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Postup : 2017/2993(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-000089/2017 (B8-0613/2017)

Rozpravy :

PV 13/12/2017 - 23
CRE 13/12/2017 - 23

Hlasování :

Přijaté texty :


Doslovný záznam ze zasedání
Středa, 13. prosince 2017 - Štrasburk

23. Vyšetřovací pravomoc Evropského parlamentu (rozprava)
Videozáznamy vystoupení
Zápis
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  Presidente. – L'ordine del giorno reca la discussione su:

– l'interrogazione con richiesta di risposta orale al Consiglio sul diritto d'inchiesta del Parlamento europeo di Danuta Maria Hübner, a nome della commissione per gli affari costituzionali (O-000089/2017 - B8-0613/2017) (2017/2993(RSP)), e

– l'interrogazione con richiesta di risposta orale alla Commissione sul diritto d'inchiesta del Parlamento europeo di Danuta Maria Hübner, a nome della commissione per gli affari costituzionali (O-000090/2017 - B8-0614/2017) (2017/2993(RSP)).

 
  
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  Ramón Jáuregui Atondo, en sustitución de la autora. – Señor presidente. Señorías, esta es una pregunta oral que planteamos al Consejo y a la Comisión como expresión de una queja que el Parlamento quiere hacer a ambas instituciones.

El parlamentarismo moderno —desde hace ya un cierto tiempo— no se caracteriza solo por la capacidad legislativa sino, sobre todo, también por el control al gobierno. Y en el control al gobierno los parlamentos tienen una herramienta fundamental en la creación de comisiones de investigación. No por casualidad el Tratado de Lisboa estableció que el Parlamento Europeo tenía precisamente capacidad de iniciativa legislativa —cosa que no tenemos en ninguna otra materia— en la elaboración de un reglamento sobre cómo tienen que funcionar así como sobre los poderes que deben tener la comisiones de investigación del Parlamento Europeo. Y esto se estableció en la Constitución europea, en los Tratados, para sustituir a una vieja norma, a un acuerdo institucional que regulaba desde el año 1995 las funciones del Parlamento en materia de investigación.

El Parlamento Europeo, señorías, aprobó en el año 2014 su propuesta de Reglamento. Fue el llamado informe David Martin. Y es verdad que lo hizo sin acuerdo con la Comisión y sin acuerdo con el Consejo y, por tanto, no cabía que este fuera aprobado, pero lo hicimos —el Parlamento del año 2014― con objeto de que no muriera la iniciativa al término de la anterior legislatura. Desde que quien les habla fue nombrado por la Comisión de Asuntos Constitucionales ponente de este asunto, es decir, desde el mes de septiembre del año 2014, estoy intentando negociar con la Comisión y con el Consejo y me he reunido con todas las presidencias que ha habido desde entonces: con la Presidencia letona, con la luxemburguesa, con la holandesa, con la eslovaca, también, por supuesto, con la maltesa, y con todas ellas hemos tenido diferentes conversaciones, siempre bien intencionadas, para resolver este problema. Pero nunca hemos conseguido iniciar unas conversaciones en serio, formalmente, para resolver las diferencias, las preocupaciones que mostraron en su día la Comisión y el Consejo sobre ese viejo texto.

En octubre del año 2016, la Presidencia eslovaca nos propuso una fórmula de resolución del problema y nos planteó la posibilidad de que los servicios jurídicos de la Comisión, del Parlamento y del Consejo se reunieran discretamente, oficiosamente ―podríamos decirlo así―, para que elaboraran un texto común, si es que eran capaces de resolver las diferencias técnicas que había en torno al texto anterior. Y quiero decirles que estas reuniones de los servicios jurídicos de las tres instituciones se han venido produciendo desde octubre del año 2016 hasta mayo del año 2017. Y durante nueve reuniones muy serias los servicios jurídicos de las tres instituciones han llegado a una cierta aproximación. No lo han resuelto todo, porque tampoco son ellos los responsables de hacerlo, pero sí han —digamos— delimitado las diferencias y establecido un texto que podría resolver este problema.

Pero desde mayo del año 2017 hasta hoy la situación se ha vuelto a estancar, porque los servicios jurídicos han planteado a sus direcciones políticas en el Consejo y en la Comisión sus acuerdos y las resoluciones políticas de la Comisión y del Consejo no se han producido. De manera que, señorías, los hechos son que han pasado tres años largos y no hemos podido iniciar las conversaciones con las instituciones. A pesar de nuestra disposición para hacerlo; a pesar de las múltiples formas de diálogo que hemos propuesto; a pesar de las múltiples alternativas que hemos planteado para flexibilizar nuestros textos.

Y aquí ya vienen mis valoraciones, señorías, porque hasta ahora eran los hechos. Mi primera valoración, señorías, es que yo quiero denunciar que, en mi opinión, tanto en la Comisión, como en los Estados miembros, como en el Consejo, hay una fuerte resistencia a que el Parlamento Europeo elabore una norma con poderes para que las comisiones de investigación investiguen lo que se produzca a lo largo de la vida parlamentaria. En segundo lugar, lo que está ocurriendo es que la realidad va poniendo cada vez más experiencias de investigación. Solamente en los últimos dos años hemos tenido dos comisiones de investigación muy importantes. Hoy hemos aprobado aquí, en el Pleno, el informe sobre los papeles de Panamá, que presenta un conjunto de resoluciones superimportantes sobre un tema que provocó alarma social en toda Europa, que es la fuga, la evasión fiscal o la competencia desleal entre Estados en la propia Unión Europea.

Y hemos tenido la Comisión sobre la Medición de las Emisiones en el Sector del Automóvil. Y cada vez va a haber más. Y la pregunta es si este Parlamento tendrá o no una disposición, una capacidad de poder tener su propio Reglamento. Yo quiero decirles, señorías, que el Parlamento Europeo está dispuesto a dialogar, a negociar y a reformar si es necesario. A dialogar y a reformar si es necesario. Si la Comisión y el Consejo nos comunican ―aunque sea oficiosamente― que aceptan el texto que los servicios jurídicos han preparado y podemos iniciar esa negociación, yo me comprometo a llevar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, si es necesario, un texto que pueda ser negociable con las instituciones.

Si esto no es así, señorías, permítanme que termine diciéndoles en nombre del Parlamento ―y creo que expreso la opinión de todos mis compañeros, de los compañeros ponentes alternativos de los diferentes grupos políticos— que su silencio es un desprecio al Parlamento Europeo. Que su negativa a negociar ofende al Parlamento Europeo y que su comportamiento hasta ahora no corresponde a la lealtad institucional que nos debemos mutuamente.

 
  
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  Matti Maasikas, President-in-Office of the Council. – Mr President, let me start by assuring the House that the Council shares the view that committees of inquiry are important instruments for this Parliament to exercise its political control.

In this spirit, and in respect of its duty of sincere cooperation, the Council is therefore prepared to examine constructively proposals for a revision of the current rules on the exercise of Parliament’s right of inquiry.

As you know the first proposal for a regulation on the exercise of the Parliament’s right of inquiry, the so-called Martin Report from 2011, raised serious legal and institutional concerns in the Council and in the Commission. Indeed it foresaw a far-reaching extension of the rights of committees of inquiry, which was considered contrary to Article 226 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Also a more moderate revised proposal from 2014 did not resolve the fundamental legal and institutional issues with regard to the limits imposed by the above-mentioned Article.

Following informal contacts between our institutions it was thus agreed in October 2016 to mandate the Legal Services of the three institutions to further spell out the legal and institutional issues, with a view to helping Parliament clarify the content of its proposal. On the basis of this mandate the experts of the three Legal Services had nine meetings at a technical level between December 2016 and May 2017. In May they submitted the result of their work to their respective hierarchies.

We have been waiting for a meeting at directors-general level to take place in order to finalise the joint paper before its submission to the political authorities of the three institutions.

The Council stands ready to continue the work once we have the outcome of the three Legal Services on the table. I would not however expect that the Legal Services will come up with a ready-made solution, or ready-made solutions, to all the thorny legal and institutional issues raised by this file, and indeed laid out by the previous speaker, but their input will facilitate finding a common way forward, including helping Parliament to elaborate on a new text which will have a chance to obtain the consent of the Council and the Commission.

 
  
  

PRZEWODNICTWO: RYSZARD CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

 
  
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  Dimitris Avramopoulos, Member of the Commission. –Mr President, dear colleagues, let me first welcome the opportunity offered by this oral question to set out the Commission’s position regarding the important right of inquiry of the European Parliament.

Article 226 of the Treaty on the Functioning of the European Union sets forth Parliament’s right to investigate alleged contraventions or maladministration in the implementation of Union law, without prejudice to the powers conferred by the Treaties to the other institutions and bodies.

This tool represents, in the European Union Treaties, the traditional control functions of the Parliament over the activities of the executive branch, a key component of every functioning democracy.

With the entry into force of the Lisbon Treaty, the current rule from 1995 needs to be replaced by a new regulation proposed by the European Parliament. However, it needs the consent of the Council and the Commission before it can enter into force. As we all know, this has been a complicated and politically sensitive file ever since the Parliament presented its proposal for a regulation in 2012. To be sure, the Commission has engaged in constructive dialogue, at technical and political level, honouring the principle of sincere cooperation between the institutions. At the same time, the Commission has always been very clear about the points that raised concerns while offering constructive solutions.

The Commission takes good note of the solution-oriented attitude the Parliament has taken so far, and I would like to thank in particular the current rapporteur, Mr Jáuregui Atondo, for his continued commitment and constructive approach with regard to the trilateral work.

Let me stress here the Commission’s continued willingness and commitment to engage in constructive trilateral discussions with the Parliament and the Council. Our aim is to find appropriate solutions to the divergences that still exist between the institutions, so that after Parliament’s vote on a final legislative resolution, the Commission can give its consent in accordance with Article 226 of the Treaty, with due regard to its institutional prerogatives.

In this respect, I’m pleased to reaffirm that, in the Commission’s view, the constructive cooperation of the representatives of the Legal Services of the three institutions, which was started at the end of 2016, has borne its fruit.

It has been overall a useful exercise that allowed for identifying possible agreement on large parts of a common text as well as avenues for possible compromise on other issues. However, although our legal experts have made significant progress on pending legal and institutional issues, important divergences still exist between the institutions. Throughout the process, the Commission has been very transparent about its concerns.

To briefly sum up. Firstly, this is particularly the case for the scope and duration of the mandate of the Temporary Committee of Inquiry. Secondly, the incompatibilities between the investigations of the Committee of Inquiry and ongoing legal proceedings established by the Treaty. Thirdly, the rules on specification of document requests and the protection of sensitive documents or testimonies.

Moreover, the Commission believes that there are other issues that merit serious further discussions, including: the investigative means at Parliament’s disposal, the coercive measures which the Parliament asked to be put in place for failure to cooperate or for unsatisfactory testimony by natural and legal persons and political sanctions and legal remedies. The Commission also believes that the future legal framework for Parliament’s right of inquiry must be discussed in the light of the practical experience of the recent EMIS and PANA Committees of Inquiry.

Earlier today this plenary presented its recommendations to the Council and Commission following the work of the PANA Committee, which includes recommendations on the implementation of Parliament’s right of inquiry. With this valuable, practical experience now fully available, the inter-institutional work in view of the update of the legal framework for the exercise of Parliament’s right to inquiry could usefully be resumed.

Let me emphasise again the Commission is standing ready to resume trilateral work at the appropriate level, I now look forward to hearing the views of all Members and of the Council.

 
  
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  Danuta Maria Hübner, on behalf of the PPE Group. – Mr President, it is true that I am a member of the European People’s Party but I speak here today as Chair of the Committee on Constitutional Affairs under whose responsibility and competence this dossier falls.

I would like to start by saying that we have been insisting, without success, for more than three years and five Council Presidencies now, on an interinstitutional process of dialogue being opened with the Council and the Commission on the regulation of the European Parliament on the right of inquiry.

Recent events and the work of our two latest inquiry committees – which the Commissioner mentioned, Emission Measurements in the Automotive Sector (EMIS) and Money laundering, tax avoidance and tax evasion (PANA) – have shown that we need new and more efficient rules on the role and powers of European Parliament committees of inquiry if we want to have effective public inquiries on matters that, by their very nature, go beyond the competence of national institutions.

Parliament voted today with a sweeping majority on establishing a permanent Committee of Inquiry. Public opinion requires those inquiries. This means that it is indeed politically important, not only politically difficult. To have clear rules is also in the interest of other institutions and also people who are called to testify in general in this Parliament. It will bring transparency and legal certainty to the procedures of inquiry, and yet we have been waiting now for more than three years, not to conclude the procedure but just to sit at the table and discuss whether an agreement is at all possible.

That is why we drafted this oral question. We are not asking the Council and the Commission to agree with us. We are asking them to sit at the table and negotiate. That is how problems are solved in the European Union and we have a duty to try at least to do so. On this we count on the Bulgarian Presidency.

 
  
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  Kazimierz Michał Ujazdowski, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Wielokrotnie w tej debacie padała kwestia zaufania, ja też jestem wielkim tego zwolennikiem. Unia Europejska potrzebuje zaufania między instytucjami, między szczeblem unijnym a państwami. To powinno raczej dyktować powściągliwość niż radykalizm.

Niestety pierwsze przedłożenie w tej sprawie obciążone jest radykalizmem. Pan komisarz Avramopoulos wymieniał te dylematy i problemy. Ja powiem jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie Parlament Europejski ma prawo kontrolować instytucje unijne, natomiast nie ma podstaw traktatowych do tego, by wypełniać funkcje kontrolne i śledcze wobec instytucji narodowych. To byłoby pomieszanie porządków. Nie ma też tak silnych uprawnień, jak mają komisje śledcze parlamentów narodowych. Więc głęboko wierzę w to, że powściągliwość i wycofanie się z pewnych propozycji da możliwość racjonalnej rozmowy i przyjęcia dobrego rozwiązania, ale piłka jest raczej po stronie Parlamentu Europejskiego.

 
  
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  Max Andersson, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, I still remember the first time I read about this provision when I was analysing the EU Constitution back in the autumn of 2003. Then I read the text that has now become Article 226 of the Lisbon Treaty and I thought, yes, this is a really good thing. It could be really useful. And yet we are still here, almost a whole political life later, and we have still not managed to get this made a reality.

A committee of inquiry is a key feature of parliamentarianism. This is a fundamental right for Parliament, and without an effective tool for committees of inquiry the European Parliament will have difficulties in fulfilling its role as an effective control of the executive, of the implementation and enforcement of regulations, etc. It is long overdue.

As a Parliament we have repeatedly proposed such regulations and we have repeatedly, formally and informally, explained our openness and willingness to negotiate. Nothing helped! The Council stubbornly refuses to negotiate with Parliament and to grant it only a part of its natural and necessary rights. This is problematic. The experiences of the recent Committees of Inquiry on Money laundering, tax avoidance and tax evasion (PANA) and on Emission Measurements in the Automotive Sector (EMIS) show the true value of committees of inquiry and they also show that this system can be improved. Let’s start to negotiate for real.

 
  
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  Rainer Wieland (PPE). – Herr Präsident! Die immer wieder bekundete Bereitschaft, bei hehren Zielen mitzuwirken, wird hintertrieben. Es handelt sich hier um ein Trauerspiel. Das geht auch nicht erst seit 2014, sondern seit 2011, nicht fünf Ratspräsidentschaften, sondern elf Ratspräsidentschaften. Und das Recht, Sachverhalte zu erkunden, gehört zu den wichtigen Rechten eines modernen Parlaments. Es geht nicht nur darum, Regierungen zu kontrollieren, sondern darum, Sachverhalte zu kontrollieren, an denen manchmal auch die Regierungen beteiligt sind.

Dieses Recht ist für das Europäische Parlament unzureichend ausgeprägt. Es ist ein Recht aus dem letzten Jahrtausend, und es ist dringend nötig, dieses Recht zu verändern. Der Lissabon-Vertrag bietet diese Möglichkeiten. Aber wenn man den Text liest, dann enthält er auch eine Verpflichtung für Rat und Kommission, daran mitzuwirken. Und genau diese Mitwirkung wird massiv verweigert. Herr Maasikas hat hier erklärt: Im Mai haben die Rechtsdienste sich verständigt. Seither warten sie offensichtlich Nägel kauend auf einen Termin mit ihren Chefs, damit die dann irgendwann einen Termin bei den Generaldirektoren haben.

Glauben Sie nicht, dass wir nicht wissen, wo der Hase im Pfeffer liegt! Es geht darum, dass wir Beweise erheben wollen. Es geht darum, dass wir Zeugen vorladen wollen und die Zeugen auch begründen müssen, wenn sie nicht kommen. Und es geht darum, dass, wenn jemand vor diesem Untersuchungsausschuss die Unwahrheit sagt, er dann auch entsprechend seinem nationalen Recht bestraft wird und Sanktionen zu erwarten hat. Das ist in meinen Augen ein Meineid, wenn man das unter Eid entsprechend aussagt.

Meine Damen und Herren im Rat und der Kommission: Bewegen Sie sich! Sagen Sie, wo Sie Ihre Rechte verletzt sehen, dann kann man darüber reden. Oder sagen Sie wenigstens, dass Sie es nicht wollen. Das wäre ehrlicher.

 
  
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  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já víceméně podpořím stanovisko svých kolegů. Je zcela zřejmé, že vyšetřovací pravomoc je klíčovou pravomocí moderního zákonodárného sboru a ve chvíli, kdy nejsou stanovena podrobná pravidla pro to, jak vyšetřovací orgány mohou působit, pak sami sebe diskreditujeme.

Bohužel dnes Komise a Rada ve svých vyjádřeních ukazují, že zde není velká vůle na jejich straně dořešit praktické konkrétní problémy. Říkali to zde moji kolegové. Ve chvíli, kdy nejsou jasná pravidla pro získávání dokumentů, pro nakládání s dokumenty, kdy nejsou jasná pravidla pro předvolávání osob, které mají poskytnout výpověď pro konkrétní vyšetřování, pak se zde snažíme mít pravomoc, která se fakticky stává prázdnou. To je, podle mého názoru, velmi špatné.

Takže já se připojím k apelu svých kolegů, prosím Komisi a Radu, aby si uvědomily, že ve chvíli, kdy vyšetřovací pravomoc není možno zcela naplnit, není možno ji zcela realizovat, pak poškozujeme Evropský parlament v očích veřejnosti. Těžko můžeme našim občanům vysvětlit, jak tuto důležitou pravomoc můžeme vykonávat, když k ní nemáme detailní právní předpis, který by tuto pravomoc umožnil naplnit. Prosím, i v rámci ochrany dobrého jména orgánů Evropské unie, pojďme tuto věc posunout.

 
  
 

Zgłoszenia z sali

 
  
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  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με το άρθρο 226 της Συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο έχει εξουσία σύστασης προσωρινών εξεταστικών επιτροπών, για να ελέγξει καταγγελίες παραβάσεων ή εσφαλμένης εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης. Πρόκειται για ένα κλασικό δικαίωμα που έχουν όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Είναι άλλωστε ακρογωνιαίος λίθος του κοινοβουλευτισμού να μπορούν τα κοινοβούλια να συγκροτούν εξεταστικές επιτροπές, και αυτό το απλό –αν θέλετε– δικαίωμα πέρασαν τόσα χρόνια για να ενσωματωθεί μέσα στις συνθήκες. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να γίνει πράξη. Μέχρι στιγμής έχουμε εξεταστικές επιτροπές για πολύ σημαντικά θέματα, για τα Panama Papers, για τα LuxLeaks, τελικά όμως πρέπει να διαμορφωθεί ένα σημαντικό πλαίσιο.

Όπως είπατε, κύριε Αβραμόπουλε, πρέπει να διευκρινιστούν τα μέσα που θα έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μα δεν θα πρέπει αυτά να διαφέρουν από τις εξουσίες που έχουν τα εθνικά κοινοβούλια. Είναι θέμα λοιπόν βούλησης να προσέλθουν τα άλλα όργανα στις διαπραγματεύσεις και στη συζήτηση. Το ότι έχουν περάσει πέντε χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτε αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει βούληση από τα άλλα όργανα και κυρίως δημιουργεί στρεβλή και άσχημη εικόνα στους ίδιους τους πολίτες. Οι πολίτες θέλουν να έχει εξουσίες το Κοινοβούλιο, να μπορεί να προχωρά στη συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών και να έχει εξουσίες στο πλαίσιο αυτών των εξεταστικών επιτροπών.

 
  
 

(Koniec zgłoszeń z sali)

 
  
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  Dimitris Avramopoulos, Member of the Commission. – Mr President, thank you for this important debate which reflected the constructive spirit with which this file needs to be approached. I have taken good note of this discussion and all your remarks, and will not fail to inform my colleague First Vice-President, Mr Timmermans, under whose remit this file falls within this Commission, about its outcome in detail.

Let me reiterate that the Commission attaches great importance to Parliament’s role of scrutiny and political control. The ultimate aim of this control is to guarantee that citizens’ concerns regarding the implementation of European Union law are properly addressed. This is what the Treaty stipulates. However, I have also stated our genuine concerns, that need to be redressed. The trilateral work that has been done so far, including by our legal experts, and the practical experiences with Parliament’s recent committees of inquiry have shown us where common ground exists and where divergences still exist and need to be brought together.

It goes without saying that the Commission stands ready at any time to resume constructive trilateral discussions at the appropriate level with a view to finding solutions that can reconcile the outstanding concerns of the three institutions.

 
  
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  Matti Maasikas, President-in-Office of the Council. – Mr President, I would like to thank you for this open and frank exchange of views which has allowed us to clarify our respective positions. I trust that we will soon have a joint paper of the legal services on the table, on the basis on which we can continue our discussions.

Let me reaffirm the Council’s willingness and commitment to engage with the European Parliament. After all, it is in our common interest to have clear and up-to-date rules governing the exercise of the European Parliament’s rights of inquiry so that all actors know precisely what are their rights and obligations.

Mr President, since this is my last intervention on behalf of the Estonian Presidency and of the Council, let me say a couple of words in my mother tongue, Estonian.

Euroopa Parlamendil on jäänud sellest meie ühisest toimetamisest siin head mälestused ja hea kogemus. Me oleme võtnud oma tööd, oma eesistujatööd väga tõsiselt. Me oleme töötanud oma parimal pühendunud viisil, nagu laulus öeldakse, et kulmud kuumavad töös, ja ma loodan, et meil on õnnestunud teile sellega ka muljet avaldada. Kuna meil Eestis ei ole nagu kombeks oma tundeid liiga reljeefselt väljendada, siis ütlen lihtsalt aitäh ja – polnudki üldse hull.

 
  
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  President. – Thank you very much indeed, Minister. That was probably your last speech in our House before the end of your country’s Presidency. Thank you very much indeed – or ‘aitäh’ as you say in your language – for your efforts in our common European interest.

 
  
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   Zamykam debatę.

Oświadczenia pisemne (art. 162)

 
  
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  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. – Il diritto d'inchiesta del Parlamento europeo è attualmente disciplinato da una decisione interistituzionale recante le "modalità per l'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo" adottata il 19 aprile 1995. Si tratta di un accordo interistituzionale che vincola solo le parti contraenti e non ha quindi un'efficacia giuridica erga omnes. Anche per questo motivo, l'approvazione di un nuovo strumento normativo, in specie un regolamento, sarebbe un grande passo avanti che rafforzerebbe il ruolo del Parlamento europeo, unica istituzione europea ad avere una legittimazione popolare diretta. La richiesta di rafforzare i poteri di inchiesta del Parlamento è inoltre più che mai necessaria alla luce dei recenti scandali fiscali e non solo che, in un mondo sempre più globalizzato, vanno oltre la sovranità di ogni singolo Stato. Sbloccare l'impasse istituzionale che si è venuta a creare con Consiglio e Commissione è quindi fondamentale. È inaccettabile che, nonostante il relatore abbia cercato di trovare un accordo con ben sei Presidenze del Consiglio, non si sia addivenuti a una soluzione comune. Ciò non solo non è in linea con il rispetto del principio della leale cooperazione tra Istituzioni, ma delinea un comportamento irresponsabile e profondamente antieuropeo che avvantaggia chi non rispetta le regole.

 
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