Debates

Martes 25 de febrero de 2014 - Estrasburgo

Accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector público (debate)

  Vicente Miguel Garcés Ramón, en nombre del Grupo S&D. – Señora Presidenta, querido ponente, estimados colegas, la Directiva sobre accesibilidad tiene como finalidad asegurar que los contenidos de los sitios web del sector público o gestionados por entidades que ejercen funciones públicas sean accesibles a todos los usuarios, en particular al grupo de personas con discapacidad, sea física, mental, intelectual o sensorial. Este grupo ―ya se ha dicho― se estima que representa a unos 80 millones de personas en toda la Unión Europea.

Se establece un amplio repertorio de servicios públicos, que ayudarán a los Estados miembros a cumplir sus compromisos: servicios energéticos, postales, redes de comunicación electrónica, servicios de transporte, bancarios y de seguros básicos, educación, protección social, sanitarios, atención infantil y actividades culturales y turísticas.

Con esta Directiva los ciudadanos tendrán una mayor capacidad para integrarse plenamente a nivel social y profesional, así como para disfrutar de su derecho de acceso a la información.

Esta Directiva permitirá eliminar barreras en el mercado interior, disminuyendo su fragmentación y aumentando la confianza de proveedores y usuarios. Se contempla que los sitios web afectados garanticen la neutralidad de la red y su accesibilidad de forma gratuita, así como la seguridad en la transmisión de la información y la protección de los datos personales. La Directiva insiste en la accesibilidad, independientemente del dispositivo utilizado, incluyendo los dispositivos móviles.

Los plazos para el cumplimiento de esta Directiva son graduales. Deberá aplicarse en su totalidad entre un año y tres años a partir de la fecha de su entrada en vigor. Los Estados preverán normas en materia de sanciones aplicables de manera eficaz, proporcionada y disuasoria en caso de incumplimiento. Estamos sentando las bases para mejorar la calidad de vida, garantizando los derechos básicos a capas de la población europea especialmente vulnerables.