Procedimiento : 2012/2681(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B7-0308/2012

Textos presentados :

RC-B7-0308/2012

Debates :

PV 14/06/2012 - 16.2
CRE 14/06/2012 - 16.2

Votaciones :

PV 14/06/2012 - 17.2

Textos aprobados :

P7_TA(2012)0264

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN
PDF 132kWORD 1353k
13.6.2012
PE489.338v01-00}
PE491.949v01-00}
PE491.950v01-00}
PE491.951v01-00}
PE491.952v01-00}
PE491.953v01-00}
PE491.954v01-00} RC1
 
B7-0308/2012}
B7-0330/2012}
B7-0331/2012}
B7-0332/2012}
B7-0333/2012}
B7-0334/2012}
B7-0335/2012} RC1

presentada de conformidad con el artículo 122, apartado 5, y el artículo 110, apartado 4, del Reglamento

para sustituir a las propuestas de resolución presentadas por los siguientes grupos:

ECR (B7‑0308/2012)

EFD (B7‑0330/2012)

Verts/ALE (B7‑0331/2012)

S&D (B7‑0332/2012)

ALDE (B7‑0333/2012)

PPE (B7‑0334/2012)

GUE/NGL (B7‑0335/2012)


sobre los casos de impunidad en Filipinas (2012-2681(RSP))


Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor en nombre del Grupo PPE
Véronique De Keyser, Marc Tarabella, Pino Arlacchi en nombre del Grupo S&D
Marietje Schaake, Robert Rochefort, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Jelko Kacin, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Wolf Klinz, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki en nombre del Grupo ALDE
Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda en nombre del Grupo Verts/ALE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal en nombre del Grupo ECR
Fiorello Provera en nombre del Grupo EFD
Willy Meyer en nombre del Grupo GUE/NGL

Resolución del Parlamento Europeo sobre los casos de impunidad en Filipinas (2012-2681(RSP))  

El Parlamento Europeo,

–   Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo adicional, de los que Filipinas es país signatario,

–   Visto el documento de estrategia por país 2007-2013 de la Comisión Europea para Filipinas,

–   Vistos el Acuerdo de financiación para el programa de apoyo a la justicia UE-Filipinas, firmado en octubre de 2009 y destinado a acelerar los procedimientos judiciales contra los autores de ejecuciones extrajudiciales, y el nuevo programa Justicia para todos,

–   Vista la reciente ratificación por parte de Filipinas del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

–   Visto el informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para el Examen Periódico Universal (UPR) relativo a Filipinas, de 31 de mayo de 2012,

–   Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, de 24 de abril de 2012,

–   Vistas sus anteriores resoluciones sobre Filipinas, en particular la de 21 de enero de 2010,

–   Vistos el artículo 122, apartado 5, y el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A. Considerando que Esmail Amil Enog, un empleado de la familia Ampatuan de Maguindanao, desapareció en marzo de 2012 tras haber declarado ante un tribunal que había llevado a miembros de la milicia armada al lugar en el que fueron asesinadas 57 personas en 2009; que el 31 de mayo de 2012 se encontró su cuerpo despedazado con signos de haber sido torturado;

B.  Considerando que, en una actuación sin precedentes, los principales miembros de la familia Ampatuan acusados de haber planeado la masacre de Manguindanao fueron detenidos tras los acontecimientos del 23 de noviembre de 2009, al tiempo que se procedió a la congelación de activos y cuentas bancarias de 28 miembros del clan y afiliados;

C. Considerando que el 8 de septiembre de 2010 comenzó en Manila el juicio a las personas acusadas de cometer la masacre de Maguindanao; que se está juzgando a Andal Ampatuan y a varios de sus hijos por la masacre, mientras que alrededor de otros cien sospechosos están libres;

D. Considerando que Esmail Enog es el tercer testigo que han asesinado desde el comienzo del juicio en 2010, y que familiares de otros testigos también han denunciado haber sido atacados, amenazados, sobornados o acosados;

E.  Considerando que la muerte brutal de Esmail Enog indica claramente que el clima de impunidad que favoreció la masacre de Maguindanao sigue vigente en el país;

F.  Considerando que, de acuerdo con la información aparecida en la prensa internacional, en 2012 han sido asesinados cuatro periodistas, y que las organizaciones de derechos humanos consideran a Filipinas como un país peligroso para los medios de comunicación;

G. Considerando que las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas han disminuido significativamente desde que el Presidente Aquino asumió el poder; que, no obstante, sigue siendo insuficiente la capacidad del Gobierno para luchar eficazmente contra la impunidad generalizada de quienes perpetran dichos actos y abordar la violencia de carácter político en el país;

H. Considerando que, según las organizaciones de derechos humanos, de los varios cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales en la última década, solo siete ―con once acusados implicados― han sido efectivamente procesados, y ninguno desde que asumió el poder el Presidente Aquino;

I.   Considerando que, tras la masacre de Maguindanao, el Gobierno estableció una Comisión Independiente contra los Ejércitos Privados con el fin de desmantelar las milicias privadas, pero que no ha logrado resultados concretos hasta el momento;

J.   Considerando que, según el informe de la Comisión Independiente contra los Ejércitos Privados, de mayo de 2011, hay en el país, como mínimo, 72 grupos armados privados activos;

K. Considerando que, en el último UPR relativo a Filipinas, se reiteran las recomendaciones de 2008, es decir, que se ponga fin a la impunidad de las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura, y que se lleve a los responsables ante la justicia; que se intensifiquen los esfuerzos en favor de la prohibición total de la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas; que se ponga fin a la impunidad y se lleve a los autores ante la justicia; y que se garantice una protección adecuada a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos;

L.  Considerando que la Ley sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias fue aprobada por el Senado de Filipinas en junio de 2011 y por la Cámara de Representantes en mayo de 2012;

1.  Condena enérgicamente el homicidio del tercer testigo de la masacre de Maguindanao y el asesinato de cuatro periodistas, y expresa su solidaridad con las familias de los fallecidos;

2.  Expresa su gran preocupación por la independencia judicial y el bajo número de condenas por violaciones de derechos humanos en el país, y pide la realización inmediata de una investigación independiente sobre los recientes casos de homicidios;

3.  Pide al Gobierno de Filipinas que adopte nuevas medidas para poner fin a la impunidad de las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura y que lleve a los responsables ante la justicia, en particular a los autores de la masacre de Maguindanao, que están aún libres; pide asimismo la liberación de todas las personas desaparecidas que aún están en cautividad y el esclarecimiento de todos los demás casos no resueltos;

4.  Acoge con satisfacción la acusación de 196 personas por la masacre de Maguindanao, pero lamenta que, hasta el momento, no se hayan logrado verdaderos progresos en el juicio;

5.  Insta al Gobierno de Filipinas a que ratifique la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y promulgue la Ley sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias;

6.  Pide al Gobierno de Filipinas que garantice una protección adecuada a los defensores de los derechos humanos, los sindicalistas y los periodistas, investigue y persiga eficazmente los ataques a los periodistas y adopte una legislación nacional sólida que prohíba dichos actos e imponga sanciones penales;

7.  Insta a las autoridades estatales a que establezcan, en el marco de la Comisión de Derechos Humanos, un programa específico para la protección de los testigos y de las víctimas, incluida la protección de las familias de las víctimas, en casos en que se den graves violaciones de derechos humanos, en particular cuando los posibles autores sean soldados, policías o funcionarios estatales;

8.  Expresa su preocupación por que el recurso a la tortura y a los malos tratos de los sospechosos en detención preventiva sigue estando muy extendido, e insta a las autoridades filipinas a que intensifiquen sus esfuerzos para luchar firmemente contra las violaciones de la Ley nacional antiterrorista, de 2009;

9.  Insta al Gobierno a prohibir y a desmantelar inmediatamente las fuerzas paramilitares, incluso cuando la actividad paramilitar está supervisada por el mando militar, y las milicias locales, y a establecer un control militar y policial total sobre las unidades civiles armadas, en particular de las Unidades Geográficas de las Fuerzas Armadas Civiles y de las organizaciones de voluntarios civiles;

10. Pide al Gobierno que adopte medidas concretas para aplicar las recomendaciones hechas a Filipinas en el último UPR; le insta asimismo a que revoque sin demora el decreto 546 con el fin de prohibir los ejércitos privados;

11. Acoge con satisfacción la ratificación por parte de Filipinas del Estatuto de Roma de la CPI, el 30 de agosto de 2011, y del Protocolo Facultativo del Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el 17 de abril de 2012;

12. Se felicita por las importantes medidas adoptadas por el Gobierno de Filipinas en su intento por evitar muertes y llevar a sus autores ante la justicia, así como por la creación de un nuevo grupo de trabajo del Ministerio Fiscal para abordar la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas;

13. Acoge con satisfacción la aplicación con éxito del programa de apoyo a la justicia UE-Filipinas (EPJUST) y el nuevo programa de apoyo a la justicia UE-Filipinas, Justicia para todos, que se pondrá en marcha próximamente y tendrá una dotación de diez millones de euros para el periodo 2012-2015, y cuyo fin es promover el acceso equitativo a la justicia y su aplicación efectiva para todos los ciudadanos en general y, en particular, para las personas pobres y desfavorecidas, especialmente las mujeres, los niños, las minorías étnicas y los pueblos indígenas, así como los defensores de los derechos humanos y los activistas sociales;

14. Pide al Gobierno de Filipinas que permita la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas para investigar la situación de los derechos humanos en el país;

15. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Presidente y al Gobierno de la República de Filipinas, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los Gobiernos de los Estados miembros de la ASEAN.

Aviso jurídico - Política de privacidad