Procedimiento : 2010/2846(RSP)
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Ciclo relativo al documento : RC-B7-0494/2010

Textos presentados :

RC-B7-0494/2010

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PV 08/09/2010 - 6.3
CRE 08/09/2010 - 6.3
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Textos aprobados :

P7_TA(2010)0310

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN
PDF 140kWORD 85k
7.9.2010
PE446.577v01-00}
PE446.578v01-00}
PE446.579v01-00}
PE446.580v01-00}
PE446.581v01-00}
PE446.582v01-00}
PE446.584v01-00} RC1
 
B7-0494/2010}
B7-0495/2010}
B7-0496/2010}
B7-0497/2010}
B7-0498/2010}
B7-0499/2010}
B7-0501/2010} RC1

presentada de conformidad con el artículo 110, apartado 4, del Reglamento

para sustituir a las propuestas de Resolución presentadas por los siguientes grupos:

EFD (B7‑0494/2010)

GUE/NGL (B7‑0495/2010)

S&D (B7‑0496/2010)

ALDE (B7‑0497/2010)

Verts/ALE (B7‑0498/2010)

ECR (B7‑0499/2010)

PPE (B7‑0501/2010)


sobre la situación de los derechos humanos en Irán, en particular los casos de Sakineh Mohammadi Ashtiani y Zahra Bahrami


Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sławomir Witold Nitras en nombre del Grupo PPE
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Edite Estrela, Emine Bozkurt, Rovana Plumb, Silvia Costa, Francesca Balzani, Patrizia Toia, Rita Borsellino, Debora Serracchiani, Marc Tarabella en nombre del Grupo S&D
Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Alexander Alvaro, Renate Weber, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Sonia Alfano, Annemie Neyts-Uyttebroeck en nombre del Grupo ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Nicole Kiil-Nielsen, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda en nombre del Grupo Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden en nombre del Grupo ECR
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst en nombre del Grupo GUE/NGL
Fiorello Provera, Bastiaan Belder en nombre del Grupo EFD

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en Irán, en particular los casos de Sakineh Mohammadi Ashtiani y Zahra Bahrami  

El Parlamento Europeo,

–   Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Irán, especialmente las relativas a los derechos humanos, y en particular las de 22 de octubre de 2009(1) y 10 de febrero de 2010(2),

–   Vistas la declaración del Presidente del Parlamento Europeo con ocasión de la celebración, el 9 de octubre de 2009, del Día Europeo contra la Pena de Muerte, y la declaración de 11 de agosto de 2010 sobre la condena de siete dirigentes de la religión Bahá'í,

–   Vistas las declaraciones de 14 de junio y de 6 de julio de 2010 de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

–   Vistos el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, de 23 de septiembre de 2009, sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, y la declaración sobre Irán realizada el 4 de marzo de 2010 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

–   Vistas las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en particular las Resoluciones 62/149 y 63/168 sobre una moratoria de las ejecuciones en espera de la abolición de la pena de muerte,

–   Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, así como la Convención sobre los Derechos del Niño, de todos los cuales es signataria la República Islámica de Irán,

–   Vistas la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961, y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963,

–   Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A. Considerando que Irán sigue ostentando el triste récord del ser el país que más delincuentes jóvenes ejecuta en el mundo, y que tan solo en 2010 se han dictado aproximadamente dos mil sentencias de muerte,

B.  Considerando que, según algunos informes, tan solo en las últimas semanas han sido ejecutados en la prisión de Vakil-Abad, en la ciudad de Mashad, más de cien presos acusados de delitos relacionados con las drogas, y que a otros cientos les aguarda una ejecución en los próximos días, considerando que estas ejecuciones masivas, que además fueron ordenadas en el mayor de los secretos, representan una violación flagrante del Derecho internacional,

C. Considerando que, pese a las reclamaciones de los más altos responsables del poder judicial iraní, Irán sigue dictando la sentencia de lapidación para castigar el adulterio, como en el caso de Sakineh Mohammadi Ashtiani, tal como se mostró en sus «confesiones» televisadas el 11 de agosto de 2010,

D. Considerando que, en 2006, Sakineh Mohammadi-Ashtiani, quien fue acusada de haber mantenido dos relaciones extramatrimoniales tras la muerte de su esposo, fue condenada en Irán a recibir 99 latigazos, sentencia que fue ejecutada el mismo año,

E.  Considerando que Sakineh Mohammadi-Ashtiani también fue acusada de complicidad en el asesinato de su marido, siendo absuelta posteriormente, antes de ser acusada de una relación adúltera durante su matrimonio y condenada a la lapidación,

F.  Considerando que la lapidación prevista para el 9 de julio de 2010 ha sido suspendida por las autoridades iraníes «por razones humanitarias», a raíz de las presiones internacionales,

G. Considerando que la sentencia de lapidación vulnera de forma flagrante las obligaciones suscritas por Irán en el PIDCP, y que, en la reciente revisión periódica universal efectuada en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Irán se ha comprometido a respetar al menos las «normas mínimas» y las disposiciones del PIDCP sobre la pena de muerte, durante el tiempo en que esté en vigor,

H. Considerando que Ebrahim Hamidi, un joven de 18 años, fue condenado a muerte en agosto de 2010 tras haber sido acusado de actos de sodomía presuntamente cometidos cuando tenía solo 16 años de edad, y tras una confesión obtenida, según el acusado, bajo tortura,

I.   Considerando que el abogado defensor en ambos casos, Mohammad Mostafaei, que había intentado sensibilizar a la opinión pública sobre su situación, tuvo que huir del país por temor a ser arrestado, y que cada vez son más los abogados defensores de los derechos humanos, entre ellos Mohammed Ali Dadkah, Mohammad Oliyifard y Mohammad Seifzadeh, e incluso personalidades destacadas como Shirin Ebadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, que se ven confrontados a la persecución estatal, en forma de reclamaciones tributarias extraordinarias y amenazas contra su vida y la de su familia,

J.   Considerando que Nasrin Sotoudeh, un conocido abogado de derechos humanos muy respetado por sus esfuerzos en favor de los derechos de los menores condenados a la pena capital y por su defensa de los presos de conciencia, fue detenido el 4 de septiembre de 2010 acusado de «propaganda contra el Estado» y de «colusión y reunión con el fin de atentar contra la seguridad nacional»,

K. Considerando que un año después de las elecciones presidenciales fraudulentas y de las protestas masivas que tuvieron lugar a continuación siguen en prisión centenares de manifestantes, periodistas y defensores de los derechos civiles, e incluso ciudadanos corrientes, como la ciudadana neerlandesa Zahra Bahrami, que niegan cualquier vínculo con las manifestaciones,

L.  Considerando que Zahra Bahrami, quien había viajado a Irán a visitar a su familia, fue detenida tras las protestas de la Ashura el 27 de diciembre de 2009 y obligada a realizar confesiones televisadas admitiendo los cargos que se le imputaban,

M. Considerando que tanto a las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos como a las autoridades neerlandesas se les ha denegado el contacto con Zahra Bahrami,

N. Considerando que las confesiones forzadas, la tortura y los malos tratos a los presos, la privación de sueño, el aislamiento, la detención clandestina, el trato cruel, inhumano y degradante, los abusos físicos, incluida la violencia sexual, y la impunidad de los agentes estatales siguen siendo fenómenos generalizados en Irán, lo que arroja serias dudas en cuanto a la imparcialidad y transparencia del procedimiento judicial en dicho país,

O. Considerando que cada vez son más numerosos los defensores pacíficos de los derechos civiles acusados de «moharabeh» (enemistad contra Dios), que puede castigarse con la pena de muerte, como en el caso de Shiva Nazar Ahari, miembro del Comité de Periodistas de Derechos Humanos (CHRR), detenida desde el 20 de diciembre de 2009 y cuyo juicio es inminente,

P.  Considerando que la persecución de las minorías religiosas y étnicas en Irán continúa sin cesar; que los siete líderes de la fe Bahá'í, Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rezaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli y Vahid Tizfahm, encarcelados desde 2008 únicamente por sus creencias religiosas, fueron sentenciados en agosto de 2010 a veinte años de prisión, acusados de actividades propagandísticas contra el Estado y de espionaje,

Q. Considerando que prosigue el acoso contra Mir-Hosein Musavi y Mehdi Karrubi, personalidades políticas de la oposición, y contra otros cargos importantes de partidos políticos Considerando que, a principios de septiembre de 2010, la residencia del antiguo candidato presidencial Mehdi Karroubi fue atacada por docenas de hombres armados con indumentaria civil, y que este ataque se tradujo en pintadas, actos de vandalismo, rotura de cristales y tiroteos en el interior del domicilio de Mehdi Karroubi; que el dicho ataque tuvo lugar después de las declaraciones proferidas por el Comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Ali Jafari, en el sentido de que el pueblo de Irán juzgaría a los «cabecillas de la sedición», refiriéndose a los líderes de la oposición, y que la policía no intentó en ningún momento poner fin al ataque,

R.  Considerando que el sistema judicial iraní ha asociado a personas acusadas de cometer delitos con la oposición política iraní, y a miembros de la oposición política con la comisión de delitos con el fin de equiparar oposición política y conducta delictiva,

1.  Rinde homenaje al valor de todos los hombres y mujeres iraníes que luchan por defender sus libertades fundamentales, el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, que protestan activamente contra la lapidación y otras formas de penas crueles y que expresan su deseo de vivir en una sociedad libre de represión e intimidación;

2.  Condena enérgicamente la condena a muerte por lapidación de Sakineh Mohammadi-Ashtiani; opina que, independientemente de los hechos que se le imputen, no cabe justificar ni aceptar una condena a muerte por lapidación;

3.  Insta a las autoridades iraníes a que revoquen las condenas dictadas contra Sakineh Mohammadi-Ashtiani y a que emprendan una revisión del caso en todos sus extremos;

4.  Encarece al Gobierno iraní que vuelva a examinar el caso de Zahra Bahrami, le permita el acceso inmediato a un abogado y a la asistencia consular, la ponga en libertad o le otorgue las debidas garantías procesales; pide a Catherine Ashton, Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que aborde la cuestión del arresto de Zahra Bahrami con las autoridades iraníes;

5.  Pide al Gobierno de Irán que detenga la ejecución de Ebrahim Hamidi, joven de 18 años acusado de sodomía, y pide a la República Islámica de Irán que deje de aplicar por fin la pena de muerte por delitos cometidos antes de la edad de dieciocho años y modifique su legislación para adaptarla a los convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por Irán, incluidos la Convención sobre los Derechos del Niño y el PIDCP;

6.  Expresa su consternación por el hecho de que, junto con Afganistán, Somalia, Arabia Saudí, Sudán y Nigeria, Irán continúe perteneciendo al pequeño grupo de países que siguen aplicando la lapidación; pide al Parlamento iraní que adopte actos legislativos que prohíban la práctica cruel e inhumana de la lapidación;

7.  Reitera su oposición a la pena de muerte y hace un llamamiento a las autoridades iraníes para que decreten una moratoria de las ejecuciones en espera de la abolición de la pena de muerte, de conformidad con las Resoluciones 62/149 y 63/168 de la Asamblea General de Naciones Unidas;

8.  Pide que en la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas se presente una resolución en la que se solicite a todos los países en los que está vigente la pena de muerte que pongan a disposición del Secretario General de las Naciones Unidas y de la opinión pública toda la información sobre la pena capital y las ejecuciones, para superar el secreto de Estado sobre la pena de muerte, que es causa de un gran número de ejecuciones;

9.  Expresa su oposición a cualquier intento de criminalizar las relaciones sexuales consentidas entre adultos, e insta a las autoridades de Irán a que despenalicen el adulterio y la homosexualidad;

10. Insta a las autoridades iraníes a que supriman, de hecho y de derecho, todas las formas de tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, hagan respetar la ley y pongan fin a la impunidad en caso de vulneración de los derechos humanos;

11. Pide a la República Islámica de Irán que firme y ratifique la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;

12. Lamenta profundamente la falta de imparcialidad y transparencia del procedimiento judicial en Irán y pide a las autoridades iraníes que garanticen un procedimiento de apelación justo y abierto;

13. Pide a las autoridades iraníes que autoricen el acceso de la Media Luna Roja a todos los presos y permitan a las organizaciones internacionales de derechos humanos hacer un seguimiento de la situación en el país;

14. Pide a las autoridades iraníes que pongan inmediatamente en libertad a todas aquellas personas detenidas únicamente por su participación en protestas pacíficas y por su deseo de hacer uso de su derecho humano fundamental a la libertad de expresión, y reitera en particular su solicitud de que se absuelva a los siete líderes Bahá'ís;

15. Recuerda que la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión es un derecho fundamental que debe garantizarse en todas las circunstancias, de conformidad con el artículo 18 del PIDCP, firmado y ratificado por la República Islámica de Irán;

16. Exige la inmediata puesta en libertad de todos los abogados defensores de los derechos humanos que han sido detenidos;

17. Expresa su profunda preocupación por el abuso de los poderes judiciales por parte de las autoridades iraníes con el fin de actuar contra miembros de las organizaciones de derechos humanos y activistas de la sociedad civil, como los miembros de la campaña «Un Millón de Firmas» y del Consejo Central de la organización estudiantil ADVAR, entre otros;

18. Pide a la Comisión y al Consejo que elaboren medidas complementarias en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos con el fin de proteger activamente a los defensores de los derechos humanos en Irán, y alienta a los Estados miembros a que apoyen el Programa europeo de ciudades refugio (European Shelter City Programme);

19. Pide un nuevo mandato de las Naciones Unidas para que un Relator Especial investigue las violaciones de derechos humanos y aliente la rendición de cuentas por parte de quienes hayan vulnerado los derechos humanos en Irán;

20. Pide que se amplíe la actual lista de personas y organizaciones sobre las que pesa la prohibición de viajar a la UE y la congelación de activos, para incluir a los responsables de violaciones de los derechos humanos, de actos de represión y de la limitación de las libertades en Irán;

21. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión /Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Presidente del Tribunal Supremo iraní y al Gobierno y al Parlamento de la República Islámica de Irán.

 

 

(1)

P7_TA(2009)0060.

(2)

P7_TA-PROV(2010)0016.

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