Procedimiento : 2015/2757(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B8-0690/2015

Textos presentados :

RC-B8-0690/2015

Debates :

PV 09/07/2015 - 17.2
CRE 09/07/2015 - 17.2

Votaciones :

PV 09/07/2015 - 18.2

Textos aprobados :

P8_TA(2015)0278

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN
PDF 155kWORD 84k
8.7.2015
PE565.668v01-00}
PE565.670v01-00}
PE565.672v01-00}
PE565.674v01-00}
PE565.677v01-00}
PE565.678v01-00}
PE565.680v01-00} RC1
 
B8-0690/2015}
B8-0692/2015}
B8-0694/2015}
B8-0696/2015}
B8-0699/2015}
B8-0700/2015}
B8-0702/2015} RC1

presentada de conformidad con el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, del Reglamento

para sustituir a las propuestas de Resolución presentadas por los siguientes grupos:

Verts/ALE (B8-0690/2015)

EFDD (B8-0692/2015)

ECR (B8-0694/2015)

PPE (B8-0696/2015)

GUE/NGL (B8-0699/2015)

ALDE (B8-0700/2015)

S&D (B8-0702/2015)


sobre la República Democrática del Congo (RDC), en particular, el caso de los dos activistas de los derechos humanos detenidos: Yves Makwambala y Fred Bauma (2015/2757(RSP))


Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Lara Comi, Ildikó Gáll-Pelcz, Jiří Pospíšil, Claude Rolin, Patricija Šulin, Marijana Petir, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Ivo Belet, Eduard Kukan, Dubravka Šuica, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Barbara Kudrycka, Lorenzo Cesa, József Nagy, Ramona Nicole Mănescu, Pavel Svoboda, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Maurice Ponga, Stanislav Polčák, László Tőkés, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Brian Hayes, David McAllister, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola en nombre del Grupo PPE
Gianni Pittella, Maria Arena, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Nicola Danti, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Javi López, Krystyna Łybacka, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Viorica Dăncilă en nombre del Grupo S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Ruža Tomašić en nombre del Grupo ECR
Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Pavel Telička, Antanas Guoga, Filiz Hyusmenova, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Johannes Cornelis van Baalen, Petr Ježek, Marielle de Sarnez, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, José Inácio Faria, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Catherine Bearder, Philippe De Backer en nombre del Grupo ALDE
Marie-Christine Vergiat, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric en nombre del Grupo GUE/NGL
Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Davor Škrlec en nombre del Grupo Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en nombre del Grupo EFDD

Resolución del Parlamento Europeo sobre la República Democrática del Congo (RDC), en particular, el caso de los dos activistas de los derechos humanos detenidos: Yves Makwambala y Fred Bauma (2015/2757(RSP))  

El Parlamento Europeo,

–   Vistas sus Resoluciones anteriores sobre la República Democrática del Congo, en particular, la de 12 de septiembre de 2013(1), y la Resolución al respecto de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE,

–   Vistas las declaraciones del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior sobre la situación en la República Democrática del Congo, en particular la de 21 de enero de 2015,

–   Vistas las declaraciones de la Delegación de la UE en la República Democrática del Congo sobre la situación de los derechos humanos en el país, en particular la de 11 de febrero de 2015,

–   Visto el Informe Anual de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia, aprobado por el Consejo el 22 de junio de 2015,

–   Vistas las Conclusiones del Consejo, de 19 de enero de 2015, sobre la República Democrática del Congo,

–   Vista la declaración de los enviados internacionales para la Región de los Grandes Lagos, de 22 de enero de 2015, sobre la situación en la República Democrática del Congo,

–   Visto el comunicado de prensa conjunto, de 12 de febrero de 2015, del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Unión Africana y del Relator Especial para prisiones y condiciones de detención de la Unión Africana sobre la situación de los derechos humanos tras los acontecimientos en torno a la modificación de la Ley electoral en la República Democrática del Congo,

–   Visto el Acuerdo de Asociación de Cotonú firmado en junio de 2000,

–   Vistas las Directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos y las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet,

–   Vistos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

–   Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, ratificada por la República Democrática del Congo en 1982,

–   Vista la Constitución de la República Democrática del Congo, en particular, sus artículos 22, 23, 24 y 25,

–   Visto el llamamiento «Free Filimbi Activists» (libertad para los activistas del Filimbi) lanzado por más de 200 grupos defensores de los derechos humanos el 15 de junio de 2015,

–   Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A. Considerando que entre el 19 y el 21 de enero de 2015 surgieron protestas por todo el país a consecuencia de un proyecto de ley electoral que permitiría extender el mandato presidencial, contrariamente a lo dispuesto en la Constitución, y que habría exigido la elaboración de un censo, potencialmente muy laboriosa, antes de que se celebraran elecciones nacionales;

B.  Considerando que, según las autoridades, 27 personas fallecieron en las protestas, si bien otras fuentes elevan el número de muertos a 42, y que 350 personas fueron detenidas, algunas de las cuales todavía se encuentran en prisión a la espera de juicio, o fueron víctimas de desapariciones forzosas;

C. Considerando que, durante las protestas de enero de 2015, los servicios de internet y de mensajería de textos fueron cortados por el Gobierno;

D. Considerando que, al final, la ley electoral aprobada por el Parlamento no incluía la controvertida disposición;

E.  Considerando que, tan pronto se iniciaron las protestas, las autoridades comenzaron una persecución de los activistas de los derechos humanos y políticos de la oposición que se habían manifestado de forma pacífica contra la disposición, entre ellos Christopher Ngoyi, Jean-Claude Muyambo, Vano Kiboko y Cyrille Dowe, quienes siguen detenidos por lo que parecen ser motivos políticos;

F.  Considerando que, el 15 de marzo de 2015, el centro nacional de inteligencia de la República Democrática del Congo (RDC) arrestó y detuvo sin cargos a más de treinta personas durante el lanzamiento del movimiento juvenil prodemocrático Filimbi, entre ellas a participantes internacionales y activistas, músicos, empresarios y periodistas de la RDC;

G. Considerando que la mayoría de los activistas y simpatizantes fueron liberados, y los extranjeros, expulsados del país, pero que Yves Makwambala y Fred Bauma siguen todavía detenidos en la prisión de Makala en Kinsasa, y están acusados de pertenencia a asociación constituida para atentar contra las personas y la propiedad, conspiración contra el jefe del Estado, e intento de destruir o cambiar el «régimen constitucional», e incitar a los ciudadanos a levantarse en armas contra la autoridad estatal; que las autoridades han acusado a Fred Bauma también de alteración de la paz, y a Yves Makwambala de insultar públicamente al jefe el Estado, mientras ejercían sus derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y asociación;

H. Considerando que Filimbi se creó como una plataforma para animar a los jóvenes de la RDC a cumplir con sus deberes cívicos de manera pacífica y responsable;

I.   Considerando que, en marzo y abril de 2015, las autoridades detuvieron en Goma, al este de la RDC, y liberaron posteriormente a, al menos, quince activistas del movimiento juvenil LUCHA, que se estaban manifestando de forma pacífica para solicitar la liberación de sus compañeros detenidos en Kinsasa; que cuatro de esos activistas afrontan cargos de incitación a la desobediencia de las autoridades públicas;

J.   Considerando que, el 27 de marzo de 2015, la Asamblea Nacional de la RDC creó una misión de información parlamentaria para recabar información e informar sobre las detenciones; que esta misión concluyó en su informe que no había ninguna prueba de que los líderes de Filimbi y los participantes hubieran estado involucrados ni planeado ningún atentado terrorista ni acto violento, y pidió una solución política para su inmediata liberación;

K. Considerando que, el 15 de junio de 2015, 14 organizaciones internacionales y 220 organizaciones de derechos humanos de la RDC pidieron la liberación inmediata e incondicional de los dos activistas;

L.  Considerando que, en este contexto, una fosa común con unos 421 cadáveres fue descubierta en Maluku, a unos 80 km del centro de Kinsasa;

M. Considerando que el ministro de Justicia reconoció recientemente que el sistema judicial de la RDC sufre numerosos problemas, entre ellos, el clientelismo, el tráfico de influencias, la corrupción, la impunidad y la desigualdad en las decisiones judiciales;

N. Considerando que la libertad de prensa está restringida por las amenazas y los atentados contra periodistas, y que muchos medios han sido cerrados o censurados ilegalmente;

O. Considerando que las siguientes elecciones nacionales están previstas para noviembre de 2016, y que presentan un calendario difícil en cuanto a su organización y financiación;

P.  Considerando que la sociedad civil desempeñó una labor importante en la RDC en el contexto de la transición política de 2003, las elecciones de 2006 y 2011, la revisión de los contratos mineros, la suspensión en 2013 en la RDC de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, y la redacción de la Ley electoral de 2013 y de la legislación contra la violencia de género;

Q. Considerando que la reacción del Gobierno ante la participación de la sociedad civil es un intento de tratar a los activistas y organizaciones de defensa de diversas causas como opositores políticos a fin de debilitarlos;

R.  Considerando que, en junio de 2014, la UE envió una misión de seguimiento electoral que señaló la necesidad de actualizar el censo electoral, de crear condiciones para una competencia justa entre los candidatos y de fortalecer la protección de las libertades públicas, el sistemas de resolución de diferencias electorales y la lucha contra la impunidad;

S.  Considerando que, en el período 2014-2020, el programa indicativo nacional para la RDC, financiado con 620 millones EUR procedentes del 11º Fondo Europeo de Desarrollo, otorgó prioridad al fortalecimiento de la gobernanza y el Estado de Derecho, incluida la reforma del sistema judicial, la policía y el ejército;

1.  Lamenta la pérdida de vidas y la violencia arbitraria y las detenciones de que han sido objeto los manifestantes de las protestas de enero de 2015, junto con la represión de los activistas y opositores políticos, en especial los hechos ocurridos durante el lanzamiento del movimiento Filimbi en marzo de 2015;

2.  Pide a las autoridades de la RDC que liberen inmediatamente y sin condiciones a Yves Makwambala y Fred Bauma, y que retiren todos los cargos contra ellos y otros líderes de Filimbi, además de otros activistas, presos de conciencia y opositores políticos detenidos de manera arbitraria y retenidos a causa únicamente de sus opiniones políticas o por haber participado en actividades pacíficas;

3.  Apoya a la Asamblea Nacional de la RDC y pide que se llegue rápidamente a una solución política que permita a los miembros de Filimbi y de otras asociaciones pacíficas de la sociedad civil ejercer su libertad de expresión y asociación sin miedo a ser perseguidos o procesados;

4.  Insta a las autoridades a que garanticen que no se ha sometido ni se está sometiendo a los detenidos a actos de tortura ni malos tratos, y que aseguren su protección completa y el acceso a sus familias y abogados;

5.  Considera que el hecho de que el centro nacional de inteligencia de la RDC haya retenido a los detenidos sin cargos durante más de 48 horas, negándoles el acceso a asistencia jurídica y no llevándolos ante las autoridades judiciales competentes, constituye una violación flagrante de los derechos que garantiza la Constitución de la RDC;

6.  Reclama que el Gobierno de la RDC inicie una investigación completa, exhaustiva y transparente, junto con socios internacionales, acerca de los hechos de enero y marzo de 2015, y que se determine cualquier otra acción ilegal o negación de derechos y libertades; insiste en que todo funcionario sospechoso de ser responsable de violar derechos o libertades garantizados por los textos nacionales e internacionales debe ser llevado ante la justicia;

7.  Manifiesta su profunda preocupación ante los intentos continuados de limitar la libertad de expresión, de reunión y asociación pacíficas y el aumento de las infracciones de estas libertades por parte de las autoridades, habida cuenta de que el clima político adecuado es indispensable para lograr un ciclo electoral satisfactorio en la RDC durante el próximo año;

8.  Considera especialmente lamentable que estas violaciones estén dirigidas específicamente a líderes de la oposición y a movimientos juveniles;

9.  Pide a las autoridades de la RDC que garanticen que las citadas libertades se respetan de manera inmediata e incondicional, en especial durante el periodo electoral, tal como garantizan la Constitución de la RDC y el Derecho internacional de los derechos humanos;

10. Recuerda que el respeto de la diversidad política y de la oposición, un debate político abierto y pacífico, y el pleno ejercicio de las libertades constitucionales de expresión, reunión pacífica, asamblea, asociación e información, son indispensables a fin de garantizar unas elecciones democráticas que resulten creíbles, inclusivas, pacíficas y oportunas; insiste en que tales garantías son de vital importancia en una región especialmente volátil como es la de los Grandes Lagos y que dependen además de la correcta aplicación del Acuerdo Marco sobre la paz, la seguridad y la cooperación firmado en Adís Abeba; apoya, a este respecto, los esfuerzos de los enviados internacionales para la Región de los Grandes Lagos;

11. Anima al Parlamento, al Senado y al Presidente de la RDC, Joseph Kabila, a que apliquen todas las medidas necesarias para consolidar la democracia y garantizar la verdadera participación en la gobernanza del país y en elecciones libres y justas de todas las fuerzas políticas, la sociedad civil y los movimientos en favor de la democracia, que expresan la voluntad de la nación congoleña, sobre la base de normas constitucionales y jurídicas;

12. Anima a desarrollar plataformas como Filimbi que permite que las fuerzas en favor de la democracia sean escuchadas, y favorece la participación de los jóvenes en un proceso electoral del que habían quedado injustamente excluidos;

13. Recuerda que la RDC se ha comprometido en virtud del Acuerdo de Cotonú a respetar los principios de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, que comprenden la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, la buena gobernanza y la transparencia de los cargos políticos; insta al Gobierno de la RDC a respetar estas disposiciones de acuerdo con los artículos 11, letra b), 96 y 97 del Acuerdo de Cotonú y, si no lo hiciera, pide a la Comisión que inicie el procedimiento pertinente de conformidad con los artículos 8, 9 y 96 del Acuerdo de Cotonú;

14. Insiste en que el carácter y la cantidad de un nuevo apoyo de la UE para el proceso electoral en la RDC debe depender de los avances alcanzados en la aplicación de las recomendaciones de la misión de observación electoral de la UE de 2011 y de la misión de seguimiento de 2014, en el respeto del calendario electoral y en la presentación de un presupuesto creíble;

15. Insta a la Delegación de la UE a que vigile los acontecimientos y utilice todas las herramientas y los instrumentos adecuados, incluido el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, para apoyar a los defensores de los derechos humanos y a los movimientos en favor de la democracia;

16. Insta a las autoridades judiciales de la RDC a que reivindiquen su independencia de todo tipo de instrumentalización política y garanticen la protección de los derechos reconocidos por los instrumentos jurídicos, como el acceso a la justicia y el derecho a un juicio justo;

17. Exhorta a las autoridades de la RDC a que dejen de minimizar la importancia de la fosa común descubierta cerca de Kinsasa, y se une al llamamiento de la UE y las Naciones Unidas en favor de una investigación urgente, transparente y creíble que tranquilice a las familias de los desaparecidos y ponga fin a las diversas acusaciones;

18. Denuncia el cierre ilegal y la censura abusiva de los medios de comunicación, así como la interrupción temporal de las telecomunicaciones;

19. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Unión Africana, a los Gobiernos de los países de la Región de los Grandes Lagos, al Presidente, al Primer Ministro y al Parlamento de la RDC, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.

 

 

(1)

Textos aprobados, P7_TA(2013)0388.

Aviso jurídico - Política de privacidad