La aplicación de ventajas fiscales en algunos territorios de la UE hace que puedan actuar, de facto, como paraísos fiscales. En España, en 2018 el Gobierno del PP modificó la fiscalidad sobre las apuestas para los juegos en línea reduciendo las tasas del juego al 10 % en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, frente al 20 % del resto del territorio. Este cambio se produjo para «competir» con Gibraltar.

Después, la empresa Codere, una de las casas de apuestas más invasivas en municipios y barrios de las ciudades de España, trasladó su sede social de Madrid a Melilla. También se han producido otras «mudanzas» de empresas. Irlanda y los Países Bajos son otros ejemplos de tributación baja y legislación laxa en materia fiscal, por lo que atraen gran cantidad de inversiones extranjeras a costa de que otros países comunitarios recauden menos impuestos.

La OMS considera que la ludopatía es una enfermedad. Sus efectos se han extendido debido a la proliferación de estas empresas que hacen negocio explotando vulnerabilidades sociales.

¿Qué planes tiene la Comisión para evitar que los operadores de casas de apuestas en línea tributen en territorios de la UE que ofrecen beneficios que, de facto, los convierten en paraísos fiscales?