PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN sobre la República Centroafricana
7.10.2015 - (2015/2874(RSP))
para sustituir a las propuestas de Resolución presentadas por los siguientes grupos:
ECR (B8-1000/2015)
ALDE (B8-1009/2015)
EFDD (B8-1010/2015)
S&D (B8-1011/2015)
PPE (B8-1014/2015)
Verts/ALE (B8-1016/2015)
Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Patricija Šulin, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Francesc Gambús, Maurice Ponga, Lorenzo Cesa, Jiří Pospíšil, Davor Ivo Stier, Stanislav Polčák, Barbara Kudrycka, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Giovanni La Via, Monica Macovei, Andrej Plenković, Marijana Petir, József Nagy, Claude Rolin, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Anna Záborská, Jaromír Štětina, Adam Szejnfeld, Ramona Nicole Mănescu, Lara Comi, Mariya Gabriel, László Tőkés, Inese Vaidere, Elisabetta Gardini, Thomas Mann, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Ivana Maletić en nombre del Grupo PPE
Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Josef Weidenholzer, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Elena Valenciano, Ana Gomes, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Theresa Griffin, Enrique Guerrero Salom, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, David Martin, Edouard Martin, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Péter Niedermüller, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli en nombre del Grupo S&D
Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto en nombre del Grupo ECR
Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Filiz Hyusmenova, Nathalie Griesbeck, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Javier Nart, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Marian Harkin, Valentinas Mazuronis en nombre del Grupo ALDE
Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Tamás Meszerics, Davor Škrlec, Igor Šoltes en nombre del Grupo Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas en nombre del Grupo EFDD
Resolución del Parlamento Europeo sobre la República Centroafricana
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre la República Centroafricana,
– Vista su Resolución, de 11 de febrero de 2015, sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE[1],
– Vistas las Resoluciones de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE sobre la situación en la República Centroafricana de 19 de junio de 2013, 19 de marzo de 2014 y 17 de junio de 2015,
– Vistas la declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la situación en la República Centroafricana y, en particular, la de 13 de octubre de 2014,
– Vista la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sobre la violencia en la República Centroafricana, de 28 de septiembre de 2015,
– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la República Centroafricana, de 9 de febrero de 2015 y de 20 de julio de 2015,
– Vistas las observaciones de Marie-Therese Keita Bocoum, Experta Independiente de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana, de 1 de octubre de 2015,
– Visto el llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon y del Consejo de Seguridad de 28 de septiembre de 2015 en favor del cese inmediato del repentino brote de violencia en la República Centroafricana,
– Vista la Resolución 2217 (2015) de las Naciones unidas por la que se renueva el mandato de las fuerzas internacionales MINUSCA en el nivel actual de tropas hasta el 30 de abril de 2016, adoptada por el Consejo de Seguridad en su reunión 7434 del 28 de abril de 2015,
– Vista la Resolución 2196 (2015) de las Naciones Unidas por la que se renueva el régimen de sanciones en la República Centroafricana hasta el 29 de enero de 2016 y el mandato del Grupo de Expertos que asiste al Comité de Sanciones creado en el marco de la Resolución 2127 contra la República Centroafricana, hasta el 29 de febrero de 2016,
– Visto el Informe de Evaluación de las Naciones Unidas sobre la aplicación y los esfuerzos de asistencia y apoyo a las víctimas de explotación y abuso sexual elaborado por el personal de las Naciones Unidas y otras personas activas en operaciones de mantenimiento de la paz,
– Visto el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, de 11 de septiembre de 2015, sobre las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre las Operaciones de Paz,
– Visto el informe final de la Comisión de Investigación Internacional sobre la República Centroafricana, de 19 de diciembre de 2014,
– Vista la Conferencia Internacional de alto nivel sobre la República Centroafricana, titulada «de la ayuda humanitaria a la resiliencia», celebrada en Bruselas el 26 de mayo de 2015,
– Visto el Acuerdo de Desarme, Desmovilización, Repatriación y Reintegración (DDRR) firmado el 10 de mayo de 2015 por un gran número de grupos armados durante el Foro de Bangui,
– Visto el Acuerdo revisado de Cotonú,
– Visto el Acuerdo de Libreville (Gabón) de 11 de enero de 2013 sobre la resolución de la crisis político-militar en la República Centroafricana, firmado bajo la égida de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC), que establece las condiciones para poner fin a la crisis en la República Centroafricana,
– Vistas las cumbres extraordinarias de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC), celebradas en Yamena (Chad) el 21 de diciembre de 2012, el 3 de abril de 2013 y el 18 de abril de 2013, y sus decisiones de establecer un Consejo Nacional de Transición (CNT) con poderes legislativos y constituyentes y de adoptar una hoja de ruta para el proceso de transición en la República Centroafricana,
– Vista la reunión del Grupo de Contacto Internacional celebrada el 3 de mayo de 2013 en Brazzaville (República del Congo), que validó la hoja de ruta para la transición y estableció un Fondo Especial para asistir a la República Centroafricana,
– Visto el Acuerdo de cese de las hostilidades firmado en julio de 2014,
– Vistas las conclusiones de la séptima reunión del Grupo de contacto internacional sobre la República Centroafricana, celebrada en Brazzaville el 16 de marzo de 2015,
– Vistos los comunicados emitidos por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana el 17 de septiembre de 2014 y el 26 de marzo de 2015,
– Vista la Constitución de la República Centroafricana adoptada por el Consejo de Transición a finales de agosto de 2015,
– Visto el Estatuto de Roma de 1988 de la Corte Penal Internacional (CPI), ratificado por la República Centroafricana en 2001,
– Visto el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, firmado por la República Centroafricana,
– Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,
A. Considerando que a finales de septiembre de 2015 se produjeron nuevos enfrentamientos que se cobraron 42 vidas humanas y obligaron a huir de sus hogares a unas 37 000 personas;
B. Considerando que más de 500 internos escaparon a finales de septiembre de 2015 de la cárcel de Ngaragba en Bangui y de Bouar, entre ellos autores bien conocidos de abusos y violaciones de los derechos humanos; considerando que esta situación supone una seria amenaza para los civiles y para la protección de las víctimas y los testigos; y que la huida de la cárcel supone un retroceso para el mantenimiento de la ley y del orden y en la lucha contra la impunidad en la República Centroafricana;
C. Considerando que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, las condiciones de los organismos de ayuda en Bangui se han deteriorado; que varias oficinas y residencias de organizaciones de socorro han sido saqueadas y se ha obstaculizado la libertad de circulación de sus trabajadores, en particular de los trabajadores sanitarios en hospitales;
D. Considerando que las luchas y los cortes de carreteras están dificultando la ayuda humanitaria, ya que impiden a las autoridades acceder a las miles de personas desplazadas dentro del país y evaluar sus necesidades; considerando que Médicos sin Fronteras (MsF) ha confirmado las preocupaciones por el acceso seguro a determinadas zonas de Bangui, a las que según esta organización llegan heridos, en muchos casos a pie, y sus ambulancias no están en condiciones de circular dado que la capital se ha vuelto demasiado peligrosa;
E. Considerando que las Naciones Unidas han decidido prorrogar el mandato de la MINUSCA hasta el 30 de abril de 2016 y establecer el límite de sus efectivos autorizados en 10 750 soldados, incluidos 480 observadores militares y oficiales del ejército, y 2 080 efectivos policiales, incluidos 400 agentes de policía y 40 funcionarios de prisiones;
F. Considerando que según la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en el país (MINUSCA), si bien la situación de la seguridad se ha calmado últimamente, persisten las tensiones en Bangui, que ha sido escenario de ataques contra civiles, violencia entre comunidades y ataques contra el personal humanitario;
G. Considerando que la Fiscal General de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda pidió a todos los autores implicados en los enfrentamientos para que cesaran inmediatamente todos los actos de violencia, añadiendo que serán castigados todos los crímenes de guerra cometidos; considerando que el 24 de septiembre de 2014 se inició la segunda investigación del conflicto de la República Centroafricana;
H. Considerando que los enfrentamientos recientes amenazan con abortar el recién iniciado proceso de paz y podrían abocar al país a volver a los días oscuros de finales de 2013 y 2014 en los que miles de personas fueron asesinadas y decenas de miles se vieron obligadas a huir de sus hogares; que la criminalidad sigue siendo una de las principales amenazas; y que la situación de las mujeres en la República Centroafricana es muy grave y que a menudo todas las partes implicadas utilizan la violación como arma de guerra;
I. Considerando que el Golpe de Estado de 2013 y la subsiguiente destitución del poder del Jefe de Estado de transición, Michel Djotodia, y del primer ministro de transición, Nicloas Tiangaye, estuvieron acompañados de graves violaciones generalizadas de los derechos humanos con un riesgo claro de genocidio, incluidas ejecuciones extrajudiciales, tortura, saqueos, violaciones y abusos sexuales a gran escala, el secuestro de mujeres y niños y el reclutamiento forzoso de niños soldado;
J. Considerando que el 4 de octubre de 2015 los centroafricanos debían decidir en un referéndum la adopción de una nueva constitución y elegir a sus representantes en las elecciones presidenciales y legislativas cuya celebración simultánea estaba prevista inicialmente para el 18 de octubre de 2015 (primera ronda) y para el 22 de noviembre de 2015 (segunda ronda); que las autoridades de transición han estado durante varias semanas trabajando para posponer las elecciones, pero el organismo electoral nacional sigue sin anunciar el nuevo calendario, no se han establecido las listas electorales y las papeletas de voto aún no se han distribuido;
K. Considerando que el país se enfrenta a su peor crisis humanitaria desde su independencia en 1960, que afecta al conjunto de la población, es decir, 4,6 millones de personas, de las cuales la mitad son niños; que 2,7 millones de personas necesitan asistencia, sobre todo ayuda alimentaria, protección y acceso a asistencia sanitaria, agua potable, saneamiento y vivienda; que se calcula que más de 100 000 niños han sufrido abusos sexuales y han sido reclutados por grupos armados en el país y que se calcula que la crisis ha dejado a un millón de niños sin escuela;
L. Considerando que el 5 de mayo de 2015 grupos armados de la República Centroafricana firmaron un acuerdo para liberar a entre 6 000 y 10 000 niños soldado;
M. Considerando que la operación de mantenimiento de la paz ha sido denigrada con acusaciones de abuso sexual a niños y niñas por parte de soldados de las Naciones Unidas y de las fuerzas francesas de mantenimiento de la paz;
N. Considerando que tanto el grupo armado Seleka como el anti-balaka se benefician del comercio de madera y de diamantes controlando las minas e imponiendo un impuesto o la protección extorsiva a los mineros y comerciantes; y que comerciantes en la República Centroafricana han comprado diamantes por un valor de varios millones de dólares sin comprobar de manera adecuada si con ello están financiando a grupos armados;
O. Considerando que el respeto de los derechos humanos es un valor fundamental de la Unión Europea y representa un elemento esencial del Acuerdo de Cotonú, en particular de su artículo 8;
P. Considerando que los procedimientos judiciales por violaciones graves de los derechos humanos figuran entre las tareas esenciales necesarias para poner fin a los abusos y reconstruir la República Centroafricana;
Q. Considerando que la impunidad continua siendo una marca distintiva de la violencia, pese a que el Consejo de Transición ha adoptado y el Presidente interino ha ratificado la creación de un Tribunal Penal Especial, compuesto por jueces nacionales e internacionales y por fiscales, encargado de investigar y de perseguir judicialmente a los autores de violaciones graves de los derechos humanos cometidos en la República Centroafricana desde 2003;
R. Considerando que en septiembre de 2014 la UE lanzó el primero de tres proyectos de desarrollo del fondo fiduciario de donantes múltiples para la República Centroafricana en los ámbitos de la salud, la creación de empleo, la rehabilitación de las infraestructuras dañadas en Bangui, así como la capacitación de las mujeres y su inclusión económica;
S. Considerando que el Consejo Europeo emprendió, en marzo de 2015 la misión de asesoramiento militar de la UE en la República Centroafricana (EUMAM RCA) con el objetivo de apoyar a las autoridades centroafricanas en la preparación de una reforma del sector de la seguridad, y, en concreto, de las fuerzas armadas;
T. Considerando que desde mayo de 2015 la UE ha aumentado su asistencia a la República Centroafricana con un total de 72 millones de euros, incluidos recursos para la ayuda humanitaria (10 millones de euros de nueva financiación), apoyo presupuestario (40 millones de euros adicionales) y una nueva contribución al fondo fiduciario de la UE para la República Centroafricana (22 millones de euros adicionales);
U. Considerando que el 15 de julio de 2014, la UE también impulsó su primer fondo fiduciario multidonantes para el desarrollo en apoyo de la República Centroafricana, cuyo objetivo es permitir la transición desde la respuesta de emergencia hacia una asistencia al desarrollo a más largo plazo;
1. Expresa su profunda preocupación por la situación en la República Centroafricana, que podría llevar al país al borde de una guerra civil si no se contiene el último brote de violencia; lamenta la pérdida de vidas y expresa sus condolencias a las familias de las víctimas y a todos los habitantes de la República Centroafricana;
2. Condena enérgicamente los ataques contra las organizaciones y residencias humanitarias durante el último brote de violencia; pide que el personal humanitario pueda desplazarse libremente para poder llegar hasta los civiles que necesitan ayuda, en particular la población desplazada; recuerda que casi medio millón de personas desplazadas dentro del país necesitan urgentemente alimentos, asistencia sanitaria, agua, saneamiento e higiene, refugio y artículos básicos para el hogar;
3. Pide a las autoridades de la República Centroafricana que se centren en la lucha contra la impunidad y en el restablecimiento del Estado de Derecho, también mediante la exigencia de una rendición de cuentas ante los tribunales a los responsables de la violencia; acoge con satisfacción la creación de un tribunal penal especial para investigar y condenar las violaciones graves de derechos humanos cometidas en el país desde 2003 y señala la urgente necesidad de que sea operativo; hace hincapié en que el apoyo financiero y técnico a escala internacional resulta esencial para su funcionamiento; solicita que se celebre en el plazo más breve posible una reunión internacional de donantes para conseguir recursos; alienta a las autoridades la República Centroafricana para que adopten un procedimiento eficaz y transparente de contratación del personal del tribunal;
4. Elogia a la Comunidad Económica de Estados de África Central (CEEAC) por el papel crucial que desempeña en el desarrollo del proceso de transición y la firme postura adoptada en las consultas celebradas en Adís Abeba el 31 de enero de 2015 con respecto a cualquier iniciativa paralela que pudiera poner en peligro los esfuerzos que está realizando en la actualidad la comunidad internacional encaminados al restablecimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad en la República Centroafricana;
5. Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados hasta la fecha por el gobierno de transición pero pide a las autoridades de transición de la República Centroafricana y a la comunidad internacional que aborden las causas profundas de la crisis, como la pobreza generalizada, las disparidades económicas y las desigualdades, el incremento del desempleo y el hecho de que la riqueza derivada de los recursos naturales del país no se redistribuya mediante los presupuestos del Estado; pide un enfoque integral centrado en la seguridad, la ayuda humanitaria, la estabilización y la recuperación económica;
6. Pide a la comunidad internacional que apoye el proceso político en la República Centroafricana en este momento crítico y que intensifique los esfuerzos realizados en común para facilitar el diálogo político, generar confianza y asegurar la convivencia pacífica entre las comunidades religiosas en el país; insta al Gobierno de la República Centroafricana a que conceda la prioridad a la reconstrucción del sistema educativo con el fin de facilitar la convivencia pacífica a largo plazo;
7. Lamenta que las milicias continúen reforzándose a pesar del embargo de armas decretado por las Naciones Unidas; pide a todas las partes que respeten el acuerdo de desarme firmado el 10 de mayo de 2015; subraya que el desarme de los grupos armados debe ser una prioridad absoluta, en particular con vistas a las elecciones presidenciales y legislativas que están previstas que se celebren en la República Centroafricana a finales de año;
8. Insta a la Unión Africana y a la Unión Europea a que se sirvan de todas las medidas e instrumentos apropiados para ayudar al gobierno de transición a evitar la implosión de un Estado ya frágil, el recrudecimiento de la tensión interétnica, el fortalecimiento continuo de las milicias que se enfrentan entre sí, y a realizar la transición hacia un Estado que funcione, inclusivo y democrático, en particular mediante el Instrumento en pro de la estabilidad y la paz, el Fondo de Apoyo a la Paz para África y la Fuerza Africana de Reserva;
9. Acoge con satisfacción el establecimiento del Foro de Bangui para la reconciliación y la paz y exige la participación incondicional de todos los dirigentes políticos, militares y religiosos, así como de las comunidades locales y de la sociedad civil; insiste en que deben llevarse a cabo elecciones democráticas;
10. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a otros agentes internacionales que hagan todo lo posible para apoyar la organización de las elecciones según lo previsto en la hoja de ruta para la transición contribuyendo, en particular, al programa de asistencia electoral gestionado por el PNUD, de modo que las elecciones puedan celebrarse antes de que finalice el presente año cumpliendo, así, un elemento clave de la hoja de ruta para la transición;
11. Reitera su apoyo a la independencia, la unidad y la integridad territorial de la República Centroafricana; recuerda la importancia del derecho de los pueblos a la libre determinación sin injerencia externa;
12. Reafirma su apoyo a las Naciones Unidas y a la fuerza de mantenimiento de la paz MINUSCA, así como al dispositivo militar francés Sangaris, en vísperas de las elecciones que tendrán lugar a finales de año; condena enérgicamente cualquier intento de desalentar los esfuerzos que se están realizando en la actualidad en aras de la estabilidad;
13. Recuerda que el período transitorio llegará a su fin el 30 de diciembre de 2015; insta a las autoridades nacionales a que, con el apoyo de la MINUSCA y del dispositivo Sangaris, restauren la calma en el país y, más concretamente, en Bangui, a fin de mantener el calendario electoral en la mayor medida posible;
14. Acoge con satisfacción la misión de asesoramiento militar de la UE (EUMAM RCA) y el inicio de proyectos dirigidos a restablecer las capacidades de la policía y de la gendarmería en materia de policía de proximidad y control de disturbios, el restablecimiento del centro de mando operativo conjunto, el refuerzo del poder judicial y la rehabilitación de los centros penitenciarios;
15. Condena firmemente todo tipo de violencia dirigida contra los niños y las mujeres e insta a todas las milicias y grupos armados no por el Estado que depongan sus armas, cesen todas las formas de violencia y pongan en libertad inmediatamente a los niños reclutados en sus filas; pide a todas las partes interesadas que se comprometan con la protección de los derechos del niño y eviten cualquier violación y abusos adicionales contra los niños; insta a que a las niñas y mujeres que son víctimas de violaciones en el contexto de conflictos armados se les brinde la gama completa de servicios de salud sexual y reproductiva;
16. Insta a los comerciantes de diamantes de la República Centroafricana a que den muestras de la diligencia debida y a las empresas de diamantes internacionales que aborden las lagunas que presenta el proceso de Kimberley en relación con la cadena de suministro de diamantes procedentes de la República Centroafricana; pide a las autoridades de la República Centroafricana y a las empresas extranjeras que contribuyan a reforzar la gobernanza en el sector extractivo mediante el cumplimiento de la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas;
17. Pide a las empresas internacionales de diamantes que examinen en detalle la procedencia de los diamantes con el fin de evitar alimentar el conflicto mediante la compra de diamantes extraídos y comercializados ilegalmente procedentes de la República Centroafricana; insta a las empresas europeas que comercian con empresas madereras de la República Centroafricana a que respeten el Reglamento de la UE sobre la madera y pide a la UE que aplique de manera decidida este Reglamento con respecto a los importadores de madera de la República Centroafricana;
18. Pide a las autoridades de la República Centroafricana que desarrollen una estrategia de carácter nacional para hacer frente a la explotación ilícita y a las redes de tráfico ilegales de recursos naturales;
19. Insta a los Estados cuyos soldados son responsables de abusos sexuales en el marco de las misiones de mantenimiento de paz en la República Centroafricana que les exijan responsabilidades y que los sometan a juicio ya que la impunidad no se puede tolerar; hace hincapié en la urgente necesidad de reformar las estructuras relacionadas con el mantenimiento de la paz mediante el establecimiento de un mecanismo de control y supervisión transparente y eficaz; expresa su convencimiento de que los graves delitos de esta naturaleza también podrían reducirse y prevenirse mediante la formación y la educación;
20. Insta a la República Centroafricana, a sus Estados vecinos y a los demás Estados miembros de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL) a que cooperen a escala regional en la investigación y la lucha contra las redes delictivas y los grupos armados de carácter regional que participan en la explotación ilegal y el contrabando de los recursos naturales, incluido el oro, los diamantes y la caza furtiva y el tráfico ilegal de especies silvestres;
21. Pide a la UE que haga todo lo posible por proporcionar una ayuda mejor coordinada y más eficaz a la población de la República Centroafricana; acoge con satisfacción, asimismo, el refuerzo del compromiso humanitario de la UE y de sus Estados miembros en la República Centroafricana teniendo en cuenta los cambios que se registran en relación con las necesidades; hace hincapié en que debe prestarse asistencia vital a los necesitados en el interior de la República Centroafricana así como a los refugiados en los países vecinos;
22. Lamenta la destrucción por parte de las milicias de los archivos y registros públicos; insta a la UE a que apoye el restablecimiento del registro público de la República Centroafricana y a que evite cualquier tipo de irregularidad en relación con las elecciones;
23. Pide a los Estados miembros, así como a otros donantes, que aumenten sus contribuciones al Fondo de la UE para la República Centroafricana, el Fondo Fiduciario «Bekou», cuyo objetivo es promover la estabilización y la reconstrucción de la República Centroafricana teniendo en cuenta la necesidad de vincular mejor los programas de reconstrucción/desarrollo a la respuesta humanitaria;
24. Pide a la Unión Europea, a la Unión Africana y a la comunidad internacional que apoyen a los refugiados de la República Centroafricana en los países vecinos;
25. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a las autoridades del Gobierno de transición de la República Centroafricana, al Consejo y a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Secretario General de las Naciones Unidas, a las instituciones de la Unión Africana, a la CEEAC, a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y a los Estados miembros de la Unión Europea.
- [1] Textos aprobados, P8_TA(2015)0035.