Procedimiento : 2011/2613(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B7-0167/2011

Textos presentados :

RC-B7-0167/2011

Debates :

Votaciones :

PV 10/03/2011 - 15.2

Textos aprobados :

P7_TA(2011)0099

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN
PDF 134kWORD 72k
9.3.2011
PE459.709v01-00}
PE459.723v01-00}
PE459.727v01-00}
PE459.728v01-00}
PE459.731v01-00} RC1
 
B7-0167/2011}
B7-0180/2011}
B7-0184/2011}
B7-0185/2011}
B7-0188/2011} RC1

presentada de conformidad con el artículo 122, apartado 5, del Reglamento

para sustituir a las propuestas de resolución presentadas por los siguientes grupos:

Verts/ALE (B7‑0167/2011)

ALDE (B7‑0180/2011)

S&D (B7‑0184/2011)

PPE (B7‑0185/2011)

ECR (B7‑0188/2011)


sobre Belarús (y en particular sobre los casos de Ales Mikhalevic y Natalia Radina)


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan en nombre del Grupo PPE
Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec en nombre del Grupo S&D
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy en nombre del Grupo ALDE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Tadeusz Cymański, Mirosław Piotrowski en nombre del Grupo ECR
Werner Schulz, Elisabeth Schroedter, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Indrek Tarand en nombre del Grupo Verts/ALE

Resolución del Parlamento Europeo sobre Belarús (y en particular sobre los casos de Ales Mikhalevic y Natalia Radina)  

El Parlamento Europeo,

–   Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Belarús, en particular las de 20 de enero de 2011(1), 17 de diciembre de 2009(2) y 22 de mayo de 2008(3),

 

–   Vista la declaración realizada por la Alta Representante de la UE, Catherine Ashton, el 18 de febrero de 2011 en Bruselas sobre la condena de un representante de la oposición de Belarús,

–   Vistas las conclusiones del Consejo sobre Belarús, adoptadas durante la 3065ª reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, celebrada en Bruselas el 31 de enero de 2011,

–   Vista la Decisión 2011/69/PESC del Consejo, de 31 de enero de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/639/PESC del Consejo relativa a la adopción de medidas restrictivas contra determinados funcionarios de Belarús,

–   Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Convención contra la tortura), de la que Belarús es Estado parte,

–   Vistas las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos,

–   Vistas las Directrices sobre la política de la UE frente a terceros países en relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptadas por el Consejo en 2001 y revisadas en 2008,

–   Vista la Resolución 1790 (2011) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 27 de enero de 2011, sobre la situación en Belarús tras la celebración de elecciones presidenciales,

–   Visto el informe de Amnistía Internacional de 2 de febrero de 2011 titulado «Security, Peace and Order? Violations in the wake of elections in Belarus»,

–   Visto el artículo 122, apartado 5, de su Reglamento,

A. Considerando que un elevado número de figuras opositoras, incluidos antiguos candidatos presidenciales, periodistas y defensores de los derechos humanos, fueron detenidos tras los sucesos acaecidos el 19 de diciembre de 2010 en Minsk y han permanecido encarcelados desde entonces en el centro de detención del KGB; que actualmente se siguen produciendo actos de represión y juicios de motivación política contra figuras opositoras y defensores de los derechos humanos, siendo más de 40 las personas ahora acusadas, que se enfrentan a penas de hasta 15 años de cárcel,

B.  Considerando que la Fiscalía de la Ciudad de Minsk ha ampliado a cinco meses el período de investigación del llamado caso de los «disturbios masivos», relacionado con los sucesos del 19 de diciembre de 2010; que los juicios de candidatos presidenciales, activistas opositores, defensores de los derechos humanos y periodistas instigados en relación con este caso han tenido una motivación política,

C. Considerando que Aliaksandr Atroshchankau, Aliaksandr Malchanau, Dzmitry Novik y Vasil Parfiankou, miembros de los equipos de campaña electoral de los candidatos demócratas de la oposición Uladzimir Niakliayeu y Andrei Sannikau, fueron condenados a entre tres y cuatro años de cárcel en una colonia penal de alta seguridad, en relación con las manifestaciones del 19 de diciembre de 2010; que, como han declarado sus abogados, las autoridades no llegaron a demostrar su culpabilidad,

D. Considerando que a sus abogados se negó repetidamente la posibilidad de reunirse con ellos; que, como resultado de las amenazas del KGB, los abogados se vieron forzados a dejar sus casos y que, posteriormente, el Ministerio de Justicia revocó sus licencias,

E.  Considerando que Ales Mikhalevic, un antiguo candidato presidencial encarcelado tras las protestas posteriores a las elecciones, no fue liberado hasta el 26 de febrero de 2011, después de firmar un compromiso de colaboración con el KGB belaruso, al que luego renunció públicamente,

F.  Considerando que el 28 de febrero de 2011 Ales Mikhalevic realizó una declaración sobre la tortura psíquica y física a la que son sometidos los prisioneros políticos para obligarles a confesar y reconocer su culpabilidad,

G. Considerando que Natalia Radina, editora del sitio web de la oposición Charter 97, también fue detenida en diciembre de 2010 y acusada de organizar y participar en los disturbios masivos posteriores a las elecciones presidenciales; que la Sra. Radina fue liberada del centro de detención preventiva del KGB y que luego se le prohibió abandonar su ciudad hasta que concluyera la investigación de su caso,

H. Considerando que, tras su liberación, Natalia Radina declaró que durante su detención fue sometida a presiones psicológicas por agentes del KGB, que trataron de reclutarla como informante del KGB; que su declaración viene a corroborar la información sobre presos políticos torturados en el centro de detención del KGB en Minsk,

I.   Considerando que el Comité de Seguridad Estatal de Belarús ha negado el recurso a la tortura contra prisioneros en el centro de detención del KGB,

1.  Condena la falta de observancia de los derechos fundamentales a las libertades de reunión y de expresión por las autoridades de Belarús y pide la liberación inmediata e incondicional de todos los manifestantes detenidos y la retirada de todos los cargos de motivación política presentados en su contra;

2.  Condena de la forma más enérgica posible el uso de la tortura contra prisioneros como forma de trato inhumano claramente prohibida por el Derecho internacional y absolutamente inaceptable en un país europeo que es uno de los vecinos más cercanos de la UE;

3.  Condena las duras condenas impuestas recientemente a jóvenes activistas opositores por el mero hecho de haber participado en las manifestaciones del 19 de diciembre, al tratarse de una flagrante violación grave de sus derechos políticos y civiles y una flagrante violación de las convenciones internacionales de las que es parte Belarús;

4.  Denuncia el clima de miedo e intimidación al que deben hacer frente los opositores políticos en Belarús; condena la represión y el acoso sufridos por activistas de la sociedad civil y medios de comunicación libres tras la jornada electoral, incluidos registros masivos de viviendas privadas y oficinas de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, así como expulsiones de universidades y lugares de trabajo; pide a las autoridades que defiendan la libertad de expresión y el pluralismo de los medios de comunicación en Belarús;

5.  Insta a Belarús a que defienda el Estado de Derecho, las convenciones internacionales y las leyes nacionales que garantizan un trato adecuado de los presos y su acceso sin trabas a los familiares, el asesoramiento jurídico y la atención médica, y a que ponga fin al acoso al que están sometidos los opositores políticos, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación independientes;

6.  Condena la decisión adoptada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Minsk de retirar las licencias a algunos de los abogados de los acusados en el caso penal sobre los disturbios masivos, incluidos Aleh Ahiejev, Pavel Sapelko, Tatiana Ahijeva, Uladzimir Touscik y Tamata Harajeva, y pide a dicho colegio que revoque esa decisión;

7.  Condena la destitución de Alyaksandr Pylchanka, Presidente de la Minsk City Bar Association, por el Ministro de Justicia, por expresar su preocupación por la decisión del Ministerio de revocar las licencias de cuatro abogados involucrados en el denominado «caso de los disturbios», dado que carece de fundamento y constituye una prueba de que existe una amenaza real para la independencia del poder judicial y la independencia de cada uno de los abogados;

8.  Insta a las autoridades de Belarús a que lleven a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre las denuncias por tortura a presos políticos y que identifiquen y enjuicien a las personas implicadas en tales prácticas;

9.  Pide a las autoridades de Belarús que revisen la Ley sobre actos públicos y la ajusten a los requisitos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

10. Pide al Consejo, a la Comisión, a la Alta Representante de la Unión y a los demás países socios de la UE que estudien la posibilidad de ampliar las medidas restrictivas para cubrir a los fiscales, jueces y representantes del KGB relacionados con violaciones de los derechos humanos en ese país, a menos que se ponga fin inmediato a la represión en Belarús y se logren considerables avances en materia de derechos humanos y libertades fundamentales; considera que el Consejo debe estudiar la posibilidad de introducir sanciones económicas inteligentes y específicas a las empresas belarusas de propiedad estatal;

11. Acoge con satisfacción el compromiso asumido por otros nueve países —en particular, Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Albania, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Islandia, Liechtenstein y Noruega— de aplicar medidas restrictivas contra determinados funcionarios de Belarús;

12. Reitera que, a menos que el Gobierno de Belarús adopte medidas inmediatas en favor de la democratización y la defensa de los derechos humanos, el proceso de compromiso entre la Unión Europea y Belarús quedará suspendido, incluida también la participación de Belarús en la Asociación Oriental;

13. Subraya que, a pesar de las consecuencias políticas para las relaciones entre la UE y Belarús de la represión postelectoral contra la oposición, la UE debe intensificar su asistencia a la sociedad civil de Belarús, también por la vía de la facilitación de visados;

14. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, a las Asambleas Parlamentarias de la OSCE y del Consejo de Europa y al Parlamento y al Gobierno de Belarús.

 

 

(1)

Textos Aprobados, P7_TA-PROV(2011)0022.

(2)

DO C 286 E de 22.10.2010, p. 16.

(3)

DO C 279 E de 19.11.2009, p. 113.

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