La ciudadanía de la UE, en venta
6.12.2013
Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000145/2013
a la Comisión
Artículo 115 del Reglamento
Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Jean Lambert
en nombre del Grupo Verts/ALE
El 12 de noviembre de 2013 el Parlamento maltés aprobó una ley por la que se permite a los ciudadanos de países terceros comprar, por 650 000 euros, la ciudadanía maltesa, lo que implica que puedan disfrutar de libertad de circulación en la UE y de acceso al espacio Schengen.
Pese a que las decisiones en materia de nacionalidad y ciudadanía son competencia exclusiva de los Estados miembros, la decisión maltesa es problemática, puesto que permite a los nuevos ciudadanos viajar por la UE y acceder al resto del espacio Schengen consultar al resto de Estados miembros. Por tanto, esta decisión podría ser interpretada como un abuso de los derechos que este país adquirió mediante su adhesión a la UE, además de una falta de respeto al resto hacia los demás Estados miembros y países miembros del espacio Schengen.
Esta decisión plantea también graves problemas en cuanto a posibles discriminaciones, ya que los únicos que podrán comprar la ciudadanía serán los ciudadanos más ricos de países terceros.
Además, no está claro que los ciudadanos malteses resulten beneficiados por esta medida, por ejemplo, mediante la recaudación de impuestos. La ciudadanía no solo implica derechos, sino también responsabilidades, a las que los inversores extranjeros puede que no estén sujetos.
Por último, con esta decisión cabe plantearse si este método para obtener la ciudadanía maltesa debilita el propio concepto de ciudadanía europea.
¿Puede afirmar la Comisión que esta decisión del Parlamento maltés se ajusta al espíritu y a la letra de los Tratados y del Código de fronteras Schengen, así como al principio de no discriminación consagrado en los mismos?
Al menos otros cinco Estados miembros (España, Chipre, Portugal, Letonia y Grecia) han ofrecido vender el derecho de residencia a cambio de inversiones empresariales, inmobiliarias o en bonos del Estado.
¿Puede aportar la Comisión alguna observación sobre este hecho?
Presentación: 6.12.2013
Transmisión: 10.12.2013
Plazo límite: 17.12.2013