Istungi stenogramm

Kolmapäev, 18. aprill 2012 - Strasbourg

15. Euroopa Liidu investeeringute õiguskindlus väljaspool Euroopa Liitu (arutelu)

  Przewodniczący. − Kolejnym punktem porządku dziennego są oświadczenia Rady i Komisji w sprawie bezpieczeństwa prawnego europejskich inwestycji poza Unią Europejską 2012/2619(RSP)

  Nicolai Wammen, President-in-Office of the Council. − Mr President, on Monday the Argentinian Government announced that it intends to expropriate the majority share held by a Spanish company in the YPF energy company. This Parliament is right to raise this important issue as a matter of urgency.

Before going any further, let me stress that the matter has not yet been discussed in the Council. However, the Danish Presidency – and I expect this will also be the position of the Council once we have had the opportunity to discuss the matter in the Foreign Affairs Council next Monday – shares those concerns and regards the intentions of the Argentinian Government as unacceptable and damaging. This is the case with regard both to the continuing attractiveness of investing in Argentina and to the wider business environment.

I would therefore like to make it crystal clear that we fully understand the particular concerns, in this case of the Spanish Government, and that the Danish Presidency strongly supports Spain in this matter. I have also noted that both the President of the Commission and the High Representative have expressed similar concerns. The recent announcement by President Kirchner threatens to undermine the confidence of the international business community and the security of its investments in the country. It is likely to discourage further investment and therefore risk damaging the future development of the Argentinian economy. As such, it is a profoundly misguided measure and one which will come to be seen as contrary to Argentina’s interests.

The most recent announcement concerning YPF is only the latest in a number of decisions taken by Argentina in the areas of import restriction and investment policy. We have followed these announcements with growing concern. Such unilateral measures are not helpful to a flourishing business environment, and they risk creating wider difficulties in the relationship between the EU and Argentina.

More generally, the business community within the EU needs security if it is to continue to invest internationally. Insecurity is bad for business, for growth and for job creation. Ultimately that creates problems for those countries which depend on inward investment. Legal certainty is essential in our globalised economic environment. It means being sure that third countries comply with their international commitments, including in the areas of the treatment and protection of inward investments.

In response to the announcement by the Argentinian President, a decision was taken, as announced by the High Representative yesterday, to postpone the meeting of the Joint Cooperation Committee with Argentina, which was due to take place this Friday. The EU has also formally expressed its concerns on this matter to its delegation in Buenos Aires, and the issue is due to be raised at next Monday’s meeting of the Foreign Affairs Council. We will need to look closely at what next steps might need to be taken. In doing so, we will take full account of the outcome of this debate and will of course keep Parliament fully informed of further developments.

(Applause)

  Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión. − Señor Presidente, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, la Comisión Europea está siguiendo muy de cerca la situación creada tras el anuncio de expropiación por parte de la República Argentina de la participación mayoritaria de la empresa española Repsol en el capital de YPF.

La Comisión Europea desea expresar su seria preocupación y su más enérgica condena por dicha actuación, que afecta a una empresa europea y, por tanto, a una inversión significativa de la Unión Europea en Argentina. No en vano YPF es la empresa productora de petróleo más importante del país.

Ese anuncio provoca una situación de inseguridad jurídica incompatible con el Derecho internacional y puede afectar muy seriamente a las inversiones internacionales, poniendo en entredicho su estabilidad y su protección.

La Comisión desea, asimismo, expresar su gran inquietud por el posible impacto negativo también en otros sectores que fueron mencionados por la Presidenta de la República Argentina en su intervención pública.

La Comisión urge al Gobierno de Argentina a que respete sus compromisos internacionales en relación con el tratamiento y la protección de las inversiones originarias de un Estado miembro de la Unión Europea y, en particular, hace un llamamiento para que se respete, en este caso, el Tratado bilateral para la promoción y la protección de inversiones, suscrito entre Argentina y España el 3 de octubre de 1991.

Dicho Acuerdo protege expresamente las inversiones efectuadas con arreglo a la ley, exige un tratamiento justo de las mismas y prohíbe medidas injustificadas o discriminatorias como las que se han producido en este caso. Dichos compromisos han de ser respetados. La Comisión Europea exige que los derechos de los inversores europeos sean debidamente protegidos y garantizados.

La Comisión Europea ya ha dado traslado de esas graves preocupaciones al Gobierno argentino a través de la Delegación de la Unión Europea en Argentina.

El propio Presidente Barroso ha mantenido varios contactos con el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y ha manifestado desde el primer momento claramente su preocupación. El Comisario De Gucht, responsable de Comercio, enviará una carta al Ministro de Comercio argentino en este mismo sentido.

Debido a la situación creada, la Comisión Europea y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad han decidido cancelar la Comisión Mixta prevista para los días 19 y 20 de abril próximos.

Como Comisario de Industria puedo también informarles de que la misión de mi Dirección General de Industria de la Comisión Europea con empresas europeas prevista para la semana que viene a Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, obviamente no tendrá lugar en Argentina. Se mantiene para los otros países —claro está— porque es evidente que el clima creado por la expropiación no permite que ésta pueda celebrarse en Argentina.

La Comisión Europea apoya totalmente a España. Nuestros servicios estudian actualmente, de acuerdo con España, las medidas que se han de adoptar. En estos momentos no se excluye ninguna opción.

Quisiera recalcar la importancia de alcanzar una solución de común acuerdo con arreglo al Derecho internacional, los principios de seguridad jurídica y de protección de las inversiones que no perturbe las relaciones entre la Unión Europea y Argentina ni perjudique a los inversores europeos en dicho país.

  Jaime Mayor Oreja, en nombre del Grupo PPE. – Señor Presidente, no voy a perder mucho tiempo en calificar la decisión y el procedimiento adoptados por el Gobierno de Argentina en la expropiación de YPF-Repsol. Pero, tal y como dije ayer mismo, arbitrariedad, inseguridad jurídica e ilegitimidad son algunos de los términos que merecen esa decisión.

Estamos por ello ante una quiebra de derechos y de principios, ante una pésima práctica política y económica, y ante un inquietante precedente, por lo que este hecho afecta a todos los europeos. No estamos, por ello, solo ante un contencioso entre España y Argentina.

Por esta razón, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos), yo quiero hoy poner el acento en el por qué, en el para qué, en el cómo, qué es lo que los europeos –las instituciones europeas– podemos hacer cuando su producen este tipo de decisiones que vulneran los principios y, sin duda, las libertades que acabo de expresar, con la finalidad de que no vuelvan a repetirse acciones de estas características. Y me van a permitir dos ideas.

La primera es que en los momentos, en las situaciones de crisis como las que estamos viviendo, se acrecientan las debilidades de todos, de los gobiernos nacionales, de las instituciones nacionales, de los diferentes países, dentro y fuera, y, al mismo tiempo, este hecho nos recuerda que la fortaleza de la Unión es la razón de la Unión y que el mejor instrumento para paliar las dificultades y las debilidades de los Estados miembros debe ser la fortaleza de la Unión. Y esa es la principal finalidad de la Unión Europea.

Y la segunda idea es que la crisis es de todos, está presente en todos los países europeos, aunque momentáneamente parece que se instala en un país o en otro, pero es una crisis profunda de modelo y, al no resolverse, se va manifestando paulatina, gradual, sistemáticamente en todos los países. Por eso, una de las causas profundas de esta crisis es la falta de ambición política de la Unión, por lo que la crisis, las distintas manifestaciones de la crisis que nos ocupa, deben ser oportunidades para que se alce claramente la voz europea cuando una injusticia de estas características pone en entredicho las inversiones y el futuro de las instituciones europeas.

Por eso me alegra la determinación del señor Wammen, del señor Tajani, de la señora Ashton, del señor Durão Barroso, que han puesto de manifiesto que están estudiando medidas para hacer frente a esta situación. Cuantas más medidas, más planificadas, más estratégicas, mejor y más ordenadas se adopten, tendremos más y mejores respuestas ante esta crisis.

(El orador acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la tarjeta azul (artículo 149, apartado 8, del Reglamento))

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), pregunta de tarjeta azul. – Estoy de acuerdo en que estamos en un contexto de crisis, pero se ha olvidado mencionar una dimensión importante, que es la dimensión climática, la dimensión ambiental.

Teniendo en cuenta que la quema de combustibles fósiles es uno de los principales causantes del cambio climático, ¿no sería más interesante, más oportuno, más razonable que dos países –y, en este caso, dos regiones– cooperaran para buscar soluciones que pudieran hacer frente a esa situación y que no compitieran, como están haciendo en estos momentos, por seguir consumiendo unos recursos fósiles cuyo uso, además, de alguna forma nos contamina a todas y a todos?

  Jaime Mayor Oreja (PPE), respuesta a una pregunta de tarjeta azul. – Señor Presidente, no se puede argumentar la crisis climática para tapar una injusticia de estas características. Por una situación de cambio climático negativo que hoy padecemos, no podemos en modo alguno esconder las injusticias, las arbitrariedades, las inseguridades jurídicas que se van produciendo en un país como, en este caso, Argentina.

Un día tendremos el debate de lo que usted quiera, de la crisis climática y –me escucha poco usted– además de la crisis de valores y de la crisis de principios que tenemos en la Unión Europea y, sin duda, en los países europeos. De esos temas hablamos cuando usted quiera, de la crisis climática y de la crisis de valores, pero hoy hay que hacer frente a una injusticia que se está produciendo en un país, Argentina, que está dañando las expectativas e inversiones europeas en los países de la región.

  Enrique Guerrero Salom, en nombre del Grupo S&D. – Señor Presidente, el Gobierno argentino ha puesto en marcha el proceso de expropiación de la mayoría de las acciones de YPF pertenecientes a Repsol, una empresa europea con base en España. Por lo que sabemos hasta ahora, se trata de un proceso expropiatorio de carácter selectivo. De ser finalmente así, sería también discriminatorio.

En las últimas semanas no han faltado, seguramente, engaños premeditados, falsas promesas, errores de juicio y cálculos equivocados. La consecuencia de todo ello ha sido la inexistencia, el fracaso de una negociación seria que hubiera podido evitar la expropiación.

Pero todos sabemos que no se trata de una decisión improvisada, tampoco sorpresiva ni precipitada. Por el contrario, se venía preparando y filtrando, con daño evidente para el valor de la empresa, un elemento esencial a la hora de la expropiación.

Mi Grupo comparte sustantivamente el juicio manifestado ayer por la Alta Representante en esta Cámara. Comparte la preocupación manifestada por el señor Barroso, la preocupación expresada por el Gobierno de España y la preocupación que acaba de manifestar también la Presidencia danesa.

La decisión es una señal negativa, no solo para los inversores europeos o españoles y para los inversores internacionales: puede ser también el inicio de un camino de inseguridad que dañe todas las relaciones entre Argentina, España y Europa, hasta ahora tradicionalmente buenas.

La medida tomada por el Gobierno argentino requiere una respuesta clara, inmediata, inequívoca, pero también una respuesta inteligente, continuada, antes que precipitada. Una respuesta que deben dar todas las instituciones europeas con el Gobierno español. Una respuesta que defienda los intereses legítimamente adquiridos por las empresas europeas, pero también una respuesta proporcionada que evite una escalada de confrontación entre América Latina y Europa.

Las empresas que operan en este continente contribuyen a su crecimiento y deben respetar los principios medioambientales, pero el primer respeto es a las normas que se acuerden internacionalmente. La ruptura de estas normas es lo que ha hecho el Gobierno argentino y de ahí la respuesta de este Parlamento.

  Izaskun Bilbao Barandica, en nombre del Grupo ALDE. – Señor Presidente, quiero manifestar nuestro total desacuerdo con la expropiación que ha afectado a los accionistas europeos de la empresa YPF en Argentina por tres razones básicas: es una vulneración de la legislación internacional, es una decisión que abunda en un proteccionismo mal entendido e ineficiente para propiciar el desarrollo y, finalmente, produce una enorme inseguridad jurídica a todos los operadores europeos que están invirtiendo y colaborando con el desarrollo de la República Argentina.

Desde este Grupo queremos mostrar, además, nuestra preocupación por el proceso que ha conducido a la expropiación y la campaña sufrida por YPF para rebajar artificialmente su valor bursátil y tratar de justificar y abaratar esta operación.

Nos preocupan, además, las repercusiones que esta decisión va a tener en Europa sobre las empresas que tienen relaciones societarias con Repsol.

Finalmente, estamos hondamente preocupados por el futuro que pueda aguardar a otras empresas europeas posicionadas en Argentina en sectores estratégicos.

Por estas razones, mi Grupo quiere conseguir que las autoridades argentinas reconsideren su decisión. Por eso, esta Resolución rechaza y condena enérgicamente lo sucedido. Además, anima a movilizar todos los recursos disponibles para defender los intereses comunitarios y hace un llamamiento para que se retome el diálogo.

Lo espero por el bien de la Unión, de las argentinas y de los argentinos, y por la credibilidad y el prestigio internacional de Argentina. Lo deseo para que esta decisión no obstaculice la negociación de los acuerdos comerciales en curso entre nuestra Unión y Mercosur, fundamentales para ambas partes.

Por ello, espero que las autoridades europeas agoten todos los recursos diplomáticos y económicos de que disponen para animar a este cambio de actitud y procurar entre todos una solución mutua.

  Ana Miranda, en nombre del Grupo Verts/ALE. – Señor Presidente, debatimos sobre la seguridad jurídica de las inversiones europeas. Pero, precisamente, en aras de esa seguridad jurídica, nuestras empresas deben cumplir sus compromisos. YPF no cumplió sus acuerdos de inversión pese a obtener un beneficio de 16 000 millones de dólares. YPF comprometió la suficiencia energética de un país al provocar una drástica caída de la producción de crudo y de gas.

Argentina tiene capacidad para autoabastecerse, pero se ve obligada a importar gas y petróleo por un valor de 11 000 millones de dólares, cantidad que podría destinar a otras necesidades de su población.

Por otro lado, defendemos el derecho de los pueblos a ejercer su soberanía para gestionar sus recursos energéticos, en particular cuando hay una divergencia entre el interés público y el privado.

Nuestro Grupo pide a la Unión Europea que no obstaculice las negociaciones del Acuerdo con Mercosur por un conflicto puntual y aislado. El Gobierno argentino modifica políticas erradas del pasado, mientras que el Gobierno español confunde los intereses de una empresa con los del Estado.

Finalmente, confío en que este debate facilite puntos de encuentro y en que esta polémica nos invite a implementar modelos energéticos sostenibles.

(La oradora acepta responder a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la tarjeta azul (artículo 149, apartado 8, del Reglamento))

  Salvador Garriga Polledo (PPE), pregunta de tarjeta azul. – Señora Miranda, además de las justificaciones sobre la expropiación de la empresa YPF que ha realizado el Gobierno argentino, que parece que no son compartidas ni por la Comisión ni por el Consejo ni por la mayoría de este Parlamento, quisiera que me explicara si también está de acuerdo usted con que el Gobierno argentino ni siquiera quiera cumplir con la valoración económica que está prevista en la expropiación.

  Ana Miranda (Verts/ALE), respuesta a una pregunta de tarjeta azul. – Señor Garriga Polledo, el Decreto aprobado recientemente no solo prevé sino que también establece la legitimidad de un Gobierno soberano para tomar unas decisiones –insisto– en el marco de su propia soberanía, y prevé que se va a indemnizar a todos los inversores y a cumplir con los acuerdos suscritos. Por lo tanto, es un tema que todavía está abierto.

  Patrick Le Hyaric, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je suis très surpris de la dramatisation qui sied dans cette Assemblée.

Vous tentez de nous faire croire qu'il y aurait un problème de sécurité juridique des investissements européens en Argentine. En vérité, contre le libre choix du gouvernement argentin, contre la souveraineté nationale du peuple argentin, vous êtes en train de défendre les intérêts d'une compagnie pétrolière privée, Repsol, dont plus de la moitié du capital est entre les mains de propriétaires étrangers et qui, avec sa filiale YPF, réalise en Argentine de considérables profits, verse près de 16 milliards de dividendes à ses actionnaires et organise l'évasion fiscale pour ne pas payer d'impôts, tout ceci sur le dos des travailleurs argentins et des populations locales, en faisant fi des populations indigènes et de l'environnement. Vous n'êtes pas ici en train de défendre les citoyens européens ni même les intérêts d'un des États membres mais le capital international privé.

Pourquoi ne pas renverser votre question et considérer que le gouvernement argentin tente de mettre fin à la spoliation d'une partie des richesses pétrolières appartenant au peuple argentin? Pourquoi ne pas reconnaître au gouvernement argentin le droit de défendre sa souveraineté économique et politique alors que Repsol contribuait à la pénurie de carburant dans ce pays? Enfin, il faut rappeler ici que cette entreprise avait été privatisée au nom de la réduction de la dette. Or, c'est à la suite de celle-ci que l'Argentine est passée sous la tutelle du Fonds monétaire international. Comme quoi, l'austérité et les privatisations, la destruction de souveraineté, comme en Grèce, mènent au désordre. Pour l'heure, laissons l'Argentine maîtresse de son destin.

  Francisco Sosa Wagner (NI). - Señor Presidente, esta mañana he leído en un importante periódico alemán la noticia de que España y Argentina tienen un conflicto relacionado con una sociedad petrolera. Esta es justamente la forma incorrecta de plantear el asunto. El conflicto es entre Europa y Argentina y, más allá, con ese gran valor europeo que es la seguridad jurídica y su respeto en las relaciones comerciales internacionales.

Las instituciones europeas cuentan con magníficos juristas que pueden encontrar los instrumentos adecuados en el Derecho comunitario primario o derivado para neutralizar la arbitrariedad de las autoridades argentinas. Yo soy un modesto profesor de Derecho público y me ofrezco a colaborar con ellos. La credibilidad de la Unión Europea ante la ciudadanía está en estos momentos en juego.

  Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión. − Señor Presidente, en nombre de la Comisión Europea me gustaría darle las gracias por haber organizado este debate con tanta celeridad.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las inversiones directas en el extranjero, y en particular la protección de esas inversiones, son competencia exclusiva de la Unión Europea, lo que significa que la Unión Europea tiene al mismo tiempo el derecho y la responsabilidad de actuar en defensa de las inversiones de la Unión Europea.

El asunto de la nacionalización de la participación de Repsol en YPF causa serias preocupaciones. Necesitamos analizar esa medida en el marco de una serie de medidas proteccionistas tomadas por el Gobierno argentino en los últimos meses, como, por ejemplo, amplias medidas para convertir las licencias de importación en no automáticas.

Ya hemos señalado esas medidas proteccionistas a la Organización Mundial del Comercio, junto con más de una docena de países. Ahora estamos analizando qué acciones adicionales necesitamos tomar contra estas medidas proteccionistas, incluyendo la vía del mecanismo de resolución de disputas comerciales.

He escuchado atentamente todos sus argumentos y preocupaciones. Les puedo asegurar que la Comisión Europea analizará la situación cuidadosamente y recordará vigorosamente a Argentina sus obligaciones dentro del Derecho internacional, contemplando todos los medios disponibles para ello.

  Nicolai Wammen, President-in-Office of the Council. − Mr President, I would like to thank everyone present here today for sending a very clear signal to the Argentine Government. It is a signal sent by the Commission, the Danish Presidency and a huge majority in this House. I hope that the Argentine Government will listen, because this is not only an issue implicating a firm or a country, it is an issue between Argentina and the EU, and it is therefore important that we see it that way.

The Council will now discuss the matter at the Foreign Affairs Council next Monday, under the leadership of the High Representative, Lady Ashton. As I said in my first intervention, we will take full account of the debate this afternoon. I might add that the issue will also be dealt with in several other forums at a technical level in the Council, and the options that the EU has will be examined here in order to take concrete action against the plan to nationalise YPF. Against this background we will be working closely with the Commission and this Parliament to make sure the right solution is found.

  Przewodniczący. − Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Zamykam debatę.

Głosowanie odbędzie się w piątek o godz. 12.00.

Oświadczenia pisemne (art. 149)

  Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. – La reazione spagnola alla iniziativa di vero e proprio esproprio da parte del Governo Argentino della Società petrolifera YPF ha portato il Ministro degli Esteri Ue a promuovere, finalmente, un confronto del Consiglio dei Ministri degli Esteri sui rapporti UE-Argentina, per chiarire i rapporti in materia economico-finanziaria. Sono numerosi gli investitori europei che hanno chiesto, da tempo, l'intervento delle Istituzioni Europee reclamando i propri diritti, violati dalle decisioni assunte dal governo argentino dopo il Suo "default". La Commissione per le petizioni ha affrontato il tema nel corso dei suoi lavori, sollecitata da numerose petizioni. La dichiarazione di non competenza della Commissione rispetto alla regolazione dei rapporti finanziari con l'Argentina, relegati nello spazio della contrattazione bilaterale, mi aveva spinta a rivolgere la richiesta di intervento all'Alto rappresentante dell'UE, invitandola a rivedere i rapporti commerciali e ad usarli come leva per ottenere un adempimento dovuto da parte del Governo Argentino. Sicuramente quello della privatizzazione del capitale del gruppo detenuto al 57,4% dalla Spagnola Repsol è un atto che scatenerà forti ripercussioni negative sui mercati. Ma quelle prodotte dal mancato pagamento di milioni di cittadini hanno contribuito non poco ad aggravare la crisi finanziaria, intervenendo in maniera più diffusa ma non certo meno incidente.