PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN
6 de septiembre de 2000
- –Mary Banotti, Avril Doyle y José Ignacio Salafranca, en nombre del Grupo del PPE-DE
- –Manuel Medina Ortega, Giovanni Claudio Fava, Jannis Sakellariou y Margrietus J. van der Berg, en nombre del Grupo del PSE
- –Patrick Cox y Antonio Di Pietro, en nombre del Grupo ELDR
- –Patricia McKenna, Alain Lipietz y Camilo Nogueira Román, en nombre del Grupo Verts/ALE
- –Joaquim Miranda, Pedro Marset Campos, Giuseppe Di Lello Finuoli, Yasmine Boudjenah y Armando Cossutta, en nombre del Grupo GUE/NGL
- –Gerard Collins, Cristiana Muscardini, Luís Queiró, Niall Andrews, Jim Fitzsimons, Pat the Cope Gallagher, Brian Crowley y Liam Hyland, en nombre del Grupo UEN
- –PSE (B5‑0664/2000),
- –ELDR (B5‑0713/2000),
- –PPE-DE (B5‑0721/2000),
- –VERT (B5‑0729/2000),
- –UEN (B5‑0735/2000),
- –GUE/NGL (B5‑0742/2000),
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en Colombia y las amenazas contra la vida del Padre Brendan Forde y su Comunidad
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Colombia,
– Vistos los últimos informes sobre Colombia de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
A. Considerando la puesta en marcha del proceso de paz, y reiterando el firme apoyo de la Unión Europea a los esfuerzos relacionados con el mismo, con vistas a llegar a un acuerdo entre todas las partes del conflicto,
B. Profundamente preocupado por la consolidación del aumento de la violencia política en Colombia,
C. Considerando que las comunidades por la paz en la región de Urabá se han declarado neutrales en el conflicto político que enfrenta en Colombia a la guerrilla, los grupos paramilitares y el ejército; que, sin embargo, la Comunidad por la Paz de La Unión y la Comisión Intercongregaciones de Justicia y Paz, incluido el franciscano irlandés Brendan Forde, han seguido recibiendo amenazas de muerte si no abandonan la zona,
D. Constatando que la población civil se encuentra indefensa frente la violencia,
1. Reitera su apoyo a la solución pacífica del conflicto colombiano y su respaldo a los diálogos y las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y los grupos de guerrilla FARC y ELN;
2. Condena enérgicamente la violencia, cualquiera que sea su origen, en particular la matanza del 8 de julio de 2000 en la comunicad por la paz de la Unión, en la región de Urabá, y expresa su solidaridad con todos los que trabajan en favor del Estado de derecho en el país;
3. Pide a las autoridades colombianas que mejoren la protección de las organizaciones de derechos humanos y que apoyen su trabajo en todos los lugares en que sea posible; les pide, en particular, que tomen medidas de inmediato para respetar las vidas y los derechos de los miembros de las comunidades por la paz, sobre todo en La Unión, así como de los miembros de la Comisión Intercongregaciones de Justicia y Paz, entre ellos el franciscano irlandés Brendan Forde;
4. Celebra la decisión del Gobierno colombiano de crear y participar en una comisión de investigación de la última matanza en La Unión, la tercera que se produce en esta comunidad desde 1997, con el fin de hacer comparecer ante la justicia a los responsables;
5. Reitera su rechazo del uso de las armas como medio para resolver los problemas de la sociedad colombiana, e insta a todas las partes a que continúen las negociaciones que el Presidente Andrés Pastrana celebra con las guerrillas del FARC y el ELN;
6. Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros, en estrecha cooperación con la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que sigan la evolución de la situación de los derechos humanos en Colombia y que informen al Parlamento Europeo;
7. Se compromete a instar a la UE a que aumente su apoyo a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia;
8. Estima que la Unión Europea debe persistir en una estrategia propia, no militarista, de lucha contra el narcotráfico, de modo que no sean sólo los países pobres productores de narcóticos los que tengan que enfrentarse con esta lacra, sino que haya una colaboración de los países receptores de droga, ya que el comercio internacional de estupefacientes sólo es posible con la participación de unos y otros países;
9. Encarga a su Presidenta que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Gobierno de Colombia y a las autoridades de la comunidad por la paz de La Unión/San José de Apartado.