Propuesta de resolución común - RC-B7-0095/2013Propuesta de resolución común
RC-B7-0095/2013

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN sobre la situación en Egipto

13.3.2013 - (2013/2542(RSP))

presentada de conformidad con el artículo 110, apartados 2 y 4, del Reglamento
para sustituir a las propuestas de resolución presentadas por los siguientes grupos:
Verts/ALE (B7‑0095/2013)
PPE (B7‑0096/2013)
ECR (B7‑0097/2013)
ALDE (B7‑0099/2013)
S&D (B7‑0100/2013)

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans‑Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Dominique Vlasto, Anne Delvaux, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė en nombre del Grupo PPE
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin en nombre del Grupo S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Hannu Takkula, Kristiina Ojuland en nombre del Grupo ALDE
Judith Sargentini, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Raül Romeva i Rueda, Margrete Auken en nombre del Grupo Verts/ALE
Charles Tannock, Peter van Dalen, Valdemar Tomaševski, Sajjad Karim en nombre del Grupo ECR

Procedimiento : 2013/2542(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento :  
RC-B7-0095/2013
Textos presentados :
RC-B7-0095/2013
Debates :
Textos aprobados :

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Egipto

(2013/2542(RSP))

El Parlamento Europeo,

–   Vistas sus anteriores resoluciones sobre Egipto, en particular su Resolución, de 16 de febrero de 2012, sobre Egipto: acontecimientos recientes[1] y su Resolución, de 15 de marzo de 2012, sobre el tráfico de seres humanos en el Sinaí, en particular el caso de Solomon W.[2],

–   Vistos sus debates plenarios de los días 12 de junio de 2012, 4 de julio de 2012 y 12 de diciembre de 2012 sobre Egipto y Oriente Próximo,

–   Vistas las declaraciones de la Alta Representante (AR/VP), Catherine Ashton, y de su portavoz sobre Egipto realizadas en 2012, en particular la de 25 de mayo de 2012 sobre las elecciones presidenciales en Egipto, la de 1 de junio de 2012 sobre el levantamiento del estado de excepción en Egipto, la de 15 de junio de 2012 sobre las sentencias del Tribunal Constitucional egipcio, la de 20 de junio de 2012 sobre la situación política en Egipto, la de 24 de junio de 2012 sobre la elección de Mohamed Morsi como Presidente de Egipto, la de 13 de septiembre de 2012 sobre la creación de un nuevo Grupo de Trabajo UE-Egipto, la de 5 de diciembre de 2012, por la que pedía el establecimiento de un diálogo político a escala nacional, la de 25 de diciembre de 2012 sobre el referéndum en Egipto, y la de 25 de enero de 2013 sobre las muertes en Port Said,

–   Vistas las Conclusiones del Consejo, de 27 de febrero de 2012, de 25 de junio de 2012, de 19 de noviembre de 2012 y de 10 de diciembre de 2012, sobre Egipto, de 31 de enero de 2013, sobre el apoyo de la UE al cambio sostenible en las sociedades en transición, y de 8 de febrero de 2013, sobre la Primavera Árabe,

–   Visto el informe de situación sobre Egipto, de 15 de mayo de 2012, elaborado en el marco del paquete sobre la Política Europea de Vecindad (PEV),

–   Vistas la reunión del Grupo de Trabajo UE-Egipto de los días 13 y 14 de noviembre de 2012 y sus conclusiones,

–   Vista la «Declaración de El Cairo», emitida con ocasión de la Segunda Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y la Liga de Estados Árabes, el 13 de noviembre de 2012,

–   Visto el Reglamento (UE) nº 1099/2012 del Consejo, de 26 de noviembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 270/2011, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto,

–   Vistas las declaraciones pronunciadas por el Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, tras sus reuniones con el Presidente de Egipto, Mohamed Morsi, el 13 de septiembre de 2012 y el 13 de enero de 2013,

–   Visto el memorándum de la Comisión, de 8 de febrero de 2013, titulado «La respuesta de la UE a la Primavera Árabe: la situación dos años después»,

–   Vista la Comunicación conjunta, de 15 de mayo de 2012, de la Comisión y de la AR/VP al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, titulada «Diseño de una nueva Política Europea de Vecindad»,

–   Visto el Acuerdo de Asociación UE-Egipto de 2001 (que entró en vigor el 1 de junio de 2004), reforzado por el Plan de Acción y por la Política Europea de Vecindad, aprobados en 2007,

–   Vistas las declaraciones realizadas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, el 7 de diciembre de 2012, sobre la violencia en Egipto y los graves problemas con el proyecto de Constitución, y el 29 de enero de 2013, sobre la necesidad de un diálogo serio y de poner fin al uso excesivo de la fuerza,

–   Vista la declaración realizada el 31 de enero de 2013 por la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, en la que expresaba su profunda preocupación por la escalada de la violencia contra las mujeres en los lugares públicos en Egipto,

–   Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por Egipto, y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989, que Egipto ha accedido a ratificar,

–   Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–   Visto el artículo 110, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A. Considerando que Egipto es un socio clave de la Unión Europea en el Mediterráneo meridional; que los acontecimientos políticos, económicos y sociales en Egipto tienen importantes consecuencias para toda la región y también fuera de ella;

B.  Considerando que Mohamed Morsi ganó las elecciones presidenciales celebradas en mayo y junio de 2012 con el 51,7 % de los votos, convirtiéndose así en el primer candidato islamista elegido Jefe de Estado en el mundo árabe; que estas elecciones presidenciales, libres y justas, representaron un paso importante en el proceso de transición democrática;

C. Considerando que, el 14 de junio de 2012, el Tribunal Supremo Constitucional egipcio declaró la inconstitucionalidad de las elecciones parlamentarias de 2012 y la ilegitimidad de un tercio de sus ganadores, y derogó la Ley de Exclusión Política;

D. Considerando que, el 22 de noviembre de 2012, ocho días después de la celebración de la reunión del Grupo de Trabajo UE-Egipto y un día después del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, propiciado por Egipto, el Presidente Morsi pronunció una Declaración Constitucional con la que, entre otras cosas, situaba la presidencia fuera del control judicial; que días después el Presidente anuló esta declaración, pero ya se estaban produciendo manifestaciones cada vez mayores;

E.  Considerando que en Egipto las instituciones de la magistratura y los jueces siguen sufriendo presiones, ataques, intimidación e injerencia de diferentes agentes y fuerzas políticas; que, en noviembre de 2012, el Tribunal Constitucional suspendió sus trabajos debido al asedio de sus locales por partidarios del Presidente y de sus aliados; que el cese del Fiscal General en octubre de 2012 y la designación de su sucesor dieron lugar a vivas críticas y protestas de jueces, funcionarios judiciales y otras personas; que la injerencia en el poder judicial socava la confianza de la población egipcia en la equidad y la imparcialidad del sistema judicial;

F.  Considerando que, el 30 de noviembre de 2012, la Asamblea Constituyente aprobó el proyecto de Constitución; que dicho proyecto de Constitución fue aprobado por referéndum los días 15 y 22 de diciembre de 2012, con un 63,8 % de los votos a favor, pero con una participación del 32,9 %; que el proceso constituyente y la aprobación anticipada de la nueva Constitución, en lugar de crear consenso, han ahondado aún más las divisiones internas de la sociedad egipcia; que muchos egipcios y ciudadanos de otros países han expresado su preocupación acerca de varios artículos de la nueva Constitución, entre ellos el estatus de la Sharia en la legislación nacional, la independencia del poder judicial y el papel de los tribunales militares, las libertades fundamentales y los derechos de las mujeres;

G. Considerando se han anunciado nuevas elecciones parlamentarias en Egipto para finales de abril de 2013; que el Comité Electoral Supremo egipcio ha aceptado que cuatro organizaciones no gubernamentales actúen como testigos de las elecciones, junto con la Unión Europea, la Liga de Estados Árabes y la Unión Africana; que, el 18 de febrero de 2013, el Tribunal Constitucional Supremo declaró anticonstitucionales varios artículos de esta ley y pidió al Consejo de la Shura que los modificase; que las fuerzas de la oposición encabezadas por el Frente de Salvación Nacional han anunciado que boicotearán las próximas elecciones parlamentarias en protesta contra la falta de garantías jurídicas de unas elecciones libres y justas; que, el 7 de marzo de 2013, la Comisión Electoral de Egipto canceló las próximas elecciones parlamentarias, tras la decisión del Tribunal Administrativo de El Cairo de paralizarlas, porque el Consejo de la Shura no había remitido la ley electoral al Tribunal Constitucional Supremo para que este la revisara por última vez tras su modificación;

H. Considerando que, a raíz de violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que se saldaron con decenas de muertos, en vísperas del segundo aniversario de la Revolución del 25 de enero y en las semanas siguientes, provocados por distintos factores, como la creciente situación anárquica en Egipto, el declive generalizado de la economía egipcia y las docenas de sentencias de muerte dictadas contra los civiles involucrados en los disturbios mortales de Port Said de 2012, el Presidente Morsi proclamó el estado de excepción en varias ciudades egipcias, propiciando las advertencias de las autoridades militares acerca del «desmoronamiento del Estado»; considerando que, el 30 de enero de 2013, los líderes de la oposición hicieron un llamamiento conjunto al Presidente Morsi para que pusiera fin a la violencia contra los manifestantes, formara un Gobierno de unidad e iniciara un diálogo nacional, como la única manera de superar las actuales divisiones y tensiones políticas y sociales; que el Presidente Morsi hizo oídos sordos a los llamamientos en favor de un Gobierno de unidad; que, el 26 de febrero de 2013, el Presidente Morsi inició un diálogo nacional, boicoteado por las principales fuerzas de la oposición;

I.   Considerando que 42 personas, entre ellas dos agentes de policía, han perecido en enfrentamientos que se han producido después de que un tribunal recomendara el 26 de enero de 2013 que se condenara a muerte a 21 habitantes de Port Said por las matanzas perpetradas tras un partido de fútbol un año antes; que, el 9 de marzo de 2013, esta sentencia fue confirmada y se emitió un veredicto contra los 52 acusados restantes; que, en su Resolución de 16 de febrero de 2012, el Parlamento Europeo pidió una investigación independiente de los acontecimientos que dieron lugar a la tragedia y que los responsables fueran entregados a la justicia; que la Unión Europea se opone a la aplicación de la pena capital en todos los casos y bajo cualquier circunstancia, y ha pedido incesantemente su abolición universal a fin de proteger la dignidad humana;

J.   Considerando que las tensiones políticas crecientes han exacerbado la polarización interna de la sociedad egipcia y están provocando continuas protestas en las calles y enfrentamientos violentos, que dan lugar a detenciones arbitrarias, intimidación, secuestros y torturas; que a menudo quedan impunes los casos de uso excesivo de la fuerza y de violencia letal contra manifestantes pacíficos por parte de la policía, las fuerzas de seguridad y de grupos no identificados; que deben mantenerse la seguridad y el orden público, con contención y pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

K. Considerando que la opinión pública egipcia se muestra sumamente crítica frente a las restricciones a la libertad de expresión; que el Código Penal y la Constitución recién aprobada podrían recortar seriamente la libertad de expresión, tanto electrónica como no electrónica; que las libertades civiles y digitales son facilitadoras de los derechos humanos universales, por lo que deberían defenderse en todo momento; que la violencia física y el acoso a periodistas han aumentado significativamente; que se han incoado varios procedimientos judiciales contra medios de comunicación de la oposición por injurias al Presidente; que prosiguen las actuaciones penales contra periodistas, especialmente de medios de comunicación de la oposición, y actores, como Gamal Fahmy, Basem Yusef y Okasha Tawfiq; que se ha documentado la instrucción de 24 causas por insultos al Presidente; que han aumentado las denuncias por blasfemia desde que el Presidente Morsi asumió sus funciones;

L.  Considerando que el proyecto de Ley sobre la protección del derecho de manifestarse pacíficamente en lugares públicos limitaría en gran medida el derecho de reunión pública pacífica;

M. Considerando que las mujeres egipcias se encuentran en una situación particularmente vulnerable en el actual periodo de transición; que, según informes de organizaciones egipcias e internacionales del ámbito de los derechos humanos, las mujeres manifestantes han sufrido a menudo violencia, ataques sexuales, pruebas de virginidad y otros tratos degradantes por parte de las fuerzas de seguridad, y que quienes defienden los derechos de la mujer son objeto de amenazas y acoso; que la participación política de las mujeres ha sufrido importantes retrocesos; que las críticas se han originado en el Consejo Nacional de la Mujer egipcio (CNM) y en la sociedad civil ante el silencio de las autoridades, que se han abstenido de condenar la violencia sufrida por las mujeres, transmitiendo de este modo una señal errónea acerca del respeto de los derechos de la mujer en Egipto;

N. Considerando que la sociedad civil egipcia y las ONG internacionales se enfrentan a una presión creciente y a serias dificultades para actuar en Egipto; que varios proyectos de la nueva Ley sobre asociaciones y fundaciones civiles han suscitado preocupación entre los activistas y las organizaciones de la sociedad civil, ya que impondrían graves restricciones a la financiación de ONG, especialmente mediante fuentes extranjeras, dejando un margen para la supervisión intrusiva por parte de las autoridades, y limitarían cualquier modalidad de actividad u organización social; que limitarían asimismo las misiones de investigación y otras actividades esenciales por Egipto, lo que en la práctica impide que las organizaciones de la sociedad civil desempeñen su labor;

O. Considerando que la UE es el primer socio comercial de Egipto y su principal fuente de inversión exterior y de cooperación para el desarrollo; que los días 13 y 14 de noviembre de 2012 el Grupo de Trabajo UE-Egipto, copresidido por la AR/VP y el Ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Kamel Amr, se reunió en El Cairo y acordó un importante paquete de ayuda económica y política para asistir a Egipto con su transición en curso, por un valor total de casi 5 000 millones de euros en forma de préstamos y subvenciones para el periodo 2012-2013; que la ayuda financiera queda supeditada en parte al éxito de Egipto a la hora de ultimar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como en materia de derechos humanos, democracia y gobernanza económica; que el cumplimiento de estos compromisos y la agilización de la entrega de la ayuda de la UE son de importancia crucial para Egipto;

P.  Considerando que el Grupo de Trabajo resaltó su compromiso con el fomento y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y la igualdad de género, con miras a la capacitación de las mujeres en todos los ámbitos, las libertades de expresión y de asociación y la libertad de religión o de convicciones, y condenó todas las formas de incitación al odio por motivos religiosos, la intolerancia, el enfrentamiento o la violencia;

Q. Considerando que el éxito de la Política Europea de Vecindad, así como el de las reformas en materia de derechos humanos y, en particular, de los derechos de las mujeres, dependerá del grado de participación de la sociedad civil en la aplicación de las políticas correspondientes;

R.  Considerando que la situación económica egipcia es grave, con un bajo nivel de reservas de divisas y la más baja cotización de la libra egipcia desde 2004; que la mejora económica del país dependerá de su estabilidad política y social a largo plazo; que Egipto está atravesando un período de transición crítico y se enfrenta a unos retos y dificultades considerables en el proceso hacia la democracia; que esta transición debería basarse en los valores básicos de la justicia social, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el Estado de Derecho y la buena gobernanza;

S.  Considerando que la devolución de los activos robados por el régimen anterior, más allá de su significado económico, puede contribuir a la justicia y a la asunción de responsabilidades frente al pueblo egipcio, por lo que es una importante cuestión política con un gran valor simbólico en las relaciones entre la UE y Egipto; que, desde marzo de 2011, están congelados los activos en la UE de 19 personas responsables de apropiación indebida de fondos del Estado egipcio, incluido el anterior Presidente Mubarak; que el Consejo adoptó el 26 de noviembre de 2012 un nuevo Reglamento para facilitar la devolución de estos activos objeto de apropiación indebida; que el Grupo de Trabajo ha acordado finalizar en un plazo de tres meses un programa que podría incluir el establecimiento de un grupo de recuperación de activos coordinado por el Servicio Europeo de Acción Exterior;

1.  Expresa su solidaridad con el pueblo egipcio en este momento crucial de transición democrática en el país; pide a las autoridades egipcias que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidos la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, la libertad de la prensa y de los medios de comunicación, los derechos de la mujer, las libertades de religión, conciencia y pensamiento, la protección de las minorías y la lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual, y que garanticen el Estado de Derecho, la independencia del poder judicial, la lucha contra la impunidad y el derecho a un proceso justo, puesto que son elementos esenciales de una sociedad libre y democrática;

2.  Expresa su profunda preocupación por la creciente polarización interna de la sociedad egipcia y por los continuos incidentes violentos; recuerda a las autoridades estatales egipcias y a las fuerzas de seguridad su deber de restaurar y garantizar la seguridad y el orden en el país; insta a todos los agentes políticos a que den prueba de contención con el fin de evitar más violencia, por el interés del país; pide asimismo una investigación seria, imparcial y transparente de los asesinatos, torturas, trato degradante y acoso a manifestantes pacíficos, con atención especial a las mujeres, y que los responsables sean entregados a la justicia; pide a las autoridades que actúen en estricto cumplimiento de su legislación y de sus obligaciones internacionales; deplora profundamente la pérdida de numerosas vidas humanas y el gran número de heridos registrados derivado de los recientes enfrentamientos, y transmite su pésame a las familias de las víctimas;

3.  Reitera la posición firme y de principio de la UE en contra de la pena de muerte y pide que se imponga una moratoria absoluta a la ejecución de todas las sentencias de muerte en Egipto; insta a Egipto a que ratifique el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 destinado a abolir la pena de muerte; pide que se conmuten las sentencias de muerte pronunciadas el 26 de enero de 2013 contra 21 partidarios del club de fútbol Al Masri;

4.  Toma nota de la decisión de la Comisión Electoral de Egipto de anular la celebración de las próximas elecciones legislativas y pide al Gobierno egipcio que emplee este periodo para poner en marcha un proceso político incluyente basado en el consenso y en una apropiación conjunta, a través de un diálogo nacional genuino con la participación significativa de todas las fuerzas políticas democráticas; pide a todas las fuerzas políticas egipcias que colaboren en este sentido; anima a la UE y a sus Estados miembros a que sigan apoyando a las autoridades egipcias, los partidos políticos y la sociedad civil, y colaborando con ellos, en sus esfuerzos para conseguir este objetivo; acoge con satisfacción, pese a la anulación de las elecciones legislativas, la invitación dirigida por las autoridades egipcias a la UE para que actuase como observador electoral; reitera su propuesta de enviar una misión de observación electoral completa;

5.  Manifiesta su preocupación por el aumento de la violencia contra las mujeres, en particular contra las manifestantes y las defensoras de los derechos de la mujer, y ante la incapacidad de las autoridades de prevenir y condenar esta violencia o de pedir cuentas a los responsables de estos actos; pide al Presidente Morsi, así como a los líderes de los partidos en el poder y de la oposición, que ejerzan un firme liderazgo político a la hora de abordar el problema de la violencia de género, y que garanticen que todos los incidentes de agresiones sexuales y acoso sexual contra mujeres sean objeto de una investigación efectiva, con el consiguiente procesamiento judicial de sus responsables y garantías de una reparación adecuada para las víctimas; insta al Presidente Morsi a que aborde este problema de violencia y discriminación crónicas contra las mujeres aprobando la legislación contra el acoso propuesta por las defensoras de los derechos de la mujer; pide a las autoridades egipcias que condenen todas las formas de violencia y agresión contra las mujeres; insta al Gobierno a que promueva y apoye la participación política de las mujeres invirtiendo la actual tendencia negativa en este ámbito;

6.  Pide a las autoridades egipcias que reformen las fuerzas policiales y de seguridad, y que deroguen todas aquellas leyes que permiten el recurso ilimitado a la violencia por parte de las fuerzas policiales y de seguridad contra la población civil; subraya la necesidad de desarrollar, en un contexto de diálogo y consulta con la sociedad civil, un marco jurídico apropiado para garantizar los derechos de manifestación pacífica y de reunión pública pacífica, y para permitir que las organizaciones de la sociedad civil lleven a cabo sus actividades sin limitaciones indebidas y puedan beneficiarse de la ayuda de fuentes extranjeras;

7.  Expresa su pleno apoyo al compromiso mostrado por las organizaciones de la sociedad civil y destaca la importancia y la elevada calidad de su trabajo para el fomento de la paz, la democracia y los derechos humanos, y pide el fin inmediato de toda forma de presión, intimidación o acoso contra sindicatos, periodistas o blogueros;

8.  Manifiesta su preocupación por la situación de la judicatura en Egipto; pide al Gobierno y a las fuerzas políticas de Egipto que respeten plenamente, apoyen y promuevan la independencia y la integridad de las instituciones judiciales del país; subraya la necesidad de proseguir la reforma del sistema de justicia penal para garantizar un marco jurídico adecuado a fin de combatir la impunidad y la tortura y proteger los derechos humanos; anima a las autoridades egipcias a que inicien un proceso genuino de justicia transicional con miras a garantizar la atribución de responsabilidades por las violaciones de los derechos humanos perpetradas antes, durante y después de la revolución de 2011;

9.  Manifiesta su preocupación por las restricciones impuestas a la libertad de religión, conciencia o convicciones; acoge con satisfacción, en este sentido, la creación, el 18 de febrero de 2013, de un Consejo Egipcio de las Iglesias, compuesto por las cinco principales confesiones cristianas del país y cuyo mandato incluye la promoción del diálogo entre musulmanes y cristianos; cree que deben hacerse esfuerzos por invertir la ola de emigración cristiana de Egipto, que no solo amenaza la continuidad de una de las comunidades más antiguas de Egipto, sino que perjudica además a la economía del país, debido a la marcha de profesionales formados;

10. Pide a las autoridades egipcias que firmen y ratifiquen el Estatuto de Roma por el que se establece la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, y que se abstengan de invitar a Jefes de Estado contra los que la CPI haya emitido órdenes de detención;

11. Respalda firmemente las reformas orientadas hacia la democratización, el Estado de Derecho y la justicia social en Egipto, conforme al deseo expresado por el pueblo egipcio; reitera su llamamiento para que se evalúe la posibilidad de levantar completamente el estado de excepción en todo el país; pide que se ponga fin de inmediato al enjuiciamiento de civiles por tribunales militares;

12. Reitera su continua preocupación ante el paso clandestino y la trata de seres humanos y ante la situación de los inmigrantes irregulares en el país, sobre todo en la región del Sinaí; pide a las autoridades egipcias que sigan intensificando sus esfuerzos por abordar estas cuestiones, entre otros medios, aplicando plenamente la legislación nacional sobre refugiados y concediendo a las agencias de las Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos pleno acceso a las personas afectadas en el Sinaí;

13. Está profundamente preocupado por el rápido deterioro de la situación económica de Egipto y la prolongación de las negociaciones relativas a un acuerdo de préstamo con el FMI; acoge con satisfacción los nuevos esfuerzos del Gobierno para continuar las negociaciones; alienta el desarrollo de la cooperación económica entre la UE y Egipto, con un mejor diálogo bilateral sobre la reforma económica, como un paso importante para crear confianza entre los inversores;

14. Insta a la AR/VP y a la Comisión a que desarrollen el principio de «más por más», prestando especial atención a la sociedad civil, así como a los derechos de las mujeres y de las minorías, de manera más coherente y práctica, incluyendo unas condiciones y referencias claras, por si el Gobierno egipcio se apartara de las reformas democráticas y del respeto de los derechos humanos y las libertades, y como piedra angular de la nueva Política Europea de Vecindad, en el marco de las relaciones de la UE con el Gobierno egipcio, sin crear un efecto negativo en las condiciones de vida de la población del país;

15. Insta a la AR/VP a que recuerde a las autoridades egipcias y al Presidente Morsi sus compromisos relativos al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; pide a la UE que no conceda ayuda presupuestaria alguna a las autoridades egipcias si no se producen avances significativos en relación con el respeto de los derechos humanos y las libertades, la gobernanza democrática y el Estado de Derecho;

16. Expresa su pleno apoyo al incremento de la cooperación UE-Egipto, ya sea en el marco del Acuerdo de Asociación y sus planes de acción, la continuación satisfactoria de la labor del Grupo de trabajo UE-Egipto, los diálogos periódicos sobre los derechos humanos, una mayor cooperación comercial, una mayor movilidad para los ciudadanos egipcios, en particular los estudiantes, hacia la UE, la negociación de un acuerdo de libre comercio exhaustivo y global o la futura integración de los mercados;

17. Insta a la UE y a sus Estados miembros a que hagan nuevos y significativos esfuerzos por facilitar la devolución de los activos robados por el anterior régimen al pueblo de Egipto; pide, en este contexto, que la UE cree un grupo de investigadores, abogados y fiscales de sus Estados miembros y de otros países europeos a fin de prestar apoyo y asesoramiento jurídicos a las autoridades egipcias en este proceso;

18. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y a las autoridades egipcias.