Procedimiento : 2015/2603(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B8-0241/2015

Textos presentados :

RC-B8-0241/2015

Debates :

PV 12/03/2015 - 6.2
CRE 12/03/2015 - 6.2

Votaciones :

PV 12/03/2015 - 8.2

Textos aprobados :

P8_TA(2015)0072

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN
PDF 148kWORD 77k
11.3.2015
PE552.220v01-00}
PE552.234v01-00}
PE552.236v01-00}
PE552.237v01-00}
PE552.239v01-00}
PE552.242v01-00}
PE552.245v01-00} RC1
 
B8-0241/2015}
B8-0255/2015}
B8-0257/2015}
B8-0258/2015}
B8-0260/2015}
B8-0263/2015}
B8-0266/2015} RC1

presentada de conformidad con el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, del Reglamento

para sustituir a las propuestas de Resolución presentadas por los siguientes grupos:

Verts/ALE (B8‑0241/2015)

ALDE (B8‑0255/2015)

ECR (B8‑0257/2015)

EFDD (B8‑0258/2015)

PPE (B8‑0260/2015)

GUE/NGL (B8‑0263/2015)

S&D (B8‑0266/2015)


sobre Sudán del Sur, incluyendo los recientes secuestros de niños (2015/2603(RSP))


Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Francesc Gambús, Pascal Arimont, Claude Rolin, Davor Ivo Stier, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Marijana Petir en nombre del Grupo del PPE
Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Maria Arena, Marlene Mizzi, Victor Boștinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Pier Antonio Panzeri, Momchil Nekov, Hugues Bayet, Afzal Khan, Javi López, Laurenţiu Rebega, Soraya Post, Eric Andrieu, Brando Benifei, Eider Gardiazabal Rubial en nombre del Grupo S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Branislav Škripek en nombre del Grupo ECR
Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Filiz Hyusmenova, José Inácio Faria, Johannes Cornelis van Baalen en nombre del Grupo ALDE
Marie-Christine Vergiat en nombre del Grupo GUE/NGL
Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Ceballos, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Igor Šoltes en nombre del Grupo Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli, Piernicola Pedicini en nombre del Grupo EFDD

Resolución del Parlamento Europeo sobre Sudán del Sur, incluyendo los recientes secuestros de niños (2015/2603(RSP))  

El Parlamento Europeo,

–   Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Sudán del Sur, y en particular las de 16 de enero de 2014(1) y 13 de noviembre de 2014(2) sobre la situación en Sudán del Sur,

–   Visto el acuerdo de alto el fuego y de reparto del poder, de 2 de febrero de 2015, entre el presidente Salva Kiir y el antiguo vicepresidente Riek Machar, firmado en Adís Abeba bajo los auspicios de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD),

–   Vista la declaración del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de 3 de febrero de 2015, sobre las conversaciones de paz en Sudán del Sur,

–   Visto el comunicado de la reunión de alto nivel de la Oficina de IGAD-Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), de 10 de febrero de 2015, sobre las crisis humanitarias en Sudán del Sur,

–   Vista la declaración del Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados,

–   Visto el comunicado conjunto de la República de Sudán del Sur y de las Naciones Unidas, de octubre de 2014, sobre la prevención de la violencia sexual relacionada con los conflictos,

–   Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas n° 2155 (2014) y 2206 (2015) por las que se sientan las bases para la imposición de sanciones selectivas a quienes bloqueen el proceso de paz en Sudán del Sur,

–   Vista la declaración de la portavoz de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, de 6 de marzo de 2015, sobre la incapacidad de las partes en el conflicto de Sudán del Sur para alcanzar un acuerdo de paz,

–   Vista la renovación, en 2012, del plan de acción de Sudán del Sur para acabar con el reclutamiento y el uso de niños en las fuerzas armadas gubernamentales y con otras violaciones graves de los derechos de los niños,

–   Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,

–   Vista la Convención de la Unión Africana por la que se regulan los aspectos específicos de los problemas de refugiados en África,

–   Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

–   Vista la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño,

–   Vistos los Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura,

–   Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

–   Vistas las directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados, de 2010,

–   Visto el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) nº 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, adoptado en 1999, y que incluye el «reclutamiento forzoso y obligatorio de niños para su utilización en los conflictos armados» entre las peores formas de trabajo infantil,

–   Visto el Acuerdo de Cotonú,

–   Visto el Acuerdo General de Paz para Sudán de 2005,

–   Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A. Considerando que los días 15 y 16 de febrero de 2015, unos 89 niños ―y posiblemente varios cientos más― fueron secuestrados en la localidad de Wau Shilluk (Nilo Superior) por un grupo de milicianos presuntamente liderado por Johnson Otoni, comandante del Ejército de Liberación Popular de Sudán (SPLA); que, según diversos testimonios, un grupo de soldados armados rodeó la localidad y procedió a registrar todas las casas, llevándose por la fuerza a la mayoría de los muchachos mayores de 12 años;

B.  Considerando que en diciembre de 2013, un litigio político en el seno del partido gobernante en Sudán del Sur ―el Movimiento de Liberación Popular de Sudán (SPLM)― derivó en una confrontación armada en Juba entre fuerzas leales al presidente Kiir y fuerzas leales al antiguo vicepresidente Riek Machar;

C. Considerando que el conflicto armado interno que estalló en diciembre de 2013 ha ocasionado alrededor de 1 400 000 desplazados internos y el éxodo de otras 500 000 personas a países vecinos, y que como consecuencia del mismo unos 12 000 niños han sido reclutados para servir en las diferentes fuerzas y milicias armadas; que miles de niños habrían sido asesinados o violados, se habrían convertido en desplazados o quedado huérfanos;

D. Considerando que unos 4 millones de personas se encuentran en riesgo elevado de inseguridad e insuficiencia alimentaria y que las Naciones Unidas han avisado reiteradamente del agravamiento de la crisis humanitaria y del hambre en caso de persistencia de los combates; que teniendo en cuenta el factor añadido de las deficientes infraestructuras y atención sanitaria, la situación no puede sino empeorar;

E.  Considerando que la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) está proporcionando refugio seguro a más de 100 000 desplazados internos que huyen de la violencia; que dicha Misión ha sido objeto de ataques;

F.  Considerando que, según estimaciones de las Naciones Unidas, más de la mitad de la población de los campos de refugiados son niños, lo que significa que se enfrentan a graves amenazas a su seguridad física, desarrollo y bienestar; que la tasa de mortalidad infantil en Sudán del Sur está entre las mayores del mundo y sus indicadores de educación entre los más bajos; que 400 000 niños se han visto obligados a abandonar la escuela como consecuencia del actual conflicto;

G. Considerando que las partes en conflicto han atacado a civiles en función de su etnia y de su presunta adscripción política, cometido agresiones sexuales y perpetrado actos de destrucción generalizada y saqueos de propiedades;

H. Considerando que las diversas partes en conflicto en Sudán del Sur iniciaron negociaciones el 7 de enero de 2014 en Adís Abeba bajo los auspicios de la IGAD; que pese a los anteriores acuerdos para poner fin a las hostilidades, el más reciente de los cuales fue un acuerdo de alto el fuego firmado el 2 de febrero de 2015 en Adís Abeba, y a los continuos esfuerzos de la IGAD por negociar una solución política al conflicto, los combates han continuado, caracterizados por un absoluto desprecio a los derechos humanos y al Derecho humanitario internacional y con impunidad para los abusos cometidos en el marco del conflicto;

I.   Considerando que el Gobierno y los rebeldes no han cumplido el plazo del 5 de marzo del 2015 fijado por la IGAD para alcanzar un acuerdo de reparto del poder y que las conversaciones de paz se prolongan sin fin; que el primer mediador de la IGAD ha anunciado que las Naciones Unidas y la Unión Africana podrían ahora jugar un papel directo en las negociaciones;

J.   Considerando que en marzo de 2014 la Unión Africana creó una comisión de investigación, pero que el informe final de ésta todavía no se ha publicado, pese a haber sido presentado a la Comisión de la Unión Africana en octubre de 2014;

K. Considerando que la decisión de demorar la publicación ha sido acogida con decepción generalizada y es vista como un revés para la responsabilización y para el éxito en la lucha contra la impunidad, y que personalidades como el Subsecretario General de las Naciones Unidas, Ivan Simonovic, el antiguo Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, y destacados miembros de organizaciones de la sociedad civil sursudanesa han expresado su decepción al respecto;

L.  Considerando que el 3 de marzo de 2015 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad un mecanismo para la imposición de sanciones a los responsables y a los cooperadores en la continuación del conflicto o en la obstaculización de la paz en Sudán del Sur; que estas sanciones también son aplicables a quienes agreden a civiles o atacan hospitales, lugares de culto religioso, escuelas o lugares donde los civiles buscan refugio y a quienes reclutan o utilizan niños para fuerzas o grupos armados;

M. Considerando que Sudán del Sur todavía no es parte de ninguno de los tratados internacionales o regionales básicos en materia de derechos humanos, como por ejemplo la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, la Convención de la Unión Africana por la que se regulan los aspectos específicos de los problemas de refugiados en África, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a pesar de haberse pronunciado el Parlamento del país en favor de su ratificación;

N. Considerando que el Estatuto de la Corte Penal Internacional tipifica como crímenes de guerra el reclutamiento obligatorio, el alistamiento y la utilización en hostilidades de niños menores de 15 años por fuerzas armadas nacionales o grupos armados;

O. Considerando que el Parlamento de Sudán del Sur está sometiendo a examen un proyecto de ley sobre organizaciones no gubernamentales que restringiría el derecho la libertad de asociación al hacer obligatorio el registro de estas organizaciones, prohibir las actividades de las que no estén registradas y criminalizar las actividades de voluntariado realizadas sin certificado de registro;

P.  Considerando que las escuelas siguen utilizándose para fines militares de otro tipo, como sitios de ocupación o como lugares de reclutamiento; que a fecha de febrero de 2015 treinta escuelas, según diversas informaciones, seguían utilizándose para fines militares;

Q. Considerando que, si exceptuamos las ayudas de donantes y humanitaria, la economía sursudanesa depende casi por completo del sector petrolífero, representando las exportaciones de crudo más del 70 % del PIB y alrededor del 90 % de los ingresos del Estado; que los ingresos generados por el sector petrolífero han alimentado conflictos violentos;

R.  Considerando que la continua violencia en Sudán del Sur supone un coste humanitario inasumible, y que las Naciones Unidas estiman que en 2015 se necesitarán 1 810 millones de dólares estadounidenses en ayuda humanitaria; que las Naciones Unidas han clasificado la situación de Sudán del Sur en el nivel 3 de emergencia, el más elevado para las crisis humanitarias;

S.  Considerando que en 2014 la UE y sus Estados miembros proporcionaron ayuda humanitaria por valor de casi 300 millones de euros para responder a la crisis humanitaria y atender las necesidades más urgentes de los refugiados sursudaneses en la región;

1.  Expresa su profunda preocupación por el empeoramiento de la situación humanitaria y de seguridad en Sudán del Sur, lo que podría desestabilizar al conjunto de la región de África Oriental; insta a todas las partes a que pongan fin de inmediato a la violencia y a las violaciones de los derechos humanos, formen un Gobierno de transición de unidad nacional y permitan el acceso sin restricciones a las organizaciones de asistencia humanitaria; pide a las partes que cesen en sus ataques a los edificios públicos y centros docentes y que dejen de utilizar las escuelas para fines militares y para el reclutamiento de niños soldado; recuerda, en este sentido, su apoyo a las Directrices para proteger las escuelas y universidades de la posibilidad de ser usadas con fines militares durante un conflicto armado;

2.  Expresa su profunda decepción por el hecho de que, más de un año después del inicio de negociaciones bajo los auspicios de la IGAD, no se haya logrado ningún progreso significativo; pide a todas las partes en conflicto que lleguen a un acuerdo de reparto del poder, y expresa su pleno apoyo al proceso de negociación en curso, abogando por un alto el fuego inmediato total e incondicional y por el fin de todas las hostilidades y el cese inmediato del reclutamiento y la movilización de civiles; pide que se hagan esfuerzos para lograr una paz y una estabilidad duraderas; insta al Gobierno y a las facciones rebeldes a que entablen de buena fe conversaciones políticas sin condiciones y globales con vistas a concluir con éxito las negociaciones; insta a perseverar en los esfuerzos desplegados por la Unión Africana y la IGAD para promover el diálogo incluyente y la mediación;

3.  Pide la inmediata liberación y el retorno en seguridad de todos los niños reclutados por las fuerzas armadas desde el inicio del conflicto en diciembre de 2013; recuerda encarecidamente a todas las partes implicadas en el conflicto que el reclutamiento y la utilización de niños en las fuerzas y grupos armados constituye una violación grave del Derecho internacional;

4.  Pide al SPLA y las fuerzas de la oposición que comprueben de manera exhaustiva y transparente que no quedan niños en sus filas y que elaboren y apliquen de inmediato un plan de acción en coordinación con las Naciones Unidas para poner fin a las violaciones graves de los derechos de los niños;

5.  Recuerda el compromiso asumido en 2009, y renovado en 2012, por las autoridades sursudanesas de acabar con el reclutamiento y la utilización de niños en los conflictos armados, de liberar a todos los niños vinculados a las fuerzas de seguridad gubernamentales, de proporcionar servicios para la reunificación y reintegración familiares y de investigar las violaciones graves contra los derechos de los niños; lamenta que este compromiso no se haya respetado plenamente; pide a las partes que apliquen en su totalidad las directrices marcadas en el plan de acción;

6.  Pide a la Comisión que preste asistencia en la movilización de recursos para ayudar a la reintegración a largo plazo de los niños reclutados por las fuerzas armadas y de los afectados por el conflicto, en coordinación con la Oficina del Representante Especial para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, UNICEF y otras agencias;

7.  Insiste en la necesidad de colmar la brecha entre la intervención por la crisis humanitaria y la cooperación al desarrollo a largo plazo; considera, en particular, que la programación del desarrollo a largo plazo para los niños afectados por conflictos armados debe centrarse, entre otros aspectos, en los sistemas de protección infantil y en los mecanismos de educación y empleo; insta a la Comisión y a los Estados miembros a incrementar la prestación de ayuda humanitaria y a facilitar a los agricultores y productores locales el acceso a los recursos;

8.  Insta al Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana a que publique el informe de la Comisión de Investigación de la Unión Africana para Sudán del Sur (AUCISS) sobre las violaciones de los derechos humanos en este país y que actúe sin demora en función de las conclusiones del informe;

9.  Destaca que la publicación del informe constituye un paso decisivo hacia la paz y la reconciliación; reconoce que todos los sursudaneses tienen derecho a la verdad y a la justicia y que cientos de víctimas y de testigos de atrocidades han hecho ingentes esfuerzos personales por comprometerse con la AUCISS, a menudo asumiendo importantes riesgos personales al referir experiencias dolorosas para poder contribuir a un relato más completo del conflicto;

10. Pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior que apoyen activamente la aplicación de las recomendaciones de la citada Comisión de Investigación, incluido en lo relativo a la posible creación de un tribunal mixto para juzgar las atrocidades, tal como sugirió el Secretario General de las Naciones Unidas;

11. Celebra la adopción de la Resolución 2206 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que impondría sanciones selectivas directamente contra los instigadores del conflicto; pide la inmediata aplicación de esta Resolución; destaca la necesidad de que se apruebe un exhaustivo embargo de armas a nivel regional e internacional para paralizar el suministro de armamento a personas y grupos que hayan perpetrado violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y para proteger a los civiles que se encuentran en situación de grave riesgo;

12. Pide al Gobierno de Sudán del Sur que lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva, imparcial e independiente de las violaciones de los derechos humanos con vistas a encausar y juzgar a los presuntos autores de delitos penados por el Derecho internacional y de violaciones graves de los derechos humanos, incluidos el secuestro y reclutamiento de niños para conflictos armados y la violencia sexual contra mujeres y niños;

13. Recuerda el Protocolo de la IGAD de 25 de agosto de 2014, que dispone expresamente que las personas identificadas por la AUCISS como responsables de delitos graves no podrán formar parte del Gobierno de Transición;

14. Pide al Gobierno de Sudán del Sur que ultime con urgencia una reforma legislativa para criminalizar el reclutamiento y la utilización de niños soldado, se sirva de esta nueva legislación para perseguir a los criminales, concluya el proceso de aplicación de los acuerdos internacionales, incluido el Protocolo Facultativo de 2002 a la Convención sobre los Derechos del Niño, y se adhiera al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;

15. Pide al Gobierno de Sudán del Sur que rechace los proyectos legislativos que restrinjan el ámbito de actividad de las asociaciones y las organizaciones no gubernamentales, ya que lo contrario inhibiría el desarrollo de la sociedad civil y los esfuerzos de ayuda humanitaria;

16. Pide al Gobierno de Sudán del Sur que cumpla con su responsabilidad de atender las necesidades de los pueblos y alentar a los donantes internacionales a que incrementen sus esfuerzos de ayuda; pide a la comunidad internacional, en vista de la dimensión y la urgencia de las necesidades, que convoque una nueva conferencia internacional de donantes para Sudán del Sur cuando se hayan cumplido todas las condiciones para la paz y establecido un mecanismo para el reparto adecuado de los ingresos;

17. Insta a una gestión responsable de los recursos naturales de Sudán del Sur para garantizar que los ingresos derivados del petróleo no alimenten el conflicto; pide a las partes negociadoras que incluyan en las conversaciones de paz la cuestión de la transparencia y el control público en el sector petrolero, con objeto de que los ingresos generados por este recurso se utilicen en favor del desarrollo sostenible del país y mejoren las condiciones de vida de la población;

18. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno de Sudán del Sur, al Comisario para los Derechos Humanos de Sudán del Sur, a la Asamblea Nacional Legislativa de Sudán del Sur, a las instituciones de la Unión Africana, a la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al Secretario General de las Naciones Unidas.

(1)

Textos Aprobados, P7_TA(2014)0042.

(2)

Textos Aprobados, P8_TA(2014)0053.

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