Procedimiento : 2016/2557(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B8-0174/2016

Textos presentados :

RC-B8-0174/2016

Debates :

Votaciones :

PV 04/02/2016 - 8.2

Textos aprobados :

P8_TA(2016)0044

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN
PDF 151kWORD 81k
3.2.2016
PE576.535v01-00}
PE576.553v01-00}
PE576.555v01-00}
PE576.556v01-00}
PE576.558v01-00}
PE576.559v01-00} RC1
 
B8-0174/2016}
B8-0192/2016}
B8-0194/2016}
B8-0195/2016}
B8-0197/2016}
B8-0198/2016} RC1

presentada de conformidad con el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, del Reglamento

para sustituir a las propuestas de Resolución presentadas por los siguientes grupos:

Verts/ALE (B8-0174/2016)

EFDD (B8-0192/2016)

S&D (B8-0194/2016)

PPE (B8-0195/2016)

GUE/NGL (B8-0197/2016)

ALDE (B8-0198/2016)


sobre Baréin: el caso de Mohamed Ramadán (2016/2557(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Tomáš Zdechovský, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, David McAllister, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Andrey Kovatchev, Milan Zver, Lara Comi, Tunne Kelam, Bogdan Brunon Wenta, Eva Paunova, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Sven Schulze, Pavel Svoboda, László Tőkés, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Romana Tomc, Therese Comodini Cachia, Joachim Zeller, Claude Rolin, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola en nombre del Grupo PPE
Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Jo Leinen, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Javi López, Krystyna Łybacka, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, Neena Gill, Alessia Maria Mosca en nombre del Grupo S&D
Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Valentinas Mazuronis en nombre del Grupo ALDE
Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas en nombre del Grupo GUE/NGL
Alyn Smith, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec, Igor Šoltes, Heidi Hautala, Bodil Valero en nombre del Grupo Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en nombre del Grupo EFDD
ENMIENDAS

Resolución del Parlamento Europeo sobre Baréin: el caso de Mohamed Ramadán (2016/2557(RSP))  

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus Resoluciones anteriores sobre Baréin, en particular la de 9 de julio de 2015 sobre Baréin, en particular sobre el caso de Nabil Rayab(1),

–  Vista la Comisión de Investigación Independiente de Baréin, creada mediante Real Decreto para investigar e informar sobre los acontecimientos acaecidos en Baréin en febrero de 2011 y sus consecuencias, que presentó su informe en noviembre de 2011,

–  Visto el segundo Informe Anual de 2014 presentado por el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Abdulaziz Abul, al ministro del Interior, teniente general jeque Rachid bin Abdulá al-Jalifa, el 27 de enero de 2016,

–  Vista la Declaración conjunta sobre Baréin de 33 Estados, presentada en la 30.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 14 de septiembre de 2015,

–  Vista la Declaración conjunta sobre Baréin, de 16 de julio de 2015, del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación,

–  Visto el informe de noviembre de 2011 de la Comisión de Investigación Independiente de Baréin,

–  Visto el llamamiento en favor de la liberación inmediata del preso de conciencia Abdulyalil al-Sinkis, que se encuentra en huelga de hambre,

–  Vista la decisión del Consejo de Ministros de la Liga Árabe, reunido en El Cairo el 1 de septiembre de 2013, de establecer un tribunal panárabe de derechos humanos con sede en Manama, capital de Baréin,

–  Visto el Acuerdo de Cooperación entre la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo, de 1988,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre la pena de muerte, revisadas el 12 de abril de 2013,

–  Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Carta Árabe de los Derechos Humanos, de los que Baréin es parte,

–  Vistas la Resolución 68/178 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Resolución 25/7 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que Baréin es un socio clave de la Unión Europea en el golfo Pérsico, en particular en los ámbitos de las relaciones políticas y económicas, la energía y la seguridad; que redunda en interés mutuo seguir profundizando nuestra asociación para reaccionar mejor ante futuros desafíos;

B.  Considerando que, desde el inicio de los levantamientos en 2011, las autoridades bareiníes han recurrido de manera creciente a medidas represivas basadas en acusaciones de terrorismo contra manifestantes pacíficos, e incluso a la aplicación de la pena de muerte; que los tribunales bareiníes dictaron siete nuevas sentencias de muerte en 2015;

C.  Considerando que, el 18 de febrero de 2014, Mohamed Ramadán, guardia de seguridad del aeropuerto, de 32 años de edad, fue detenido por las autoridades bareiníes acusado de haber participado —con Husein Alí Musa, que había sido detenido anteriormente— en un atentado con bomba cometido el 14 de febrero en Al-Dair, que causó la muerte de un oficial de seguridad e hirió a varios;

D.  Considerando que el Sr. Ramadán fue detenido presuntamente sin orden judicial y que ambos hombres declararon haber sido apaleados violentamente y torturados hasta que accedieron a confesar, y posteriormente se retractaron ante el fiscal; que la confesión presuntamente obtenida mediante torturas fue la prueba principal en los juicios contra el Sr. Ramadán y el Sr. Musa;

E.  Considerando que, el 29 de diciembre de 2014, un tribunal penal bareiní condenó a muerte al Sr. Ramadán y al Sr. Musa; que fueron juzgados junto con otros diez acusados, de los que nueve fueron condenados a diez años de prisión y el último, a cadena perpetua; que se utilizó la ley antiterrorista de Baréin para justificar la pena de muerte;

F.  Considerando que el Tribunal de Casación, tribunal superior de apelación de Baréin, confirmó las sentencias de muerte el 16 de noviembre de 2015, a pesar de que los condenados se habían retractado de sus declaraciones y habían reiterado que habían confesado bajo tortura; que los tribunales de Baréin no tomaron en consideración sus afirmaciones y ni siquiera iniciaron una investigación;

G.  Considerando que el Sr. Ramadán es solo una de las diez personas a la espera de ejecución en Baréin y el primer condenado a muerte desde 2011; que el Sr. Ramadán es uno de los primeros que ha agotado todas las vías legales de recurso, y su ejecución puede ser inminente; que nada indica que se hayan llevado a cabo investigaciones sobre las denuncias de tortura en el caso de Mohamed Ramadán;

H.  Considerando que, el 14 de agosto de 2015, cinco expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su preocupación al Gobierno bareiní por las denuncias de detención arbitraria, privación de libertad y torturas de nueve ciudadanos bareiníes, incluido el Sr. Ramadán, y su subsiguiente condena a raíz de juicios que no cumplían las normas internacionalmente aceptadas en materia de garantías procesales y juicio justo;

I.  Considerando que varias ONG de defensa de los derechos humanos han documentado el desarrollo de juicios injustos, la práctica de torturas y la aplicación de penas de muerte por Baréin en vulneración de diferentes convenios internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que Baréin se adhirió en 2006;

J.  Considerando que la Comisión de Investigación Independiente de Baréin, establecida el 29 de junio de 2011 en el Reino de Baréin en virtud del Real Decreto n.º 28 para investigar e informar sobre los acontecimientos acaecidos en Baréin en febrero de 2011, formuló una serie de recomendaciones sobre derechos humanos y reformas políticas;

K.  Considerando que entre las 26 recomendaciones de la Comisión de Investigación Independiente de Baréin figuraba la conmutación de todas las penas de muerte impuestas por actos relacionados con los acontecimientos de febrero y marzo de 2011; que esta fue una de las dos recomendaciones que se llevaron a efecto plenamente, lo que supuso un paso positivo hacia la abolición de la pena de muerte;

L.  Considerando que estas recomendaciones han inducido al Gobierno de Baréin a establecer tres órganos desde 2012 —la Oficina del Defensor del Pueblo en el Ministerio del Interior, una Unidad de Investigaciones Especiales en la Fiscalía General, y la Comisión de Derechos de Presos y Detenidos— con el mandato colectivo de poner fin a la tortura en centros de interrogatorio y de detención;

M.  Considerando que muchas de las acciones recientes de las autoridades de Baréin siguen vulnerando y restringiendo los derechos y las libertades de algunos sectores de la población, en particular el derecho de las personas a protestar pacíficamente, la libertad de expresión y la libertad digital; que los defensores de los derechos humanos se enfrentan a una campaña permanente y sistemática de acoso y detención;

N.  Considerando que, según algunos informes, en Baréin sigue habiendo un número considerable de presos de conciencia;

O.  Considerando que aparentemente las fuerzas de seguridad de Baréin siguen torturando a detenidos;

1.  Expresa su preocupación y su decepción ante el retorno de Baréin a la práctica de la pena capital; pide la reintroducción de la moratoria sobre la pena de muerte, como primer paso hacia su abolición; pide al Gobierno de Baréin y en particular a su majestad el jeque Hamad bin Isa Al-Jalifa que conceda a Mohamed el indulto real o que conmute su sentencia;

2.  Condena enérgicamente la persistencia del recurso por las fuerzas de seguridad a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra presos; manifiesta su extrema preocupación por la integridad física y psíquica de los presos;

3.  Expresa su preocupación por el uso de las leyes antiterroristas en Baréin para castigar creencias y convicciones políticas e impedir que los ciudadanos desarrollen actividades políticas;

4.  Destaca la obligación de velar por la protección de los defensores de los derechos humanos y por que puedan desarrollar su trabajo libres de trabas, intimidación o acoso;

5.  Toma nota de los esfuerzos en curso del Gobierno de Baréin para reformar el Código Penal y los procedimientos judiciales y le anima a seguir adelante con este proceso; insta al Gobierno de Baréin a que respete las normas internacionalmente aceptadas en materia de garantías procesales y juicio justo y que respete las normas internacionales mínimas establecidas en los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

6.  Pide a las autoridades competentes que emprendan una investigación rápida e imparcial sobre todas las denuncias de torturas, que persigan a los sospechosos de perpetrar torturas, y que revoquen todas las condenas basadas en confesiones obtenidas con el recurso a la tortura;

7.  Recuerda a las autoridades bareiníes que el artículo 15 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes prohíbe que se utilicen como prueba en los procedimientos declaraciones hechas bajo tortura; pide la ratificación inmediata del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte;

8.  Pide al Gobierno de Baréin que invite de inmediato y públicamente al relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura a que visite el país, y que le ofrezca acceso ilimitado a los presos y a todos los lugares de detención;

9.  Toma nota de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, de la Comisión de Derechos de los Presos y Detenidos y de la Institución Nacional de Derechos Humanos, en especial sobre los derechos de los presos y sus condiciones de encarcelamiento, incluidas las relativas a presuntos maltratos y torturas; pide, no obstante, al Gobierno de Baréin que vele por la independencia de la Oficina del Defensor del Pueblo y de la Comisión de Derechos de los Presos y Detenidos y que garantice la independencia de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía General;

10.  Destaca la importancia del apoyo dado a Baréin, en particular por lo que se refiere a su sistema judicial, para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales en materia de derechos humanos; alienta vivamente el establecimiento de un grupo de trabajo UE-Baréin sobre derechos humanos;

11.  Pide a las autoridades de Baréin que levanten la prohibición arbitraria de viajar impuesta a Nabil Rayab y que retiren todas las acusaciones pendientes contra él relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión;

12.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y el Parlamento del Reino de Baréin y a los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo.

 

(1)

Textos Aprobados, P8_TA(2015)0279.

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