PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN sobre la desaparición de 43 estudiantes de Magisterio en México
22.10.2014 - (2014/2905(RSP))
para sustituir a las propuestas de resolución presentadas por los siguientes grupos:
GUE/NGL (B8‑0167/2014)
Verts/ALE (B8‑0175/2014)
Javier Couso Permuy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez en nombre del Grupo GUE/NGL
Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Jordi Sebastià, Bodil Ceballos, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Heidi Hautala en nombre del Grupo Verts/ALE
Resolución del Parlamento Europeo sobre la desaparición de 43 estudiantes de Magisterio en México
El Parlamento Europeo,
– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre México, en particular la de 9 de marzo de 2010,
– Vista la declaración de La Habana de enero de 2014, en particular su punto 1,
– Vista la declaración local de la UE relativa a Iguala, emitida de acuerdo con los jefes de misión de los Estados miembros de la UE en México, de 12 de octubre de 2014,
– Vistas las declaraciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Amnistía Internacional,
– Visto el Acuerdo Global entre la UE y México de 2000,
– Visto el Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos en el marco de la Asociación Estratégica UE-México, de 2008,
– Visto el Marco estratégico de la UE sobre derechos humanos y democracia, de junio de 2012,
– Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,
A. Considerando que la situación de los derechos humanos en México es sumamente crítica, en especial en Atenco y en los estados de Chiapas y Oaxaca;
B. Considerando que, según el banco de datos mundial, en 2013 el 52,3 % de la población mexicana vivía por debajo del umbral de la pobreza; que México es uno de los países con mayor desigualdad en el reparto de la riqueza;
C. Considerando que las autoridades aplican un sistema económico y social basado en el expolio, la privatización y la mercantilización de recursos básicos como son la tierra, el agua y la biodiversidad;
D. Considerando que esta política tiene como corolario un clima de acoso a las organizaciones sociales y el encarcelamiento de numerosos militantes políticos y actores económicos y sociales; que México es el país del mundo donde se registran más asesinatos de periodistas;
E. Considerando la connivencia existente entre responsables políticos, cargos electos y cárteles del narcotráfico;
F. Considerando que el notable refuerzo en el despliegue de efectivos militares desde la elección del presidente Calderón en 2006 ha tenido consecuencias muy graves para los derechos humanos, al aumentar las desapariciones forzosas, las ejecuciones extrajudiciales, los actos de tortura y las detenciones arbitrarias;
G. Considerando que, según cifras oficiales de las autoridades gubernamentales, en México hay al parecer más de 22 000 personas «no localizadas»; que más de la mitad de ellas han desaparecido durante el mandato del actual presidente Peña Nieto; que, según datos de las ONG, entre 2006 y 2014 se produjeron al parecer entre 70 000 y 80 000 asesinatos y más de 24 000 desapariciones;
H. Considerando que las autoridades mexicanas muchas veces no consiguen investigar, perseguir y sancionar adecuadamente y que, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, alrededor del 98-99 % de los delitos quedan impunes; que la impunidad reinante en México es una de las razones del aumento de la violencia y la criminalidad en el país; que las desigualdades sociales y la situación de extrema pobreza de buena parte de la población se traduce asimismo en un incremento de la violencia;
I. Considerando los frecuentes casos de desapariciones y de secuestros de mujeres, en particular indígenas; que el término «feminicidio» resulta de la definición de violencia contra las mujeres reflejada en el artículo 1 de la Convención de Belém do Pará, según el cual debe ser considerado como violencia contra las mujeres todo acto o comportamiento basado en el sexo y que acarree la muerte o sufrimientos físicos, sexuales o psíquicos a la mujer, tanto en público como en privado; que el castigo y la erradicación del feminicidio es una obligación y debe ser una prioridad de todo Estado de Derecho;
J. Considerando que en la noche del 15 al 16 de octubre de 2014 María del Rosario Fuentes Rubio, joven mexicana que había denunciado las actividades de los cárteles del narcotráfico, fue asesinada en el estado de Tamaulipas;
K. Considerando que el pasado 13 de octubre Román Atilano, dirigente de un grupo de agricultores que reclamaban indemnizaciones por las tierras inundadas tras las construcción de una presa en el estado noroccidental de Sinaloa, fue asesinado durante la emisión de su programa de radio semanal;
L. Considerando que, según fuentes oficiales, el pasado 30 de junio 22 presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento en Tlatlaya; que, según diversos testigos, estas personas ‒incluida una joven de 15 años‒ fueron ejecutadas a sangre fría por los militares, tras haberse rendido; que a finales de septiembre fueron detenidos ocho militares implicados en esta matanza;
M. Expresa su conmoción por las atrocidades acaecidas el 26 de septiembre de 2014 en la ciudad mexicana de Iguala (Guerrero), en la que varios policías abrieron fuego contra estudiantes desarmados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, matando a tres de ellos, así como a un entrenador y a un jugador de fútbol y a un conductor de autobús, además de causar unos veinte heridos; manifiesta su horror por la consiguiente desaparición forzosa de 43 estudiantes, que a día de hoy siguen en paradero desconocido;
N. Considerando que tanto la matanza como las desapariciones forzosas han sucedido en mitad de una ciudad situada a tan solo 190 kilómetros de Ciudad de México y que cuenta con dos batallones del ejército y un centro de operaciones estratégicas del fiscal general federal; que, según diversos testigos, varios miembros de las fuerzas de seguridad locales entregaron al menos 17 de los 43 estudiantes a bandas delictivas, sin que intervinieran las demás fuerzas de seguridad; que, al parecer, los estudiantes fueron secuestrados en coches de policía y entregados a miembros del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos;
O. Considerando que las autoridades federales no han adoptado acciones diligentes y exhaustivas frente a un crimen tan señalado y tampoco iniciaron de inmediato la búsqueda de los estudiantes desaparecidos ni adoptaron las debidas medidas de protección de los supervivientes y los familiares; que dichas autoridades únicamente abandonaron su pasividad tras la ocupación de la Autopista del Sol una semana después por familiares de los propios desaparecidos y estudiantes de Ayotzinapa exasperados, y ante la ola de indignación nacional e internacional por el suceso;
P. Considerando que, al cabo de una semana de los secuestros, uno de los presuntos autores detenidos señaló, el 3 de octubre de 2014, la ubicación de cinco fosas comunes en las cercanías de Iguala, que contenían 28 cadáveres carbonizados que podrían no ser los estudiantes desaparecidos según los análisis de ADN realizados; que en la misma zona se han encontrado desde entonces más fosas comunes; que los especialistas forenses argentinos necesitan mejores condiciones para hacer su trabajo de identificación de los cadáveres;
Q. Considerando que de anteriores informes de organizaciones mexicanas de derechos humanos se desprenden claros vínculos entre autoridades locales y bandas delictivas, vínculos que han sido confirmados por el servicio secreto mexicano (CISEN) en el caso de Iguala; que dichos informes no han suscitado ninguna atención ni actuación de las autoridades; que esta connivencia explica sin duda alguna este nuevo crimen; que en la anterior represión policial contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo (Guerrero), en la que resultaron muertos dos de ellos, al menos once miembros de las fuerzas de seguridad portaban armas alemanas;
R. Considerando que se busca al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y al jefe de las fuerzas de seguridad locales, Felipe Flores, que han huido; que se ha detenido a 44 agentes de policía y miembros de grupos de delincuentes, 36 de los cuales son policías de Iguala y Cocula (Guerrero);
S. Considerando que en los recientes acontecimientos de Guerrero se ha visto un nivel sin precedentes de violaciones de los derechos humanos y han salido a la luz graves problemas de impunidad, connivencia entre agentes policiales y bandas de delincuencia organizada, y excesivo uso de la fuerza, por lo que deben tratarse en el marco de las relaciones estratégicas entre la UE y México tanto el Acuerdo Global como la Asociación Estratégica, haciendo uso de los instrumentos existentes;
T. Considerando que la UE y México están vinculados por un Acuerdo Global que contiene una cláusula de derechos humanos y por una Asociación Estratégica que establece un conjunto claro de valores comunes, cuya violación tiene consecuencias tanto para el Acuerdo como para la Estrategia; que en el Marco estratégico sobre derechos humanos y democracia, de junio de 2012, la Unión Europea se comprometió a situar los derechos humanos en el centro de las relaciones con todo tercer país, incluidos los socios estratégicos y a apoyar con dedicación a los defensores de la libertad, la democracia y los derechos humanos de todo el mundo;
U. Considerando que México ha asumido numerosos compromisos en materia de protección de los derechos humanos a escala internacional; que el respeto de esos compromisos prevalece sobre el Derecho nacional; que el caso actual de Iguala pone definitivamente en peligro la credibilidad de los Estados Unidos Mexicanos como garante del respeto de los derechos humanos ante la comunidad internacional;
1. Pide que las autoridades federales hagan cuanto esté en su mano para encontrar a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en la ciudad de Iguala y que se lleve ante la justicia y se castigue a los culpables de los crímenes cometidos; destaca, en este sentido, la necesidad de investigar realmente, y de forma transparente e imparcial, estas violaciones de los derechos humanos y de que se apliquen las normas de procedimiento habituales;
2. Transmite su pésame a las familias de las seis personas asesinadas a tiros, expresa su solidaridad con los familiares y los compañeros que buscan a los 43 estudiantes desaparecidos, y pide a las autoridades mexicanas que protejan plenamente las vidas y la integridad física de los estudiantes que han sobrevivido, de los parientes y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y de los defensores de los derechos humanos que se ocupan del caso; pide asimismo a las autoridades que prevean una atención psicosocial y apliquen efectivamente las medidas cautelares que les ha otorgado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
3. Manifiesta su consternación por el continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en México y por la inexistencia de un compromiso serio por parte del Estado mexicano para luchar contra la impunidad; condena una vez más las desapariciones forzosas y los asesinatos cometidos por el Estado mexicano o con su complicidad;
4. Espera asimismo que las autoridades mexicanas inicien una investigación exhaustiva sobre las 43 desapariciones forzosas y, en su caso, las ejecuciones extrajudiciales, los seis asesinatos, las veinte personas heridas y otros elementos del crimen múltiple cometido en septiembre de 2014 en Iguala, que establezcan detalladamente todas las responsabilidades y persigan y condenen efectivamente a las partes responsables a todos los niveles, en consonancia con las normas internacionales;
5. Hace hincapié en que las familias de las personas secuestradas y asesinadas deben tener pleno acceso a la justicia y recibir información completa en todas las etapas de la investigación, e insiste en que debe repararse el daño causado;
6. Pide que se incluya en la acción penal el asesinato de dos estudiantes de Ayotzinapa cometido el 12 de diciembre de 2011, por tratarse de causas no resueltas debido a la falta de interés de las autoridades;
7. Acoge favorablemente la creación de sendas comisiones en el Congreso y el Senado de México encargadas del seguimiento de las investigaciones, y pide que se le informe de sus conclusiones respectivas;
8. Solicita una rápida investigación sobre la identidad de los 28 cuerpos encontrados en cinco fosas comunes a principios de octubre de 2014, así como sobre los autores de este nuevo repugnante crimen cometido en Iguala, y pide que se lleven a cabo investigaciones similares en el caso de al menos otras tres fosas comunes; destaca la necesidad de crear urgentemente un registro nacional unificado, público y accesible de personas desaparecidas, así como una base de datos de ADN, con objeto de identificar los millares de cadáveres hallados en fosas comunes en México;
9. Pide asimismo que se investiguen de forma exhaustiva las circunstancias que rodearon al ataque y el secuestro, incluido el hecho de que las autoridades estatales y federales omitieran en repetidas ocasiones investigar las frecuentes informaciones que recibían sobre la connivencia entre los funcionarios locales y públicos y las bandas delictivas;
10. Destaca la urgente necesidad de desmantelar efectivamente todas las estructuras de cooperación entre las autoridades y la delincuencia organizada;
11. Subraya que, de resolverse ante los tribunales, el caso de Iguala no debe ser un caso único; recuerda a las autoridades mexicanas el contexto más amplio en que tuvo lugar el asesinato del ciudadano finlandés Jyri Jaakola y la ciudadana mexicana Bety Cariño, asesinados cerca de San José Copala (Oaxaca) el 27 de abril de 2010, acto en el que resultaron heridos otros 20 ciudadanos mexicanos y europeos, y reitera la necesidad de garantizar de una vez por todas la protección de los testigos, ejecutar las órdenes de detención, llevar los casos a juicio y garantizar que se castigue a los responsables de estos asesinatos;
12. Pide a la UE que convierta el fin de la impunidad en una prioridad absoluta en sus relaciones con México; insta encarecidamente a la Comisión a que inicie un verdadero diálogo político y sobre derechos humanos con este país, y pide que se entreguen al Parlamento Europeo informes anuales sobre los logros en relación con las recomendaciones resultantes de ese diálogo;
13. Pide a la UE y a sus Estados miembros que colaboren con los organismos regionales, en particular la CELAC, con objeto de aplicar la declaración de La Habana de enero de 2014, y especialmente su punto 1; destaca que México forma parte de la CELAC y opina, por consiguiente, que este organismo debe desempeñar un papel esencial en la defensa de los derechos humanos en la región;
14. Afirma una vez más que las relaciones entre la UE y terceros países deberían basarse en la cooperación y el desarrollo recíprocos, y no en acuerdos de asociación y de libre comercio; opina que se debe interrumpir la modernización prevista del Acuerdo Global entre la UE y México, revisar sus capítulos y objetivos, detectar cualquier posible laguna que permita la extensión de la influencia de la delincuencia organizada, especialmente en el sector de los servicios financieros, y debatir intensamente, con expertos, el Parlamento Europeo, el Parlamento mexicano y la sociedad civil, posibles formas de proteger las normas comerciales de abusos delictivos, mientras se desarrolla una cooperación más estrecha en asuntos relacionados con los derechos humanos, incluidos mecanismos vinculantes de aplicación, antes de que se tomen otras medidas;
15. Respalda la solicitud de diversas ONG de que el fiscal de la CPI y el Tribunal de La Haya examinen atentamente los crímenes perpetrados en México y, en su caso, inicien una investigación internacional;
16. Pide a todos los Estados miembros de la UE, incluida Alemania, que suspendan o aplacen las negociaciones sobre acuerdos de seguridad con México, y que declaren México como vía muerta para la cooperación en materia de armamento hasta que se restablezca el Estado de Derecho en todo el territorio mexicano y se logre controlar y desmantelar la delincuencia organizada;
17. Pide a la Comisión que solicite a los Estados miembros información detallada sobre su cooperación pasada y actual con México en materia de armamento, con objeto de poder rastrear y confiscar las armas europeas que hayan llegado a manos de la delincuencia organizada;
18. Considera, asimismo, que los problemas recurrentes que aquejan a México solo se podrán resolver si se vela por garantizar los mismos derechos a todos los ciudadanos y si se atajan los problemas vinculados al control de las tierras agrícolas fértiles y los recursos, al desempleo y la pobreza, a la lucha contra la corrupción, a las desigualdades sociales y a las discriminaciones, y mediante el fomento de las reformas sociales, políticas y económicas necesarias para garantizar un Estado realmente independiente y democrático;
19. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a los órganos de la CELAC y al Gobierno de México.