Expulsiones sumarias y propuesta legalización de las "devoluciones en caliente" en España
17.11.2014
Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000085/2014
a la Comisión
Artículo 128 del Reglamento
Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, en nombre del Grupo S&D
Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, en nombre del Grupo ALDE
Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, en nombre del Grupo Verts/ALE
Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, en nombre del Grupo GUE/NGL
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, en nombre del Grupo EFDD
Recientemente, diversas ONG y organizaciones internacionales han informado repetidamente sobre expulsiones sumarias de inmigrantes y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad españoles contra inmigrantes que intentan entrar en las ciudades españolas de Ceuta y Melilla (norte de África). El 6 de febrero de 2014 al menos 15 inmigrantes murieron en el mar frente a la costa de Ceuta después de que guardias civiles españoles disparasen balas de goma y gases lacrimógenos contra ellos. Una investigación judicial sobre dichas muertes está en curso en España.
El Gobierno español propone ahora la aprobación de una enmienda a su proyecto de Ley de seguridad pública que modificaría la Ley orgánica 4/2000 sobre los derechos y las libertades de los extranjeros en España y por la que se legalizarían las «devoluciones en caliente» (expulsión ilegal de personas del territorio español sin llevar a cabo los procedimientos legales necesarios con respecto a dichas personas). La enmienda propuesta permitiría la expulsión de inmigrantes clandestinos detectados en los límites de Ceuta y Melilla y no prevé proceso legal alguno ni garantías procesales para estos inmigrantes.
El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y muchas ONG que trabajan en el ámbito de los derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación por que lo anterior desemboque en expulsiones indiscriminadas, sumarias y colectivas de inmigrantes sin aportar ninguna solución efectiva para ellos. La enmienda propuesta podría ser contraria al artículo 13 de la Constitución española y a los artículos 18 (Derecho de asilo) y 19 (protección contra las expulsiones colectivas y la extradición y principio de no devolución) de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como al Derecho internacional relativo a los Refugiados.
Habida cuenta de los mencionados hechos:
1. ¿Considera la Comisión que estas prácticas son conformes con el espíritu del Derecho de la UE, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y los valores europeos comunes?
2. ¿Qué medidas está pensando adoptar la Comisión para abordar los abusos que ya se han producido?
3. ¿Qué medidas prevé adoptar la Comisión para impedir que en el futuro se vuelvan a producir ese tipo de abusos?
4. ¿Considera la Comisión que la prevista reforma legislativa respetaría el Derecho de la UE?
5. ¿Tiene previsto la Comisión adoptar alguna medida a este respecto?