Procedimiento : 2016/2692(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B8-0582/2016

Textos presentados :

RC-B8-0582/2016

Debates :

PV 12/05/2016 - 8.1

Votaciones :

PV 12/05/2016 - 9.1

Textos aprobados :

P8_TA(2016)0218

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN
PDF 155kWORD 82k
11.5.2016
PE582.600v01-00}
PE582.604v01-00}
PE582.606v01-00}
PE582.608v01-00}
PE582.610v01-00} RC1
 
B8-0582/2016}
B8-0586/2016}
B8-0588/2016}
B8-0590/2016}
B8-0592/2016} RC1

presentada de conformidad con el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, del Reglamento

para sustituir a las propuestas de Resolución presentadas por los siguientes grupos:

Verts/ALE (B8-0582/2016)

ECR (B8-0586/2016)

S&D (B8-0588/2016)

PPE (B8-0590/2016)

ALDE (B8-0592/2016)


sobre los tártaros de Crimea  (2016/2692(RSP))


Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Eva Paunova, Milan Zver, Ildikó Gáll-Pelcz, David McAllister, Brian Hayes, Bogdan Brunon Wenta, Anna Maria Corazza Bildt, Adam Szejnfeld, Marijana Petir, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Jaromír Štětina, Therese Comodini Cachia, Sven Schulze, Luděk Niedermayer, Eduard Kukan, Pavel Svoboda, Romana Tomc, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, László Tőkés, Ramona Nicole Mănescu, Andrea Bocskor, Kinga Gál en nombre del Grupo PPE
Eric Andrieu, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Miapetra Kumpula-Natri, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Krystyna Łybacka, David Martin, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Alessia Maria Mosca en nombre del Grupo S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Kazimierz Michał Ujazdowski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská en nombre del Grupo ECR
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Valentinas Mazuronis, Cecilia Wikström en nombre del Grupo ALDE
Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė en nombre del Grupo Verts/ALE

Resolución del Parlamento Europeo sobre los tártaros de Crimea (2016/2692(RSP))  

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre la Asociación Oriental, Ucrania y la Federación de Rusia,

–  Vistos los informes de la Misión de Evaluación de los Derechos Humanos en Crimea, a cargo de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y del Alto Comisionado de la OSCE para las Minorías Nacionales (ACNM),

–  Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,

–  Vistas las decisiones del Consejo Europeo, de 21 de marzo, 27 de junio y 16 de julio de 2014, por las que se imponen sanciones a la Federación de Rusia como consecuencia de la anexión ilegal de Crimea,

–  Vista la Resolución 68/262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 27 de marzo de 2014, titulada «La integridad territorial de Ucrania»,

–  Visto el informe de Freedom House titulado «La libertad en el mundo en 2016», que califica la situación de Crimea en cuanto a libertades políticas y civiles como «sin libertades»,

–  Vista la sentencia del denominado Tribunal Supremo de Crimea, de 26 de abril de 2016, que consideró al Mejlís del Pueblo Tártaro de Crimea como una organización extremista y prohibió sus actividades en la península de Crimea,

–  Vistas las declaraciones de la portavoz de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 14 de abril de 2016, sobre la suspensión de las actividades del Mejlís del Pueblo Tártaro de Crimea, y de 26 de abril de 2016, sobre la decisión del «Tribunal Supremo» de Crimea de prohibir las actividades del Mejlís,

–  Vistas la declaración del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 26 de abril de 2016, en la que insta a que se ponga fin a la prohibición del Mejlís, y la declaración del secretario general del Consejo de Europa, de 26 de abril de 2016, según la cual la prohibición del Mejlís conlleva el riesgo de que se ponga en el punto de mira a la comunidad tártara de Crimea en su conjunto,

–  Vistos el Protocolo de Minsk, de 5 de septiembre de 2014, y el Memorando de Minsk, de 19 de septiembre de 2014, sobre la puesta en marcha del plan de paz de doce puntos,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Federación de Rusia se ha anexionado ilegalmente Crimea y Sebastopol y, por consiguiente, es un Estado ocupante que viola el Derecho internacional, incluidas la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki, el Memorando de Budapest de 1994 y el Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación de 1997 entre Ucrania y la Federación de Rusia;

B.  Considerando que la Unión y la comunidad internacional han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados y por la persecución sistemática de aquellas personas que no reconocen a las nuevas autoridades; que supuestas autoridades han puesto en el punto de mira a la comunidad indígena de tártaros de Crimea, que en su mayoría se opone a la toma de control de la península por parte de Rusia y boicoteó el llamado referéndum del 16 de marzo de 2014; que las instituciones y organizaciones tártaras de Crimea son tachadas cada vez con mayor frecuencia de extremistas y miembros destacados de esta comunidad son arrestados o corren el riesgo de serlo por ser considerados terroristas; que entre los abusos cometidos se cuentan secuestros, desapariciones forzosas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y otros actos de violencia que las autoridades de hecho no han investigado ni perseguido, por no mencionar los problemas jurídicos sistémicos en relación con los derechos y el registro de la propiedad;

C.  Considerando que, en el pasado, diversos dirigentes tártaros de Crimea, en particular Mustafa Dzhemiliev y Refat Chubárov, tuvieron prohibida la entrada a Crimea y que actualmente estas personas sí tienen autorizada la entrada, pero bajo amenaza de detención, por lo que pueden correr la misma suerte que muchos otros miembros del Mejlís y activistas y personas desplazadas de la comunidad tártara de Crimea; que más de 20 000 tártaros de Crimea han tenido que abandonar la Crimea ocupada para trasladarse a la Ucrania continental, según datos proporcionados por el Gobierno de Ucrania;

D.  Considerando que Mustafa Dzhemiliev, dirigente del pueblo tártaro de Crimea, que anteriormente pasó quince años en cárceles soviéticas, ha publicado una lista de catorce tártaros de Crimea que son presos políticos de las denominadas autoridades rusas de Crimea, entre ellos Ahtem Chiigoz, vicepresidente primero del Mejlís, que se encuentra detenido en Simferópol a la espera de juicio; que se debe prestar especial atención al estado de salud de este último y resulta especialmente importante que su juicio sea público y supervisado por el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales;

E.  Considerando que la Federación de Rusia ha estado restringiendo el acceso a Crimea por parte de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, así como de ONG de defensa de los derechos humanos y de periodistas independientes; que la imposibilidad de acceder a Crimea dificulta sobremanera la supervisión y la información sobre la situación de los derechos humanos en este territorio;

F.  Considerando que la totalidad de la población tártara de Crimea, pueblo autóctono de este territorio, fue deportada en 1944 a otras regiones de la antigua URSS, y privada del derecho de regresar hasta 1989; que, el 12 de noviembre de 2015, la Verjovna Rada de Ucrania aprobó una resolución en la que se reconoció como genocidio la deportación de los tártaros de Crimea en 1944 y se estableció el 18 de mayo como Día de Memoria;

G.  Considerando que, el 26 de abril de 2016, el denominado Tribunal Supremo de Crimea se pronunció a favor de un requerimiento de la supuesta fiscal general de Crimea, Natalia Poklonskaya, por el que acusa al Mejlís, el que había sido el órgano representativo de la comunidad tártara de Crimea desde su creación en 1991 y había gozado de plena naturaleza jurídica desde mayo de 1999, de extremismo, terrorismo, violaciones de los derechos humanos, acciones ilegales y actos de sabotaje contra las autoridades;

H.  Considerando que el Mejlís ha sido declarado ahora organización extremista e incluido en la lista del Ministerio de Justicia ruso en la que figuran las ONG cuyas actividades han de suspenderse; que, por consiguiente, las actividades del Mejlís han sido prohibidas en Crimea y en Rusia; que esta prohibición podría afectar a más de 2 500 miembros de 250 órganos parlamentarios de pueblos y ciudades de Crimea;

I.  Considerando que las decisiones de la supuesta fiscal general y del denominado Tribunal Supremo de Crimea son parte integrante de la política de represión e intimidación de la Federación de Rusia, que está castigando a esta minoría por su lealtad al Estado ucraniano durante la anexión ilegal de la península de hace dos años;

J.  Considerando que, se ha producido una clara violación del Derecho internacional humanitario (incluidos el cuarto Convenio de La Haya de 1907, la cuarta Convención de Ginebra de 1949 y su Protocolo I adicional de 1977), en virtud del cual una potencia ocupante no puede enjuiciar a civiles por delitos cometidos antes de la ocupación y la legislación penal del territorio ocupado debe permanecer en vigor;

1.  Condena firmemente la decisión del denominado Tribunal Supremo de Crimea de prohibir el Mejlís del Pueblo Tártaro de Crimea y pide que sea revocada inmediatamente; considera que esta decisión constituye una persecución sistemática y específica de los tártaros de Crimea y que es una acción con motivaciones políticas que tiene por objeto seguir intimidando a los representantes legítimos de la comunidad tártara; hace hincapié en la importancia de este órgano decisorio elegido democráticamente, que representa al pueblo tártaro de Crimea;

2.  Señala que la prohibición del Mejlís del Pueblo Tártaro de Crimea —el órgano representativo legítimo y reconocido de la población indígena de Crimea— servirá para estigmatizar a los tártaros de Crimea, profundizando su discriminación y violando sus derechos humanos y libertades civiles fundamentales, y constituye un intento de expulsarlos de Crimea, que es su patria histórica; expresa su preocupación por que el hecho de catalogar al Mejlís como organización extremista pueda conllevar otras acusaciones, de conformidad con el Código Penal de la Federación de Rusia;

3.  Recuerda que la prohibición del Mejlís implica que no podrá reunirse, publicar sus opiniones en los medios de comunicación, celebrar actos públicos o utilizar cuentas bancarias; pide que la Unión apoye económicamente las actividades del Mejlís en el exilio; pide que se aumente la financiación destinada a las organizaciones de defensa de los derechos humanos que trabajan en favor de Crimea;

4.  Recuerda con pesar el segundo aniversario de la anexión ilegal de la península de Crimea por parte de la Federación de Rusia, que se produjo el 20 de febrero de 2014; reitera su firme condena de dicho acto, que viola el Derecho internacional; manifiesta su firme compromiso con la política de no reconocimiento de la anexión ilegal de Crimea y con las sanciones impuestas tras dicha anexión, y pide que se estudie la posibilidad de ampliar la lista de personas objeto de sanciones de la Unión en relación con la prohibición del Mejlís; pide a los Estados miembros que respeten estrictamente esta lista; lamenta las visitas a Crimea —organizadas sin el consentimiento de las autoridades ucranianas— de algunos políticos de los Estados miembros de la Unión, incluidos diputados de Parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo, y pide a los diputados que se abstengan de realizar estas visitas en el futuro;

5.  Reitera su firme compromiso con la soberanía, la independencia política, la unidad y la integridad territorial de Ucrania, con arreglo a sus fronteras reconocidas internacionalmente, así como con la opción libre y soberana de este país de avanzar por una senda europea; pide a todas las partes que procedan inmediatamente a la reintegración pacífica de la ocupada península de Crimea en el ordenamiento jurídico ucraniano mediante el diálogo político y dentro del pleno respeto del Derecho internacional; opina que el restablecimiento de la autoridad ucraniana sobre la península resulta fundamental para la reanudación de las relaciones de cooperación con la Federación de Rusia, incluida la suspensión de las sanciones relativas a Crimea;

6.  Condena las graves restricciones de las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, que afectan incluso a actos conmemorativos tradicionales como el aniversario de la deportación de los tártaros de Crimea por el régimen totalitario soviético de Stalin y a los encuentros culturales de los tártaros de Crimea;

7.  Condena las restricciones a la libertad de los medios de comunicación impuestas en Crimea, en especial la retirada de la licencia de ATR, el principal canal de televisión tártaro de Crimea; pide la reapertura de dicho canal, así como del canal de televisión infantil Lale y de la emisora de radio Meydan; considera que estos actos privan al pueblo tártaro de Crimea de un instrumento vital para conservar su identidad cultural y lingüística; toma nota de la fundación del nuevo canal de televisión TV Millet y pide que se garantice su plena independencia editorial;

8.  Lamenta profundamente las restricciones sistemáticas de la libertad de expresión con el pretexto de combatir el extremismo, así como la supervisión de los medios sociales de comunicación con el objetivo de identificar a activistas que no reconocen el nuevo orden y que critican la validez del referéndum celebrado el 16 de marzo de 2014; recuerda que cien Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas se sumaron a esta postura al adoptar la Resolución 68/262;

9.  Recuerda que, a lo largo de la historia, los tártaros indígenas de Crimea han sido víctimas de injusticias que llevaron a su deportación masiva por las autoridades soviéticas y a la expropiación de sus tierras y recursos; lamenta que las políticas discriminatorias aplicadas por supuestas autoridades estén impidiendo la restitución de dichas propiedades y recursos, o que sean utilizadas como moneda para comprar apoyo;

10.  Insta a la Federación de Rusia, que, con arreglo al Derecho internacional humanitario, es la responsable en última instancia como Estado ocupante en Crimea, a que mantenga el orden jurídico en la península y proteja a los ciudadanos contra medidas y resoluciones judiciales o administrativas arbitrarias, en cumplimiento de sus propios compromisos como miembro del Consejo de Europa, y a que lleve a cabo investigaciones internacionales independientes de cualquier violación del Derecho internacional o de los derechos humanos cometida por las fuerzas ocupantes y las supuestas autoridades locales; pide la reactivación del grupo de contacto para las familias de las personas desaparecidas;

11.  Pide que se permita el acceso permanente y sin restricciones a Crimea de organismos internacionales pertinentes de defensa de los derechos humanos para que supervisen la situación de los derechos humanos en el territorio;

12.  Celebra la iniciativa ucraniana de establecer un mecanismo internacional de negociación con el formato «Ginebra plus» para el restablecimiento de la soberanía ucraniana sobre Crimea, que debería incluir la participación directa de la Unión; pide a la Federación de Rusia que inicie negociaciones con Ucrania y otras partes para la retirada rusa de Crimea, que levante los embargos al comercio y a la energía y que revoque el estado de emergencia en Crimea;

13.  Pide que se preserve el entorno multicultural histórico y tradicional de Crimea y que se respeten plenamente el ucraniano, el tártaro y otras lenguas minoritarias y culturas diferenciadas; condena la presión jurídica ejercida sobre las organizaciones culturales y educativas de la comunidad tártara de Crimea, incluidas aquellas dedicadas a los niños tártaros de Crimea;

14.  Pide a la Federación de Rusia que investigue todos los casos de torturas a presos detenidos ilegalmente en Crimea, incluidos Ahtem Chiigoz —vicepresidente primero del Mejlís—, Mustafa Dzhemiliev y Ali Asanov, que fueron detenidos en Crimea por supuestas autoridades locales por protestar pacíficamente contra la ocupación, y que garantice el retorno de estas personas a Ucrania en condiciones de seguridad; reitera su llamamiento en favor de la liberación de Oleg Sentsov y Oleksandr Kolchenko; insta a la Federación de Rusia a que ponga fin a la persecución política de disidentes y de activistas de la sociedad civil; condena el traslado de estas personas a la Federación de Rusia y la imposición a las mismas de la ciudadanía rusa; pide a la Federación de Rusia que coopere estrechamente con el Consejo de Europa y la OSCE en relación con los asuntos mencionados anteriormente;

15.  Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior y al Consejo que aumenten la presión sobre la Federación de Rusia para que permita el acceso a Crimea de organizaciones internacionales con el objetivo de que supervisen la situación de los derechos humanos, habida cuenta de las graves violaciones de las libertades fundamentales y de los derechos humanos registradas en la península, y de que establezcan mecanismos internacionales de supervisión permanentes y basados en convenciones; subraya que toda presencia internacional sobre el terreno debe estar bien coordinada, ser objeto de un acuerdo con Ucrania y recibir el respaldo de las principales organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos;

16.  Reitera su profunda preocupación por la situación de las personas LGBTI en Crimea, que ha empeorado considerablemente tras la anexión rusa;

17.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de Ucrania, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia y al Mejlís del Pueblo Tártaro de Crimea.

 

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