaboración entre los sectores público e industrial, facilitar la cooperación entre las redes de PYME, las universidades y los institutos de investigación pública, y los principales criterios para la elección de proyectos del 7º PM ahora deben incluir una evaluación del posible impacto en el mercado, la transferencia de tecnología y el uso comercial de los resultados de la investigación. He votado a favor de revisar el Séptimo Programa Marco por estas mismas razones y también APRA que la UE sea más competitiva en el ámbito de la investigación sin necesidad de tener que volver a esperar al Octavo Programa Marco.

  Vincent Peillon (S&D), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe Audy sobre la evaluación intermedia del Séptimo Programa Marco de investigación y desarrollo. Con este texto, el Parlamento Europeo confirma su apoyo a este programa, que es de vital importancia para el desarrollo de la investigación europea y para mejorar la competitividad de nuestras empresas. Defiende el establecimiento de un presupuesto permanente, que es esencial si quiere conseguir la consecución de sus objetivos. Este informe presenta propuestas concretas con el fin de resolver las debilidades del programa. Pone de relieve, de forma justificada, la necesidad de simplificar los procedimientos de financiación y optimizar los instrumentos existentes, a fin de facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas. Por último, este informe nos recuerda que la Comisión Europea debe garantizar que la promoción de la innovación no ponga en peligro los progresos realizados en la investigación básica.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – Este informe plantea si la revisión del Séptimo Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico puede ofrecer una oportunidad para consolidar el triángulo de oro del conocimiento, la educación y la investigación que es la clave para el destino de los europeos. Acojo con beneplácito el nivel de participación y excelencia en la selección del proyecto, pero lamento, sin embargo, que el índice de éxito de este programa siga siendo, en general, bastante bajo y es un factor desmotivador, en particular, para las PYME. Estoy a favor, en el marco del capítulo «Personas», de las acciones Marie Curie, que son de gran valor para la carrera de los investigadores y reconoce que las iniciativas tecnológicas conjuntas (ITC) son útiles para la competitividad de la industria europea.

  Phil Prendergast (S&D), por escrito. – Habida cuenta de las crisis económicas a las que se enfrenta la UE, es fundamental que identifiquemos los ámbitos de nuestras actividades que les permitan ayudarnos a superar nuestras dificultades. La investigación y el desarrollo son esenciales para el desarrollo inteligente, sostenible e inclusivo, por lo que la inversión en I+D es la mejor respuesta posible. Teniendo en cuenta los numerosos cambios políticos y económicos que han tenido lugar desde la adopción del Séptimo Programa Marco, es necesario modificarlo para reflejar la situación de la nueva realidad. Dada la importancia de las industrias basadas en el conocimiento para Europa y de nuestro próspero sector de I+D, no podemos permitirnos el lujo de esperar hasta el Octavo Programa Marco para intervenir. El objetivo de la «Estrategia de Lisboa» por el que se pretendía que, en 2010, la UE contara con la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo puede haber fracasado, pero eso no significa que tengamos que renunciar a dicho objetivo por completo. De hecho, tenemos que seguir trabajando para conseguirlo mediante la modificación del Séptimo Programa Marco. Al hacerlo, debemos tratar una deficiencia grave del Séptimo Programa Marco para prestar financiación para la investigación en los ámbitos de la maternidad y la salud infantil. Cerca de 400 000 bebés nacen de forma prematura cada año; sin embargo, no contamos con fondos para la investigación en este ámbito. El parto prematuro es la causa principal de mortalidad infantil y, además, los bebés prematuros son más propensos a desarrollar enfermedades crónicas de por vida.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) El Séptimo Programa Marco de la Unión Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración ha de evaluarse teniendo en cuenta la situación actual de la Unión Europea, pero también con vistas al futuro. El ponente señala de forma acertada el fracaso en la consecución del objetivo fijado por el Consejo Europeo en el año 2000 de que la economía del conocimiento de la UE fuera la más competitiva del mundo en 2010. Sin embargo, aunque este mismo objetivo no se consiguió en el plazo establecido, sigue siendo el verdadero propósito de la acción conjunta. Por tanto, la evaluación del Séptimo Programa Marco puede desempeñar una función importante en este sentido; en otras palabras, mediante la reducción de los obstáculos al crecimiento emergente de la economía europea, sobre todo, mediante la reducción de la burocracia en procedimientos para acceder a los programas de apoyo a la investigación.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – He votado a favor. El informe ya fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Industria, Investigación y Energía, recoge las recomendaciones del grupo de expertos e identifica un mayor alcance para la mejora de los distintos instrumentos de investigación de la UE. Por ejemplo, un acceso más abierto y la difusión de los resultados de la investigación, solicitudes más amplias en el ámbito de las ciencias socioeconómicas, investigación de mayor colaboración, esfuerzos para mejorar la movilidad de los investigadores, más acciones para las PYME innovadoras y mejor coordinación con los Estados miembros. El informe no abarca la cuestión del ITER o de las inversiones en el programa Galileo. Desde un punto de vista negativo, el texto a veces está demasiado orientado hacia la función económica y la competitividad de la investigación y la innovación, en lugar de hacia lo que la investigación y la innovación pueden aportar a la sociedad en su conjunto.

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) La investigación es un componente esencial del mundo del conocimiento y, en una economía globalizada, es acertado impulsar el crecimiento y los niveles de empleo en la Unión Europea. El Séptimo Programa Marco es una buena oportunidad para que la UE desarrolle su política de investigación, al mismo tiempo que consolida el Espacio Europeo de Investigación. A través de este programa, Europa pretende satisfacer las necesidades de la industria —y, en general, de las políticas europeas— para la investigación y el conocimiento.

Al adoptar el informe de hoy, el Parlamento arroja una luz sobre los resultados obtenidos por el programa de investigación en estos primeros cuatro años. Sin embargo, para lograr mayores y mejores resultados en el futuro, tenemos que simplificar los procesos administrativos, mejorar la participación de las pequeñas y medianas empresas, apoyar la innovación y adoptar instrumentos de financiación de riesgos compartidos. El informe también insta a la UE y los Estados miembros a adoptar un plan ambicioso de investigación para consolidar la industria europea de defensa.

  Nikolaos Salavrakos (EFD), por escrito. – (EL) He votado a favor del informe del señor Audy porque considero que la inversión en el sector de la investigación y la innovación es fundamental para la creación de competitividad, crecimiento y empleo en la UE. Considero que la evaluación intermedia del Séptimo Programa Marco de investigación y desarrollo 2007-2013 es especialmente útil para el propósito de extraer conclusiones útiles sobre la base de una evaluación de la situación actual. Acojo con satisfacción la propuesta del ponente de simplificar los procedimientos de financiación y de adoptar un enfoque basado en el rendimiento y los criterios de «excelencia» y «valor añadido europeo» en el gasto de la UE. El sector de la investigación es un sector que puede aportar el máximo valor añadido a la Unión. Los presupuestos públicos se han reducido y, por tanto, ha de movilizarse la financiación privada a fin de financiar el próximo Octavo Programa Marco de Investigación. Por lo tanto, apruebo la propuesta del ponente de aumentar la participación de los grupos industriales y de las PYME.

  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito. – (PL) Han pasado cuatro años desde la introducción del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico. En el contexto de una evolución de la situación económica mundial y en un momento en que Europa, poco a poco, va tratando de liberarse de la crisis económica, resulta cada vez más evidente que el programa se puso en marcha para resolver problemas legítimos e importantes. La competencia global de las principales potencias económicas como China, la India y Brasil nos obliga a tomar medidas especiales, destinadas a obtener una ventaja tecnológica que nos permita poner en práctica de forma eficaz la estrategia de la UE. Las inversiones adecuadas en investigación y desarrollo científico se traducirán en la construcción a largo plazo de una sociedad basada en el conocimiento, que es uno de los componentes más importantes del poder económico. El informe aborda la cuestión clave de la escasa cooperación y el intercambio de información entre los Estados miembros, lo que resulta en la duplicación de proyectos individuales. Una cuestión preocupante es la participación desigual de los Estados miembros, que se traduce en mayores desequilibrios en un ámbito tan importante como la investigación y el desarrollo tecnológico. Se trata de una contradicción absoluta de los objetivos del Séptimo Programa Marco.

Como consecuencia de la crisis económica, algunos Estados miembros ya no tienen tantas oportunidades de prestar apoyo para el programa, y es un desafío para la Unión Europea identificar con precisión a aquellos que necesitan apoyo, y concederles ayuda. La ejecución del programa tendrá una duración de dos años, y el nivel de compromiso presupuestario no ha superado el 50 % (54 000 millones de euros para el período 2007-2013), lo que debería hacer más fácil involucrar a los órganos competentes y permitir que los fondos disponibles se utilicen de la forma más adecuada posible.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – Apoyo el trabajo realizado por el ponente en este informe. Comparto su preocupación de que la comunicación de la Comisión se presentara mucho más tarde de lo prometido. El Séptimo Programa Marco ha ofrecido un excelente trabajo y me alienta el trabajo realizado por el ponente para cerrar el triángulo de oro.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) El Séptimo Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico (I+DT) es el instrumento financiero más importante de la Comisión Europea para apoyar y promover la actividad de investigación, y cuenta con un presupuesto de 50 000 millones de euros para el período 2007-2013. Este informe destaca que el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico debe estar vinculado con la estrategia «Europa 2020» y con la iniciativa insignia «Unión por la innovación», y que debe centrarse, hasta su vencimiento, en los ámbitos del cambio climático, la política energética, la competitividad y el envejecimiento de la población.

Voy a votar a favor de este informe porque, según tengo entendido, solo será posible aumentar la competividad de la UE y aumentar su función de liderazgo en el escenario internacional si reforzamos la política europea en materia de investigación, desarrollo e innovación. También considero importante que el Séptimo Programa Marco contribuye a establecer el Espacio Europeo de Investigación, de conformidad con el apartado 1 del artículo 179 del título XIX del Tratado de la Unión Europea.

  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. – (LT) La investigación y la innovación son importantes para garantizar un crecimiento sostenible e inclusivo en Lituania. De acuerdo con datos del Banco Mundial, Lituania tiene un gran potencial para convertirse en una economía dinámica basada en el conocimiento. Sin embargo, el estudio también revela que, en materia de investigación y desarrollo, mi país se enfrenta a problemas de gestión, estructurales y reguladores. Tenemos que superar estos obstáculos si es que queremos lograr un verdadero progreso. Esto también supone un problema para Europa. En Europa, la inversión en I+D es baja en comparación con otras potencias mundiales, debido a la falta de inversión privada y a las condiciones favorables para la innovación. Estoy de acuerdo con el ponente en que realmente necesitamos una mejor coordinación de proyectos de investigación y cofinanciación dentro de la UE. Además, también es necesario modernizar y ampliar las instalaciones y la infraestructura para la investigación en Europa Oriental y Occidental.

Esto fomentará la competitividad europea y ayudará a solucionar los desequilibrios estructurales existentes entre los antiguos y los nuevos Estados miembros. También creo que la investigación y el desarrollo tecnológico deben ser más accesibles para el ciudadano europeo. De acuerdo con los datos de una encuesta de la Comisión Europea, solo el 10 % de los europeos sienten que están bien informados acerca de la ciencia, mientras que el 65 % opina que los gobiernos deben hacer más esfuerzos para interesar a los jóvenes en materia científica. Debemos hacer lo mismo.

Propuesta de resolución (B7-0344/2011)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Voy a votar a favor de esta resolución porque creo que existe la necesidad de contar con una acuerdo económico integral capaz de fortalecer los vínculos económicos ya existentes en términos de comercio e inversión. Sin embargo, creo que el acuerdo debe ser equilibrado y fomentar el comercio justo. A pesar del fuerte consenso en relación con un acuerdo ambicioso, afirmo que no debe afectar a los servicios públicos ni a los derechos de legislar de la UE en relación con la Directiva relativa a la calidad de los combustibles. El acuerdo también debe tener objetivos ambiciosos en materia de desarrollo sostenible, con parámetros sociales y ambientales legalmente vinculantes.

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución sobre las relaciones comerciales entre la UE y Canadá. Canadá es uno de los socios más antiguos e íntimos de la UE, siendo el primer país industrializado con el que, en 1976, la UE firmó un Acuerdo marco de cooperación comercial y económica. Sin embargo, las relaciones económicas entre la UE y Canadá aún no han alcanzado todo su potencial y creo que un acuerdo de libre comercio UE-Canadá puede contribuir significativamente al desarrollo y la realización de este objetivo mediante la mejora de los flujos de comercio e inversión eliminando al mismo tiempo las crestas arancelarias y las injustificadas barreras no arancelarias y mediante el apoyo de una cooperación más estrecha, especialmente en los ámbitos de la cooperación reguladora, la movilidad laboral y el reconocimiento de las cualificaciones. Acojo con satisfacción un acuerdo con Canadá que vaya más allá de los compromisos de la OMC y que complemente las normas multilaterales, a condición de que las negociaciones produzcan un acuerdo equilibrado, ambicioso y de gran calidad que vaya mucho más allá de las reducciones arancelarias, y de que empiecen a aplicarse otras herramientas. Por ejemplo, el principio de reciprocidad debe aplicarse en el contexto de los recursos legales disponibles en caso de disputas comerciales, y hay una necesidad de mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual, incluidas, las patentes, las marcas y las indicaciones geográficas.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) Al votar a favor de esta resolución sobre las actuales negociaciones comerciales entre la UE y Canadá, deseo reiterar la importancia del comercio internacional (en particular con Canadá) para el desarrollo de nuestras economías. Como se indica en la resolución, a pesar de que Europa debe seguir dando prioridad al sistema de comercio internacional, es decir, a las negociaciones de la Ronda de Doha, las negociaciones en curso con Canadá pueden complementar este enfoque internacional con un enfoque bilateral, que es igualmente necesario. Así, al discutir y negociar, estamos tratando de encontrar soluciones a problemas relacionados con el comercio y el respeto a ciertos principios, como aquellos relacionados con el medio ambiente. Sin embargo, en calidad de Vicepresidenta del grupo de trabajo sobre los servicios públicos, me preocupa el enfoque elegido para este sector. De hecho, mediante la adopción de un «enfoque de lista negativa» (una lista que excluye algunos servicios públicos del proceso de liberalización) y no, por el contrario, «un enfoque de lista positiva» (exención de los servicios públicos de la liberalización, a excepción de los que aparecen en la lista), perfectamente podríamos acabar por debilitar los servicios públicos. Esta resolución insta a la Comisión Europea a abandonar este enfoque.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución. Canadá es uno de los socios más antiguos e íntimos de la UE, destacando como el primer país industrializado con el que, en 1976, la UE firmó un Acuerdo marco de cooperación comercial y económica. En los últimos años, se han firmado una serie de acuerdos bilaterales diseñados a facilitar unas relaciones comerciales más estrechas y, actualmente, la UE es el segundo socio comercial más importante de Canadá y también la segunda fuente de inversión directa extranjera más importante de este mismo país. Estoy de acuerdo con que la relación económica UE-Canadá aún no ha alcanzado su máximo potencial. El acuerdo de libre comercio previsto podría contribuir de forma significativa en el avance de la relación económica entre la UE y Canadá y, además, enviaría un mensaje firme a favor del crecimiento a inversores y empresas que operan en el ámbito de las relaciones entre la Unión Europea y Canadá.

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. – (FR) Teniendo en cuenta que actualmente se está negociando un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá, el Parlamento Europeo, a través de esta resolución que acabamos de aprobar, ha expresado su preocupación sobre el enfoque de la Comisión Europea en relación a los servicios públicos. De hecho, la Comisión Europea, responsable de la negociación de este acuerdo, parece desear que, en principio, se incluyan todos los servicios. Mediante la negociación de una lista «negativa» de servicios que no se incluirían en los acuerdos de libre comercio, y si se llevase a cabo, la Comisión estaría revirtiendo la lógica que ha prevalecido hasta ahora. Sin embargo, los servicios públicos no son como otros servicios, pues proporcionan cohesión social y territorial, así como un apoyo esencial a las poblaciones vulnerables, por lo que estos servicios tienen características específicas para el interés general que tratan de alcanzar. Por lo tanto, es fundamental seguir adoptando un enfoque que proteja estos servicios, sobre todo, protegiéndolos de la competencia internacional.

  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) Las relaciones con Canadá han sido rentables para ambas partes y, en términos comerciales, son de interés mutuo e implican una buena cooperación. A pesar de que Canadá es un país desarrollado, donde podrían plantearse muy pocas preguntas por encima del nivel de respeto de los derechos sociales y los más altos estándares ambientales, la Comisión —incluso ante el Parlamento— ha establecido una base para las negociaciones con las autoridades canadienses equivalentes que entra en detalles sobre muchos temas que han de modificarse para que podamos estar satisfechos.

Voy a votar a favor de esta resolución, que se refiere a un capítulo de la política comercial europea que debe considerarse como un modelo para las negociaciones con otros países —entre ellos, la India, China y Pakistán— que, a propósito, no garantizan la competencia leal, y mucho menos, el respeto los derechos sociales y las normas ambientales, como hace Canadá. Cuando nos embarquemos en las negociaciones con estos países, hay que recordar lo estrictos y exigente que hemos sido con lugares muy iluminados, como Canadá, y adoptar la misma actitud directa y abierta en defensa de nuestros intereses.

  John Bufton (EFD), por escrito. – He votado en contra de la relación comercial entre la UE y Canadá, pues considero que cualquier acuerdo bilateral de carácter internacional podría socavar la negociación de la Commonwealth entre el Reino Unido y Canadá. Aunque no veo ninguna razón por la que la UE y Canadá no puedan comerciar libremente, la legislación anterior ha demostrado que la ambición de la UE está predispuesta a usurpar el lugar de las relaciones comerciales existentes en paralelo entre el Reino Unido y terceros países.

  Alain Cadec (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución sobre las relaciones comerciales UE-Canadá destinadas a establecer un acuerdo económico y comercial global. Canadá es un socio comercial cercano a la Unión Europea; de hecho, en más de diez años, la inversión canadiense en Europa casi se ha duplicado, ascendiendo a 119,5 millones de euros en 2009. Por tanto, es necesario establecer un marco jurídico avanzado a fin de asegurar un impacto positivo en el crecimiento. Me gustaría destacar el tema del acceso a los mercados para los productos agrícolas. Las normas relativas al origen son diferentes en Canadá y la UE, y la Comisión debe asegurarse de que los intereses y las prioridades de la agricultura europea se tengan en cuenta como corresponde. En particular, debemos esforzarnos para encontrar una solución satisfactoria al problema de las normas de origen para que los productos de otros países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no sigan la estela de los productos canadienses.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) El sistema de comercio multilateral, basado en normas y disposiciones establecidas por la Organización Mundial del Comercio (OMC), sigue siendo el medio más adecuado para regular y promover el comercio abierto y justo. Sin embargo, dada la relación económica histórica y de gran éxito entre la UE y Canadá, apoyo a un acuerdo que va más allá de los compromisos asumidos en el marco de la OMC y que se suma a las normas multilaterales, a fin de lograr el máximo potencial de la cooperación entre estas dos potencias.

  George Sabin Cutaş (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de la resolución sobre las relaciones comerciales entre la UE y Canadá, ya que pone de relieve la necesidad de incluir temas sociales y ambientales en el futuro acuerdo económico y comercial entre la Unión Europea y Canadá. Por cuanto atañe a la protección del medio ambiente, creo que es importante que la Unión Europea rechace la importación de combustible extraído de las arenas petrolíferas.

  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) Como parte de las negociaciones en curso sobre el acuerdo comercial entre la UE y Canadá, la Comisión debe comprometerse a cumplir con las exigencias del Parlamento Europeo. En un acuerdo de libre comercio, hay dos cosas fundamentales: primero, garantizar la reciprocidad en materia de legislación social y medioambiental; en segundo lugar, la adopción de un enfoque coherente y de protección en relación con los servicios de interés general. Las normas europeas en materia de medio ambiente y salud no deben reducirse simplemente para satisfacer a nuestro socio. La Comisión Europea debe tener en cuenta las consecuencias de su decisión de incluir todos los servicios automáticamente y por defecto. Si bien este método permite que ciertos servicios públicos sean excluidos en función del caso y a petición de cada Estado miembro mediante el establecimiento de una lista «negativa», sin embargo, corre el riesgo de incurrir en posibles omisiones. El Parlamento no desea que este nuevo modelo de negociación establezca un precedente legal. Hasta ahora, la Comisión ha negociado acuerdos de libre comercio proporcionando una lista «positiva», enumerando los servicios cubiertos por el acuerdo uno por uno. Este método, que se utiliza comúnmente en el comercio internacional, constituye una mejor garantía para ciertos sectores sensibles de la UE y, por lo tanto, debe ser el único método utilizado por la Comisión.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Canadá y la UE comparten un conjunto de valores, lo que nos convierte no solo en socios comerciales, sino también en aliados naturales en la situación geoestratégica mundial. Es un hecho que hay una civilización única en ambos lados del Atlántico que se beneficiarían en gran medida de fortalecer aún más los lazos entre sus pueblos. No sería productivo exponer en detalle los lazos históricos entre Canadá y Europa, ni la contribución que hizo a sus ciudadanos para liberar al continente europeo durante las dos guerras mundiales que lo devastaron.

A pesar de los obstáculos a la liberalización del comercio que aún existen y de las reservas de la Unión en relación con las prácticas actuales en Canadá, espero que se puedan establecer las bases necesarias para una relación comercial de beneficio mutuo lo antes posible. Un acuerdo económico y comercial global entre Canadá y la Unión Europea podría convertirse en el acuerdo más ambicioso y de mayor alcance concluido hasta el momento. Espero que así sea.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Esta propuesta de resolución se refiere a las relaciones comerciales entre la UE y Canadá, cuyas negociaciones, según lo previsto, deberían concluir a finales de 2011. El objetivo de la política comercial y de inversión de la UE es que el crecimiento económico sea sostenible, que genere riqueza y que cree empleo. Recordemos que la conclusión de las relaciones comerciales con nuestros socios estratégicos permitirá a la UE tener una valor añadido del 1 % del PIB en 2020, que se ha correspondido con 120 000 millones de euros en 2010, beneficiando a consumidores y empresas al mismo nivel. Con este fin, y sin cuestionar el papel desempeñado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), es crucial liberalizar el comercio mediante la concertación de todas las negociaciones en curso en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo (PDD), del que forman parte las relaciones comerciales entre la UE y Canadá. Aunque todavía quedan algunas cuestiones por resolver, como el impacto negativo que tienen en la biodiversidad la extracción de arenas bituminosas y de algunos productos derivados de la foca, he votado a favor no solo porque prácticamente se haya resuelto el problema de la contratación pública, sino también por los beneficios que esto aporta a los Estados miembros, así como para impedir que las negociaciones sufran retrasos.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El primer elemento en el preámbulo muestra la visión rectora de este informe: afirma que el sistema multilateral de comercio establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC) sigue representando el marco más adecuado para regular y promover el comercio abierto y justo. Continúa abogando por la conclusión exitosa de la Ronda de Doha.

Esta es una visión que se desarrolla en los puntos posteriores de una resolución con la que, naturalmente, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, de hecho, al igual que los millones de trabajadores, agricultores, propietarios de pequeñas y medianas empresas, y muchos otros en todo el mundo que, desde hace años, apuntan con el dedo acusador a la OMC, por su objetivo de liberalizar el comercio y por los intereses que sirve: los de las multinacionales, los de las grandes empresas e instituciones financieras, que acumulan millones a costa del sacrificio de millones de puestos de trabajo y de los derechos laborales y sociales, destruyendo a los pequeños y medianos productores y degradando el medio ambiente.

El acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá, al igual que los demás, también cubre los servicios y, además, se expresan preocupaciones dignas, pero incoherentes, en relación con las «listas negativas» o con otros servicios, algo que no suprime las amenazas que también se ciernen sobre los servicios públicos. Hay razones más que suficientes para votar en contra.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La Unión Europea sigue desarrollando su política comercial con consecuencias que afectan a los distintos Estados miembros de forma bastante diferente.

Los acuerdos que dan expresión concreta a esta política se basan fundamentalmente en el libre comercio, cuyos objetivos y efectos se demuestran claramente en la retórica asociada: la de los denominados «intereses ofensivos», como si estuviéramos hablando de una guerra.

Por lo general, son acuerdos que carecen cada vez más de legitimidad democrática, ya que casi siempre son negociados en el mayor secreto, a espaldas del público, en un intento de encubrir su impacto económico, social y ambiental, con el fin de evitar el debate y las explicaciones.

Con negociaciones que parecen estar bastante avanzadas y con una conclusión prevista para 2011, aún hay que debatir largo y tendido acerca de su impacto en los distintos sectores y países.

Sin embargo, el contenido de este acuerdo no es nada nuevo: la apertura de los mercados y la liberalización de los servicios, incluida la creciente comercialización de los servicios públicos, que están a merced de los intereses de las multinacionales, y que causan problemas para los ciudadanos.

Las consecuencias son bien conocidas: la dominación de los mercados por unos pocos, la destrucción de los sistemas de producción más débiles y el aumento de los pretextos para atacar los derechos, las condiciones de vida y las condiciones laborales.

  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) La UE inició las negociaciones sobre el acuerdo económico y comercial global con Canadá en 2009. El posible acuerdo cubre una amplia variedad de temas: el comercio de bienes y servicios, los derechos de propiedad intelectual, la contratación pública, la cooperación regulatoria, la inversión, la migración temporal, la política de competencia y las normas de empleo y ambientales. En mi opinión, es justo para ambas partes priorizar los esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre varios puntos fundamentales, tales como las cuestiones de la contratación pública, la inversión y los servicios públicos.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) He acogido con satisfacción el documento debido a que la Unión Europea y Canadá tienen una estrecha relación en términos de comercio e inversión extranjera directa. Las negociaciones en curso sobre un acuerdo económico y comercial global tienen como objetivo alcanzar un acuerdo muy avanzado, superando en su nivel de ambición cualquier acuerdo comercial y económico negociado hasta la fecha, ya sea por parte de la UE o por parte de Canadá, que podría reforzar aún más la actual y fuerte relación bilateral en materia de comercio e inversión. Acojo con beneplácito también un acuerdo con Canadá que vaya más allá de los compromisos de la OMC y que complemente las normas multilaterales, a condición de que las negociaciones resulten en un acuerdo equilibrado, ambicioso y de gran calidad. Considero que los capítulos dedicados a la agricultura constituirán un aspecto importante para ambas partes en estas negociaciones. Me preocupan las posibles concesiones sustanciales en el ámbito de los organismos modificados genéticamente, la leche y el etiquetado de origen. Por tanto, deben tenerse totalmente en cuenta los intereses y las prioridades de la agricultura y, además, el acuerdo debe beneficiar a los consumidores de la UE y de Canadá y también a los sectores agrícolas de ambas partes, y garantizar, en un resultado general equilibrado, mayor competencia leal entre los proveedores de productos agrícolas de ambas potencias. Acojo con satisfacción el compromiso inicial de ambas partes de no mantener, introducir ni reintroducir las subvenciones a la exportación agrícola para los productos agrícolas comercializados, un aspecto positivo a favor de estas negociaciones ambiciosas y justas. También me complace que el acuerdo coopere en las negociaciones agrícolas de la OMC.

  Elisabeth Köstinger (PPE), por escrito. – (DE) La Unión Europea y Canadá han mantenido relaciones comerciales sólidas y favorables durante muchos años. Sin embargo, el potencial de la cooperación económica está lejos de agotarse y, por tanto, acojo con satisfacción las negociaciones en relación con el acuerdo económico y comercial global. Sin embargo, los avances en las negociaciones de la OMC deben prevalecer sobre los acuerdos bilaterales. Esta resolución abarca una serie de temas importantes. En particular el apoyo a las reservas expresadas por el Parlamento Europeo en relación con el posible impacto negativo en la agricultura europea. Hay que preservar el principio de reciprocidad a fin de asegurar un acuerdo sólido y sostenible para ambas partes. En este contexto, me gustaría hacer referencia, en particular, al debate sobre el etiquetado de origen del ganado sacrificado, en el que debemos llegar a una conclusión, y también me gustaría mencionar los obstáculos técnicos y arancelarios, tales como los prolongados procedimientos de aprobación para los productos de la UE. Sin duda alguna, el objetivo del acuerdo económico y comercial global debe ser la competencia leal.

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), por escrito. – (PL) En vista del hecho de que la Unión Europea es el segundo socio comercial más importante de Canadá y de que Canadá es un socio importante para la UE en el ámbito de la inversión extranjera directa, he votado a favor de la propuesta de resolución sobre las relaciones comerciales entre la UE y Canadá. Al mismo tiempo, me gustaría hacer hincapié en que Polonia es el mayor socio comercial de Canadá entre los países de Europa Central y Oriental y, desde hace doce años aproximadamente, ha mantenido un superávit comercial bilateral que ha crecido año tras año. La votación de hoy es un paso clave con buenos augurios para el futuro.

  David Martin (S&D), por escrito. – Me complace que se haya adoptado mi enmienda, que «toma nota de los recientes cambios legislativos con respecto a la prohibición en la UE de productos derivados de la foca, en particular la solicitud presentada por Canadá ante la OMC para que se establezca un grupo formal para la solución de diferencias; espera de la Comisión que se mantenga firme en la posición de la UE de prohibir los productos derivados de las focas; confía firmemente en que los desacuerdos entre las partes puedan superarse de forme amistosa y sin que ello afecte a las negociaciones sobre el acuerdo económico y comercial global».

  Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) Las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Canadá pueden ir mucho más allá de los compromisos asumidos a través de la Organización Mundial del Comercio, siempre y cuando se basen en un acuerdo equilibrado, una garantía de un acceso adecuado recíproco a sus mercados y una mayor protección de las marcas, las patentes y las indicaciones geográficas. A nuestro juicio, se necesitan nuevas inversiones a fin de garantizar el respeto del medio ambiente y las buenas condiciones laborales. Habida cuenta de que el sector agrícola es de importancia fundamental, instamos a la Comisión a negociar un acuerdo que sea beneficioso para los productores y consumidores, y que garantice una competencia leal entre los proveedores de productos agrícolas de la Unión Europea y Canadá. Por último, creemos que el Consejo debe obtener la aprobación del Parlamento antes de firmar cualquier otro acuerdo comercial internacional, y que el Parlamento debe estar informado en todas las fases del procedimiento con el fin de garantizar un mayor control democrático. Esta es la única manera de que podamos conseguir un mayor crecimiento en el comercio y las inversiones entre la Unión Europea y Canadá.

  Véronique Mathieu (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución, pero en contra de la enmienda 10, que apoya la prohibición de importar productos de foca impuesta por la UE. Esta prohibición no está justificada, ni científica ni legalmente. De hecho, las conclusiones del dictamen científico presentado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria a finales de 2007 se basan en los datos relativos al sacrificio de los animales en los mataderos y no son fiables en cuanto a la caza de focas. La base legal es cuestionable, ya que la opinión jurídica del Parlamento Europeo, de 1 de abril de 2009, indica: «Parece prácticamente imposible justificar la prohibición sobre la base exclusiva del bienestar animal, ya que el Tratado no contiene ninguna base jurídica sobre el bienestar animal». La protección de las especies, por su parte, no está en juego; su población incluso se h a triplicado en Groenlandia durante 25 años. Por último, un embargo sobre el que la Comisión ofrece garantías de que no se producirá ningún impacto en la caza tradicional de los esquimales es poco realista. En este contexto, está justificada la solicitud presentada por Canadá ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la creación de un cuerpo especial de solución de controversias en relación con el embargo europeo.

  Arlene McCarthy (S&D), por escrito. – El Parlamento ha transmitido una señal fuerte en su resolución sobre las negociaciones comerciales UE-Canadá de que defenderá su legislación con rigor para prohibir los productos derivados de focas en el mercado de la UE. Los ciudadanos de la UE exigen que actuemos para que los productos de caza comercial cruel se mantengan fuera de la UE. Canadá no tiene derecho a tratar de socavar la voluntad democrática de los ciudadanos europeos llevando nuestra legislación no discriminatoria que prohíbe los productos derivados de focas ante la Organización Mundial del Comercio. Solo se podrán estrechar los lazos comerciales entre la UE y Canadá si se respetan los deseos de los ciudadanos europeos y la legislación europea.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) La Comisión Europea está a punto de concluir las negociaciones con Canadá sobre un acuerdo de libre comercio de un alcance sin precedentes. Se ha estado negociando desde el año 2004. Los ciudadanos europeos nunca han sido consultados y ni siquiera informados. El informe da la bienvenida a este acuerdo perjudicial cuyo contenido solo se ha revelado a través de filtraciones. Esto es inaceptable. Voy a votar en contra del informe y condeno este acuerdo, que da a la gente de Europa un papel subordinado, siguiendo el ejemplo del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La relación histórica entre Europa y Canadá es larga, e incluso anterior a la UE. Además, compartimos los mismos valores y principios, lo que nos convierte en aliados preferenciales en la situación geoestratégica mundial. Ha habido un progreso significativo en las relaciones comerciales, aunque todavía no hay ningún acuerdo global. Yo creo que debemos continuar haciendo todo lo posible para llegar a un acuerdo que satisfaga a todos, ya que será muy importante para el desarrollo económico de ambas partes.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – El posible acuerdo cubre una amplia variedad de temas: el comercio de bienes y servicios, los derechos de propiedad intelectual, la contratación pública, la cooperación regulatoria, la inversión, la migración temporal (modo IV), la política de competencia y las normas laborales y ambientales. Ambas partes todavía tienen que llegar a un acuerdo en varios capítulos cruciales de las negociaciones, entre otros, el acceso a la contratación pública, la inversión y los servicios públicos. Hay otras dos cuestiones que surgieron en las negociaciones que son muy sensibles en el Parlamento Europeo. La primera cuestión se refiere las arenas bituminosas de Canadá y a la Directiva de la UE relativa a la calidad de los combustibles. La Directiva de la UE relativa a la calidad de los combustibles ha sido objeto de un amplio debate en la Comisión de Medio Ambiente. Hasta el momento, el Gobierno de Canadá cree que esta Directiva discrimina entre las importaciones canadienses de petróleo y las importaciones de petróleo de otros países. Considero que el acuerdo llega demasiado pronto. La segunda cuestión es la prohibición de la UE de productos de foca y es muy importante. Este acuerdo podría reforzar la fuerte relación bilateral ya existente entre la UE y Canadá en materia de comercio e inversión; sin embargo, debe beneficiar a ambas partes y, por tanto, he decidido abstenerme de votar por el momento.

  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. – (LT) Un acuerdo progresivo fomentará y acelerará las relaciones activas en materia de inversión y comercio entre la UE y Canadá. La liberalización de las relaciones comerciales traerá beneficios mutuos para los actores empresariales y creará condiciones de inversión más favorables. Si queremos conseguir un acuerdo integral de alta calidad que vaya más allá de los compromisos de la OMC, ninguna de las partes debe expresar exigencias que entren en conflicto con sus políticas nacionales ni con sus compromisos institucionales. Además, en caso de disputas comerciales, debe aplicarse el principio de reciprocidad, debe mejorarse la protección de los derechos de propiedad intelectual y debe haber un acceso recíproco a los servicios y mercados de contratación pública. Se debe prestar especial atención al sector agrícola y a los consumidores. Tenemos que mantener una postura firme sobre los OGM, la leche y el etiquetado de origen. Debemos garantizar una mayor competencia leal entre los proveedores de productos agrícolas. Creo que la Comisión debe iniciar negociaciones con Canadá en materia de inversión una vez que el Parlamento haya expresado su posición sobre la futura política de inversiones de la UE. Debemos proteger a los sectores más sensibles de las partes, de modo que queden excluidos del ámbito de aplicación de los acuerdos de inversión. La Comisión debe adoptar una postura firme sobre la prohibición de productos de foca y, en este sentido, Canadá debe retirar su exigencia de que la OMC establezca un grupo especial de solución de controversias formal. Tal exigencia no se ajusta a los principios de las relaciones comerciales positivas.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) Acojo con satisfacción esta resolución del Parlamento Europeo sobre las relaciones comerciales entre la UE y Canadá. Existe una alianza natural entre la UE y Canadá fundada en las similitudes culturales y una larga historia compartida. Es natural, por lo tanto, que los sectores privados tanto en la UE como en Canadá hayan mostrado su firme apoyo a un acuerdo económico ambicioso y global, y creemos que avanzar hacia una relación económica más estrecha entre la UE y Canadá enviaría una poderosa señal de crecimiento a favor de los inversores y las empresas dentro de la UE y Canadá, así como a escala internacional. Por lo tanto, acojo con beneplácito un acuerdo con Canadá que vaya más allá de los compromisos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que complemente las normas multilaterales, a condición de que las negociaciones resulten en un acuerdo ambicioso y de alta calidad, basado en la reciprocidad, y que vaya más allá de las meras reducciones arancelarias. Yo, sin embargo, advertiría de la necesidad de considerar el impacto económico de esta apertura, sobre todo, en los Estados miembros, cuyas economías son más vulnerables.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) En la actualidad, el sistema comercial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) parece ser la mejor manera de ofrecer un marco de referencia para las relaciones económicas entre los estados. Sin embargo, no impide que los Estados o las organizaciones supranacionales amplíen sus relaciones económicas más allá de la norma común. Por lo tanto, una relación económica muy estrecha entre la UE y Canadá parece estar justificada. Como se subraya en el informe, la UE es el segundo socio comercial más importante de Canadá. Por su parte, en 1976, Canadá se convirtió en el primer país industrializado con el que la UE firmó un acuerdo marco de cooperación comercial y económica, y es la cuarta fuente más importante de la UE en materia de inversión extranjera directa. Un acuerdo podría dar lugar a que las relaciones entre ambas potencias alcancen un mayor nivel de cooperación económica, creando incluso vínculos más estrechos entre estas dos zonas, que ya están estrechamente vinculadas por un enfoque cultural común.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – He votado a favor. Las negociaciones con Canadá sobre un ambicioso acuerdo económico y comercial global se encuentran muy avanzadas y podrían concluirse el próximo otoño. Este acuerdo es el acuerdo bilateral más ambicioso que la UE ha negociado en el marco de la estrategia comercial «Europa Global». Incluye capítulos de gran alcance sobre servicios, contratación, protección de la inversión, protección de la propiedad intelectual y cooperación regulatoria.

  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito. – (PL) Las relaciones económicas entre la UE y Canadá tienen una importancia fundamental para el desarrollo del diálogo entre las dos partes. Después de los Estados Unidos, la UE es el mayor socio comercial de Canadá, mientras que Canadá es el undécimo socio comercial más importante de la UE. El objetivo de las negociaciones en curso sobre un acuerdo económico y comercial global es concluir un acuerdo muy amplio, con objetivos más ambiciosos que cualquiera de los acuerdos económicos y comerciales negociados hasta la fecha por la UE o Canadá. Las relaciones bilaterales de comercio e inversión ya son fuertes, y esto puede dar lugar a que sean aún más fuertes. Según el informe conjunto de expertos de la UE y Canadá, la celebración de un acuerdo económico y comercial global tiene como objetivo proporcionar beneficios económicos tangibles, que será el resultado de la liberalización del comercio y la eliminación de las barreras arancelarias. No obstante, persisten algunos problemas en relación con este acuerdo, algo que puede tener un impacto negativo en el sector agrícola de la UE.

En mi opinión, aún queda trabajo por hacer en relación con las diferencias entre las normas sanitarias y fitosanitarias en vigor en la Unión Europea y en Canadá. Además, aún queda trabajo por hacer para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales en Canadá con las que están en vigor en la UE. En relación con lo anterior, considero que es necesario llevar a cabo un análisis y una evaluación exhaustivos de las normas que acabo de mencionar.

  Derek Vaughan (S&D), por escrito. – Acojo con satisfacción la resolución de hoy, que destaca los avances en las negociaciones para un acuerdo comercial de la UE con Canadá. Canadá es un importante socio comercial potencial de la UE, y ambas partes se beneficiarán de este acuerdo. Sin embargo, hay algunas preocupaciones que la Comisión debe tener en cuenta: el impacto ambiental de la extracción de petróleo de las arenas bituminosas y la salud de los trabajadores que extraen amianto son dos cuestiones que deben examinarse con detenimiento. Estoy a favor de solicitar que Canadá retire su recurso ante la OMC sobre la prohibición de la UE de productos de foca y me complace que el Parlamento haya adoptado las enmiendas que esbozan esta posición. La Comisión también debe adoptar una posición fuerte para proteger la prohibición. Los derechos de propiedad intelectual también deben respetarse con el uso de patentes y marcas comerciales. Confío en que la Comisión aborde y considere estos problemas, y en que consigamos adoptar un acuerdo comercial eficaz.

Informe: Wolf Klinz (A7-0081/2011)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Voy a votar a favor de este informe de propia iniciativa, ya que aborda los temas de actualidad en el debate interminable sobre la industria de calificación: en concreto, la falta de competencia, las estructuras de oligopolio y la falta de responsabilidad pública y de transparencia, sobre todo, en relación con la calificación de la deuda soberana.

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución sobre las agencias de calificación crediticia: perspectivas futuras. Las calificaciones de las agencias tienen varios fines útiles: compilan la información sobre la calidad crediticia de los emisores en un entorno mundial. Las calificaciones permiten a los emisores acceder a los mercados mundiales y nacionales, reduciendo el coste de la información y ampliando el campo de inversores potenciales, facilitando así liquidez a los mercados y contribuyendo a encontrar precios. La reciente crisis financiera ha puesto de manifiesto que hay tres problemas clave en el sector: la falta de competencia, la excesiva dependencia de las calificaciones externas en el marco regulatorio y la ausencia de responsabilidad de las agencias por las calificaciones realizadas. Comparto la opinión del ponente de que las calificaciones crediticias no son solo meras opiniones y que las agencias de calificación crediticia deben responsabilizarse de sus calificaciones. Por tanto, su exposición a la responsabilidad civil debe aumentarse a fin de manifestar una amenaza creíble.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe del señor Klinz sobre las agencias de calificación crediticia. Las agencias de calificación son útiles porque proporcionan información sobre la calidad de los productos de crédito, lo que permite a los deudores y los inversores acceder a los mercados mundiales y nacionales y, en última instancia, ayudan a fijar los precios. Sin embargo, la crisis ha demostrado los peligros creados por el sistema actual: la falta de competencia y la falta de responsabilidad y transparencia de las agencias, en particular. Este es un informe de propia iniciativa que pide a la Comisión Europea que identifique con claridad las deficiencias del marco actual y que presente un estudio de impacto en el que esboce las posibles alternativas diferentes para mejorar el sistema, incluyendo la nueva legislación si fuera necesario. Insto a la Comisión a que responda a nuestra solicitud lo más pronto posible.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de este importante documento. Las agencias de calificación no solo evalúan a las empresas de capital privado y sus productos, sino también a los países. Las condiciones por las que un país puede esperar prestaciones en los mercados internacionales dependerán de la calificación que reciba. Las calificaciones negativas frente a las dificultades financieras introducen a un país en una especie de espiral de la deuda, debido a una calificación de caída aumenta el coste de los préstamos aún más y hace que la situación económica del país sea aún peor. Todos los participantes del mercado y sus supervisores deben conocer los criterios utilizados para establecer calificaciones y para ser capaces de comprobarlas ellos mismos. Instamos a la Comisión y a los países del G-20 a que establezcan un nuevo enfoque global en materia de evaluación, lo que reduciría la probabilidad de errores, regularía las actividades de las empresas que participan en las calificaciones y reduciría el riesgo asociado con la evaluación financiera. Acojo con satisfacción y, en varias ocasiones, he reiterado la propuesta de que Europa necesita urgentemente establecer su propia agencia de calificación crediticia, lo que produciría evaluaciones objetivas e independientes. También me complace la solicitud que se hace en el informe de establecer nuestra propia agencia de calificación crediticia, que, según las propuestas, en un principio recibiría el nombre de Fundación europea de calificación crediticia.

Las posibilidades de que todos los Estados miembros de la UE puedan recibir prestaciones en los mercados internacionales con las condiciones adecuadas, así como la estabilidad de todo el sistema financiero mundial y la eficacia de la prevención de crisis, dependerán del éxito que experimentemos en la reforma de la evaluación financiera.

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) Las agencias de calificación crediticia (ACC) evalúan a los países, a las instituciones y a las empresas, mediante la asignación de calificaciones de riesgo en cuanto a su capacidad para pagar sus deudas en la fecha acordada. El Reglamento (CE) nº 1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia fue adoptado como una primera reacción a la crisis financiera. Este Reglamento trata las cuestiones más apremiantes, sometiendo a estas agencias a supervisión y regulación. Sin embargo, no resuelve todos los problemas.

De hecho, la crisis financiera ha demostrado que hay tres problemas clave en la forma en que estas agencias operan: la falta de competencia, el exceso de confianza en las calificaciones externas y la ausencia de responsabilidad. Este informe, por el que he votado a favor, pide a la Comisión Europea que identifique las deficiencias y que presente una evaluación del impacto sobre las alternativas posibles, incluyendo las nuevas propuestas legislativas. También pide a la Comisión Europea que evalúe los costes y los beneficios derivados de la creación de una fundación europea de calificación crediticia totalmente independiente.

  Slavi Binev (NI), por escrito. – (BG) He apoyado la propuesta de informe, porque creo que la creación de agencias de calificación crediticia aumentará la competencia en este sector, que es un requisito previo para mejorar la calidad, reducir los costes de información y, por último, pero no menos importante, el aumento de la rendición de cuentas a los organismos competentes. Esto también ayudará a reducir la dependencia de las normas.

  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) He votado a favor del proyecto de informe del señor Klinz sobre las agencias de calificación crediticia, porque creo que el texto editado contiene muchos elementos positivos y buenas ideas. En particular, estoy de acuerdo con la aspiración de mejorar la transparencia, la integridad, la responsabilidad, la independencia y la fiabilidad de estos organismos. Es más, apoyo la idea del señor Klinz de establecer una fundación europea de calificación crediticia que sería independiente de los Estados y las instituciones, y comparto su opinión de que el oligopolio actual es un problema para el sector.

  Jan Březina (PPE), por escrito. – (CS) La reciente crisis financiera ha puesto de manifiesto tres problemas principales en el área de las agencias de calificación, que son la falta de competencia económica, la dependencia excesiva del marco normativo de las evaluaciones externas de calificación y el hecho de que las agencias de calificación no ofrecen ninguna garantía para sus calificaciones. No estoy seguro de que la propuesta del ponente de establecer una agencia europea de calificación sea una solución sensata. No hay ninguna garantía de que la agencia europea de calificación vaya a adquirir una buena reputación ni de que se vaya a convertir en un nuevo agente genuino entre las agencias de calificación, de que vaya a ser creíble, o de que sería capaz de convencer al mercado de su absoluta independencia de cualquier organismo público, ya sean los Estados miembros, la Comisión Europea o cualquier otra entidad pública.

La propuesta del ponente de establecer una red de agencias de calificación europeas me resulta más sensible, ya que la cooperación entre las agencias de calificación activas a escala nacional a la hora de utilizar los recursos financieros y humanos disponibles fomentaría la competencia en este ámbito abarcando una amplia variedad de actividades y diferentes mercados, permitiendo así alcanzar el mismo nivel de las grandes agencias de calificación que operan en el escenario mundial.

  John Bufton (EFD), por escrito. – He votado en contra de la posible adopción de una armonización comunitaria de las agencias de calificación crediticia porque las normas pueden variar, y necesariamente, entre los Estados miembros. Sin una moneda común, y en vista de la volatilidad de los mercados, particularmente en las economías deficientes de la zona del euro, el Reino Unido se enfrenta a la posibilidad de ser atrapado en un lodazal de las calificaciones crediticias armonizado que tendría que abarcar todas las circunstancias económicas de toda la Unión y podría exponer a la industria y a las empresas del Reino Unido a empresas peligrosas respaldadas por calificaciones crediticias a escala de la UE. Depende de las economías independientes en los Estados miembros independientes determinar sus condiciones y limitaciones relativas a la calificación crediticia.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Teniendo en cuenta las consecuencias que las calificaciones crediticias de la deuda soberana pueden tener para el mercado, los saldos presupuestarios y el bienestar general del pueblo, es imperativo que estas se basen en hechos y cifras confiables. Con el fin de preservar la veracidad y la justicia de estas calificaciones, existe una necesidad de aumentar la transparencia de estas decisiones, así como la rendición de cuentas de estos organismos. Por lo tanto, apoyo y acojo con satisfacción el establecimiento de prioridades para la regulación de las agencias de calificación crediticia que se ha propuesto hoy, algo que considero esencial para superar los problemas en este sector.

  Nessa Childers (S&D), por escrito. – La situación relacionada con las agencias de calificación crediticia debe abordarse en el ámbito de Europa. Estos organismos privados con fines lucrativos tienen demasiado poder sobre los gobiernos soberanos, y apoyo plenamente los planes para abordar esta anomalía a escala europea.

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) He votado en contra del informe sobre las agencias de calificación crediticia. Es políticamente inaceptable y económicamente peligroso que estos organismos, que han jugado un papel negativo en la crisis actual, sigan teniendo el derecho, reconocido por la propia UE, a calificar no solo a las empresas, sino también las economías de los Estados miembros. El Parlamento Europeo debería ser más decisivo y radical en sus decisiones sobre la acción de las agencias de calificación crediticia, sobre todo, después del daño que han causado a las economías europeas y a los ciudadanos de Europa. Sin embargo, el informe no tiene espinas. El Reglamento que propone es cobarde y la falta de transparencia en torno a las agencias de calificación, básicamente, sigue siendo la misma que antes. En ningún caso se ha resuelto el problema de las calificaciones de las empresas privadas egoístas, ya sean estadounidenses ahora o europeas en el futuro, que solo fomentan la mafia de la especulación. El informe debe promover una agencia pública controlada de forma democrática que no tenga nada que ver con los intereses privados y que pueda desempeñar una función particular en el marco de la solidaridad entre los Estados y sus ciudadanos.

  Lara Comi (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de este informe, ya que expone la situación en relación con las agencias de calificación crediticia (ACC) de manera clara y objetiva. Yo también creo que las ACC desempeñan un papel necesario y muy útil en la destilación y simplificación del torrente de información sobre los mercados financieros, tanto en términos de la solvencia y fiabilidad de los emisores de la deuda, como en relación con los instrumentos financieros. Sin embargo, como el señor Klinz señala con razón, este modelo de negocio plantea el riesgo de desviar la atención de la protección de los inversores y de centrarla en la protección de los emisores de deuda, a menos que sea adopten medidas correctivas adecuadas. No creo que se pueda mejorar la competencia, ya que la proliferación de las agencias podría socavar la credibilidad de las calificaciones. Sin embargo, creo que una mayor competencia podría traducirse en una mayor objetividad y un trabajo más exhaustivo, que no solo protegería los asuntos de unos pocos, sino que ayudaría a reducir los desequilibrios de la información, lo que equivale a proteger el buen funcionamiento de los mercados y también el interés general.

  George Sabin Cutaş (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de la resolución sobre las agencias de calificación de crédito, pues creo que necesitamos una nueva agencia crediticia europea que introduzca un método alternativo de operación y más competencia en este sector. La crisis financiera nos ha enseñado que no podemos seguir aceptando la estructura de oligopolio, ni la falta de transparencia ni la ausencia de rendición de cuentas de las actuales agencias de calificación crediticia.

  Rachida Dati (PPE) , por escrito. – (FR) He votado a favor del informe del señor Klinz. Contiene algunas propuestas interesantes para promover el marco necesario para las agencias de calificación crediticia. La situación actual en la zona del euro nos recuerda casi a diario el impacto de las decisiones adoptadas por estos organismos y la dependencia del sistema global de regulación financiera de estas agencias. Acojo con especial satisfacción la solicitud formulada a la Comisión Europea para estudiar la viabilidad de la introducción de una fundación europea de calificación crediticia totalmente independiente. Esta es una propuesta concreta que nos permitiría hacer frente a la excesiva dependencia del sistema global de regulación financiera para algunas calificaciones de crédito que no tienen carácter público.

  Proinsias De Rossa (S&D), por escrito. – Estoy a favor de este informe sobre el futuro de las agencias de calificación crediticia (ACC). La reciente crisis financiera ha puesto de manifiesto que existen grandes problemas con este negocio, tales como el exceso de confianza en las calificaciones externas en el marco de regulación y la falta de responsabilidad de estas agencias en relación con sus calificaciones. De hecho, las agencias de calificación crediticia han desempeñado un papel importante en la preparación para la crisis financiera mediante la asignación de calificaciones deficientes a los instrumentos financieros estructurados. Este informe, previo a la propuesta legislativa que la Comisión está elaborando para presentarla en otoño, trata estas cuestiones y pide: una revisión de si los Estados miembros utilizan las calificaciones a efectos regulatorios, y cómo lo hacen, a fin de reducir el exceso de confianza general que el sistema regulatorio financiero tiene en ellas; una evaluación de impacto detallada y un estudio de viabilidad de los costes, los beneficios y la estructura de gobernanza potencial de una fundación europea de calificación crediticia totalmente independiente; la exploración del establecimiento de una agencia europea de calificación crediticia; y el establecimiento de un índice europeo de calificación crediticia que incorpore todas las calificaciones de las agencias de calificación crediticia registradas que estén disponibles en el mercado.

  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) Una tras otra, las agencias de calificación crediticia están rebajando las calificaciones crediticias de los países europeos más afectados por la crisis o colocándolos en «alerta negativa». Estoy hablando de Portugal, Irlanda, Grecia y España. Aunque las agencias no pueden haber provocado la crisis financiera mundial, las acciones que estas han llevado a cabo la han agravado. De hecho, favorecen la especulación, poniendo en peligro las posibilidades de éxito de los planes de recuperación ya draconianos impuestos a sus pueblos. Por este motivo, es urgente crear una agencia europea de calificación crediticia, adoptando para ello una base jurídica de una fundación independiente. También hay que poner fin a los conflictos de intereses inherentes a las agencias de calificación crediticia, que están en condiciones de emitir calificaciones, al mismo tiempo que actúan como consultores. Se trata de un cambio que debe ir acompañado de la evaluación de la Comisión de la necesidad de divulgar más información de todos los productos en ámbito de los instrumentos financieros.

  Anne Delvaux (PPE), por escrito. – (FR) Desde que empezó la crisis económica y financiera, no se ha hablado de otra cosa que no sean las agencias de calificación crediticia. Sin embargo, ¿qué pensamos acerca de su nueva función clave? El Parlamento Europeo ha abordado esta cuestión. Aunque las calificaciones de las agencias tienen varios fines útiles (por ejemplo, compilan información sobre la calidad crediticia de los emisores, que es particularmente útil en nuestro entorno mundial), la evolución del marco regulatorio ha convertido a estos «intermediarios de la información» en entidades que cuentan con un poder regulador de facto, un error en el que no debemos incurrir.

La reciente crisis financiera ha puesto de manifiesto que hay tres problemas clave en el sector: la falta de competencia, la excesiva dependencia de las calificaciones externas en el marco regulatorio y la ausencia de responsabilidad de las agencias por las calificaciones realizadas.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) El papel desempeñado por las agencias de calificación crediticia (ACC) es sin duda importante para la economía de mercado actual. Estas agencias comenzaron como intermediarios de la información, facilitando el acceso al mercado de los emisores de deuda y los inversores, lo que permite reducir los costes de información y, por tanto, una mayor liquidez y transparencia. Sin embargo, como es el caso en muchas otras áreas de este sector, la crisis ha demostrado tres problemas clave: la falta de competencia, la excesiva dependencia de las calificaciones externas en el marco regulatorio y la ausencia de responsabilidad de las agencias por las calificaciones realizadas. Hay una necesidad urgente de revisar el papel de estos organismos para regular el mercado financiero mundial y encontrar soluciones eficaces para su falta de competencia. También es crucial evaluar los conflictos de interés en este modelo empresarial.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Las agencias de calificación crediticia (ACC) se ocupan de tres sectores distintos: el sector público, las empresas y los instrumentos financieros estructurados, y que tuvieron un importante papel en la evolución que desencadenó la crisis financiera, al atribuir calificaciones erróneas a instrumentos financieros estructurados, que tuvieron que rebajarse en promedio tres o cuatro grados durante la crisis. El Reglamento (CE) n° 1060/2009 fue la primera reacción a la crisis financiera y aborda los problemas más apremiantes, sometiendo a las agencias de calificación a supervisión y regulación. Sin embargo, espero que sea obligatoria una mayor transparencia en las acciones de estas agencias. La falta de seguridad jurídica en este sector representa un peligro para el correcto funcionamiento de los mercados financieros de la UE y exige por tanto que, antes de proponer nuevas enmiendas al Reglamento (CE) n° 1060/2009, la Comisión Europea defina correctamente las carencias del nuevo marco y facilite una evaluación de impacto de las diferentes alternativas disponibles para colmar dichas carencias, incluida la posibilidad de formular nuevas propuestas legislativas. El sector de la calificación crediticia se enfrenta a varios problemas, siendo los más importantes la falta de competencia y las estructuras de oligopolio, así como la falta de responsabilidad pública y de transparencia.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La situación en los últimos años ha demostrado a fondo lo la poca credibilidad que tienen las agencias de calificación crediticia (ACC). Sin embargo, siguen teniendo carta blanca, y sus acciones son muy perjudiciales, especialmente para los países con economías más débiles. Como entidades que dependen del sistema financiero y partes interesadas en gran medida en las calificaciones que emiten, se ganan la vida, sobre todo, estimulando de manera desproporcionada el crédito y la especulación financiera capitalista. Estas agencias son una clara expresión de la financiarización de la economía —que no se traduce ni se corresponde con los incrementos reales en la actividad productiva— y constituyen una parte central de la estrategia de desarrollo del neoliberalismo, que siempre está al acecho de niveles de beneficio que la producción real no puede garantizar, a causa de la tendencia tan bien conocida orientada a las ganancias decrecientes.

Si bien este informe hace algunas críticas de la forma en que operan estas agencias, la verdad es que nunca se llega al fondo de la cuestión, o propone el control público del sector financiero, a fin de no poner en peligro los intereses de las grandes empresas e instituciones financieras. Este es un tema clave. Por tanto, pedimos una regulación eficaz del sector financiero, y poner fin a la liberalización de los movimientos de capitales, los paraísos fiscales, a los derivados, así como a las agencias de calificación crediticia y a sus operaciones.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Sabemos —como bien se ha demostrado en los últimos años— que las agencias de calificación crediticia (ACC) no son creíbles, pero sus acciones, sin embargo, siguen siendo muy perjudiciales, sobre todo, para los países con economías más débiles, y se ganan la vida, por encima de todo, estimulando de manera desproporcionada el crédito y la especulación financiera capitalista.

Sobre todo, son el resultado de la financiarización de la economía —que no se traduce ni se corresponde con los incrementos reales en la actividad productiva— y constituyen una parte central de la estrategia de desarrollo del neoliberalismo, que siempre está al acecho de niveles de beneficio que la producción real no puede garantizar.

Si bien este informe hace algunas críticas de la forma en que operan estas agencias, la verdad es que nunca se llega al fondo de la cuestión, o propone el control público del sector financiero, a fin de no poner en peligro los intereses de las grandes empresas e instituciones financieras.

Por tanto, pedimos una regulación eficaz del sector financiero, y poner fin a la liberalización de los movimientos de capitales, los paraísos fiscales, a los derivados, así como a las agencias de calificación crediticia y a sus operaciones. Necesitamos una política fiscal diferente que contribuya al crecimiento económico, a la justicia social y al equilibrio de las cuentas públicas, de modo que pueda contribuir a poner fin a los beneficios fiscales disponibles en los paraísos fiscales, a la tributación de los beneficios obtenidos en la bolsa, y a la introducción de un impuesto adicional sobre los beneficios de las grandes empresas e instituciones financieras.

  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) Este informe se refiere a cuestiones de extrema importancia en relación con el sector de la calificación, incluida la falta de competencia, la estructura de oligopolio y la falta de rendición de cuentas y transparencia, especialmente en la calificación de la deuda pública. En mi opinión, resulta fundamental adoptar medidas para crear una agencia de calificación crediticia europea, que podría trabajar hacia un nuevo modelo de calificación crediticia y para crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de la competitividad genuina.

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), por escrito. – (GA) Sería positivo que las agencias de calificación crediticia fueran más responsables en el futuro. La verdad es que las agencias dieron la calificación más alta posible a muchos instrumentos financieros complejos, a instrumentos tóxicos, como hemos podido concluir después. El informe recomienda que los agentes del mercado deben realizar más y mejores análisis de riesgo a fin de que no tengan que fiarse demasiado de las agencias de calificación crediticia.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Casi todo el mercado de calificación crediticia, que a veces era obligatorio a efectos de regulación, está controlado por tres grandes agencias de los Estados Unidos. La apertura de este sector a la competencia, o la creación de una agencia pública europea, no va a cambiar la perversidad del sistema.

Ahora está más loco que nunca. Nadie sabe qué mercado o qué agencia dirige las reacciones de la otra; si la calificación baja de un país provoca el pánico sobre la deuda soberana, o si la especulación cínica conduce a una baja calificación; si una buena calificación tiene un impacto en ciertos activos conservados o si, por el hecho de ser buenos y de que alguien quiera conservarlos, los activos se califican de forma favorable. Controlar más de cerca las actividades de las agencias ofrece solo un servicio mínimo y, evidentemente, no va lo suficientemente lejos. A pesar de las críticas recurrentes que han recibido en Europa y en los Estados Unidos, la reputación de las agencias no se ha visto muy afectada realmente. Sin embargo, no cabe duda de que sí les afectaría el hecho de que fueran legal y financieramente responsables de las consecuencias de sus errores y de las evaluaciones irresponsables que han realizado. Una vez más, no resolveremos nada sin cambiar fundamentalmente el sistema en lugar de tratar de arreglarlo para garantizar su supervivencia.

  Roberto Gualtieri (S&D), por escrito. – (IT) La aprobación del informe del señor Klinz en el que se solicita una regulación eficaz de las agencias de calificación, el Parlamento da un paso más hacia una mayor transparencia en los mercados financieros. Es importante superar los problemas actuales propios del sector: la falta de competencia, la excesiva dependencia de las calificaciones en el marco regulatorio y la baja fiabilidad de las calificaciones.

En este sentido, resulta significativa la petición del Parlamento a la Comisión para que considere la creación de una agencia europea independiente que también podría ser responsable de las calificaciones de la deuda soberana. Habida cuenta de que el comportamiento irresponsable de las agencias de calificación crediticia (ACC) ha sido a menudo la causa inicial de la especulación que perjudica principalmente a los contribuyentes europeos, es sumamente importante revisar su papel en las calificaciones de la deuda soberana, como parte del proceso de reforma en curso, que se completará en otoño.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) He acogido con satisfacción este documento debido a que el sector de la calificación crediticia tiene varios problemas, destacando como los más graves las estructuras de oligopolio y la falta de competencia, transparencia y responsabilidad. En relación con las agencias de calificación crediticia dominantes, en particular, el modelo de pago es un problema, mientras que problema clave del sistema regulador es la excesiva dependencia de las calificaciones crediticias externas. Como bien saben, las agencias de calificación crediticia se ocupan de tres sectores distintos —el sector público, las empresas y los instrumentos financieros estructurados—. Hay un conflicto de interés inherente si los participantes del mercado diseñan las evaluaciones internas de riesgo crediticio a favor de sus propios requisitos de capital regulatorio. Veo la necesidad de aumentar las responsabilidades de los supervisores, la capacidad, las facultades y los recursos para vigilar, evaluar y supervisar la adecuación de los modelos internos y para la imposición de medidas cautelares. Creo que las calificaciones deben servir al propósito de aumentar la información para el mercado de una manera que ofrezca a los inversores una evaluación constante del riesgo de crédito en todos los sectores y países, y considero que es importante que los usuarios puedan examinar mejor las agencias de calificación crediticia. En este sentido, es necesario destacar la importancia de que haya una mayor transparencia en sus actividades. Creo firmemente que debemos apoyar la creación de nuevas agencias de calificación crediticia, evitando las distorsiones de la competencia.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) La resolución votada hoy establece una serie de medidas para reducir la actual dependencia de algunas fuentes de calificación. Además de un aumento de la competencia, estas medidas incluyen un uso más elevado y prudente de las calificaciones crediticias internas, sobre todo, por las grandes instituciones financieras que son capaces de realizar sus propias evaluaciones de riesgos. Estábamos un tanto divididos sobre este tema durante las fases iniciales, pero en las posiciones finales, logramos estar prácticamente de acuerdo. También se logró consenso sobre la cuestión de la transparencia, ya que apoyo la idea de obligar a todas las agencias de calificación crediticia registradas a llevar a cabo una revisión anual para evaluar sus evaluaciones de calificación crediticia anteriores para poder pasar esta información posteriormente al supervisor.

  Olle Ludvigsson (S&D), por escrito. – (SV) Los socialdemócratas suecos hemos apoyado hoy la convocatoria de la Comisión para llevar a cabo una investigación más detallada de las condiciones para la creación de una fundación europea de calificación crediticia o una agencia pública europea de calificación crediticia. Podemos ver que un organismo de calificación crediticia creado políticamente podría ser una manera de ejercer presión sobre las grandes agencias privadas. Al mismo tiempo, podemos ver los problemas potenciales. Por lo tanto, sería beneficioso tener una mejor idea de las ventajas y desventajas de este organismo con la ayuda de un estudio detallado. Una mejor base de conocimiento es un requisito previo para continuar debatiendo acerca de esta cuestión.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe. La reciente crisis financiera ha puesto de relieve que hay tres problemas clave en el sector de las agencias de calificación crediticia: la falta de competencia, la excesiva dependencia de las calificaciones externas en el marco regulatorio y la ausencia de responsabilidad de las agencias por las calificaciones realizadas. El informe sugiere formas de abordar cada uno de estos problemas.

  Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) La reciente crisis financiera ha puesto de relieve los tres problemas principales con las agencias de calificación crediticia: la falta de competencia, debido a la escasa importancia de las agencias de calificación crediticia en los mercados mundiales de capital, así como la incapacidad de competir, sobre todo, en términos de normas reglamentarias; la excesiva dependencia de las calificaciones externas en el marco regulatorio para la formulación de normas, leyes y reglamentos (por ejemplo, el uso cada vez más frecuente en la determinación de los requisitos de capital), así como la confianza del Banco Central en las calificaciones externas de crédito; y, por último, la ausencia de responsabilidad de las agencias por las calificaciones realizadas, en cuyo caso, el informe también propone fomentar la creación de una red europea de agencias de calificación crediticia. Estamos de acuerdo, en este sentido, con la importancia de que el hecho de facilitar información más amplia para los inversores y participantes en el mercado solo debería estar autorizado para invertir en instrumentos financieros derivados, si pueden demostrar que tienen comprensión y capacidad para evaluar el riesgo de crédito que el producto conlleva. Por último, apoyamos la idea de establecer una fundación europea de calificación crediticia totalmente independiente que no sea de carácter público.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Este texto hipócrita afirma que el principal problema de las agencias de calificación de crédito es que obstaculizan la competencia. Su solución a la «excesiva dependencia» que los bancos tienen de estos organismos es que los bancos evalúen los mismos riesgos por sí mismos. ¡Los bancos han de ser responsables de medir la austeridad! Si no son capaces de hacerlo, se les pide que se apliquen por lo menos la calificación favorable para dotarse de la máxima protección. El problema no es la protección de los intereses de los bancos, sino proteger el interés general. Una vez más, el pueblo ocupa la última posición en la lista de prioridades de la UE.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Las calificaciones de las agencias tienen varios fines útiles: compilan la información sobre la calidad crediticia de los emisores en un entorno mundial en el que la información sobre los emisores de deuda y los inversores es asimétrica, permitiendo a los usuarios el acceso a los mercados mundiales y nacionales, reduciendo el coste de la información y ampliando el campo de inversores potenciales, facilitando así liquidez a los mercados. Sin embargo, la reciente crisis financiera ha puesto de relieve que hay tres problemas clave en la industria: la falta de competencia, la excesiva dependencia de las calificaciones externas en el marco regulatorio y la ausencia de responsabilidad de las agencias por las calificaciones realizadas. Debemos prestar atención a las posibles medidas que debemos adoptar. Estas deben ser sometidas a los análisis y a las evaluaciones de impacto necesarios, y no debe realizarse de forma precipitada, algo que sería contraproducente, aumentado así las barreras de entrada a los mercados y el riesgo de obtener calificaciones más conservadoras, con los consiguientes efectos en la economía real y los préstamos. Tenemos que ver esta industria desde una perspectiva global, ya que es una verdadera industria mundial con un mercado global de capitales subyacente. Por lo tanto, debemos estar al corriente de los desarrollos de los Estados Unidos.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – Este informe de propia iniciativa plantea los principales problemas actuales relativos a la industria de calificación de crédito, entre los que, los más importantes son la falta de competencia, las estructuras de oligopolio y la falta de rendición de cuentas y transparencia, sobre todo, con respecto a la calificación de la deuda soberana. Considero que se trata de un informe muy oportuno. Es necesario hacer todo lo posible para que no se repita la situación de Grecia. He votado a favor.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Se supone que las agencias de calificación crediticia proporcionan información sobre la calidad del crédito. Hasta ahora, sin embargo, estas agencias se han ganado una reputación deshonrosa. Así, por ejemplo, su reacción tardía a la crisis financiera de 1930 fue duramente criticada. Los expertos de las agencias de calificación crediticia aún no lograron ver las podridas estructuras financieras del mercado inmobiliario de los Estados Unidos como un riesgo. Del mismo modo, cuando las deudas públicas empezaron a subir, solo reaccionaron cuando los inversores comenzaron a expresar sus preocupaciones, respondiendo con tal dureza que incluso se agravaron los problemas de cada uno de los países por separado. Sucedería algo realmente terrible con el sistema en su conjunto si las irregularidades griegas y el intercambio Goldman Sachs para ocultar la deuda se hubieran conocido en el mercado hace muchos años, si fuera común que Atenas revisara sus datos presupuestarios en cuanto el nuevo gobierno llegó al poder y el Estado aún recibió una buena calificación crediticia, provocando solamente una respuesta repentina y aguda cuando se desató la crisis financiera y económica, causando quiebras, penalizando a los Estados cuyos bancos concedieron préstamos precarios, mientras que, al mismo tiempo, se vertía una gran cantidad de dinero en los países que estaban entrando en quiebra. Esta propuesta solo puede ser el primer paso en la dirección correcta, por lo que he votado a favor de ella.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) Creo que, por lo general, las actividades de las agencias de calificación crediticia son muy dudosas. La causa no radica simplemente en el hecho de que los riesgos no se identifiquen a su debido tiempo, como en el caso del mercado inmobiliario de los Estados Unidos, sino también en el hecho de que pueden provocar una situación aún peor después de que se produzca una crisis. No podemos permitir que las agencias de calificación privadas de los Estados Unidos decidan de forma arbitraria sobre la solvencia de los Estados miembros de la UE. Este informe es un paso en la dirección de los más estrictos controles sobre las agencias de calificación crediticia, por lo que he votado a favor.

  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. – (LT) Acojo con beneplácito esta resolución sobre las perspectivas de futuro de las agencias de calificación crediticia. El sector de la calificación de crédito a menudo tiene problemas relativos a las estructuras de oligopolio y a la falta de competencia, responsabilidad y transparencia. En consecuencia, la Comisión debería considerar la posibilidad de crear una fundación europea de calificación crediticia completamente nueva e independiente, que tenga derecho a participar en las decisiones sobre las calificaciones de la deuda soberana y las agencias de calificación crediticia. La estructura de gestión, de personal y de gobernanza de la nueva fundación sería totalmente independiente y autónoma. Además, me complace la propuesta de exponer a estas agencias a responder en materia de responsabilidad civil en caso de que se contemplen casos de negligencia grave o conducta inadecuada de forma consistente en toda la UE. Además, hay una necesidad de aumentar las responsabilidades, la capacidad, las competencias y los recursos de los supervisores para controlar, evaluar y supervisar la adecuación de los modelos internos para la imposición de medidas cautelares y la realización de investigaciones e inspecciones. Es muy importante crear condiciones de competencia equitativas para las agencias de calificación crediticia mediante la estimulación de la competencia, la transparencia, la apertura del mercado y la estabilidad.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) El trabajo realizado por las agencias de calificación crediticia (ACC) es importante ya que garantiza la fiabilidad y estabilidad. Por lo tanto, tenemos que establecer reglas y normas que rijan sus calificaciones y su imparcialidad. He votado a favor del informe del señor Klinz, porque creo que es esencial que la Unión Europea cuente con las normas adecuadas para gestionar el impacto de las calificaciones en el conjunto del sistema financiero y económico. A pesar del vacío legal en este ámbito y la posibilidad de que estas agencias afecten a las economías de los Estados miembros —incluso hasta el punto de hundirlos en crisis—, este informe parece ser el primer paso hacia las nuevas reglas para las agencias de calificación dada la reciente aprobación de la Comisión del nuevo Reglamento sobre agencias de calificación crediticia.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de la resolución del Parlamento sobre las agencias de calificación crediticia (ACC) porque estoy de acuerdo en que es esencial reducir la competencia desleal causada por la práctica común de estas agencias que consiste en evaluar a los participantes del mercado al mismo tiempo que reciben órdenes de ellos. Creo que la Comisión debe evaluar detenidamente la posibilidad de utilizar otros instrumentos para medir el riesgo de crédito. Es de vital importancia que la Autoridad Europea de Valores y Mercado aplique sus competencias de forma eficaz y que tenga el derecho de realizar inspecciones in situ e investigaciones sin previo aviso. También es vital que, al ejercer sus facultades de supervisión, la Autoridad Europea de Valores y Mercado dé las personas sujetas a procedimiento la oportunidad de una audiencia con el fin de respetar su derecho a defenderse. También estoy de acuerdo con la convocatoria de la Comisión para llevar a cabo un minucioso estudio de impacto sobre los costes, los beneficios y la posible estructura de gobierno de una fundación europea de calificación crediticia totalmente independiente, que sería competente en los tres ámbitos de calificaciones.

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Aunque este informe tiene algunos aspectos positivos, no ha propuesto la creación de una fundación europea de calificación crediticia independiente y pública. Por el contrario, la ambigüedad con que está redactado invita a la financiación pública de una nueva agencia privada. El informe tampoco menciona la retirada de la deuda soberana de las calificaciones de las agencias, que es la principal medida que se podría adoptar en este ámbito para luchar contra la especulación contra el euro. Por último, el informe debería haber sugerido que la Comisión examine la posibilidad de que la Autoridad Europea de Valores y Mercados apruebe previamente todos los «instrumentos financieros estructurados». He votado en contra por estas razones.

  Fiorello Provera (EFD), por escrito. – (IT) Con esta medida, por fin podemos expresar nuestro deseo de mejorar el trabajo de las agencias de calificación mediante la mejora de su transparencia, integridad, responsabilidad, independencia y fiabilidad. Si bien se reconoce el papel de las agencias en el suministro de información y en la estimulación de la liquidez del mercado, ahora está claro que los operadores financieros han confiado demasiado en sus juicios y que sus acciones han contribuido a la crisis financiera. Hay una excesiva dependencia de agencias externas de calificación crediticia y existe un oligopolio en el sector. Por tanto, estoy a favor de establecer una fundación europea de calificación crediticia independiente con la responsabilidad de calificar el sector público, las empresas y los instrumentos financieros estructurados.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) La reciente crisis financiera ha demostrado la necesidad de regular las agencias de calificación crediticia (ACC). De hecho, los acontecimientos recientes han abierto la posibilidad de identificar las fallas de su acción y de volver a examinar su condición de certificadores de los temas de su análisis: las empresas, el sector público y los instrumentos financieros estructurados. Como tales, ha quedado claro que juegan un papel importante en la reducción de las asimetrías en la información que pueden detectar los inversores. Por otro lado, sin embargo, se ha observado que no hay demasiada confianza en las calificaciones asignadas por agencias de calificación crediticia, algo que ha contribuido, sin duda, a agravar la crisis financiera. Existe, por tanto, una necesidad urgente de un nuevo modelo de regulación que permita reducir la dependencia en las calificaciones de estas agencias de calificación crediticia. La solución implica medidas tales como limitar la dependencia del Banco Central Europeo (BCE) en los datos proporcionados por organismos externos, reforzando así las competencias de los reguladores y supervisores, lanzar el debate sobre la creación de una fundación europea de calificación crediticia, aumentando la gama de información disponible para inversores —limitando así las competencias de estas agencias— y también, por ejemplo, fortaleciendo los mecanismos de responsabilidad civil.

  Crescenzio Rivellini (PPE), por escrito. – (IT) Me gustaría felicitar al señor Klinz por el excelente informe que ha elaborado. Hago un llamamiento a las agencias de calificación para que arrojen más luz sobre cómo determinar su calificación soberana, al tiempo que pido al sector que explique su metodología y por qué sus valoraciones difieren de las previsiones de las principales instituciones financieras internacionales. Otra cuestión controvertida es la estructura que se presentará para contrarrestar las tres mayores agencias de calificación a escala europea, que parecen tener una influencia desproporcionada en nuestro mercado. Por lo tanto, hago un llamamiento a la Comisión para que evalúe la posibilidad de establecer una fundación europea de calificación crediticia totalmente independiente, que debe contar con capital inicial para cubrir un máximo de cinco años.

Por último, es fundamental examinar la formas de que las agencias de calificación crediticia estén sujetas a responsabilidad civil por las calificaciones que realizan. Por tanto, pido a la Comisión que identifique las formas en que las agencias de calificación podría responder de conformidad con el Derecho civil de los Estados miembros.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – He votado a favor. Las calificaciones de las agencias tienen varios fines útiles: compilan la información sobre la calidad crediticia de los emisores en un entorno mundial en el que la información sobre los emisores de deuda y los inversores es asimétrica, permitiendo a los usuarios el acceso a los mercados mundiales y nacionales, reduciendo el coste de la información y ampliando el campo de inversores potenciales, facilitando así liquidez a los mercados y contribuyendo a encontrar precios. No obstante, la evolución del marco regulatorio ha convertido a estos «intermediarios de la información» en entidades que cuentan con un poder regulador de facto. La reciente crisis financiera ha puesto de manifiesto que hay tres problemas clave en el sector: la falta de competencia, la excesiva dependencia de las calificaciones externas en el marco regulatorio y la ausencia de responsabilidad de las agencias por las calificaciones realizadas.

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) El principal objetivo de la resolución adoptada hoy es eliminar la dependencia de las calificaciones crediticias externas de todo el sistema, en la medida en que sea posible y en cuanto sea oportuno. La función de las calificaciones externas como señales de alarma tiene especial importancia cuando la calificación se rebaja del valor de inversión a una calificación inferior al valor de inversión. En un mercado competitivo y que funcione bien, la reputación de una agencia es suficiente para garantizar la calidad de sus calificaciones. Sin embargo, puesto que las agencias de calificación crediticia hoy en día operan en un oligopolio, estas se benefician de un mercado intrínsecamente «garantizado».

  Nikolaos Salavrakos (EFD), por escrito. – (EL) He votado a favor del informe Klinz porque considero que las medidas que propone para hacer frente a los problemas que existen en el sector de servicio de calificación crediticia son un paso en la dirección correcta. Estos servicios tienen un enorme impacto y los resultados de sus actividades pueden ser catastróficos para los Estados y las organizaciones que evalúan, como hemos visto muy claramente en la reciente crisis financiera. Han de establecerse normas claras de funcionamiento para estos servicios, los procedimientos de calificación que utilizan necesitan darse a conocer y tienen que asumir la responsabilidad. No pueden dejarse a merced de sus decisiones los Estados y todas las formas de servicios y organizaciones que estas agencias califican. Las tres principales agencias de calificación evalúan el 95 % de las actividades económicas, por lo tanto estamos hablando de un monopolio, con todas las consecuencias negativas que esto puede tener. Pedimos transparencia, restricciones de actividades ilegales, asunción de responsabilidades, y la evaluación de estas agencias por parte de organismos independientes que garanticen su imparcialidad y la estricta aplicación de las normas.

  Antolin Sanchez Presedo (S&D), por escrito. – (ES) Apoyo el informe Klinz para avanzar en el proceso de reforma de las agencias de calificación. Si la primera iniciativa legislativa sometió estas agencias a regulación y supervisión y la segunda clarificó los poderes de supervisión de la Autoridad Europea (AEVM), la presente resolución defiende disminuir la dependencia regulatoria de las calificaciones externas, estructurar la industria en un marco de competencia y mejorar sus modelos de negocio en línea con los criterios del Foro de Estabilidad Financiera.

El texto definitivo recoge mis enmiendas. Con ellas pretendía fortalecer la capacidad de las autoridades de supervisión, propiciar un terreno de juego equilibrado a nivel global, incrementar la competencia evitando el rating shopping y establecer procesos pautados para la divulgación de información. En el ámbito de la deuda soberana, abogaba por que la acción de las agencias de calificación evite la prociclicalidad y tenga en cuenta las previsiones de las principales instituciones financieras internacionales. También demandaba propuestas a la Comisión para reformar los modelos de pago y exigir responsabilidad por conducta inapropiada.

Por último, valoro muy positivamente que el informe considere el establecimiento de una agencia de calificación europea independiente y la posibilidad de una fundación europea.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – Estoy a favor de este informe, que reconoce la falta de responsabilidad, competencia y transparencia en las agencias de calificación crediticia, en particular, con respecto a la deuda soberana. Hay que hacer más a escala europea y mundial a fin de garantizar que dichas prácticas imprudentes no pongan en peligro la seguridad financiera de la UE.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) Las agencias de calificación crediticia (ACC) son intermediarios de información que promueven la liquidez y la transparencia en el mercado mediante la reducción de las asimetrías de información en los mercados de capitales y facilitando el acceso al mercado global, y reduciendo el coste de la información y haciendo uso del potencial de los acreedores y los inversores.

Sin embargo, estos organismos presentan algunos problemas, en particular, en relación con su falta de competencia, sus estructuras de oligopolio, la excesiva confianza depositada en ellos y su falta de transparencia y responsabilidad. Estas cuestiones son cada vez más importantes en la actualidad, sobre todo, en el caso de los Estados miembros que, a causa de las dificultades económicas y financieras, están observando que las calificaciones de las distintas instituciones nacionales fluctúan de forma inconsistente y cíclica.

Aunque no se puede negar la importancia de las agencias de calificación crediticia, sería recomendable limitar su papel en el futuro. Por tanto, he votado a favor de la propuesta presentada por el Parlamento de pedir a la Comisión que realice una evaluación de impacto, además de una análisis de los costes, los beneficios y la estructura de gobierno de una fundación europea de calificación crediticia que sea competente en los diferentes ámbitos de calificación, a saber, el sector público, las empresas y los instrumentos de financiación.

  Derek Vaughan (S&D), por escrito. – Este informe introducirá una supervisión más estricta de las agencias de calificación crediticia mediante la nueva Autoridad supervisora Europea de Valores y Mercados este verano, que demostrará ser una herramienta importante para garantizar que al actitud laissez-faire anterior en relación con los préstamos no continúe a raíz de la crisis financiera. Las agencias de calificación crediticia ganaban comisiones de las instituciones financieras, por calificar sus productos, y de los negocios resultantes de la venta de tales productos. Este conflicto dio lugar a que las agencias dieran altas calificaciones a instrumentos financieros complejos, lo que complacía a los inversores a la hora de comprar tales productos. Las agencias también asesoraban a las empresas sobre cómo presentar productos de riesgo más algo como productos de poco riesgo, y esta práctica engañosa supuso que estos productos se convirtieran en más tóxicos de lo que sus calificaciones hubieran sugerido, produciendo así grandes pérdidas para los inversores, incluidos los titulares de pensiones de Gales.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) La crisis económica y financiera ha arrojado una luz crítica sobre las agencias de calificación crediticia y, en particular, en relación con su papel activo en la continuación de la crisis. Los principales problemas identificados son la falta de competencia, la dependencia excesiva de las calificaciones crediticias externas y la falta de responsabilidad del sector. Por esta razón, el ponente recomienda que se examine la idea de crear una verdadera agencia europea independiente de calificación crediticia, indicando que la nueva fundación europea de calificación crediticia debe ser autosostenible. Debido a las consecuencias de largo alcance de las calificaciones, es inevitable establecer una estrecha cooperación con este sector. Esta es la razón por la que he votado a favor del informe.

  Iva Zanicchi (PPE), por escrito. – (IT) La reciente crisis financiera ha puesto de manifiesto que hay tres problemas clave en el sector: la falta de competencia, la excesiva dependencia de las calificaciones externas en el marco regulatorio y la ausencia de responsabilidad de las agencias por las calificaciones realizadas. He votado a favor del informe del señor Klinz porque considero que establecer una fundación europea de calificación crediticia totalmente independiente y no pública es una idea sensata y atractiva.

Informe: Richard Falbr (A7-0172/2011)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Voy a votar a favor de este informe porque creo que es fundamental que afrontemos las deficiencias en el cumplimiento de la legislación social internacional, tanto dentro como fuera de Europa; estas deficiencias constituyen las formas de dumping social y ambiental que está dañando a las empresas y a los trabajadores europeos. Es de esperar que este informe pueda reforzar el núcleo firme de los parámetros de trabajo incorporados en la legislación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución sobre la dimensión exterior de la política social, la promoción de las normas laborales y sociales y la responsabilidad social de las empresas europeas. Cabe destacar que la dimensión exterior de la política social incluye las actividades de la UE y las iniciativas destinadas a promover las normas laborales y sociales en terceros países. Esto incluye oportunidades para que hombres y mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad. Las normas internacionales en el ámbito laboral deben, sobre todo, asegurar el desarrollo de las personas como seres humanos. Las personas no son bienes cuyo precio se pueda negociar. El trabajo es una parte de nuestra vida cotidiana y es fundamental para la dignidad, el bienestar y el desarrollo de una persona. La UE tiene una buena reputación en términos de diálogo internacional sobre cuestiones sociales. En este sentido, se considera un socio sensible y de confianza. Esto se debe utilizar para lograr objetivos más ambiciosos establecidos por la UE. Uno de ellos es la construcción de un enfoque comunitario coherente, integrado y profesional en relación con la dimensión exterior de la política social. La coordinación en el Parlamento Europeo es clave, así como la coordinación con la Comisión Europea y el Servicio de Acción Exterior de reciente creación.

  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. – (RO) La dimensión exterior de la política social incluye las actividades de la Unión Europea y las iniciativas destinadas a promover las normas laborales y sociales en terceros países. La protección de los derechos económicos y sociales es una obligación para todos los Estados miembros derivada de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Esta es la razón por la que la actitud de todos los Estados miembros de la Unión Europea tiene que reflejar con claridad los principios del modelo social europeo cuando están en juego el modelo social europeo y la cooperación entre los Estados miembros. Me gustaría hacer hincapié en que el modelo social europeo ofrece igualdad de oportunidades en la educación, la formación y el mercado laboral, así como en el acceso a los servicios sociales como pilares fundamentales del éxito económico.

Esta es la razón por la que insto a los Estados Miembros a que apoyen la libertad de asociación y negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y obligatorio, la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación, y la abolición del trabajo infantil.

He votado a favor de esta propuesta de resolución que apoya la dignidad, el bienestar y el desarrollo de cada persona como valores que deben ser los objetivos principales del desarrollo económico.

  Pino Arlacchi (S&D), por escrito. – El informe sobre la dimensión exterior de la política social se refiere a una prioridad de las políticas sociales de la UE. Se requiere el fortalecimiento de las normas fundamentales en materia de trabajo incorporadas en los convenios de la OIT, incluida la libertad de asociación y negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso u obligatorio, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, y la abolición del trabajo infantil. He votado a favor de este informe, ya que también exige un cambio en la gobernanza, tanto a escala mundial como en la UE, con el fin de cumplir mejor los derechos de los trabajadores y las condiciones de trabajo.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) He apoyado el informe de nuestro colega, el señor Falbr, porque creo que la Unión debe promover los más altos estándares laborales y sociales en terceros países para mantener su credibilidad en el comercio internacional y la construcción de fuertes vínculos con los principales socios comerciales. El ponente recomienda una relación equilibrada con las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones internacionales para facilitar la ratificación de los convenios. Para estar en condiciones de negociar con la Unión, los terceros países deben cumplir con las normas internacionales vigentes en el ámbito laboral.

  Liam Aylward (ALDE), por escrito. – (GA) La última lectura de la Organización Internacional del Trabajo sobre la cuestión es que 115 millones de niños realizan trabajos peligrosos —una de las peores formas de trabajo infantil— que ponen en peligro la salud y la vida de los niños. Con motivo de la próxima celebración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil que tendrá lugar el 12 de junio, he votado a favor de este informe importante y oportuno que invita a los interesados del Tratado de Libre Comercio a comprometerse, en consonancia con la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, con la abolición de todo tipo de trabajo forzoso y del trabajo infantil.

El trabajo infantil y la violación organizada de los derechos humanos no deben ser ignorados cuando los acuerdos comerciales son objeto de debate, y la UE debe adoptar una posición fuerte en la promoción de la política social y las normas laborales y sociales en las negociaciones comerciales.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) La dimensión exterior de la política social incluye las actividades de la UE y las iniciativas destinadas a promover las normas laborales y sociales en terceros países. La UE se ha fijado el objetivo no solo de convertirse en un polo de excelencia de la responsabilidad social de las empresas (RSE), sino también de promover esta responsabilidad en sus políticas exteriores. El incumplimiento de las normas internacionales básicas sociales constituye una forma de dumping social y ambiental en detrimento de las empresas y los trabajadores europeos. Estoy de acuerdo en que es necesario reforzar el papel de las instituciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y las Naciones Unidas, y buscar su cooperación en el desarrollo, la aplicación y la promoción de las normas sociales internacionales.

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) Nuestro mundo globalizado, en el que los países están vinculados entre sí por relaciones económicas, sociales, culturales y políticas, es una realidad innegable. Sin embargo, en cuanto a las relaciones comerciales entre las Unión Europea y terceros países, aún hay grandes diferencias en relación con los sistemas de protección social, así como en las condiciones de trabajo. La Unión Europea, como socio comercial y aliado importante de negociación a escala mundial, debería ayudar a promover normas sociales y laborales más estrictas en terceros países. Por lo tanto, he votado a favor de este informe, que subraya el papel crucial que puede desempeñar la UE en materia de derechos humanos, especialmente a través del derecho a un trabajo decente.

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. – (FR) Tener una fórmula homogénea para una cláusula social que se podría insertar en todos los acuerdos comerciales bilaterales es lo que se propone en el informe que acabamos de aprobar sobre la dimensión exterior de la política social y la promoción de las normas sociales. Esta iniciativa es en realidad un paso en la dirección correcta. Teniendo en cuenta el hecho de que los acuerdos de libre comercio, por norma general, siguen incluyendo pocas referencias a las normas sociales, el informe menciona una serie de vías, entre otras, la cláusula social y el cumplimiento de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo —independientemente de que ya hayan sido ratificados o no por todos los Estados miembros— y mejorar la cooperación entre terceros países y los Estados miembros. El desarrollo del concepto de responsabilidad social de las empresas es el otro aspecto interesante del informe porque, aunque actualmente es un concepto útil, todavía se basa en la participación voluntaria y, por lo tanto, tiene margen de mejora. Además de extender el concepto a varios ámbitos y de incorporar esta dimensión de la responsabilidad social de las empresas en nuestras políticas comerciales, ¿por qué no convertir este concepto en vinculante algún día? Más allá del significado político que esto pueda tener, esto representaría un verdadero avance en la consecución de nuestros objetivos en materia de política social.

  Sergio Berlato (PPE), por escrito. – (IT) La dimensión exterior de la política social incluye las iniciativas de la Unión Europea para promover las normas laborales y sociales en terceros países. Mediante el establecimiento de las normas laborales, la Unión Europea fomenta la posibilidad de que los ciudadanos puedan conseguir un trabajo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad. Teniendo en cuenta la actual globalización de la economía mundial, las normas internacionales del trabajo constituyen el pilar sobre el que debe basarse el desarrollo económico y social de un país. China, la India y otras economías emergentes se están convirtiendo en agentes cada vez más importantes en términos de inversiones extranjeras. Sin embargo, este fenómeno está asociado con el riesgo de que estos países —y, en particular, sus empresas— exporten sus normas laborales con una rigurosidad inferior a las de las Unión Europea. Por tanto, creo que la Unión Europea debe permanecer atenta a los países que deseen suscribir acuerdos comerciales con nosotros.

Las PYME de Europa están a la vanguardia a la hora de poner en práctica las normas sociales. Considero que es fundamental contar con una definición clara e inequívoca del concepto de responsabilidad social de las empresas que se libre de las diferentes interpretaciones que existen actualmente en relación con este concepto, al mismo tiempo que establecemos formas de verificar que se cumplen tales responsabilidades.

  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) He decidido votar a favor del informe del señor Falbr, que, por un lado, refleja la importancia estratégica de la responsabilidad social de las empresas como una herramienta de motivación para estimular el crecimiento empresarial y, por otra parte, subraya que este problema solo puede abordarse de forma voluntaria. También estoy totalmente de acuerdo con el enfoque crítico del señor Falbr, por el que desaprueba el comportamiento hipócrita de la Unión Europea al promover simultáneamente un modelo social que impulsa los derechos sociales mientras que también concluye acuerdos comerciales con países que no respetan a los trabajadores o que no les ofrecen protección.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe, porque todavía hay casos en que los convenios y acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo no se aplican correctamente o solo de forma parcial y en los que se infringen los principios de la responsabilidad social de las empresas. Las normas internacionales del trabajo, sobre todo, deben garantizar los derechos de los trabajadores, porque el trabajo es parte de nuestra vida cotidiana y es fundamental para la dignidad, el bienestar y el desarrollo de una persona. Al igual que las normas sociales, la responsabilidad social de las empresas debería contribuir al crecimiento sostenible, pero las empresas no deben evitar el diálogo con los empleados y deben respetar y promover las relaciones de empleo decente, fomentar la participación de los empleados a través de consultas e información y mediante la negociación colectiva, desarrollar competencias profesionales y formación continua, cumplir con las normas de seguridad laboral, promover la igualdad de hombres y mujeres, crear un ambiente propicio para que los interlocutores sociales anticipen y gestionen los cambios que han tenido lugar en el mercado laboral, entre otros, la reestructuración, la mejora de la calidad del trabajo, e integrar y proteger a los grupos de trabajadores vulnerables, como los jóvenes, los ancianos, los discapacitados y los inmigrantes. La Unión Europea debería seguir utilizando las sanciones y los incentivos en los acuerdos bilaterales y regionales con el fin de garantizar la aplicación de las disposiciones sociales de los acuerdos de la UE. Además, es muy importante que los Gobiernos no se retracten de su responsabilidad de mantener el modelo social europeo porque, de ser así, existiría la amenaza de la privatización del Derecho laboral y de los servicios y los regímenes de la seguridad social.

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) La dimensión exterior de la política social incluye las actividades de la UE y las iniciativas destinadas a promover las normas laborales y sociales en terceros países. Aunque tanto la estrategia de Lisboa como la Estrategia Europa 2020 conceden más importancia que nunca a la política social, las cuestiones relacionadas con la competitividad y los factores económicos siguen teniendo prioridad en detrimento de las cuestiones sociales. Las normas fundamentales del trabajo están integradas en los ocho convenios de la OIT que se centran en la libertad de asociación y negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso y obligatorio, la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación y la abolición del trabajo infantil.

Con el fin de que la UE negocie con terceros países, estos deberán cumplir con todos los requisitos anteriormente mencionados. Se trata de una condición obligatoria para las negociaciones con terceros países. La política comercial no puede ignorar la falta de respeto de los derechos de los trabajadores y, por tanto, el desarrollo de la sociedad podrá seguir su curso después de que se hayan erradicado todas estas deficiencias.

La UE tiene una buena reputación en términos de diálogo internacional sobre cuestiones sociales. En este sentido, se considera un socio sensible y de confianza. Esto se debe utilizar para lograr objetivos más ambiciosos establecidos por la UE.

  Zuzana Brzobohatá (S&D), por escrito. – (CS) El informe se centra en un tema que es bastante importante en el mundo de hoy. Se trata de la cuestión de los derechos de los trabajadores. El llamado dumping social representa una gran amenaza para los trabajadores, ya que socava los derechos de una manera fundamental. Las compañías internacionales son los principales actores en lo que respecta a la aplicación de las normas sociales. Por tanto, es absolutamente esencial definir la responsabilidad social de las empresas de forma clara e inequívoca para que podamos limitar el número de interpretaciones divergentes y establecer obligaciones mínimas en este ámbito, así como un método para controlar su cumplimiento. Muchas empresas entran en las regiones solo para obtener una ventaja financiera temporal, sobre todo, porque la mano de obra es barata. Por norma general, las empresas se niegan a establecer vínculos a largo plazo en una región y, por tanto, también se niegan a participar en una responsabilidad compartida en la región. El informe aboga por el fortalecimiento de las normas laborales básicas, que están consagradas en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, entre otras, la libertad de asociación y negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso y obligatorio, la eliminación de la discriminación en el trabajo y la abolición del trabajo infantil. Solicita un cambio en el sistema de administración global y en la UE, con el objetivo de mejorar la protección de los derechos de los trabajadores y las condiciones de trabajo. Los ponentes han logrado defender una clara dimensión social en el informe presentado y, por tanto, he votado a favor del mismo.

  John Bufton (EFD), por escrito. – He votado en contra de la aplicación de una dimensión exterior de la política social, la promoción de las normas laborales y sociales y la responsabilidad social de las empresas europeas. Esto se debe, en mi opinión, a que la UE debería abstenerse de imponer prerrogativas sociales sobre terceros países, por muy correctas o beneficiosas que puedan resultar. Si bien acepto la importancia de promover métodos humanitarios para el tratamiento de la mano de obra, la política social de la Unión Europea ya ha causado estragos en una serie de instituciones del Reino Unido y no debe extenderse. Se necesita un grado de flexibilidad y libertad cuando se trata de la política social, pues una política adaptada a todas las situaciones puede resultar contraproducente al aplicarla en el ámbito nacional. Por esta razón, la UE no deberían estar buscando, en absoluto, la adquisición de competencias sobre la política social.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Acojo con beneplácito las actividades y las iniciativas de la UE destinadas a promover las normas laborales y sociales en terceros países, que constituyen una garantía de que el crecimiento de la economía mundial va a beneficiar a todos en el contexto globalizado actual. Por tanto, respaldo las condiciones basadas en los valores sociales y la dignidad humana impuestas a terceros países con requisito para negociar con la UE. A través de este tipo de Unión conseguiremos utilizar la política exterior para mejorar la situación en el mundo.

  Mário David (PPE), por escrito. – (PT) La Organización Internacional del Trabajo (OIT) juega un papel clave en el sistema internacional, ya que contribuye a la construcción de un consenso sobre las normas laborales. Una parte significativa de este importante acervo cuenta con el reconocimiento de todos los Estados miembros de la UE. Sin embargo, persisten las diferencias en materia de legislación laboral entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. En mi opinión, es imprescindible para la UE que estas normas se reconcilien con las de terceros países, sobre todo, con los socios comerciales clave, con el fin de preservar un nivel básico de igualdad en materia de comercio internacional. Este informe comparte esta opinión, definiendo algunas estrategias para que estos países respeten los mismos principios que la UE en materia de legislación laboral. El establecimiento de normas imparciales sobre las condiciones de trabajo es una premisa esencial para el desarrollo duradero y sostenible, y también contribuirá a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por tanto, creo que este informe es una contribución muy válida para el desarrollo del sistema de comercio internacional, que se basa en las relaciones laborales que varían mucho entre países y bloques comerciales. Yo diría que la promoción de esta política de responsabilidad en relación con las condiciones de trabajo muestra a una Europa atenta y minuciosa, y que se basa en defender los valores universales en los que cree.

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), por escrito. – (IT) Uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea es vincular el desarrollo humano y social para el desarrollo económico. Si estos dos factores están en equilibrio, esto significa, por un lado, que la gente puede hacer su trabajo con una remuneración adecuada que esté en consonancia con la dignidad humana y la calidad profesional, mientras que, por otra parte, permite a los propietarios de las empresas desarrollar sus negocios siguiendo los principios del mercado, pero adaptándose al entorno humano en el que deben desarrollarse. Esta perspectiva —a la que algunos también se refieren como la economía social de mercado— es en realidad un nuevo paradigma que va más allá de la economía del bienestar y que vuelve, en cambio, a la centralidad del ser humano. Tal cambio paradigmático necesariamente implica un apoyo constante de la política social, promoviendo incluso las normas pertinentes y la responsabilidad corporativa relacionada. Este enfoque y esta perspectiva no pueden, ni deben, repercutir exclusivamente en la UE, sino que también han de aplicarse a la acción exterior en la medida de lo posible, sobre todo, durante la negociación de acuerdos. El respeto de las normas de la Organización Internacional del Trabajo, los principios contemplados en la Carta Social Europea y el diálogo social son solo algunos aspectos sobre los que se puede debatir en estas ocasiones. Creo que el informe que hemos adoptado apoya estos objetivos de forma considerable.

  Proinsias De Rossa (S&D), por escrito. – La dimensión exterior de la política social incluye las actividades e iniciativas de la UE destinadas a promover las normas laborales y sociales en terceros países. El fracaso de hoy dentro y fuera de la UE en relación con el cumplimiento de las normas internacionales básicas de carácter social constituye una forma de dumping social y ambiental perjudicial tanto para las empresas europeas como para los trabajadores y ciudadanos de la UE y de terceros países. Habida cuenta de la globalización de la industria y los servicios, las normas laborales internacionales son la base para garantizar que el crecimiento de la economía global pueda beneficiar a todos. Este informe exige un cambio en la gobernanza global y en la Unión Europea con el fin de cumplir mejor los derechos del trabajador y las condiciones de trabajo, pidiendo el fortalecimiento de las normas fundamentales del trabajo que están integradas en los ocho convenios de la OIT que se centran en la libertad de asociación y la negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso y obligatorio, la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación, y la abolición del trabajo infantil.

  Marielle De Sarnez (ALDE), por escrito. – (FR) La dimensión exterior de la política social tiene como objetivo promover las normas laborales y sociales en terceros países y combatir el dumping social que, a menudo, resulta de la globalización o del comercio internacional. La Unión ya no puede tolerar el dumping en términos de bienestar, salud y medio ambiente, sin reaccionar a él, ya que es el responsable de la gran cantidad de producción que se transfiere fuera de Europa. La Comisión ya no debe considerar los costes laborales ridículamente bajos y las despreciables condiciones de trabajo como «ventajas competitivas naturales». En este sentido, insisto para que la Comisión cambie su doctrina.

  Christine De Veyrac (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe Falbr porque, con la reciente reducción de la función de la Organización Internacional del Trabajo, creo que tenemos que recordar la importancia de respetar los derechos sociales de los trabajadores en el mundo. La Unión Europea debe desempeñar un papel destacado en el escenario mundial para forzar a otros países a respetar las normas internacionales en la legislación laboral y, por lo tanto, limitar la búsqueda desenfrenada de dumping social. Es importante que todos los agentes europeos participen en la aplicación de esta política, ya sean gobiernos involucrados en la conclusión de acuerdos internacionales o empresas europeas que estén expandiendo sus negocios a terceros países.

  Anne Delvaux (PPE), por escrito. – (FR) La dimensión exterior de la política social tiene como objetivo promover las normas sociales fundamentales en los terceros países con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio fijados por las Naciones Unidas y asegurar que los trabajadores están protegidos por el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. Es muy difícil superar a la UE en este contexto y, por eso, debe ser capaz de beneficiarse de su credibilidad y de su «buena reputación» en este sentido, con el fin de establecer alianzas sociales con sus principales socios comerciales y de promoverlas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Antes de que estos países se reúnan en la mesa de negociaciones de la UE, debemos exigirles que se suscriban a las mismas normas internacionales fundamentales en materia de legislación laboral.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La dimensión exterior de la política europea no se limita a establecer acuerdos o a ayudar en el extranjero. Es más que eso. En particular, se trata de llevar los valores europeos a terceros países, no solo en términos de democratización y de mayor respeto de los derechos fundamentales, sino también en materia de promoción de políticas activas para proteger el medio ambiente y los derechos de las mujeres y los niños, y en materia de normas laborales que respeten la dignidad personal y permitan el desarrollo personal. Podemos decir lo mismo de la promoción de las normas de responsabilidad de las empresas en terceros países.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Este informe del señor Falbr se refiere a la dimensión exterior de la política social, la promoción de las normas laborales y sociales y la responsabilidad social de las empresas europeas. La Unión Europea ha sido un bastión de la defensa de los derechos sociales de los trabajadores, cuyo respeto es una condición sine qua non para la negociación con terceros países. A pesar de los ocho convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según la propia OIT, más del 50 % de los trabajadores no gozan de derechos sociales, en particular, inmigrantes, mujeres y niños. El interés de la UE consiste en promover la dignidad personal y el respeto de los derechos sociales en todos los Estados miembros, creando, para ello, un mecanismo descubrir quién no ofrece estos derechos a sus trabajadores a fin de penalizarlos por ello. Acojo con satisfacción este informe y voy a votar a favor. Al mismo tiempo que aboga por la importancia de los valores en un mundo globalizado cada vez más dominado por las economías, también aboga por la dignidad personal, no acepta la explotación de las personas, promueve el bienestar y el desarrollo integrado personal, e insta a la UE a cumplir con las normas de la OIT.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Esta es otra afirmación de las preocupaciones y las críticas que, lamentablemente, no llega al fondo de la cuestión y, por esta misma razón, termina por no tener trascendencia.

El Informe Mundial sobre Seguridad Social de la OIT para 2010 afirma que más del 50 % de los trabajadores carece de protección social. En este contexto, la Unión Europea está llevando a cabo una política comercial basada en la defensa entusiasta del libre comercio, que se logra a través de la negociación y la celebración de un sinfín de acuerdos bilaterales y regionales. Lejos de fomentar la «responsabilidad social de las empresas», que, en la práctica, es inexistente, estos acuerdos solo protegen los beneficios de las grandes empresas e instituciones financieras, y no prestan la atención debida a los derechos laborales, a la importancia de la negociación colectiva ni a la libertad de asociación de los trabajadores, a la abolición eficaz de la discriminación en relación con el empleo, a la abolición del trabajo forzoso, al trabajo inseguro y mal remunerado o a la abolición del trabajo infantil.

Esto es solo un ejemplo de un aspecto que sobre el que, en el informe, se podría y debería haber indagado más. Era importante responsabilizar a la Comisión Europea y exigirle coherencia en materia de política y acción, así como una serie de medidas eficaces que promuevan las normas sociales y laborales.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Este informe contiene algunos aspectos positivos: la denuncia del incumplimiento constante por parte de las multinacionales del derechos de los trabajadores y del principio del trabajo decente, y la necesidad de integrar de forma horizontal la política social en toda la política exterior de la Unión Europea, incluida la denominada responsabilidad social de las empresas.

Sin embargo, los aspectos positivos se diluyen por la falta de exigencia en materia de aplicación de políticas alternativas que obliguen a las empresas de forma eficaz a afrontar su responsabilidad social de las empresas.

Por ello, lamentamos que se haya rechazado la solicitud para suprimir el punto 31 —«Señala que no debe adoptarse a escala de la UE ninguna directiva que regule la RSE y contemple su cumplimiento»—.

El Parlamento debe ir más allá de «solicitar» o «alentar» a la Comisión a adoptar una posición y solicitar la creación de un marco legislativo sobre la responsabilidad social de las empresas, con normas mínimas que promuevan el respeto de las normas laborales fundamentales respaldadas por la Organización Internacional del Trabajo en las multinacionales y en la propia Unión Europea, e incluir las cláusulas sociales y de trabajos decentes en cualquier acuerdo comercial bilateral que negocie la Unión Europea y en la propia Organización Internacional del Trabajo. Por todas estas razones, hemos votado en contra del informe.

  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) La dimensión exterior de la política social es una de las principales prioridades del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Es esencial fortalecer las normas de empleo, tales como la libertad de asociación, la negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso y obligatorio, la discriminación en el empleo y la ocupación y la abolición del trabajo infantil. El objetivo y el esfuerzo de las normas laborales internacionales, por tanto, deben basarse en orientar el desarrollo económico particularmente hacia la mejora de la dignidad y la vida humana, y no solo en establecer las condiciones y los derechos de los trabajadores.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) En realidad, la globalización solo está sirviendo para enfrentar a los trabajadores de todos los países entre sí en una competencia desleal, ya sea a través de las deslocalizaciones, la inmigración de los desempleados o el pésimo Modo 4 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. El problema es que en la Unión Europea hay muy buenas palabras pero nunca se ponen en práctica. ¿Cuándo hemos adoptado medidas prácticas y específicas como consecuencia de encontrarnos con situaciones de explotación intolerable? ¿Cuándo dichas situaciones han impedido la firma de acuerdos comerciales con un país? Nunca. Porque aunque parece que les preocupa la situación de los trabajadores extranjeros, no se tiene en cuenta a los trabajadores europeos. Como señala el ponente —que suscribe esto—: ¡de conformidad con los organismos internacionales, «las normas del trabajo no deberían utilizarse con fines comerciales proteccionistas»! Así pues, ¿qué principios, qué valores, qué consideraciones podrían oponerse al poder absoluto del mercado? Hablan mucho de la responsabilidad social de las empresas que, después de todo, simplemente se rigen por las normas que ustedes han puesto en vigor. ¿Cuándo se va a abordar aquí, por fin, la cuestión de la gran responsabilidad social de los que toman las decisiones políticas en la UE?

  Catherine Grèze (Verts/ALE), por escrito. – (FR) Me alegra que se haya incluido la opinión de la Comisión de Desarrollo, de la que fui ponente, en este informe. Mientras hablamos, se está celebrando la 100ª Conferencia Internacional del Trabajo y todos sabemos que las normas vigentes no son eficaces.

En un contexto de crisis mundial, es esencial que la UE envíe un mensaje firme en el que se pida una nueva era de la justicia social. Las propuestas incluidas en el informe del señor Falbr nos permitirían realizar verdaderos avances en esa dirección. No podemos sino rechazar esta política de doble rasero en relación con la aplicación de los derechos sociales. Para que se apliquen realmente las normas sociales, tenemos que tener mecanismos de ejecución (que establezcan incentivos y sanciones). Debe incluirse en todos los acuerdos comerciales de la UE una cláusula social que sea jurídicamente vinculante. Asimismo, estoy en contra de que en el apartado 31 del informe se ponga de relieve que no debe adoptarse ninguna directiva europea que contemple el cumplimiento de la responsabilidad social de las empresas. Insisto en la necesidad de avanzar hacia una mayor justicia social y de garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores en todo el mundo, especialmente en nuestras negociaciones con los países en desarrollo.

  Nathalie Griesbeck (ALDE), por escrito. – (FR) A la crisis económica y financiera que azota actualmente Europa, pero también el resto del mundo, se une una grave crisis social. En este difícil contexto, la Unión Europea y sus empresas tienen una responsabilidad social sustancial en las relaciones que mantienen con terceros países. Por esta razón, deseaba poner de relieve, a través de mi voto, la necesidad de que la Unión Europea garantice el respeto por las normas sociales y los derechos de los trabajadores cuando firme acuerdos con estos países. La Unión Europea, a través de los valores que consagra, debe garantizar la promoción y la difusión por todo el mundo de las normas que rigen su legislación laboral. Europa tiene la obligación de ser un modelo. Así pues, he votado también a favor de las disposiciones que destacan la responsabilidad social de las empresas.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) He acogido con satisfacción este documento porque, a finales del siglo pasado, la UE cambió su estrategia con respecto a la dimensión exterior de la política social y dejó de adoptar un enfoque firme para adoptar uno más flexible, es decir, pasó de centrarse en establecer una relación entre las normas sociales y los acuerdos comerciales a centrarse en la cooperación internacional y el diálogo. La UE utiliza diferentes tipos de instrumentos para aplicar la política social en los terceros países. Se trata de instrumentos vinculantes, flexibles y de tipo financiero. El uso de estos instrumentos demuestra que la UE espera un comportamiento determinado en las relaciones con sus socios comerciales. El escollo, sin embargo, lo constituye la aplicación de estos instrumentos y su cumplimiento en los países asociados. Por tanto, es muy importante que la UE se centre en mayor medida en su aplicación y cumplimiento, especialmente de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en lo que se refiere a la responsabilidad social de las empresas. A menudo es el ordenamiento jurídico de ese país el que lo impide. Sin embargo, también desempeñan un cierto papel la debilidad política y la presión económica en el interior. El hecho de que los trabajadores no conozcan sus derechos es otro factor importante.

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), por escrito. – De conformidad con el informe, la UE posee una combinación única de dinamismo económico con un modelo social. Establece la igualdad de oportunidades en la educación, la formación y el mercado laboral y la igualdad de acceso a los servicios sociales. El informe destaca que es necesaria la ejecución de programas relativos al trabajo digno que reflejen las necesidades y prioridades nacionales respecto de la política laboral y social, y que se basen en un acuerdo entre empleadores, trabajadores y gobiernos. Este aspecto es muy importante en el actual contexto. Estas son algunas de las razones por las que apoyo este informe.

  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. – (PL) Lo más importante son las personas, y por eso es esencial promover las normas laborales y sociales. Las personas que viven en las zonas rurales y, en particular, las mujeres y los jóvenes, son un buen ejemplo. Los propietarios de la gran mayoría de las explotaciones agrícolas son hombres. Creo que debe apoyarse a las mujeres para garantizar la corrección de este desequilibrio. En mi opinión, es también importante apoyar a los agricultores jóvenes que adquieren las explotaciones agrícolas de sus padres. En lo que se refiere a los jóvenes, debe mejorarse la calidad de la educación en las zonas rurales, y se debe garantizar su acceso a las posibilidades, fuera del ámbito rural, de formación y desarrollo personal. La siguiente cuestión clave es la responsabilidad social de las empresas.

Esto significa que las empresas adoptan medidas diariamente para proteger la sociedad y el medio ambiente, por iniciativa propia e independientemente de cualquier norma jurídica. Las empresas ya no se centran solo en los beneficios. Se empiezan a caracterizar por una sensibilización cada vez mayor con respecto a la protección social y medioambiental.

  Martin Kastler (PPE), por escrito. – (DE) He votado a favor de este informe porque creo que las empresas tienen una responsabilidad social, con respecto a sus empleados y clientes, el medio ambiente y la sociedad en general. Se ha añadido un nuevo término al diccionario alemán: responsabilidad social de las empresas (RSE). Dicha responsabilidad es voluntaria, y debe seguir siendo así. En nuestros mercados globalizados, la RSE conlleva mucho más que realizar una donación al club de fútbol local. Las empresas que operan de una manera responsable a nivel mundial ayudan a diseñar la política exterior y de desarrollo.

Son embajadoras de Europa en el mundo y defienden las normas sociales europeas a nivel mundial. Debemos apoyar la RSE, no regularla. En este caso, Europa debe desempeñar un papel moderador, no regulador. Debe aplicarse este principio si la Comisión Europea se va a decidir a retomar el tema de la RSE una vez más: no es necesaria una regulación excesiva. Con este informe, hemos hecho hincapié en esta posición.

  Jan Kozłowski (PPE), por escrito. – (PL) Creo que el señor Falbr ha elaborado un buen informe, y, por lo tanto, me gustaría explicar por qué decidí votar a favor de su aprobación. La promoción de normas laborales ambiciosas, las normas sociales y la responsabilidad social de las empresas supone un enorme reto para la dimensión exterior de la política social. Uno de los problemas que destaca el ponente es la ineficiencia de los órganos administrativos responsables de la política de empleo. La cooperación continua y constructiva con terceros países, en la que participa la Unión Europea en su conjunto y los distintos Estados miembros, puede servir de fuente de buenas prácticas en cuanto al establecimiento de las capacidades administrativas adecuadas. Creo que, asimismo, da buenos resultados la cooperación a nivel regional y local y con las empresas. Un buen ejemplo de asociación, apoyo e intercambio de experiencias que ha producido resultados positivos es la cooperación entre las regiones polacas y los países pertenecientes a la Asociación Oriental durante los últimos años.

  Agnès Le Brun (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor de la resolución sobre la dimensión exterior de la política social de la Unión Europea. La Unión Europea está considerada, en todo el mundo, como un socio atractivo y solicitado, y esto se debe, sobre todo, a la forma única en que combina el dinamismo económico con un modelo social. La UE, en sus relaciones con otros países, debe promover dicho modelo, que debe implicar una acción coherente entre las dos dimensiones, la interior y la exterior. El actual texto insiste en la necesidad de promover, en particular, la responsabilidad social de las empresas, que exige que las empresas comerciales tengan en cuenta la dimensión social y medioambiental. La resolución destaca que esta promoción no debe ser vinculante, sino que debe ser el resultado de la interacción entre los interlocutores de forma voluntaria. Finalmente, tiene también como objetivo incluir, dentro de las negociaciones internacionales, los derechos de los trabajadores, que la Organización Internacional del Trabajo tiene encomendado defender, así como la promoción de la gobernanza económica mundial que tiene en cuenta estos parámetros.

  David Martin (S&D), por escrito. – Acojo con satisfacción este informe. En los ocho convenios de la OIT se recogen las normas laborales fundamentales, centradas en la libertad de asociación y la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y obligatorio, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, y la abolición del trabajo infantil. Se desprende claramente de estos convenios, así como del informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, que es necesario modificar el enfoque, centrado en los mercados, que es muy restrictivo, y centrarse en el interés general en las personas, es decir, en la protección de los derechos de los trabajadores y en el respeto del Derecho laboral. Para que la UE negocie con terceros países, éstos deben respetar lo señalado anteriormente. Se trata de una condición fundamental para poder negociar con los terceros países. La política comercial no puede ignorar las posibles violaciones de los derechos de los trabajadores, y, por consiguiente, la sociedad solamente puede seguir desarrollándose cuando se hayan eliminado estos obstáculos. Con la adopción de unas normas laborales, la UE apoya la posibilidad de que los hombres y las mujeres puedan conseguir un puesto de trabajo digno y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad. En el contexto actual de globalización, las normas internacionales del trabajo constituyen la base que garantiza que el crecimiento de la economía mundial beneficie a todos.

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), por escrito. – (CS) El objetivo y la mayor parte del contenido del informe del señor Falbr son, en mi opinión, muy positivos. Asimismo, considero que el énfasis en el empleo y las condiciones de trabajo dignas es un elemento clave del desarrollo sostenible, y no solo en los países de la UE. Al igual que el ponente, lamento que no exista una única definición de «cláusula social», que se pueda utilizar no solo en los acuerdos comerciales bilaterales, sino también en la creación de unas condiciones laborales dignas para los trabajadores. Los modelos sociales de algunos países europeos podrían ser también un buen ejemplo para los países en desarrollo. Asimismo, comparto la opinión sobre la lucha conjunta para eliminar el trabajo infantil.

A pesar de lo anteriormente mencionado, me he abstenido en la votación porque es imposible satisfacer las demandas sociales en los acuerdos comerciales bilaterales si no existe una definición clara del concepto de respeto de los derechos humanos. No se debe utilizar este criterio como argumento en contra de la firma de acuerdos.

  Barbara Matera (PPE), por escrito. – (IT) «Despertada el ansia de novedades que desde hace ya tiempo agita a los pueblos, era de esperar que las ganas de cambiarlo todo llegara un día a pasarse del campo de la política al terreno, con él colindante, de la economía». Estas son las palabras del querido Papa Juan Pablo II que en su encíclica titulada Centesimus Annus, volvió a tratar los temas abordados por su predecesor León XIII en la encíclica Rerum Novarum. Su intención era analizar y fomentar la «cuestión» social que, como en 1991, solo se puede resolver mediante la doctrina cristiana y, por lo tanto, a través del reconocimiento de la dignidad del ser humano y de los trabajadores sin distinción alguna.

He votado a favor del informe del señor Falbr porque se centra precisamente en la importancia de proteger los derechos humanos y en el hecho de que el modelo social europeo es también un punto de partida esencial en cuanto a las relaciones exteriores de la Unión. La responsabilidad social debe operar en ese sentido y la Unión Europea, a través del Parlamento, debe restablecer y reforzar estos principios en todas sus acciones, sobre todo, al tener relaciones con terceros países a cuyos ciudadanos se les niega los derechos fundamentales. Como Vicepresidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, me siento obligada a poner de relieve la importancia de que todos cooperemos, incluso fuera de la UE, en la eliminación de la discriminación y la violencia de género para así restablecer la dignidad social de las mujeres y su contribución activa tanto a la economía local como supranacional.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La globalización de la economía y la deslocalización de las empresas europeas han hecho temer por la dimensión exterior de la política social, entre ellas las actividades y las iniciativas de la UE encaminadas a la promoción de las normas laborales y sociales en terceros países. En los ocho convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se recogen las normas laborales fundamentales, centradas en la libertad de asociación y la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y obligatorio, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, y la abolición del trabajo infantil. Para negociar con la UE, los terceros países deben respetar todas las ideas señaladas anteriormente. Se trata de una condición fundamental para poder negociar con los terceros países. La política comercial no puede ignorar las posibles violaciones de los derechos de los trabajadores, y la sociedad solamente puede seguir desarrollándose cuando se hayan eliminado estos obstáculos. Es esencial utilizar las normas internacionales del trabajo para garantizar que el desarrollo económico sigua centrándose en gran medida en la mejora de la vida y la dignidad de las personas y no en la determinación de las condiciones y de los derechos de los trabajadores.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – La dimensión exterior de la política social es una prioridad fundamental para nuestro Grupo y para mí. Hemos aprobado recientemente una resolución relativa al futuro Convenio sobre los trabajadores domésticos que se va a adoptar en junio de 2011. Este informe insta, de una manera general, a reforzar las normas laborales fundamentales recogidas en los convenios de la OIT, entre ellas la libertad de asociación y la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y obligatorio, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, y la abolición del trabajo infantil. El Grupo S&D pide un cambio en la gobernanza mundial y en la UE a fin de mejorar la implementación de los derechos de los trabajadores y las condiciones de trabajo. En la actualidad, el no respetar, dentro y fuera de la UE, las normas sociales internacionales básicas constituye una forma de dumping social y medioambiental que perjudica a las empresas y a los trabajadores europeos. He votado a favor.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Apoyo los principios recogidos en el informe. Sin embargo, quiero señalar que va a ser difícil, si no imposible, conseguir en la práctica estos nobles objetivos. Ya tenemos innumerables acuerdos comerciales que no exigen el cumplimiento de las normas sociales. Mientras exista esta clara discrepancia, la eficacia y la lógica de este informe serán, necesariamente, limitadas. El informe insta a los Estados miembros a aplicar las normas laborales fundamentales para las empresas en sus propios países. ¿No debería incluirse a las empresas que se encuentran fuera de Europa? Asimismo, me parece que en el informe se pide luchar contra los efectos negativos de la globalización, aunque, en última instancia, esto no se puede conseguir con las medidas debatidas aquí. Por esa razón, me he abstenido en la votación.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) En este informe, la Unión Europea se ha fijado unos objetivos muy ambiciosos basados en unos principios bien diseñados. Se insta a los Estados miembros a aplicar las normas laborales fundamentales para las empresas en sus propios países. Por desgracia, parece que en este llamamiento no se incluye a las empresas situadas fuera de Europa actualmente. Aunque estoy a favor de los principios del informe, no considero que sus conclusiones sean totalmente correctas, y por ese motivo me he abstenido en la votación.

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), por escrito. – (PL) La política social exterior de la Unión Europea, dirigida a aquellos países que no desean adherirse a la UE, debe, ante todo, ser coherente, pragmática y uniforme. La política social exterior e interior debe promover las normas laborales y sociales, que se encuentran entre los objetivos más importantes de la UE.

En relación con lo anteriormente mencionado, todos los acuerdos celebrados por los Estados miembros con terceros países deben garantizar que su posición sea conforme al modelo social europeo. Debemos exigir que los países que no desean adherirse a la UE respeten el derecho de asociación y que adopten medidas para evitar la discriminación por motivos de género o edad. La eliminación del trabajo infantil y el derecho de los ciudadanos a mejorar sus cualificaciones profesionales son cuestiones muy importantes. En lo que se refiere a la cooperación al desarrollo, la Unión Europea tiene suficientes fondos para crear estructuras adecuadas en el ámbito de la educación y la formación profesionales. Cuando negocie acuerdos de asociación, es imprescindible que la Comisión Europea haga ajustes que reflejen la actual situación y la realidad de la vida del país en cuestión. El Parlamento Europeo ha obtenido nuevas competencias desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y debe cooperar activamente con los sindicatos europeos e internacionales a fin de mejorar la situación social.

  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. – (EL) He votado a favor del informe sobre la dimensión exterior de la política social, la promoción de las normas laborales y sociales y la responsabilidad social de las empresas europeas. Nuestro objetivo es promover las normas laborales y sociales y la responsabilidad social de las empresas europeas fuera de la UE. Es un objetivo legítimo; sin embargo, tengo algunas dudas con respecto a si podremos lograrlo. Las normas sociales comunes que citamos están en peligro y la intención de promover diferentes normas laborales y sociales dentro de la propia UE se está poniendo ahora de manifiesto. Las normas que se aplican en mi país, Grecia, donde las tasas de desempleo entre los jóvenes de 25 años son del 36,1 % y en España, donde la tasa es del 43 %, son muy diferentes de las normas que se aplican en las economías europeas fuertes. Este informe nos recuerda que, si la UE desea convertirse en líder mundial en cuanto a la política social, tiene que salvaguardar la cohesión entre las diferentes políticas sociales aplicadas en sus Estados miembros.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor del informe sobre la dimensión exterior de la política social, la promoción de las normas laborales y sociales y la responsabilidad social de las empresas europeas. Si bien la Estrategia de Lisboa y la Estrategia Europa 2020 atribuyen a la política social una importancia sin precedentes, las cuestiones en materia de competitividad y los factores económicos siguen siendo prioritarios frente a las cuestiones sociales. Es esencial defender nuestras normas laborales, que se recogen en los ocho convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), centradas en la libertad de asociación y la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y obligatorio, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, y la abolición del trabajo infantil. Es necesario centrarse en la protección de los derechos de los trabajadores y en el respeto del Derecho laboral. Para negociar con la UE, los terceros países deben respetar todas las ideas señaladas anteriormente. Debe ser una condición para poder negociar con los terceros países. La política comercial no puede ignorar las posibles violaciones de los derechos de los trabajadores, y la sociedad solamente puede seguir desarrollándose cuando se hayan eliminado estos obstáculos.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. – (IT) La dimensión exterior de la política social de la Unión Europea tiene como objetivo promover las normas sociales en los terceros países, pero las cuestiones en materia de competitividad y los factores económicos siguen siendo prioritarios frente a las cuestiones sociales y laborales. Actualmente, existen ocho convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que han ratificado todos los Estados miembros de la UE. Dichos convenios deben conducir a la creación de una base de normas internacionales compartidas por todos los Estados miembros.

Sin embargo, en general, tenemos que centrarnos en las personas como seres humanos, mediante la protección de los derechos de los trabajadores y el derecho al trabajo. La OIT desempeña un papel esencial en la escena internacional elaborando y promocionando estas normas, así como llevándolas a la práctica. Las empresas también deben contribuir al desarrollo sostenible a fin de fomentar la creación de unas buenas condiciones para los trabajadores, pero la diferencia entre los países desarrollados y en desarrollo todavía está en sus sistemas de protección social. Voto a favor de la propuesta que se está debatiendo teniendo en cuenta lo anterior y, asimismo, para que pueda haber una mayor promoción de las normas laborales y sociales tanto en los Estados miembros de la UE como en los terceros países, así como un mayor respeto de las normas laborales fundamentales establecidas a nivel internacional.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) Las normas laborales fundamentales recogidas en los ocho convenios de la OIT se centran en la libertad de asociación y la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y obligatorio, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, y la abolición del trabajo infantil.

Por consiguiente, se debe prestar mayor atención a la protección de los derechos de los trabajadores y el Derecho laboral. Es necesario mejorar de manera significativa la posición jurídica y social de las mujeres con el fin de evitar la discriminación y aprovechar la contribución potencial de las mujeres al desarrollo económico y social. Pido a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen el derecho a no ser discriminado, es decir, el derecho al trabajo y a la igualdad de trato, independientemente del género, origen étnico, edad y discapacidad, como un principio clave en la lucha contra la pobreza.

Pido a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen con los países asociados con el objetivo de atribuir mayor importancia a la lucha contra el trabajo infantil, a fin de crear, en su lugar, puestos de trabajos dignos para adultos y permitir que los niños reciban una educación adecuada. Debe respetarse el derecho de asociación para los sindicatos y el derecho a la negociación colectiva sin excepciones a fin de mejorar y garantizar unas condiciones de trabajo dignas.

  Phil Prendergast (S&D), por escrito. – La promoción de las normas laborales a través de las negociaciones de la UE con terceros países beneficia tanto a estos como a los Estados miembros. Mediante la promoción de unas normas en materia de seguridad más estrictas y de un salario superior, la UE está ayudando a mejorar las vidas de los trabajadores. Asimismo, exigiendo un salario superior, la UE está garantizando la existencia de un mercado en los terceros países para sus exportaciones. Si permitimos que Europa importe productos de países que no garantizan unos salarios justos, estamos, de hecho, expulsando a las empresas europeas del mercado por sus altos costes. Es más difícil para las empresas de la UE competir con terceros países que no cumplen las mismas normas en materia de seguridad y que pueden pagar a sus trabajadores salarios mucho más bajos. Sin embargo, es importante señalar que a las normas laborales le afectan los peligros que supone una «legislación de carácter no vinculante». Además del hecho de que dichas normas no sean vinculantes y de que no se establezca ninguna sanción para su incumplimiento, también se corre el riesgo de relegar los sistemas de supervisión tradicionales en favor de los procedimientos de control informales. Por lo tanto, la UE debe estar alerta y garantizar el cumplimiento de las normas y, de no ser así, habrá que adoptar medidas.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) En un mundo cada vez más globalizado, es esencial que la UE utilice su influencia internacional para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores en un modelo que respete la dignidad de la persona. En este contexto, surgen varias cuestiones, como, por ejemplo, la elección del instrumento adecuado para que la UE ejerza su influencia. Además, no hay que olvidar el poder que puede tener cuando se trata de las relaciones con un país que quiere adherirse a la Unión o es beneficiario de sus programas de ayuda. Finalmente, en un contexto en el que una parte importante de la economía depende de las empresas multinacionales, es necesario también que estas asuman su responsabilidad social.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – A favor. La dimensión exterior de la política social engloba las actividades e iniciativas de la UE destinadas a promover las normas laborales y sociales en los terceros países. Si bien la Estrategia de Lisboa atribuía a la política social una importancia sin precedentes, tal y como ocurre en la actualidad con la Estrategia Europa 2020, las cuestiones en materia de competitividad y los factores económicos siguen siendo prioritarios frente a las cuestiones sociales. En los ocho convenios de la OIT se recogen las normas laborales fundamentales, centradas en la libertad de asociación y la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y obligatorio, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, y la abolición del trabajo infantil. Se desprende claramente de estos convenios, así como del informe de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, que es necesario modificar el enfoque, centrado en los mercados, que es muy restrictivo, y centrarse en el interés general en las personas, es decir, en la protección de los derechos de los trabajadores y en el respeto del Derecho laboral. Para que la UE negocie con terceros países, éstos deben respetar las cuestiones señaladas anteriormente. Se trata de una condición fundamental para poder negociar con los terceros países. La política comercial no puede ignorar las posibles violaciones de los derechos de los trabajadores, y, por consiguiente, la sociedad solamente puede seguir desarrollándose cuando se hayan eliminado estos obstáculos.

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) Una empresa puede decir que es socialmente responsable cuando se compromete a tener una estructura sólida capaz de tener en cuenta no solo los resultados económicos, sino también las consecuencias sociales y medioambientales de sus acciones. Estos días, nos preguntamos no solo cómo las empresas logran sus resultados económicos, sino también a quién contratan y cómo tratan a su personal. Una empresa responsable participa activa y conscientemente en la realidad social en la que opera, y hace de sus relaciones con todas las partes implicadas en sus actividades la principal fuente de su prosperidad. A través del informe aprobado hoy, la Unión Europea se ha comprometido a adoptar el papel de líder mundial en materia de política social mediante la promoción de sus objetivos a nivel internacional, destacando así la importancia de la función que el Tratado de Lisboa atribuye al Parlamento.

  Oreste Rossi (EFD), por escrito. – (IT) Estoy a favor de este informe de propia iniciativa porque trata la promoción de la responsabilidad social de las empresas como un instrumento motivacional voluntario diseñado para estimular el crecimiento empresarial. Las empresas europeas son el motor de la economía de la Unión Europea y, por esa razón, debe mostrar mayor compromiso con la protección de sus empresas, que con frecuencia se ven en la situación de tener que competir con socios sin escrúpulos. Además, estoy a favor de la creación de empresas socialmente responsables, cuyos principios fundamentales sean la protección de los trabajadores, la protección de los consumidores y el cumplimiento de la legislación en materia de transparencia.

  Tokia Saïfi (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor de esta resolución porque destaca el papel clave que la Unión Europea quiere y debe desempeñar con respecto a terceros países, especialmente sus socios comerciales. El no respetar las normas sociales internacionales básicas constituye una forma de dumping social y medioambiental que perjudica a las empresas y a los trabajadores europeos. Este es uno de los puntos que quería subrayar de la opinión de la Comisión de Comercio Internacional, de la que fui ponente.

Sin embargo, la UE no puede hacer todo por sí sola: debe cooperar más con las organizaciones internacionales pertinentes (OIT, OMC, OCDE), en particular, para combatir el fenómeno de las zonas francas, ya que van en contra de cualquier norma social.

Además, si bien actualmente la responsabilidad social de las empresas está arraigada en Europa, las empresas europeas, sus filiales y sus subcontratistas desempeñan un papel fundamental en la promoción y difusión de las normas sociales y laborales en el mundo debido a su peso en el comercio internacional. La Comisión debe alentarlas a este respecto, en particular, mediante la búsqueda y la promoción de las mejores prácticas.

  Nikolaos Salavrakos (EFD), por escrito. – (EL) He votado a favor del informe del señor Falbr porque considero que hay que incrementar la promoción de la responsabilidad social de las empresas europeas, para responder directamente a la necesidad de defender los valores comunes y de aumentar la solidaridad y la cohesión entre los europeos. La responsabilidad social de las empresas debe ser el elemento principal del modelo social europeo, a fin de impulsar la innovación y la competitividad y contribuir a la empleabilidad y la creación de empleo, en un momento en que las tasas de desempleo están aumentando drásticamente y los jóvenes europeos, nuestra mano de obra sostenible, están buscando alternativas fuera de las fronteras de Europa.

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL), por escrito. – (DA) He votado a favor del informe Falbr, cuyo objetivo es la promoción de las normas laborales y sociales cuando la UE negocie con terceros países. El informe se basa en varios convenios de la OIT y, de conformidad con ellos, propone que la UE debe proteger los derechos de los trabajadores y el respeto del Derecho laboral cuando celebre acuerdos comerciales con terceros países, por ejemplo. El informe sugiere, entre otras cosas, que los requisitos mínimos de la responsabilidad social de las empresas se establezcan mediante un marco jurídico, que se defina de una manera más clara el concepto y que se vigile mejor el cumplimiento de los requisitos. Al mismo tiempo, el informe rechaza que se utilice el «procedimiento Modo 4» para los acuerdos comerciales, ya que permite a las empresas internacionales importar su propia mano de obra, burlando así las condiciones laborales y sociales del país anfitrión. Además del hecho de que coloca a la mano de obra importada en una posición peor que la del país anfitrión, también contribuye al dumping social. Actualmente, la UE tiene la potestad de celebrar acuerdos comerciales con terceros países en nombre de todos sus Estados miembros. Me opongo a ello. Sin embargo, mientras siga siendo así, será también necesario establecer los requisitos que determinen lo que estos acuerdos comerciales deben incluir.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – He apoyado este informe, que precede a la Comunicación de la Comisión sobre la responsabilidad social de las empresas. Asimismo, acojo con satisfacción el trabajo realizado por mi colega, Richard Howitt, en la fase de comisión para elaborar un informe que promueve la labor positiva que la responsabilidad social de las empresas puede desempeñar a nivel europeo.

  Niki Tzavela (EFD), por escrito. – (EL) Europa es un actor fundamental en los procedimientos globalizados y asume una parte importante de la responsabilidad de producir unos resultados que contribuyan a formas viables de desarrollo. La Unión Europea está a la vanguardia en la promoción de las políticas sociales a nivel mundial e insta a los países en desarrollo a respetar los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Asimismo, el informe Falbr menciona la importancia de la responsabilidad social de las empresas y de su cumplimiento por parte de las empresas de la UE, dado que al asumir dicha responsabilidad contribuyen de manera decisiva a la promoción de la prosperidad social y la protección del medio ambiente, y a la lucha contra la pobreza en los países en los que operan. Por esa razón, he votado a favor del informe.

  Derek Vaughan (S&D), por escrito. – La Estrategia Europa 2020 demuestra que para Europa la política social es una prioridad fundamental. Sin embargo, hay que trabajar más en este ámbito para lograr mejoras y, por esa razón, he apoyado este informe. El informe pide la eliminación del trabajo forzoso, así como la abolición del trabajo infantil, y pone también de relieve que es necesario centrarse aún más en la protección de los derechos de los trabajadores. Los terceros países deben cumplir principios básicos como estos para que la UE trabaje y celebre acuerdos comerciales con ellos. Asimismo, los Estados miembros deben cooperar con los países asociados para garantizar la protección de los grupos vulnerables y luchar contra la discriminación de género y la discriminación por motivos de origen étnico, religión, edad y discapacidad. Espero que la Comisión presente propuestas concretas que mejoren las normas laborales y sociales, y que promuevan la responsabilidad social de las empresas en sus políticas exteriores.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) El ponente lamenta que la política social no se centre todavía en la personas y que el factor humano deba seguir quedándose relegado a un segundo plano frente al de la competitividad. Como explica el informe, la UE tiene una buena reputación en todo el mundo en cuanto a la combinación ideal del dinamismo económico con un modelo social, que también da lugar a un cierto grado de responsabilidad. Ya no se debe permitir que la UE aplique un doble rasero, razón por la cual estoy totalmente de acuerdo con el ponente.

Informe: Nadja Hirsch (A7-0082/2011)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Voto a favor de este informe porque, en todas las etapas vitales, con independencia del estatus de las personas en el mercado laboral o de sus ingresos, se debe disponer de una formación profesional y educativa accesible y posible.

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución sobre la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación profesionales para apoyar la Estrategia Europa 2020. La posibilidad y la capacidad de aprender y trabajar en un entorno internacional es una condición importante para el éxito de la vida laboral en una economía globalizada. Cada vez hacen falta más trabajadoras y trabajadores móviles, flexibles y con experiencia internacional. Hay que actuar inmediatamente, especialmente en el caso de los jóvenes. El aumento persistente del desempleo juvenil es uno de los principales desafíos en Europa. Los Estados miembros deben adoptar estrategias políticas concretas, para combatir la pobreza y tener en cuenta las particularidades y las necesidades nacionales. Estoy de acuerdo con lo dispuesto en la resolución en cuanto a que los objetivos fijados en el marco de la Estrategia Europa 2020 de reducir la tasa de abandono escolar prematuro al 10 % por cada curso escolar y de lograr que el 40 % de los jóvenes obtengan un título superior deben perseguirse con medidas concretas, creativas y eficaces. En el marco del cambio demográfico y ante la creciente necesidad social de formación profesional y la necesidad de seguir el aprendizaje permanente, debe proporcionarse a los trabajadores un útil que les permita determinar y planear por sí mismos sus necesidades de formación profesional. Además, en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente y mediante la ejecución del proyecto Erasmus para jóvenes empresarios, deben crearse posibilidades de financiación ampliadas, simplificadas y de fácil acceso, destinadas a personas en diferentes etapas vitales y a grupos sociales específicos, para su acceso a la educación y la formación profesional. Debemos garantizar que los trabajadores europeos puedan adaptarse a las demandas de la economía.

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Este informe despreciable planifica el objetivo estratégico de la UE para ganar a otros focos imperialistas en la competencia por los monopolios, mediante la promoción de la integración de la educación en los objetivos cuantificables de la reaccionaria Estrategia Europa 2020 que tiene que «transformarse» en objetivos nacionales. Dentro del marco de este plan global, se presta especial atención a la educación técnica y profesional, a la que se asigna la función de responder a las necesidades de una mano de obra, lo más barata posible y privada de sus derechos, digna del «mercado laboral» y la «competitividad». Por esa razón, la educación y la formación profesionales deben satisfacer tanto las actuales necesidades del mercado como las futuras. Debe reforzarse el sometimiento a las opciones y planes de las empresas capitalistas, si bien también se debe facilitar la «empleabilidad» y la entrada en el mercado laboral a través del contrato de aprendizaje, la movilidad en el seno de los diferentes sectores de la economía y la denominada accesibilidad entre los distintos niveles de educación y formación. Las declaraciones sobre la «igualdad de oportunidades» y la «libre elección» y la satisfacción de las necesidades de los jóvenes ocultan la adaptación a las necesidades de la economía capitalista, lo que significa una política de barreras de clase en la educación amoldada a las prácticas laborales medievales de los «memorandos» y de la Estrategia Europa 2020.

  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. – (RO) La crisis económica ha trastocado el mercado laboral de la Unión Europea. No existe ningún gran ámbito empresarial que no se haya visto afectado por las terribles consecuencias de esta crisis, cuyos efectos han alcanzado a los ciudadanos en forma de inseguridad laboral, desempleo y malas condiciones o pocas oportunidades de encontrar un nuevo empleo. En este contexto, la educación y la formación profesionales están demostrando ser una nueva oportunidad, una nueva forma de ayudar a que las vidas de los ciudadanos europeos vuelvan a la normalidad. Estoy alarmada por la elevada tasa de desempleo juvenil. Creo que con la educación y la formación continua adecuadas, muchos jóvenes europeos conseguirán encontrar un trabajo bien remunerado, adecuado a su formación o reconversión profesional. Felicito a la ponente por este informe. Concluyo, junto con Nadja Hirsch, que si queremos cumplir estos deseos, la educación y la formación profesionales tienen que estar claramente orientadas a los resultados. Tiene que haber un objetivo para 2020: todos los jóvenes deben tener un empleo.

  Alfredo Antoniozzi (PPE), por escrito. – (IT) Los datos que aparecen en el informe de la señora Hirsch son alarmantes: el desempleo juvenil asciende actualmente al 21 %, el doble de la tasa media de desempleo a escala de la UE. La propuesta contiene ideas útiles y debe verse, sin duda, de una manera positiva. Sin embargo, estoy convencido de que tenemos que proporcionar los recursos financieros adecuados para abordar satisfactoriamente los retos que plantean el proceso de Copenhague y la Estrategia Europa 2020, a través, por ejemplo, de los Fondos Estructurales y, en particular, del Fondo Social Europeo. Asimismo, lamento tener que decir que los Estados miembros no comparten un enfoque general e integral. Sin una iniciativa coordinada que vincule los sectores de la formación profesional, las cualificaciones profesionales, el aprendizaje permanente y el aprendizaje al mercado de trabajo, no veo cómo podemos conseguir garantizar el logro de los objetivos de la iniciativa de la Estrategia Europa 2020 titulada «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos».

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de la señora Hirsch, cuyo objetivo es hacer comparaciones en los diferentes sistemas de educación y entre ellos. Estoy convencida de que la educación debería adaptarse mejor a las necesidades del mercado laboral e impulsar la creatividad, la innovación y el espíritu empresarial. Por lo tanto, este informe intenta facilitar la movilidad de los profesores y los estudiantes, así como simplificar los procedimientos de reconocimiento de cualificaciones profesionales extranjeras, lo que es esencial.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) La posibilidad y la capacidad de aprender y trabajar en un entorno internacional es una condición importante para el éxito de la vida laboral en una economía globalizada. Cada vez hacen falta más trabajadoras y trabajadores móviles, flexibles y con experiencia internacional. La Estrategia Europa 2020 menciona los elementos clave para un crecimiento inteligente (fomento del conocimiento, la innovación y la educación, así como de la sociedad digital), crecimiento sostenible (producción con consumo eficiente de recursos y aumento de nuestra competitividad) y crecimiento integrador (aumento de la tasa de empleo, cualificación y lucha contra la pobreza). Es necesario, en lo que se refiere al ámbito de la educación y la formación profesional, adoptar medidas concretas a escala de la Unión y de los Estados miembros. Hay que actuar de inmediato, especialmente en cuanto al nivel de desempleo juvenil. Los trabajadores jóvenes no solo sufren con mayor frecuencia el desempleo que los adultos, sino que ocupan más a menudo puestos temporales, con salarios inferiores y una protección social menor. Estoy de acuerdo en que para llevar a cabo la iniciativa emblemática de la Estrategia Europa 2020 «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos», las instituciones de la UE deben embarcarse en una iniciativa más pragmática y exhaustiva y de mayor alcance que cuente con el apoyo de todos los Estados miembros y que debe centrarse en vincular los ámbitos de la formación profesional, las cualificaciones profesionales, el aprendizaje permanente, el aprendizaje y el mercado de trabajo.

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) La UE está padeciendo una grave crisis económica, financiera y social. Las consecuencias de esta crisis se han notado, principalmente, en el ámbito del empleo. En la actualidad, el número de desempleados en la Unión Europea asciende a 22 820 000. Los jóvenes menores de 25 años siguen siendo los más afectados, con una tasa de desempleo del 21,3 %. Por una parte, se estima que, para 2020, se crearán casi 15,6 millones de nuevos puestos de trabajo altamente cualificados, pero, por otra parte, se perderán 12 millones de puestos de trabajo poco o nada cualificados. La Estrategia Europa 2020 pretende responder a estas nuevas perspectivas del mundo profesional.

Este informe pone de relieve la necesidad de desarrollar la cooperación a nivel europeo en el ámbito de la educación y la formación profesionales para aumentar la transparencia y favorecer la comparación entre los diferentes sistemas de educación. Asimismo, destaca la importancia de fomentar la transposición y aplicación de la legislación europea para facilitar la movilidad de profesores y estudiantes, así como para simplificar los procedimientos de reconocimiento de cualificaciones profesionales extranjeras. Por consiguiente, he votado a favor de este informe.

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. – (FR) Si bien el desempleo juvenil asciende actualmente al 21 % en la Unión Europea, y a casi el 25 % en mi país, se ha convertido en un gran reto para Europa en un momento en que los jóvenes europeos que no tienen trabajo se ven amenazados con la exclusión social y la pobreza. La UE tiene poca responsabilidad en estas cuestiones. Sin embargo, parece que puede ofrecer, si no soluciones, al menos algo en qué pensar: me parece evidente que la formación y la educación deban ser un aspecto esencial en las prioridades políticas de hoy y de mañana. El informe pide a los Estados miembros que intercambien buenas prácticas en cuanto a sus sistemas de educación y formación profesionales junto con las experiencias profesionales, que deben ampliarse en muchos Estados miembros, en particular en Francia. Estas recomendaciones van en la dirección correcta para mejorar la educación y la formación en relación con el mercado laboral y para reducir el desempleo y la exclusión social, pero no serán suficientes si los Estados miembros y la Comisión no hacen todo lo posible en un momento en que el desempleo juvenil se está convirtiendo en el principal reto político en muchos Estados miembros, en particular en mi país, Francia.

  Sergio Berlato (PPE), por escrito. – (IT) Para los ciudadanos europeos, la posibilidad y la capacidad de aprender y trabajar en un entorno internacional es una condición importante para el éxito de la vida laboral en una economía globalizada como la actual. A pesar de las drásticas repercusiones de la crisis económica en el mercado europeo de trabajo, el cambio industrial y tecnológico entraña una demanda más intensa de mano de obra de cualificación alta y media. En cuanto a la educación y la formación profesionales, los elementos clave mencionados en la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador tienen que transformarse en medidas concretas a escala de la Unión Europea. Para alcanzar estos objetivos, es esencial que la educación y la formación profesional obtengan una alta prioridad política común a largo plazo. Para la puesta en práctica, son indispensables la cooperación y el compromiso de todas las partes interesadas, las instituciones de la UE y los actores locales y regionales.

En este momento, me gustaría destacar que hay que actuar con rapidez, especialmente en el caso de los jóvenes. El aumento persistente del desempleo juvenil es, de hecho, uno de los principales desafíos en Europa. Los objetivos fijados en el marco de la Estrategia Europa 2020 de reducir la tasa de abandono escolar prematuro al 10 % por cada curso escolar y de lograr que el 40 % de los jóvenes obtengan un título superior deben perseguirse con medidas concretas y eficientes.

  Adam Bielan (ECR), por escrito. – (PL) En la era de la Europa sin fronteras, la educación es fundamental en la planificación de las vidas profesionales de los ciudadanos, especialmente a nivel internacional. Los jóvenes deben estar en condiciones de aprovechar las oportunidades de adquirir conocimientos y experiencia que ofrece la adhesión de su país a la Unión Europea. El hecho de que cada vez se demanden más trabajadores móviles que hayan recibido una educación amplia, es otro elemento a favor de este estilo de vida. Teniendo en cuenta lo anterior, el desempleo juvenil sigue siendo un problema preocupante. Es urgente que se lleve a cabo la ejecución de proyectos dirigidos a combatir este fenómeno peligroso. Todas las inversiones que se realicen en educación ayudan a garantizar un mejor futuro para los jóvenes. Por lo tanto, es especialmente importante el uso de fondos europeos para crear programas concretos en el ámbito de la formación profesional y el desarrollo. Así pues, estoy de acuerdo con la necesidad de elaborar instrumentos que apoyen el «aprendizaje permanente» o, en otras palabras, la mejora continua de las cualificaciones. Los programas educativos creativos y eficaces deben hacer posible la consecución de uno de los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020, que es el de garantizar que, al menos, el 40 % de las personas completen la educación superior.

  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) No tengo la intención de apoyar el informe de propia iniciativa de la señora Hirsch, no tanto por su declaración de principios, que es encomiable en cuanto a que destaca la importancia de aunar el mercado laboral y el mundo de la formación formal, sino porque, una vez más, carecemos de un enfoque proactivo y práctico de la cuestión que vaya más allá de las consideraciones estériles y ofrezca soluciones concretas a una emergencia social que no puede resolverse a través de la retórica.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe porque estoy de acuerdo en que el cambio demográfico y una mayor esperanza de vida significan que las vidas laborales van a ser más variadas, y que la reconversión y la participación en el aprendizaje permanente ya se ha convertido en un necesidad. Por consiguiente, el informe llama la atención sobre la necesidad de modernizar la educación y formación profesional inicial y continua, propone concluir el ciclo de enseñanza básica con una evaluación de las aptitudes profesionales e insiste en la importancia de la formación inicial para los docentes. Asimismo, subraya la importancia, a nivel local y regional, de promover la cooperación eficaz entre las escuelas, los centros de formación, los centros de investigación y las empresas con el fin de superar el carácter introspectivo de los sistemas de educación y las disparidades entre conocimientos y competencias, por una parte, y las necesidades del mercado laboral, por otra. Estoy de acuerdo en que para modernizar la formación y la educación, debemos reforzar el vínculo entre los posibles empleadores y las escuelas, y, por lo tanto, la inclusión de los interlocutores sociales en la elaboración de los programas de enseñanza sería otro paso hacia el aumento del empleo en Europa.

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), por escrito. – (RO) La Estrategia Europa 2020 establece que los elementos clave para un crecimiento inteligente no son solo el fomento del conocimiento, la innovación y la educación, así como de la sociedad digital, sino también el crecimiento sostenible e integrador. Lo esencial para lograr estos elementos, en este caso, es la educación y la formación profesionales, con respecto a las cuales todos los Estados miembros deben adoptar las mismas normas. A pesar de las drásticas repercusiones de la crisis económica en el mercado europeo de trabajo, hay que partir de la base de que en los próximos diez años al menos se recuperará gradualmente el crecimiento del empleo en Europa. Las estimaciones permiten suponer que se mantendrá el aumento de la demanda de competencias. El cambio industrial y tecnológico entraña una demanda más intensa de mano de obra de cualificación alta y media, en detrimento de la mano de obra menos cualificada.

Cada vez se pone más énfasis en un enfoque docente claro y orientado a los resultados. En algunos Estados miembros, ya se han realizado reformas en los sistemas de educación profesional. En cuanto a la comparabilidad de los sistemas de educación y formación profesional de los Estados miembros, debe velarse por el aumento de la permeabilidad, la transparencia y la comparabilidad en los diferentes sistemas de educación y entre ellos.

  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de este informe porque, como señala claramente, los jóvenes son el verdadero recurso del futuro. Por lo tanto, tenemos la obligación de garantizar que todos tengan acceso a la educación y la formación profesionales. La crisis económica que ha afectado a Europa y otros lugares durante los últimos años ha perjudicado, sobre todo, a los jóvenes. El desempleo entre ese grupo de edad ha aumentado drásticamente, y los que encuentran un empleo tienen que conformarse con contratos de duración determinada y salarios bajos.

Tenemos que trabajar de una manera rápida y eficaz a fin de devolver algo de dignidad a estos jóvenes, que quieren tener un empleo y, sobre todo, formar parte de un mundo en el que no es probable que se les acepte con los brazos abiertos. Asimismo, estos objetivos pueden encontrarse en la Estrategia Europa 2020, en la que se establece la obligación de centrarse en el crecimiento inteligente, sostenible e integrador. En términos generales, el informe de la señora Hirsch es un buen punto de partida para lo que tiene que convertirse en una de las políticas prioritarias del Parlamento y de toda la Unión Europea.

  John Bufton (EFD), por escrito. – He votado en contra de la resolución sobre la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación profesionales para apoyar la Estrategia Europa 2020 porque tengo miedo de que cualquier organización que divide las opiniones tenga acceso a las mentes e influya en ellas. Un porcentaje bastante elevado de la población de la UE se considera euroescéptica por estimar inadecuado que Bruselas esté al frente de la educación y la formación. Dicha actividad puede considerarse propaganda.

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), por escrito. – (RO) Las medidas en materia de educación y formación profesional son totalmente esenciales para convertir la economía europea en una economía del conocimiento, de acuerdo con los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Por esta razón, apoyo plenamente las recomendaciones de este informe, que pone de relieve la importancia de la inversión en la educación y la formación profesionales para la futura competitividad de la economía europea. Es necesaria la adopción de medidas eficaces, que se complementen entre sí a nivel nacional y europeo, a fin de lograr nuestros objetivos. La tasa de desempleo juvenil se ha incrementado de manera alarmante en la UE. Este informe envía un mensaje claro: la educación y la formación profesionales son elementos clave para abordar el desempleo juvenil. Para facilitar su inclusión en el mercado laboral, se necesitan unas estrategias claras, que fomenten la correlación entre los programas de educación y las demandas del mercado laboral, para que este pueda absorber a los graduados.

El enfoque requerido debe poner el énfasis en competencias específicas para facilitar la integración en el mercado laboral. Además, debido a los constantes cambios tecnológicos, los empleadores cada vez tienen más expectativas con respecto a las cualificaciones de los trabajadores. Por esta razón, la formación continua desempeña un papel clave en la constante adaptación de las cualificaciones profesionales a las demandas de la economía. Esto puede ayudar a las personas a evitar su exclusión del mercado laboral en algún momento de su carrera.

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), por escrito. – (EL) El informe en su conjunto está motivado por la filosofía de vincular la educación y la formación profesionales a las necesidades del mercado y de las empresas dentro de la Estrategia Europa 2020, una estrategia que merma aún más el tejido social y los derechos de los trabajadores. Aunque hay algunas referencias positivas a los principios generales de «humanizar el trabajo» y promover la creatividad y a la necesidad de que exista una conexión flexible entre el aprendizaje informal y la formación oficial, todo es papel mojado muy manido que simplemente adorna un informe que, en el análisis final, fomenta el neoliberalismo en todos los procedimientos y etapas de la educación y la formación, incluso en el nivel superior.

Por ejemplo, pide a los Estados miembros que apoyen los programas de doctorado y posdoctorado en beneficio de la competitividad y que faciliten la «movilidad laboral», comúnmente denominada inseguridad laboral. Finalmente, uno de los inconvenientes más importantes del informe es que pide a los Estados miembros que garanticen el «reconocimiento mutuo de certificados y diplomas entre Estados miembros», presionándoles así para que reconozcan los diplomas de diferentes escuelas superiores griegas o extranjeras como «equivalentes» a un título universitario de una universidad estatal. Por esa razón, he votado en contra del informe.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) Actualmente, la situación es dramática en varios Estados miembros con respecto al desempleo, especialmente al juvenil, que asciende al doble de la tasa general de desempleo a escala de la UE. Por lo tanto, es uno de los principales problemas en Europa. Es esencial que los Estados miembros adopten estrategias políticas dirigidas a combatir este problema que se basen en los objetivos fijados en la Estrategia Europa 2020 de reducir la tasa de abandono escolar prematuro al 10 % por cada curso escolar y de facilitar que, al menos, el 40 % de los jóvenes completen la educación superior. Estos objetivos deben perseguirse con medidas concretas, creativas y eficaces.

Por desgracia, he de señalar que los objetivos de la Estrategia Europa 2020 no están visiblemente en sintonía con la realidad de las restricciones presupuestarias, que han recortado de manera sustancial la financiación de los principales programas de la UE en el ámbito de la educación. Acojo con satisfacción las medidas tomadas por la Comisión para facilitar la accesibilidad, la transparencia y la comparabilidad en el proceso de reconocimiento de los sistemas de educación y entre ellos. Asimismo, es importante que los Estados miembros inicien una reforma de sus sistemas, y que orienten la educación y la formación profesionales hacia las necesidades reales del mercado laboral.

  Lara Comi (PPE), por escrito. – (IT) A fin de impulsar la cooperación europea para favorecer la Estrategia Europa 2020, quisiera ofrecer mi pleno apoyo a tres puntos que se destacan en este informe. En primer lugar, respaldo firmemente la necesidad de mejorar el diálogo entre el mercado laboral y el sistema educativo mediante el incremento de la oferta del número de prácticas en las empresas, para facilitar a los estudiantes su participación activa en el mundo empresarial y, asimismo, reforzar los vínculos entre las empresas y las instituciones educativas con respecto a la formación profesional. Además, considero que es una buena idea la intensificación de la integración de los sistemas educativos a nivel internacional, en primer lugar, para garantizar el pleno reconocimiento de las cualificaciones, y, en segundo lugar, para fomentar los proyectos de movilidad transfronteriza. Finalmente, estoy totalmente de acuerdo con la sugerencia del Parlamento dirigida a la Comisión sobre la adaptación del Fondo Social Europeo, Erasmus y el Programa de Aprendizaje Permanente de manera que puedan asignarse recursos a proyectos específicos para la educación y formación profesional y a la lucha contra el desempleo juvenil y la discriminación de género, y con que se anime a un mayor número de mujeres a formar parte de estos proyectos.

  Mário David (PPE), por escrito. – (PT) Este informe propone reforzar las medidas de cooperación entre los Estados miembros mediante el fomento de una educación y una formación profesionales mutuamente reconocidas, de mejor calidad, más orientadas hacia las necesidades del mercado laboral y más accesibles a todos. Asimismo, nos recuerda la necesidad de que exista una estrategia para el futuro de la educación y, sobre todo, para la orientación sobre todas las necesidades profesionales que tendrá Europa en un futuro próximo. En particular, advierte de la necesidad de unos vínculos más fuertes dentro del sistema de educación y formación europeo; de un sistema en el que la transparencia, y el reconocimiento mutuo de las competencias y las aptitudes sean, de hecho, una realidad. Me parece evidente que en una Europa cada vez más unificada, en la que aumenta la movilidad, sea absolutamente esencial el reconocimiento mutuo de las cualificaciones. Sin embargo, como advierte este informe, es necesaria la transposición de la legislación de la Unión en estos ámbitos. Ante esta nueva realidad europea, la educación y la formación se están convirtiendo en la base y el instrumento para un futuro de éxito. Como señala el documento, el fomento de la movilidad, el espíritu empresarial, la creatividad y la innovación es una necesidad objetiva y la UE debería impulsarlos. Estoy de acuerdo con este informe y he votado a su favor.

  Proinsias De Rossa (S&D), por escrito. – Apoyo este informe, que pide a los Estados miembros que garanticen a las personas, en diferentes etapas vitales, su acceso a una educación y una formación profesionales adaptadas a sus necesidades, que facilitarán y mejorarán su participación en el mercado laboral y en la sociedad en general. En todas las etapas vitales, con independencia del estatus de las personas en el mercado laboral o de sus ingresos, se debe disponer de una educación y una formación profesionales accesibles y asequibles. En particular, a fin de lograr una mejor integración y una mayor cohesión social, este informe insta a los Estados miembros a crear posibilidades de formación específicas para grupos de población como, por ejemplo, los jóvenes desempleados, las minorías étnicas, las mujeres vulnerables y las personas con discapacidad. Asimismo, señala que a partir de los recursos disponibles del Fondo Social Europeo, el conjunto del Programa de Aprendizaje Permanente y Erasmus a los jóvenes empresarios, deben crearse posibilidades de financiación ampliadas, simplificadas y de fácil acceso.

  Marielle De Sarnez (ALDE) , por escrito. – (FR) La lucha contra el desempleo juvenil es unos de los retos más acuciantes para Europa. Por esa razón, los Estados miembros deben adoptar inmediatamente estrategias específicas que tengan en cuenta las especificidades y las necesidades nacionales. Los métodos de aprendizaje deben ser más flexibles y accesibles con carácter permanente. Tenemos que ampliar las posibilidades de adquirir experiencia en el extranjero para todos. Asimismo, debe mejorarse el reconocimiento del aprendizaje. La educación y la formación profesional deben obtener una alta prioridad política común a largo plazo para facilitar la adaptación de los trabajadores europeos a los requisitos de una economía cambiante.

  Christine De Veyrac (PPE), por escrito. – (FR) En un momento en que el desempleo juvenil en Europa es dos veces superior al de la población activa, las propuestas del informe Hirsch son una contribución útil a la política seguida por los gobiernos de los 27 Estados miembros para combatir el desempleo.

Ante los retos que suponen el envejecimiento de la población y la globalización de nuestra economía, tenemos que impulsar la elaboración de programas de formación permanente, en particular a través del intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros, y mejorar la formación en una fase temprana de los jóvenes europeos mediante el fomento de las asociaciones entre las universidades, los centros de investigación y las empresas.

  Anne Delvaux (PPE), por escrito. – (FR) De acuerdo con las futuras estimaciones relativas a la empleabilidad y los diplomas requeridos, se supone que hay 15,6 millones de nuevos puestos de trabajo en la UE para los graduados y 3,7 millones para los que tienen una titulación de enseñanza secundaria (fuente: Cedefop). Por otra parte, ¡se van a recortar 12 millones de puestos de trabajo para los que tengan una cualificación más baja!

Ante esta catástrofe inexorable, la Estrategia Europa 2020 tenía que tener como objetivo el incremento del atractivo de la educación y la formación profesionales. El informe pide la adopción de un enfoque centrado en los resultados en cuanto al aprendizaje, la mejora del reconocimiento del aprendizaje formal e informal, y el establecimiento de centros de asistencia y de proyectos para aquellos aprendices que se esfuercen al máximo.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) En el contexto de una Europa que se está recuperando y creciendo tras la crisis, la educación y la formación profesionales son de vital importancia. Es esencial ofrecer a los jóvenes europeos los instrumentos necesarios para competir en un mundo globalizado y entrar en el mercado laboral a través de sus conocimientos y competencias. No podemos olvidar que las cifras de desempleo juvenil son abrumadoras en toda Europa. Sin embargo, no debemos ignorar que una mayor formación, a veces, no equivale a más oportunidades en el mercado laboral. En la UE, se están multiplicando los casos de jóvenes graduados, con formación adicional y de postgrado, pero sin un puesto de trabajo y sin perspectivas de encontrarlo. La formación debe orientarse hacia las necesidades del mercado y preparar a los trabajadores jóvenes. En mi opinión, este cambio de paradigma será vital para detener el crecimiento del desempleo entre los más jóvenes y garantizarles un futuro con más posibilidades.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Este informe de la señora Hirsch aborda el problema de la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación profesionales para apoyar la Estrategia Europa 2020. Los objetivos de esta Estrategia —crecimiento inteligente, sostenible e integrador— tienen que considerarse inmediatamente. Aunque la actual situación económica y financiera no parece favorable, tenemos que saber transformar las situaciones menos favorables en oportunidades. En un mundo cada vez más globalizado, no nos podemos recluir dentro de un territorio determinado, sino que tenemos que cultivar la movilidad, la flexibilidad y la experiencia internacional. Es importante que la formación en una fase temprana sea de gran calidad y que los jóvenes puedan elegir trabajar en otros países. He votado a favor del informe porque estoy de acuerdo con sus propuestas. Entre ellas, me gustaría destacar la necesidad de un aprendizaje permanente nuevo y diversificado, que es esencial para un trabajo de mayor calidad, en particular en el contexto laboral, así como la necesidad de prestar especial atención a los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad, como se establece en la Estrategia Europa 2020.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Estamos una vez más ante una tediosa repetición de la retórica habitual de la Comisión Europea sobre las cuestiones del aprendizaje permanente y el fomento de la movilidad a nivel de la UE, que se contemplan como la mejor garantía para mejorar la «empleabilidad» y la «adaptabilidad» de los trabajadores. Se considera que la formación profesional es una forma de promover el «espíritu empresarial» y de responder a la necesidad de «crear un entorno propicio al crecimiento, desarrollo y éxito de las empresas», y se añade que «para crecer las empresas necesitan que la carga fiscal sea menor, así como una cierta predictibilidad de manera que puedan planificar y realizar inversiones». Asimismo, se cree que la formación profesional y el aprendizaje permanente deben orientarse en mayor medida «según las necesidades del mercado de trabajo y permitir el acceso al mismo y la movilidad en su interior».

De repente, queda claro el marco ideológico del informe: el problema del empleo es un problema del individuo, y no eminentemente social, y es el individuo —y no la sociedad— el que tiene que solucionarlo, ya sea incrementando su «empleabilidad» o convirtiéndose en «empresario»; un sistema fiscal favorable a los beneficios y, por lo tanto, que se impone, fundamentalmente, sobre los trabajadores y los consumidores; y una educación y formación totalmente a disposición del capital. En cuanto al resto, no examina las causas en profundidad ni busca soluciones.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Este informe es una repetición de la retórica habitual de la Comisión Europea sobre las cuestiones del aprendizaje permanente y el fomento de la movilidad a nivel de la UE, consideradas como la mejor garantía contra el desempleo, y sobre la necesidad de los trabajadores de mejorar su «empleabilidad» y su “adaptabilidad”, para poder así organizar la oferta de educación y formación.

Sin embargo, el informe resalta fundamentalmente el papel de la formación profesional en el fomento del espíritu empresarial y la necesidad de «crear un entorno propicio al crecimiento, desarrollo y éxito de las empresas» y añade que «para crecer las empresas necesitan que la carga fiscal sea menor, así como una cierta predictibilidad de manera que puedan planificar y realizar inversiones». Se señala también la necesidad de que la formación profesional y el aprendizaje permanente se orienten en mayor medida «según las necesidades del mercado de trabajo y permitan el acceso al mismo y la movilidad en su interior». Es decir, lo que realmente hace este informe es poner la educación y la formación a plena disposición del capitalismo europeo.

Además, el informe no menciona los motivos sociales que conducen al abandono escolar prematuro, la falta de acceso a oportunidades de educación superior y el desempleo juvenil, enmascarando así la responsabilidad de las políticas neoliberales fomentadas por las grandes empresas y las instituciones financieras.

Consideramos, por lo tanto, que este informe no es aceptable. No analiza las causas en profundidad ni busca soluciones.

  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) Creo firmemente que la formación profesional y educativa debe ser accesible y asequible de forma permanente, con independencia del estatus del individuo en el mercado laboral o de sus ingresos. El acceso a la educación profesional debe responder a las necesidades específicas de los individuos, facilitando la búsqueda de un puesto de trabajo. Es preciso crear oportunidades para grupos de población específicos en los Estados miembros de la UE, como jóvenes desempleados, minorías étnicas, mujeres vulnerables, personas con discapacidad y otros, para obtener así una mejor cohesión socioeconómica y una mejor integración. Por último, pero no menos importante, las posibilidades de financiación ampliadas, simplificadas y de fácil acceso ayudarían, sin lugar a duda, a la ejecución de los objetivos mencionados anteriormente.

  Elisabetta Gardini (PPE), por escrito. – (IT) Mediante este informe se añade un elemento más a la estrategia europea de la política para la juventud. Es adecuado apoyar la internacionalización de los estudios y la flexibilidad laboral de los trabajadores jóvenes, en un mercado laboral cuya competitividad va en aumento. La juventud europea ha de poder competir con la gente de su edad de las cuatro esquinas del planeta. Las cifras del desempleo juvenil no pueden dejarnos indiferentes. Deberíamos celebrar este informe que resalta la importancia de los objetivos de la Estrategia Europa 2020: combatir el desempleo juvenil a través de medidas eficaces y efectivas como, por ejemplo, reducir la tasa de abandono escolar a menos del 10 % y lograr que el 40 % de los jóvenes obtengan un título superior. Sin embargo, éste no debería ser el objetivo final sino el punto de partida: las prioridades futuras deberían centrarse en la creación de vínculos entre las universidades y las empresas y la recuperación de la obligatoriedad de las prácticas/aprendizaje financiadas por organismos públicos o privados. No contamos con mucho tiempo y debemos actuar ahora. De lo contrario, el legado que dejaremos a las generaciones futuras será una carga muy pesada.

  Brice Hortefeux (PPE), por escrito. – (FR) Acojo con beneplácito la aprobación de este informe que sitúa de nuevo los retos de la educación y la formación en el centro de las preocupaciones de la Unión Europea y sus Estados miembros. En un momento de austeridad presupuestaria, a consecuencia de la crisis global que ha afectado gravemente al mercado laboral europeo, debemos considerar nuestras estrategias para el crecimiento y el empleo, y en particular para los jóvenes, sin perder de vista las diferencias y las diversas necesidades a nivel nacional.

Los jóvenes son las primeras víctimas del desempleo y son muy susceptibles al abandono escolar. Por este motivo, es imprescindible modernizar los programas de estudios y la formación para que se adapten mejor a las necesidades de nuestras empresas. Estas medidas deben también aplicarse a los ámbitos de la educación permanente y el fomento de la movilidad. La consecución de estos objetivos solo será posible si todas las partes interesadas (las instituciones europeas, los Estados miembros y los actores locales y regionales) aúnan sus esfuerzos.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) He acogido este documento con satisfacción porque Europa ha de adoptar medidas inmediatamente, especialmente en lo que se refiere a los jóvenes: el creciente desempleo juvenil es uno de los retos más acuciantes a los que se enfrenta Europa. Los trabajadores jóvenes no solo sufren con mayor frecuencia el desempleo que los adultos, sino que ocupan más a menudo puestos temporales y precarios, con salarios inferiores y una protección social menor. Los Estados miembros deben adoptar estrategias políticas con objetivos determinados, para combatir el desempleo juvenil y tener en cuenta las particularidades y las necesidades nacionales. El objetivo establecido en la Estrategia Europa 2020 de reducir la tasa de abandono escolar prematuro al 10 % por cada curso escolar y de lograr que el 40 % de los jóvenes obtengan un título superior debe perseguirse con medidas concretas, creativas y eficientes. La educación y la formación profesional deben considerarse como una prioridad política común de largo plazo. Para la puesta en práctica, son indispensables la cooperación y el compromiso de los actores implicados, tanto de todas las instituciones de la UE y los Estados miembros, como también y en igual medida de los actores locales y regionales. Debemos garantizar que los trabajadores europeos obtengan la posibilidad de adaptarse a las demandas de la economía. Los responsables políticos deben colocar a la gente en condiciones de continuar adquiriendo y ampliando sus cualificaciones. La obtención de nuevas cualificaciones no debe limitarse al objetivo de contribuir a la obtención de un puesto de trabajo mejor. Las nuevas cualificaciones deben dar la posibilidad de configurar los puestos de trabajo del futuro y de prestar así una contribución activa a una economía innovadora.

  Lívia Járóka (PPE), por escrito. – Quiero apoyar este informe que llama la atención sobre la necesidad de ampliar el sistema de formación profesional en la UE: la igualdad en el acceso a un aprendizaje permanente supone mejores oportunidades en el mercado laboral y contribuye, por lo tanto, al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Debe prestarse una atención especial a la prevención del desempleo juvenil, para lo cual es necesario armonizar la oferta de formación con las demandas del mercado de trabajo, ofrecer previsiones de medio plazo sobre la demanda laboral esperada y permitir que los sistemas educativos sean más eficientes en cuanto a las garantías de obtención de las cualificaciones exigidas de forma activa por el mercado laboral. Según el Cedefop, se espera un descenso de 12 millones de puestos de trabajo que requieren poca o ninguna cualificación, lo que presagia un riesgo creciente de pobreza para los más vulnerables. En muchos casos, incluso aquellos que finalizan sus estudios no pueden acceder al mercado de trabajo y son, por lo tanto, más susceptibles de ocupar puestos de trabajo precarios o de trabajar en la economía sumergida. Por consiguiente, estos jóvenes no pueden iniciar una vida independiente y generan, con frecuencia, una carga muy pesada para los hogares, creando así un círculo vicioso de una educación deficiente y desempleo.

  Jarosław Kalinowski (PPE), por escrito. – (PL) La propuesta de resolución presta una especial atención a la educación de los jóvenes y subraya la necesidad de una formación práctica. Es absolutamente necesario garantizar el acceso a una educación apropiada y a cursos adecuados para asegurar que aquellos que completan su escolarización, sus estudios universitarios o su formación profesional no tienen problemas para encontrar un puesto de trabajo en el ámbito elegido. Permítannos resaltar que estos puestos de trabajo deben ofrecer buenas condiciones laborales y salarios dignos.

Según las previsiones, los problemas económicos no afectarán al aumento de los niveles de empleo en la UE. Sin embargo, este hecho no debería generar una reducción de la financiación de los principales programas de la UE en el ámbito de la educación y la formación profesional, como, por ejemplo, el Programa de Aprendizaje Permanente. De hecho, estos fondos deberían ser más elevados para que todo el mundo, independientemente de la edad, género o residencia, tenga acceso a las mismas oportunidades educativas y profesionales.

  Jan Kozłowski (PPE), por escrito. – (PL) Como ponente alternativo del informe Hirsch sobre la cooperación europea en educación y formación profesional, me gustaría explicar los motivos de mi voto a favor de la aprobación de este informe. En la situación actual, con el envejecimiento de la población por un lado y una tasa alarmante alta de desempleo juvenil por otro, Europa ha de hacer frente a desafíos muy graves. En este sentido, la educación y la formación profesional juegan un papel esencial. Por lo tanto, cuando buscamos asegurar el apoyo futuro a la educación y formación profesional, debemos, al mismo tiempo, dar la mayor importancia al seguimiento de la eficacia de la formación y a un enfoque centrado en alcanzar el objetivo de aumentar los niveles de empleo y la integración social.

Estoy convencido de que la educación y formación profesional deben vincularse estrechamente con el mercado laboral, con la característica de la adaptación constante a los cambios económicos, demográficos y sociales. En mi opinión, es muy importante garantizar una gestión más flexible del FSE, así como que este fondo complemente otros instrumentos de empleo, tanto a nivel europeo como nacional. Por último, quiero felicitar a la ponente por un informe exhaustivo y exitoso y agradecerle su excelente colaboración.

  Agnès Le Brun (PPE), por escrito. – (FR) Los objetivos de la Estrategia Europa 2020 incluyen, en concreto, la reducción de la tasa de abandono escolar prematuro al 10 % por cada curso escolar y lograr que el 40 % de los jóvenes obtenga un título superior. Estos objetivos persiguen la ambición europea, establecida por primera vez en la estrategia de Lisboa, de conseguir que la Unión sea la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo. Precisamente por este motivo, es especialmente importante que, desde el año 2002, el proceso de Copenhague haya establecido los fundamentos para una mayor cooperación en cuanto a las políticas de los Estados miembros en materia de educación y formación profesional. He votado a favor de esta resolución porque establece objetivos ambiciosos para mejorar los programas europeos de educación y formación profesional.

  Constance Le Grip (PPE) , por escrito. – (FR) He votado a favor del informe de la señora Hirscht. Para enfrentarnos a los desafíos del siglo XXI y, en especial, a la creciente competencia de nuestros socios comerciales, los sistemas europeos de educación y formación profesional han de ser más eficientes, más atractivos y más reactivos, preparando mejor a nuestros ciudadanos para los puestos de trabajo en los que hay vacantes.

Debemos, por tanto, adaptar estos sistemas a las necesidades del mundo laboral. Creo que también existe la necesidad en Europa de facilitar el acceso a una experiencia laboral de alta calidad y, por tanto, de mantener y reforzar los programas existentes orientados al aumento de la movilidad de los aprendices.

La creación de un verdadero «Erasmus para aprendices» fue mi compromiso durante la campaña electoral europea. Este programa está enfocado a que los jóvenes, y los no tan jóvenes, se inserten en el mercado laboral y tengan la oportunidad de viajar en Europa y entrar en contacto directo con la realidad económica de nuestro Mercado Interior.

Por último, debemos simplificar y mejorar el sistema de reconocimiento europeo de las cualificaciones profesionales, con el objetivo de revitalizar nuestro Mercado Interior y ofrecer a nuestros ciudadanos la oportunidad de la movilidad profesional.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe. Los elementos clave mencionados en la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente (fomento del conocimiento, la innovación y la educación, así como de la sociedad digital), crecimiento sostenible (producción con consumo eficiente de recursos y aumento de nuestra competitividad) y crecimiento integrador (aumento de la tasa de empleo, cualificación y lucha contra la pobreza) deben dotarse de contenido ya en el ámbito de la educación y la formación profesional mediante medidas concretas a escala de la Unión y de los Estados miembros.

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), por escrito. – (CS) La educación es, sin lugar a duda, un proceso complejo y de largo plazo cuya calidad y resultados influyen, por tanto, en las futuras carreras profesionales de los jóvenes. No podemos olvidar esto. En este sentido, quiero señalar que la demanda de competencia profesional en un amplio abanico de áreas y actividades crecerá con el desarrollo de las nuevas tecnologías y la adopción de mayores estándares de calidad y seguridad creando así la necesidad de una formación de los jóvenes más orientada hacia la consecución de objetivos. Me refiero a una educación de alta calidad, construida sobre el concepto de elementos educativos modernos, a una educación atractiva que refleje la necesidad de un cierto ámbito educativo, prestando atención a otras opciones para la mejora de las cualificaciones. El proceso educativo debería manifestarse en jóvenes con una formación profesional que tienen una idea clara de las perspectivas de crecimiento y que, principalmente, pueden aprovechar el conocimiento, la experiencia y las habilidades adquiridas para la actividad en la que se han formado y cualificado, es decir, el ámbito que dominan y por el que han mostrado su preferencia.

  Mario Mauro (PPE), por escrito. – (IT) El informe sobre la cooperación en educación y formación profesional para apoyar la Estrategia Europa 2020 identifica, de forma satisfactoria, los objetivos que nosotros mismos fijamos hace tiempo para dicha estrategia. El diálogo continuo entre el mundo de la educación y formación profesional y el mercado laboral es hoy más necesario que nunca. El desafío principal es, precisamente, garantizar que el mercado laboral satisfice, cada vez con mayor regularidad, las necesidades de los nuevos trabajadores.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) La correcta aplicación de la Estrategia Europa 2020 es crucial para que Europa pueda regresar a la senda del crecimiento económico sostenido y sostenible. Los jóvenes son un elemento esencial para el éxito de la Estrategia Europa 2020. Sin embargo, y como todos saben, ellos son los que más sufren por la crisis actual y, principalmente, por las extremadamente elevadas tasas de desempleo: las tasas de desempleo entre los jóvenes son el doble de las del resto de desempleados. Para conseguir el objetivo mencionado, es necesario llevar a cabo una inversión significativa en el ámbito de la educación y formación profesional.

  Louis Michel (ALDE), por escrito. – (FR) En un mundo globalizado, una educación y formación profesional de calidad son el elemento fundamental con el que todo joven debe contar a la hora de acceder al mercado laboral. La economía mundial exige cualificaciones, flexibilidad, disponibilidad y conocimiento de idiomas. Para enfrentarnos a estos requisitos, es nuestra obligación como políticos garantizar la aplicación de estrategias que aseguren los siguientes puntos: • Un aprendizaje centrado en resultados específicos; • Enseñanza del espíritu empresarial; • Oferta de mecanismos para aquellas personas sin cualificar que deseen encontrar un puesto de trabajo, en particular, mediante la educación a medida; • Simplificación de los procedimientos para el reconocimiento de las cualificaciones extranjeras, para fomentar la movilidad de los trabajadores; • Creación de un marco europeo que oferte la colocación en puestos de trabajo de calidad en toda la UE; • Un aprendizaje permanente que permita que los trabajadores se adapten a las condiciones del mercado y las necesidades de las empresas; • Fomento de la creatividad, así como de las tecnologías de la información y la comunicación y • Apoyo al empleo femenino mediante la reconciliación del empleo y la vida familiar.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – La educación y formación profesional debe ser fácilmente accesible, flexible e individual para personas en diferentes etapas vitales, con independencia de su estatus en el mercado laboral o de sus ingresos. Es preciso crear oportunidades para grupos de población específicos, como jóvenes desempleados, minorías étnicas, mujeres vulnerables, personas con discapacidad y otros, para obtener así una mejor cohesión socioeconómica y una mejor integración. Deben crearse posibilidades de financiación ampliadas, simplificadas y de fácil acceso, utilizando los fondos proporcionados en la actualidad por el Fondo Social Europeo y el Programa de Aprendizaje Permanente. En mi opinión, esta iniciativa es muy importante y oportuna. He votado a favor.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) El mundo laboral ha experimentado cambios importantes. Mientras que en el pasado una buena educación era garantía de un buen puesto de trabajo, en la actualidad un diploma o un título de educación superior no protegen a los jóvenes contra el desempleo. Concretamente, el inicio de la carrera profesional se está volviendo cada vez más difícil. Por otro lado, las empresas se quejan constantemente de la escasez de personal especializado y utilizan esta excusa para contratar mano de obra barata. Las exigencias de completa flexibilidad y movilidad, así como los precios «de saldo» que imperan en el mercado laboral, bajo el formato de nuevos modelos de trabajo, como los «Mac-Jobs», hacen prácticamente imposible tener una familia y conseguir un equilibrio razonable entre la vida laboral y la familiar. Podría tener sentido, en el marco de la Estrategia Europa 2020, el apoyar el reconocimiento mutuo entre la educación y la formación. Sin embargo, el éxito de la estrategia depende de la adopción de medidas para tratar estos hechos problemáticos. En este sentido, celebro la petición contenida en el informe sobre la adopción rápida de medidas relativas al desempleo juvenil, si bien faltan detalles concretos. Por tanto, me he abstenido en la votación.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) El mercado laboral europeo se enfrenta a desafíos importantes. La generación más joven afronta el problema de que una educación de calidad, por si sola, no es garantía de un buen puesto de trabajo. Y lo que es todavía peor, tan siquiera constituye ya una fuente de protección frente al desempleo. Por otro lado, las grandes empresas se quejan de la escasez de personal especializado y utilizan esta excusa con frecuencia para contratar mano de obra barata. Esto hace prácticamente imposible tener una familia y conseguir un equilibrio razonable entre la vida laboral y la familiar. El reconocimiento mutuo entre la educación y la formación es un primer paso en la dirección correcta. La petición contenida en el informe sobre la adopción de medidas relativas al desempleo juvenil también es un paso correcto. Sin embargo, la simple petición de la adopción de medidas es demasiado imprecisa. Por este motivo, me he abstenido en la votación.

  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución porque la cooperación a escala de la Unión Europea en el ámbito de la formación profesional constituye un factor muy importante para la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y la reducción del desempleo juvenil. Estoy de acuerdo con la propuesta de que todos los Estados miembros deben tener en cuenta, al establecer la educación y formación profesional, las necesidades individuales de las personas con escasa cualificación, los emigrantes, las mujeres vulnerables, las personas con discapacidad y otros grupos socialmente vulnerables. Los programas de formación deberían estar orientados a las necesidades de estas personas y a sus capacidades. Además, debemos fomentar una colaboración más estrecha entre los distintos sistemas educativos de los Estados miembros, para garantizar así la integración de los jóvenes y propiciar el aprendizaje permanente y la formación formal e informal. Considero que, para garantizar que la formación profesional se ajusta a las necesidades del mercado laboral, es aconsejable incorporar información sobre los cambios del mercado de trabajo a las estrategias y programas de educación nacional.

La Comisión debe jugar un papel fundamental en este aspecto, a través de información sobre las competencias y necesidades de las regiones a nivel individual y los cambios en el mercado laboral de la UE. Es muy importante, además, crear un entorno empresarial favorable para las empresas que colaboran en el desarrollo y la ejecución de los programas de formación profesional.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe sobre la cooperación en educación y formación profesional porque esta cuestión ocupa un lugar muy importante en la Estrategia Europa 2020, con el objetivo de garantizar el desarrollo económico. La colaboración con el fin de mejorar la educación y formación profesional supone reducir la tasa de desempleo juvenil, equipar a los trabajadores con herramientas de carácter cognitivo y ofrecer oportunidades de financiación más amplias y simples. El contexto socioeconómico actual exige la capacidad de trabajar en entornos internacionales y necesitamos, por tanto, aumentar las oportunidades para el aprendizaje, teniendo también en cuenta el papel que juegan las empresas, que necesitan, cada vez con mayor frecuencia, un personal cualificado con experiencia formativa práctica, que puedan trabajar de forma inmediata y eficiente.

  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. – (EL) Este informe de iniciativa propia, al que la comisión de redacción competente incorporó numerosas propuestas de la Comisión de Cultura y Educación, persigue impulsar a la UE y a los Estados miembros a que alcancen los objetivos de la Estrategia Europa 2020, especialmente en lo relativo a empleo y formación. El informe tiene en cuenta desafíos específicos, como la exigencia, por parte del mercado laboral, de cualificaciones cada vez más altas, algo que pone en peligro los puestos de trabajo de menor cualificación, el vertiginoso aumento en el desempleo juvenil, que supera el 30 % en ciertos Estados miembros de la UE, incluyendo Grecia, y el fracaso de los Estados miembros a la hora de adoptar las medidas adecuadas para alcanzar los objetivos contenidos en la Estrategia Europa 2020 (por ejemplo, reducir la tasa de abandono escolar prematuro al 10 % y lograr que el 40 % de los jóvenes obtengan un título superior). Junto con la protección social para los ciudadanos con menores cualificaciones o con un nivel educativo bajo, es urgente invertir en nuevas cualificaciones, especialmente en aquellas necesarias para puestos de empleo en sectores estratégicos para el crecimiento económico. Esto constituye un aspecto fundamental para Grecia.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) La cooperación europea en materia de educación y formación profesional para apoyar la Estrategia Europa 2020 es esencial. La posibilidad y la capacidad de aprender y trabajar en un entorno internacional es una condición importante para el éxito de la vida laboral en una economía globalizada. Cada vez hacen falta más trabajadoras y trabajadores móviles, flexibles y con experiencia internacional. Coincido con la ponente en que existe la necesidad de dar vida a la Estrategia Europa 2020. Este proceso debe comenzar inmediatamente en el ámbito de la educación y la formación profesional mediante medidas concretas a escala de la Unión y de los Estados miembros. He votado a favor del informe por todos estos motivos. De hecho, estamos obligados garantizar que los trabajadores europeos obtengan la posibilidad de adaptarse a las demandas de la economía. Los responsables políticos deben colocar a la gente en condiciones de continuar adquiriendo y ampliando sus cualificaciones. El desarrollo de las cualificaciones personales, además de contribuir a la obtención de un puesto de trabajo mejor, deben dar la posibilidad de configurar los puestos de trabajo del futuro y de prestar así una contribución activa a una economía innovadora.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. – (IT) En un mundo crecientemente globalizado, es importante que los jóvenes puedan ampliar su educación y formación a través de la movilidad. Cada vez hacen falta más trabajadoras y trabajadores móviles, flexibles y con experiencia internacional. A pesar de la crisis económica, se estima que el mercado de trabajo europeo, experimentará un crecimiento constante en los próximos diez años. Precisamente por este motivo la UE ha adoptado la Estrategia Europa 2020, que persigue prestar una mayor atención a la educación y formación profesional.

Se deben multiplicar los esfuerzos para aumentar la permeabilidad, la transparencia y la comparabilidad en el reconocimiento de los sistemas de educación. El sector educativo debe prestar más atención a las necesidades del mercado laboral, demandar un método de evaluación de los resultados del aprendizaje y mejorar la calidad de sus propios estándares para lograr una mayor profesionalidad. Por último, es preciso impulsar la creatividad, la innovación y el espíritu empresarial, para que los jóvenes y los trabajadores europeos puedan expandir su conocimiento, adaptándose así a las necesidades del sistema económico. He votado a favor de la propuesta en cuestión con el fin de conseguir estos objetivos y garantizar que la educación y formación profesional sigan siendo una prioridad política clave para todo el mundo en el largo plazo.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) Los elementos clave mencionados en la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador (aumento de la tasa de empleo, cualificación y lucha contra la pobreza) deben dotarse de contenido ya en el ámbito de la educación y la formación profesional mediante medidas concretas a escala de la Unión y de los Estados miembros. Los trabajadores europeos deben obtener la posibilidad de adaptarse a las demandas de la economía. Los responsables políticos deben colocar a la gente en condiciones de continuar adquiriendo y ampliando sus cualificaciones.

Insto a los Estados miembros a hacer un seguimiento de las medidas para facilitar la transición de la escuela a la vida laboral, mediante el desarrollo de programas integrados de asesoramiento y orientación profesionales, para crear así mejores posibilidades para la formación de los formadores y que sienten las bases para una asociación que promueva el aprendizaje, en particular a escala regional y local.

En cuanto a la educación y formación profesional, los Estados miembros deben tener en cuenta las necesidades individuales de las personas con escasa cualificación, los alumnos procedentes de la inmigración, los miembros de minorías étnicas, las mujeres vulnerables, los desempleados y las personas con discapacidad. Insto a los Estados miembros a apoyar las actividades innovadoras y los programas de doctorado y posdoctorado en beneficio de la competitividad y el crecimiento económico sostenible.

  Phil Prendergast (S&D), por escrito. – Uno de los desafíos más acuciantes del entorno económico actual es el desempleo juvenil. Los trabajadores jóvenes no solo sufren con mayor frecuencia el desempleo que los adultos, sino que ocupan más a menudo puestos temporales y precarios, con salarios inferiores y una protección legal menor. Es extremadamente importante que abordemos este problema. La previsión del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) de que el número de nuevos puestos de trabajo hasta 2020 se evalúa en 80 millones es una buena noticia. Es importante señalar que se producirá un cambio hacia el desarrollo industrial y tecnológico en detrimento de la mano de obra menos cualificada. Estos nuevos puestos de trabajo precisarán trabajadores con cualificaciones altas e intermedias. Es preciso adoptar medidas con celeridad para garantizar que existen trabajadores con las cualificaciones necesarias disponibles para ocupar dichos puestos de trabajo. En este sentido, debemos asegurar que nuestro enfoque de aprendizaje se centra en los resultados. Debemos ofrecer a los jóvenes acceso al aprendizaje permanente y a cursos con elementos de formación práctica, para permitir que ocupen los puestos de trabajo anteriormente mencionados y que crezcan y progresen en sus carreras profesionales. Creo que estos cambios en la educación profesional serán positivos para las economías de todos los Estados miembros.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) Por un lado, Europa sufre un aumento de la tasa de desempleo juvenil, junto con unas características de inseguridad y temporalidad de los puestos de trabajo que normalmente ocupan los jóvenes. Por otro lado, sin embargo, está claro que las empresas sufren una falta de profesionales cualificados cuya formación esté orientada hacia las tareas que deben desarrollar. Es importante, por tanto, intentar acercar la oferta y la demanda de trabajo a través de medidas como, por ejemplo, asesoramiento independiente en materia de formación profesional, disponibilidad de fondos para apoyar la formación profesional y competencia entre las instituciones que ofrecen dicha formación. En última instancia, el objetivo es que las personas puedan encontrar un puesto de trabajo mejor, pero también que puedan «configurar los puestos de trabajo del futuro», tal y como se señala en la exposición de motivos.

  Crescenzio Rivellini (PPE), por escrito. – (IT) Hemos votado hoy, durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo, sobre el informe sobre la cooperación en educación y formación profesional para apoyar la Estrategia Europa 2020. A pesar de las drásticas repercusiones de la crisis económica en el mercado europeo de trabajo, hay que partir de la base de que en los próximos diez años al menos se recuperará gradualmente el crecimiento del empleo en Europa. En cuanto a educación y formación profesional, los elementos clave mencionados en la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador deben traducirse en medidas concretas a escala de la Unión y de los Estados miembros. La condición para alcanzar los objetivos mencionados en la Estrategia Europa 2020 es que la educación y la formación profesional obtengan una alta prioridad política común por parte de las instituciones de la Unión Europea y de las partes involucradas a escala local y regional. El informe de la señora Hirsch adopta las medidas tomadas por la Comisión para aumentar la permeabilidad, la transparencia y la comparabilidad en el reconocimiento de los sistemas de educación y entre ellos, resaltando que es importante garantizar que la educación se oriente en mayor medida según las necesidades del mercado de trabajo, colaborando con el aumento de la creatividad y la innovación.

  Robert Rochefort (ALDE), por escrito. – (FR) La UE y los Estados miembros deben redoblar los esfuerzos para fomentar el empleo juvenil y reducir la tasa de desempleo de los jóvenes y, en concreto, mediante la mejora de la correspondencia entre los sistemas de formación y las necesidades del mercado de trabajo. Ante la pérdida en Europa de 12 millones de puestos de trabajo de escasa cualificación en 2020 y la necesidad de vidas laborales más amplias para preservar nuestro modelo social ante el desafío demográfico, también es crucial que, simultáneamente, se redoblen los esfuerzos de mejora del aprendizaje permanente de los trabajadores durante su carrera profesional. En este sentido, la idea sugerida por la señora Hirsch en su informe de adoptar mecanismos de incentivos a los empresarios para que alienten a sus empleados a participar en programas de formación, es interesante. Además, para luchar contra el desempleo entre los personas con escasa cualificación y fomentar el empleo de las personas de edad avanzada es fundamental alentar el reconocimiento de las cualificaciones nacionales entre los Estados miembros y promover la certificación mediante la convalidación de las cualificaciones adquiridas mediante el aprendizaje informal.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Estoy a favor. La posibilidad y la capacidad de aprender y trabajar en un entorno internacional es una condición importante para el éxito de la vida laboral en una economía globalizada. Cada vez hacen falta más trabajadoras y trabajadores móviles, flexibles y con experiencia internacional. Los elementos clave mencionados en la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente (fomento del conocimiento, la innovación y la educación, así como de la sociedad digital), crecimiento sostenible (producción con consumo eficiente de recursos y aumento de nuestra competitividad) y crecimiento integrador (aumento de la tasa de empleo, cualificación y lucha contra la pobreza) deben dotarse de contenido ya en el ámbito de la educación y la formación profesional mediante medidas concretas a escala de la Unión y de los Estados miembros. A pesar de las drásticas repercusiones de la crisis económica en el mercado europeo de trabajo, hay que partir de la base de que en los próximos diez años al menos se recuperará gradualmente el crecimiento del empleo en Europa. Según los pronósticos actuales del Cedefop sobre la oferta y la demanda de cualificaciones en Europa, el número de nuevos puestos de trabajo hasta 2020 se evalúa en 80 millones.

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) La posibilidad y la capacidad de aprender y trabajar en un entorno internacional es una condición importante para el éxito de la vida laboral en una economía globalizada. Las empresas reclaman con insistencia creciente que las ofertas de educación y formación profesional sean prácticas y orientadas con claridad a hallar soluciones. Para las empresas, lo importante es que quienes concluyen la educación o formación profesional aporten efectivamente aptitudes y competencias al entorno laboral.

La resolución aprobada hoy supone un primer paso encaminado a garantizar que los trabajadores europeos obtengan la posibilidad de adaptarse a las demandas de la economía. La gente debe contar con las condiciones para continuar adquiriendo y ampliando sus cualificaciones. La obtención de nuevas cualificaciones no debe limitarse al objetivo de contribuir a la obtención de un puesto de trabajo mejor. Las nuevas cualificaciones deben dar la posibilidad de configurar los puestos de trabajo del futuro y de prestar así una contribución activa a una economía innovadora.

  Czesław Adam Siekierski (PPE), por escrito. – (PL) La educación y formación profesional y la idea universal del «aprendizaje permanente» son los elementos esenciales del futuro de la integración europea, que se enfrenta a los desafíos siempre nuevos en cuanto al apoyo de la Estrategia Europa 2020. Debemos afrontar el hecho de que el nivel de desempleo juvenil crece a una tasa alarmante. Los problemas relativos a la educación y formación profesional se están transformando en una prioridad. Las personas que se encuentran al inicio de sus carreras profesionales se podrían encontrar con el que el desempleo tiene un efecto negativo en su actividad futura en el mercado laboral. La educación y formación profesional posibilitan la movilidad en el seno del mercado laboral, en línea con la cambiante situación económica y la demanda de un sector económico específico. Merece la pena resaltar la utilidad y los méritos de los programas educativos transfronterizos como, por ejemplo, el programa Leonardo Da Vinci, que merece todo nuestro apoyo. Estos programas posibilitan la adquisición de capacidades que caracterizan a una población activa móvil.

La movilidad elimina las dificultades que surgen como consecuencia de la diversidad existente en los distintos mercados laborales nacionales y ofrece acceso a los trabajadores jóvenes a un enorme mercado laboral europeo, lleno de nuevos desafíos y oportunidades que les permite utilizar la experiencia que han adquirido. Los Estados miembros deben facilitar la supervisión y la asistencia en cuanto al establecimiento de cooperación e intercambio de información entre escuelas, instituciones de formación, centros de investigación y empresas. Los trabajadores jóvenes aportan nuevas fuentes de conocimiento, capacidades y experiencia al mercado laboral de la UE.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – Apoyo este informe. Considero, sin embargo, que la magnitud de los recortes aplicados al Programa de Aprendizaje Permanente y al Programa «Personas» es inaceptablemente elevada.

  Michèle Striffler (PPE), por escrito. – (FR) La lucha contra el desempleo juvenil debe constituir una prioridad para todos los gobiernos europeos. Debemos ofertar a los jóvenes europeos una educación y una formación completa, atractiva y competitiva, que les permita encontrar un puesto de empleo con mayor facilidad. Considero, en concreto, que la educación profesional y el aprendizaje permanente deberían adaptarse mejor a las necesidades del mercado de trabajo. Además, la educación superior debe combinarse con la formación profesional, dando prioridad, por ejemplo, a una combinación entre formación y empleo. Por consiguiente, he votado a favor del informe Hirsch.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) La tasa de desempleo juvenil en Europa es del 21 % y afecta, en la actualidad, a más de 5,5 millones de jóvenes europeos, que se encuentran en una situación de riesgo de exclusión social porque la falta de oportunidades les obliga a aceptar trabajos precarios. La educación y la formación son los desafíos principales a los que se enfrenta la Unión Europea en la actualidad y están consagrados en la Estrategia Europa 2020. Los objetivos contemplados para 2020 son reducir la tasa de abandono escolar por debajo del 10 % y permitir que el 40 % de los jóvenes finalicen su educación superior. Si bien estos objetivos son muy ambiciosos, son necesarios para el crecimiento económico y para lograr que los Estados miembros sean más competitivos, generando así puestos de trabajo.

He votado a favor de este informe porque es crucial contar con una estrategia de la UE a largo plazo que permita abordar el desempleo estructural y el desempleo juvenil. Considero que, en este sentido, es importante continuar apoyando a las pequeñas y medianas empresas, ya que generan el 50 % de los puestos de trabajo así como invertir en un aprendizaje permanente continuado. Por último, quiero mencionar la necesidad de reconocer las cualificaciones profesionales para facilitar el aumento de la movilidad de los estudiantes y los profesionales.

  Niki Tzavela (EFD), por escrito. – (EL) La lucha contra el desempleo juvenil es uno de los desafíos más acuciantes a los que se enfrenta la UE. Para abordar este problema, debemos invertir más recursos en la educación y formación juvenil. De esta forma, los jóvenes estarán preparados para los desafíos futuros del mercado laboral, que es cada vez más exigente. El informe también señala que el Fondo Social Europeo podría contribuir más a la educación de aquellas personas con rentas bajas. Tal y como he apuntado en varias ocasiones, la propuesta de facilitar la movilidad laboral en el marco del Mercado Interior es especialmente importante. La cooperación europea es necesaria para preparar una política única en este ámbito. Por todos estos motivos, he apoyado este informe.

  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. – (LT) El desequilibrio existente entre las cualificaciones de los jóvenes y las necesidades del mercado de trabajo es uno de los motivos que explican que Lituania sufra una elevadísima tasa de desempleo juvenil (34 %). En 2010, el 52 % de todos los jóvenes desempleados (50 000) que se registraron ante la Oficina Nacional de Empleo de Lituania no contaban con ningún tipo de formación profesional. La incapacidad de los jóvenes de mi país de encontrar un puesto de trabajo adecuado ha desembocado en una gran oleada de emigración juvenil —en los últimos años el 50 % de los emigrantes lituanos tenía entre 20 y 34 años— La necesidad de una mano de obra móvil y flexible es creciente y debemos, por tanto, ayudar a la población activa europea a adaptarse a las necesidades de la economía, dándoles la oportunidad de mejorar sus cualificaciones y aumentar sus conocimientos. Es importante que la formación profesional sea accesible para todos. Me alegra que la ponente entienda este aspecto. La financiación del FSE puede ser enormemente valiosa y puede ayudar a proporcionar formación a los grupos marginados de la sociedad lituana. Ha llegado la hora de que la UE adopte medidas creativas y eficientes para poner en marcha los objetivos establecidos por la Estrategia Europa 2020, como reducir la tasa de abandono escolar por debajo del 10 % y garantizar que el 40 % de los jóvenes recibe una educación universitaria.

  Derek Vaughan (S&D), por escrito. – Los jóvenes y las personas de edad avanzada deberían tener acceso a la educación y formación profesional. Por ejemplo, tanto el Programa de Aprendizaje Permanente como el Programa «Personas» proporcionan oportunidades muy valiosas para aquellos que quieren aprender nuevas cualificaciones y encontrar un nuevo puesto de trabajo. Los niveles actuales de desempleo, especialmente entre los jóvenes, son preocupantes y es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar que los jóvenes son capaces de adquirir las cualificaciones y competencias fundamentales. Creo firmemente que el FSE puede jugar un papel crucial en la educación y la formación. Es importante que aquellas personas con rentas menores reciban ayudas económicas para ayudarles a asistir a cursos de formación, logrando así más oportunidades para integrarse plenamente en el mercado de trabajo.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) La Estrategia Europa 2020 debería velar por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Es fundamental contar con un enfoque de aprendizaje centrado en los resultados. El «aprendizaje permanente» es una prioridad absoluta para nuestros ciudadanos, motivo por el que el acceso a la educación y formación profesional debe constituir una prioridad para nosotros.

Informe: Gay Mitchell (A7-0187/2011)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Voto a favor de este informe. El informe evalúa el Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (ICD), pero yo quiero resaltar la importancia del mecanismo que debería tener éxito este año. Coincido con la crítica del ponente al hecho de que el trabajo analítico llevado a cabo por el Parlamento no ha sido reconocido por los representantes de los Estados miembros ni por el Comité del ICD.

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – (LT) He votado a favor del informe sobre el Reglamento (CE) nº 1905/2006 por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo: experiencia adquirida y perspectivas de futuro. El 2011 es un año estratégico para extraer lecciones de los cuatro años de funcionamiento del Reglamento (CE) nº 1905/2006 por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (ICD). La simplificación y la adaptación adicionales a los nuevos desafíos, como el cambio climático, así como el marco adecuado para la dimensión exterior de las políticas interiores de la UE, constituyen aspectos importantes que deben tenerse en cuenta. Estoy de acuerdo con la disposición estipulada en la resolución que señala que el futuro instrumento de la UE de financiación de la ayuda al desarrollo debe dotarse de suficientes fondos financieros. La UE ha asumido el objetivo colectivo de dedicar un 0,7 % de su renta nacional bruta (RNB) a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para 2015. Para alcanzar este objetivo, el nivel de ayuda actual de la UE deberá aumentar significativamente. La coordinación y la división del trabajo deben ser los principios rectores de la programación en el marco del nuevo instrumento del desarrollo. La idea de los documentos europeos de estrategia debe ponerse en práctica con carácter altamente prioritario y el Parlamento Europeo ha de involucrarse de forma activa en este proceso. El Parlamento debe tener la posibilidad de defender la especificidad de la política de desarrollo de la UE en el instrumento de cooperación para el desarrollo posterior a 2013 mediante el control de las decisiones de programación estratégica, en igualdad de condiciones con el Consejo.

  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. – (RO) El Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD), uno de los proyectos más altruistas de la Unión Europea, tiene como objetivo ofrecer asistencia a los países en desarrollo, de forma desinteresada y sin condiciones. La ausencia de aspectos utilitaristas en la participación de la UE debe obligar a sus instituciones a utilizar mejor estos fondos, a centrarse en la erradicación de la pobreza y a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Debo resaltar la necesidad de una mayor transparencia para todos los fondos asignados para este fin y, aún más importante, la necesidad de aumentar las evaluaciones del impacto que el ICD tiene sobre la población de esos países. El motivo es que estos fondos han de estar respaldados por la puesta en marcha en los países en desarrollo de políticas sociales eficaces. En el medio y largo plazo, estos fondos deben convertirse en la «caña» que las personas pertinentes utilizarán para aprender a «pescar» y lograr exitosamente su autosuficiencia.

No podemos olvidar que 2010 fue el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Precisamente por este motivo el Instrumento de Cooperación al Desarrollo debe continuar con esta lucha en los países en desarrollo, contribuyendo de forma significativa a lograr una vida digna para el mayor número posible de ciudadanos.

  Pino Arlacchi (S&D), por escrito. – El objetivo de este informe sobre la creación de un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo es establecer en una fase temprana la posición del Parlamento con respecto a esta cuestión. Esta posición debe basarse en la experiencia adquirida con el control de la aplicación de nuestra cooperación al desarrollo.

Agradezco el método utilizado por el ponente para evaluar los resultados y las modalidades de la cooperación al desarrollo de la UE. El ponente afirma, de forma clara que, a pesar del espíritu constructivo del diálogo con la Comisión, la propia Comisión no ha modificado su comportamiento en materia de cuestiones de desarrollo, tal y como recomendó el Parlamento. La posición del Parlamento solo se reflejó de forma esporádica en los proyectos de medidas de ejecución que la Comisión presentó al Comité de gestión del ICD.

Esto resulta comprensible, ya que el principal interlocutor del ponente en la Comisión fue la DG RELEX, cuyo mandato principal era la promoción de los intereses de la UE en el resto del mundo. Pero la cooperación para el desarrollo es el único ámbito político de acción exterior (aparte de la ayuda humanitaria) que no se ha concebido para servir los intereses de la UE, sino para defender los intereses de las poblaciones más marginadas y vulnerables de este planeta. Dado que la posición expresada en este informe refleja esta inspiración global, me alegro de votar a favor.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) He apoyado el informe del señor Mitchell porque considero que debemos aumentar la participación de los Parlamentos nacionales de los países en desarrollo en la elaboración de los documentos de estrategia nacionales como, por ejemplo, en la estrategia de erradicación de la pobreza. Además, la ayuda europea al desarrollo debe financiarse de forma adecuada. La UE se ha comprometido a dedicar un 0,7 % de su renta nacional bruta (RNB) a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para 2015, lo que supone aumentar la cuantía actual de la ayuda europea.

  Liam Aylward (ALDE), por escrito. – (GA) El plazo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio cae en el período de vigencia del primer Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo. Por lo tanto, se debe aumentar la cooperación actual con las autoridades locales y desarrollar su papel en la lucha contra la pobreza y el hambre, mejorando los servicios de salud y de suministro de agua y fomentando el desarrollo económico local. A la hora de desarrollar los instrumentos de financiación y la cooperación al desarrollo es importante abordar la seguridad del abastecimiento alimentario, los desafíos del sector agrícola y la producción de piensos, así como el coste de sufrir una crisis. Celebro lo que el informe señala en este aspecto. Estoy de acuerdo con que la Comisión debe llevar a cabo un análisis integral del apoyo presupuestario general, incluyendo detalles del apoyo concedido a sectores y proyectos específicos y a los gobiernos locales. Esta información será de utilidad en el futuro, cuando se pongan en marcha medidas para asignar los recursos y los fondos de forma más eficiente y permitirá, por lo tanto, identificar cualquier tipo de problemas en el sistema de distribución. Esto resultará en una política más consistente.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) El objetivo primordial de la cooperación al desarrollo es la erradicación de la pobreza en los países socios, mediante la prosecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) Para conseguir estos objetivos, la UE necesita un instrumento de financiación específico para la cooperación al desarrollo. La Comisión se ha comprometido a presentar las propuestas legislativas para los instrumentos de financiación de las acciones exteriores antes de que finalice este año y a reconsiderar la estructura general de los instrumentos de financiación exterior cuando tenga lugar el debate sobre el próximo marco financiero plurianual (MFP). He votado a favor de este documento que establece la posición del Parlamento con respecto al nuevo instrumento de financiación de la cooperación al desarrollo de la UE. Coincido en que el futuro instrumento de la UE de financiación de la ayuda al desarrollo debe dotarse de suficientes fondos financieros, dados los compromisos adquiridos por la UE en este ámbito de dedicar un 0,7 % de su renta nacional bruta (RNB) a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para 2015.

  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) He votado en contra de la propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre la creación de un instrumento de financiación para la cooperación al desarrollo de los países, áreas y regiones en desarrollo debido a la inclusión en la propuesta de la gestión de la inmigración ilegal. En concreto, la propuesta sostiene que los fondos de desarrollo para la migración no deben utilizarse para reforzar el control en las fronteras y luchar contra la inmigración ilegal. Esta posición es incompatible con nuestro enfoque político en el que el refuerzo del control de las fronteras y la lucha contra la inmigración ilegal constituyen prioridades centrales y, por tanto, argumentaríamos que es necesario invertir recursos adicionales en este ámbito. He decidido, por consiguiente, votar en contra de la propuesta.

  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) La cuestión de la cooperación al desarrollo es uno de los principios cardinales que sustentan mi trabajo. Creo que el excelente informe del señor Mitchell resalta, con éxito, las áreas en las que Europa puede, y debe, mejorar. La experiencia del Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (ICD) ha sido crucial para comprender cómo debe proceder la Unión Europea en el contexto del próximo marco financiero plurianual Si queremos que los instrumentos de financiación sean eficientes debemos crear un sistema de financiación que sea independiente de otras medidas, debemos calcular de nuevo las cuotas y revisar cómo se aplican los instrumentos. Esta revisión debe basarse en una política de vecindad que tenga en cuenta las necesidades de los países más pobres y no solo los intereses de Europa. Creo firmemente que la política de desarrollo de la UE debe ser el resultado del trabajo del Parlamento y del Consejo y que el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea también debería aplicarse a esta cuestión. Estos principios están contenidos de forma clara en el informe y, por tanto, he votado a favor.

  Philippe Boulland (PPE), por escrito. – (FR) Acojo con beneplácito la aprobación del informe del señor Mitchell, que tiene como objetivo establecer la posición del Parlamento con respecto al nuevo instrumento de financiación diseñado para regular la cooperación al desarrollo de la UE, basada en la experiencia adquirida con la aplicación del Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (ICD) (el instrumento de financiación de la cooperación al desarrollo).

Quiero resaltar que todavía existen altos niveles de pobreza en los países, territorios y regiones en desarrollo. En este sentido, debemos aumentar los fondos destinados a luchar contra las causas de la pobreza y, en concreto, la desnutrición, los problemas de salud, la educación y el acceso a agua potable, en vez de encaminarnos hacia sistemas de control de la inmigración, cubiertos por otros sistemas de financiación.

La ayuda al desarrollo debe permitir que las poblaciones relevantes puedan permanecer en sus zonas geográficas.

La regulación de la inmigración debe llevarse a cabo mediante otro instrumento financiero y debe conducir a un aumento de la dotación de recursos para Frontex.

Esta es la explicación de mi voto sobre este informe.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Me gustaría empezar celebrando los esfuerzos realizados por la Unión Europea para erradicar la pobreza en los países en desarrollo. La cooperación internacional orientada al fomento de la autosuficiencia y la independencia de estos países es el camino correcto para la consecución de la paz política y social a nivel internacional. Esto no solo afectará positivamente a los países beneficiarios, sino que también conducirá a la resolución de los problemas de Europa en materia de inmigración. Apoyo, por tanto, un aumento de la financiación europea en este ámbito así como la creación de un instrumento financiero centrado exclusivamente en esta área.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) En el contexto del debate sobre el próximo marco financiero plurianual (MFP) posterior a 2013, es especialmente importante redefinir y reforzar las posiciones aprobadas por el Parlamento sobre un nuevo instrumento financiero para la cooperación al desarrollo de la UE (ICD), basadas en la experiencia adquirida con la aplicación del ICD durante el período 2007-2013. Para empezar, considero que es fundamental que este nuevo instrumento siga otorgando prioridad a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Para conseguir este objetivo, y en concreto la erradicación de la pobreza, es fundamental que cualquier instrumento futuro cuente con recursos financieros realistas y adecuados. La Comisión debe garantizar que la ayuda de la UE es consistente con los objetivos y las metas establecidos a nivel internacional. Quiero insistir en la importancia de la exhaustividad con la que se aplican los criterios de elegibilidad de los países que se beneficiarán de la financiación de este instrumento. Me gustaría enfatizar que el nuevo ICD debe establecer las bases para una ayuda específica y más flexible en situaciones de fragilidad. Creo que el instrumento debe contribuir a garantizar la debida vinculación de la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo. Para concluir, felicito al señor Mitchell por el informe que ha presentado y apoyo las sugerencias incluidas en dicho informe.

  Lara Comi (PPE), por escrito. – (IT) Recientemente se han llevado a cabo numerosos programas de ayuda en los países en desarrollo por parte de una variedad de organizaciones públicas y privadas. Tal y como muestra el informe, el escaso éxito obtenido hasta ahora, la falta de coordinación en materia de objetivos comunes (Organización Mundial de la Salud) y la falta de indicaciones claras sobre cómo conseguir los objetivos hacen necesaria, también en mi opinión, la introducción de un nuevo instrumento financiero para la cooperación al desarrollo. Sin embargo, este instrumento ha de ser diseñado de forma inteligente y debe ser tal que mejore la situación actual sin conducir a un mayor despilfarro de recursos. Para que este proyecto sea realmente eficaz es necesario adoptar medidas en dos frentes. En primer lugar y dado que el objetivo prioritario es la erradicación de la pobreza, se deben asignar nuevos fondos a esta causa: no se deben retirar fondos de proyectos que ya están en marcha. En segundo lugar, creo que la Unión Europea debe comprometerse más profundamente con este proyecto. Los principios rectores para orientar la planificación en cuanto al nuevo instrumento de desarrollo deben ser la coordinación y el reparto de tareas.

  Mário David (PPE), por escrito. – (PT) El propósito del presente informe es establecer en una fase temprana la posición del Parlamento con respecto al nuevo instrumento de financiación de la cooperación al desarrollo de la UE, basada en el Reglamento anterior. Creo que la participación del Parlamento en las fases tempranas de la remodelación de este instrumento otorgará un valor añadido y, por tanto, apoyo esta iniciativa. Creo que los valores que caracterizan las medidas del Parlamento Europeo, sobre todo el fomento de la democracia y la defensa de los derechos humanos, pueden contribuir positivamente al diseño de un instrumento más compacto, eficiente y global. En mi opinión, la forma en la que el informe analiza este asunto es muy interesante: propone nuevos enfoques que tendrán que ser debatidos durante los próximos meses y, concretamente, en lo relativo a la necesidad de que la ayuda a los países en desarrollo sea más diferenciada, dividiéndolos en grupos. El informe también demuestra la necesidad de un análisis retrospectivo fiable y consistente en este ámbito y propone un nuevo enfoque para la ayuda al desarrollo basado en una mayor diferenciación, en la participación de la sociedad civil y en unos criterios de elegibilidad estrictos.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Ahora que el instrumento para la cooperación al desarrollo (ICD) ha estado en funcionamiento durante cuatro años, es hora de evaluar su funcionamiento para así mejorar los futuros instrumentos financieros en este ámbito.

Es evidente que es necesario que el Parlamento mantenga el control democrático de este instrumento financiero y de los instrumentos futuros; incluso es más obvia la importancia que ha adquirido que los Parlamentos nacionales de los países en desarrollo participen en la elaboración de los documentos de estrategia nacionales vinculados a la ayuda recibida de la Unión.

Espero que los niveles de ayuda no disminuyan sino que aumenten, siempre y cuando sea posible y que se estudien las vías para que dicha ayuda beneficie de forma efectiva a las poblaciones más desfavorecidas. No es posible insistir más en el papel esencial que debe otorgarse a la sociedad civil en todo este proceso. No podemos tratar de la misma forma las situaciones de los países en desarrollo, sino que debemos hacerlo de forma más diferenciada, teniendo en cuenta que la ayuda financiera tradicional puede llegar a ser menos importante en algunos casos, como por ejemplo, en el caso de los llamados países emergentes.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Este informe, elaborado por el señor Mitchell, se ocupa del Reglamento (CE) nº 1905/2006 por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo: experiencia adquirida y perspectivas de futuro. El Reglamento (CE) nº 1905/2006 ha estado en vigor cuatro años y es hora de analizarlo y de aprender de los posibles errores y deficiencias que se hayan podido producir. Este es el momento oportuno ya que la Comisión pretende presentar propuestas relativas al marco financiero plurianual (MFP) posterior a 2013antes del verano. Apoyo las propuestas del ponente —sobre todo la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la erradicación de la pobreza, la canalización del 20 % de los recursos a la educación primaria y la salud, la atención especial prestada a las cuestiones ambientales, un nuevo enfoque para la ayuda a los países en desarrollo que exija el respeto de los derechos humanos y un uso más eficaz y eficiente de los recursos escasos— y, por tanto, he votado a favor.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El informe evalúa el instrumento financiero para la cooperación al desarrollo (ICD), cuatro años después de que entrase en vigor el Reglamento por el que dicho instrumento se puso en funcionamiento. La evaluación realizada es relevante desde varios puntos de vista. Se lleva a cabo un análisis oportuno y crítico del ICD y de la política europea de cooperación al desarrollo, elementos que consideramos justos y necesarios.

El informe afirma que el objetivo de la política de desarrollo no es servir los intereses de la UE, sino defender los intereses de las poblaciones más marginadas y vulnerables de este planeta; el informe resalta la enorme atención que se está prestando a las inversiones del sector privado, así como las restricciones impuestas en el sector público. El informe también señala la necesidad de que los fondos no se desvíen de sectores ya infrafinanciados y cita el ejemplo del apoyo a las autoridades locales, critica cualquier intento de reducir la financiación del ICD y del Fondo Europeo de Desarrollo y resalta, una vez más, que no se ha avanzado lo suficiente en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y que es necesario aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

Creemos, sin embargo, que el informe debería haber ido más lejos en cada uno de estos puntos y, especialmente, en la defensa de la consistencia entre los objetivos mencionados en el ámbito de la política de cooperación al desarrollo y las diversas políticas sectoriales de la UE.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El informe evalúa el instrumento financiero para la cooperación al desarrollo (ICD), cuatro años después de que entrase en vigor el Reglamento por el que dicho instrumento se puso en funcionamiento.

La evaluación realizada es relevante desde varios puntos de vista. Se lleva a cabo un análisis oportuno y crítico del ICD y de la política europea de cooperación al desarrollo, elementos que consideramos justos y necesarios.

Por ejemplo, el informe afirma que el objetivo de la política de desarrollo no es servir los intereses de la UE, sino defender los intereses de las poblaciones más marginadas y vulnerables de este planeta; el informe resalta la enorme atención que se está prestando a las inversiones del sector privado, así como las restricciones impuestas en el sector público. El informe también señala la necesidad de que los fondos no se desvíen de sectores ya infrafinanciados y cita el ejemplo del apoyo a las autoridades locales, critica cualquier intento de reducir la financiación del ICD y del Fondo Europeo de Desarrollo y resalta, una vez más, que no se ha avanzado lo suficiente en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y que es necesario aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

Creemos, sin embargo, que el informe debería haber ido más lejos en cada uno de estos puntos y, especialmente, en la defensa de la consistencia entre los objetivos mencionados en el ámbito de la política de cooperación al desarrollo y las diversas políticas sectoriales de la UE.

  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) El informe examina la eficacia del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) en lo relativo al debate sobre el marco financiero plurianual. Parece apropiado reevaluar la estructura general de los instrumentos de financiación exterior. Algunos aspectos importantes que deben considerarse son una posible simplificación más amplia, la adaptación a nuevos desafíos como el cambio climático y el ámbito adecuado para la dimensión externa de las políticas internas de la UE. En mi opinión, es también importante la creación de estructuras y procedimientos que protejan el desarrollo como un ámbito político independiente, con sus propios objetivos.

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), por escrito. – (GA) Acojo con beneplácito el informe del señor Mitchell. El objetivo del informe es establecer la posición del Parlamento Europeo con respecto a la futura financiación de la cooperación al desarrollo, antes de la publicación del marco financiero plurianual posterior a 2013. Es preciso que, en el futuro, existan suficientes fondos que estén siempre disponibles para la cooperación al desarrollo de la UE.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) La política de la ayuda el desarrollo no es una obligación altruista ni tampoco un medio para que los antiguos poderes coloniales limpien su conciencia en aquellos lugares colonizados. Esta política es, por sus propias características, una de las áreas de la política exterior pero, sin embargo, también debería ser una parte importante de una estrategia para revertir los flujos migratorios, que permita que las poblaciones puedan regresar, o permanecer, en sus países de origen y vivir con dignidad y mayor prosperidad. Dado que estos dos ámbitos pertenecen a la esfera de la soberanía de los Estados, la mayor parte de los requisitos institucionales y financieros contenidos en el informe Mitchell son inaceptables.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) He acogido el informe con satisfacción porque 2011 es un año estratégico para extraer lecciones de los cuatro años de funcionamiento del Reglamento (CE) nº 1905/2006 por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (ICD). El propósito de este informe es establecer en una fase temprana la posición del Parlamento con respecto al nuevo instrumento de financiación de la cooperación al desarrollo de la UE, basada en la experiencia adquirida con el control de la aplicación del ICD. Estoy de acuerdo con que es necesario adoptar un enfoque diferenciado para con los distintos países en desarrollo y en que la ayuda financiera tradicional puede perder importancia para los países emergentes. Considero que la ayuda a los países emergentes debe centrarse no solo en el fomento de un crecimiento económico sostenible sino también en seguir reforzando las políticas presupuestarias de los países socios y fomentando la utilización de ingresos nacionales, lo cual debería conducir a la reducción de la pobreza y de la dependencia de la ayuda. Debemos abstenernos de utilizar el apoyo presupuestario en aquellos países en los que no pueda garantizarse la transparencia del gasto público. El apoyo presupuestario siempre ha de ir acompañado de medidas destinadas a desarrollar las capacidades de control parlamentario y de auditoría del país beneficiario y a mejorar la transparencia y el acceso del público a la información, y que la sociedad civil debe participar en el control del apoyo presupuestario.

  Jan Kozłowski (PPE), por escrito. – (PL) Creo que el informe Mitchell, que constituye un informe excelente, hace referencia a muchos asuntos cruciales y, por tanto, he decidido votar a favor. Considero que lo más importante a la hora de analizar la estructura de los futuros instrumentos de financiación del desarrollo es recordar que el objetivo primordial de la política de desarrollo debería ser la reducción gradual de la dependencia de la ayuda y que, en última instancia, el país en cuestión alcance la independencia total. En este sentido, los instrumentos de financiación deberían diseñarse de tal forma que garanticen el crecimiento económico de los países en desarrollo en el largo plazo.

La consecución de este objetivo está íntimamente vinculada con el grado de previsibilidad de la ayuda, ya que los países socios solo podrán diseñar una estrategia de desarrollo adecuada y eficaz sobre la base de dicha ayuda y de la movilización de los ingresos nacionales. En mi opinión, otro asunto fundamental es el del aumento del control e influencia del Parlamento Europeo sobre el Fondo Europeo de Desarrollo. Creo que la ausencia de control democrático sobre este fondo es perjudicial para la transparencia de la política de desarrollo.

  Krzysztof Lisek (PPE), por escrito. – (PL) He votado a favor de la aprobación de este informe. La financiación de la cooperación al desarrollo precisa de reglamentos bien planificados y el informe ofrece una síntesis de cuáles deberían ser nuestras prioridades. El objetivo perseguido por la Unión Europea con la adopción del instrumento es garantizar una asistencia especial de la UE a los países en desarrollo. A la vista de nuestra lucha actual por hacer frente a la crisis financiera, los problemas de los países más pobres se tornan más evidentes. El instrumento de financiación de la cooperación al desarrollo persigue ayudar a los países socios más pobres en los ámbitos del comercio y la integración regional, el medioambiente y la gestión de los recursos naturales, las infraestructuras, el agua y la energía, el desarrollo rural, la agricultura y la seguridad alimentaria, el desarrollo humano y la cohesión social. Queremos, además, apoyar el desarrollo de los sistemas de gobierno, la democracia, los derechos humanos y las reformas económicas e institucionales y prevenir los conflictos y el debilitamiento del Estado.

Todos los objetivos mencionados son de la mayor importancia en cuanto al fortalecimiento de la seguridad en las regiones más pobres. El ayudar a otros países a construir sociedades democráticas estables gobernadas por el Estado de Derecho, en las que se respetan los derechos humanos y se garantiza la libertad de expresión y en las que existe un sistema judicial sólido, unas fuerzas armadas y una defensa del territorio, constituye un plan encomiable. Espero que tengamos éxito en la puesta en marcha de dicho plan a una escala más amplia, logrando aumentar la eficiencia en la utilización de los recursos.

  David Martin (S&D), por escrito. – El futuro instrumento de la UE de financiación de la ayuda al desarrollo debe dotarse de suficientes fondos financieros. La UE ha asumido el objetivo colectivo de dedicar un 0,7 % de su RNB a la AOD para 2015. Para alcanzar este objetivo, el nivel de ayuda actual de la UE deberá aumentar significativamente. Habida cuenta del valor añadido de la ayuda de la Comisión y del nuevo papel que esta institución desempeña en la coordinación de la política de desarrollo de la Unión y de los Estados miembros (artículo 210 del Tratado FUE), la parte de la AOD canalizada a través del presupuesto de la UE debe seguir siendo como mínimo estable. Las cifras anuales que se consignen en el próximo MFP para el nuevo instrumento de cooperación para el desarrollo deben aumentar significativamente en términos reales.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Ahora que el instrumento de la cooperación al desarrollo (ICD) ha estado vigente durante cuatro años, ha llegado el momento para analizar cómo se ha utilizado. Esta es la única forma de mejorarlo y de aumentar su eficacia en el futuro. Es importante que el Parlamento tenga algo que decir sobre el control de este asunto y sobre los futuros instrumentos financieros. A pesar de la crisis económica que estamos sufriendo, es importante mantener estos instrumentos de ayuda a los países en desarrollo, para que puedan, en un futuro cercano, aumentar sus niveles de riqueza, con la consiguiente mejora en las condiciones de vida de las poblaciones de estos países llamados emergentes.

  Louis Michel (ALDE), por escrito. – (FR) El futuro instrumento para la financiación de la cooperación al desarrollo contará con recursos suficientes cuando concluyan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los países donantes deben respetar su compromiso de dedicar un 0,7 % de su RNB a la AOD para 2015. Como ya he mencionado, la reducción en la ayuda es injustificable. La Ayuda Oficial al Desarrollo constituye, en la actualidad, más de 120 mil millones de dólares. Podemos hacer más y hacerlo mejor. Sin embargo, hacer más y hacerlo mejor no se basa en el simple hecho de aumentar los recursos. La inclusión del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) en el presupuesto sería un avance significativo, siempre y cuando no desemboque en una reducción de las cantidades totales de fondos a nivel de la UE. También estoy a favor de «más» ayuda presupuestaria, tanto si es general como específica para un sector y apoyo también una cantidad menor de proyectos, si los criterios macroeconómicos y de gobernanza lo permiten. En primer lugar, esto posibilitaría una más rápida movilización de los recursos financieros para reconstruir o consolidar el Estado. En segundo lugar, este es el único tipo de ayuda que podemos garantizar que se absorberá de forma óptima. Por último, considero que debemos garantizar que esta ayuda sea más eficaz.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – Los principios de la UE de la prestación de ayuda a los países en desarrollo que no están cubiertos por el Acuerdo de Cotonú o por el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación son muy importantes. En cuanto a este instrumento financiero, es posible prestar ayuda a los países ACP (Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico) para la reestructuración de la industria del azúcar y se contempla la ayuda financiera para cinco programas: seguridad alimentaria; medioambiente y desarrollo sostenible de los recursos naturales, incluyendo la energía; migración y concesión de asilo; inversión en recursos humanos y el papel de las autoridades locales y las organizaciones no gubernamentales en los proceso de desarrollo. He votado a favor.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) El fomento de la prosperidad en los llamados países en desarrollo es una medida necesaria, especialmente para prevenir que una avalancha de migrantes inunde Europa. Esto se gestiona en la actualidad a través de varios programas. Sin embargo, el propósito de este informe es aumentar la ayuda financiera. Esto es algo que no puedo apoyar. A la vista de las dificultades financieras actuales de la UE, no podemos ofrecer esta ayuda en este momento. Además, son los Estados miembros, y no la UE, los que deben determinar cómo se utiliza la ayuda al desarrollo.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) La idea de ayudar a los países en desarrollo y de ofrecerles apoyo financiero es algo a celebrar. Los principios humanitarios y el deseo de un equilibrio global ofrecen fundamentos plausibles para esto. La Unión Europea ya ofrece ayuda en el marco de varios programas. No obstante, este informe prevé establecer más instrumentos, ampliando así la ayuda al desarrollo. Sin embargo, según el principio de soberanía, los desembolsos de la ayuda al desarrollo deberían ser decididos por los Estados a nivel individual.

  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. – (LT) La cooperación al desarrollo es la única política de la acción exterior que defiende a los grupos sociales más marginados y vulnerables. La Comisión debe intentar por todos los medios asegurar que se asigna una ayuda apropiada y suficiente al desarrollo del sector privado nacional y a las pequeñas y medianas empresas de los países de renta baja. Se debe prestar una atención especial a la migración. Es importante garantizar que los fondos asignados a la lucha contra la migración ilegal se utilizan tal y como se han concebido. Al establecer un nuevo instrumento financiero solo para los países en desarrollo, también debe prestarse atención a la necesidad de un análisis exhaustivo de los objetivos generales, las áreas prioritarias y los resultados esperados, así como a la asignación de los fondos.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) El año 2011 constituye un momento estratégico para extraer la experiencia adquirida durante cuatro años de vigencia del Reglamento (CE) nº 1905/2006 por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (ICD). La Comisión ha anunciado que presentará sus propuestas relativas al marco financiero plurianual (MFP) posterior a 2013 antes del receso estival y las propuestas legislativas para los instrumentos de financiación de las acciones exteriores en una fecha posterior antes de que finalice este año. El propósito de este informe —que apoyo con mi voto a favor— es establecer en una fase temprana la posición del Parlamento con respecto al nuevo instrumento de financiación de la cooperación al desarrollo de la UE, basada en la experiencia adquirida con el control de la aplicación del ICD. Quiero resaltar la necesidad de fomentar las siguientes áreas generales: financiación suficiente dentro de los recursos disponibles; el efecto de la erradicación de la pobreza y criterios de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD); programas geográficos y temáticos; procedimientos para programar la ayuda de la UE, con una mejor coordinación y división del trabajo, y la reducción del déficit democrático, solicitando al Parlamento que forme parte del proceso de toma de decisiones.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. – (IT) El Reglamento (CE) nº 1905/2006 por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo ha estado vigente cuatro años. La Comisión pronto presentará sus propuestas relativas al marco financiero plurianual (MFP) posterior a 2013 y las propuestas legislativas para los instrumentos de financiación de las acciones exteriores en una fecha posterior este año. El propósito de este informe es establecer en una fase temprana la posición del Parlamento con respecto al nuevo instrumento de financiación.

El informe presenta la experiencia adquirida, centrándose especialmente en la experiencia adquirida por el Parlamento Europeo con el control de la aplicación del ICD. Parte del informe se dedica a las perspectivas para el futuro y, para terminar, el informe analiza los programas geográficos y temáticos, insistiendo en la necesidad de criterios de elegibilidad estrictos para optar al apoyo presupuestario, resaltando el importante papel que la sociedad civil juega en el desarrollo y la aplicación del procedimiento de actos delegados para las decisiones que cumplen los criterios establecidos en el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Tratado FUE). He votado a favor de esta resolución para que el Parlamento Europeo tenga la posibilidad de controlar las decisiones de programación estratégica, en igualdad de condiciones con el Consejo.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) Han pasado cuatro años desde que entró en vigor el Reglamento (CE) nº 1905/2006 y como la Comisión ya ha anunciado la presentación de sus propuestas relativas al marco financiero plurianual (MFP) posterior a 2013, es necesario llevar a cabo un breve análisis de los resultados obtenidos y de las vías futuras para el desarrollo.

Uno de los aspectos más importantes a resaltar es que este constituye «el único ámbito político de acción exterior […] que no se ha concebido para servir los intereses de la UE, sino para defender los intereses de las poblaciones más marginadas y vulnerables de este planeta». En este sentido, el Parlamento debe adoptar un papel más importante, no solo por las diferentes formas en las que esto genera legitimidad democrática, sino también por lo que puede suponer en términos materiales y de procedimiento. Debería también resaltarse que el objetivo debe ser la erradicación de la pobreza, en referencia al concepto de «servicios sociales básicos», para intentar reducir la situación de vulnerabilidad extrema de las poblaciones más desfavorecidas.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Estoy a favor. El año 2011 constituye un momento estratégico para extraer la experiencia adquirida durante cuatro años de vigencia del Reglamento (CE) nº 1905/2006 por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (ICD). La Comisión ha anunciado que presentará sus propuestas relativas al marco financiero plurianual (MFP) posterior a 2013 antes del receso estival y las propuestas legislativas para los instrumentos de financiación de las acciones exteriores en una fecha posterior antes de que finalice este año. El propósito del presente informe es establecer en una fase temprana la posición del Parlamento con respecto al nuevo instrumento de financiación de la cooperación al desarrollo de la UE, basada en la experiencia adquirida con el control de la aplicación del ICD.

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) El propósito del presente informe es establecer en una fase temprana la posición del Parlamento con respecto al nuevo instrumento de financiación de la cooperación al desarrollo de la UE, basada en la experiencia adquirida con el control de la aplicación del ICD. Al contrario que el Parlamento, no parece que los Estados miembros se hayan centrado en revisar el cumplimiento de las disposiciones legales del ICD por parte de las propuestas de la Comisión.

Es preciso aclarar, por tanto, que la cooperación al desarrollo es el único ámbito político de acción exterior de la UE que no se ha concebido para servir los intereses de la UE, sino para defender los intereses de las poblaciones más marginadas y vulnerables de este planeta, mediante la erradicación de la pobreza, el desarrollo humano, social y económico sostenible, en resumen, el derecho a una vida digna para todos.

El Parlamento reconoce claramente la importancia que revisten estas actividades e insta, por lo tanto, a que se cree un instrumento que permitiese a la UE financiar tales acciones con otras fuentes distintas del ICD.

  Nikolaos Salavrakos (EFD), por escrito. – (EL) He votado a favor del informe del señor Mitchell porque define el camino correcto y fundamental para la futura aprobación y funcionamiento de un instrumento de financiación de la cooperación al desarrollo, extrayendo la útil experiencia del uso actual de esta. Los fondos de la UE para la cooperación al desarrollo son un mecanismo real para luchar contra la pobreza y promover la democratización y el desarrollo en los países en desarrollo. Bajo el Tratado de Lisboa, la UE cuenta con poderes ampliados de representación internacional y se le ha pedido que responda a desafíos tales como el cambio climático, la lucha contra la pobreza y la difusión del Estado de Derecho y de los valores democráticos a los países en desarrollo. Estoy de acuerdo con el ponente sobre la necesidad de ampliar la responsabilidad democrática de toda la política de desarrollo de la UE y el papel activo que el Parlamento debe tener en la aprobación de fondos para la ayuda al desarrollo, basado en el artículo 290 del Tratado de Lisboa.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – Apoyo este informe, que se basa en el funcionamiento y control del instrumento y fomenta un mejor uso futuro de los fondos para el desarrollo.

  Michèle Striffler (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe Mitchell porque debemos aprender de la experiencia de los últimos cuatro años de uso del Reglamento (CE) nº 1905/2006 por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo En esta ocasión, los objetivos y el alcance de esta ayuda al desarrollo deben definirse con mucha claridad.

La migración constituye un área en la que debemos otorgar prioridad a la coherencia entre las políticas que fomentan el desarrollo. Por tanto, la ayuda al desarrollo debería financiar proyectos centrados en las raíces de la migración (luchando contra la pobreza), pero no debería utilizarse para mejorar el control fronterizo o para luchar contra la migración ilegal.

  Iva Zanicchi (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del texto presentado por el señor Mitchell. A la vista de la experiencia adquirida mediante la aplicación del instrumento de cooperación al desarrollo antes de la introducción del nuevo instrumento posterior a 2013, creo que el Parlamento debe tener la posibilidad de defender la especificidad de la política de desarrollo de la UE mediante el control de las decisiones de programación estratégica, en igualdad de condiciones con el Consejo. Además, es especialmente importante que las decisiones sobre los objetivos generales, los ámbitos prioritarios y la dotación de fondos se adopten utilizando el procedimiento de actos delegados, según el artículo 290 del TFUE.

Informe: Angelika Niebler (A7-0159/2011)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Voto a favor de este informe porque las enmiendas presentadas por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo han sido introducidas en el texto de compromiso. Estas enmiendas incluyen directrices generales, la posibilidad de mejora a nivel de la Comisión y la posibilidad de mejora a nivel del Parlamento.

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución sobre garantizar evaluaciones de impacto independientes. Estoy de acuerdo con la ponente en que las evaluaciones de impacto («EI») son un instrumento fundamental de la legislación al que el legislador europeo debe recurrir en mayor medida en el futuro. Las EI indican al legislador las consecuencias potenciales de sus posibilidades de actuación y son de utilidad a la hora de tomar decisiones. De esta forma, pueden contribuir en gran medida a la mejora de la legislación. Con todo, las EI no pueden sustituir, de ninguna manera, al debate político y al legítimo proceso democrático de toma de decisiones del legislador. Son una mera contribución a la preparación técnica del contenido de las decisiones políticas. Es importante que las EI se realicen con plena independencia y de forma transparente y, además, deben tenerse debidamente en cuenta las consecuencias particulares para las PYME. El Parlamento puede recurrir, ya en la actualidad, a EI propias y someter las EI de la Comisión a un examen exhaustivo. Sin embargo, la práctica demuestra que esto ocurre con muy poca frecuencia. Estoy de acuerdo con la posición establecida en la resolución de que el Parlamento Europeo debe hacer un uso mayor de las competencias que se le han otorgado en este ámbito.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) Creo firmemente que las evaluaciones de impacto ayudarán a aquellos que preparan las decisiones políticas. Es por este motivo que he apoyado el informe de la señora Nieble sobre los cambios necesarios en las evaluaciones de impacto y, concretamente, en lo relativo a la introducción de un mecanismo independiente. Los miembros del Comité de Evaluación de Impacto (IAB) estarían bajo el control del Parlamento Europeo y del Consejo. En consecuencia, dichos miembros ya no estarán a las órdenes del Presidente de la Comisión.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe. Las EI son un instrumento fundamental de la legislación. Las EI indican al legislador las consecuencias potenciales de sus posibilidades de actuación y son de utilidad a la hora de tomar decisiones y los legisladores deben recurrir a ellas en mayor medida en el futuro. Las EI pueden contribuir en gran medida a la mejora de la legislación. Coincido en que es necesaria la participación de expertos externos de todos los ámbitos políticos y de todos los grupos interesados en el proceso de evaluación de impacto, para garantizar la independencia y la objetividad.

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) Las evaluaciones de impacto (EI) son un instrumento fundamental de la legislación. El rigor en el proceso de toma de decisiones requiere la recopilación de datos concretos y la garantía de que todas las opciones estratégicas relevantes serán analizadas a la hora de resolver un problema. Los estudios de impacto deben abarcar todas las categorías de propuestas legislativas, regirse por un método claro y realizarse con plena independencia y de forma transparente. Las EI deberían, asimismo, tener en cuenta la opción de no emprender acción alguna así como las consecuencias específicas para las PYME.

A pesar de las mejoras en este ámbito, las EI realizadas por la Comisión Europea y por el Parlamento Europeo necesitan mejoras adicionales. Este informe, que he apoyado con mi voto, insta a una mayor asociación de las comisiones del Parlamento Europeo y una justificación detallada de por qué, en ocasiones, la Comisión renuncia a realizar EI. Por último, urge a las comisiones del Parlamento a hacer un uso aún mayor de las EI, para mejorar la calidad de la propia actividad legisladora.

  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) He votado a favor de la propuesta de resolución sobre garantizar evaluaciones de impacto independientes. En primer lugar, la propuesta subraya la necesidad de que se estudien las posibles consecuencias para las PYME de cada nueva disposición legislativa y que se reduzca la carga reglamentaria general que pesa sobre estas. La atención prestada a las necesidades de las PYME ha sido crucial para decidir mi voto favorable. En segundo lugar, la propuesta hace hincapié en otro factor muy importante; la naturaleza específica de las economías nacionales. La Comisión debería consultar a los Estados miembros y a los funcionarios y representantes de los diversos organismos de evaluación para garantizar que las necesidades individuales de los Estados no se ven subordinadas a los intereses de la Comunidad, protegiendo así los intereses de los Estados. Por último, la propuesta reclama una mayor transparencia y eficacia en los procesos administrativos de la Unión Europea, urgiendo a la Comisión a que rinda cuentas de su trabajo ante el Parlamento. A la vista de los puntos mencionados anteriormente, solo puedo votar a favor.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe porque coincido en que es muy importante mejorar, de forma continua, la calidad de la legislación de la UE. En este sentido, este informe contiene propuestas concretas para la mejora del proceso legislativo, tanto en el seno del Parlamento Europeo como de la Comisión. La Comisión lleva tiempo realizando evaluaciones de impacto de la legislación antes de presentar las propuestas legislativas ante el Parlamento Europeo y el Consejo. Sin embargo, el informe señala que estos procedimientos para las evaluaciones de impacto todavía son susceptibles de mejoras significativas. Por ejemplo, debemos fortalecer la independencia del Comité de Evaluación de Impacto, que en la actualidad está sometido a la autoridad del Presidente de la Comisión. El informe también insta al propio Parlamento Europeo y a sus comisiones a llevar a cabo evaluaciones de impacto de los proyectos de ley con más frecuencia y a controlar de forma más estrecha las evaluaciones de impacto realizadas por la Comisión, que con frecuencia contribuyen a justificar propuestas legislativas, más que a evaluar los hechos de forma objetiva. El Tratado de Lisboa amplió estas evaluaciones de impacto preliminares, añadiendo disposiciones sobre la evaluación obligatoria del impacto social y medioambiental de toda legislación propuesta.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Una legislación firme y exitosa exige no solo un debate político productivo y un esfuerzo conjunto que conduzca a la colaboración y al consenso, sino también un fundamento técnico fiable que pueda guiar a los organismos legislativos, evaluando el contexto y las consecuencias de las políticas en cuestión. Por este motivo, celebro las iniciativas de las instituciones europeas que aseguran la calidad y la fiabilidad de los estudios de impacto, lo que supondrá una garantía de su independencia y transparencia.

  Nessa Childers (S&D), por escrito. – Tras haber trabajado en este ámbito a nivel de comisión, me veo obligada a resaltar el hecho de que las evaluaciones de impacto han de estar libres de toda interferencia exterior y que esta independencia debe protegerse a todos los niveles.

  Derek Roland Clark (EFD), por escrito. – He votado en contra del informe Niebler sobre evaluaciones de impacto. El UKIP apoya el concepto de evaluaciones de impacto pero únicamente si son realmente independientes, son verdaderamente eficaces (de tal forma que la Comisión deba tenerlas en cuenta) y se conducen a nivel nacional para evitar un enfoque único anodino que impediría a los gobiernos nacionales evaluar el impacto preciso sobre sus propios países. Desafortunadamente, el informe Niebler no cumple estos criterios.

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. – (PT) Una de las prioridades de la política de la Unión Europea debería ser la creación de un entorno reglamentario transparente, claro, eficaz y de alta calidad. Hemos criticado los fallos en la transposición y la aplicación de la legislación de la UE en numerosas ocasiones, que son, en su mayor parte, consecuencia de que los documentos legislativos no se han redactado apropiadamente. Es, por tanto, responsabilidad de los organismos legislativos de la UE hacer frente a este problema. Las evaluaciones de impacto (EI) presentan una evaluación sistemática de los efectos posibles de la legislación sobre la salud, los derechos fundamentales, y los aspectos sociales, económicos, medioambientales, etc., contribuyendo así a reducir la burocracia y a garantizar la consistencia de la política de la UE. Voto a favor de esta iniciativa que reconoce el papel clave de las EI en el proceso de toma de decisiones. Las EI deben realizarse con plena independencia y de forma transparente, regirse por un método claro y deben proceder a un análisis acreditado y objetivo de los posibles efectos, acompañado siempre de un análisis de los costes y los beneficios. Esto contribuirá a lograr una toma de decisiones bien meditada y plenamente informada, que debería desembocar en una legislación de mayor calidad, una correcta transposición, aplicación y cumplimiento y a unos procedimientos legislativos más breves.

  Anne Delvaux (PPE), por escrito. – (FR) Las evaluaciones de impacto son herramientas especialmente útiles para mejorar la calidad de las actividades legislativas (por ejemplo las propuestas políticas). Sin embargo, estas evaluaciones de impacto requieren una adaptación: las nuevas adaptaciones son realmente necesarias y, en concreto, mediante la creación de un mecanismo independiente, ya que las evaluaciones de impacto propuestas por la Comisión Europea no presentan un nivel de calidad constante y con frecuencia contribuyen a justificar propuestas legislativas, más que a evaluar los hechos de forma objetiva.

Me agrada que el informe sobre el que hemos votado hoy disponga que las evaluaciones de impacto deben realizarse con plena independencia; que las evaluaciones de impacto tengan en cuenta en cuenta múltiples criterios (socioeconómicos, ambientales, etc.) y también que se garantice la máxima transparencia en la realización de las evaluaciones, especialmente si participan expertos. Esta es una cuestión que se asoma una y otra vez a esta Cámara, pero no deja de ser una cuestión importante.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Las evaluaciones de impacto («EI») son un instrumento fundamental de la legislación ya que indican al legislador las consecuencias potenciales de sus posibilidades de actuación y, por tanto, son de utilidad a la hora de tomar decisiones. La independencia y la transparencia son valores que deben preservarse y fomentarse en toda democracia, ya que garantizan la evaluación objetiva del público y decisiones y procedimientos legales oportunos. Por tanto y en términos generales, estoy de acuerdo con las propuestas del Parlamento contenidas en este informe.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Este informe elaborado por la señora Niebler hace referencia a «garantizar evaluaciones de impacto independientes». Las evaluaciones de impacto (EI) son cruciales para la toma de las decisiones correctas. Sin reemplazar el proceso de toma de decisiones democrático de la autoridad legislativa, las EI constituyen la piedra angular de dicho proceso.

Voto a favor de este informe porque comparto la opinión de la ponente de que las EI son cruciales para realizar nuestro trabajo como legisladores. Cuanto más sepamos sobre un sector específico, mejor será nuestro proceso de toma de decisiones en cuanto a dicho sector. Además, a pesar de la creación del Comité de Evaluación de Impacto (IAB) por la Comisión Europea y los resultados positivos alcanzados, creo que también es fundamental crear una estructura autónoma de las EI para el Parlamento Europeo.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Las evaluaciones de impacto (EI) pueden suponer un importante apoyo al proceso legislativo. Para que esto sea así, es necesario que las evaluaciones de impacto estudien los efectos sociales, económicos, medioambientales y sanitarios de las opciones políticas elegidas, así como su incidencia en los derechos fundamentales de los ciudadanos, durante todo el ciclo político. La evaluación no debería solo ex ante, sino también ex post.

Sin embargo y tal y como se reconoce en el informe, el proceso actual de EI adolece de numerosos errores. Es frecuente que el objetivo de las EI sea legitimar y justificar, desde un punto de vista técnico, medidas que son el resultado de opciones y evaluaciones políticas enmascaradas convenientemente. Todavía existen muchas dudas sobre el método a utilizar en cada caso concreto: ¿Qué o quién será el objeto de la evaluación?, ¿Cuál es el alcance de la evaluación?, ¿Qué alternativas se analizarán?

Estas decisiones también dependen, con frecuencia, de las opciones y evaluaciones políticas. Precisamente por este motivo es muy importante garantizar que los estudios de impacto sean independientes. En la práctica, sin embargo, esto es complicado, debido a las múltiples variables e intereses implicados. La transparencia, la apertura, el proceso de consultas, el control y la participación del público en relación con los estudios y sus resultados tienen una importancia decisiva para garantizar, en la mayor medida posible, la calidad y la independencia del estudio.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Las evaluaciones de impacto (EI) pueden ser de gran ayuda para un mejor proceso legislativo si se estudian, los efectos sociales, económicos, medioambientales y sanitarios de las opciones políticas elegidas, así como su incidencia en los derechos fundamentales de los ciudadanos así como su incidencia en los derechos fundamentales de los ciudadanos, durante todo el ciclo político.

Sin embargo, contamos con los criterios usados en las EI para aplicar a los asuntos que surgen a raíz de los estudios de impacto. Sabemos que existen más criterios además del análisis del coste y el beneficio. Incluso para este análisis precisamos saber quién soporta los costes y quién disfruta de los beneficios.

Precisamente por este motivo es muy importante garantizar que los estudios de impacto sean independientes. En la práctica, sin embargo, esto es complicado, debido a las múltiples variables e intereses implicados.

El método utilizado por algunos especialistas y en algunas evaluaciones será más independiente que otros. En realidad, las EI sirven frecuentemente para justificar las decisiones adoptadas, en vez de abordar todas las consecuencias de la legislación que se pretende adoptar.

  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) Las evaluaciones de impacto son un instrumento fundamental de la legislación al que el legislador europeo debe recurrir en mayor medida en el futuro. Si bien las EI no pueden sustituir, de ninguna manera, al debate político y al legítimo proceso democrático de toma de decisiones del legislador y son una mera contribución a la preparación técnica del contenido de las decisiones políticas, indican al legislador las consecuencias potenciales de sus posibilidades de actuación y son de utilidad a la hora de tomar decisiones. De esta forma, pueden contribuir en gran medida a la mejora de la legislación.

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), por escrito. – (PL) El informe Niebler supone una contribución significativa al debate sobre la mejora del proceso legislativo de la UE, con el objetivo de asegurar que la nueva legislación sirve a los intereses de los ciudadanos y es realmente necesaria. Desafortunadamente, se ha denunciado el hecho de que existen Reglamentos que se crean solo para satisfacer el deseo de un mayor conocimiento de las instituciones de la UE o como resultado de las acciones de los grupos de presión. Esto implica que debemos mejorar constantemente los procedimientos de lo que se conoce como una evaluación de impacto de un acto legislativo. Como ponente, en años anteriores, sobre la cuestión de una mejor legislación, me gustaría resaltar varios aspectos de este problema. En primer lugar, debemos tener en cuenta la necesidad de mantener el equilibrio institucional consagrado en el Tratado, en el marco del cual la Comisión Europea propone leyes que el Parlamento y el Consejo posteriormente aprueban.

La independencia de las evaluaciones de impacto es extremadamente importante, pero no debe suprimirse el control democrático ejercido por el Parlamento sobre dichas evaluaciones. En mi opinión, la propuesta de modificar las evaluaciones de impacto tras la introducción de enmiendas por el Parlamento es muy importante. También coincido con aquellos que creen que debemos adoptar criterios uniformes para las evaluaciones de impacto de todas las instituciones. Simultáneamente, quiero llamar la atención sobre el hecho de que el aspecto más importante del proceso legislativo es la voluntad política de resolver un problema específico y una evaluación de impacto realizada como parte de un proyecto concreto tan solo proporciona información objetiva.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Ya he tenido la oportunidad de afirmar en esta Cámara que es hora de que las evaluaciones de impacto sean sistemáticas, pero sobre todo creíbles. Ya es hora también de que evaluemos, de forma objetiva, las consecuencias de una legislación concreta antes de avanzar más, en vez de procurar justificar dicha legislación por todos los medios. La dirección de estas evaluaciones no es competencia de los servicios de la Comisión, ni de jueces, partidos políticos ni verdugos. No sé si las soluciones propuestas por la ponente son las adecuadas. Por otro lado, estoy de acuerdo con su diagnóstico y, además, algunas de sus observaciones son especialmente relevantes. Los Estados miembros deben involucrarse de forma estrecha en estos estudios porque están mejor posicionados para analizar el impacto nacional de las iniciativas procedentes de Bruselas. Estos estudios deben guiar la reflexión y las opciones de los Parlamentos nacionales que, a partir de ahora, son los guardianes del cumplimiento del principio de subsidiariedad. Además, si estos estudios determinan que la acción de la Comisión es inútil, redundante o costosa, esta debería abstenerse de actuar. Por último, deberíamos ser capaces de identificar con celeridad las consecuencias derivadas de una legislación específica cuya puesta en funcionamiento crea más problemas de los que resuelve. Por todos estos motivos, y aunque no soy optimista sobre la materialización del informe de la señora Niebler, he votado a favor.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) Acojo con satisfacción este informe porque las evaluaciones de impacto («EI») son un instrumento fundamental de la legislación al que el legislador europeo debe recurrir en mayor medida en el futuro. Las ventajas de las EI son evidentes. Las EI indican al legislador las consecuencias potenciales de sus posibilidades de actuación y son de utilidad a la hora de tomar decisiones. De esta forma, pueden contribuir en gran medida a la mejora de la legislación. Con todo, las EI no pueden sustituir, de ninguna manera, al debate político y al legítimo proceso democrático de toma de decisiones del legislador. Son una mera contribución a la preparación técnica del contenido de las decisiones políticas. El proyecto de informe está dividido en cuatro secciones. En primer lugar se formulan las peticiones generales relativas a las EI a nivel europeo. En la segunda sección, el informe aborda las EI de la Comisión Europea y señala el potencial de mejora. La tercera sección está dedicada a las EI realizadas por el Parlamento Europeo. En la cuarta y última sección se pide una estructura autónoma de EI en el seno del Parlamento Europeo de la que deben valerse todas sus comisiones para seguir mejorando la legislación y crear sinergias.

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), por escrito. – Apoyo esta resolución por varios motivos. En primer lugar, la resolución resalta que las evaluaciones de impacto no pueden sustituir, de ninguna manera, al debate político y al proceso de toma de decisiones del legislador y son una mera contribución a la preparación técnica del contenido de las decisiones políticas. Esto mejorará, sin duda, el proceso de toma de decisiones. En segundo lugar, las evaluaciones de impacto han de tener en cuenta múltiples criterios a fin de proporcionar al legislador una visión lo más completa posible. Solo así podrá el legislador realizar su trabajo de forma eficiente.

  Edvard Kožušník (ECR), por escrito. – (CS) El proceso de evaluar los efectos de un Reglamento contribuye significativamente a la reducción de la carga burocrática derivada de la reglamentación. Hace tiempo se creó un Comité de Evaluación de Impacto, a nivel de la Comisión, que evalúa impactos tanto ex ante and ex post. La Comisión también realiza consultas públicas sobre sus proyectos legislativos. El Parlamento Europeo no ha contado, hasta ahora, con un organismo de evaluación de impacto. Apoyo, por tanto, el hecho de que el informe inste a la creación de una infraestructura que haga posible la evaluación del impacto de las propuestas y proyectos formulados por el Parlamento.

Quiero también instar a la Comisión a centrarse más en la transparencia de la totalidad del proceso de las evaluaciones de impacto. El objetivo es luchar con mayor empeño por conseguir la independencia de estos procesos y no buscar simplemente una solución a los problemas de sus propuestas, sino considerar, de forma independiente, múltiples soluciones posibles a un problema concreto. Insto también a una simplificación del proceso de consultas públicas y a una ampliación de los plazos para la presentación de propuestas concretas, incluyendo la posibilidad de presentar propuestas en todos los idiomas oficiales de la Unión.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) He apoyado el informe de la señora Niebler sobre garantizar evaluaciones de impacto independientes. Las evaluaciones de impacto son un instrumento fundamental para la mejora del proceso legislativo, que busca mejorar y simplificar tanto la legislación nueva como la ya existente. De hecho, las evaluaciones de impacto constituyen un instrumento adecuado para la evaluación del impacto de la aprobación de nuevas leyes y la simplificación y refundición de leyes existentes. Sin embargo, considero que el reconocimiento de la utilidad de las EI debería estar siempre condicionado al respeto de principios fundamentales específicos, como la transparencia y la independencia. Coincido, por tanto, con la ponente en que la calidad de las evaluaciones de impacto de la Comisión ha mejorado en los últimos años, pero se necesitan mejoras adicionales. Por último, aplaudo la decisión de crear una estructura autónoma de evaluación de impacto para el Parlamento Europeo, con el propósito de seguir mejorando la legislación de la Unión Europea.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe. Las evaluaciones de impacto son un instrumento fundamental de la legislación al que el legislador europeo debe recurrir en mayor medida en el futuro. Las ventajas de las EI son evidentes. Las EI indican al legislador las consecuencias potenciales de sus posibilidades de actuación y son de utilidad a la hora de tomar decisiones. De esta forma, pueden contribuir en gran medida a la mejora de la legislación. Con todo, las EI no pueden sustituir, de ninguna manera, al debate político y al legítimo proceso democrático de toma de decisiones del legislador. Son una mera contribución a la preparación técnica del contenido de las decisiones políticas.

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), por escrito. – (CS) El instrumento de evaluaciones de impacto presentado por la ponente es una vía adecuada para mejorar la calidad de la legislación a nivel europeo. Sin embargo, las evaluaciones mutuas deberían tener en cuenta no solo el impacto financiero sino también centrarse en otros aspectos, como los económicos, ambientales y sociales. Como médico, quiero resaltar, sobre todo, el impacto sobre los aspectos sanitarios. Tampoco podemos olvidar el importante papel que juegan los Estados miembros en las evaluaciones de impacto, ya que deben incorporar la legislación propuesta a sus sistemas legales.

  Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) Las evaluaciones de impacto son un instrumento fundamental de la legislación al que el legislador europeo debe recurrir en mayor medida en el futuro, ya que estas evaluaciones indican al legislador las consecuencias potenciales de sus posibilidades de actuación. Sin embargo, no debemos olvidar que las evaluaciones de impacto son una mera contribución a la preparación técnica del contenido de las decisiones políticas. Consideramos que las evaluaciones de impacto utilizadas por las instituciones europeas deben cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, deben realizarse con plena independencia y de forma transparente. Deben abarcar todas las categorías de propuestas legislativas, regirse por un método claro y deben adaptarse siempre a los acontecimientos actuales que tengan lugar durante el proceso legislativo. Creemos también que la Comisión debe ofrecer al Parlamento una justificación detallada de por qué, en ocasiones, la Comisión renuncia a realizar EI en relación con sus decisiones. Por último, confirmamos la importancia de la creación de una estructura autónoma de evaluación de impacto para el Parlamento Europeo para seguir mejorando la legislación y crear sinergias.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Acojo con satisfacción este informe que condena la parcialidad de la Comisión Europea. Es una pena que no denuncie el hecho de que la Comisión Europea tiene el derecho de iniciativa legislativa.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Las evaluaciones de impacto (EI) son muy importantes para el proceso legislativo y deben propiciarse en el futuro. Las EI cuentan con grandes ventajas: advierten al legislador sobre las posibles consecuencias de sus opciones y contribuyen a un proceso de toma de decisiones mejor y más meditado. Contribuyen, por lo tanto, a la excelencia legislativa.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – He analizado el informe minuciosamente y he resumido sus puntos principales: (1) el alcance del control (no solo el análisis de los costes y los beneficios sino un enfoque integrado); (2) la inclusión de las partes interesadas de todos los ámbitos políticos, si bien el método y el control final de calidad siguen siendo competencia de las instituciones europeas y se amplía el periodo de consultas de 8 a 12 semanas; (3) la revisión del Concepto común interinstitucional para las evaluaciones de impacto para propiciar que todas las instituciones apliquen un método común para las EI. Potencial de mejora en el plano de la Comisión Europea: (1) un mayor control por parte del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Comité de Evaluación de Impacto; (2) evaluaciones sistemáticas ex-post de la legislación existente y análisis de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia Europeo Potencial de mejora en el plano del Parlamento Europeo: la atención se centra principalmente en la creación de una estructura autónoma de evaluación de impacto para el Parlamento Europeo dirigida por un comité de supervisión formado por diputados, nombrados posiblemente al comienzo de cada período, y utilizando los recursos existentes así como expertos externos. Me abstengo en la votación porque no entiendo los criterios que se utilizarán para el nombramiento de expertos del Consejo Asesor ni las competencias que se asignarán a dichos expertos. Por lo tanto, no puedo apoyar el informe.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe porque considero que las evaluaciones de impacto son un instrumento fundamental de la legislación al que el legislador europeo debe recurrir en mayor medida en el futuro.

Las ventajas de las EI son evidentes. Las EI indican al legislador las consecuencias potenciales de sus posibilidades de actuación y son de utilidad a la hora de tomar decisiones. De esta forma, pueden contribuir en gran medida a la mejora de la legislación. Con todo, las EI no pueden sustituir, de ninguna manera, al debate político y al legítimo proceso democrático de toma de decisiones del legislador. Son una mera contribución a la preparación técnica del contenido de las decisiones políticas.

La Comisión Europea ha mejorado la calidad de sus EI, en particular mediante la creación del Comité de Evaluación de Impacto (IAB) en el seno de la misma. Sin embargo, a la vista del informe del Tribunal de Cuentas Europeo, creo que las EI de la Comisión son susceptibles de mejoras. Estoy de acuerdo con que una mayor participación de las comisiones del Parlamento Europeo en este trabajo podría resultar de utilidad para mejorar la calidad de las EI.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. – (IT) Las evaluaciones de impacto contribuyen significativamente a mejorar, desde el punto de vista técnico, la legislación ya que indican al legislador las consecuencias potenciales de sus posibilidades de actuación. Las EI son un instrumento fundamental para el proceso legislativo europeo.

El proyecto de informe divide estas evaluaciones en cuatro secciones. En la primera sección se afirma que las evaluaciones de impacto utilizadas por las instituciones europeas deben cumplir con ciertos principios y ser totalmente independientes y transparentes. La segunda sección analiza las evaluaciones de impacto de la Comisión y resalta la necesidad de mejoras. La tercera sección se centra en las evaluaciones de impacto realizadas por el Parlamento Europeo y se invita a las comisiones del Parlamento a utilizar en mayor medida el instrumento de las EI, con vistas a mejorar el proceso legislativo. La cuarta y última sección insta a la creación de una estructura autónoma de evaluación de impacto para el Parlamento, que deben utilizar todas las comisiones del Parlamento para generar sinergias. Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que las EI no pueden sustituir, de ninguna manera, al debate político y al legítimo proceso democrático de toma de decisiones del legislador, sino que son una mera contribución a la preparación técnica del contenido de las decisiones políticas, he votado a favor de la propuesta.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – Las evaluaciones de impacto («EI») son un instrumento fundamental de la legislación al que el legislador europeo debe recurrir en mayor medida en el futuro. Las ventajas de las EI son evidentes. Las EI indican al legislador las consecuencias potenciales de sus posibilidades de actuación y son de utilidad a la hora de tomar decisiones. De esta forma, pueden contribuir en gran medida a la mejora de la legislación. Con todo, las EI no pueden sustituir, de ninguna manera, al debate político y al legítimo proceso democrático de toma de decisiones del legislador. Son una mera contribución a la preparación técnica del contenido de las decisiones políticas. Las EI empleadas por las instituciones europeas deben atender a determinados principios. Ante todo, deben realizarse con plena independencia y de forma transparente. Deben abarcar todas las categorías de propuestas legislativas y regirse por un método claro. Las posibilidades de actuación indicadas deben incluir una valoración de la opción de no emprender acción alguna. Deben tenerse debidamente en cuenta las consecuencias particulares para las PYME. Por último, las EI deben adaptarse siempre a los acontecimientos actuales que tengan lugar durante el proceso legislativo. La petición esencial del Parlamento es la creación de una estructura autónoma de evaluación de impacto en el seno del Parlamento, para seguir mejorando la calidad de su legislación y crear sinergias. A largo plazo, debe estudiarse la posibilidad de un mecanismo común para todas las instituciones de la UE.

  Phil Prendergast (S&D), por escrito. – Acojo con satisfacción este informe ya que considero que las evaluaciones de impacto son un instrumento fundamental de la legislación al que el legislador europeo debe recurrir en mayor medida. Las EI pueden contribuir a la mejora de la legislación ya que indican al legislador las consecuencias potenciales de sus posibilidades de actuación. Al analizar las consecuencias potenciales, el legislador no debe tener miedo a resaltar la dura realidad. Las evaluaciones de impacto no solo deben mostrar las posibilidades y contener recomendaciones para el legislador, sino que también deben estar preparadas para recomendar no emprender acción alguna, si se considera la opción más adecuada. La legislación europea afecta significativamente a nuestros ciudadanos y debemos aprovechar todas las oportunidades existentes para garantizar que esta legislación es lo más justa y equitativa posible.

  Fiorello Provera (EFD), por escrito. – (IT) La legislación europea es, con frecuencia, compleja, difícil de entender y difícil de aplicar. Por este motivo, las evaluaciones de impacto pueden contribuir significativamente a la mejora de la calidad de la legislación de la UE y, concretamente, a reducir los plazos de tramitación y los costes del proceso legislativo. Apoyo esta medida porque, al tener en cuenta las exigencias de los Estados miembros, será posible evaluar las posibles consecuencias económicas, financieras, sociales y ambientales de un acto jurídico. Las evaluaciones de impacto también deben ser totalmente independientes y transparentes y deben realizarse en una fase temprana de desarrollo político.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) Es preciso garantizar la independencia de las evaluaciones de impacto (EI), sobre todo por su importancia para el proceso de toma de decisiones. Si bien las EI no pueden sustituir la decisión de adoptar o no una solución concreta, son decisivas para dar forma a la opción de una solución política concreta.

Es crucial, por tanto, adoptar toda medida que refuerce las garantías de independencia y transparencia de las EI. Esto contribuirá a maximizar la contribución del instrumento al proceso de toma de decisiones y a garantizar la calidad y conveniencia de las actividades de las instituciones de la UE.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Nos hemos abstenido en la votación. Además, hemos presentado una resolución alternativa mediante la cual queremos clarificar el papel de las evaluaciones de impacto y los expertos externos en el proceso de evaluaciones de impacto. Las evaluaciones de impacto solo pueden suponer un apoyo para la adopción de decisiones políticas y de ninguna manera deben sustituir al proceso democrático de toma de decisiones.

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) Las evaluaciones de impacto son un instrumento fundamental de la legislación. Las ventajas de las EI son evidentes al contribuir en gran medida a la mejora de la legislación. Sin embargo, no pueden sustituir, de ninguna manera, al legítimo proceso democrático de toma de decisiones del legislador. El informe aprobado hoy resalta el convencimiento del Parlamento de que las evaluaciones de impacto utilizadas por las instituciones europeas deben ser totalmente independientes y transparentes. Además, las EI deben abarcar todas las categorías de propuestas legislativas y regirse por un método claro. El Parlamento también insta a la creación de una estructura autónoma de evaluación de impacto en el seno del Parlamento, para seguir mejorando la calidad de su legislación y crear sinergias.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – Apoyo las enmiendas del S&D a este informe, en la fase de comisión, que suponen una mayor transparencia del proceso legislativo y el fomento de un mayor acceso de las PYME y las ONG, mediante la publicación de planes de trabajo y la existencia de un período de consultas ampliado. He apoyado este informe porque las evaluaciones de impacto son muy importantes para nuestro trabajo en el Parlamento y deberían desempeñar un papel aún mayor.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) Las evaluaciones de impacto (EI) realizadas en la Unión Europea benefician a todos los ciudadanos europeos porque contribuyen a un proceso legislativo mejor, mediante un análisis independiente de las posibles medidas a nivel europeo. La ponente demuestra la necesidad de analizar mejor, y de forma más eficaz, los efectos sociales, económicos, medioambientales y sanitarios de las opciones políticas de la Unión. Las EI juegan un papel fundamental en todo el ciclo político y son necesarias para alcanzar una legislación de alta calidad y su correcta transposición y aplicación.

Apoyo, por lo tanto, los criterios propuestos por el Parlamento para su aplicación al desarrollo de las EI. En este sentido, quiero subrayar que las EI deben ser adoptadas lo antes posible, con vistas a minimizar los posibles efectos negativos. Es preciso, asimismo, tener en cuenta al mayor número posible de partes interesadas, tanto institucionales, como económicas y civiles.

Sin embargo, no debe fomentarse la aplicación de las EI tan solo antes de la aprobación de un texto legislativo (ex ante), sino también tras su aprobación (ex post). Las EI han de ser independientes y deben realizarse de forma transparente y objetiva. Deben acompañar a las propuestas legislativas y seguir un procedimiento y un método común dentro del Parlamento Europeo.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) Las evaluaciones de impacto constituyen un instrumento legislativo muy valioso, que sirve como preparación para las decisiones políticas basada en el conocimiento La fiabilidad de las evaluaciones de impacto depende de la transparencia, la existencia de un estándar de calidad uniforme y la presentación de las ventajas y desventajas de un número suficiente de opciones políticas. Por este motivo, he votado a favor de la propuesta alternativa presentada por el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea.

Informe: Diana Wallis (A7-0164/2011)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Si bien voto a favor de este informe, considero que un posible sistema facultativo beneficiaría a los consumidores y a las pequeñas y medianas empresas. Esto sería posible si la Comisión presentase datos concretos que señalen la necesidad de mayores avances para que la consulta llevada a cabo por la Comisión sea transparente.

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – He votado a favor de esta resolución sobre el Libro Verde de la Comisión sobre opciones para avanzar hacia un Derecho contractual europeo para consumidores y empresas. El Derecho contractual determina y organiza las transacciones dentro del Mercado Interior, por lo que su potencial para obstaculizar o facilitar dichas transacciones es obvio. Elegir el camino correcto para avanzar en el ámbito del Derecho contractual puede contribuir de manera significativa a mejorar el funcionamiento del Mercado Interior y a lograr que las empresas, en particular las PYME, y los consumidores disfruten de todo su potencial. Los beneficios potenciales para el Mercado Interior de un Derecho contractual europeo han sido objeto de debate a lo largo de muchos años. El Parlamento se pronunció por primera vez al respecto en 1989 y con la resolución aprobada hoy por el Parlamento Europeo, se pretende dar respuesta al reciente Libro Verde de la Comisión sobre Derecho contractual europeo y fijar las prioridades del Parlamento en este ámbito. Coincido con la opinión de la ponente de que debemos mostrarnos favorables a la opción de crear un instrumento optativo por medio de un reglamento para el Derecho contractual europeo. Dicho instrumento optativo podría complementarse con una «caja de herramientas», que podría aprobarse por medio de un acuerdo interinstitucional.

  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. – (RO) Los obstáculos más claros a los que han de hacer frente los consumidores y las PYME en relación con el mercado único son la complejidad de las relaciones contractuales, las cláusulas y condiciones contractuales injustas, la información inadecuada e insuficiente, los procedimientos ineficaces y prolongados, las barreras lingüísticas, los distintos sistemas fiscales, la cuestión de la fiabilidad de los comerciantes en línea, la composición demográfica de la población de los distintos Estados miembros, inseguridades en cuanto a la protección de la intimidad, la tramitación de las reclamaciones y los derechos de propiedad intelectual. El Derecho contractual europeo estipula y regula las transacciones que se llevan a cabo en el mercado único y tiene como objetivo resolver los problemas relativos al mercado único que han surgido por diferentes motivos, incluyendo, incluso, las diferencias en la legislación del Derecho contractual.

Todo esto hace que contar con un régimen coherente de Derecho contractual europeo adquiere más importancia que nunca para alcanzar todo el potencial del Mercado Interior y contribuir así a la consecución de los objetivos que nos hemos fijado en la Estrategia Europa 2020. Elegir el camino correcto para avanzar en el ámbito del Derecho contractual puede contribuir de manera significativa a mejorar el funcionamiento del Mercado Interior y a lograr que las empresas, en particular las PYME, y los consumidores disfruten de todo su potencial. Es por todo esto que he votado a favor de este informe.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) Las posibles ventajas de un Derecho contractual europeo para el mercado único han sido ampliamente debatidas en los últimos años. En este sentido, creo que debemos apoyar la introducción de un instrumento optativo por medio de un reglamento, en aras de que este sistema paralelo no perjudique a los sistemas nacionales. Este es el enfoque adoptado por la señora Wallis en su informe y, por tanto, apoyo dicho informe.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe. A raíz de la crisis financiera mundial, contar con un régimen coherente de Derecho contractual europeo adquiere más importancia que nunca para alcanzar todo el potencial del Mercado Interior y contribuir así a la consecución de los objetivos que nos hemos fijado en la Estrategia Europa 2020. En la actualidad, el mercado único sigue estando fragmentado, debido a muchos factores, incluida la falta de aplicación de la legislación en vigor sobre el mercado único. Los consumidores no confían en el comercio transfronterizo y las empresas se enfrentan a enormes dificultades administrativas y legales cuando intentan expandir sus actividades a otros Estados miembros de la UE. Las divergencias entre los Derechos contractuales nacionales generan costes de transacción adicionales, incertidumbre jurídica para las empresas y una falta de confianza del consumidor en el mercado único. Estos motivos explican, en parte, que consumidores y empresas, especialmente las PYME con recursos limitados, eviten las transacciones transfronterizas, obstaculizando así la creación de un mercado único competitivo. Estoy de acuerdo con la petición, incluida en el informe, de adoptar medidas y proponer métodos para la armonización de la práctica del Derecho contractual a escala de la UE, garantizado así unas condiciones justas y equitativas para los participantes del mercado.

  Regina Bastos (PPE), por escrito. – (PT) Los contratos constituyen el vínculo fundamental entre las empresas y los consumidores. El mercado único de la Unión Europea se basa en una variedad de contratos regulados por varios acervos jurídicos nacionales. Las divergencias en materia de Derecho contractual disuaden a las empresas, en particular a las PYME, de tomar parte en el comercio transfronterizo y les impiden aprovechar las oportunidades y los beneficios que brinda el Mercado Interior. Además, los consumidores se ven perjudicados por un abanico limitado de productos, unos precios más elevados y una menor calidad debido a la escasa competencia transfronteriza. Es importante resaltar, por ejemplo, que tan solo un 8 % de los consumidores compran productos en línea de otros Estados miembros. Este informe, que cuenta con mi apoyo, defiende la necesidad de un instrumento optativo, por medio de un reglamento, para el Derecho contractual a nivel europeo.

Esto permitiría a los consumidores disfrutar de un mayor nivel de protección bajo el paraguas del Derecho contractual europeo y de una mayor seguridad en sus transacciones transfronterizas. Por su parte, será más fácil y menos costoso para las empresas, y en especial para las PYME, celebrar contratos bajo el paraguas de un acervo común de Derecho contractual de la UE.

  Slavi Binev (NI), por escrito. – (BG) He votado en contra del informe de la señora Wallis porque el instrumento optativo contemplado en el informe, por medio de un reglamento, supone el primer paso hacia la armonización del Derecho contractual en los Estados miembros. Creo que esta armonización, incluso si es mínima, es inconcebible en el momento en el que nos encontramos, a la vista de las diversas formas en las que los Estados miembros regulan las relaciones contractuales. Por ejemplo, en el Derecho alemán no existe el efecto del derecho real. Además, la armonización del Derecho contractual no serviría para prevenir las divergencias en otros ámbitos que afectan al comercio transfronterizo en la UE. No existe ninguna prueba categórica de que sean estas divergencias legales las que obstaculizan las transacciones con empresas y consumidores extranjeros. En la actualidad, los contratos que incluyen aspectos internacionales basan su redacción en el Derecho internacional privado y, a nivel de la UE, en el Reglamento (CE) nº 593/2008. Un instrumento adicional generaría una confusión innecesaria. En cuanto a las relaciones contractuales sin elementos internacionales, creo que cada Estado miembro debe seguir aplicando su propia legislación, según su tradición y tradiciones jurídicas.

  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) He votado en contra de un informe que propone un instrumento legal optativo para el Derecho contractual, que establece los fundamentos para que un futuro acervo de Derecho civil europeo prevalezca sobre el Derecho civil nacional. Esto supondría el final de las tradiciones jurídicas nacionales y de las leyes dictadas por cada Estado miembro sobre asuntos tan delicados como el Derecho civil y el Derecho contractual. En cualquier caso, si bien el objetivo del instrumento optativo es facilitar el comercio transfronterizo teniendo en cuenta las necesidades de los consumidores y las empresas, es importante recordar que la legislación europea existente ya satisface las necesidades de los agentes económicos involucrados. El objetivo real del informe parece, por lo tanto, ir más allá de la creación de un código civil europeo, algo con lo que no puedo estar de acuerdo.

  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) Quiero felicitar a la ponente por el trabajo realizado en su informe, que he apoyado con mi voto a favor. Este informe da respuesta a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, que a diferencia de otros actores que representan a entidades de mayor envergadura, sufren grandes dificultades para acceder al mercado interno, derivadas de los enormes costes que deben soportar. Como resultado de esto, tanto las PYME como los consumidores tienden a realizar sus transacciones en su mercado doméstico, con frecuencia, mucho menos competitivo, y no acceden al mercado transfronterizo, en el que los productos suelen ser, como mínimo, un 10 % más baratos. Es preciso solucionar las divergencias en los sistemas de Derecho contractual. En este sentido, la creación de un instrumento optativo para el Derecho contractual europeo por medio de un reglamento es una solución óptima que daría a las partes la libertad de elegir el instrumento legal que mejor se adapta a sus necesidades. Además, este instrumento no es un sustituto de los sistemas nacionales de Derecho contractual sino un refuerzo.

  John Bufton (EFD), por escrito. – He votado en contra de la introducción del Derecho contractual europeo porque considero que Bruselas no debe legislar en ámbitos en los que ya existe legislación nacional. Al introducir un Derecho contractual de la UE y dar la opción a las empresas de elegir entre la legislación nacional y la europea, se crea confusión en el sistema y se podrían generar solapamientos legislativos que desemboquen, a su vez, en tribunales costosos. También es posible que un Derecho contractual europeo favorezca la política social y de empleo de la UE, por ejemplo, la Directiva sobre el tiempo de trabajo. Esta Directiva ha demostrado ser muy poco popular y ha generado problemas en un amplio número de sectores industriales y de servicios en el Reino Unido. También es posible que esta legislación, que hasta ahora cuenta con un elemento de discrecionalidad, pueda convertirse en obligatoria en un futuro.

  Alain Cadec (PPE), por escrito. – (FR) El informe Wallis fija objetivos ambiciosos relativos a posibles medidas orientadas a la creación de un Derecho contractual de la UE para consumidores y empresas. Las cuestiones que se plantean son de una gran envergadura, porque se refieren a mejorar el funcionamiento del Mercado Interior mediante una mayor participación de consumidores y empresas. Por un lado, debemos eliminar las divergencias existentes en el Derecho contractual para eliminar así los obstáculos a los que se enfrentan las empresas. Por otro lado, debemos ofrecer un alto nivel de protección a los consumidores europeos.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) A la luz del importante efecto que el Derecho contractual tiene sobre las transacciones financieras y, por lo tanto, sobre el Mercado Interior, apoyo todos los esfuerzos realizados por la Comisión y por el Parlamento Europeo para armonizar los parámetros en la UE y adaptarlos al mercado único. Voto a favor del informe presentado sobre este asunto.

  Nessa Childers (S&D), por escrito. – La importancia de la confianza del consumidor se ha hecho más evidente a raíz de muchos acontecimientos recientes. Esta confianza reside, en parte, en la existencia de leyes adecuadas de protección al consumidor. En este sentido, es, indispensable que este asunto se aborde a nivel europeo.

  Christine De Veyrac (PPE), por escrito. – (FR) El informe Wallis constituye un paso importante en la aplicación del Acta del Mercado Único y celebro su aprobación. En un momento en el que las divergencias entre las legislaciones nacionales restringen significativamente el comercio transfronterizo, y especialmente para las PYME, la introducción de un marco para el Derecho contractual europeo supone un gran avance que debemos apoyar. Al regular tanto los contratos entre empresas como los contratos entre empresas y consumidores, la adopción de un instrumento optativo, acompañado de una «caja de herramientas», podría garantizar un mayor nivel de protección para los consumidores europeos.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) La existencia de un Derecho contractual europeo, que se ha debatido intensamente en las instituciones, podría suponer un amplio abanico de beneficios para las empresas, los consumidores y para el buen funcionamiento del Mercado Interior. Las posibles ventajas inherentes a un acervo común de estándares y principios generales aplicables al Derecho no nos resultan, por tanto, indiferentes. Estas ventajas potenciales están relacionadas con el aumento de las transacciones transfronterizas, la regulación del comercio electrónico, y el mayor acceso de los consumidores a ciertos productos. Sin embargo y tal y como señala la ponente, creo que un instrumento optativo para el Derecho contractual europeo, que complementa a las legislaciones nacionales sin reemplazarlas, es una opción adecuada.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Este informe elaborado por la señora Wallis se ocupa de las opciones políticas existentes para avanzar hacia un Derecho contractual europeo para consumidores y empresas. Elegir el camino correcto para avanzar en el ámbito del Derecho contractual puede mejorar el funcionamiento del Mercado Interior y beneficiar a las pequeñas y medianas empresas y a los consumidores. El Parlamento se pronunció por primera vez al respecto en 1989, fomentando así que la Comisión elaborase un Plan de acción en 2003. La Comisión presentó en 2008 una propuesta de Directiva sobre derechos del consumidor, ha elaborado en dos ocasiones informes acerca de los avances realizados en este campo y ha propuesto de nuevo una serie de medidas en la materia en un Libro Verde, al que este informe pretende dar respuesta.

Voto a favor de este informe, que introduce un instrumento optativo que podría complementarse con una «caja de herramientas» orientado a solucionar los problemas contractuales. Mi voto a favor se basa en que las propuestas presentadas, tras diez años de estudios, contribuirán a resolver los problemas identificados, que están mayoritariamente relacionados con los contratos. Estas propuestas abordan la necesidad de fomentar el mercado interno mediante la eliminación de obstáculos.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El informe trata de utilizar el disfraz de la defensa de los consumidores y las pequeñas y medianas empresas. Su contenido, sin embargo, pone en peligro tanto a los consumidores como a las PYME. La visión de la ponente es marcadamente neoliberal, tal y como se desprende de la importancia atribuida a la eliminación de «la serie de obstáculos a los que se enfrentan aquellos que desean llevar a cabo transacciones transfronterizas en el Mercado Interior, y considera que, junto con otras medidas, el proyecto de Derecho contractual europeo podría resultar útil para alcanzar todo el potencial del Mercado Interior». La liberalización y la ampliación del Mercado Interior llevadas a cabo por la UE demuestran que esto beneficia, sobre todo, a los intereses de las grandes empresas. Esta dinámica sugiere que las propuestas para la armonización de contratos —que en esta fase todavía son facultativas— serán guiadas por la prevalencia de esos mismos intereses.

Nuestra desconfianza se basa en las afirmaciones contenidas en el informe, como que el instrumento optativo «debe ofrecer un nivel de protección de los consumidores muy elevado, para compensarles por la protección de que gozarían normalmente con arreglo a la legislación de sus respectivos países». Queremos resaltar que el instrumento propuesto a escala de la UE, igual para todos los contratos en la Unión Europea, todavía está configurado en términos muy generales.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Este es, claramente, un informe neoliberal que se centra en los intereses de las empresas, especialmente de las grandes empresas. A pesar de la propaganda sobre la defensa de las pequeñas y medianas empresas y los consumidores, en un Mercado Interior completamente liberalizado ganan más los que más poder tienen. Sin embargo, todo esto es un intento de disfrazar el producto para ocultar al electorado sus peligros reales. Por tanto, no votamos a favor del informe.

El informe también defiende un instrumento optativo a nivel de la UE que es el mismo para todos los contratos de la Unión Europea y que todavía está configurado en términos muy generales.

Expongo, a continuación, algunas de las afirmaciones contenidas en el informe:

- «Respalda las medidas dirigidas a abordar la serie de obstáculos a los que se enfrentan aquellos que desean llevar a cabo transacciones transfronterizas en el Mercado Interior, y considera que, junto con otras medidas, el proyecto de Derecho contractual europeo podría resultar útil para alcanzar todo el potencial del Mercado Interior, dando así lugar a unos beneficios sustanciales en el ámbito económico y del empleo»;

- «Opina que este instrumento debería abarcar tanto los contratos entre empresas como los contratos entre empresas y consumidores; hace hincapié en que el instrumento optativo debe ofrecer un nivel de protección de los consumidores muy elevado, para compensarles por la protección de que gozarían normalmente con arreglo a la legislación de sus respectivos países; desea recibir mayores explicaciones acerca de cómo podría lograrse tal objetivo».

  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) El Derecho contractual determina y organiza las transacciones en el mercado único. Elegir el camino correcto para avanzar en el ámbito del Derecho contractual puede contribuir de manera significativa a mejorar el funcionamiento del Mercado Interior y a lograr que las empresas, en particular las PYME, y los consumidores disfruten de todo su potencial. Dado que cualquier iniciativa en Derecho contractual tendrá que responder mejor a las necesidades reales y a las preocupaciones de las empresas y los consumidores, considero que cualquier razonamiento en este ámbito debe basarse en elementos de hecho relacionados con la situación actual en el Derecho contractual y en las dificultades que encuentran las empresas y los consumidores, en particular en las transacciones transfronterizas. Es de vital importancia contar con una participación amplia y equilibrada de las partes interesadas. Esta participación adquirirá particular importancia en la fase de procedimiento legislativo y es preciso asegurar por todos los medios el carácter inclusivo y transparente de dicho procedimiento. Es importante llevar a cabo una evaluación de impacto extensa, que examine una amplia gama de opciones políticas y se centre en las cuestiones prácticas importantes para el funcionamiento del instrumento optativo.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) La propuesta de la señora Wallis no es ni más ni menos que la creación del sistema legal número 28, que se añade a los sistemas jurídicos nacionales a los que pretende reemplazar en la práctica. El contexto político europeo teme ahora las expresiones «armonización legislativa» y «estandarización». Se supone que esta nueva ley europea eliminará los obstáculos al comercio transfronterizo creados por las diferencias existentes entre los diferentes sistemas jurídicos. El problema es que no hay nada en el informe de la señora Wallis que demuestre objetivamente la existencia de dichos obstáculos y, por tanto, de un problema al que hay que dar solución. Por consiguiente, nada justifica esta postura, con la excepción de la voluntad de adoptar un nuevo método para imponer una legislación supranacional. Además, nos arriesgamos a que se utilice para evitar disposiciones nacionales proteccionistas, especialmente las relativas a los derechos de los consumidores. Esta es la razón por la que he votado en contra de este informe.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) Me he abstenido en la votación porque, según la ponente, algunos de los obstáculos más claros a los que han de hacer frente los consumidores y las PYME en relación con el mercado único son la complejidad de las relaciones contractuales. Esto explica la propuesta de crear un Derecho contractual europeo común, que beneficiaría a los consumidores y contribuiría a garantizar un mayor nivel de comercio transfronterizo dentro del Mercado Interior. Según la ponente, todas las partes, ya sea en las transacciones entre empresas o entre empresas y consumidores, deberían tener la libertad de elegir o no el instrumento optativo como alternativa a la legislación nacional o internacional («opt-in»). El informe también destaca que debe dedicarse más atención a garantizar que el instrumento optativo ofrezca protección a los consumidores y a las pequeñas empresas, dada su posición como socios comerciales más débiles, y que debe evitarse cualquier confusión al escoger la legislación aplicable. Me he abstenido en la votación porque la UE ha aprobado recientemente el Reglamento Roma I, que regula este ámbito y que protege adecuadamente los intereses de los consumidores. Esta propuesta está exclusivamente centrada en la situación del Reino Unido y solo crearía turbulencias y un aumento de la burocracia.

  Edvard Kožušník (ECR), por escrito. – (CS) No apoyo la propuesta de crear un instrumento legal totalmente nuevo en forma de un Derecho contractual europeo. La creación de dicho instrumento supone el primer paso hacia la creación de un código civil paneuropeo, que gradualmente sustituiría al Derecho contractual de los Estados miembros individuales. El concepto propuesto puede que hable de la aplicación voluntaria de este instrumento, pero, no obstante, muchos indicadores dejan claro que el carácter voluntario es solo una especie de precursor hacia una aplicación obligatoria posterior en las relaciones contractuales transfronterizas. Si se crea este instrumento, estaremos introduciendo un tipo de legislación supranacional totalmente nuevo, que estará en el límite entre la legislación europea y el Derecho privado y mercantil internacional, por no mencionar que el mandato para crear un Derecho contractual europeo para consumidores y empresas no cuenta con una base suficiente en el Derecho primario de la UE. Por consiguiente, deberíamos limitarnos a un instrumento estándar, para el que existe una base legal suficiente en el Derecho primario a través de la armonización.

  Agnès Le Brun (PPE), por escrito. – (FR) Cuando se trata de poner en práctica el mercado común, no deberíamos contentarnos con eliminar las barreras positivas entre los Estados miembros de la Unión. Para disfrutar los logros de un mercado integrado efectivo, también es necesario afrontar las causas indirectas que reprimen las aspiraciones transfronterizas de nuestros conciudadanos. Además de una serie de dificultades administrativas, los emprendedores europeos también tienen, con frecuencia, que afrontar unas normativas contractuales muy diversas en vigor en los Estados miembros. Estos obstáculos resultan especialmente difíciles de vencer para las PYME, que, no obstante, son la herramienta más eficaz para fomentar el crecimiento. En consecuencia, la Comisión Europea ha publicado un Libro Verde sobre este tema y ha puesto en marcha una amplia consulta pública. He votado a favor de la presente resolución del Parlamento porque adopta un enfoque basado en el sentido común al proponer un instrumento que es paralelo a la legislación nacional y facilitaría el comercio transfronterizo. Este «contrato europeo» sería optativo, serviría de «caja de herramientas» para aclarar cómo debe usarse y fomentaría una mayor protección de los consumidores.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado en contra de este informe.

  Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) Las divergencias en el Derecho contractual europeo acaban por desalentar a las empresas a la hora de implicarse en el comercio transfronterizo y evitan que saquen partido a las oportunidades y los beneficios que ofrece el Mercado Interior. En consecuencia, los consumidores también se ven perjudicados por una elección limitada de productos, unos precios más elevados y una menor calidad debido a la débil competencia transfronteriza. A este respecto, deseamos introducir algunas innovaciones, incluidos los contratos entre empresas y aquellos entre empresas y consumidores regulados por un instrumento optativo que ampliaría la elección de las partes y la introducción de un mecanismo de supervisión y revisión para garantizar que el instrumento optativo se mantiene al día de las necesidades del mercado y de los últimos avances jurídicos y económicos. Un objetivo clave debería ser la sencillez y la disponibilidad inmediata. Debe darse prioridad a las disposiciones sobre compraventa de bienes, así como a los contratos de servicios. Por último, el establecimiento de un sistema de sello de confianza garantizaría una mayor seguridad a los consumidores. La elección de la dirección adecuada en el terreno del Derecho contractual puede suponer una importante contribución a la mejora del funcionamiento del Mercado Interior y al aprovechamiento de todo su potencial por parte de las empresas —especialmente, de las PYME— y de los consumidores.

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Aunque creo que queda mucho por hacer en lo que se refiere a las pequeñas y medianas empresas (PYME) y a los derechos de los consumidores, este informe es un primer paso para facilitar el comercio transfronterizo entre PYME.

  Arlene McCarthy (S&D), por escrito. – Los diputados laboristas al Parlamento Europeo quieren ver mejoras en el Mercado Único y facilitar las transacciones transfronterizas de los consumidores y las pequeñas empresas. Sin embargo, los grupos de consumidores y empresas se han puesto de acuerdo sobre esta cuestión para rechazar la propuesta de la señora Wallis de un instrumento optativo de Derecho contractual. Defienden que las normas del Derecho contractual nacional no son un factor que influencie en las actitudes de los consumidores a la hora de comprar en otro Estado miembro; de hecho, existen otras barreras genuinas al comercio transfronterizo, como las diferencias administrativas y culturales y una carencia de medios eficaces para ofrecer reparación a los consumidores. La señora Wallis no ha logrado ofrecer pruebas concluyentes de la necesidad de un instrumento optativo. De hecho, dicha propuesta podría incluso socavar los derechos existentes de los consumidores.

Debemos dedicar tiempo a evaluar las siete opciones del Libro Verde y adoptar una decisión basada en pruebas a partir de evaluaciones claras de impacto. De igual forma, no podemos aceptar el enfoque basado en la caja de herramientas de ECR sin suficientes pruebas y una evaluación del impacto para demostrar que esta sea la mejor forma de proteger a los consumidores y ayudar a las empresas. A nuestros consumidores y empresas les debemos el tomar la decisión adecuada y garantizar que cualquier cambio legislativo que afecte a sus derechos se produzca tras una reflexión oportuna.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) El Derecho contractual determina y organiza las transacciones dentro del Mercado Interior, por lo que su potencial para entorpecer y facilitar dichas transacciones es obvio. La elección de la dirección adecuada en el terreno del Derecho contractual podría suponer una importante contribución a la mejora del funcionamiento del Mercado Interior y al aprovechamiento de todo su potencial por parte de las empresas —especialmente, de las PYME— y de los consumidores.

Merece atención que el Parlamento, en sus diversas resoluciones en esta materia, haya reconocido repetidamente las ventajas de un marco mejorado del Derecho contractual para el Mercado Interior, haya valorado positivamente la idea de un marco común de referencia y haya insistido en una estrecha implicación propia y de las partes interesadas.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – El 1 de julio de 2010 la Comisión presentó un Libro Verde sobre opciones para avanzar hacia un Derecho contractual europeo para consumidores y empresas. Entre las opciones se incluyen alternativas de derecho indicativo, un régimen de participación optativa denominado sistema del 28º, la improbable aproximación del Derecho sustantivo nacional (debida a la resistencia del Consejo y a la imposibilidad de fusionar de la noche a la mañana las tradiciones jurídicas nacionales) y la opción de crear un código civil propiamente dicho. Doy todo mi apoyo al informe, especialmente en el contexto de las violaciones de los derechos humanos en la República de Letonia. He votado a favor.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) El derecho contractual europeo debería garantizar un Mercado Interior con menos sobresaltos y este informe presta especial atención a las posibles ventajas para las PYME y los consumidores. Los esfuerzos en este sentido para encontrar un marco jurídico común están en marcha desde 1989. En 2008, la Comisión Europea hizo circular una propuesta de Directiva sobre los derechos de los consumidores. Para los consumidores europeos tiene mucha más importancia que su protección se vea mejorada a escala europea. No debería adoptar la forma de medidas restrictivas, como aquellas que una vez resultaron familiares cuando las cuentas bancarias quedaron en descubierto, sino que, por el contrario, debería combatir las prácticas empresariales sospechosas, el fraude, etc.

Se puede cuestionar si el Derecho contractual europeo va a mejorar el acceso al mercado de las pequeñas empresas, ya que, según algunos análisis, son principalmente las empresas al por menor de medio y gran tamaño las que participan en el comercio transfronterizo, algo que resulta de los trámites burocráticos y de los costes que conlleva. Los problemas existentes con las compras transfronterizas en línea van a persistir durante algún tiempo. Es más, no se ha demostrado, más allá de toda duda, que la normalización sea realmente necesaria. Ante la duda, respaldo el principio de subsidiariedad, razón por la cual he votado en contra del informe Wallis.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) Una Europa que pertenezca a sus ciudadanos solo puede funcionar como una Europa de patrias, subsidiariedad y soberanía nacional. Hasta ahora ha dado la impresión de que el Derecho contractual europeo era algo innecesario y corresponde aplicar el principio general de que, si una provisión no es necesaria, debería ser omitida. También creo que este informe es una táctica de distracción, diseñada para distraer la atención del hecho de que algo mucho más importante —a saber, la protección de los consumidores a escala europea— sigue necesitando mejoras. Por esta razón he votado en contra de este informe.

  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. – (LT) Hay que aplicar un Derecho contractual unificado en la Unión Europea. Ante todo, eliminaría los obstáculos que a menudo se encuentran los consumidores y las pequeñas y medianas empresas (PYME) en el mercado único relacionados con la complejidad de las relaciones contractuales. Es más, un Derecho contractual europeo común garantizaría un mayor comercio transfronterizo en el Mercado Interior. El Reglamento Roma-I actualmente en vigor es un instrumento normativo adecuado que ofrece un elevado nivel de protección a la parte contractual más débil. Las provisiones de este reglamento protegen a los consumidores cuando buscan compensación de las empresas en otros Estados miembros con los que han celebrado un contrato. Puesto que en la Unión Europea ya está en vigor un mecanismo de regulación jurídica que funciona bien en este campo, no apoyo esta resolución sobre opciones para avanzar hacia un Derecho contractual europeo para consumidores y empresas, que propone aprobar un nuevo reglamento que establecería un nuevo instrumento optativo y se aplicaría a las transacciones entre empresas y entre empresas y consumidores. Habría que llamar la atención sobre el hecho de que el nuevo reglamento supondría mucha confusión y una falta de claridad en este ámbito. Es más, su aplicación exigiría una financiación adicional y una mayor burocracia.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) Las divergencias en el Derecho contractual de los Estados miembros crea problemas estructurales que desalientan a empresas y consumidores. La propuesta de resolución de la señora Wallis defiende la creación de un instrumento optativo del Derecho contractual europeo para consumidores y empresas basado en un reglamento general; y por ello he votado a favor del texto. Es más, este instrumento no supondría la sustitución de los derechos contractuales de los Estados miembros, sino que simplemente garantizaría una mayor diversidad de modelos de contrato entre las partes, gracias a ejemplos que se basen en principios generales, definiciones y reglamentos modelo tanto para los contratos comerciales como de consumidores, sin contravenir los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. – (EL) He votado a favor del informe sobre la creación de un Derecho contractual europeo para consumidores y empresas que va a ayudar a facilitar las transacciones transfronterizas y a reforzar el Mercado Interior, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYME) y los consumidores. Las diferencias en materia de Derecho contractual entre los distintos Estados miembros están reduciendo el número de PYME que desean celebrar transacciones transfronterizas. Tenemos que adoptar un procedimiento flexible que ofrezca seguridad a las pequeñas y medianas empresas y a los consumidores y que ayude a proteger los derechos de las partes. Es por ello que la creación de un instrumento optativo que opere como estándar para las PYME junto a las normas nacionales, ampliando así las opciones de las partes, es la estrategia adecuada.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe sobre opciones para avanzar hacia un Derecho contractual europeo para consumidores y empresas. De hecho, el Derecho contractual determina y organiza las transacciones dentro del Mercado Interior, por lo que su potencial para entorpecer y facilitar dichas transacciones es obvio.

La elección de la dirección adecuada en el terreno del Derecho contractual podría suponer una importante contribución a la mejora del funcionamiento del Mercado Interior y al aprovechamiento de todo su potencial por parte de las empresas —especialmente, de las PYME— y de los consumidores. Me gustaría destacar la necesidad de lograr una implicación amplia y equilibrada de las partes interesadas. El actual método de trabajo de la Comisión, en el que se implica un grupo de expertos y de partes interesadas, ya garantiza la participación de estas últimas. Sin embargo, puesto que el proceso se encuentra todavía en su fase consultiva, es importante asegurarse de que no comience todavía el propio procedimiento legislativo. La implicación de las partes interesadas será especialmente importante durante este procedimiento legislativo y habrá que garantizar, por todos los medios a nuestra disposición, su integración y transparencia.

  Phil Prendergast (S&D), por escrito. – La UE no puede definirse como un mercado único mientras existan obstáculos al comercio. Los inmensos costes que supone el comercio transfronterizo suponen una importante barrera. Entre los costes jurídicos, de traducción y de aplicación, a las pequeñas empresas les puede costar hasta 15 000 euros introducirse en el mercado del comercio electrónico de un único Estado miembro. Según una encuesta Flash Eurobarómetro de 2008, esta barrera es considerada un problema importante por hasta el 60 % de los minoristas. Si se armonizasen las legislaciones que regulan las transacciones con los consumidores en toda la UE, las pequeñas y medianas empresas (PYME) de todos los Estados miembros saldrían beneficiadas. La eliminación de estas barreras animaría a que más PYME explotasen el potencial del comercio electrónico. Opino que las PYME son fundamentales para la recuperación económica de muchos Estados miembros. Las exportaciones marcan el camino hacia la recuperación de Irlanda; por ello, la eliminación de barreras al incorporarse al mercado europeo es fundamental. Las conclusiones y las recomendaciones de este informe también muestran el potencial de mayores beneficios para los consumidores. Si se incrementase el comercio transfronterizo, a los consumidores se les ofrecería una mayor variedad de productos y unos precios más competitivos.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) Una de las cuestiones más candentes en el Derecho europeo se refiere a la armonización del Derecho contractual. Por un lado, parece que se está sintiendo la necesidad de una mayor coherencia interna, para que las empresas se puedan beneficiar del potencial del mercado común sin temer que puedan existir soluciones en un sistema jurídico extranjero determinado que no hubiesen anticipado y para las que no estén preparadas, lo que supone un verdadero problema. Por otro, sin embargo, existe una resistencia real entre los Estados miembros al sacrificio de sus soluciones jurídicas, lo que no puede sorprendernos ya que estas se han ido desarrollando durante siglos y son ampliamente conocidas por las poblaciones correspondientes.

Siendo esto así, en su Libro Verde del 1 de julio de 2010, la Comisión presentó varias soluciones para modelos normativos que iban del mero Derecho indicativo a un código civil europeo. Entre las diversas hipótesis, el Parlamento Europeo se inclina por la creación de un instrumento optativo en forma de reglamento que gobierne ante todo las transacciones transfronterizas y que tenga el potencial de utilizarse además en contratos internos, si bien es cierto con carácter optativo. A mí me parece una solución razonable y, por tanto, he votado a favor.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – A favor. Este informe pretende dar respuesta al reciente Libro Verde de la Comisión sobre Derecho contractual europeo y fijar las prioridades del Parlamento en este ámbito. Los beneficios potenciales para el Mercado Interior de un Derecho contractual europeo han sido objeto de debate en el marco interinstitucional y con el público en general a lo largo de muchos años; el Parlamento se pronunció por primera vez al respecto en 1989. La Comisión amplió el debate con la publicación de su Comunicación de 2001, que se centraba en los posibles problemas que podían plantear en el Mercado Interior las divergencias en materia de Derecho contractual y las posibles medidas de actuación. Sobre la base de las respuestas dadas a esta consulta, la Comisión publicó en 2003 un Plan de acción, en el que proponía, entre otras cosas, la elaboración de un Marco Común de Referencia que incluiría definiciones, principios comunes y reglas modelo, con vistas a mejorar la calidad y la coherencia del Derecho contractual europeo. En una Comunicación posterior de 2004, la Comisión estableció el seguimiento de dicho Plan de acción y propuso asimismo la revisión del acervo de la Unión en este ámbito, presentando en 2008 una propuesta de Directiva sobre derechos del consumidor.

  Nikolaos Salavrakos (EFD), por escrito. – (EL) Creo que debemos mejorar el funcionamiento del Mercado Interior y explorar cualquier vía que beneficie a las empresas, especialmente a las PYME, y a los consumidores. En este marco, el informe de la señora Wallis supone un avance en la dirección adecuada: aborda el impacto negativo que las diferencias en el Derecho contractual dentro del Mercado Interior están teniendo en los consumidores y las empresas y los beneficios que tendría para el Mercado Interior un marco mejorado del Derecho contractual. Opino que, para lograrlo, tenemos que crear un acto legislativo fácil de usar, flexible y claro que, cuando sea factible, sea vinculante en los Estados miembros y que facilite y ofrezca la seguridad de la ley a las partes contratantes, sin interferir en las legislaciones europeas ni afectar al más débil desde el punto de vista económico.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – Me decepciona que el Parlamento haya aprobado este informe. No pude apoyarlo porque, en respuesta a un Libro Verde de la Comisión, descartó demasiadas opciones para el futuro de un Derecho contractual europeo y descuidó la obligación de solicitar una evaluación del impacto de los costes totales y las implicaciones de cada opción de la Comisión.

  Marc Tarabella (S&D), por escrito. – (FR) Todavía no hay un Derecho contractual europeo, aunque la posibilidad de dicho Derecho se haya debatido en las instituciones europeas durante los últimos 20 años. La Comisión pretende ahora proponer, mediante un reglamento, la introducción de un instrumento optativo —normalmente conocido como el «Derecho del 28º»— que regulase los contratos transfronterizos.

Sin embargo, aunque la intención de simplificar el Derecho contractual y ampliar el comercio transfronterizo es loable, me asaltan dudas acerca de la relevancia de este enfoque: existe realmente un alto riesgo de que se eviten las normas nacionales, que ofrecen la máxima protección a los consumidores. Por esta razón, he decidido abstenerme al votar este informe de iniciativa propia hasta que tengamos la propuesta de reglamento de la Comisión en este ámbito.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) Una consecuencia de la puesta en marcha del Mercado Interior es el incremento en el número de posibles clientes en la Unión Europea. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha producido una armonización a nivel europeo de las normas contractuales para consumidores y empresas. Esto supone la constante presencia de obstáculos a la plena aplicación del Mercado Interior debido a las diferencias en las legislaciones nacionales y a la fragmentación del propio Derecho de los consumidores.

El informe propone analizar la viabilidad de un instrumento optativo en este ámbito, formalizado con un reglamento y completado con una «caja de herramientas», que haría posible garantizar la seguridad jurídica. Este instrumento permitiría un funcionamiento más fluido del mercado único, beneficiaría a las empresas y a los consumidores y también supondría una mejora de los sistemas jurídicos de los propios Estados miembros.

Por todas estas razones, he votado a favor de este informe y apoyo la propuesta de la Comisión Europea en este sentido, que, en el futuro, supondrá la participación del propio Parlamento Europeo y de las partes interesadas de la sociedad civil.

  Rafał Trzaskowski (PPE), por escrito. – (PL) El hecho de que tengamos 27 sistemas jurídicos es una de las barreras más importantes para los emprendedores y consumidores de la UE que deseen sacar provecho de las ventajas del Mercado Interior. El trabajo en curso sobre la creación de un Derecho contractual europeo alternativo me llena de optimismo, especialmente en el contexto de la Agenda Digital para Europa y del potencial del comercio electrónico para el mercado único.

  Angelika Werthmann (NI), por escrito. – (DE) La ponente se inclina por un instrumento optativo. Las organizaciones de protección de los consumidores ya se muestran escépticos acerca del enfoque europeo de este tema. Por un lado, cuestionan la causalidad con la base para el futuro Derecho contractual y, al mismo tiempo —lo que es más importante—, temen una mayor complicación de la situación jurídica. En la actualidad, la opción preferida es una «caja de herramientas», porque respondería a las necesidades actuales, y las provisiones especiales en lo que se refiere a los tipos de contratos más habituales serían una verdadera ayuda para los consumidores. Sin embargo, en estos momentos habría que mantener abiertas y examinar todas las opciones.

  Iva Zanicchi (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del texto presentado por la señora Wallis. Los problemas que resultan de las divergencias en los derechos contractuales de los Estados miembros acaban por desalentar a las empresas —concretamente, a las PYME— a la hora de implicarse en el comercio transfronterizo y evitan que saquen partido a las oportunidades y los beneficios que ofrece el Mercado Interior. El texto que votamos hoy pretende crear un instrumento optativo para el Derecho contractual europeo a través de un reglamento. Dicho instrumento optativo coexistiría con los derechos contractuales de los Estados miembros como una opción alternativa que las partes contratantes podrían elegir libremente.

  Tadeusz Zwiefka (PPE), por escrito. – (PL) El 60 % de las transacciones en Internet dentro de la Unión Europea fracasan, principalmente debido a que las partes implicadas en esas transacciones desconfían de los sistemas jurídicos desconocidos de otros Estados miembros. En esta situación, muchos ciudadanos europeos se ven privados de la oportunidad de sacar provecho al comercio en línea. En este caso, las diferencias que existen entre los sistemas jurídicos de los Estados miembros suponen una barrera para el correcto funcionamiento del mercado europeo. Por consiguiente, también creo que un instrumento optativo —o un «28º sistema jurídico»— tiene buenas probabilidades de ayudar a desbloquear el potencial del mercado europeo en el ámbito del comercio electrónico y de ayudar a los emprendedores a ampliar el mercado mientras se garantiza un acceso igual a los productos y servicios a los consumidores.

Informe: Anna Rosbach (A7-0175/2011)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Voto a favor de este informe porque incluye una serie de preocupaciones destacadas por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, al reconocer las limitaciones del producto interior bruto (PIB) y la necesidad de incluir indicadores nacionales para medir el progreso económico y social a medio y largo plazo. Me gustaría llamar la atención sobre la creación de indicadores claros y mensurables que tengan en consideración el cambio climático, la biodiversidad, el uso eficiente de los recursos y la integración social, lo que podría ayudar a lograr una sociedad más integradora basada en el conocimiento y a reducir las emisiones de carbono.

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución sobre «Más allá del PIB – evaluación del progreso en un mundo cambiante». El PIB es un indicador de la actividad económica de los mercados que se ha convertido en una referencia corriente para los responsables políticos de todo el mundo. Hay que subrayar que el PIB es una medida de producción y no mide la sostenibilidad medioambiental, la eficiencia en la utilización de los recursos, la integración social o el progreso social en general. Es más, puede ocasionar malentendidos en el sentido de que ciertas medidas reparadoras tras ciertos incidentes como accidentes o catástrofes naturales se cuentan como beneficios y no como costes. Por consiguiente, valoro positivamente la provisión establecida en la resolución de que necesitamos crear otros indicadores para medir el progreso económico y social a medio y largo plazo y crear unos indicadores claros y mensurables que ofrezcan información sobre el cambio climático, la biodiversidad, la eficiencia de los recursos y la integración social. También necesitamos indicadores más centrados en el ámbito de los hogares, teniendo en cuenta los ingresos, el consumo y la riqueza. Por ello, es importante crear un instrumento que acompañe al PIB. Debería crearse de tal forma que se pueda aplicar de forma práctica, usando indicadores claramente definidos basados en datos de alta calidad.

  Roberta Angelilli (PPE), por escrito. – (IT) El producto interior bruto es la medida más conocida de la actividad macroeconómica. Se creó en los años treinta y los responsables políticos lo utilizan en sus debates como un indicador del crecimiento de sus países. A la vista de la interdependencia cada vez mayor entre las cuestiones económicas, sociales y medioambientales, el PIB presenta en la actualidad muchas deficiencias, ya que no registra importantes factores sociales como el bienestar, la integración social, el cambio climático o la eficiencia de los recursos. Por consiguiente, en un contexto en el que la correlación entre un conjunto de actividades no comerciales y el PIB ya no es automática, es necesario desarrollar otros indicadores claros y mensurables a medio y largo plazo que aseguren la comparabilidad entre países y regiones y que puedan utilizarse para proyectar la evolución en el futuro y diseñar políticas.

  Elena Oana Antonescu (PPE), por escrito. – (RO) Me gustaría apoyar la aprobación de un sistema de medición claramente definido que vaya más allá del PIB, en el sentido de que complemente al PIB en el contexto de la toma y la evaluación de decisiones. El PIB es un indicador de la actividad económica de los mercados que se ha convertido en una referencia para los responsables políticos. Todas las instituciones internacionales reconocen cada vez más la necesidad de mejorar los datos e indicadores para complementar el PIB como indicador del desarrollo global de la sociedad. Este informe enfatiza la necesidad de medir la calidad de vida de las sociedades. La consecución y el mantenimiento de la calidad de vida implican factores importantes como la salud, la educación, la cultura, el empleo, la vivienda y las condiciones medioambientales. Apoyo la creación de un marco jurídico sólido para las cuentas económicas europeas del medio ambiente y respaldo la necesidad de elaborar unas estadísticas fiables y armonizadas.

  Pino Arlacchi (S&D), por escrito. – He votado a favor de este informe porque subraya la importancia de acordar un planteamiento sistémico para establecer un «sistema más allá del PIB» coherente, que contribuya a mejorar los análisis políticos. El PIB es un indicador de la actividad económica que se ha convertido en una referencia corriente para los responsables políticos de todo el mundo. Sin embargo, el PIB es solo una medida de la producción y no mide la sostenibilidad medioambiental, la eficiencia en la utilización de los recursos, la integración social o el progreso social en general. Por consiguiente, puede ocasionar malentendidos.

Debemos evaluar la calidad de vida en las sociedades y tomar en consideración que la consecución y el mantenimiento de la calidad de vida implican factores importantes y consensuados como la salud, la educación, la cultura, el empleo, la vivienda y las condiciones medioambientales, etc. Por estos motivos, este informe merece recibir la máxima consideración. Adopta la perspectiva de que los indicadores que miden dichos factores deberían ser más valorados.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) Como demostró la comisión Stiglitz en Francia en 2008-2009, debemos pensar en nuevos indicadores del desarrollo para añadirlos al PIB. Aunque hasta la fecha ha sido un referente fundamental, a pesar de provocar posibles errores de apreciación (por ejemplo, considerar la reconstrucción tras las catástrofes naturales como un beneficio económico), el PIB por sí solo ya no sirve. He votado a favor del informe de la señora Rosbach porque pide a la Comisión que continúe con su investigación en este campo desafiando la renuencia de los conservadores, que creen que solo el PIB es fiable, y las ilusiones de parte de la izquierda, a la que le gustaría que midiésemos con precisión... ¡la felicidad! Habrá que supervisar atentamente el trabajo de la Comisión porque podría provocar un desarrollo importante: un método nuevo y más adecuado para calcular cómo asignar la financiación europea a las regiones (política regional). Hasta la fecha, la financiación se ha concedido en función del PIB por persona en las regiones correspondientes.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) El producto interior bruto (PIB) es un indicador de la actividad económica de los mercados que se ha convertido en una referencia corriente para los responsables políticos de todo el mundo y es la forma más conocida de medir la actividad macroeconómica. El PIB no mide la sostenibilidad medioambiental, la eficiencia en la utilización de los recursos, la integración social o el progreso social en general. Estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión de crear otros indicadores para medir el progreso económico y social a medio y largo plazo y crear unos indicadores claros y mensurables que ofrezcan información sobre el cambio climático, la biodiversidad, la eficiencia de los recursos y la integración social.

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), por escrito. – (FR) Durante muchos años, el PIB ha sido el principal índice para evaluar la economía, pero sus deficiencias son cada vez más evidentes cuando se trata de analizar los avances sociales o medioambientales. De ahí la importancia de esta resolución, que insiste en la necesidad de que la Unión Europea adopte otros indicadores además del PIB para tener mejor en cuenta, entre otros aspectos, el cambio climático, la biodiversidad o incluso la integración social, todos ellos importantes desafíos políticos que me preocupan. He votado a favor de este informe porque la definición y la aplicación de una nueva serie de indicadores es un desafío importante para medir la calidad de vida de los ciudadanos europeos con mayor precisión y para mejorar las respuestas políticas, que no se pueden diseñar únicamente en función del PIB. Creo que esta iniciativa es el primer paso alentador para tener más en cuenta las cuestiones sociales y medioambientales en las políticas públicas europeas. Sin embargo, para que resulte realmente útil y eficaz, tendrá que seguirle la genuina introducción de una nueva serie de indicadores y su uso político efectivo y coherente, de tal forma que no se conviertan en ardides sino, verdaderamente, en instrumentos reales que ayuden a tomar decisiones.

  Sergio Berlato (PPE), por escrito. – (IT) El producto interior bruto es la medida más conocida de la actividad macroeconómica. Se creó en los años treinta y ha llegado a asumir el papel de un indicador global de todo el desarrollo social y del progreso en general. Una serie de iniciativas internacionales han evidenciado un amplio apoyo de los responsables políticos y los expertos en economía, protección medioambiental y de la sociedad civil al desarrollo de indicadores que complementen al PIB, ofreciendo una información más completa que respalde la toma de decisiones políticas. El PIB no ofrece, de hecho, una base fiable para el debate político. Concretamente, no mide la sostenibilidad medioambiental ni la integración social. En el debate político y científico en curso desde hace años, creo que el problema se centra más en cómo alcanzar este enfoque usando unos indicadores claramente definidos y cuantificables. Tanto a nivel de la Unión como a nivel de los Estados miembros se han planteado numerosas iniciativas con el fin de superar las deficiencias en estos ámbitos. Por desgracia, solo se aprecian señales parciales de una acción coherente. Por consiguiente, aunque reconozco la importancia de aprobar un sistema claramente definido para medir el PIB, le pido a la Comisión que presente, en primera instancia, una estrategia progresiva que muestre cómo se puede utilizar el nuevo enfoque «Más allá del PIB» en el trabajo político cotidiano.

  Slavi Binev (NI), por escrito. – (BG) Valoro positivamente el informe Rosbach porque define claramente el PIB como un indicador de la actividad económica del mercado y la producción en el país correspondiente, pero que no mide la sostenibilidad medioambiental, la eficiencia en la utilización de los recursos, la integración social o el progreso social. Un PIB elevado, incluso cuando se calcula per cápita, puede ocasionar malentendidos porque el PIB no se distribuye de forma equitativa entre la población, razón por la cual no es un buen indicador de la calidad de vida de una sociedad. Para que podamos hacer frente a los problemas actuales y futuros, hace falta concebir nuevos indicadores que complementen y pulan aún más el PIB. Esto no solo nos permitirá definir la calidad de vida con mayor precisión, sino que estos indicadores también nos van a ofrecer una base de conocimiento más fiable que contribuya a un mejor análisis de las políticas en las diferentes áreas.

  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) El informe de la señora Rosbach es un análisis crítico de la comunicación de la Comisión «Más allá del PIB – evaluación del progreso en un mundo cambiante». Aunque el objetivo de la Comisión —de establecer un sistema de medición que vaya más allá del producto interior bruto para ofrecer un retrato más global del progreso y del desarrollo de un país, incluidas, por ejemplo, la sostenibilidad medioambiental y la integración social— es importante y no ha sido objeto de controversia, la ponente cuestiona la estrategia que la Comisión propone para lograrlo. De hecho, las iniciativas sugeridas no forman parte de una estrategia progresiva y pragmática que indique cómo se debería aplicar el nuevo enfoque del «Más allá del PIB». Comparto esta opinión y, por consiguiente, he votado a favor del informe de la señora Rosbach.

  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de este informe porque creo que solo si utilizamos instrumentos adecuados podemos obtener una perspectiva realista de la situación y, por consiguiente, hacer todo lo que esté en nuestras manos para cambiarla si fuese necesario. El producto interior bruto, o PIB, es un instrumento diseñado para indicar el valor añadido agregado de todas las actividades económicas que se basan en el dinero. Resulta fácil ver cómo un indicador de la riqueza que se basa en parámetros fechados es anacrónico en la actualidad, en 2011.

Opino que deberíamos introducir nuevos indicadores para medir el PIB, como la sostenibilidad medioambiental y la integración social, para que toda la información que conforma el PIB ofrezca un retrato más real del país o la región al que se refiere. La adaptación de las fechas significa tomar en consideración todas las variables importantes, sin caer en la trampa de crear un sistema demasiado artificial que resultase difícil de aplicar. Creo que, con unos indicadores claramente definidos, el trabajo se puede realizar de la mejor forma posible.

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. – (PT) Aunque el producto interior bruto (PIB) es una medida de producción que resulta útil para la actividad económica de los mercados, no tiene en cuenta la sostenibilidad del desarrollo demostrada, los aspectos medioambientales y sociales, etc. Por consiguiente, valoro positivamente la iniciativa «Más allá del PIB – evaluación del progreso en un mundo cambiante», que pretende fomentar e incrementar la concienciación acerca del uso de otros indicadores complementarios del PIB a la hora de evaluar y debatir políticas. Opino que este sistema de medida basado en corroborar diversos parámetros de estudio conllevará unas decisiones políticas más adecuadas con respecto a las necesidades de la sociedad y la economía en general.

  Nessa Childers (S&D), por escrito. – Mientras que los académicos debatirán sobre la mejor forma de medir el progreso, nosotros, en tanto que legisladores europeos, debemos confiar en el método que elijamos y asegurarnos de que sea defendible hoy y en el futuro.

  Lara Comi (PPE), por escrito. – (IT) La literatura económica lleva años preguntando si es necesario seguir usando la tasa de crecimiento del PIB como un indicador del progreso logrado por una zona geográfica durante un período determinado de tiempo. Yo opino que no existe en estos momentos ningún otro indicador que sea tan conciso o completo. No podemos presentar a nuestros ciudadanos, que se encuentran en medio de sus propios problemas cotidianos, un archivo clínico que describa el estado de la economía. Al mismo tiempo, no podemos insistir exclusivamente en unos indicadores estrictamente económicos que no siempre son capaces de incluir los fenómenos sociales.

Por consiguiente, estoy de acuerdo con el objetivo general del informe. Deberíamos aunar esfuerzos con la comunidad académica internacional e intentar ir más allá del PIB. Existen multitud de ejemplos por todo el mundo, desde el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas al Índice de la Felicidad Interior Bruta de Bhután. Hace falta identificar los objetivos prioritarios y medir su consecución de forma estricta, exacta y que no pueda ser distorsionada por intereses creados. Debemos recordar que no importa cuántos relojes tengamos, sino cómo usamos nuestro tiempo.

  George Sabin Cutaş (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor de este informe porque opino que hay que encontrar indicadores que complementen el PIB y nos ayuden a medir factores como el cambio climático, la biodiversidad o la eficiencia de utilización de los recursos.

Como Joseph Stiglitz expresó tan bien, el PIB no es solo un instrumento que resulta inadecuado para reflejar el bienestar de los ciudadanos, sino que se limita además a medir la actividad económica de los mercados. Espero que el ejecutivo europeo presente propuestas concretas de indicadores adicionales, más amplios y sostenibles, para que se resuelvan las deficiencias actuales.

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), por escrito. – (IT) Los indicadores son una forma concisa de interpretar un fenómeno concreto. Los fenómenos sencillos se pueden interpretar usando indicadores sencillos, mientras que los fenómenos complejos exigen indicadores complejos. El producto interior bruto es un indicador sencillo, mientras que el desarrollo es un fenómeno complejo. De hecho, el desarrollo económico de una zona cuenta con varias dimensiones que no están incluidas en el PIB, que saca una instantánea de un momento concreto. Se desatienden totalmente otros elementos de interpretación, como las inversiones en infraestructuras intangibles, incluidos los conocimientos especializados (personas, procesos y productos, por mencionar solo unos pocos ejemplos), y las inversiones en infraestructuras tangibles, incluidas las redes de comunicación y transporte (las redes de las TIC y las redes viarias y ferroviarias, por ejemplo). Además, el PIB ni siquiera es adecuado para identificar a aquellas regiones que necesitan la ayuda de las políticas de cohesión regional de la UE. Por estos motivos, debemos elogiar los esfuerzos de la Comisión Europea para ir más allá del PIB y crear una serie de datos e indicadores que mejoren su capacidad de interpretación de los fenómenos y ayuden a definir mejor las políticas y las asignaciones financieras. El informe que hemos aprobado me parece que avanza en esta dirección.

  Proinsias De Rossa (S&D), por escrito. – El PIB (producto interior bruto) es el valor añadido agregado de todas las actividades económicas que se basan en el dinero. Es la medida de la actividad macroeconómica más conocida y utilizada. De hecho, el PIB se ha convertido en el principal indicador de todo el desarrollo de la sociedad y del progreso en general. Existe un creciente reconocimiento internacional de la insuficiencia del PIB como indicador del progreso social, la integración social, la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia en la utilización de los recursos. Apoyo este informe, que pide el desarrollo de unos indicadores claros y mensurables que tengan en cuenta el cambio climático, la biodiversidad, la eficiencia en la utilización de los recursos y la integración social. Además destaca la necesidad de evaluar la calidad de vida en las sociedades, tomando en consideración que la consecución y el mantenimiento de la calidad de vida implican factores importantes y consensuados como la salud, la educación, la cultura, el empleo, la vivienda y las condiciones medioambientales. También apoya plenamente la creación de un marco jurídico sólido para las cuentas económicas europeas del medio ambiente como un paso positivo en el proceso «Más allá del PIB» y, desde luego, celebra la iniciativa de la Comisión de presentar un índice de presión ambiental, que acompañará al PIB.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) A pesar de todas las construcciones más o menos sentimentales que podamos hacernos, lo cierto es que, al analizar el producto interior bruto (PIB), podemos lograr una imagen fiable del estado de desarrollo y progreso de las sociedades. Es por ello que el PIB es —y debería seguir siendo— el principal indicador económico a tener en cuenta. Sin embargo, debería complementarse, cuando corresponda, con otros indicadores, que habría que estudiar e introducir progresivamente.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) En 2007, el Parlamento Europeo, junto a la Comisión, el Club de Roma, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), organizó una conferencia sobre el tema «Más allá del PIB», en la que los participantes defendieron la necesidad de crear otros indicadores complementarios del producto interior bruto (PIB). El informe de la señora Rosbach se basa en una comunicación presentada por la Comisión el 28 de septiembre de 2009 con el título «Más allá del PIB – evaluación del progreso en un mundo cambiante» y refleja esta necesidad de ofrecer a políticos e investigadores datos más completos.

Durante las últimas décadas, el producto interior bruto (PIB) ha sido la unidad de medida macroeconómica más utilizada y ha empezado a ser usada más recientemente como un indicador del desarrollo social. Varios sociólogos han defendido, muy recientemente, que no es el mejor indicador, ya que no toma en consideración aspectos como la sostenibilidad o la integración social. Puesto que comparto la postura de la ponente, he votado a favor de su informe, aunque creo que la propuesta puede, y debe, ser mejorada mediante la presentación de una estrategia más global y gradual.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Las directrices y políticas neoliberales aplicadas por la UE han hecho peligrar el progreso social y asestado duros golpes a los pueblos de Europa. El agravamiento de las desigualdades sociales en los países de la UE, que están alcanzando niveles preocupantes en la actualidad, es un claro ejemplo de ello. Es algo que deberíamos recordar cuando analicemos los indicadores del desarrollo y el progreso, como es el caso con este informe.

El producto interior bruto (PIB) se usa habitualmente como base para la evaluación de estos dos factores —desarrollo y progreso— y es un indicador estadístico con deficiencias naturales. Al tener en cuenta solo la actividad económica (creación de riqueza) y ser útil, por consiguiente, a la hora de determinar el crecimiento económico, no abarca parámetros tan importantes como la distribución de la riqueza, las desigualdades sociales, la calidad de los productos y los servicios, las transacciones no comerciales o incluso los resultados no registrados por el mercado, que resultan fundamentales para evaluar el desarrollo y el progreso. En muchas situaciones, el PIB puede subir aunque la mayoría de ciudadanos de un país sean más pobres, debido a que el PIB no toma en consideración el nivel de desigualdad de una sociedad.

Por todas estas razones, es necesario incluir otros indicadores que puedan compensar dichas deficiencias y hacer que las medidas del progreso social sean lo más completas, creíbles y fidedignas posibles.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Las divergencias económicas y las desigualdades sociales son cada vez mayores debido a las directrices y políticas neoliberales de la UE y al cada vez más injusto reparto y distribución de la renta nacional, tanto a escala europea como nacional.

Por consiguiente, cada vez es más controvertido el uso del producto interior bruto (PIB) como base para trabajar con el desarrollo y el progreso sociales y como indicador estadístico para medirlos. Se trata de un indicador estadístico con muchas deficiencias, ya que tiene en cuenta solo la actividad económica y no abarca otros factores importantes como la distribución de la riqueza, las desigualdades sociales, la calidad de los productos y los servicios, las transacciones no comerciales o incluso los resultados no registrados por el mercado. Esto supone que, en muchas situaciones, el PIB pueda subir aunque la mayoría de ciudadanos de un país sean más pobres, debido a que el PIB no toma en consideración el nivel de desigualdad de una sociedad.

Por ello, podemos considerar aceptable tener en cuenta otros indicadores que puedan compensar dichas deficiencias y hacer que las medidas del progreso social sean lo más completas, creíbles y fidedignas posibles.

  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) El PIB se ha convertido en un indicador del desarrollo social y del progreso en general. Sin embargo, no mide la sostenibilidad medioambiental ni la integración social. Por lo que se refiere a la necesidad de mejorar estos datos y los indicadores, la Comisión ha publicado una comunicación titulada «Más allá del PIB – evaluación del progreso en un mundo cambiante». En dicha comunicación propone, por ejemplo, crear indicadores más completos que ofrezcan una base de conocimiento más fiable. Opino que es necesario que desarrollemos una herramienta que pueda servir de complemento al PIB, teniendo en cuenta que debe hacerse de manera que pueda tener un uso práctico y que utilice unos indicadores claramente definidos basados en datos de alta calidad.

  Lorenzo Fontana (EFD), por escrito. – (IT) El objetivo de la Comisión de ir más allá del producto interior bruto y encontrar otro sistema de medición (que siga incluyendo el PIB) es criticado con acierto en el informe parlamentario, que enfatiza el hecho de que, si la Comisión todavía no ha definido claramente el cambio o los indicadores fiables, el debate deberá posponerse. Por consiguiente, he votado a favor de la moción.

  Elisabetta Gardini (PPE), por escrito. – (IT) El producto interior bruto es la medida más conocida de la actividad macroeconómica y se utiliza en el análisis y los debates políticos de todo el mundo para indicar el desarrollo social. Por desgracia, a pesar de su amplio uso, existe un reconocimiento cada vez mayor de que el tejido económico y social de Europa ha cambiado profundamente. En la actualidad, además de la información sobre la renta y la riqueza, otros indicadores de naturaleza ambiental influyen en la calidad de vida de un país y ya no pueden ser ignorados. Es por ello que apoyo el informe de la señora Rosbach, que ofrece nuevos indicadores que tienen en cuenta importantes líneas de la política medioambiental como el consumo de energía, la biodiversidad, el consumo de agua y la generación de residuos. El desafío consiste en integrar los índices existentes con otros elementos que son políticamente relevantes y empíricamente mensurables y que ofrecen estadísticas fiables sobre el desarrollo futuro de los países. En este sentido, opino que, al eliminar factores subjetivos como la felicidad personal, que no pueden ser considerados indicadores, el nuevo texto ha alcanzado un buen compromiso. Por último, espero que tanto Eurostat como el Eurobarómetro desempeñen un papel crucial en este proceso innovador. Gracias por su atención.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) Valoro positivamente este informe porque el PIB es un indicador de la actividad económica de los mercados que se ha convertido en una referencia corriente para los responsables políticos de todo el mundo. Sin embargo, el PIB es una medida de producción y no mide la sostenibilidad medioambiental, la eficiencia en la utilización de los recursos, la integración social o el progreso social en general. Es más, puede ocasionar malentendidos en el sentido de que ciertas medidas reparadoras tras ciertos incidentes como accidentes o catástrofes naturales se cuentan como beneficios y no como costes. Necesitamos crear otros indicadores para medir el progreso económico y social a medio y largo plazo. Opino que necesitamos crear unos indicadores claros y mensurables que ofrezcan información sobre el cambio climático, la biodiversidad, la eficiencia de los recursos y la integración social, además de indicadores más centrados en el ámbito de los hogares: los ingresos, el consumo y la riqueza. También debemos evaluar la calidad de vida en las sociedades porque, para garantizar y mantener la calidad de vida, es importante tener en cuenta factores importantes y consensuados como la salud, la educación, la cultura, el empleo, la vivienda, las condiciones medioambientales, etc. Los indicadores que miden dichos factores deberían ser más valorados. El avance en el desarrollo de las mediciones cualitativas y cuantitativas debería basarse en los indicadores de la Encuesta Europea sobre la Calidad de Vida (EECV), que abarcan aspectos fundamentales de la calidad de vida.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) Comparto el análisis de la ponente en el informe que hemos votado hoy. El producto interior bruto ya no parece ser capaz de responder a los crecientes requisitos económicos y políticos. Opino que debemos encontrar un sistema complementario que pueda contribuir a un análisis y un debate político mejorado a través del uso de otros claros indicadores para medir el progreso económico social a medio y largo plazo. Sin duda, no va a ser algo fácil, conociendo la delicada naturaleza de esta cuestión y los posibles impactos de las decisiones adoptadas en este contexto. Por consiguiente, el desafío que nos proponemos afrontar consiste en encontrar indicadores fiables que sean sistemáticos desde el punto de vista teórico, relevantes desde el punto de vista político y mensurables desde el punto de vista empírico.

  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. – (RO) El PIB es el instrumento más eficaz para medir la actividad macroeconómica, además de servir también como indicador indirecto del desarrollo y el progreso social. Sin embargo, no ofrece información sobre todas las áreas que se abordan en los debates políticos, como el medio ambiente y la integración social.

Este indicador apuntala muchas de las decisiones y de los instrumentos políticos de la Unión Europea. Opino que debemos incrementar nuestros esfuerzos para ofrecer indicadores que respondan a las necesidades de todos los ciudadanos. Concretamente, deben medir de forma sostenible el progreso logrado al alcanzar los objetivos económicos, sociales y medioambientales. En conclusión, las futuras políticas europeas tienen que basarse en datos completos y actualizados que abarquen todos los aspectos vitales.

  David Martin (S&D), por escrito. – Valoro positivamente este informe porque destaca que el PIB es un indicador de la actividad económica de los mercados que se ha convertido en una referencia corriente para los responsables políticos de todo el mundo; subraya que el PIB es una medida de producción y no mide la sostenibilidad medioambiental, la eficiencia en la utilización de los recursos, la integración social o el progreso social en general; subraya, además, que puede ocasionar malentendidos en el sentido de que ciertas medidas reparadoras tras ciertos incidentes como accidentes o catástrofes naturales se cuentan como beneficios y no como costes; observa que, además de la medición del desarrollo económico y de la productividad, existen otros indicadores que influyen y explican el bienestar de un país y que no han sido cuantificados hasta la fecha pese a existir indicadores al respecto; subraya la necesidad de establecer otros indicadores para medir todo el impacto de la actividad económica.

  Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) En la actualidad, el producto interior bruto ya no basta como indicador adecuado para medir el progreso y, por consiguiente, hace falta desarrollar indicadores más completos que proporcionen una base de conocimiento más fiable en un mundo en continuo cambio. Con frecuencia se carece de información, datos e indicadores claramente definidos. Tanto a nivel de la Unión como a nivel de los Estados miembros se han planteado numerosas iniciativas con el fin de superar las deficiencias en los ámbitos destacados. Aunque es difícil desarrollar un método coherente, al mismo tiempo creemos que necesitamos un concepto global que tenga en cuenta las medidas existentes que se pueden aplicar en la práctica. Es importante que desarrollemos una herramienta que pueda servir de complemento al PIB, teniendo un uso práctico, y que utilice unos indicadores claramente definidos basados en datos de alta calidad. Estamos de acuerdo con la ponente en que debe presentarse una estrategia progresiva más completa, que muestre cómo se puede utilizar de forma pragmática este nuevo enfoque en el trabajo político cotidiano.

  Barbara Matera (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe de la señora Rosbach sobre «Más allá del PIB – evaluación del progreso en un mundo cambiante» porque creo que el producto interior bruto ya no basta como indicador adecuado para medir el progreso en un mundo cambiante y que, por consiguiente, hace falta desarrollar indicadores más completos que proporcionen una base de conocimiento más fiable. Debemos recordar que el PIB es una medida de producción y no mide la sostenibilidad medioambiental, por ejemplo. Hay que desarrollar otros indicadores que ayuden a explicar qué factores influyen en el nivel de vida de un país.

Por consiguiente, estoy a favor de crear nuevos indicadores para medir el progreso económico y social a medio y largo plazo, por ejemplo, indicadores que puedan reflejar el cambio climático, la biodiversidad, la eficiencia de los recursos o la integración social. El desarrollo de estos nuevos indicadores ayudará a comprender y medir la calidad de vida de las sociedades. Por tanto, el desarrollo de un Estado miembro o una región no puede evaluarse únicamente a partir de un indicador económico como el PIB; también hay que tener en cuenta la calidad de vida, que viene determinada por factores como la salud, la educación, la cultura, el empleo, la vivienda y las condiciones climáticas y medioambientales.

  Marisa Matias (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Como ponente para la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía para este informe, creo que la consecución y el mantenimiento de la calidad de vida implican factores importantes e interrelacionados como la salud, la educación, la cultura, el empleo, la vivienda y las condiciones medioambientales. Por consiguiente, creo que los indicadores que miden estos factores también son importantes, por lo que debería concedérseles mayor relevancia. He votado a favor porque este informe supone un paso, aunque titubeante, hacia la mejora y la complementación del producto interior bruto (PIB) como instrumento de medición y evaluación del poder social y económico, y, por asociación, del progreso de las sociedades.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Todos estamos de acuerdo en que existe la necesidad de mejorar los datos e indicadores para complementar el producto interior bruto (PIB) como indicador del desarrollo social de la sociedad. La iniciativa «Más allá del PIB − evaluación del progreso en un mundo cambiante» es un instrumento complementario capaz de contribuir a la mejora de los análisis y los debates políticos.

El PIB es un indicador de la actividad económica de los mercados que se ha convertido en el punto de referencia corriente para los responsables de la toma de decisiones del mundo. El PIB es una medida de producción que no mide la sostenibilidad medioambiental, la eficiencia en la utilización de los recursos, la integración social o el progreso social en general. Por consiguiente, estoy de acuerdo en que, en el futuro, deberían estudiarse otros tipos de instrumentos que permitan obtener un mayor número de datos fiables para medir un mundo que está cambiando.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – Se sabe que el producto interior bruto (PIB) acumula el valor añadido de todas las actividades económicas de carácter monetario. El PIB es la expresión de una sociedad basada en la producción y el consumo, y no tiene en cuenta los cambios y los activos existentes en ámbitos importantes. Tomando en consideración la necesidad de mejorar los datos e indicadores para complementar el PIB, se proponen diversas medidas que proporcionarían una base de conocimiento más fiable. La necesidad de establecer otros indicadores para medir el progreso económico y social a medio y largo plazo es sumamente urgente. He votado a favor.

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), por escrito. – (PL) Hoy, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución sobre «Más allá del PIB − evaluación del progreso en un mundo cambiante».

El producto interior bruto es un índice ampliamente utilizado para medir el desarrollo social y el progreso económico. Sin embargo, su universalidad suscita dudas sobre si pasa por alto una serie de indicadores que son cruciales para la calidad de vida en un cierto país. También hay algunos parámetros significativos que se interpretan incorrectamente. La Comisión ha indicado que es esencial desarrollar un indicador que describa claramente la situación del país en cuestión y que también refleje la situación de los hogares y las personas, así como el grado de eficiencia en que se explotan los recursos del país y el estado del medio ambiente. La Comisión espera que los Estados miembros se involucren más en lo que se refiere a sistematizar la investigación sobre la calidad de la vida pública, lo que permitiría establecer comparaciones claras entre países. Una política coherente haría que resultase más fácil analizar la investigación y también que fuera posible predecir el desarrollo potencial a largo plazo de los países.

  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución sobre el PIB y otros indicadores para medir el progreso y el desarrollo general de la sociedad. El PIB es un indicador de la actividad económica de los mercados que se ha convertido en una referencia corriente para los responsables políticos de todo el mundo. Sin embargo, este indicador no es holístico. No refleja la sostenibilidad medioambiental, la eficiencia en la utilización de los recursos, la integración social o el progreso social. Además, en determinados casos, el PIB puede proporcionar información inexacta y engañosa. En consecuencia, debemos hacer todo lo posible por desarrollar indicadores adicionales a medio y largo plazo para medir los factores mencionados y el ámbito de los hogares.

Acojo con beneplácito la propuesta de que, al medir la calidad de vida para la sociedad, se preste mucha atención a la salud, la educación, la cultura, el empleo, la vivienda y otros factores similares, relacionados con los aspectos básicos de la calidad de vida. Así pues, debemos encontrar los medios que nos permitan desarrollar una herramienta adecuada y efectiva para complementar el PIB, que pueda aplicarse de forma práctica y que utilice unos indicadores claramente definidos basados en datos de alta calidad.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) «Más allá del PIB − evaluación del progreso en un mundo cambiante» es un informe que pretende valorar los niveles de progreso en la Unión Europea a través del producto interior bruto, el cual se ha llegado a considerar un indicador indirecto del desarrollo económico y de la sociedad. Desafortunadamente, sin embargo, ya no puede confiarse en él como referencia en el debate político porque no mide la sostenibilidad medioambiental o la inclusión social. La necesidad de mejorar los datos e indicadores para complementar los criterios de evaluación del progreso goza de un reconocimiento cada vez mayor. Por esta razón, he votado a favor de un texto que intenta integrar el desarrollo en la Unión Europea con nuevos indicadores sociales, que busca un sistema de medición claramente definido que vaya más allá del PIB y lo complemente en el marco de la toma de decisiones.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe titulado «Más allá del PIB − evaluación del progreso en un mundo cambiante». Como dice el informe con acierto, el producto interior bruto (PIB), que utilizan los responsables políticos de todo el mundo y al que se recurre con frecuencia en los debates públicos, también se ha llegado a considerar un indicador indirecto del desarrollo global de la sociedad y del progreso en general. Sin embargo, no puede confiarse en él como referencia en todos los asuntos de debate político. Por ejemplo, el PIB no mide la sostenibilidad medioambiental o la inclusión social.

En la Comunicación de la Comisión «Más allá del PIB − evaluación del progreso en un mundo cambiante», se proponen diversas medidas para complementar el PIB de forma adecuada. Se trata, en particular, de desarrollar indicadores más completos que proporcionen una base de conocimiento más fiable. Yo expresaría mi apoyo al enfoque de la Comisión para establecer un sistema de medición claramente definido que vaya más allá del PIB en el marco de la toma de decisiones y la evaluación, utilizando unos indicadores cuantificables y claramente definidos.

  Aldo Patriciello (PPE), por escrito. – (IT) El producto interior bruto es la medida más conocida en todo el mundo. Se ha llegado a considerar un indicador indirecto del desarrollo global de la sociedad y del progreso en general, pero no tiene en cuenta ni mide la sostenibilidad medioambiental o la inclusión social. Hay una necesidad de mejorar los datos e indicadores para complementar el PIB, o de lo contrario no podrá confiarse en él como referencia en el debate político.

Esta cuestión ya se ha debatido en años anteriores, particularmente en 2007, cuando el Parlamento Europeo y la Comisión, junto con varios órganos y asociaciones, organizaron una conferencia titulada «Más allá del PIB». En esta conferencia, la Comisión consideró que el PIB no es un sistema adecuado de medición a largo plazo, de la misma manera que el progreso económico y social no basta para evaluar cuestiones como el cambio climático, la eficiencia en la utilización de los recursos o el bienestar personal. Posteriormente se propusieron nuevos indicadores para medir el progreso en la consecución de los objetivos sociales, económicos y medioambientales. Por los motivos mencionados, y con el fin de poder desarrollar un conjunto claro y completo de indicadores que sean, a la vez, coherentes, pertinentes y objetivamente medibles, he votado a favor de la propuesta que se está debatiendo.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) La Comunicación de la Comisión «Más allá del PIB − evaluación del progreso en un mundo cambiante» trata, en particular, de desarrollar indicadores más completos para complementar el PIB, que proporcionen una base de conocimiento más fiable. El PIB se ha llegado a considerar un indicador indirecto para medir el desarrollo global de la sociedad y el progreso, pero no puede confiarse en él como referencia en todos los asuntos de debate político. De manera especial, el PIB no mide el nivel de sostenibilidad medioambiental o inclusión social.

He votado a favor de este informe porque es importante que desarrollemos una herramienta que pueda servir de complemento al PIB, teniendo en cuenta que debe hacerse de manera que pueda tener un uso práctico, sobre la base de unos indicadores claramente definidos y unos datos de alta calidad. En este informe, se pide a la Comisión que presente una estrategia progresiva para el enfoque «Más allá del PIB», en la que explique cómo puede aplicarse en la práctica este nuevo enfoque en las actividades políticas cotidianas.

  Miguel Portas (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Creo que la consecución y el mantenimiento de la calidad de vida implican factores importantes e interrelacionados como la salud, la educación, la cultura, el empleo, la vivienda y las condiciones medioambientales. Por consiguiente, creo que los indicadores que miden estos factores también son importantes, por lo que debería concedérseles mayor relevancia. He votado a favor porque este informe supone un paso, aunque titubeante, hacia la mejora y la complementación del producto interior bruto (PIB) como instrumento de medición y evaluación del poder social y económico, y, por asociación, del progreso de las sociedades.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) El producto interior bruto (PIB) es el indicador macroeconómico corriente, utilizado, por lo general, para evaluar las economías de diversos Estados. Sin embargo, es meramente un indicador de riqueza, que tiene menos potencial para comparar el desarrollo social. El éxito del PIB se debe, en gran medida, a su simplicidad a expensas, por tanto, de la completitud de los resultados conseguidos. Por consiguiente, sería útil desarrollar nuevos indicadores que permitiesen sondear otros aspectos de la realidad, con el fin de obtener un mejor panorama general del desarrollo de los países. Es un proceso complejo en el que deberían participar profesionales de todos los ámbitos, para conseguir un indicador más amplio y más completo.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – (FR) Estoy a favor. Como ha dicho mi colega, la señora Bélier, aunque este informe podría haber ido más lejos con las ambiciones y las directrices que podría haber fijado, sí supone un primer paso y una señal enérgica dirigida al Consejo y a la Comisión para que Europa siga adelante con una reforma de los indicadores de riqueza y de desarrollo con el fin de que estos representen mejor las realidades medioambiental y social, y las limitaciones a las que nos enfrentamos.

Con esta decisión, los diputados al Parlamento Europeo reconocen la necesidad de ir más allá y abandonar un modelo anticuado, que provoca desigualdad social y destruye el patrimonio natural, con el fin de comenzar un nuevo modelo económico a nivel europeo. Además, allana el camino para el reconocimiento de nuevos indicadores que son más justos y que nos permitirán emprender la transición ecológica y social de nuestras sociedades.

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) Este informe propone establecer un sistema de medición claramente definido que complementaría al producto interior bruto como indicador de desarrollo social global. El instrumento complementario debería tener un uso práctico y estar basado en unos indicadores claramente definidos y en datos fiables. Solo de este modo puede el PIB constituir una aportación suficiente al debate político y la toma de decisiones. Por tanto, se invita a la Comisión a que presente una estrategia global progresiva en la que indique cómo puede aplicarse en la práctica este nuevo enfoque en el trabajo político cotidiano.

  Oreste Rossi (EFD), por escrito. – (IT) El informe sobre la Comunicación de la Comisión, de 20 de agosto de 2009, sobre «Más allá del PIB − evaluación del progreso en un mundo cambiante» pone de relieve la importancia del producto interior bruto como un indicador global de desarrollo social y crecimiento económico. El objetivo es adoptar un nuevo sistema de medición claramente definido y cuantificable basado en datos fiables y exactos, pero la Comunicación de la Comisión no señala la estrategia progresiva para lograrlo. He votado a favor del informe porque me parece importante llevar a cabo análisis socioeconómicos utilizando instrumentos adecuados que complementen el PIB.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – Apoyo este informe, que recomienda varias medidas concretas, entre las que se incluyen la creación de un índice medioambiental, una publicación más oportuna de los datos medioambientales y sociales, una cobertura más precisa de las desigualdades sociales y la extensión del sistema de contabilidad nacional para incluir las cuestiones medioambientales y sociales.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) En la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y el Consejo titulada «Más allá del PIB − evaluación del progreso en un mundo cambiante» [COM(2009) 433 final], se reconoce que «el PIB también se ha llegado a considerar un indicador indirecto del desarrollo global de la sociedad y del progreso en general» pero «no mide la sostenibilidad medioambiental o la inclusión social». En un mundo en el que la calidad de vida de la gente se mide cada vez más mediante otros factores no económicos, varias instituciones internacionales, como las Naciones Unidas (NU), el Banco Mundial y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), actualmente están estudiando la definición de nuevos indicadores, con el fin de medir y analizar el progreso económico y social.

Así pues, he votado a favor de este informe, pues considero importante que la Unión Europea aplique un enfoque sistemático para medir el bienestar social en todos sus aspectos, haciendo un hincapié particular en los factores económicos y medioambientales, y en la mejora de la calidad de vida a medio y largo plazo. Creo que los indicadores anteriormente mencionados cobrarán una importancia estratégica en la definición de la futura política de cohesión, con lo que contribuirán a un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, en armonía con los principios consagrados en la Estrategia Europa 2020.

  Niki Tzavela (EFD), por escrito. – (EL) He votado a favor del informe sobre «Más allá del PIB − evaluación del progreso en un mundo cambiante», por los motivos siguientes. Todo el mundo sabe que el PIB es un indicador utilizado para medir la actividad macroeconómica y no se puede usar para medir otras cosas. En consecuencia, es necesario desarrollar nuevos indicadores, que es precisamente lo que hace el informe de la señora Rosbach. Considero que el PIB es un indicador limitado y que deberían desarrollarse indicadores que lo complementen. El informe aborda las cuestiones mencionadas, lo cual me parece muy importante y requiere una resolución inmediata, razón por la cual he votado a favor de este informe particular.

  Giommaria Uggias (ALDE), por escrito. – (IT) He votado a favor de la identificación de nuevos parámetros más representativos del progreso de un país, y no solo de su consumo, aunque creo que habría que hacer más. El informe en cuestión ha tenido un viaje largo y difícil, y finalmente ha conseguido llegar al Pleno tras haber perdido por el camino gran parte de su contenido. El Parlamento debería haber presentado una propuesta que tuviese en cuenta factores como la educación, la salud y las actividades personales, pero se ha limitado a poner de relieve la necesidad de establecer nuevos parámetros, delegando la tarea de definirlos en la Comisión.

El producto interior bruto es un indicador anticuado basado en principios económicos que, al reducir la calidad a la cantidad, pasan por alto el significado de las cosas y el bienestar individual y colectivo, infravaloran el trabajo en sí mismo en comparación con el objeto de producción, y consideran solo la producción de nuevos objetos, no el mantenimiento.

  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. – (LT) Si echamos un vistazo a la escala de PIB del Fondo Monetario Internacional (FMI) (la UE está en primer lugar y Lituania está en el puesto 82), podemos observar que el PIB no cuenta la historia completa. El PIB no refleja lo suficiente la compleja realidad socioeconómica de los retos nacionales y regionales. Aunque el PIB es un sólido indicador macroeconómico, no refleja los mayores problemas sociales de Lituania, como son el desempleo, la calidad de los sistemas educativo y sanitario, y las disparidades en la distribución de la renta. En Lituania, y en el ámbito de la UE, a menudo hay una falta de información, datos e indicadores claros, y por tanto apoyo la propuesta de la ponente de dar mejor cuenta de los indicadores sociales. Espero que esto proporcione una información más completa para desarrollar políticas.

Hoy en día, lamentablemente, los políticos a menudo carecen de tal información. El desarrollo de políticas de la UE no debería basarse puramente en estadísticas abstractas. Ante todo, la política de la UE debería evaluarse en función del progreso logrado en la mejora del bienestar de los europeos. Puede que el método «Más allá del PIB», citado en este informe, resulte ser muy útil. No obstante, antes de aplicarlo, deberíamos indagar más sobre las posibilidades de adaptar el nuevo método en la vida cotidiana.

Informe: Vladimír Remek (A7-0165/2011)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Voto a favor de este informe porque constituye una evaluación exhaustiva del proceso y su aplicación hasta ahora y porque lanza un debate sobre su futura gobernanza, explotación y financiación de la decisión de crear sistemas globales de navegación por satélite y otros sistemas europeos autónomos. Ello incluye todos los aspectos comerciales de la explotación, así como las estructuras jurídicas, contractuales y financieras de las diferentes alternativas de explotación que aseguren la aplicación del modelo de gobernanza.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) El programa Galileo (navegación por satélite) es sumamente importante ya que permite a la Unión Europea ser competente en tecnologías punta. Desafortunadamente, Galileo se enfrenta a retrasos y costes adicionales. Ante esta situación, es esencial que consideremos nuevas soluciones. Por eso he apoyado el informe del señor Remek, que tiene por objeto estudiar todas las posibles fuentes de financiación además de la contribución con cargo al presupuesto europeo.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) Galileo, junto con EGNOS (Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario, un sistema de aumento que mejora la precisión y fiabilidad del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de los EE.UU.), son los programas del sistema de navegación global por satélite (GNSS) desarrollado por la UE. Una vez concluido constará, previsiblemente, de 27 satélites más un número adecuado de satélites de reserva, que orbitarán a unos 23 000 km de altura sobre la superficie de la tierra, y de una red mundial de unas 40 estaciones terrestres. La UE ha decidido establecer su propio sistema de navegación global por satélite por dos principales razones: en primer lugar, la autonomía e independencia de Europa con respecto a otros sistemas de navegación global y, en segundo lugar, el deseo de obtener una porción de este mercado global de alta tecnología y rápido crecimiento que controlan en la actualidad en gran medida los EE.UU. Estoy de acuerdo en que convendría celebrar a nivel político un debate amplio y profundo sobre el grado de ambición deseable (en el que se decidiera el nivel de servicios ofrecidos) y los recursos financieros disponibles (debiendo adoptarse una decisión política sobre si se tratará de un programa con financiación exclusiva de la UE o de un programa que permita contribuciones nacionales o privadas). El resultado de este debate incidirá en las opciones políticas para la futura gobernanza y gestión de los sistemas del GNSS.

  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) El proyecto de poner en marcha un programa europeo de navegación por satélite es un reto fundamental e indudablemente útil para el futuro de la tecnología en Europa, pero las previsiones de gasto e inversión por parte de los órganos europeos para este proyecto todavía no son claras ni transparentes por el momento. Se prevé más gasto dentro de algunos años, además del inicialmente planeado por el programa, y considero probable que sean necesarias cantidades adicionales para completar el proyecto. Por tanto, me he abstenido en la votación final del informe de propia iniciativa.

  Rachida Dati (PPE) , por escrito. – (FR) Con satisfacción he votado a favor de este informe, que supone la culminación de una decisión política de gran alcance, particularmente en lo relativo a la implantación de Galileo. Es absolutamente crucial que el sistema de radionavegación por satélite autónomo europeo se encargue lo antes posible y, como pone de relieve el informe, con garantías de financiación a largo plazo. La competencia procedente de los Estados Unidos (con el Sistema de Posicionamiento Global ― GPS) hace necesario que implantemos Galileo con rapidez, teniendo presente lo que está en juego desde el punto de vista económico, técnico, político y estratégico.

  Christine De Veyrac (PPE), por escrito. – (FR) La Unión Europea se ha fijado el objetivo de convertirse en el líder mundial en sistemas de navegación global por satélite (GNSS) con los programas Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS) y Galileo, con lo que garantiza su independencia tecnológica del GPS estadounidense. Considerando los importantes beneficios económicos de dichos programas, he votado a favor del informe Remek que insta a la Comisión y a los Estados miembros a garantizar una financiación suficiente para asegurarse de que estos proyectos estén completados en 2018 y, así, reafirmarse como rivales creíbles del sistema estadounidense.

  Diane Dodds (NI), por escrito. – En un momento en el que la Comisión, y de hecho este Parlamento, deberían estar buscando y presentando propuestas sobre cómo ahorrar dinero, se nos ofrece este informe que sugiere la finalización del sistema de navegación por satélite Galileo por un coste adicional de 1 900 millones de euros en el próximo marco financiero plurianual. No olvidemos que esto tiene un telón de fondo en el que el proyecto satelital Galileo arrancó con un presupuesto de 7 700 millones de euros y ahora se prevé que cueste 22 600 millones de euros. A semejante propuesta, yo le doy un no rotundo. Las líneas presupuestarias actuales que ya están en vigor para este proyecto son más que suficientes para propiciar su finalización, pero ―como siempre― la sugerencia es gastar todavía más. Sé que, si hablo con mis electores, darán poco apoyo al gasto actual en Galileo, y mucho menos a un aumento de este. Una vez más, insto a los diputados al Parlamento Europeo y a la Comisión a que sean realistas y manejen con cautela el dinero que tenemos y con el que deberíamos tratar de reportar el máximo beneficio a nuestros electores.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) Los sistemas de navegación por satélite europeos han estado causando retrasos y costes adicionales, lo que debería llevar a los responsables a pensar en las pautas que se están siguiendo actualmente para su implantación. En un momento en el que países como Portugal están recurriendo a la ayuda de otros Estados miembros, y en el que Europa, como tal, se está enfrentando a una grave crisis económica y financiera que amenaza su estabilidad, debería hacerse un esfuerzo aún mayor para evitar sobrecostes y gastos excesivos.

No estoy cuestionando la importancia estratégica de estos proyectos, pero no puedo dejar de destacar que no han estado a la altura de las expectativas. Convengo en que, dado que tanto Galileo como el Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS) son programas europeos y benefician al interés público común de la Unión, deberían financiarse, en líneas generales, a través del presupuesto de la UE, pero creo que deberían sopesarse otras fuentes posibles, incluidas formas innovadoras de financiación.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Este informe, redactado por el señor Remek, trata de los programas europeos de navegación por satélite. Es un informe que tiene como propósito una revisión intermedia de estos programas, incluidos la evaluación de su ejecución, futuros desafíos y perspectivas de financiación.

Desde 2000, año en que se puso a disposición el servicio del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), este sector ha crecido de manera exponencial (124 000 millones de euros en 2008), con un valor global de mercado interior de 230 000 millones de euros en 2025. En 2008, la UE decidió crear su propio sistema de navegación por satélite (Reglamento (CE) nº 683/2008), Galileo y el Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS), con el objetivo de garantizar la autonomía e independencia de Europa, aumentar su cuota de mercado y situar al sector en una posición que le permita ser competitivo en un mercado estratégico y en rápido crecimiento.

He votado a favor de las propuestas del ponente, a pesar de los sobrecostes registrados en la ejecución del proyecto, porque entiendo que la UE debería estar a la cabeza de la investigación y el desarrollo de tecnología punta, especialmente cuando esa misma tecnología representa un activo científico y económico para la UE.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) Como hemos dicho en relación con la aplicación de un sistema de navegación global por satélite europeo para el transporte, el uso de esta tecnología podría representar una importante contribución al desarrollo, la modernización y la diversificación de los servicios públicos, en la creación de oportunidades para la cooperación, y el avance en la ciencia y sus aplicaciones, y en el intercambio y la accesibilidad de la información, con la garantía del respeto de los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos. La cuestión que se plantea, no obstante, no es la de la existencia de un sistema de navegación global por satélite para Europa basado en el uso para fines no militares y no integrado en las disposiciones de seguridad de la UE.

El problema es su posible uso para fines militares y agresivos. En particular, es preocupante que este sistema de navegación por satélite se establezca en competencia con el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de los Estados Unidos, del que depende la UE, y que, como es bien sabido, está bajo control militar, con financiación procedente de programas militares federales estadounidenses. Por tanto, reiteramos nuestras dudas sobre los límites impuestos a los posibles usos de estos programas en un contexto de competencia asumida entre la UE y los Estados Unidos con respecto a las funcionalidades y eficiencias de estos sistemas.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) La cuestión que se plantea no es la de la existencia de un sistema de navegación global por satélite para Europa basado en el uso para fines no militares y no integrado en las disposiciones de seguridad de la UE. El problema es su posible uso para fines militares y agresivos.

Su uso para fines no militares podría representar una importante contribución a la prestación de servicios públicos, con oportunidades para la cooperación, y el avance en la ciencia y sus aplicaciones, y en el intercambio y la accesibilidad de la información, con la garantía del respeto de los derechos, las libertades y las garantías de los ciudadanos.

Sin embargo, es preocupante que este sistema de navegación por satélite se establezca en competencia con el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de los Estados Unidos, del que depende la UE, y que, como es bien sabido, está bajo control militar, con financiación procedente de programas militares federales estadounidenses.

Así pues, todavía tenemos serias dudas sobre los límites impuestos a los posibles usos de estos programas en un contexto de competencia, tanto entre las funcionalidades y las eficiencias de estos sistemas, como entre la UE y los Estados Unidos.

  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) La Unión Europea ha dado el importante paso de lanzar, con su decisión política basada en el Reglamento (CE) nº 683/2008, un sistema global autónomo de navegación por satélite (GNSS), propiedad de la UE y gestionado por esta. La Comisión debería realizar un análisis a fondo para describir más exactamente las alternativas existentes y las modalidades de funcionamiento y explotación después de 2013. Ello incluirá todos los aspectos comerciales de la explotación, como las estructuras jurídicas, contractuales y financieras de las diferentes alternativas de explotación que aseguren la aplicación de un modelo estable de administración.

  Jacqueline Foster (ECR), por escrito. – Galileo, el sistema de navegación global por satélite propio de Europa, es de gran importancia para Europa y, en particular, para el Reino Unido. Este proyecto, que apoyo totalmente, no solo ha recibido una considerable financiación pública, sino que el sector privado de toda la UE también está invirtiendo dinero, tiempo y conocimientos especializados en el desarrollo de este sistema.

Sin embargo, pese a reconocer la necesidad de avanzar en esta materia, he considerado necesario abstenerme en la votación final. El informe del señor Remek indica que completar el sistema Galileo requerirá una financiación adicional de hasta 1 900 millones de euros en el próximo marco financiero plurianual (MFP). En este difícil clima financiero actual, he de oponerme a este aumento del gasto, especialmente considerando que el programa supera ya el presupuesto en un 60 %. Creo que Galileo debe ceñirse a su presupuesto actual.

Miremos cómo podemos mejorar el sistema actual dentro de los medios que tenemos. Yo instaría enérgicamente a la Comisión a adoptar medidas sólidas para mejorar su gestión del programa y para conseguir ahorros. Para hacerlo, la Comisión debe llevar a cabo una evaluación de impacto minuciosa y exhaustiva, de manera que podamos tomar una decisión fundada con respecto a la futura financiación del programa.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) Acojo con beneplácito este documento porque este informe es una respuesta a la Comunicación de la Comisión sobre la revisión intermedia de los sistemas de navegación global por satélite (GNSS) europeos autónomos (Galileo y EGNOS), que evalúa el proceso y su aplicación hasta ahora y lanza el debate sobre su futura gobernanza, explotación y financiación. La UE ha decidido establecer su propio sistema de navegación global por satélite por dos principales razones: en primer lugar, la autonomía e independencia de Europa con respecto a otros sistemas de navegación global y, en segundo lugar, el deseo de obtener una porción de este mercado global de alta tecnología y rápido crecimiento que controlan en la actualidad en gran medida los EE.UU. Se calcula que los beneficios indirectos del programa ascenderán a unos 60 000 millones de euros por año (incluidos los mercados anteriores y posteriores y su utilidad pública). Se considera que el GNSS se basa en una tecnología de vanguardia con gran potencial de innovación, de creación de una base de conocimiento de alta tecnología y de mejoras de productividad en numerosos sectores. Se calcula que la tasa anual de crecimiento del mercado de productos con aplicaciones del GNSS es superior al 10 %. La Comisión debería realizar un análisis a fondo para identificar más exactamente las alternativas existentes y las modalidades de funcionamiento y explotación después de 2013. Ello incluye todos los aspectos comerciales de la explotación, así como las estructuras jurídicas, contractuales y financieras de las diferentes alternativas de explotación que aseguren la aplicación de un modelo estable de gobernanza.

  Ville Itälä (PPE), por escrito. – (FI) Los sistemas EGNOS y Galileo, cuando estén completados, aumentarán la seguridad en el transporte, mediante el uso de ciertas aplicaciones. Estas también representan los mercados mundiales crecientes de los que la UE obtendrá beneficios financieros. El desarrollo de estos sistemas contribuirá de forma esencial al desarrollo del transporte aéreo europeo y a un sistema más económico y eficiente de transporte ferroviario y rodado. Un problema para el desarrollo de estas aplicaciones y para completar los sistemas a tiempo puede ser la falta de inversión. Es importante ver el beneficio que para los Estados miembros tienen la inversión y el desarrollo de los sistemas de manera que se completen en los plazos previstos.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe de la señora Ţicău porque el proyecto objeto de examen responde a muchas expectativas de quienes miran con optimismo los avances en investigación y tecnología. EGNOS y Galileo son proyectos que generarán unos 60 000 millones de euros en beneficios indirectos para la economía y la sociedad de la Unión Europea, en forma de mayor seguridad para el transporte rodado y aéreo, menos contaminación atmosférica y menor consumo de plaguicidas, nuevos puestos de trabajo y seguridad pública, dando lugar a retornos muy importantes. Por consiguiente, antes de adoptar una decisión en relación con un nuevo compromiso financiero con cargo al presupuesto de la UE, en el próximo marco financiero plurianual, la Comisión deberá presentar una evaluación concreta de todas las posibles opciones de carácter técnico y de los costes y beneficios que conllevan.

  Agnès Le Brun (PPE), por escrito. – (FR) Hace diez años, la Unión Europea lanzó dos programas de navegación por satélite: Galileo y EGNOS (Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario). El primero estará operativo en 2014 y tendrá una precisión de menos de un metro, mientras que el GPS tiene una precisión de varios metros. Este avance tecnológico permitirá a las empresas europeas innovar y situarse a la vanguardia de los servicios ofrecidos por el posicionamiento global. Sin embargo, Galileo también tiene una dimensión estratégica. En la actualidad, Europa depende del sistema GPS, que es estadounidense. Cuando Galileo esté en funcionamiento, la Unión gozará de total independencia así como de superioridad en esta esfera, y es evidente la importancia de las aplicaciones. Como resultado, los recursos civiles y militares de los Estados miembros serán mucho más efectivos. He votado a favor de esta resolución que, al tiempo que alaba el éxito técnico, recuerda a la Comisión Europea los puntos en los que el programa puede mejorarse: financiación, información pública y participación de nuestros socios internacionales.

  David Martin (S&D), por escrito. – El principal desafío para las actividades internacionales de los programas del GNSS será asegurar la compatibilidad e interoperabilidad con Galileo, acceder a recursos globales del GNSS y establecer normas a escala mundial, velar por la seguridad del sector espacial y la red de estaciones terrestres, al tiempo que se garantiza un control más estricto de las tecnologías GNSS sensibles desarrolladas con financiación europea, y colaborar en las tareas internacionales de desarrollo de aplicaciones innovadoras y especializadas de interés suprarregional. Un importante objetivo será crear oportunidades de mercado para los sectores europeos de la tecnología y aplicaciones del GNSS.

  Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) Creemos que el sistema de navegación global por satélite (GNSS) de la UE, que consta de los programas Galileo y EGNOS, supone un paso importante para Europa, en primer lugar, porque garantiza su autonomía e independencia con respecto a otros sistemas de navegación global y, en segundo lugar, porque le permite obtener una porción de este mercado global de alta tecnología que está en auge. Sin embargo, es muy importante que se garantice la continuidad del servicio, ya que una limitación o degradación (temporal) de la señal del GPS tendría inmensas repercusiones en nuestra economía y sociedad si no contamos con otros sistemas operativos independientes de navegación global por satélite. No obstante, para poder aprovechar plenamente las ventajas de Galileo debe alcanzarse la capacidad operativa total, para lo cual se precisa más inversión. Actualmente, el retablo financiero es cualquier cosa menos prometedor. Con respecto a este punto, creemos que convendría celebrar un debate político amplio y profundo sobre el grado de ambición deseable y los recursos financieros disponibles. Por último, sostenemos que es importante realizar un análisis a fondo para identificar más exactamente las alternativas existentes y las modalidades de funcionamiento y explotación después de 2013, lo que incluye todos los aspectos comerciales de la explotación, así como las estructuras jurídicas, contractuales y financieras de las diferentes alternativas de explotación que aseguren la aplicación de un modelo estable de gobernanza.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) Los programas de navegación por satélite europeos, Galileo y el Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS), permitirán a Europa tener autonomía e independencia estratégica respecto de otros bloques económicos, lo cual es muy importante, y contribuirá a mejorar la vida de los ciudadanos europeos, así como a reportar beneficios directos e indirectos a la economía europea. Sin embargo, los problemas relacionados con la financiación de estos programas podrían causar retrasos considerables en su ejecución, lo que se sumaría al daño inherente.

Tenemos que establecer una estrategia para la financiación a medio y largo plazo con el fin de que sea posible crear la confianza necesaria en los mercados y, en consecuencia, atraer la inversión y la compra de aplicaciones y servicios. Solo unos sistemas Galileo y EGNOS plenamente operativos serán un activo para la UE, en todas sus políticas, por ejemplo en el transporte, en la agricultura, en la lucha contra el cambio climático, en la prevención de desastres naturales y provocados por el hombre, y en la esfera de la ciencia, la tecnología y la innovación.

  Louis Michel (ALDE), por escrito. – (FR) El Parlamento Europeo siempre ha apoyado el sistema de navegación global por satélite (GNSS) de la Unión Europea, puesto en práctica por medio de los programas Galileo y Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS). Desafortunadamente, hoy, la Unión Europea depende del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de los Estados Unidos.

No obstante, Galileo ofrece claras ventajas con respecto al sistema GPS. Además, EGNOS es utilizado diariamente por 80 000 agricultores europeos y ha recibido recientemente un certificado para su utilización en la aviación civil, y la certificación relativa a su utilización en relación con el transporte marítimo se debería plasmar próximamente. La política espacial y el programa GNSS tienen una importancia estratégica y deberían aportar beneficios tangibles a los ciudadanos y las empresas.

Desde este punto de vista, la Comisión debe garantizar la compatibilidad e interoperabilidad de Galileo con otros sistemas de navegación por satélite. Por último, es importante que estos programas europeos reciban la financiación que necesitan para dar sus frutos.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – La UE ha dado un importante paso con su decisión política. El informe es una revisión a medio plazo de esta iniciativa emblemática, en la que se evalúa el proceso y su aplicación hasta ahora y se lanza el debate sobre su futura gobernanza, explotación y financiación en el sistema de la UE. En mi opinión, es necesario realizar un análisis a fondo para identificar más exactamente las alternativas existentes y las modalidades de funcionamiento y explotación después de 2013. Apoyo plenamente el informe de Vladimír Remek, a favor del cual he votado.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) El proyecto del sistema de navegación por satélite GNSS (Galileo y EGNOS), al igual que el proyecto del Sistema de Información de Schengen de segunda generación, se ha convertido en un pozo sin fondo que se traga el dinero. Los costes de seguimiento todavía parecen imposibles de calcular de forma concreta; todo lo que está claro es que es necesario ahorrar si queremos prevenir una explosión final de los costes del proyecto, que ya de por sí están disparados. Sin embargo, surgen problemas aquí cuando los recortes asociados en los servicios únicamente afectan a los ciudadanos de Europa como contribuyentes, dejando intactos solamente los servicios para uso militar. En este contexto, es necesario debatir más sobre la ejecución y el procedimiento anteriores, y sobre la administración, el uso y la financiación futuros.

Desde luego, parece poco probable que el aumento del uso de la empresa privada en esta esfera vaya a proporcionar alivio financiero alguno. La evaluación de la Comisión sin duda se espera con interés. La idea de Galileo es buena en principio; sin embargo, hay que controlar los costes. He tenido esto en cuenta a la hora de votar.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) Una vez más (como en el caso del proyecto ITER), la UE ha conseguido retrasar un proyecto tanto tiempo que los costes son imposibles de calcular. Otro tanto cabe decir de los costes de seguimiento de los proyectos GNSS (sistemas de navegación por satélite Galileo y EGNOS) y los proyectos del Sistema de Información de Schengen de segunda generación. No son solo los costes de seguimiento los que se han disparado: los costes de proyecto «normales» también han alcanzado proporciones gigantescas. Ahora se está tratando de limitar el daño ahorrando. Estos son pasos necesarios. Desafortunadamente, parece como si estos recortes solo afectasen al contribuyente europeo, pues darán lugar a una reducción de los servicios. Aunque GNSS solo tendrá una aplicación militar, serán los contribuyentes quienes pagarán la factura ―el doble de la cuantía actual como resultado de los costes de seguimiento―. Esta situación empaña el proyecto GNSS, que por lo demás es algo que merece una buena acogida. Por ese motivo, me he abstenido de votar.

  Georgios Papanikolaou (PPE), por escrito. – (EL) He votado a favor del informe sobre la revisión intermedia del programa Galileo. El ambicioso esfuerzo europeo por desarrollar un sistema de navegación por satélite europeo, basado en una constelación de 30 satélites y que ofrece servicios de posicionamiento global de calidad, garantiza la autonomía e independencia de Europa con respecto a otros sistemas de navegación global y una porción del importante mercado global de alta tecnología, el cual encabezan actualmente los Estados Unidos de América y Japón. Además, Galileo ofrecerá una prestación que permitirá apoyar la implantación de anteriores sistemas de gestión del tráfico para todos los medios de transporte (rodado, aéreo, marítimo, etc.), lo que mejorará la eficiencia y reducirá el impacto medioambiental. En el sector agrícola, Galileo podrá propiciar mejoras de la producción agrícola garantizando un uso más eficiente de la tierra y el agua, con lo que se reducirá la necesidad de fertilizantes y plaguicidas. Sin embargo, las cuestiones planteadas y mi anterior pregunta a la Comisión (E-0339/10) sobre el muy alto coste de este esfuerzo particular han quedado sin contestar. Para ser exacto, el coste de ejecución del programa se estimó inicialmente en 3 330 millones de euros (de los cuales 1 800 millones habían de ser abonados por el sector público). Esta cifra se incrementó hasta los 5 580 millones de euros, cantidad que ha de pagar en su totalidad el sector público en un momento muy difícil para la economía.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) He votado a favor de este informe. La UE ha dado un importante paso con la adopción de su decisión política, incardinada en el Reglamento (CE) nº 683/2008, sobre la creación de unos sistemas globales autónomos de navegación por satélite (GNSS) europeos ―Galileo y el Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS)― propiedad de la UE y gestionados por esta. La comunicación que se considera en este informe constituye una revisión a medio plazo de esta iniciativa emblemática, en la que se evalúa el proceso y su aplicación hasta ahora y se lanza el debate sobre su futura gobernanza, explotación y financiación.

En el contexto económico actual, hay una necesidad apremiante de celebrar un amplio debate político sobre el grado de ambición deseable, que determinará el nivel de servicios ofrecidos, y sobre los recursos disponibles, durante el cual será necesario adoptar una decisión política sobre si se tratará de un modelo con financiación exclusiva de la UE o de uno que permita contribuciones nacionales o privadas. El resultado de este debate se reflejará en las opciones políticas relativas a los futuros sistemas de gobernanza y gestión para los GNSS.

  Fiorello Provera (EFD), por escrito. – (IT) El sistema Galileo mejorará la precisión y fiabilidad del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de los EE.UU. Este nuevo sistema será importante para garantizar la autonomía e independencia de Europa con respecto a otros sistemas de navegación global y para permitirle obtener una porción de este mercado global de alta tecnología que está en auge. Como sabemos, el programa se financia plenamente con cargo al presupuesto de la Unión con un importe previsto de 3 400 millones de euros hasta 2014. Sabemos que se calcula que los beneficios indirectos del programa ascenderán a unos 60 000 millones de euros por año, pero la Comisión ha reconocido que se precisarán más inversiones para alcanzar la capacidad operativa total. Como no está claro cuánto costará al contribuyente el sistema Galileo, me he abstenido de votar esta medida, entre otras cosas para reiterar a la Comisión la petición de que aclare los costes futuros del proyecto.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) El programa Galileo, que, conjuntamente con el Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS), tiene por objeto crear un sistema de navegación global por satélite (GNSS), concuerda con una decisión estratégica por parte de la Unión: confirma su entrada en el mercado mundial, al tiempo que sus esfuerzos se reafirman en dicho mercado, actualmente dominado por los Estados Unidos, y es importante para estimular la propia economía europea. Recordemos que, como se dice en el informe, el 7 % del producto interior bruto (PIB) depende del uso del Sistema de Posicionamiento Global (GPS), lo que reafirma la necesidad de un sistema de navegación por satélite autónomo.

La intención en este momento es llevar a cabo un análisis a fondo del proyecto. Entre las conclusiones que cabe extraer de él, debería hacerse hincapié en que se calcula que los gastos corrientes de estos programas serán de unos 800 millones de euros al año y los ingresos solo alcanzarán los 80 millones de euros al año hasta 2030 aproximadamente. No obstante, por otro lado, se calcula que los beneficios indirectos podrían ascender nada menos que a 60 000 millones de euros por año. En este contexto, considero importante, como sugiere el ponente, lanzar el debate sobre la estructura de este programa y sobre cómo obtener dinero de él en el futuro, con el fin de adoptar soluciones sólidas y seguras para el futuro de Europa.

  Zuzana Roithová (PPE) , por escrito. – (CS) Apoyo totalmente el sistema de navegación global por satélite europeo autónomo, y estoy de acuerdo con la adopción de todas las medidas esenciales para asegurar su capacidad operativa total. Este punto de vista predomina entre todos los grupos del Parlamento Europeo, y lo confirma el hecho de que no se haya presentado ninguna enmienda al informe. En el informe del señor Remek, instamos a la Comisión Europea a avanzar hacia una solución a los problemas que han surgido y a garantizar un procedimiento de financiación para el programa de manera que pueda alcanzar la capacidad operativa total en 2018. En aras de mantener la ventaja competitiva de la UE, el lanzamiento no debe retrasarse, o de lo contrario otros países como China, la India y Japón nos tomarán la delantera.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – Esta ha sido una votación desastrosa para los Verdes. Hemos votado en contra en las dos votaciones separadas (apartados 19 y 20), y ambas han tenido como resultado la aprobación; hemos votado en contra en la votación final, pero el texto ha sido aprobado. Nuestras preocupaciones se refieren principalmente a la velocidad con la que algunos desean llevar a cabo este proyecto, pese a las numerosas cuestiones que todavía tenemos planteadas.

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor de este informe porque convengo en la importancia del proyecto Galileo, como parte de un sistema de navegación global por satélite europeo. Garantizará la autonomía e independencia de la Unión Europea con respecto a otros sistemas de navegación global y le permitirá obtener una porción de este mercado global de alta tecnología que está en auge. Dado que nuestros competidores están cobrando fuerza y avanzando a buen ritmo, y puesto que, para poder aprovechar plenamente las ventajas de Galileo debe alcanzarse la capacidad operativa total, el proyecto precisa más inversiones, como indica el ponente.

  Catherine Stihler (S&D), por escrito. – Acojo con beneplácito este informe, que pide a la Comisión que realice un análisis a fondo para identificar más exactamente las alternativas existentes y las modalidades de funcionamiento y explotación después de 2013. Ello incluye todos los aspectos comerciales de la explotación, así como las estructuras jurídicas, contractuales y financieras de las diferentes alternativas de explotación que aseguren la aplicación de un modelo estable de gobernanza. El informe ha sido aprobado en comisión por una mayoría abrumadora (44 frente a 4).

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) La iniciativa europea de crear los programas Galileo y Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS) no solo permitirán a Europa establecer su autonomía e independencia estratégica respecto de otros bloques económicos, sino que, sobre todo, también propiciará mejoras en la vida cotidiana de los europeos y generará beneficios directos e indirectos para la economía europea.

Sin embargo, para alcanzar los beneficios reales del programa, es necesario establecer una estrategia a medio y largo plazo para la financiación y la gobernanza, que incluya las acciones principales que han de llevarse a cabo. Esa es la única manera en que será posible crear la confianza necesaria en los mercados y, en consecuencia, asegurar la inversión y la compra de aplicaciones y servicios.

Solo si pasan a estar plenamente operativos, proporcionarán los sistemas Galileo y EGNOS un beneficio concreto para todas las políticas de la Unión Europea, específicamente, en el transporte, en la agricultura, en la lucha contra el cambio climático, en la prevención de desastres naturales y humanos, y en la esfera de la ciencia, la tecnología y la innovación. Para aumentar el apoyo a estos proyectos, es crucial incrementar la comunicación entre sus responsables y el público en general, con el fin de crear una relación directa entre estas iniciativas y los ciudadanos europeos. Además de eso, me parece necesario generar una estructura financiera adecuada de manera que pueda hacerse realidad y, a continuación, aplicarse.

  Derek Vaughan (S&D), por escrito. – Este informe observa el progreso que se ha realizado hacia un sistema de navegación global por satélite europeo, o Galileo, y aborda cuestiones relacionadas con la futura gobernanza de la iniciativa. Cuando esté plenamente operativo, Galileo será un rival del estadounidense GPS y funcionará con un sistema más amplio y más preciso de satélites y estaciones terrestres repartidos por todo el mundo. Aunque ha habido un progreso tecnológico sustancial, el informe es más crítico con la situación financiera relacionada con el proyecto. Plantea cuestiones que han de abordarse y recomienda maneras de proceder que pueden garantizar que el sistema satelital alcance la capacidad operativa total (FOC) lo antes posible, lo que implicaría un rendimiento más rápido de la inversión, y este informe sirve como base para el debate sobre cuál es la mejor manera en que la Comisión puede lograr este objetivo.

Informe: Salvador Garriga Polledo (A7-0193/2011)

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. – (PT) Voto a favor de este informe en la medida en que presenta unas prioridades políticas adecuadas del Parlamento para el marco financiero plurianual, tanto a escala legislativa como presupuestaria. Algunas prioridades incluidas por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo que yo destacaría son, por ejemplo: 1) inversión en empleo y crecimiento; 2) el aspecto social, así como los derechos de los trabajadores y sus condiciones laborales; 3) sostenibilidad; 4) valor añadido europeo; 5) estructura y duración propuestas.

Observo la necesidad de prestar especial atención a las regiones ultraperiféricas, a las regiones que padecen graves y permanentes limitaciones naturales o demográficas, como las regiones más septentrionales con muy baja densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y montañosas; esto se debe a que los recursos y las capacidades de estas regiones pueden desempeñar una función notable en la futura competitividad de la Unión Europea.

  Marta Andreasen (EFD), por escrito. – He votado en contra del informe Garriga Polledo de la Comisión SURE porque pretende incrementar el presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020 en un 5 %. No podía votar a favor de la enmienda del Partido Conservador consistente en congelar el presupuesto en los niveles de 2013 porque creo firmemente que lo que se necesita es una reducción, y su postura representa un débil punto de partida para las negociaciones.

He presentado una enmienda para reducir el presupuesto en un 2,8 %, cifra que equivale a la tasa media de irregularidades que afectan al presupuesto de la UE según ha informado el Tribunal de Cuentas Europeo. Entre las enmiendas e innovaciones a las que me he opuesto, figuraba una enmienda consistente en crear un grupo de supervisión informal y carente de poder en el Parlamento Europeo para que examinase los programas.

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), por escrito. – He votado a favor de esta importante resolución sobre invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora. Apoyo al ponente cuando afirma que, con el rechazo a la opción de congelar los recursos, como propusieron cinco Jefes de Gobierno en diciembre de 2010 (Francia, Reino Unido, Países Bajos, Alemania y Finlandia), el Parlamento Europeo envía una señal política fuerte para las negociaciones entre los 27 Estados miembros, que se prevé comiencen después de la presentación oficial de la propuesta de la Comisión Europea prevista para el 29 de junio. Es importante señalar que la unanimidad entre los Estados miembros y el dictamen conforme del Parlamento Europeo son necesarios para adoptar la decisión final, que no se espera hasta junio de 2012 por lo menos. Los diputados al Parlamento Europeo exigimos al menos un aumento del nivel de recursos del 5 % en comparación con el presupuesto de 2013. También es importante señalar que el Parlamento Europeo propone introducir una nueva estructura para el marco financiero bajo una única rúbrica «Europa 2020» y pide un marco con un periodo de duración de 5 o de 5+5 años en 2021.

  Roberta Angelilli (PPE), por escrito. – (IT) Después de un año de trabajo aproximadamente, la Comisión Especial sobre los Retos Políticos y los Recursos Presupuestarios ha presentado finalmente las decisiones futuras que determinan las prioridades en los gastos para el uso eficiente y eficaz de los créditos de la Unión Europea que permiten la aplicación de políticas orientadas a los resultados. Teniendo presente que el presupuesto de la Unión Europea es, principalmente, un presupuesto de inversión, que puede generar más inversiones procedentes de fuentes públicas o privadas, debe ser posible ajustarlo adecuadamente a las cambiantes necesidades y circunstancias.

La decisión de incrementar los recursos del nuevo marco financiero plurianual en un 5 % garantizará la estabilidad de los ciclos de programación existentes y nuevas inversiones en esferas como las redes europeas de energía y de transporte, que permitirán a Europa defender su competitividad y preparar el terreno para un crecimiento económico a largo plazo. Estos sectores también aparecen en la Estrategia Europa 2020, que tiene por objeto propiciar un crecimiento inteligente, sostenible e incluyente a través del conocimiento, la innovación y la promoción de la cohesión social y territorial.

  Pino Arlacchi (S&D), por escrito. – El informe sobre un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora es una valiosa pieza de análisis colectivo sobre las futuras configuraciones del presupuesto de la UE. Calcula los recursos financieros necesarios para que la Unión alcance sus objetivos y lleve a cabo sus políticas para el periodo que se inicia el 1 de enero de 2014. Su punto esencial es la petición de un incremento de al menos un 5 % en el presupuesto total de la UE para 2013, así como la solicitud de que se introduzca una fuente de financiación autónoma.

El informe hace un hincapié muy claro en que, sin recursos adicionales suficientes para el MFP de después de 2013, la Unión no podrá cumplir con las prioridades políticas existentes, en particular, las vinculadas a la Estrategia Europa 2020, o las nuevas tareas contempladas en el Tratado de Lisboa, y mucho menos responder a eventos imprevistos. He votado a favor de este informe también porque pide un sistema de financiación más transparente, más simple y más justo para la Unión Europea.

  Sophie Auconie (PPE), por escrito. – (FR) He votado a favor de este excelente informe de mi colega, el señor Garriga Polledo, porque ofrece una presentación sumamente buena del presupuesto que la Unión Europea necesitará después de 2013 para responder a los retos políticos a los que se enfrentará. Si Europa realmente pretende aplicar las políticas establecidas en los Tratados europeos, incluidas las políticas más recientes, debe disponer de los recursos financieros que necesita para hacer realidad estas ambiciones. Por consiguiente, he votado a favor de la recaudación de «recursos propios» y la creación de un «impuesto sobre las transacciones financieras» para financiar el presupuesto de la Unión Europea. Este incremento necesario del presupuesto europeo debe venir acompañado de ahorros sustanciales mediante la optimización del gasto (común). Además, tal incremento proporciona todo el espacio que merecen la política agrícola común (PAC), que es esencial para la seguridad e independencia alimentarias de nuestro continente, así como la política regional de la UE, reforzada mediante la creación de una categoría intermedia de regiones para permitir que se canalice un apoyo financiero adicional hacia aquellas regiones cuyo PIB per cápita se sitúe entre el 75 % y el 90 % de la media europea, como es el caso de Auvergne y Limousin. Por tanto, ¡este informe supone un apoyo inestimable a los ciudadanos!

  Liam Aylward (ALDE), por escrito. – (GA) El sector agrario europeo tiene importancia socioeconómica, particularmente en lo que se refiere a garantizar la seguridad del suministro alimentario y a promover las comunidades rurales y el medio ambiente. Así pues, la PAC debe contar con un presupuesto sólido y con recursos adecuados para poder alcanzar esos objetivos. Apoyo plenamente lo que en el informe se dice sobre los amplios objetivos y tareas de la PAC y acerca de que no haya recortes en la financiación de la PAC para 2013, de manera que esta pueda responder debidamente a esas amplias necesidades.

Son muchas las expectativas que despierta el próximo marco financiero plurianual en lo relativo a lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020, promover la investigación e innovación, luchar contra los problemas a los que se enfrenta el medio ambiente, alcanzar los objetivos de los fondos regionales, de cohesión y sociales europeos, y fomentar la educación, la movilidad, la formación y el aprendizaje permanente. La UE debe disponer de recursos adecuados y de un sólido marco financiero plurianual si se propone lograr esos objetivos y satisfacer las necesidades de los ciudadanos de la Unión.

  Zigmantas Balčytis (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de este informe. La Unión Europea se enfrenta a retos enormes y necesitará considerables recursos financieros para superarlos. Está claro que el actual sistema de recursos del presupuesto de la UE será incapaz de garantizar la puesta en práctica de todos los compromisos contraídos. Convengo en que es necesario revisar en profundidad los principios presupuestarios, de manera que, en el futuro, los fondos para el presupuesto de la UE se recauden de los recursos propios. También necesitamos con urgencia considerar mecanismos de financiación innovadores, como un impuesto sobre las transacciones financieras, que contribuiría de manera significativa a la financiación del presupuesto de la UE.

  Bastiaan Belder (EFD), por escrito. – (NL) No puedo apoyar el informe del señor Garriga Polledo. El motivo de ello es que estoy esencialmente en contra de que las contribuciones de los Estados miembros se sustituyan por una financiación directa de la UE, léase un impuesto de la UE. Al fin y al cabo, la Unión debería estar al servicio de los Estados miembros y eso debe ser visible en los planes de financiación. En cuanto al contenido, tengo problemas con que la Estrategia Europa 2020 se utilice como directriz para el marco financiero plurianual. Los objetivos de la estrategia atañen a las políticas sociales y de empleo, que pertenecen al ámbito de competencias de cada uno de los Estados miembros. La fallida Estrategia de Lisboa nos muestra dónde acabaremos si basamos nuestra estrategia en cuestiones sobre las que la UE no tiene voz ni voto. El informe también trata de reducir la cantidad de atrasos incrementando los pagos. Si los proyectos no se ejecutan libres de contratiempos, entonces lo sensato sería contraer un menor número de nuevos compromisos contractuales.

En resumen, el informe carece de elementos que permitan pensar que se comprende lo que es una gestión presupuestaria prudente, a la luz de los enormes problemas económicos a los que se enfrentan las economías europeas. «Vive con arreglo a tus posibilidades» es una sugerencia mejor que este llamamiento nada aconsejable a aportar recursos nuevos y adicionales. De este modo, estamos repitiendo, a escala europea, los errores que varios países han cometido en los últimos años.

  Slavi Binev (NI), por escrito. – (BG) El informe Polledo centra la atención en los numerosos retos que afronta la Unión Europea, pero principalmente en la necesidad de convencer a los ciudadanos de a pie de que las instituciones europeas y la Unión Europea están sirviendo a sus valores e intereses. Por esta razón, apoyo el próximo marco financiero plurianual, que ayudará a convencer a los ciudadanos europeos de que la Unión tiene la capacidad de pensar y actuar con el fin de proteger sus intereses a largo plazo y de lograr resultados efectivos en la obtención de un crecimiento estable y de la cohesión interna. Aunque hay algunas decisiones con las que no estoy totalmente de acuerdo, el informe, en conjunto, es beneficioso para los intereses de Bulgaria, por lo que he votado a favor de su aprobación.

  Mara Bizzotto (EFD), por escrito. – (IT) He votado en contra del informe del señor Garriga Polledo debido a algunos puntos que me parecen cruciales en la propuesta sometida a votación. Aunque apoyo algunos apartados, como el referente a la reducción del Parlamento Europeo a una única sede, el informe espera que se introduzca un auténtico impuesto europeo para financiar las actividades de la Unión Europea. Trata la financiación destinada a las comunidades romaníes, un tema al que mi partido político siempre se ha opuesto, y la asignación de grandes cantidades de financiación a una nueva ronda de ampliación de la Unión Europea en los Balcanes Occidentales, otro punto del que discrepo. Por último, se ha prometido financiación europea para ayudar a los países en desarrollo a luchar contra el cambio climático, una cuestión que, al margen de la propaganda medioambiental, desde luego no cambiará el futuro del ecosistema.

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), por escrito. – (LT) He votado a favor de esta resolución porque considero particularmente importante que la contribución del Parlamento Europeo al debate sobre cómo debería distribuirse el dinero del presupuesto de la UE en el futuro (2014-2020) y qué esferas deberían financiarse para ayudar a Europa a recuperarse de la crisis mundial. Siguiendo el debate, la resolución aprobada criticaba la idea presentada por ciertos Estados miembros de congelar el presupuesto de la UE en los niveles de 2013, dadas las dificultades financieras que muchos países de la UE han afrontado en los últimos tiempos. En cambio, a la hora de determinar la perspectiva financiera de la UE para 2014-2020, se nos ha instado a continuar garantizando la financiación necesaria para las esferas que estimulan el crecimiento económico y el éxito del desarrollo. Entre ellas se incluyen la investigación y el fomento de la innovación, la lucha contra el desempleo, la pobreza y la exclusión, una preparación adecuada para los cambios demográficos, el uso responsable de los recursos naturales, la seguridad interior y exterior, la política regional y agrícola, y el desarrollo de la infraestructura del transporte y de la energía.

  Vito Bonsignore (PPE), por escrito. – (IT) Felicito al ponente por su trabajo, el cual he refrendado. Europa debe utilizar el próximo marco financiero plurianual (MFP) para dar respuestas definitivas a los ciudadanos, que ya llevan demasiado tiempo sufriendo la crisis económica, y para garantizar un sólido crecimiento a largo plazo. Hasta ahora, la Unión Europea no ha estado a la altura de las expectativas y ambiciones que debería tener. Habremos de afrontar retos muy complejos, así como la crisis económica, el declive demográfico y la escasez de fuentes de energía. La respuesta a estos retos tendrá que buscarse en la Estrategia Europa 2020, la cual debería ser la referencia política del próximo MFP. Debemos determinar una serie de prioridades clave para el próximo MFP, como por ejemplo el crecimiento y el empleo, el desarrollo sostenible, la cohesión para el crecimiento y el empleo, la ciudadanía y una Europa global.

Por consiguiente, el próximo MFP debe diseñarse de tal manera que garantice la flexibilidad para evitar las deficiencias del actual MFP. De hecho, sería una buena idea planificar una revisión a medio plazo que ofrezca la posibilidad de reconsiderar los límites máximos. Por último, es crucial mejorar el sistema actual de instrumentos extrapresupuestarios para la flexibilidad, mediante una simplificación de su uso y dotándolos de recursos suficientes. El próximo MFP debe lograr el equilibrio adecuado entre la estabilidad, la previsibilidad a medio plazo y la flexibilidad, un principio que debería seguir ocupando el núcleo de dicho marco.

  Philippe Boulland (PPE), por escrito. – (FR) He votado, hoy miércoles 8 de junio, a favor de un incremento del presupuesto de 2014-2020. Como sabemos, el presupuesto representa el punto de partida de cualquier acto político. Sin presupuesto, no hay proyecto. Por tanto, el presupuesto de la UE debe reflejar la estrategia de crecimiento de la UE y sus ambiciones para sus ciudadanos. Los Estados miembros han sugerido congelar el presupuesto de la UE por dos motivos. Por un lado, el dinero proviene de las contribuciones de los Estados y, por el otro, un presupuesto estable para el periodo 2014-2020 implica que se pongan en peligro todos los proyectos fundamentales de la UE para restablecer el crecimiento e invertir en el futuro. Los Estados miembros desearían ver cómo la UE desempeña un papel decisivo a la hora de asumir riesgos pero la critican cuando así lo hace. Por tanto, yo, como la mayoría de mis compañeros diputados ―a excepción de los euroescépticos― he votado a favor del incremento, en un 5 %, del presupuesto para financiar futuros proyectos fundamentales. Ahora somos muy conscientes de que los Estados son incapaces de resolver por sí mismos los problemas causados por la globalización. El paso siguiente será proporcionar a la UE un presupuesto basado en los «recursos propios» con el fin de reducir nuestra dependencia de la «mala» voluntad de los Estados.

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), por escrito. – (RO) Los poderes de la UE han aumentado con los años, especialmente después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Sin embargo, el presupuesto se ha incrementado tan solo muy lentamente. Nuestra ambición es tener una Europa competitiva, sostenible e integradora. Si queremos conseguir este ambicioso objetivo, creo que los recursos financieros con los que cuente la UE tienen que ser igual de ambiciosos.

Por este motivo, creo que es necesario un incremento mínimo del 5 % para el presupuesto previsto para el próximo MFP. Asimismo, la UE ha de celebrar un debate en profundidad sobre el tema de los recursos propios en el que participen tanto representantes de las instituciones europeas como de los parlamentos nacionales, con el fin de alcanzar un consenso en torno a un sistema de recursos propios que garantice la ejecución efectiva de las políticas europeas. Apoyo la idea expresada en este informe acerca de la necesidad de canalizar los recursos hacia aquellas medidas dirigidas a lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

También estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de garantizar la coherencia y la complementariedad entre los diferentes instrumentos que existen actualmente para apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación. Por último, un presupuesto creíble debe ser coherente y garantizar un gasto eficiente evitando toda duplicación en el uso de los fondos.

  Françoise Castex (S&D), por escrito. – (FR) He votado a favor de este informe. La gran virtud de este informe es que trata de movilizar todos los recursos presupuestarios de la UE de manera coherente y como medio para hacer realidad la Estrategia Europa 2020, y que adopta una postura diametralmente opuesta al enfoque limitado de la mayoría de los Estados miembros. Mientras que estos miembros reducen Europa al denominador común de sus respectivas contribuciones, que desearían ver recortadas, y de sus rendimientos financieros, que desearían ver incrementados, este informe aboga por políticas comunitarias sólidas e integradas, tanto en lo relativo a las políticas de larga data como en lo referente a las nuevas competencias encomendadas en virtud del Tratado de Lisboa.

  Nessa Childers (S&D), por escrito. – Tenemos que orientar el presupuesto de la UE hacia el siglo XXI. El presupuesto debe ajustarse a nuestras ambiciones. Son necesarias nuevas inversiones paneuropeas para incrementar el valor añadido europeo actuando como un catalizador para captar más inversión privada y creando economías de escala. Se necesita una importante inversión ecológica en esferas como las infraestructuras renovables, con más parques eólicos en el norte y energía solar en el sur. La inversión irlandesa en energía eólica solo saldrá rentable, por ejemplo, si hay infraestructuras europeas para exportar esa energía a través del Reino Unido y Francia. Con el aumento del precio del petróleo y el daño medioambiental creciente, sabemos que la UE ahora debe avanzar hacia una sociedad más sostenible ganando eficiencia energética, utilizando más energía renovable, invirtiendo en el transporte público y garantizando que nuestros hijos vivan en un entorno limpio y saludable. El presupuesto de la UE a largo plazo también debería perseguir los llamados objetivos estratégicos de Europa 2020, en especial nuestros objetivos relacionados con el cambio climático e internacionalmente vinculantes. La PAC debería reformarse para pagar a los agricultores por el suministro de bienes públicos, como por ejemplo un mundo rural atractivo y rico en diversidad biológica. Tenemos que mantener el presupuesto de la PAC para garantizar que estos servicios medioambientales fundamentales se presten en Irlanda y en toda Europa.

  Philip Claeys (NI) , por escrito. – (NL) El informe sobre el marco financiero plurianual de la UE no tiene en cuenta en absoluto las frustraciones de los Estados miembros y de los votantes y contribuyentes de toda Europa. Seguimos oyendo llamamientos a incrementar los ingresos de la Unión Europea, al mismo tiempo que todos los demás niveles de administración están teniendo que hacer recortes. El hecho de que no tengamos esto en cuenta atestigua nuestra profunda arrogancia y alienación del mundo. Europa debe vivir con arreglo a sus posibilidades, limitarse a sus actividades fundamentales y ahorrar por sí misma en una serie de esferas. Solo de esta manera podremos restablecer la confianza entre los votantes.

  George Sabin Cutaş (S&D), por escrito. – (RO) He votado a favor del informe sobre el nuevo marco financiero plurianual porque introduce la opción de aplicar un impuesto sobre las transacciones financieras en el plano europeo. Así se impondría un gravamen a las transacciones financieras especulativas para desincentivar este tipo de práctica y se ayudaría a generar nuevos ingresos destinados a los Estados miembros de la Unión Europea.

  Christine De Veyrac (PPE), por escrito. – (FR) La Unión Europea, a través de su financiación para la investigación y la innovación, y por medio de su apoyo a la agricultura pero también al desarrollo regional, contribuye de manera muy tangible a estimular las economías europeas. Por esta razón, apoyo totalmente las propuestas aprobadas hoy por nuestro Parlamento para fijar el presupuesto de la Unión Europea para los próximos siete años. Con el fin de responder a las necesidades de los ciudadanos, el Parlamento ha propuesto crear, en el contexto de los Fondos Estructurales, una nueva categoría de regiones cuyo PIB per cápita se sitúe entre el 75 % y el 90 % del PIB de la Unión. Así, estas regiones recibirán ayuda financiera en función de unos criterios que se ajustan mejor a sus respectivas situaciones. Apoyo plenamente esta propuesta, que beneficiará directamente, por ejemplo, a los ciudadanos que viven en mi circunscripción en Languedoc-Rosellón.

  Philippe de Villiers (EFD), por escrito. – (FR) El Parlamento Europeo se ha pronunciado de nuevo sobre el presupuesto europeo a través del marco financiero plurianual, una especie de plan quinquenal de la UE.

Ahora bien, la UE, que exige a los Estados miembros lo que pueden ser sacrificios muy duros, no prevé en modo alguno aplicarse estos buenos consejos a sí misma. Las propuestas que figuran en este texto son poco realistas y se parecen más a encantos anestésicos; el derroche y la burocracia todavía tienen un futuro brillante por delante.

Lo que es peor aún: para librarse del «chantaje» de los Estados miembros, lógicamente reticentes a incrementar sus ya muy altas contribuciones, el Parlamento una vez más plantea la cuestión de los recursos propios para la UE, es decir, en definitiva, un impuesto europeo. «Haz lo que digo pero no lo que hago» podría ser el nuevo lema europeo.

  Karima Delli (Verts/ALE), por escrito. – (FR) Al aprobar este informe, celebro que se haya mantenido la enmienda 74, ya que aboga por la creación de una categoría de regiones denominada «intermedia» para el próximo periodo de programación 2007-2013 de la política de cohesión y por tanto va en el sentido de una distribución más equitativa de los Fondos Estructurales y de Cohesión entre las regiones.

  Lena Ek (ALDE), por escrito. – (SV) Tengo una opinión positiva de la atención especial que el informe presta a los retos comunes a los que se enfrenta Europa. Aborda las cuestiones del clima y el medio ambiente tratándolas como un elemento perteneciente a todas las esferas políticas, la lucha por la democracia, la paz y la libertad a escala mundial, y la necesidad urgente de investigación, innovación e infraestructuras. La Estrategia Europa 2020 y la inversión en iniciativas con un valor añadido europeo han impregnado los debates mientras se trabajaba en el informe. Sin embargo, me preocupa profundamente que hayamos conferido al Consejo la autoridad para establecer prioridades. El Parlamento Europeo debería haber tenido el valor de establecer prioridades. Aunque se incluyen todos los requisitos para una Europa competitiva, sostenible e integradora, no hay sin embargo manera alguna en el mundo de que podamos financiar todo al mismo tiempo con cargo al presupuesto de la UE. Quiero una estrategia negociadora realista y aplicable, lo cual no se ha logrado, ya que no se han establecido prioridades claras en este informe. Por tanto, me he abstenido en la votación final.

  Diogo Feio (PPE), por escrito. – (PT) En un momento en que la UE ya ha comprendido que son necesarios tanto una mayor coordinación de la política económica como un mayor control de la política presupuestaria, la idea de que el marco financiero plurianual (MFP) debería apoyar la gobernanza económica me parece sumamente pertinente.

Además de esta idea, encuentro innumerables asuntos en el informe que merecen que se trabaje en ellos y se estudien. Considero positivo que el MFP se ponga al servicio de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, así como la preocupación por mantener al menos el presupuesto de la política agrícola común (PAC) y conservar el sistema de dos pilares. Sin embargo, yo diría, una vez más, que el llamamiento a la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras ha aparecido de nuevo en un informe que no está directamente relacionado con el establecimiento de la política financiera, lo cual no considero una práctica transparente.

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. – (PT) Yo felicitaría al relator por su excelente trabajo, que ha dado lugar a un informe que nos permite empezar a elaborar el próximo marco financiero plurianual (MFP) para el periodo posterior a 2013, lo cual constituye un reto para la Comisión y para el Consejo.

La Estrategia Europa 2020 es consensual, sus prioridades son claras y sus objetivos son mensurables. Será la guía para las próximas perspectivas financieras. Sin embargo, la estrategia solo tendrá éxito si cuenta con unos presupuestos que se corresponden con sus acciones y objetivos. En este sentido, es necesario que los valores del MFP se ajusten a la ambición y el compromiso que constituye la Estrategia Europa 2020. La política de cohesión es resultado del principio de solidaridad. Es importante que esta cohesión sea económica, social y territorial, y que apoye a las regiones más pobres. Considero esencial que la financiación de la política de cohesión al menos se mantenga en los mismos niveles.

La política agrícola común (PAC) ha sido un éxito. Por tanto, las cuantías totales destinadas a la agricultura también deberían mantenerse y distribuirse de manera más equitativa. Es importante que avancemos hacia un MFP cuyos ingresos no dependan de los presupuestos nacionales en más de un 80 %. Por consiguiente, hay una necesidad apremiante de seguir adelante con el debate sobre los nuevos recursos propios.

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. – (PT) El ponente ha afirmado que ha llegado la hora de poner fin a las declaraciones de intenciones proclamadas a voz en grito que no están debidamente respaldadas con los recursos financieros que permiten que los objetivos anunciados se alcancen en la práctica. Este informe es un ejemplo perfecto de este ejercicio. Al proponer básicamente que el presupuesto de la UE se congele hasta la revisión de 2020, con un incremento residual del 5 %, se están poniendo en peligro muchos de los objetivos que figuran a lo largo de sus 40 páginas, particularmente, el de la cohesión social y económica.

Ante una grave crisis económica y social, exacerbada por la política de la UE, los presupuestos propiciados por estas perspectivas financieras resultarán de este modo incapaces de garantizar una función redistributiva, esencial para la aplicación efectiva del principio de cohesión. Hemos formulado innumerables propuestas sobre la necesidad de incrementar el presupuesto de la UE para apoyar la cohesión económica y social, así como para reducir la obligatoriedad de las contribuciones nacionales, recortándolas hasta un máximo del 10 % del coste total del proyecto presentado, particularmente en los países que atraviesan las mayores dificultades financieras. Además, hemos estado subrayando la importancia de fomentar la inversión en los servicios públicos, de apoyar la producción, de crear puestos de trabajo con derechos, de erradicar la pobreza y de combatir la desigualdad social.

La senda que propone este informe es otra cosa; es algo muy diferente. Por eso hemos votado en contra de él.

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), por escrito. – (PT) A pesar de que presenta algunos puntos positivos esporádicos, el informe no recomienda una ruptura ni un cambio con respecto a las políticas de la Unión Europea relacionadas con sus recursos financieros. Por tanto, hemos votado en contra.

Es especialmente grave que el informe no aborde, como una prioridad absoluta, la respuesta a los graves problemas sociales creados por la crisis económica y social, con un aumento significativo del presupuesto de la UE para apoyar la cohesión económica y social, acompañado de un recorte de las contribuciones nacionales obligatorias, reduciéndolas hasta un máximo del 10 % del proyecto presentado. Ante todo, en los países que atraviesan las mayores dificultades financieras, debería comprometerse con la inversión en los servicios públicos, con el apoyo a la producción, con la creación de puestos de trabajo con derechos, con la erradicación de la pobreza y con la lucha contra la desigualdad social y contra todos los tipos de discriminación, entre otros la discriminación por motivos de género.

También es necesario promover la paz, la cooperación y ayuda al desarrollo, y un recorte significativo del gasto militar y la representación en el exterior.

Lamentablemente, el informe se limita a proponer un incremento residual de los valores actuales del presupuesto de la UE del 5 %, a pesar de oponerse a la congelación del presupuesto de la UE para el periodo posterior a 2013, como proponen algunos Estados miembros. Sin embargo, este incremento propuesto significa que el próximo marco financiero plurianual (perspectivas financieras) 2014-2020 representaría tan solo el 1,11 % de la renta nacional bruta (RNB) de la UE, frente al 1,06 %, cifra prevista para 2013.

  Monika Flašíková Beňová (S&D), por escrito. – (SK) En una situación en la que muchos Estados miembros están aplicando duras medidas fiscales, el presupuesto de la UE tiene que justificarse mejor de lo que jamás se ha hecho antes. Debe garantizar el nivel más alto posible de valor añadido europeo, debe gestionarse con sensatez y debe apoyar los recursos públicos y privados tanto como sea posible. La estructura del futuro marco financiero plurianual (MFP) debería ser realista, permitir una continuidad de la planificación y evitar las deficiencias del MFP actual, especialmente la falta de flexibilidad dentro de las esferas. Con respecto al método para desarrollar un sistema de recursos propios para la UE, que se está sustituyendo paulatinamente por las contribuciones de los Estados miembros y, en consecuencia, se percibe como una carga excesiva para las finanzas públicas de los Estados miembros, la reforma de este sistema es más necesaria ahora que en cualquier tiempo pasado.

En mi opinión, un mejor sistema para garantizar la equidad, la transparencia y suficientes ingresos presupuestarios permitiría que el proceso de toma de decisiones presupuestarias se centrara más en las prioridades clave de la Unión. En particular, las excepciones existentes y los mecanismos de corrección deben eliminarse progresivamente, lo que constituiría un paso esencial hacia un presupuesto de la UE más equitativo y transparente.

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), por escrito. – El presupuesto comunitario después de 2013 ha de cumplir el objetivo de mantener la competitividad, aumentar el crecimiento económico y combatir la alta tasa de desempleo en Europa. Creo que la agricultura y una política agrícola común fuerte y con los recursos necesarios son centrales para la consecución de este objetivo. Apoyo totalmente la petición recogida en el informe de establecer un nexo entre la agricultura y la Estrategia Europa 2020 porque creo firmemente que la agricultura y el sector alimentario pueden contribuir de forma valiosa al futuro crecimiento económico en Irlanda y en toda Europa. Por eso es fundamental que protejamos y mantengamos los aproximadamente 1 700 millones de euros que recibe Irlanda anualmente con arreglo a la política agrícola común. Una política agrícola común bien financiada protegerá la seguridad alimentaria de Europa, contribuirá a la consecución de nuestros objetivos relacionados con el cambio climático y mantendrá el empleo en nuestras comunidades rurales. Me complace que el informe reconozca el papel que desempeñan el sector pesquero y el de la acuicultura en el mantenimiento del empleo en las costas, islas y regiones remotas. Opino que tenemos que destinar más financiación a estas comunidades con arreglo al Fondo Europeo de la Pesca después de 2013. El proceso de paz en Irlanda se ha beneficiado enormemente del presupuesto de la UE. Insto a todos los diputados a que apoyen la conservación de estos programas tan importantes.

  Bruno Gollnisch (NI), por escrito. – (FR) Seré breve: sin perjuicio de la excepcional extensión del texto, el Parlamento pide que se ajuste el presupuesto comunitario, su cantidad total y distribución, después de 2013 a las competencias y al enorme número de prioridades de la UE, tal y como él las define.

Por tanto, pide que se aumente por lo menos un 5 % en primera instancia. ¿Cómo se financiará?, ¡con un nuevo impuesto europeo, por supuesto!, ¿a quién intentan engañar? Europa ya cuesta bastante. ¿Cuál ha sido el resultado? Impotencia ante la crisis, daño por parte del euro, acuerdos comerciales y el Acuerdo de Schengen, posiciones inútiles, intromisiones y obstáculos en otros ámbitos.

En un momento en el que se pide a los Estados miembros que recorten drásticamente sus propios presupuestos, se pide a los ciudadanos que se aprieten el cinturón, se debilitan los sistemas de seguridad social debido al desempleo y la inmigración mientras que los responsables de la crisis siguen forrándose y los mercados siguen especulando, resulta obsceno que esta asamblea confabulada con Bruselas pida un solo céntimo más para seguir con estas políticas y empeorarlas.

  Estelle Grelier (S&D), por escrito. – (FR) Con la aprobación del informe Garriga sobre los retos políticos y los recursos presupuestarios para una Unión Europea sostenible después de 2013, el Parlamento se anticipa, aunque de forma demasiado tímida para mi gusto, al debate sobre las futuras perspectivas financieras de la Unión. Este informe reitera su oposición a enfrentar entre sí las diferentes políticas dentro de la competencia de la UE e insiste en la necesidad de movilizar fondos suficientes siendo coherente con la Estrategia Europa. Envía un mensaje claro a los Estados miembros: nuestro objetivo es defender políticas bien integradas y hacerlo mediante el aumento del presupuesto al menos un 5 %. Además, en un contexto donde los ciudadanos están sometidos a medidas de austeridad, tenemos que mantener una política de cohesión sólida. Esto es lo que proponemos en este informe, y defendemos que el plan cree una categoría intermedia de regiones que permita una distribución de los Fondos Estructurales que sea más acorde con las verdaderas situaciones económicas y sociales de nuestros territorios. Por último, la Unión ha de dotarse a sí misma de recursos financieros que se correspondan con sus ambiciones. Por tanto, hemos reiterado nuestro deseo de introducir un impuesto sobre las transacciones financieras; un proyecto muy defendido por el público y que contribuiría a que apoyasen más el proyecto Europeo.

  Roberto Gualtieri (S&D), por escrito. – (IT) Con el voto a favor del informe Garriga Polledo el Parlamento ha manifestado su opinión sobre el futuro del presupuesto europeo y ha presentado una propuesta ambiciosa para el próximo marco financiero plurianual. La petición de aumentar el presupuesto comunitario un 5 % después de 2013 y, por tanto, aumentar el total de la RNB de la Unión de 1,06 % a 1,11 %, corresponde al deseo de hacer honor a los compromisos contraídos para apoyar principalmente el crecimiento y desarrollo de la Estrategia Europa 2020 para la que se necesitan los recursos apropiados. De hecho, es importante que recordemos el valor añadido del presupuesto europeo, que puede actuar junto con los presupuestos nacionales como motor del crecimiento económico, de la investigación y desarrollo y del empleo, sobre todo para los jóvenes.

El informe refuerza además la posición del Parlamento a favor de los instrumentos financieros nuevos: el impuesto sobre las transacciones financieras y los eurobonos, que representan una oportunidad para la economía europea. Ahora depende de la Comisión aceptar la ambición del Parlamento, presentar sus propuestas para el próximo marco financiero europeo y no ser víctima de las políticas presupuestarias restrictivas de los Estados miembros.

  Sylvie Guillaume (S&D), por escrito. – (FR) He votado a favor de este informe porque hace un llamamiento para crear políticas comunitarias sólidas e integradas. Hay otros dos puntos importantes que cuentan con mi apoyo: en primer lugar, la creación de una categoría de «regiones intermedias» dentro de la política de cohesión a fin de garantizar que la distribución de los Fondos Estructurales se corresponde mejor con la verdadera situación económica y social de los territorios y, en segundo lugar, el nuevo llamamiento para la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras como un nuevo recurso para salvaguardar las políticas económicas europeas. En una época de políticas de austeridad y cuando la especulación financiera sin límites persiste, es justo pedir que el sector financiero cumpla su papel en la reactivación de una economía que se ha visto golpeada por su conducta irresponsable.

  Małgorzata Handzlik (PPE), por escrito. – (PL) La resolución aprobada por el Parlamento Europeo es nuestra primera aportación al debate sobre la futura perspectiva financiera. Apoyo totalmente la propuesta de aumentar el presupuesto de la UE en la próxima perspectiva presupuestaria. Creo que la UE necesita un presupuesto ambicioso que se corresponda con los retos a los que nos enfrentamos. Reducir o congelar el presupuesto europeo, tal y como proponen algunos Estados miembros, no es una buena solución para la economía europea. El presupuesto europeo tiene que ser un presupuesto que apoye a los Estados miembros a medida que salen de la crisis, y que también pueda responder a sucesos imprevistos de forma más flexible. Asimismo, celebro el apoyo del Parlamento a la idea de clasificar algunas zonas como regiones intermedias a fin de garantizar que se promueve su futuro desarrollo a pesar de que excedan actualmente el criterio vinculante del 75 % del PIB de la UE. La introducción de esta categoría ayudará a las regiones que siguen enfrentándose a muchos problemas de desarrollo aunque hayan excedido la media comunitaria y, en un futuro próximo, esto incluirá también a las regiones polacas.

  Anna Hedh (S&D), por escrito. – (SV) Creo que hemos de dotar al presupuesto comunitario de los recursos suficientes para poder financiar los compromisos que se han decidido. Al mismo tiempo, quisiera hacer hincapié en que la UE debería tener una actitud comedida y proporcionar estos recursos mediante la redistribución del presupuesto comunitario existente. No creo que debamos aumentar el total del presupuesto. Preferiría reducir el presupuesto agrícola para favorecer las prioridades de investigación y desarrollo y la conversión a la energía ecológica, etc. establecidas en la Estrategia Europa 2020. Por tanto, tampoco creo que se deba mantener el nivel presupuestario para la agricultura después de 2013, pero acogería con satisfacción la distribución de la ayuda agrícola entre los Estados miembros a partes iguales.

Además, creo que es muy importante mejorar la eficiencia del gasto administrativo de la UE y una forma de hacerlo es aumentar la transparencia del proceso de distribución y utilización de este gasto.

No creo que se deba revisar el límite máximo de los recursos propios porque se debería poder financiar la política comunitaria con el umbral de ingreso actual. También considero necesario revisar el sistema de recursos propios de la UE. El sistema actual es muy complicado y carece de transparencia. Los reembolsos no han hecho que el sistema sea más justo sino que han generado una serie de excepciones y correcciones nuevas. Sin embargo, un cambio en este sistema no confiere a la UE un derecho directo de tributación puesto que el Tratado no prevé tal competencia para la Unión. Cualquier modificación del sistema de los recursos propios requiere además la aprobación de todos los Estados miembros para que entre vigor.

  Gunnar Hökmark (PPE), por escrito. – (SV) En la votación del informe sobre el presupuesto de la UE a largo plazo en Estrasburgo el 8 de junio de 2011, nosotros, conservadores suecos del Parlamento Europeo, hemos votado en contra de la propuesta porque no fija prioridades para gastos importantes y menos importantes que consideramos que son necesarios. En lugar de demostrar liderazgo y centrarnos en lo que traerá crecimiento y competitividad a Europa, la propuesta pide un aumento del presupuesto del 5 % a fin de evitar la necesidad de priorizar. En un momento en el que los Estados miembros de la UE se enfrentan a déficits presupuestarios masivos y a una creciente deuda nacional, el Parlamento Europeo decide pedir más dinero para la UE. Esta es una línea que no podemos apoyar. Lo que deberíamos hacer, en cambio, es eliminar gradualmente las subvenciones para la política agrícola común y los Fondos Estructurales pero, lamentablemente, la propuesta que se ha votado va en la dirección opuesta. Aunque votamos en contra del informe general celebramos los términos de la propuesta que conciernen al «aumento significativo» de la rúbrica de ciencia e investigación. Esto es algo por lo que hemos trabajado muy duro y su inclusión es un paso en la dirección correcta.

  Juozas Imbrasas (EFD), por escrito. – (LT) Cuando determinemos la perspectiva financiera de la UE 2014-2020, tenemos que asegurar que se financian debidamente áreas que estimulen el crecimiento económico y un desarrollo satisfactorio, en otras palabras, centrarnos en investigación y fomentar las innovaciones, combatir el desempleo, la pobreza y la exclusión, prepararnos adecuadamente para los retos demográficos, hacer un uso responsable de los recursos naturales, seguridad interna y externa, política regional y agrícola y el desarrollo de la infraestructura energética y de transporte. Me he abstenido de votar este documento porque tenemos que revisar fundamentalmente la política agrícola común que debe garantizar un sistema justo y uniforme de pagos directos y muchas otras áreas importantes sin las que no podríamos crear una Europa competitiva y fuerte.

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), por escrito. – (RO) Este informe es quizás uno de los más importantes de esta legislatura. Tuve la oportunidad de ser ponente de la Comisión de Cultura y Educación y creo que el acuerdo al que se ha llegado, aunque dista de ser perfecto, es probablemente el mejor que se podía lograr con la situación económica actual. He votado convencido a favor del informe y espero que envíe un mensaje claro al Consejo que tendrá en cuenta la posición del Parlamento Europeo.

  Sandra Kalniete (PPE), por escrito. – (LV) He votado a favor de esta resolución porque identifica los principales problemas y prioridades de la UE en el nuevo marco financiero plurianual. Quisiera hacer especial hincapié en la petición recogida en la resolución para que la Comisión presente propuestas para tener una política agrícola común (PAC) eficaz y eficiente que distribuya de forma más justa los pagos directos entre los Estados miembros y los agricultores, refuerce la condicionalidad para la entrega de los bienes públicos que espera la sociedad y financie los pagos a los agricultores. Defiendo totalmente la petición de que se mantengan los fondos asignados a la política agrícola común en el presupuesto del ejercicio 2013 al mismo nivel para el próximo período de programación financiera también, para que la política agrícola común pueda cumplir su amplia gama de objetivos y tareas. El nuevo sistema financiero de la UE ha de ser más transparente, más simple y más justo. Por eso apoyo las propuestas que defienden el reemplazo gradual del sistema de contribuciones nacionales, que se centra de forma desproporcionada en los equilibrios netos entre los Estados miembros en lugar de en el principio de solidaridad europea y en el interés común europeo, por los recursos propios de la Unión, que la UE recaudaría de forma directa e independiente de los presupuestos nacionales.

  Krišjānis Kariņš (PPE), por escrito. – (LV) Aunque el informe del Parlamento Europeo sobre invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora contiene muchas ideas que deberíamos defender, no lo he apoyado porque creo que perjudica la imagen de la UE a los ojos de sus ciudadanos. El informe sugiere un aumento de la carga fiscal a los ciudadanos europeos y no puedo estar de acuerdo con eso. Se puede estar de acuerdo en que Europa ha de tener sus propias finanzas y que esto se puede hacer mediante la recaudación de impuestos. Sin embargo, esto requiere la creación de una Europa federal, que se debería hacer mediante debates abiertos y no por la puerta de atrás utilizando la política fiscal. Si queremos seguir en esta dirección tenemos que asegurarnos primero de que los Estados miembros aceptan renunciar a sus ingresos fiscales por el bien de la UE y solo entonces podremos crear un presupuesto común autofinanciado. Para tomar este tipo de decisión, los políticos europeos deben involucrar a la sociedad algo que no ha sucedido en este caso.

  Giovanni La Via (PPE), por escrito. – (IT) Quisiera felicitar al señor Garriga Polledo por el magnífico trabajo que ha realizado sobre un tema importante como es la futura perspectiva financiera. El señor Garriga Polledo ha presentado a esta Cámara un resumen efectivo que abarca las posturas de las diferentes delegaciones nacionales y grupos políticos. Apoyo firmemente la decisión de pedir un aumento de los recursos para el próximo marco financiero plurianual de al menos el 5 %. Además, quisiera destacar la parte del informe sobre política agrícola común, en vista de mi papel como ponente de opinión para la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural. Por tanto, apoyo totalmente la decisión de mantener al menos el presupuesto agrícola actual, recordando que la política agrícola común es la única política europea real que puede desempeñar un papel importante en un sector estratégico que proporciona bienes para el uso público y genera un verdadero valor añadido europeo. Por último, quisiera destacar la votación sobre la política de cohesión, en la que se consiguió añadir una cláusula de salvaguarda en el caso de que se introduzcan categorías intermedias para evitar que se retiren los recursos de las regiones que tienen derecho a la financiación con arreglo a los objetivos de convergencia, competitividad y cooperación. Esto significa que se necesitarán recursos adicionales para financiar un nuevo objetivo.

  Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog y Åsa Westlund (S&D), por escrito. – (SV) Creemos que hay que dotar al presupuesto comunitario de los recursos suficientes para poder financiar los compromisos que se han decidido. Al mismo tiempo, quisiéramos hacer hincapié en que la UE debería tener una actitud comedida y proporcionar estos recursos mediante la redistribución del presupuesto comunitario existente. Preferiríamos reducir el presupuesto agrícola para favorecer las prioridades de investigación y desarrollo, y la conversión a la energía ecológica, etc. establecidas en la Estrategia Europa 2020. Por tanto, tampoco creemos que se deba mantener el nivel presupuestario para la agricultura después de 2013, pero acogeríamos con satisfacción la distribución de la ayuda agrícola entre los Estados miembros a partes iguales.

Además, creemos que es muy importante mejorar la eficiencia del gasto administrativo de la UE y una forma de hacerlo es aumentar la transparencia del proceso de distribución y utilización de este gasto.

No creemos que se deba revisar el límite máximo de los recursos propios porque se debería poder financiar la política comunitaria con el umbral de ingreso actual. También veo la necesidad de revisar el sistema de recursos propios de la UE. El sistema actual es muy complicado y carece de transparencia. Los reembolsos no han hecho que el sistema sea más justo sino que han generado una serie de excepciones y correcciones nuevas. Sin embargo, un cambio en este sistema no confiere a la UE un derecho directo de tributación puesto que el Tratado no prevé tal competencia para la Unión. Cualquier modificación del sistema de los recursos propios requiere además la aprobación de todos los Estados miembros para que entre vigor.

  Petru Constantin Luhan (PPE), por escrito. – (RO) Esta propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora es importante en cuanto a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 (con respecto a recobrar y proporcionar protección a largo plazo para los niveles de crecimiento económico) y en cuanto a evitar que se repita la crisis económica actual.

Este informe dice que la Estrategia Europa 2020 debería definir las políticas del nuevo MFP puesto que los objetivos de la Estrategia solo se pueden lograr si hacemos un uso óptimo de los recursos existentes (que establecen las políticas pertinentes).

Por tanto, el proceso de fijar las prioridades clave para el futuro MFP como: conocimiento para el crecimiento económico, cohesión para el crecimiento económico y el empleo, gestión de los recursos naturales y desarrollo sostenible, ciudadanía y una Europa Global, ayudarán a asegurar una asignación adecuada y una utilización óptima de los fondos existentes. La elaboración de un nuevo MFP, tal y como se recoge en este informe, contribuirá a idear un Plan de acción a largo plazo que produzca resultados definitivos y ofrezca el potencial para garantizar el crecimiento económico de la UE.

  Astrid Lulling (PPE), por escrito. – (FR) He apoyado el informe del señor Garriga Polledo porque creo que su esquema general está justificado en vista de las dificultades a las que se va a enfrentar la Unión durante los próximos años. Resulta poco realista transferir nuevas responsabilidades a Europa sin aumentar los recursos financieros que pueda utilizar.

Sin embargo, me hubiese gustado que el Parlamento Europeo hubiese avanzado más allá de la fase de demandas legítimas y hubiese fijado un cierto número de prioridades. La frase «más que nunca» de algunos de mis compañeros diputados es una respuesta demasiado simplista. Lo que necesitamos es ser convincentes sobre la eficiencia del gasto europeo en comparación con el gasto nacional. Además, la dimensión cualitativa del gasto es cuanto menos igual de importante que la cuantitativa. Por último, transferir los fondos no gastados a nivel comunitario al presupuesto de la UE en lugar de devolverlos a los Estados miembros constituye una fuente considerable de «ahorro».

En cuanto a la introducción de un sistema de recursos propios, sigo teniendo muchas dudas sobre la introducción unilateral de un impuesto sobre transacciones financieras sin contar con un estudio de impacto serio. Defender una medida de esta naturaleza sin conocer sus repercusiones demuestra que la mayoría del Parlamento Europeo está desencaminada.

  David Martin (S&D), por escrito. – He votado en contra de esta resolución con gran pesar. Aunque creo que se puede obtener un gran valor si los veintisiete Estados miembros juntan sus recursos, no pude votar a favor del aumento del 5 % del presupuesto de la UE después de 2013 cuando no hemos analizado de forma exhaustiva el gasto actual con miras a eliminar el despilfarro y la duplicación. El presupuesto de la UE a partir de 2013 ha de priorizar el crecimiento y la creación de empleo.

  Clemente Mastella (PPE), por escrito. – (IT) El presupuesto de la UE debe proporcionar el más alto grado de valor añadido europeo (VAE), debe ser cuidadosamente gestionado, y debe aprovechar todos los recursos públicos y privados posibles. Con el fin de responder ante las dificultades que tenemos por delante, apoyamos los objetivos de la Estrategia Europa 2020, una estrategia que debería ayudar a Europa a recuperarse de la crisis y a salir fortalecida, a través de la creación de empleo y del crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Es la referencia política del próximo MFP y debe ser lo más ambiciosa posible. Con este telón de fondo, creemos que las prioridades clave para el próximo MFP se deberían agrupar en torno a los siguientes temas: conocimiento para el crecimiento y el empleo, desarrollo sostenible, cohesión para el crecimiento económico y el empleo, ciudadanía y una Europa Global. La estructura del próximo MFP debe ser realista, facilitar la continuidad de la planificación y evitar las deficiencias del actual MFP. Debe lograr un equilibrio adecuado entre la estabilidad, la previsibilidad a medio plazo y la flexibilidad. Por último, creemos que para que el presupuesto de la UE sea más equitativo y transparente, se deberían eliminar progresivamente las excepciones y los mecanismos de corrección existentes.

  Iosif Matula (PPE), por escrito. – (RO) El informe Garriga es una prueba para ver la eficiencia con la que están funcionando las políticas comunitarias para el futuro periodo de programación. El ponente nos presenta un gran reto que implica satisfacer los intereses nacionales, que son tan diversos, y, al mismo tiempo, mejorar el valor añadido europeo que se refleja en el MFP.

Creo que los ciudadanos europeos han de conocer mejor los objetivos de la política de cohesión. Una Europa fuerte, es decir, una Europa que pueda hacer frente a un entorno mundial competitivo, se logra manteniendo una política de cohesión como elemento clave de las políticas comunitarias destinada a lograr un desarrollo equilibrado en cada región. Quiero insistir en que se mantenga una proporción importante de las futuras perspectivas presupuestarias para la política de cohesión. Reducir las disparidades económicas y sociales dentro de la UE ha de seguir siendo una prioridad principal.

Para obtener los resultados propuestos tenemos que mantener los principales criterios para la asignación de fondos de acuerdo con el nivel de desarrollo y la convergencia entre las regiones de la UE. Apoyo este informe porque creo que reforzar el MFP después de 2013 es una solución viable que implica modificar la estructura actual. Además de proporcionar financiación a la investigación y desarrollo y a la energía y transporte, tenemos que considerar también invertir en ámbitos como la cohesión y la agricultura.

  Mario Mauro (PPE), por escrito. – (IT) El informe del señor Garriga Polledo «invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora» es un paso muy importante para la reorganización institucional y económica de la UE tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Todos sabemos que el nuevo Tratado pide que se reflejen nuevos ámbitos de competencia en el próximo MFP. Esto desde luego que nos ayudará a hacer frente a los nuevos retos mundiales. He votado a favor.

  Arlene McCarthy (S&D), por escrito. – Los diputados laboristas creen que el centro y la prioridad del gasto de la UE debe ser la financiación de la inversión económica y la investigación que impulsa la economía y crea empleos. Si orientamos el gasto de la UE podemos impulsar las economías locales y generar trabajo en nuestras comunidades. Ante los recortes gubernamentales, la UE está proporcionando fondos vitales para las regiones del Reino Unido. Sin embargo, los contribuyentes quieren ver más rentabilidad. Por eso los diputados laboristas votamos en contra de las peticiones para que se aumentase el presupuesto un 5 %. Se puede y se debe ahorrar en otros ámbitos, en concreto, en la política agrícola común, incluidas las perniciosas subvenciones a la exportación agrícola y al tabaco para financiar las prioridades económicas de Europa.

El debate sobre el próximo MFP es una oportunidad para que haya una reforma fundamental y hay que aprovecharla. La política de «mantenimiento de la situación actual» no es una opción para una Europa que necesita financiación para los empleos y el crecimiento. Los diputados laboristas no creen que las familias deban seguir soportando todo el coste de la contribución presupuestaria del Reino Unido. Por eso respaldamos un debate sobre las formas alternativas de financiar la UE, reducir la cantidad procedente del IVA y el presupuesto nacional mediante alternativas como pueden ser las medidas coordinadas destinadas a un sector financiero que paga menos impuestos de los que debiera.

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), por escrito. – (FR) Este informe hace que la Estrategia Europa 2020 sea el propio marco del futuro presupuesto europeo. Aprueba el semestre europeo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad y el Pacto Euro Plus. No se dice una sola palabra sobre el tema nuclear; ¿debería haber un presupuesto al respecto? No lo creo.

  Nuno Melo (PPE), por escrito. – (PT) En este momento muchos Estados miembros están llevando a cabo difíciles ajustes fiscales, en el caso del presupuesto de la UE tiene que estar mejor justificado que nunca. El presupuesto de la UE debe proporcionar el más alto grado de valor añadido europeo (VAE), debe ser cuidadosamente gestionado, y debe aprovechar todos los recursos públicos y privados posibles.

La Estrategia Europa 2020 es la respuesta de la UE a estos retos. Es una estrategia que debería ayudar a Europa a recuperarse de la crisis y a salir fortalecida, a través de la creación de empleo y del crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Estoy de acuerdo con el ponente cuando dice que «la Estrategia Europa 2020 debe ser la referencia política del próximo MFP y debe reflejar las ambiciones de la estrategia». Las prioridades del próximo MFP se deben agrupar en torno a los siguientes temas: conocimiento para el crecimiento; cohesión para el crecimiento y el empleo; gestión de los recursos naturales y desarrollo sostenible; ciudadanía; y una Europa global.

  Alexander Mirsky (S&D), por escrito. – El informe de la Comisión Especial sobre los Retos Políticos y los Recursos Presupuestarios define las prioridades políticas del Parlamento para el MFP después de 2013. Un punto importante del informe es la petición de introducción gradual de uno o varios recursos propios genuinos para sustituir el sistema basado en la RNB y lograr un sistema financiero autónomo, más justo, más transparente, más simple y equitativo. Si queremos evitar el uso abusivo de las cifras de contabilidad hay que apoyar este informe. He votado a favor.

  Andreas Mölzer (NI), por escrito. – (DE) Desde el fiasco del paquete de rescate del euro, se ha pedido a los contribuidores netos que paguen hasta dos y tres veces más. En los próximos años, se despilfarrará dinero contante y sonante en estos mecanismos de rescate en lugar de en garantías. Esto tendrán que financiarlo los contribuidores netos, es decir, los trabajadores de Alemania, Francia, Italia, los Países Bajos y Austria, de sus presupuestos nacionales; ya se han notado los primeros dolorosos recortes en estos países. Pedir que se aumente el presupuesto con esta difícil situación resulta escandaloso. No necesitamos un presupuesto de la UE hinchado que quizá sea hasta diez veces mayor de lo necesario; no necesitamos que el contribuyente europeo financie un presupuesto comunitario que ha ignorado totalmente la necesidad de economizar; no necesitamos seguir hinchando la burocracia de Bruselas que deja en cueros a los contribuidores netos. Lo que deberíamos hacer, en cambio, es aprovechar constantemente toda oportunidad de ahorrar.

Se debería volver a nacionalizar las subvenciones a la agricultura, el factor presupuestario más grande y más contencioso. Esto aliviaría la presión del presupuesto de la UE y los Estados miembros podrían responder mejor al carácter específico de su sector agrícola. Por esta razón, no dudo en votar en contra del informe Garriga Polledo.

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), por escrito. – (RO) He votado en contra de la enmienda 39 de este informe y, en consecuencia, a favor de la enmienda 62. Creo que se necesita una categoría intermedia para las regiones durante el próximo periodo de programación con la única condición de que la asignación de fondos para estas regiones no afecte a las asignaciones destinadas a lograr los objetivos de convergencia y competitividad.

  Sławomir Witold Nitras (PPE), por escrito. – (PL) Hoy, durante la votación del informe Garriga Polledo sobre invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora, me he abstenido de votar las enmiendas presentadas por el Grupo S&D, Verts/ALE y GUE/NGL relativas a la transmisión a la Comisión Europea de las sugerencias sobre la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras. No pude apoyar este tipo de actuación aunque soy un ferviente defensor de un impuesto que proporcione a la UE sus propios ingresos. Un impuesto europeo asegurará que se puedan cumplir los objetivos de la UE sin las restricciones impuestas por las posiciones de los Estados miembros, que demasiado a menudo sacrifican los intereses de la UE por objetivos a corto plazo. Sin embargo, creo que no es sensato proponer solamente la introducción de un impuesto sobre transacciones financieras en la UE. Nos enfrentamos al reto de hacer que la economía europea sea la más competitiva del mundo y, en mi opinión, es inaceptable crear una carga que va a tener el flujo de capital de Europa como resultado. Del mismo modo creo que los intentos de introducir un impuesto sobre las emisiones de carbono como alternativa al impuesto sobre las transacciones financieras son excepcionalmente dañinos.

  Franz Obermayr (NI), por escrito. – (DE) Se está pidiendo a los trabajadores de Europa que paguen cada vez más. Tras el desastre del paquete de rescate del euro, que simplemente supuso que los contribuidores netos recibieran el golpe por la mala gestión y la corrupción de algunos países del Sur, el plan pide ahora a los ciudadanos ya sobrecargados de los países contribuidores netos que suelten todavía más dinero. En lugar de aprovechar toda oportunidad para ahorrar dinero, se aumenta más el gasto. Nuestro objetivo debería ser reducir la carga, no aumentarla. Por tanto, he votado en contra de esta propuesta.

  Rolandas Paksas (EFD), por escrito. – (LT) Tenemos que establecer un MFP que garantice la financiación transparente y eficiente de la política comunitaria y evite una repetición de la crisis. La Estrategia Europa 2020 debe ser la referencia política del próximo MFP. Sobre todo, cualquier sistema nuevo de financiación del presupuesto no debería aumentar la carga de las arcas nacionales o la carga fiscal de los ciudadanos. Si queremos paliar el descontento de los ciudadanos de la UE con el gasto actual, tenemos que mejorar la calidad de la ejecución y aplicación del gasto. Tenemos que mejorar la transparencia de la asignación y utilización de fondos y reducir los costes administrativos y la burocracia. Debemos prestar especial atención a la reducción de la pobreza y el desempleo, a la industria y la energía, y a la construcción de una sociedad basada en el conocimiento. Tenemos que prever la financiación adecuada para la investigación y los proyectos de desarrollo a gran escala. Dada la importancia de las PYME, hay que dedicar los recursos financieros adecuados para mejorar las condiciones en las que trabajan. No estoy de acuerdo con la propuesta de reducir la financiación asignada a la política agrícola común en el futuro porque el sector agrícola es particularmente delicado. La reducción de la financiación tendrá consecuencias especialmente negativas para los agricultores en todos los países de la UE. El Fondo Social Europeo debería pasar a ser una prioridad política a fin de lograr los objetivos sociales y de empleo. Tenemos que mejorar los sistemas para controlar y evaluar la aplicación de la política de cohesión. Puesto que nos acercamos a una nueva fase de ampliación de la UE, el MFP tiene que prever un gasto debidamente equilibrado.

  Alfredo Pallone (PPE), por escrito. – (IT) He votado a favor del informe del señor Garriga Polledo porque creo que en el futuro, los instrumentos financieros deberían ser eficientes, fortalecer la cohesión y preparar a la UE para las dificultades que presenta el mercado mundial. Estoy de acuerdo con el contenido del texto, aunque hay dos puntos con los que discrepo y a los que me he opuesto: el impuesto sobre las transacciones financieras y las enmiendas para introducir la «categoría intermedia». No creo que se deba incluir una referencia al impuesto sobre las transacciones financieras en este informe. Es importante que haya un debate sobre este impuesto pero requiere un análisis exhaustivo. La adición de una categoría intermedia, por otro lado, comprometería el enfoque horizontal con respecto a las regiones del Objetivo 2, que ha demostrado ser eficiente en los últimos años, el sistema de eliminación progresivo y los fondos para las regiones del Objetivo 1. Esto perjudicaría a las regiones italianas y beneficiaría a las regiones de los nuevos Estados miembros que, con la reciente ampliación, ya han recibido parte ingente de la financiación.

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), por escrito. – (PT) El nuevo MFP es fundamental para que se lleve a cabo como es debido la Estrategia Europa 2020 y, en términos generales, para poder proporcionar las condiciones para que haya un desarrollo sólido que pueda responder tanto a los problemas que están experimentando los diferentes ciudadanos de Europa como a las expectativas de que su vida mejore. En este contexto, recomiendo al autor del informe sobre la propuesta de un MFP de siete años, en línea con la Estrategia Europa 2020, sujeta a una revisión a medio plazo, que defienda, como mínimo: el mantenimiento del presupuesto de la UE, con especial hincapié en la política agrícola común y en la política de cohesión; una mayor flexibilidad que se ha vuelto más necesaria porque las limitaciones financieras se han vuelto más tangibles y también una mayor responsabilidad democrática para que los fondos europeos fomenten verdaderamente proyectos de desarrollo que puedan ser sostenibles.

En este contexto, es importante que las regiones que ya han salido del Objetivo 1 puedan pasar a una fase intermedia y reforzar así el desarrollo del que se han demostrado capaces, en lugar de que se queden abandonadas de repente, poniendo en peligro el progreso que se ha conseguido mientras tanto.

  Marit Paulsen, Olle Schmidt y Cecilia Wikström (ALDE), por escrito. – (SV) Estamos de acuerdo con que el informe se centre en los retos comunes a los que nos enfrentamos: cambio climático y temas medioambientales, paz y libertad a nivel mundial y la apremiante necesidad de investigación, innovación e infraestructura. La Estrategia Europa 2020 y la inversión en iniciativas con valor añadido europeo han estado presentes en los debates mientras se trabajaba en el informe.

Sin embargo, nos preocupa mucho que hayamos dado al Consejo la autoridad para establecer prioridades. Esto es muy lamentable para el Parlamento Europeo. Aunque se incluyan todos los requisitos para tener una Europa competitiva, sostenible e integradora, es imposible financiar todo con el presupuesto de la UE. Queremos una estrategia de negociación realista y factible pero, dado que en este informe no se han establecido prioridades claras sentimos que no se ha logrado este objetivo. No se incluyeron nuestras propuestas para modernizar el presupuesto agrícola en el documento final. Por ello, entre otras cosas, nos hemos abstenido en la votación final.

  Vincent Peillon (S&D), por escrito. – (FR) He votado a favor del informe que ha presentado el señor Garriga Polledo en nombre de la Comisión Especial sobre los Retos Políticos y los Recursos Presupuestarios para una Unión Europea Sostenible después de 2013. En un contexto donde el populismo es cada vez mayor, habitualmente se cuestiona la eficiencia e incluso la importancia de las políticas comunitarias. No obstante, en vista de las crisis actuales, ya sean financieras, económicas, sociales o climáticas necesitamos más Europa, no menos. Este informe propone, por tanto, dotar por fin de recursos a la UE que se correspondan con sus ambiciones y para ello defiende un aumento sustancial del presupuesto de la UE, como mínimo del 5 %, y una movilización de los recursos presupuestarios de la Unión en beneficio de la Estrategia Europa 2020. Gracias a la actuación del Grupo S&D, el Parlamento Europeo también defiende en este informe dos grandes medidas: por lo que respecta a los ingresos, una reforma exhaustiva del sistema de recursos propios, en concreto, mediante la creación de un impuesto sobre transacciones financieras (impuesto Tobin); por lo que respecta al gasto, la creación e una categoría intermedia para las regiones a fin de aumentar la solidaridad entre los territorios de la UE y garantizar una distribución más justa de los Fondos Estructurales de la política regional.

  Rovana Plumb (S&D), por escrito. – (RO) La combinación de una población activa más reducida y el aumento del número de jubilados ejercerá una presión adicional sobre los sistemas de seguridad social y su competitividad económica, planteando problemas cada vez más importantes en relación con la pobreza de género, dado el elevado número de mujeres de edad avanzada y las actuales disparidades en los sistemas de seguridad social.

Hay que subrayar la importancia de la integración de la dimensión de género en el presupuesto como instrumento de buena gobernanza para mejorar la eficiencia y la equidad, el seguimiento adecuado de cómo las asignaciones presupuestarias afectan a las oportunidades económicas y sociales de mujeres y hombres y la flexibilidad para reestructurar las que afectan negativamente a la consecución de la igualdad de género.

Es necesario incluir en el plan europeo de inversiones para el empleo, el medio ambiente y la innovación, medidas específicas para desarrollar las competencias técnicas y científicas de las mujeres jóvenes, a fin de mejorar sus cualificaciones y empleabilidad, en particular en sectores de crecimiento estratégicos en los que están infrarrepresentadas.

El Fondo Social Europeo (FSE) debe asignar recursos suficientes a las medidas destinadas a mejorar el acceso al mercado de trabajo y a luchar contra el desempleo y la exclusión social. Al mismo tiempo, pido a la Comisión que presente medidas proactivas a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural con el fin de sostener el empleo de las mujeres en las zonas rurales.

  Phil Prendergast (S&D), por escrito. – La renegociación del presupuesto de la UE afectará al funcionamiento de la Unión en los próximos años y a los programas que se podrá permitir. El presupuesto como porcentaje del RNB de la UE debería reflejar las prioridades acordadas en la UE. Pero las negociaciones han de reflejar también las necesidades de los Estados miembros en vista de los esfuerzos de consolidación que se están haciendo en muchos países, incluido Irlanda. No se puede descartar el objetivo de la Estrategia Europa 2020 de impulsar el empleo, la productividad y la cohesión social debido a los problemas financieros actuales. Hemos de reconocer las políticas que mejoran la productividad, sobre todo en energía ecológica e investigación y desarrollo como el motor de la futura economía de la UE. Otro tema muy importante, no solo para Irlanda sino para toda la UE, es la política agrícola común. Se reconoce que habrá un cambio importante después de 2013, pero las modificaciones de los pagos de acuerdo con la política agrícola común deberían realizarse poco a poco para permitir que los agricultores se adapten a las nuevas disposiciones. Al mismo tiempo, el presupuesto de la política agrícola común ha de contribuir a que los agricultores europeos se adapten a las nuevas dificultades y oportunidades.

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. – (PT) El MFP de la UE constituye una oportunidad para tomar decisiones estratégicas para el futuro. De hecho, en un momento de profunda contrición de la acción estatal, el aumento del presupuesto de la UE supone un acto de confianza en el proyecto común y de refuerzo de las medidas tomadas a nivel supranacional. De hecho, hay una serie de dificultades a las que se enfrentan los Estados miembros, cuyas soluciones solo tienen cabida e nivel comunitario.

  Frédérique Ries (ALDE), por escrito. – (FR) Hacer más con menos dinero, como recomiendan ciertos Estados miembros, ¡es misión imposible! Por eso es importante el informe aprobado esta tarde sobre el nuevo marco financiero plurianual después de 2013, porque proporciona directrices para permitir que la UE entre verdaderamente en un periodo de competitividad, solidaridad y buena gobernanza. Señala que, con la ausencia de reasignaciones importantes dentro del presupuesto de recursos adicionales, Europa nunca podrá lograr las nuevas misiones que se le asignaron con arreglo al Tratado de Lisboa ni emprender el camino hacia el crecimiento sostenible.

Sin embargo, hay muchos ámbitos que pueden contribuir a las sinergias o economías de escala: el Servicio Europeo de Acción Exterior, la ayuda humanitaria y la protección civil, la puesta en común de los recursos en defensa, la investigación e innovación, los grandes proyectos de infraestructura (sobre todo en ámbitos como la energía y el transporte).

Otra idea que tiene recorrido es abandonar gradualmente las subvenciones que son perjudiciales para el medio ambiente algo así como lo que ha hecho la Comisión con el tabaco. Me complace, además, que el Parlamento Europeo haya confirmado su apoyo a los recursos propios, porque es justo que la Unión gestione su propio presupuesto.

  Crescenzio Rivellini (PPE), por escrito. – (IT) He votado en contra de las enmiendas al informe del señor Garriga Polledo que pide que se introduzca una categoría intermedia para el próximo periodo de programación para las regiones cuyo PIB per cápita se sitúe entre el 75 % y el 90 % del PIB de la Unión. Esta innovación es aparentemente transparente y tiene más flexibilidad financiera pero en un periodo de austeridad y restricciones presupuestarias como el actual, conducirá inevitablemente a recortes en la financiación de otras regiones en especial las regiones del Objetivo 1 (convergencia), que incluyen concretamente regiones del sur de Italia. Lamentablemente he observado que mis compañeros diputados no han percibido este aspecto y se han dejado influenciar por el razonamiento que va en contra de los principios de la solidaridad europea. Afortunadamente, la enmienda 64, que se ha aprobado, subraya que esas medidas transitorias no deberían establecerse en ningún caso a expensas de la actual convergencia, y de las regiones de competitividad y cooperación (Objetivos 1, 2 y 3).

  Robert Rochefort (ALDE), por escrito. – (FR) Las respuestas que deberíamos dar a los retos a los que nos enfrentamos —la crisis económica, el rápido crecimiento de las economías emergentes, el cambio climático, el turbulento cambio demográfico, etc.— solo serán efectivas si las creamos de forma colectiva, a nivel europeo. Estoy totalmente convencido de que debemos buscar una mayor participación de la UE. Aunque el presupuesto de la UE es un instrumento político importante, el límite máximo de los recursos propios ha permanecido invariado desde 1993. Esta resolución pide que se asignen recursos al presupuesto de la UE que se correspondan con sus ambiciones. Estoy totalmente a favor de esta idea y le brindo mi apoyo. Personalmente estoy especialmente a favor de aplicar un impuesto europeo sobre las transacciones financieras cuanto antes, si no podemos tener un acuerdo a nivel mundial. Aunque no estoy totalmente a favor de que se cedan recursos de esta forma, asignándolos al presupuesto de la UE como creo que los Objetivos de Desarrollo del Milenio se beneficiarán, al menos en parte, quiero votar a favor del apartado 171 para enviar un mensaje positivo a la Comisión y al Consejo con respecto a la aplicación de este impuesto.

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), por escrito. – A favor. Como ha dicho antes mi compañero, Bas Eickhout, reducir o congelar el presupuesto europeo después de 2013 no es un enfoque creíble si la UE y los Estados miembros quieren lograr verdaderamente las prioridades políticas que ellos mismos se han fijado, concretamente en la Estrategia Europa 2020. Coordinar la financiación y medidas de la UE es evidentemente mejor para lograr nuestros objetivos comunes que no las medidas individuales. Celebramos que los diputados hayan mostrado su determinación para con este propósito antes del próximo debate sobre la futura financiación de la UE. La UE necesita un sistema apropiado y predecible para financiar su propio presupuesto a fin de acabar con las perpetuas, dañinas y reñidas contribuciones nacionales al presupuesto de la UE. La introducción de un sistema de recursos propios real y significativo para financiar el presupuesto de la UE es la única forma de lograr esto y estamos encantados de que el Parlamento Europeo haya apoyado lo que es desde hace tiempo una prioridad para los Verdes.

  Licia Ronzulli (PPE), por escrito. – (IT) Creo que con la votación de hoy el Parlamento Europeo ha enviado un mensaje alto y claro a los Estados miembros que piden que se congele el presupuesto de la UE para 2014-2020. Esta reducción sustancial de los recursos no es una decisión válida para los que creen en una Europa verdaderamente competitiva, y los países que la defiendan deberían especificar claramente qué proyectos prioritarios habrá que abandonar para poder realizar estos recortes.

Hemos de acabar con la mala costumbre de contraer compromisos políticos sin tener los recursos financieros necesarios porque hace mella en la planificación y credibilidad de todo el sistema europeo. Reducir los presupuestos a largo plazo podría poner en peligro tanto el aumento del gasto en investigación e innovación como la inversión en infraestructura, política exterior y ampliación. Además, reducirlos ahora tendría graves consecuencias para el futuro de todos los Estados miembros.

  Tokia Saïfi (PPE), por escrito. – (FR) En la votación del informe «invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora» he votado a favor de crear una categoría intermedia de regiones cuyo PIB per cápita se sitúe entre el 75 % y el 90 % del PIB de la Unión. Son diez las regiones francesas que se beneficiarán de esta nueva categoría, incluidas las regiones de Norte-Paso-de-Calais y Picardía.

La creación de esta tercera categoría de regiones permitirá que se beneficien de la financiación para el empleo, crecimiento sostenible y competitividad. Otro punto importante de este informe es que defiende la creación de un sistema de financiación del presupuesto de la UE que sea transparente, más simple y más equitativo. De entre las medidas que presenta la comisión, está la creación de un impuesto sobre transacciones financieras. El Parlamento habla a menudo a favor de esto y apoyo totalmente esta medida que mejorará el funcionamiento del mercado mediante la reducción de la especulación y la contribución a la financiación de los bienes públicos mundiales y a la reducción de los déficits presupuestarios.

  Antolín Sánchez Presedo (S&D), por escrito. – (ES) Aunque me habría gustado un resultado más ambicioso, el informe Garriga Polledo sobre las perspectivas financieras a partir de 2014 supone un paso adelante, fruto de un amplio compromiso político en el seno de la Comisión Especial, creada por primera vez en el Parlamento, antes de que la Comisión Europea presente su propuesta.

El informe reconoce la necesidad de más medios para cumplir los objetivos de la Estrategia Europa 2020, desarrollar las políticas europeas y afrontar los compromisos derivados de la ampliación y del Tratado de Lisboa. Apuesta por nuevos recursos propios, abriendo la puerta a una unión fiscal y a un impuesto sobre las transacciones financieras que debería extenderse al resto del mundo. A partir de 2020, propone períodos de 5 años (o de 5+5), más ajustados al mandato de las instituciones.

Estimo muy positivo para Galicia el apoyo a las actividades relacionadas con el mar y a la creación de una nueva categoría para las regiones situadas entre el 75 % y el 90 % de la renta comunitaria per cápita. Esto es preciso para que no vea interrumpido el flujo de fondos comunitarios y disponga de una transición para mejorar su competitividad y avanzar en la convergencia en una senda de desarrollo sostenible.

  Alf Svensson (PPE), por escrito. – (SV) Cuando el Parlamento Europeo votó el miércoles 8 de junio sobre invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora, decidí votar en contra del informe. En un momento en el que los Estados miembros de la UE se encuentran bajo una seria presión presupuestaria, me decepciona ver que, en lugar de fijar prioridades, el Parlamento Europeo decide aumentar el presupuesto al menos un 5 %. El Parlamento Europeo votó a favor de que continuasen las contribuciones en ámbitos que mantienen a la economía europea encerrada en sus viejas costumbres, entre otras cosas, reservando cantidades para la política agrícola común que son al menos igual de cuantiosas para el presupuesto del ejercicio 2013. Asimismo me opuse a la propuesta del Parlamento Europeo de reformar la financiación de la UE mediante la introducción de un sistema de recursos propios. Se pretende que algunos de estos recursos provengan de un impuesto sobre las transacciones financieras.

  Keith Taylor (Verts/ALE), por escrito. – Apoyaré una enmienda al informe del MFP que limite a la tasa de inflación (actualmente del 3,2 %) o por debajo de esta tasa las contribuciones de los Estados miembros de la UE, tal y como han sugerido los Jefes de Estado del Reino Unido, Francia, Alemania, los Países Bajos y Finlandia. El informe Garriga sobre el MFP pretende aumentar la financiación procedente de los Estados miembros para el periodo 2014-2020 un 5 %, y no puedo apoyar esto en un momento en el que se experimenta una adversidad extrema en el Reino Unido debida a las peligrosas y socialmente controvertidas medidas de austeridad del gobierno. Sí apoyo muchas de las medidas promovidas en el informe y en las enmiendas de los Verdes sobre todo con respecto al Nuevo Pacto Ecológico, el fin de los descuentos nacionales y los recursos propios para la UE y soy consciente de que parte del aumento de la inflación anterior es necesaria para cumplir las obligaciones del Tratado de Lisboa. Sin embargo, quedan muchas rúbricas caras en el MFP que no se deberían apoyar y me refiero a los 6 600 millones de euros que se gastarán en fusión nuclear, por poner un ejemplo. Mi argumento es que si no hay suficiente financiación después de aumentar a la tasa de inflación las contribuciones de los Estados miembros, hay que encontrar formas de reasignar las partidas presupuestarias para atender cualquier insuficiencia.

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. – (PT) La Estrategia Europa 2020 pretende responder a los nuevos retos mundiales de la UE y sus diferentes Estados miembros, de modo que es importante estructurar las condiciones económicas y financieras que dirigirán su aplicación en el periodo 2014-2021. Este informe pretende contribuir al establecimiento del MFP después de 2013, por medio de la aprobación de un aumento del 5 % de las partidas presupuestarias del MFP actual, el mantenimiento de la financiación para cohesión y agricultura, y la consolidación financiera de los ámbitos de investigación, desarrollo e innovación, y de energía y transporte.

He votado a favor del informe porque considero que el contenido estratégico es positivo y, en general, porque el presupuesto se adecua a los objetivos consagrados en la Estrategia Europa 2020.

El fortalecimiento de la gobernanza económica y la importancia de la política de cohesión son áreas en las que quiero hacer hincapié si queremos una Europa más inteligente, más sostenible y más integradora. Creo que es importante crear una categoría intermedia para las regiones cuyo PIB per cápita se sitúe entre el 75 % y el 90 % del PIB de la Unión, contribuyendo así a que haya más igualdad a nivel regional. Sin embargo, quiero subrayar que esta nueva categoría no debería perjudicar a las regiones más desfavorecidas con respecto a la asignación de financiación comunitaria.

  Georgios Toussas (GUE/NGL), por escrito. – (EL) Los diputados al Partido Comunista griego hemos votado en contra del informe porque expresa muy claramente las políticas estratégicas y las prioridades económicas del capital monopolista, que se pide a la UE que sirva y aplique durante los próximos años, a raíz de la crisis capitalista que se ha desencadenado. La información del marco financiero actual muestra que, en lugar de utilizarse para satisfacer las necesidades de los grupos populares, los fondos disponibles con arreglo al presupuesto que une a Europa van en contra de estas necesidades para apoyar la rentabilidad de los grupos monopolistas. Que la característica básica del informe es la supuesta demanda del Parlamento Europeo de que el gasto del presupuesto de la UE se aumente un 5 % después de 2013 es una mentira tremenda. Su característica predominante es que no solo pide este aumento sino que se dedique todo el gasto del presupuesto de la UE a la promoción de medidas brutales instigadas por el capital, la UE y los gobiernos burgueses contra las clases obreras y populares en todos los Estados miembros. Pide que se use el dinero de los trabajadores de los Estados miembros, que financia el presupuesto de la UE, para promover reestructuraciones capitalistas, acabar con los derechos laborales, apoyar la rentabilidad de los monopolios que unen a Europa, consolidar los mecanismos de los «memorandos», asegurar préstamos en los Estados miembros deudores y apoyar los mecanismos represivos y la intervención imperialista de la UE.

  Rafał Trzaskowski (PPE), por escrito. – (PL) Hoy, he votado a favor de la creación de «regiones intermedias» y me complace que el Parlamento en general haya aprobado esta posición. Esta decisión supone que las zonas relativamente ricas de los Estados miembros más pobres (como Mazovia y Varsovia) seguirán recibiendo apoyo.

La posición aprobada por el Parlamento hoy es la primera victoria de una lucha sobre la forma de la nueva perspectiva financiera para el periodo 2014-2020. Para Polonia, y también para Varsovia, el nivel de financiación y las prioridades establecidas con arreglo al Fondo de Cohesión serán un factor clave.

  Thomas Ulmer (PPE), por escrito. – (DE) El informe Garriga Polledo presupone una cifra de entre el 75 % y 90 % para la categoría intermedia de financiación regional. Este rango me parece inaceptable porque ofrece perspectivas de pago a pocas zonas que requieren apoyo económico, también en la zona occidental de la UE. Esto va en contra del objetivo último del desarrollo regional: el fortalecimiento de las regiones más débiles.

  Viktor Uspaskich (ALDE), por escrito. – (LT) El próximo MFP es una oportunidad perfecta para demostrar a los ciudadanos europeos que la Unión puede lograr objetivos a largo plazo, como estimular el crecimiento sólido y la cohesión interna. No podemos perder esta oportunidad. Me complace que el ponente subraye la importancia de la política de cohesión para el crecimiento y el empleo. Para los lituanos, es fundamental que las sumas destinadas a la política de cohesión en el próximo MFP no sean inferiores a las de este periodo financiero. La cohesión política europea sigue desempeñando un papel importante en la reducción de las grandes disparidades sociales y económicas entre los Estados miembros. Por ejemplo, el PIB per cápita de Lituania sigue siendo bajo (cuando nos adherimos a la UE era del 48 % de la media de la Unión). Sin embargo, se cree que para 2020, el PIB de Lituania puede llegar a ser al menos un 50 % mayor que cuando no contaba con la ayuda de la política de cohesión.

El objetivo de Lituania de mejorar la infraestructura y accesibilidad del transporte (el 23 % del total de la asignación del Fondo Estructural), mejorar su capacidad I+D (22 %), y respaldar la creación de empresas, depende de la política de cohesión. Los fondos de la política de cohesión, cada vez más escasos, seguirán acabando con nuestra economía. No podemos permitir que esto ocurra. La UE solo recobrará su confianza cuando los ciudadanos estén convencidos de que la UE está al servicio de sus valores e intereses.

  Geoffrey Van Orden (ECR), por escrito. – Con la aprobación de este informe sobre el nuevo MFP con 468 votos a favor frente a 134 en contra (y 54 abstenciones), el Parlamento confirma que vive en un mundo diferente a la dura realidad económica de nuestros tiempos. Cuando en casa se está tomando decisiones económicas tan duras (...) es inaceptable que la UE no tome medidas para recortar los costes y poner fin al derroche. (...) El Parlamento decidió ignorar la carta del Primer Ministro británico, (...) y de los Jefes de Estado de Francia, Alemania, los Países Bajos y Finlandia, que decía que no debe haber un aumento del presupuesto de la UE (...). De hecho, muchos de nosotros queremos recortes en el presupuesto y una reducción de la excesiva contribución de Gran Bretaña. (...). El público británico (...) no aceptará que la UE imponga impuestos ni tampoco lo harán los ciudadanos de otros (...) países, si se dan cuenta de lo que está ocurriendo (...). La opinión económica fundada les dirá que unos impuestos más bajos son el mejor incentivo para el crecimiento económico y la creación de empleo. Este informe tiene la intención de proporcionar la base financiera del superestado de la UE que yo y mis electores (...) rechazamos. Me sumo al voto en contra de este informe de mis compañeros conservadores.

(Declaración por escrito abreviada de conformidad con el artículo 149 del Reglamento)