Los acontecimientos recientes demuestran el continuo empeoramiento de la situación de los derechos de los migrantes en la Unión y en sus fronteras exteriores. Como concluye el informe de 2020 del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, Croacia sigue usando la violencia contra los solicitantes de asilo(1). Asimismo, Grecia continúa realizando devoluciones de solicitantes de asilo de manera indiscriminada y violenta. El ejemplo más reciente de esta situación es la deportación ilegal de un ciudadano de la Unión que trabajaba en Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), según informó el New York Times el 1 de diciembre de 2021. También en Libia se han denunciado de manera reiterada casos de abusos y vulneraciones de los derechos humanos fundamentales. Por último, el 28 de noviembre de 2021, el New Yorker describió en detalle la incineración violenta y secreta de migrantes interceptados por la guardia costera de Libia, que recibe financiación europea(2). En este contexto, la propuesta de la Comisión de Decisión del Consejo sobre medidas provisionales de emergencia(3)constituye una negación indiscriminada del derecho de asilo y de las devoluciones en Polonia y los Estados bálticos, debilita aún más las obligaciones de los Estados miembros en materia de asilo y pone en peligro el acceso de los migrantes a la protección internacional. Considerando lo anterior, formulamos las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la posición de la Comisión con respecto a las violaciones mencionadas?

2. ¿Está considerando la Comisión la posibilidad de iniciar un proceso de infracción contra los Estados miembros que siguen realizando devoluciones ilegales de migrantes?

Apoyo(4)