Procedimiento : 2017/2723(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B8-0419/2017

Textos presentados :

RC-B8-0419/2017

Debates :

PV 15/06/2017 - 4.2
CRE 15/06/2017 - 4.2

Votaciones :

PV 15/06/2017 - 7.3

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0268

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN
PDF 280kWORD 49k
14.6.2017
PE605.532v01-00}
PE605.534v01-00}
PE605.535v01-00}
PE605.536v01-00}
PE605.542v01-00} RC1
 
B8-0419/2017}
B8-0421/2017}
B8-0422/2017}
B8-0423/2017}
B8-0429/2017} RC1

presentada de conformidad con el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, del Reglamento

para sustituir a las propuestas de Resolución presentadas por los siguientes grupos:

ECR (B8‑0419/2017)

Verts/ALE (B8‑0421/2017)

S&D (B8‑0422/2017)

ALDE (B8‑0423/2017)

PPE (B8‑0429/2017)


sobre Pakistán, en particular la situación de los defensores de los derechos humanos y la pena de muerte (2017/2723(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Metsola, Deirdre Clune, Stanislav Polčák, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jeroen Lenaers, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Julia Pitera en nombre del Grupo PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Neena Gill en nombre del Grupo S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Arne Gericke, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić, Monica Macovei en nombre del Grupo ECR
Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali, Valentinas Mazuronis en nombre del Grupo ALDE
Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Bronis Ropė, Jordi Solé en nombre del Grupo Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi en nombre del Grupo EFDD
ENMIENDAS

Resolución del Parlamento Europeo sobre Pakistán, en particular la situación de los defensores de los derechos humanos y la pena de muerte (2017/2723(RSP))  

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Pakistán,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 18 de julio de 2016, sobre Pakistán,

–  Visto el Plan de compromiso quinquenal UE-Pakistán,

–  Visto el Plan de Acción sobre Derechos Humanos de Pakistán,

–  Visto el Programa Indicativo Plurianual UE-Pakistán (PIP) 2014-2020,

–  Vistas las recomendaciones recogidas en los informes de la Misión de observación electoral de la Unión Europea a Pakistán,

–  Vistas las declaraciones de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y su portavoz sobre Pakistán,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, y en particular su artículo 18,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Pakistán es signatario,

–  Vista la Convención sobre los Derechos del Niño,

–  Vista la Constitución de Pakistán,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre el fomento y la protección de la libertad de religión o creencias, sobre los defensores de los derechos humanos, y sobre la pena de muerte, y el Marco estratégico de la UE sobre derechos humanos y democracia de 2012,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que hasta 2015 estuvo vigente en Pakistán una moratoria sobre la pena de muerte, pero que esta pena se reinstauró tras la masacre cometida en la Escuela Pública del Ejército de Peshawar en diciembre de 2014; que la moratoria se levantó en principio solo para las actividades terroristas, si bien se amplió posteriormente a todos los delitos capitales;

B.  Considerando que Pakistán posee actualmente una de las mayores poblaciones en el corredor de la muerte del mundo; que se ha informado de casos de ejecuciones realizadas cuando los mecanismos de recurso seguían en marcha;

C.  Considerando que la «Ley de la blasfemia» de Pakistán (Sección 295-C del Código Penal) conlleva la pena de muerte de manera obligatoria; que en la actualidad cientos de personas se encuentran a la espera de juicio, y varias personas se hallan en el corredor de la muerte acusadas de «blasfemia»; que se estima que la Ley contiene definiciones ambiguas que son susceptibles de abusos dirigidos contra disidentes políticos o que permiten silenciar la crítica legítima a las instituciones del Estado y otros organismos;

D.  Considerando que, en marzo de 2017, el primer ministro prohibió todo el material «blasfemo» en línea, y que las autoridades pakistaníes han pedido a las empresas de las redes sociales que colaboren para identificar a los pakistaníes sospechosos de «blasfemia»; que el 14 de abril de 2017 Mashal Khan, estudiante en la Universidad Abdul Wali Khan, fue linchado por una multitud de otros estudiantes después de haber sido acusado de publicación de material «blasfemo» en línea; que el 10 de junio de 2017 un tribunal antiterrorista pakistaní condenó a Taimoor Raza a la pena de muerte por un presunto delito de «blasfemia» en Facebook; que el activista Baba Jan y otros doce manifestantes fueron condenados a cadena perpetua, la pena más grave jamás impuesta a un manifestante;

E.  Considerando que el 18 de abril de 2017 la Asamblea Nacional de Pakistán aprobó una resolución en la que condenaba el linchamiento de Mashal Khan por una multitud violenta por un presunto delito de «blasfemia»; que el Senado ha debatido reformas al objeto de contener los abusos;

F.  Considerando que se autorizaron los tribunales militares durante dos años, al mismo tiempo que se suponía que se fortalecía la justicia civil; que apenas se han realizado avances en cuanto al desarrollo del sistema judicial, y que el 22 de marzo de 2017 se reinstauraron de nuevo los tribunales militares, no sin controversia, por un período adicional de dos años;

G.  Considerando que se ha observado en multitud de ocasiones cómo defensores de los derechos humanos, disidentes políticos y miembros de minorías o grupos religiosos como Ahmadiyya sufren en Pakistán intimidaciones, agresiones, encarcelamientos, torturas y acosos y son objeto de asesinatos; que las informaciones recogidas por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y por ONG revelan que los cuerpos de seguridad, incluidas la policía y las agencias de inteligencia, están perpetrando desapariciones forzosas; que no se ha conseguido llevar ante la justicia a ningún infractor;

H.  Considerando que en abril de 2017 un nacional de la India, Kulbhushan Jadhav, fue procesado por un tribunal militar y condenado a muerte; que el asunto se encuentra actualmente en la Corte Internacional de Justicia puesto que se le negaron los derechos consulares; que el 4 de mayo de 2017 un muchacho de diez años fue asesinado y otras cinco personas resultaron heridas en un ataque de una multitud a una comisaría de policía en Balochistán motivado, al parecer, por denuncias de «blasfemia»; que el 30 de mayo de 2017 la supuesta violación de una adolescente (denominada únicamente como «Shumaila» en los medios de comunicación locales) por un miembro de su familia en Rajanpur provocó que la víctima fuera condenada a la pena de muerte por un tribunal tribal; que estos casos no son hechos aislados;

I.  Considerando que la represión sobre las ONG no cesa; que, bajo el pretexto de la aplicación de un plan nacional contra el terrorismo, numerosas ONG han sido intimidadas y acosadas, y algunas han visto cómo se clausuraban sus oficinas;

J.  Considerando que doce millones de mujeres carecen de carnet de identidad y, por tanto, se les niega el derecho a registrarse para votar en las elecciones; que varias misiones de observación electoral de la Unión han formulado recomendaciones al objeto de mejorar el proceso electoral en los próximos comicios, previstos para 2018;

K.  Considerando que Pakistán accedió al régimen SPG + el 1 de enero de 2014; que dicho régimen debe constituir un potente incentivo para el respeto de los derechos humanos y laborales fundamentales, el medio ambiente y los principios de buena gestión de los asuntos públicos;

L.  Considerando que la Unión sigue firme en su propósito de proseguir su diálogo y su compromiso con Pakistán en el marco del Plan de compromiso quinquenal y el que lo sustituya;

1.  Reitera la firme oposición de la UE a la pena de muerte en todos los casos y sin excepción alguna; pide la abolición universal de la pena de muerte; manifiesta su profunda preocupación por la decisión de Pakistán de levantar la moratoria y por el hecho de que las ejecuciones prosigan ahora a un ritmo alarmante; pide a Pakistán que restablezca la moratoria de la pena de muerte, con el objetivo a más largo plazo de su abolición total;

2.  Expresa su profunda preocupación por los informes sobre la aplicación de la pena de muerte en Pakistán a raíz de juicios injustos, por la ejecución de menores y de personas que sufren trastornos psicológicos y por las denuncias de tortura; pide al Gobierno que armonice las disposiciones sobre la pena de muerte de su legislación nacional con el Derecho y las normas internacionales, incluidas la paralización de las ejecuciones por todo delito que no sea el homicidio voluntario, la prohibición de la ejecución de delincuentes juveniles y de personas que sufran trastornos psicológicos, y una moratoria sobre las ejecuciones mientras no se hayan resuelto los eventuales recursos pendientes;

3.  Lamenta el retroceso que sufre Pakistán en materia de respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho, y, en particular, el aumento de las ejecuciones extrajudiciales y de la intimidación y el uso de la fuerza contra periodistas, defensores de los derechos humanos, ONG y figuras críticas con el Gobierno; recuerda las obligaciones del Gobierno pakistaní de garantizar el respeto de los derechos fundamentales; se congratula de la adopción por Pakistán de un plan de acción sobre derechos humanos y pide que este se traduzca en progresos tangibles; advierte, en este sentido, de la profunda preocupación de la UE si los activistas siguen siendo víctimas de tales prácticas y no se realizan progresos;

4.  Expresa su preocupación por la amplia libertad de funcionamiento otorgada a las fuerzas de seguridad, y pide al Gobierno de Pakistán que vele por una mejor supervisión de sus acciones; insta a las autoridades competentes a que emprendan una investigación rápida e imparcial sobre las muertes en reclusión y los asesinatos por las fuerzas de seguridad, así como sobre las denuncias de torturas, y a que lleven ante la justicia a los autores de ejecuciones extrajudiciales y de torturas;

5.  Lamenta el recurso en Pakistán a tribunales militares, que celebran audiencias secretas y tienen jurisdicción civil; insiste en que las autoridades pakistaníes concedan acceso a los observadores internacionales y las organizaciones de derechos humanos para fines de seguimiento de la utilización de los tribunales militares; pide asimismo una transición inmediata y transparente a tribunales civiles independientes, de conformidad con las normas internacionales relativas a los procedimientos judiciales; pone de relieve que los nacionales de terceros países sometidos a juicio deben tener acceso a los servicios y la protección consulares;

6.  Expresa su profunda preocupación por el recurso continuado a la «Ley de la blasfemia», y considera que esta situación agudiza el clima de intolerancia religiosa; toma nota de las conclusiones del Tribunal Supremo de Pakistán de que los acusados de «blasfemia» «sufren de manera desproporcionada o que supera el límite de la reparación» en ausencia de garantías adecuadas contra la mala aplicación o el uso indebido de dichas leyes; pide, por consiguiente, al Gobierno de Pakistán que derogue las secciones 295-A, 295-B y 295-C del Código Penal, y que ponga en marcha salvaguardias procedimentales e institucionales efectivas para prevenir el recurso abusivo a la acusación de «blasfemia»; pide asimismo al Gobierno que adopte una posición más firme en la condena de la vigilancia excesiva de los supuestos «blasfemos», y le insta a que no utilice la retórica propia de la «blasfemia»;

7.  Pide al Gobierno de Pakistán que tome medidas urgentes para proteger las vidas y los derechos de los periodistas y los blogueros; expresa su preocupación por la solicitud presentada por las autoridades pakistaníes a Twitter y Facebook para que le entreguen información acerca de sus usuarios con el fin de identificar a los sospechosos de «blasfemia»; pide al Gobierno y al Parlamento de Pakistán que modifiquen la Ley sobre prevención de delitos electrónicos de 2016 y supriman las disposiciones excesivamente amplias para supervisar y conservar los datos y cerrar sitios web sobre la base de criterios vagos; pide también que se conmuten todas las penas de muerte dictadas por acusaciones de «blasfemia» o de «disidencia política», incluida la de Taimoor Raza; pide, en este contexto, al presidente de Pakistán que haga uso de su facultad de clemencia;

8.  Toma nota de los progresos realizados en la aplicación del Plan de compromiso quinquenal UE-Pakistán, pero expresa su confianza en que el nuevo plan de compromiso estratégico que se terminará en 2017 sea ambicioso y contribuya a reforzar los vínculos entre la UE y Pakistán;

9.  Recuerda que la concesión del estatuto SPG + es condicional y que la aplicación efectiva de los convenios internacionales es un requisito esencial de dicho sistema; insta al Gobierno pakistaní a que intensifique sus esfuerzos para aplicar los veintisiete convenios básicos y demostrar que se realizan progresos;

10.  Pide a la Comisión y al SEAE que planteen estas cuestiones a las autoridades pakistaníes en el marco del diálogo periódico sobre derechos humanos;

11.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al representante especial de la UE para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de Pakistán.

Aviso jurídico - Política de privacidad