Stenograma dezbaterilor

Luni, 18 ianuarie 2021 - Bruxelles

17. Mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre (dezbatere)

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la relazione di Javier Zarzalejos, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, sull'attuazione del mandato d'arresto europeo e delle procedure di consegna tra Stati membri (2019/2207(INI)) (A9-0248/2020).

Ricordo agli onorevoli deputati che per tutte le discussioni di questa tornata non è prevista, come purtroppo è in questo periodo, la procedura "catch-the-eye", né saranno accettate domande "cartellino blu".

Sono inoltre previsti interventi a distanza dagli Uffici di collegamento del Parlamento negli Stati membri, come ormai siamo abituati a fare.

  Javier Zarzalejos, ponente. – Señor presidente, señorías, señor comisario, presento al Pleno el informe de aplicación de la orden europea de detención y entrega redactado en el seno de la Comisión LIBE.

Hablamos de un instrumento esencial de cooperación judicial y, en consecuencia, de uno de los cimientos del espacio de libertad, seguridad y justicia.

La orden, que fue introducida por la Decisión Marco de 13 de julio de 2002, es, sin duda, el logro más destacado en materia de cooperación judicial que hemos alcanzado en la Unión y ha abierto el camino a otros instrumentos que después han permitido continuar esa senda de progreso.

Sustituir el procedimiento clásico de extradición, basado en la desconfianza entre sistemas jurídicos, por un procedimiento de entrega basado en la confianza y el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales constituyó un verdadero salto cualitativo en beneficio del imperio de la ley y de la reparación de las víctimas mediante la eliminación de los espacios de impunidad.

A lo largo de la discusión de este informe —del que he tenido el honor de ser ponente— he insistido en que la trayectoria de la orden europea de detención y entrega es, en conjunto, un éxito notable. Pero, al mismo tiempo, creemos que hay margen para mejorar. A explorar estas vías de mejora se ha dedicado este debate ciertamente complejo desde el punto de vista jurídico, pero conveniente y oportuno.

La orden ha suscitado cuestiones importantes a lo largo de su vigencia que han sido en buena medida aclaradas por una valiosa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Tribunal ha fortalecido este instrumento de cooperación en una dirección doble. Por un lado, ha situado claramente el procedimiento de entrega en el marco de los derechos fundamentales y de las garantías procesales que debe respetar. Por otro, ha reafirmado las obligaciones de cooperación de los Estados, evitando que se produzcan desviaciones en su aplicación y en la transposición al Derecho interno de la Decisión Marco, desviaciones alejadas del espíritu y de la letra de esta Decisión. Creo que la Comisión es consciente de esta situación, como se desprende del informe que presentó recientemente, y le animamos a que esas desviaciones sean corregidas, también, si es necesario, a través de los procedimientos de infracción pertinentes.

El informe que presento se ha construido sobre este equilibrio entre cooperación eficaz y garantías. El texto es claro a la hora de proponer que la utilización de la orden debe responder a criterios de proporcionalidad y de coherencia con otros instrumentos de cooperación judicial ya vigentes y menos intrusivos, de modo que, cuando con esos instrumentos se pueda conseguir el mismo resultado, se utilicen estos. Quiero señalar, de una manera clara y concluyente, que la preocupación por incorporar un marco de garantías exigente con el respeto de los derechos fundamentales está presente con toda claridad en el texto y ha sido el objeto central de nuestras discusiones.

No hemos eludido los factores objetivos que hoy están afectando a la confianza entre los Estados, pero, en la línea de interpretación establecida por el Tribunal de Justicia, queremos mantener una actitud de extraordinaria prudencia para no dañar este instrumento crucial de cooperación.

La entrega es el principio general, y el rechazo a la ejecución de una orden debe ser la excepción, interpretada de manera restrictiva y debidamente fundamentada.

El informe propone ampliar la actual lista de los treinta y dos delitos o categorías delictivas que no requieren control de la doble incriminación para incorporar diez nuevas categorías que van desde determinados tipos de evasión fiscal, violencia contra la mujer, delitos específicos de la web, delitos de odio, actos de contaminación masiva, delitos contra el orden público en caso de amenaza grave o utilización de la violencia o contra la integridad constitucional de los Estados que implique el uso de la violencia, así como delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Entendemos que la lógica de la cooperación debe llevar a nuevos espacios en los que esta cooperación se produzca de manera más fluida entre Estados que protegen bienes jurídicos esenciales, entre Estados que forman parte y que se reconocen como miembros de una comunidad de derecho.

Precisamente para que esta cooperación sea más fluida, no pasamos por alto los aspectos prácticos que aconsejan reforzar el papel y los medios de Eurojust, así como mejorar la formación de los operadores jurídicos, especializar a los órganos nacionales que deben tratar con los procedimientos de entrega y mejorar también la información disponible sobre la aplicación de la orden.

Quiero agradecer sinceramente a todos los grupos sus aportaciones. Hemos podido discutir este tema con el mejor ánimo, y personalmente he procurado hacer un esfuerzo especial para facilitar un amplio acuerdo que se reflejó en el voto de la Comisión LIBE a primeros del pasado mes de diciembre.

Me gustaría resaltar en este sentido que los compromisos ampliamente acordados cubren la gran mayoría de las 235 enmiendas que fueron presentadas. Espero que ese consenso se mantenga y espero también que quienes no se incorporaron a ese acuerdo inicial lo puedan hacer hoy.

Señor presidente, señorías, señor comisario, nadie negará que la seguridad y la libertad —ese binomio que se envuelve en lo que llamamos Estado de Derecho— se enfrenta a nuevos desafíos, a nuevas formas de criminalidad, a poderosos medios tecnológicos utilizados en su contra, a nuevas amenazas de desestabilización violenta, a nuevas formas de victimización. La única alternativa a la impunidad es la cooperación. La mejor seguridad para defender los derechos fundamentales es precisamente una cooperación judicial efectiva contra el delito.

Este informe quiere contribuir a esa reflexión, quiere contribuir a fortalecer esta cooperación con todas las garantías que forman parte del acervo jurídico de la Unión Europea, y para ello pido el apoyo del Parlamento al texto que hoy se propone.

VORSITZ: KATARINA BARLEY
Vizepräsidentin

  Didier Reynders, membre de la Commission. – Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi de commencer par remercier le rapporteur, M. Zarzalejos, pour le travail accompli au cours de ces derniers mois sur ce rapport relatif au mandat d’arrêt européen.

Je me réjouis d’avoir aujourd’hui l’opportunité d’être ici avec vous pour débattre de cet instrument essentiel pour l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

Le mandat d’arrêt européen est l’instrument de justice pénale le plus efficace en Europe. Il constitue un outil essentiel pour remettre des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction d’un État membre de l’Union à un autre. Il garantit que les personnes suspectes et les personnes condamnées ne puissent pas échapper à la justice au sein de l’Union.

Comme en témoigne le nombre de mandats émis et exécutés ainsi que l’augmentation considérable des questions préjudicielles posées à la Cour de justice dans ce domaine, le mandat d’arrêt européen est largement utilisé par les praticiens du droit et la jurisprudence de la Cour a fortement contribué à renforcer une application uniforme de cet instrument, ainsi qu’à assurer le respect des droits fondamentaux.

Bien entendu, comme la Commission l’a déjà souligné dans son rapport de juillet 2020, il est possible d’améliorer encore le fonctionnement du mandat d’arrêt. C’est ce que reconnaissent également les États membres, qui ont adopté des conclusions en décembre 2020 à ce sujet.

Dans votre rapport, vous avez également inclus un certain nombre de suggestions. Je tiens à souligner, d’ores et déjà, que la Commission a pris connaissance de ce rapport avec un grand intérêt, et notamment dans le cadre de nos travaux sur l’amélioration du mandat d’arrêt. Permettez -moi de vous donner quelques exemples concrets.

First, on the respect of fundamental rights, I want to underline that there is no doubt that European arrest warrants need to respect our fundamental values. The system is structured on that basis. As you know, the respect of fundamental rights is underlined in the framework decision itself. Clear standards for its application have also been set by the case law of the Court of Justice. In particular, the Court has confirmed that a refusal is possible on fundamental rights grounds as regards detention conditions and the right to a fair trial, as well as in exceptional cases. Furthermore, the respect of fundamental rights is also enshrined in the EU’s procedural-wide directives, which have to be fully transposed and implemented in all Member States.

Toutefois, notre travail ne se limite pas à ce constat. La Commission a l’intention de poursuivre une réflexion sur d’éventuelles garanties additionnelles en matière de protection des droits fondamentaux. Comme l’a souligné votre rapport, les questions de l’admissibilité des preuves et de la détention provisoire sont particulièrement pertinentes et nécessitent une analyse approfondie. Nous allons mener des études sur ces sujets, afin d’examiner de plus près les problèmes existants et la nécessité d’éventuelles règles européennes.

Let me turn to your reports’ proposal: the modification of the list of offences for which no double criminality check is required. Firstly, I would like to point out that the list as it stands covers most of the offences that Member States consider serious offences within the EU. Having said that, the Commission will look into this issue through a gap analysis to see whether further offences would need to be added or whether a more precise definition of the offences as mentioned in the current list is needed. As you know, the Commission is also working on an initiative to expand the list of Euro—crimes with regard to hate speech and violence against women. This will result in more common EU offences no longer requiring a double criminality check. Moreover, any possible modification of this list would not just affect the functioning of the European Arrest Warrant, but would likely also have an impact on all of the relevant material recognition instruments that contain a similar list, such as the European Investigation Order.

Another point. The Commission welcomes the soft law measures recommended in your report. As you know, the Commission is already providing funding for training and networks on the European Arrest Warrant, and we intend to continue doing so. We also share your focus on the importance of reliable data. The Commission is currently inquiring about the possibilities to expand the digital actions platforms to judicial cooperation instruments such as the European Arrest Warrant. This will lead to better comparable data in the future. We agree with your focus on the importance of direct contacts and consultation between judicial authorities. I hope we can also improve the situation by a closer alignment with all relevant parties through the European Arrest Warrant coordination group that was recently set up by the Commission.

Finally, we have started revising the Handbook on the European Arrest Warrant. It will contain an update of the 33 new judgments rendered by the Court of Justice on the instruments since the last version of the handbook in 2017.

Avant de conclure, permettez-moi de revenir sur un tout dernier point qui est à mes yeux fondamental.

La Commission attache la plus grande importance à la transposition complète et correcte de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen. Jusqu’à présent, nous avons lancé des procédures d’infraction contre sept États membres sur des questions de transposition et nous continuerons, si nécessaire, dès cette année. Nous accueillons positivement le fait que certains États membres prévoient de modifier leur législation nationale pour remédier aux lacunes identifiées. Il s’agit d’un travail essentiel si nous voulons parvenir à un fonctionnement optimal du mandat d’arrêt dans toute l’Union.

Je vous remercie de votre attention et je me réjouis maintenant d’entendre vos questions et observations sur cet instrument qui, je le répète, est probablement l’instrument le plus important dans le fonctionnement de notre justice pénale à travers l’ensemble de l’Union européenne et de la coopération, bien entendu, des États membres en cette matière.

  Paulo Rangel, relator de parecer da Comissão dos Assuntos Constitucionais. – Senhora Presidente, Senhor Comissário, Caro Relator, o mandado de detenção europeu é um dos pilares do espaço Schengen; é um pilar para a segurança, mas também para a liberdade e para os direitos fundamentais de todos os europeus.

Não há livre circulação sem haver cooperação e sem haver confiança em matéria de segurança e de combate à criminalidade. Mas, hoje, como há 18 anos, e falo enquanto membro da Comissão dos Assuntos Constitucionais, o mandado continua a ser um dos melhores instrumentos de integração constitucional das nossas ordens jurídicas internas.

Mas, atingida a maioridade, o mandado de detenção europeu está preparado para mais. É preciso conformá-lo ao Tratado de Lisboa. É preciso adaptá-lo ao novo mundo do crime. É precisa uma maior harmonização. Tal como Schengen, também no espaço de segurança, de liberdade e de justiça, o mandado de detenção europeu precisa de uma estratégia para o futuro, de uma estratégia que esteja atualizada, de acordo com o Tratado de Lisboa.

  Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie. – Voorzitter, een Europese ruimte waarin vrij over de grenzen bewogen kan worden heeft instrumenten nodig om ervoor te zorgen dat grensoverschrijdende criminelen daadwerkelijk voor de rechter komen en hun verdiende straf niet ontlopen. Het Europees aanhoudingsbevel is zo’n instrument. En het is een succesvol instrument gebleken. Waar aan het begin van deze eeuw het nog gemiddeld een jaar duurde om een verdachte binnen de EU uit te wisselen, zien we dat dat vandaag de dag in gemiddeld anderhalve maand lukt. Gerechtigheid komt tegenwoordig acht keer zo snel, en dat is mede te danken aan dat Europees aanhoudingsbevel, een wellicht weinig bekend, maar o zo belangrijk onderdeel van onze gezamenlijke samenwerking op het gebied van justitie in de EU.

Het is wel zo dat de context in die afgelopen 20 jaar veranderd is. De digitale transformatie heeft ook de aard van de criminaliteit veranderd en er bestaat daarom de behoefte om dit instrument aan de huidige tijd aan te passen, bijvoorbeeld door misdrijven toe te voegen – daar werd al over gesproken – die in de afgelopen jaren relevanter geworden zijn, maar ook door goed te kijken naar detentieomstandigheden, evenredigheid en procedurele waarborgen, en – een absolute voorwaarde voor samenwerking op dit gebied – bescherming van de rechtsstaat in al onze lidstaten.

Ja, er zijn uitdagingen voor het Europees aanhoudingsbevel en collega Zarzalejos heeft dat in zijn verslag al uitstekend verwoord, maar het doet niets af aan het feit – zoals het verslag ook zegt – dat het Europees aanhoudingsbevel een ontzettend belangrijk instrument is geweest, vandaag de dag is, en ook in de toekomst onmisbaar zal blijven.

  Juan Fernando López Aguilar, en nombre del Grupo S&D. – Señora presidenta, señorías, la aprobación de la orden de detención europea, por Decisión Marco gubernamental en 2002, fue un paso de gigante anticipatorio del espacio de libertad, seguridad y justicia. Supera la antigua extradición, una decisión política de los gobiernos por un procedimiento judicial garantista, vinculante y directamente operativo, que no requiere, además, examen de doble incriminación en una lista de treinta y dos delitos. Desde entonces ha sido la historia de un éxito: 43 000 órdenes de detención europea se han completado satisfactoriamente, reduciendo los tiempos de la antigua extradición desde los dos años a una media de cuarenta o cincuenta días.

Sin embargo, el tiempo transcurrido —la ampliación de la Unión Europea, que en 2002 tenía quince miembros y luego pasó a veintisiete y a veintiocho— la hizo más compleja, pero también más desigual, mostrando, en la sucesión de los episodios de crisis encadenados desde entonces, la erosión de los principios de confianza mutua y de reconocimiento mutuo sobre los que se funda precisamente el espacio de libertad, seguridad y justicia consagrado en el Tratado de Lisboa, cuyo artículo 82 vincula a todos los Estados miembros. Es exactamente por eso por lo que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que presido ha adoptado este informe de iniciativa: exactamente para examinar, reevaluar y reimpulsar la orden de detención europea, aprendiendo de las lecciones de la experiencia.

Esto significa atender la necesidad de formación para implementar el manual de detención europeo, prestar atención a las divergencias actualmente existentes entre los distintos sistemas procesales y sus garantías en los Estados miembros, armonizar el Derecho penal europeo..., pero también ampliar la lista, exenta de doble incriminación, para atender delitos como la violencia de género, delitos medioambientales o delitos de lesa humanidad o de genocidio y la violencia ejercida contra la integridad constitucional de los Estados miembros. Todo ello, en el respeto de los principios de proporcionalidad, necesidad e intervención mínima, pero, sobre todo, relanzando la orden europea para superar su denegación restrictiva, que prohíbe la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y asegurando que en ningún caso la garantía de los derechos fundamentales encubra un examen por el Estado requerido de la calidad de la organización judicial ni de la competencia de los Estados requeridos en materia judicial.

Si esta iniciativa se aprueba —como esperamos— en este Parlamento Europeo, será a la Comisión a la que le corresponda adoptar la iniciativa legislativa. Porque en eso consiste un informe de iniciativa: en vincular a la Comisión para que traiga una actualización que contemple un código de cooperación judicial penal europeo.

  Maite Pagazaurtundúa, en nombre del Grupo Renew. – Señora presidenta, señorías, hoy es uno de esos días en los que podemos sentir la utilidad de este Parlamento. Comenzamos la legislatura con una idea clara: la orden de detención europea necesitaba ser revisada para minimizar, para mejorar, por supuesto para evitar la impunidad en el espacio Schengen, para proteger mejor a las víctimas de los delitos en la Unión Europea y para mejorar, también, las garantías de las personas involucradas en delitos.

Gracias a la colaboración leal entre los grandes grupos políticos de esta cámara, contamos con un informe de implementación que nos muestra claramente los ángulos ciegos de esta piedra angular de la cooperación judicial en la Unión Europea, la euroorden.

Minimizar —como digo— la impunidad en el espacio Schengen es clave. Y significa adaptar además la cooperación judicial a los nuevos tiempos, a la revolución digital, a las amenazas, a las nuevas amenazas al Estado de Derecho. Porque el mundo cambia y nuestras normas deben mejorar con esos cambios, con esas mutaciones también del delito.

Así que apostamos por un mecanismo con mayor proporcionalidad, lo que supone no usar el instrumento en delitos menores, pero a la vez ser eficaces en la persecución de los delitos más graves, como son, por ejemplo, las amenazas contra el orden público de los Estados miembros y los delitos contra la integridad constitucional cometidos con el uso de la violencia, sin olvidar otros crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

Como legisladores, debemos seguir adelante en la mejora de este mecanismo y tienen mi compromiso personal para no dejar de trabajar por ello.

  Gwendoline Delbos-Corfield, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, Andrew Symeou est un citoyen britannique accusé d’être impliqué dans la mort d’un homme en Grèce et remis à la justice grecque par mandat d’arrêt européen en juillet 2009. Il a ensuite passé dix mois dans des conditions de détention désastreuses et a été empêché de repartir chez lui jusqu’en juillet 2011, quand il a été innocenté. Deux ans d’une vie gâchés, loin de ses proches et avec une interruption violente de ses études.

Si ce cas est emblématique et un peu plus connu que les autres, il n’est pas isolé. Les conséquences sur la vie des personnes sont dramatiques. C’est difficile d’avoir des chiffres sur ces abus qui sont dus à des raisons multiples: utilisation disproportionnée pour des offenses mineures, non-respect des droits fondamentaux ou simple erreur policière normale qu’une audition à distance aurait pu démontrer.

Pourtant, le mandat d’arrêt européen est un outil indispensable au développement de cette coopération judiciaire qui est garante d’une vraie union européenne, et il évite bien des problèmes liés à l’extradition classique. C’est pourquoi nous devons l’évaluer avec le plus grand sérieux et une vraie sincérité.

Le bon fonctionnement des outils de coopération est basé sur le principe de reconnaissance mutuelle et implique une confiance mutuelle dans les systèmes juridiques des États membres, mais la détérioration de l’état de droit et des libertés dans notre Union n’incite plus à la confiance aveugle. Dans certains cas, l’indépendance de la justice est fragilisée, comme en Hongrie. Elle est même remise en cause en Pologne.

Aujourd’hui, la responsabilité, immense, incombe au seul juge concerné par la demande de décider d’extrader ou non une personne vers un État membre, où ses droits ne seront peut-être pas respectés, sans véritable soutien européen ou ressources mis à sa disposition pour enquêter et justifier son refus.

Le Parlement européen se doit donc d’envoyer un signal fort pour que l’application du mandat soit accompagnée de garanties de procédure fortes, à la fois dans l’État émetteur et l’État exécutant. Surtout, nous devons nous prémunir de toute instrumentalisation politique de ces outils et, dans ce dossier, nous déplorons un petit manque de recul, parfois, de certains parlementaires européens, et l’importance que les intérêts nationaux de l’Espagne ont prise au détriment d’un regard vigilant global.

Il est proposé d’ajouter la mention du crime contre l’intégrité constitutionnelle d’un pays dans la liste des offenses ne nécessitant ni vérification ni débat. Cela ouvre une brèche terriblement dangereuse. Une telle disposition mettrait en danger nombre d’activistes politiques dans l’Union européenne, la notion d’intégrité constitutionnelle pouvant porter à tant d’interprétations, nos Constitutions sont tellement différentes. Nous ne pouvons pas laisser des conflits d’intérêts dans un État membre avoir un impact policier sur tout un processus européen.

Le mandat d’arrêt européen peut être un outil très efficace et positif pour les victimes, pour une Union européenne garante des droits et pour affronter les mafias, les grandes criminalités, les violences, les terrorismes. Mais il doit être utilisé à bon escient, avec vigilance et proportionnalité. Les justices nationales doivent être formées, les procédures alternatives utilisées, les droits fondamentaux respectés, l’interprétation assurée dans les procédures, et les conditions de détention améliorées.

Nous remercions d’ailleurs le rapporteur d’avoir inclus nos propositions sur les droits fondamentaux et nous remercions le commissaire d’avoir rappelé les évolutions nécessaires et les conditions de justice nécessaires.

  Joachim Stanisław Brudziński, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Przedłożony do dyskusji projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrażania europejskiego nakazu aresztowania i procedur wydawania osób między państwami członkowskimi nie budzi większych wątpliwości, a jego treść skupia się na sugestiach adresowanych zarówno do Komisji Europejskiej, jak i do państw członkowskich, dotyczących ulepszenia procedur ENA i jeszcze bardziej efektywnego ich stosowania.

W rezolucji wezwano również do przeprowadzenia przekrojowej analizy instrumentów wzajemnego uznania, aby zapobiec rozbieżnościom i zagwarantować ich koordynację. Holistyczne podejście do całego systemu wzajemnego uznawania w sprawach karnych jest niezbędne do zapewnienia jego spójności, co wielokrotnie zostało podkreślone.

Wobec zasadniczo pozytywnej oceny ENA zawartej w części pierwszej rezolucji nie do końca jednak zasadne i niezrozumiałe wydają się sugestie rozważenia zmian decyzji, głównie w zakresie odstąpienia od badania podwójnej karalności. Bardziej adekwatnym sposobem ulepszenia stosowania ENA są również wielokrotnie powoływane w projekcie rezolucji środki prawa miękkiego, jak podręczniki procedur czy zalecenia, oraz skupianie się na praktycznych aspektach funkcjonowania instrumentu, w tym przede wszystkim na ciągłym szkoleniu i podnoszeniu kompetencji osób, które w swojej praktyce zawodowej posługują się instrumentami unijnego prawa karnego.

  Clare Daly, on behalf of The Left Group. – Madam President, I think there are some really positive elements in this report. We welcome the call to strengthen procedural safeguards, rule of law and fundamental rights in judicial cooperation. We’re very glad to see the call for less intrusive instruments instead of the European Arrest Warrant (EAW) and the EAW only being used as a last resort. We’re glad to see the call for the equality of arms between prosecution and defence, which has long been sought, and we’re very glad to see the call for the Commission to promote and facilitate access to training for criminal lawyers.

So why, in God’s name, are we trying to undermine that good work by the politicisation of this report by elements in this Parliament opposed to Catalan independence? Is there no end to this really? Unhappy with the fact that Catalan politicians were not extradited from Belgium or from Germany because the crimes that they were supposedly responsible for are actually not crimes at all under the double criminality clause in those countries, and instead of seeing that now and making sure that doesn’t happen again, we see in this report the call for offences against public order and constitutional integrity to be exempt from double criminality. We cannot accept that.

Have you not learned from history? You cannot suppress a movement by repressive measures, and fundamental rights apply to everybody – even Catalans – and you should remember that. And last, but not least, I think it would be wrong not to mention Julian Assange in the context of a debate on extradition, still in prison for journalism, for exposing US war crimes. He’s done humanity a great service. I call on Joe Biden to free him now.

  Laura Ferrara (NI). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il rafforzamento dello spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea non può prescindere dal miglioramento dell'attuazione del mandato d'arresto europeo, uno degli strumenti principali di lotta contro le forme gravi di criminalità transfrontaliera.

Sono diverse le questioni da affrontare per perfezionarne il funzionamento, tra cui quelle riguardanti le condizioni detentive e carcerarie, la formazione degli operatori, la carenza di un sistema completo di dati, l'ampliamento di categorie di reato per le quali non è richiesta una verifica della doppia incriminabilità.

L'attuale pandemia ha evidenziato altresì il ruolo centrale svolto dalla digitalizzazione nella cooperazione giudiziaria in materia penale.

E dunque il puntuale recepimento e l'applicazione della decisione quadro relativa al MAE e delle direttive sulle garanzie procedurali, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, sono un dovere degli Stati membri e sono indispensabili per assicurare alla giustizia gli autori dei reati nel rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto, nonché per accrescere la fiducia reciproca nei sistemi nazionali di giustizia penale.

  Pernille Weiss (PPE). – Fru formand! Ingen kriminelle skal kunne gemme sig i ét EU land for et andet EU land. Sådan har det været i mange år, og Danmark har været med i den aftale, som sikrer det, siden 2004. Nu debatterer vi og stemmer om betænkningen, som vurderer, hvordan samarbejdsaftalen mellem EU-landene fungerer, og det går fremad. Men det skal op i fart, for vi ser stadigvæk store udfordringer med grænseoverskridende kriminalitet. Det er naturligvis godt for de kriminelle, men det er rigtig skidt for lovlydige borgeres retsbevidsthed og tilliden til, at det der med "rule of law" er vi faktisk i stand til at finde ud af sammen. Naturligvis har den yderste venstrefløj her i Europa-Parlamentet forsøgt at udvande betænkningens pointer, og ikke overraskende stemmer de imod den. Det er skammeligt – af mange gode grunde. Blandt andet slår betænkningen et stort slag for, at det grænseoverskridende samarbejde imod bekæmpelse af kriminalitet skal udvides til at omfatte korruption, menneskehandel, kønsrelateret vold og cyberkriminalitet. Men det vil den yderste venstrefløj altså ikke arbejde for. Forstå det, hvem der kan, jeg kan ikke! Og jeg håber, at mange kolleger nu vil bakke op om at sende kriminelle et stærkt signal om, at her i EU skal man opføre sig ordentligt, og man kan ikke gemme sig for lovens lange arm. Imens det samarbejde så bliver revideret, vil jeg personligt arbejde positivt for, at Danmark fjerner sit forbehold mod retssamarbejdet, for ingen kriminelle skal kunne gemme sig i Danmark eller for Danmark – ingen!

  Łukasz Kohut (S&D). – Pani Przewodnicząca! Europejski nakaz aresztowania jest podstawą współpracy sądowej w Unii Europejskiej i opiera się na wzajemnym zaufaniu, zaufaniu do zasady rządów prawa. W 2018 roku irlandzka sędzia odmówiła wykonania wydanego w Polsce nakazu. Powód? W Polsce zagrożone są rządy prawa. Walka o systemową praworządność objęła tym samym unijne sądy powszechne. To dobrze, że jest nas w tej walce coraz więcej, ale to również dowód na to, że unijne instytucje robią za mało.

Polski sędzia Igor Tuleya mówił o tym ostatnio z wielkim smutkiem. Erozja rządów prawa to niszczenie współpracy w ramach europejskiego nakazu aresztowania, to niszczenie zaufania do projektu europejskiego, które teraz jest bardzo wysokie, ale nie jest to dane raz na zawsze. Obywatele Unii nie zasłużyli na to, żeby instytucje robiły za mało. Tu chodzi o ich prawa, o gwarancje tych praw, więc zwracam się do Komisji, Rady, nas wszystkich: Czas działać. Teraz albo będzie za późno.

  Fabienne Keller (Renew). – Madame la Présidente, Monsieur le commissaire Didier Reynders, en Europe la lutte contre le terrorisme et le crime ne doit pas connaître de frontières. Créé en 2002 à la suite des attentats du 11 septembre, le mandat d'arrêt européen s'est révélé un instrument efficace, bien plus fiable et rapide que la procédure classique d'extradition. Entre 2005 et 2016, 43 000 mandats d'arrêt européens ont été exécutés.

Je voudrais revenir sur trois priorités de mon groupe Renew, défendues aux côtés de ma collègue Maite Pagazaurtundúa. Assurer une révision régulière des mandats d'arrêt non exécutés pour pallier les situations de blocage. Renforcer le budget européen de l'Agence européenne de coopération judiciaire Eurojust, qui contribue à la bonne coopération entre les autorités judiciaires nationales. Enfin, créer une base de données commune au niveau de l'Union européenne pour répertorier les mandats d'arrêt européens en cours et exécutés.

Ces propositions, c'est pour améliorer, vous l'avez dit Monsieur Reynders, un des outils les plus concrets à l'échelle européenne pour assurer la protection et la sécurité de nos concitoyens, pour une Europe de la justice et de la sécurité.

  Diana Riba i Giner (Verts/ALE). – Señora presidenta, señor comisario Reynders, la euroorden es un mecanismo que funciona bajo los principios de confianza mutua entre Estados y del respeto de los derechos fundamentales. Pero la confianza mutua no puede confundirse con la confianza a ciegas, ya que existen aún países europeos con evidentes deficiencias en materia judicial. Por eso, el debate de hoy debería centrarse en cómo reforzar las garantías procesales, y no en cómo conseguir detener de forma exprés.

Señorías, esta cámara no puede abrir debates o proponer reformas de mecanismos solo para satisfacer las pulsiones represivas de algunos. Nos jugamos la credibilidad de este Parlamento. Añadir el crimen de la integridad constitucional a la lista de delitos de extradición directa no facilitará la detención de los líderes catalanes, sino que abrirá las puertas a extradiciones injustas o arbitrarias para aquellos Estados con poca afección por los valores europeos de justicia y libertad.

  Assita Kanko (ECR). – Madam President, the European Arrest Warrant (EAW) is a valuable cross-border tool in the fight against terrorism and serious crime. The speed of extradition now, compared to the cumbersome processes of the past, is greatly improved.

However, many will remember a time when this House repeatedly expressed concern regarding its use for petty crimes, or the system errors which destroyed the lives of unlucky individuals.

This Parliament pushed therefore for actions and consequently its implementation has greatly been improved. Yet we were recently reminded of the pitfalls when the Spanish Government used the EAW for its own political agenda. It reminded us that instruments can be used, abused and stretched if there isn’t careful monitoring and protection in place.

Rather than seeking to create new powers and widening the scope of the EAW, we must first build back trust between the Member States and increase transparency and judicial independence. This is the only way we can help.

  Clara Ponsatí Obiols (NI). – Madam President, we all know what this remarkable interest of the Spanish MEPs in the European Arrest Warrant is about. It’s about their frustration because judges in several Member States have refused to execute politically motivated arrest warrants against us, the Catalan exiles. Yes, Germany and Belgium have refused extradition requests. Their courts told the Spanish Supreme Court that they have used the European Arrest Warrant because they prosecute inexistent crimes and they disregard fundamental rights.

In Brussels a court of appeal has ruled that the presumption of innocence isn’t guaranteed in Spain, and they noted that Spain disobeys the United Nations Working Group on Arbitrary Detentions. When a court of appeal rules that the Spanish Supreme Court cannot be trusted for a fair trial, the problem is not in the regulation of European arrest warrants – the problem is the political contamination of justice in Spain and that, Mr Reynders, is your business. It’s not an internal affair. It’s not an internal affair, Mr Reynders. You should take care of the rule of law in Spain.

  Evin Incir (S&D). – Madam President, the EU is not only an economic union; more than that it is a people’s union. The safety of our citizens must be of primary concern. The freedom of movement should also be supplemented with strong cooperation across the borders to prevent any kind of impunity. That is why the cooperation on criminal matters is of particular importance.

By sharing information and by creating common instruments to facilitate our cooperation, we are taking steps towards effectively addressing issues such as terrorism and organised crime, but also gender-based violence and hate crimes. However, I also want to stress that some issues are of national competence as procedural issues, such as admissibility of evidence.

It is important that the European Arrest Warrant contributes to streamlining the struggle against crime, not making it more complicated. Of course, with that said, respect for the rule of law and fundamental rights always needs to be in the centre, and safeguards always need to be in place. The arrest warrant must be up to date for a better cooperation and therefore also a safer Europe for all citizens. As the rapporteur said, security and freedom go hand in hand.

  Ramona Strugariu (Renew). – Madam President, it’s good that we have an efficient instrument. It is also true that if we look at the numbers between 2005 and 2017 (raw numbers) – and I’m aware of the explanations of the Commission – we have less than one-third of European warrants being executed.

And this makes me wonder whether we should look, first of all of course, at updating this instrument and then secondly, looking at true cooperation and enforcement of this instrument, and also at the obligation of the Member States to respect their commitment and to respect European legislation.

We have situations with regard to efficiency as well. I’m from a country where the handing-over procedure is the fastest in the Union: 11 days. But there are also countries where this procedure takes up to 90 days, and this doubles the European average. And then we also have countries which refuse to cooperate and which refuse to implement it.

It would be a pity to hide each other’s criminals and it will be a pity not to use efficiently this instrument in full cooperation and with respect for European law.

  Jorge Buxadé Villalba (ECR). – Señora presidenta, señorías, la necesidad de reformar y mejorar la Decisión Marco del Consejo que regula la euroorden es de vital importancia, un hecho incontestable también para este Grupo.

La pertenencia a la Unión Europea implica el respeto a los derechos y garantías que recoge el artículo 2 del Tratado y, por ello, la retirada de los controles fronterizos del espacio Schengen no puede servir para que los delincuentes con medios económicos busquen foros de conveniencia para eludir la justicia en los Estados miembros y evitar lo que sucedió en el año 2018, en el que de 17 000 euroórdenes emitidas solo se ejecutaron 7 000.

Es el caso, por ejemplo, de la terrorista Natividad Jáuregui, reclamada por los jueces españoles por el asesinato del teniente coronel Ramón Romeo, que estuvo diecisiete años en Bélgica sin que los tribunales belgas aceptaran una decisión de los tribunales españoles.

A pesar de la urgencia y de la dimensión del problema, este informe de iniciativa propia adolece de tibieza y de contenido ideológico, ya que, si bien se reconoce el principio fundamental del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, abre numerosas espitas y vías para evitar la aplicación de las mismas. Acude al abusivo instrumento del mecanismo del Estado de Derecho, que nada tiene que ver. Aquí estamos. O respetamos las leyes aprobadas por los Estados miembros en los Parlamentos nacionales o respetamos la posición de delincuentes que pretenden ampararse en foros de conveniencia.

Por eso, es necesario que digamos desde el Parlamento Europeo que los delitos contra la integridad y el orden constitucional de los Estados miembros son delitos en cualquier caso, sin necesidad de exigir violencia.

Tampoco nos parece adecuado que se incluyan en esta reforma de la euroorden cuestiones de contenido ideológico, como los delitos de opinión, bajo la figura del delito de odio o incluso la discutida figura de los delitos de violencia de género.

En mi partido, por todo ello, y por respeto a las víctimas en todos los casos, vamos a decidir abstenernos en esta Decisión y solicitar que la Comisión mejore técnicamente este documento, para garantizar la soberanía judicial de los Estados miembros.

  Domènec Ruiz Devesa (S&D). – Señora presidenta, en primer lugar, muchas gracias al ponente, al señor Zarzalejos. Enhorabuena por este muy buen informe, por el que yo voy a votar a favor, como el conjunto de mi Grupo. Me voy a centrar en dos aspectos importantes.

Primero, la ampliación de la lista de delitos, absolutamente necesaria. Señora Delbos-Corfield, no he entendido bien si usted se opone a ampliar la lista con carácter general o solo en lo que se refiere a los delitos contra la integridad constitucional. Pero, desde luego, yo sé que su Grupo defiende la Europa federal y la federalización. ¿Cómo pueden estar ustedes en contra de ampliar la lista a los delitos de odio, al genocidio, a los delitos ambientales o al propio delito contra la integridad constitucional?

No es ninguna broma de delito lo que hicieron el señor Puigdemont o la señora Ponsatí, que ha intervenido antes. No es ninguna broma declarar unilateralmente la independencia.

Usted sabe cómo empezó la Segunda Guerra Mundial: alterando unilateralmente una frontera. Ustedes han visto lo que pasó en el Capitolio. ¿Les parece una broma, realmente, atentar contra el orden constitucional?

  Luis Garicano (Renew). – Señora presidenta, señor comisario, nada ha hecho más daño a la imagen de España en Europa que ver a delincuentes, incluyendo políticos, pasearse por Bélgica impunemente.

Europa no puede sobrevivir si no mantenemos una confianza básica entre países. No es posible un espacio de libre circulación que lleve a la impunidad de los criminales.

Durante las últimas semanas el presidente de los Estados Unidos está intentando subvertir el orden constitucional para, según él, defender la democracia. ¿Se imaginan que los que asaltaron el Congreso pudieran quedarse en Texas y los tribunales de Texas simplemente negarse a que estas personas se enfrentaran a las consecuencias penales de sus actos?

Nada, nadie y menos aún los representantes públicos están por encima de la ley. Por eso, el Parlamento Europeo hoy hace una propuesta de reforma en la que incluye delitos contra el orden constitucional.

Espero que la Comisión, señor Reynders, siga ahora la senda marcada por el Parlamento y que acabemos ya con esta impunidad tan dañina.

  Karin Karlsbro (Renew). – Fru talman! Herr kommissionär! Kriminaliteten blir alltmer gränslös, koordinerad och avancerad. Gängkriminaliteten ökar. Dödsskjutningarna blir fler. Vi behöver mer Europasamarbete för att bekämpa brottsligheten.

Ett viktigt steg är den europeiska arresteringsordern som nu funnits i många år. Med den kan vi stoppa grovt kriminella från att gömma sig undan lagen och missbruka den fria rörligheten. Men ska det fungera måste medlemsstaterna lita på varandras rättssäkerhet och så är det inte i dag. Polen har inskränkt rättsstatens principer till den grad att andra medlemsländer inte längre anser att det är ett rättssäkert land att lämna ut personer till och fler medlemsländer är på väg åt samma håll.

Den här resolutionen visar hur viktig den europeiska arresteringsordern är för brottsbekämpningen i Europa. Men den gör också tydligt att respekt för rättsstaten och dess oberoende är helt avgörande för det rättsliga samarbetet i EU.

Vägen till trygghet i Europa går inte genom stängda gränser utan genom starkare samarbete byggt på grundläggande värderingar om demokrati och om rättsstatens principer.

  Vlad Gheorghe (Renew). – Doamna președintă, ultimul an a arătat încă o dată cât de puternică este Europa unită, dar aceasta nu poate exista fără o justiție unită, fără o justiție puternică. O justiție unitară permite o mai mare siguranță a cetățenilor europeni, stabilitate și un teren solid pentru valorile pe care le împărtășim cu toții.

De aceea, mandatul de arestare european trebuie întărit și actualizat. Nu mai putem permite ca infractorii să găsească refugiu în unele dintre statele membre. Nu mai putem permite ca justa pedeapsă să fie amânată sau întârziată din motive politice. Este timpul să fim uniți în lupta împotriva infracțiunilor digitale și asupra mediului, în special. E nevoie să condamnăm unitar violența de gen și crimele motivate de ură.

De la evaziune fiscală și până la crime împotriva umanității, cooperarea judiciară ne ajută să construim o Europă mai sigură pentru noi și copiii noștri. Domnule comisar, vă cer să susținem împreună un mandat de arestare european îmbunătățit, care să permită înfăptuirea fără întârziere a justiției în toate statele membre ale marii noastre familii europene.

  Didier Reynders, membre de la Commission. – Madame la Présidente, merci aux services pour ce travail incessant pour que nous puissions prendre la parole, ici au sein de de votre Assemblée.

Mesdames, Messieurs les députés, je vous remercie également pour vos interventions au cours de ce débat. Il me semble, bien sûr avec des nuances, qu'il existe un large consensus sur l'utilité du mandat d'arrêt européen au sein de l'espace de liberté et de sécurité, notamment pour les praticiens du terrain. Il faut rappeler que c'est vraiment un outil au coeur de cette discussion sur la liberté et la sécurité mais aussi la justice, je le rappelle en tant que commissaire responsable.

Je voudrais préciser peut-être le cadre dans lequel nous intervenons à l'égard des praticiens.

The arrest warrant procedure is a purely judicial proceeding, and though the Commission can help practitioners with technical expertise, it has no competence to intervene in the manner in which Member States administer justice in individual cases.

The framework decision allows the executing authorities to refuse execution of the arrest warrant in certain cases, in particular for offences other than those covered by the list of 32 crimes for which there is no double criminality check. The executing state may decide a surrender will be subject to the condition that the acts at stake equally constitute an offence under its national law. Thus the outcome of a double criminality assessment may be different from one Member State to another, depending on whether the charge as determined by the issuing state would constitute a criminal offence in the executing state and whether that Member State decided to make use of its discretionary power to invoke this ground for refusal.

Et la Commission va poursuivre évidemment, je l'ai dit, son travail pour vérifier que le mandat d'arrêt européen soit correctement mis en oeuvre dans l'ensemble des États membres. Nous avons déjà introduit des procédures d'infraction et, s'il le faut, nous en introduirons encore. Je constate également que vous partagez le désir de la Commission d'améliorer certaines lacunes relatives au fonctionnement du mandat d'arrêt européen, notamment par la formation, la mise en réseau de différents acteurs et l'adoption de certaines mesures non législatives. C'est certainement un point sur lequel nous travaillons et continuerons à travailler ensemble.

Nous devons améliorer la coopération judiciaire, notamment à travers cet outil, mais aussi à travers d'autres instruments dont nous aurons encore l'occasion de débattre, surtout dans un monde judiciaire qui évolue vers une transition de plus en plus numérique.

Et, dans ce contexte, nous allons continuer à travailler aussi à la protection, je l'ai rappelé, des droits fondamentaux. La Cour de justice de l'Union européenne nous aide en la matière, notamment à travers sa jurisprudence, que nous allons reprendre dans un manuel à destination des praticiens. Il est important que cette protection des droits fondamentaux figure aussi au coeur du débat sur le mandat d'arrêt européen.

Je voudrais terminer en disant bien entendu, parce que plusieurs l'ont évoqué, que nous allons aussi, par ailleurs, continuer à utiliser tous les instruments à notre disposition pour garantir l'état de droit au sein de l'Union européenne, à travers tous les États membres. Mais, je le répète, l'outil que nous avons devant nous aujourd'hui est un outil très efficace en matière de coopération judiciaire. À nous de faire en sorte qu'il fonctionne le mieux possible et de l'améliorer, si nous en avons l'opportunité.

  Die Präsidentin. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung über die Änderunganträge findet morgen, Dienstag, 19. Januar 2021, und die Schlussabstimmung am Mittwoch, 20. Januar 2021, statt.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 171)

  Pablo Arias Echeverría (PPE), por escrito. – Quiero felicitar al ponente de este informe, mi compañero Javier Zarzalejos, por el trabajo realizado.

La euroorden se basa en la confianza entre Estados miembros. Debemos adaptar la euroorden para que los delincuentes prófugos de la justicia en un Estado miembro no puedan esconderse dentro de la Unión Europea sin ser juzgados por los delitos que se les imputan.

Con esta iniciativa lanzamos desde el Parlamento Europeo un mensaje claro a la Comisión Europea, que es quien tiene la iniciativa legislativa, sobre la necesidad de reformar la euroorden. Concretamente solicitamos la inclusión de varios nuevos delitos, especialmente los delitos contra el orden público de los Estados miembros, cuando sean una amenaza grave o contemplen la violencia, y los delitos contra la integridad constitucional de los Estados con utilización de violencia.

Desde aquí llamamos a la Comisión Europea a convertir este mensaje en una iniciativa legislativa.