PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN sobre la necesidad de acciones ante la opresión continua y el fraude electoral en Bielorrusia
20.1.2025 - (2024/3014(RSP))
para sustituir a las propuestas de Resolución siguientes:
B10‑0055/2025 (Renew)
B10‑0056/2025 (Verts/ALE)
B10‑0057/2025 (PPE)
B10‑0058/2025 (S&D)
B10‑0059/2025 (ECR)
Ondřej Kolář, Michael Gahler, Andrzej Halicki, Sebastião Bugalho, David McAllister, Tomas Tobé, Željana Zovko, Isabel Wiseler‑Lima, Nicolás Pascual de la Parte, Mika Aaltola, Wouter Beke, Krzysztof Brejza, Daniel Caspary, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Łukasz Kohut, Andrey Kovatchev, Miriam Lexmann, Reinhold Lopatka, Antonio López‑Istúriz White, Ana Miguel Pedro, Paulius Saudargas, Liesbet Sommen, Davor Ivo Stier, Michał Szczerba, Alice Teodorescu Måwe, Ingeborg Ter Laak, Matej Tonin, Milan Zver
en nombre del Grupo PPE
Yannis Maniatis, Nacho Sánchez Amor, Tobias Cremer
en nombre del Grupo S&D
Adam Bielan, Mariusz Kamiński, Małgorzata Gosiewska, Alberico Gambino, Aurelijus Veryga, Michał Dworczyk, Joachim Stanisław Brudziński, Ondřej Krutílek, Sebastian Tynkkynen, Rihards Kols, Jaak Madison, Ivaylo Valchev
en nombre del Grupo ECR
Helmut Brandstätter, Petras Auštrevičius, Dan Barna, Ľubica Karvašová, Michał Kobosko, Nathalie Loiseau, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, Eugen Tomac, Lucia Yar, Dainius Žalimas
en nombre del Grupo Renew
Mārtiņš Staķis
en nombre del Grupo Verts/ALE
Resolución del Parlamento Europeo sobre la necesidad de acciones ante la opresión continua y el fraude electoral en Bielorrusia
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Bielorrusia,
– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Bielorrusia de 12 de octubre de 2020 y de 19 de febrero de 2024, así como las Conclusiones del Consejo Europeo sobre Bielorrusia de 21 y 22 de octubre de 2021,
– Vistas las declaraciones del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 1 de agosto de 2024, sobre la liberación de una serie de presos políticos, y de 26 de febrero de 2024, sobre las elecciones parlamentarias y locales, y la declaración del alto representante, en nombre de la Unión Europea, de 8 de agosto de 2023, sobre el tercer aniversario de las elecciones presidenciales fraudulentas,
– Vistos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que Bielorrusia es parte,
– Visto el informe, de 25 de marzo de 2024, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Belarús en el período previo a las elecciones presidenciales de 2020 y con posterioridad a ellas,
– Vista la Resolución de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 12 de junio de 2023, sobre las medidas recomendadas por el Consejo de Administración en virtud del artículo 33 de la Constitución de la OIT sobre la cuestión de Belarús,
– Visto el artículo 136, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,
A. Considerando que los treinta años de régimen autoritario de Aliaksandr Lukashenka en Bielorrusia se han caracterizado por la represión sistemática de opositores y disidentes políticos, como la desaparición forzada de los críticos de Lukashenka; que, desde las elecciones presidenciales fraudulentas de agosto de 2020, el régimen ilegítimo de Lukashenka, con el apoyo de Rusia, ha reprimido sistemáticamente a activistas políticos, la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, abogados, periodistas, artistas, líderes religiosos, sindicalistas y otros grupos en Bielorrusia y en el extranjero, deteniendo arbitrariamente a decenas de miles de personas;
B. Considerando que, tras las elecciones presidenciales fraudulentas de 2020 y la brutal represión posterior, la Unión y muchos de sus aliados democráticos no reconocieron ni los resultados de las elecciones ni a Aliaksandr Lukashenka como líder legítimo y presidente de Bielorrusia;
C. Considerando que, según el Centro de Derechos Humanos «Viasna», más de 1 250 presos políticos siguen detenidos en Bielorrusia en condiciones que ponen en peligro sus vidas, y que muchos de estos presos tienen una salud frágil; que varios presos políticos han muerto cuando se hallaban retenidos y solo en 2024 fallecieron cuatro; que los presos políticos se enfrentan a torturas, a la denegación de atención médica, a un acceso restringido a la asistencia letrada y las visitas familiares y a un régimen de aislamiento; que, desde el verano de 2020, se ha reconocido a 3 697 personas como presos políticos; que solo en 2024 se documentaron al menos 8 800 casos de persecución por motivos políticos, que incluyeron arrestos, detenciones, despidos y otras formas de represión contra presos políticos, sus familias y abogados, activistas, periodistas, sacerdotes, médicos, bielorrusos retornados y otros;
D. Considerando que numerosas organizaciones internacionales, como la ACNUDH, han documentado violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Bielorrusia, a saber, torturas, detenciones arbitrarias, encarcelamiento u otras privaciones graves de libertad física, desapariciones forzadas, persecución por motivos políticos y supresión de libertades, que constituyen crímenes contra la humanidad con arreglo al Derecho internacional; que, en septiembre de 2024, Lituania remitió la situación en Bielorrusia a la fiscalía de la Corte Penal Internacional para que investigara determinados crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen de Lukashenka;
E. Considerando que el régimen ilegítimo bielorruso tiene previsto celebrar elecciones presidenciales fraudulentas el 26 de enero de 2025, y que Lukashenka va a por un séptimo mandato; que la Comisión Electoral Central de Bielorrusia ha registrado a Lukashenka y otros cuatro «candidatos» proforma; que la actual campaña electoral presidencial se está llevando a cabo en un entorno de represión grave, que ni siquiera cumple las normas mínimas de las elecciones democráticas; que está prohibida la participación de candidatos democráticos, que la libertad de los medios de comunicación está muy restringida, que los votantes se enfrentan a intimidación y que la ausencia de observadores electorales independientes socava aún más la legitimidad del proceso electoral;
F. Considerando que las elecciones parlamentarias y locales celebradas el 25 de febrero de 2024, así como las próximas elecciones presidenciales previstas para el 26 de enero de 2025, reflejan el desprecio del régimen por las normas democráticas, dado que los procesos electorales en Bielorrusia están rigurosamente controlados, con todos los candidatos sujetos a la aprobación previa de las autoridades, los partidos democráticos eliminados y los votantes privados de cualquier opción real; que la campaña electoral se ha caracterizado por la detención de personas implicadas en las campañas presidenciales de 2020 de otros candidatos y por una clara disposición a reprimir duramente la disidencia;
G. Considerando que, según el Centro de Derechos Humanos «Viasna», al menos 360 personas fueron detenidas entre julio y septiembre de 2024, y que muchos líderes democráticos, entre ellos Ales Bialiatski, galardonado con el Premio Nobel de la Paz, Maryia Kalésnikava, Viktar Babaryka, Pával Seviarynets, Siarhéi Tsijanouski, Mikalái Statkévich y otros, siguen encarcelados; que al menos ocho presos políticos están actualmente incomunicados;
H. Considerando que el régimen de Lukashenka ha intensificado la presión sobre el personal de las misiones diplomáticas occidentales acreditadas en Bielorrusia, así como sobre otros extranjeros; que Mikalái Jila, miembro del personal local de la Delegación de la UE en Bielorrusia, fue detenido por el KGB bielorruso ante la oficina de la Delegación de la Unión, estuvo en detención policial desde abril de 2024 y fue condenado a cuatro años de prisión en diciembre de 2024; que ha sido incluido como preso político en la lista del Centro de Derechos Humanos «Viasna»; que dos ciudadanos japoneses fueron detenidos recientemente bajo acusaciones falsas de «actividades de agente»;
I. Considerando que Lukashenka indultó a más de 200 presos políticos en 2024 en un intento de que levantaran algunas sanciones occidentales; que, a pesar de estos indultos, continúan las detenciones políticas y solo en 2024 se ha condenado al menos a 1 721 personas por acusaciones políticas;
J. Considerando que la Federación de Sindicatos de Bielorrusia se ha integrado desde hace tiempo en la estructura gubernamental del régimen de Lukashenka y se cree que desempeña un papel importante en la organización de la falsificación de los resultados electorales;
K. Considerando que el régimen bielorruso emplea leyes contra el extremismo para dificultar la labor de los medios de comunicación y ha calificado a la mayoría de los medios de comunicación independientes de extremistas, con al menos 45 representantes de los medios de comunicación detenidos, unos 400 exiliados y otros que se enfrentan a acoso y malos tratos; que los medios de comunicación independientes, como Belsat TV, Charter 97, Nexta, Radio Racyja, Radio Svaboda y otros, desempeñan un papel crucial a la hora de proporcionar información esencial y servir de plataforma para las voces democráticas; que las autoridades bielorrusas emplean la vigilancia, la censura en línea y la desinformación, lo que aumenta el autoritarismo digital y socava las perspectivas de unas elecciones libres y justas en 2025; que los propagandistas bielorrusos difunden periódicamente desinformación sobre los Estados miembros de la Unión y sus funcionarios y suprimen el acceso a la información;
L. Considerando que, desde 2020, más de 500 000 bielorrusos se han visto obligados a huir del país y que algunos siguen siendo objeto de persecución por parte del régimen de Lukashenka, también a través de juicios en rebeldía, amenazas de las fuerzas de seguridad y presión sobre familiares, incautaciones y otras restricciones;
M. Considerando que, bajo el régimen de Lukashenka, se ha ejecutado a más de 250 personas condenadas a muerte; que Bielorrusia sigue siendo el único país de Europa y Asia Central que mantiene la pena de muerte, y que su ámbito de aplicación se amplió en 2022 a actos de terrorismo vagamente definidos y en 2023 se incluyó también la «traición contra el Estado»;
N. Considerando que las medidas represivas en Bielorrusia se han centrado cada vez más en la libertad religiosa, con la reciente adopción de la ley sobre la libertad de conciencia y las organizaciones religiosas que supone una grave amenaza para los derechos y la existencia de comunidades religiosas; que esta represión también se ha extendido los líderes religiosos, tal como ha ocurrido con la reciente condena del sacerdote católico Henrij Akálatovich, a once años de prisión por cargos falsificados de alta traición, lo que constituye el primer caso de este tipo contra el clero católico en Bielorrusia;
O. Considerando que el régimen de Lukashenka ha demostrado ser fundamental para Putin a la hora proporcionar a las fuerzas rusas acceso al territorio bielorruso con el fin de intensificar la invasión a gran escala de Ucrania; que el régimen de Lukashenka comete crímenes contra niños ucranianos, en particular al acoger en su territorio campos de reeducación para el adoctrinamiento político y la militarización; que ese régimen contribuye a los intentos de Rusia y de otros países de desestabilizar la Unión y de socavar las aspiraciones europeas de sus vecinos, en especial mediante el uso de la migración como arma en las fronteras de la Unión o la legitimación del régimen autocrático de Bidzina Ivanishvili en Georgia;
P. Considerando que la Unión ha impuesto sanciones específicas a Bielorrusia en respuesta a las elecciones fraudulentas de 2020, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la complicidad de Bielorrusia en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania que incluyen restricciones comerciales y sanciones a 287 personas, entre ellas Lukashenka, y 39 entidades;
Q. Considerando que el régimen de Lukashenka, con la ayuda rusa, elude algunas de esas sanciones mediante un acceso preferencial al mercado y el uso de las infraestructuras rusas; que hay informes que indican que BelAZ, un fabricante bielorruso de camiones sancionado, elude las sanciones al desmontar sus camiones en Bielorrusia y enviar las piezas a la Unión para volver a montarlas con otro nombre comercial;
1. Reitera su no reconocimiento de la elección de Aliaksandr Lukashenka como presidente de Bielorrusia; estima que el régimen bielorruso actual es ilegítimo, ilegal y criminal; reafirma su apoyo inquebrantable al pueblo bielorruso en su defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos;
2. Denuncia la falta de libertad, equidad y transparencia antes de las denominadas «elecciones» presidenciales en Bielorrusia y pide a la Unión, a sus Estados miembros y a la comunidad internacional que rechacen categóricamente tanto las próximas elecciones en el país como la actual campaña fraudulenta, ya que no cumplen con las normas internacionales mínimas para garantizar un proceso democrático; pide a la Unión, a sus Estados miembros y a la comunidad internacional que sigan sin reconocer la legitimidad de Aliaksandr Lukashenka como presidente después del 26 de enero de 2025 y pide que se celebren unas elecciones libres y justas en Bielorrusia;
3. Lamenta las graves violaciones en curso de los derechos humanos y los principios democráticos en Bielorrusia, que se han intensificado aún más en el período previo a las denominadas «elecciones presidenciales»; condena la represión sistemática ejercida por Bielorrusia, que implica, entre otras prácticas, detenciones arbitrarias, malos tratos a los detenidos, impunidad persistente y una falta estructural de respeto de las garantías procesales y de juicios justos; reitera su petición de que se libere de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas por sus opiniones políticas en Bielorrusia y se les ofrezca una indemnización y el restablecimiento de sus derechos; pide que se ponga fin a la represión de los opositores políticos y la población bielorrusa;
4. Reitera su llamamiento a las autoridades bielorrusas para que respeten los derechos de los detenidos, les presten atención médica y les concedan acceso a asistencia letrada, a sus familias y a las organizaciones internacionales;
5. Expresa su profunda preocupación por la situación de los presos políticos, incluidos Maryia Kalésnikava, Siarhéi Tsijanouski, Ales Bialiatski, Mikalái Statkévich, Mikalái Jila, Valiantsin Stefanovic, Maksim Znak, Víktar Babaryka, Ihar Losik, Andréi Pachobut, Palina Sharenda-Panasiuk, Uladzimir Matskevich, Marfa Rabkova, Uladzimir Labkovich, Aliaksandr Yarashuk, Yana Pinchuk, Mikalái Bankou, Andréi Navitski, Henrij Akálatovich, Uladzimir Kniha, Dmitri Kuchuk, Pával Seviarynets y otros, muchos de los cuales se enfrentan a graves problemas de salud sin acceso a atención médica adecuada y sufren aislamiento, malos tratos y tortura;
6. Considera que la detención y la condena de Mikalái Jila, miembro del personal local de la Delegación de la Unión en Minsk, por motivos políticos, constituye una infracción de las prácticas diplomáticas con la Unión; pide a la Unión y a los Estados miembros que elaboren rápidamente una respuesta creíble;
7. Elogia la resiliencia de la sociedad civil y de las fuerzas democráticas bielorrusas; reitera su solidaridad con el pueblo bielorruso y su apoyo a sus legítimas aspiraciones a un futuro democrático y europeo; expresa su solidaridad con las fuerzas democráticas y las organizaciones de la sociedad civil bielorrusas en sus esfuerzos por establecer una Bielorrusia soberana, democrática y próspera; mantiene su compromiso de colaborar con las fuerzas democráticas, la sociedad civil y los medios de comunicación independientes en beneficio del pueblo bielorruso;
8. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que sigan investigando las violaciones de los derechos humanos en Bielorrusia y que apoyen las medidas de rendición de cuentas, también a través de la jurisdicción universal; pide a la Unión y a sus Estados miembros que investiguen, sobre la base de la jurisdicción universal, los crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen de Lukashenka en Bielorrusia y en el territorio de la Unión y, siguiendo el ejemplo de Lituania, que remitan la situación en Bielorrusia a la Corte Penal Internacional para su investigación en la medida de lo posible, así como que consideren la posibilidad de constituir un órgano jurisdiccional internacional para enjuiciar los crímenes del régimen de Lukashenka; pide a los Estados miembros que permitan a los abogados bielorrusos expulsados por el régimen ejercer en el territorio de la Unión con el fin de que presten asistencia jurídica a los bielorrusos perseguidos;
9. Destaca el inestimable trabajo realizado en Bielorrusia por los defensores de los derechos humanos y los representantes de la sociedad civil en la supervisión, documentación y denuncia de las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad que se están produciendo en el país, con el fin de garantizar la consiguiente rendición de cuentas y justicia para las víctimas;
10. Reitera su llamamiento a la Unión y a sus Estados miembros para que ayuden a los presos políticos y a sus familias pidiendo pruebas del paradero de los presos políticos, solicitando su liberación, simplificando los procedimientos para que quienes huyen de Bielorrusia obtengan visados y documentos de identidad y proporcionando medidas de rehabilitación y otros tipos de ayuda; pide a la Delegación de la UE y a las embajadas de los Estados miembros en Bielorrusia que continúen observando y supervisando los juicios de todos los presos políticos;
11. Destaca la importancia de proteger a los bielorrusos exiliados de la persecución por parte del régimen de Lukashenka y de concederles oportunidades para residir y trabajar legalmente en la Unión; pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que aborden el abuso de las órdenes de detención internacionales en el seno de Interpol e insta a los países afectados a que no extraditen a ciudadanos bielorrusos que hayan huido del régimen y que podrían enfrentarse a persecuciones al regresar a Bielorrusia;
12. Lamenta que las medidas represivas en Bielorrusia se hayan ampliado para incluir ataques a la libertad religiosa, mediante la aprobación de la ley sobre la libertad de conciencia y las organizaciones religiosas, que viola gravemente el derecho fundamental a la libertad de religión, conciencia y creencias; insta al régimen de Lukashenka a que ponga fin inmediatamente a la persecución de las comunidades religiosas y las iglesias;
13. Pide que se mantenga el apoyo de la Unión a las fuerzas democráticas bielorrusas dirigidas por Sviatlana Tsijanóuskaya; reitera la necesidad de apoyar a las fuerzas democráticas bielorrusas, la sociedad civil, los estudiantes, los periodistas, los dirigentes de los sindicatos, los profesionales exiliados y otras personas, proporcionándoles visados, becas, subvenciones y oportunidades para establecer contactos; anima a los representantes de las fuerzas democráticas de Bielorrusia que mantengan y promuevan la unidad;
14. Denuncia la complicidad del régimen de Lukashenka en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y condena la subordinación deliberada de Bielorrusia a Rusia en una entidad denominada «Estado de la Unión» que engloba las esferas política, geopolítica, económica, militar y cultural; reitera la necesidad de contribuir al refuerzo de la identidad nacional y la lengua bielorrusas y de luchar contra la distorsión y la manipulación de la historia bielorrusa por parte del régimen de Lukashenka, el Kremlin y sus representantes;
15. Insta a la Unión y a sus socios internacionales a que amplíen y refuercen las sanciones contra las personas y entidades responsables de la represión en Bielorrusia y de la participación del país en la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y a que colmen al mismo tiempo las lagunas en materia de sanciones; pide a la Unión que sancione a las entidades y personas bielorrusas responsables del trabajo forzoso de los presos políticos, así como a los bienes producidos utilizando dicho trabajo forzoso;
16. Insta a la Unión y a los socios internacionales a que inmediatamente identifiquen, congelen y encuentren vías legales para incautar los activos de los dirigentes bielorrusos y las entidades bielorrusas conexas implicadas en el esfuerzo bélico ruso, así como los activos de entidades y personas que dirigen la denominada «campaña electoral» de Lukashenka, incluida la Federación de Sindicatos de Bielorrusia, como Yury Sianko, Hanna Varfalameyeva y Valeri Kursevich; pide a la Unión y a las empresas occidentales que cesen sus actividades en Bielorrusia;
17. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que sigan planteando la situación en Bielorrusia en todas las organizaciones internacionales pertinentes, en particular la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, las Naciones Unidas y sus órganos especializados y la Organización Internacional del Trabajo, con el fin de reforzar el control internacional de las violaciones de los derechos humanos y la acción internacional sobre la situación en Bielorrusia; pide a los Estados miembros que garanticen la documentación continua y la rendición de cuentas por los crímenes internacionales cometidos por el régimen de Lukashenka, refuercen el examen por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, prestando pleno apoyo al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Bielorrusia y preservando el mandato del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia para seguir supervisando las violaciones continuadas de los derechos humanos;
18. Denuncia el traslado ilegal de varios miles de niños, incluidos huérfanos, de zonas de Ucrania ocupadas por Rusia a los denominados «campos recreativos» en Bielorrusia, donde son sometidos a una rusificación y adoctrinamiento; condena enérgicamente la participación de la Cruz Roja de Bielorrusia en la deportación ilegal de niños ucranianos;
19. Condena enérgicamente el uso que hace el régimen de Lukashenka de la migración como herramienta para desestabilizar a los Estados miembros de la Unión vecinos, mediante flujos irregulares orquestados que violan los derechos humanos, explotan a las personas vulnerables y amenazan la estabilidad regional; pide a la Unión y a sus Estados miembros que trabajen en una respuesta coordinada para contrarrestar esta amenaza híbrida, garantizando al mismo tiempo la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión y la seguridad de las personas vulnerables;
20. Insta a Bielorrusia a que conmute todas las penas de muerte, imponga una moratoria de la pena capital y avance hacia su abolición permanente;
21. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a las instituciones pertinentes de la Unión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, al Consejo de Europa, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Gobierno japonés, a los representantes de las fuerzas democráticas bielorrusas y a las autoridades bielorrusas de facto.