PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN sobre Brunéi
17.4.2019 - (2019/2692(RSP))
para sustituir a las propuestas de Resolución siguientes:
B8‑0242/2019 (Verts/ALE)
B8‑0243/2019 (ECR)
B8‑0244/2019 (GUE/NGL)
B8‑0246/2019 (EFDD)
B8‑0248/2019 (S&D)
B8‑0250/2019 (PPE)
B8‑0251/2019 (ALDE)
Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Elmar Broken nombre del Grupo PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Posten nombre del Grupo S&D
Charles Tannocken nombre del Grupo ECR
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperäen nombre del Grupo ALDE
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert, Terry Reintkeen nombre del Grupo Verts/ALE
Malin Björk, Marie‑Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečnáen nombre del Grupo GUE/NGL
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano, Laura Ageaen nombre del Grupo EFDD
Resolución del Parlamento Europeo sobre Brunéi
El Parlamento Europeo,
– Vista la declaración de 3 de abril de 2019 del portavoz de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre la aplicación del Código penal en Brunéi Darusalam,
– Vistas las Directrices de la UE sobre la pena de muerte, sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sobre los defensores de los derechos humanos y sobre la promoción y la protección del disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas LGBTI,
– Vista la declaración, de 1 de abril de 2019, de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la que insta a Brunéi a suspender la entrada en vigor del «draconiano» nuevo Código penal,
– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,
– Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, firmada por Brunéi en 2015,
– Vista la Convención sobre los Derechos del Niño,
– Vista la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
– Vista la Declaración de Derechos Humanos de la ASEAN, de 2012,
– Visto el Plan de Acción ASEAN-UE 2018-2022,
– Visto el diálogo UE-ASEAN sobre derechos humanos que tuvo lugar 29 de noviembre de 2017,
– Vista la declaración del portavoz adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de 2 de abril de 2019, sobre la aplicación por Brunéi de las fases segunda y tercera del Código penal de la sharía,
– Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,
A. Considerando que en 2014 Brunéi introdujo el Código penal de la sharía, que debía aplicarse en tres fases; que la tercera fase de su aplicación entró en vigor el 3 de abril de 2019; que esta tercera fase establece disposiciones que incluyen la pena de muerte por lapidación por actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo, por relaciones sexuales extramatrimoniales y por aborto, así como la amputación de miembros por robo; que el Código también impone la pena de muerte por insultos o difamación del profeta Mahoma, tanto por musulmanes como por no musulmanes; que el Código penal de la sharía se aplica tanto a los musulmanes como a los no musulmanes, incluidos los extranjeros, así como a delitos cometidos fuera del país por ciudadanos o residentes permanentes;
B. Considerando que los menores que hayan alcanzado la pubertad y hayan sido condenados por estos delitos pueden recibir las mismas penas que los adultos; que algunos niños más pequeños pueden ser sometidos a flagelación;
C. Considerando que, antes de la introducción del Código penal de la sharía, la homosexualidad era ilegal en Brunéi y podía castigarse con hasta diez años de prisión;
D. Considerando que las últimas elecciones en Brunéi se celebraron en 1962; que el sultán ejerce las funciones de jefe del Estado y de primer ministro y está investido de la plena autoridad ejecutiva;
E. Considerando que el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura ha afirmado que cualquier forma de castigo corporal es contraria a la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y no puede considerarse una sanción legal conforme al Derecho internacional; que algunas de las penas contempladas en el Código penal suponen tortura o trato cruel, inhumano y degradante, prohibido por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la que Brunéi es signatario desde 2015;
F. Considerando que las disposiciones del Código penal de la sharía conculcan las obligaciones de Brunéi derivadas del Derecho internacional en materia de derechos humanos, incluido el derecho a la vida, a la libertad frente a la tortura y otros malos tratos, la libertad de expresión, la libertad religiosa y el derecho a la intimidad; que las disposiciones del Código discriminan por razones de orientación sexual, así como a las mujeres y las minorías religiosas en Brunéi y pueden incitar a la violencia;
G. Considerando que el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) han afirmado que las disposiciones del Código penal de Brunéi que criminalizan la homosexualidad y castigan formas de salud reproductiva tienen un impacto desproporcionado en las mujeres y las personas LGBTI y crean barreras para acceder a información y servicios sanitarios, impidiendo el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos y afectando negativamente a la salud pública;
H. Considerando que en Brunéi la tradición, la religión y la cultura se utilizan para justificar la discriminación contra las mujeres y las personas LGTBI; que el informe sobre Brunéi, de 11 de marzo de 2019, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma que hay actitudes patriarcales muy enraizadas y que se utilizan estereotipos discriminatorios que se reflejan en las elecciones académicas y profesionales de las mujeres, en su posición desigual en el mercado de trabajo y en el matrimonio y las relaciones familiares; que estos estereotipos son las causas profundas de la violencia contra las mujeres;
I. Considerando que Brunéi es conocido por su población multiétnica con una gran diversidad de religiones que incluye el islam, el cristianismo, el budismo, el hinduismo y varias religiones indígenas, que conviven pacíficamente; que la Constitución de Brunéi reconoce la libertad religiosa y establece que todas las religiones pueden practicarse en paz y armonía por las personas que las profesan; que, a pesar de la Constitución de Brunéi, el Gobierno ha prohibido el proselitismo y la enseñanza de todas las religiones salvo el Islam y ha prohibido todas las celebraciones públicas de la Navidad;
J. Considerando que Brunéi tiene una moratoria de facto sobre el uso de la pena de muerte, habiéndose practicado la última ejecución en 1957; que, si se aplica el Código penal de la sharía, volverá a introducir de forma efectiva la pena de muerte; que la Unión condena la pena de muerte, en todo lugar y en todo momento;
K. Considerando que la adopción de las nuevas leyes ha suscitado la indignación internacional y ha provocado un llamamiento al boicot de los hoteles propiedad de la Brunei Investment Agency (BIA); que esta agencia pertenece al Ministerio de Finanzas y Economía de Brunéi y posee diversos proyectos de inversión en todo el mundo; que la BIA ha afirmado que sus valores fundamentales incluyen el respeto mutuo y la valoración positiva de la diferencia y la diversidad;
L. Considerando que Brunéi solamente ha ratificado dos de las convenciones internacionales fundamentales en materia de derechos humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; que la próxima ronda del examen periódico universal relativo a Brunéi se iniciará el 10 de mayo de 2019;
M. Considerando que la Unión Europea ha suspendido las negociaciones sobre un acuerdo de asociación y cooperación con Brunéi;
1. Condena enérgicamente la entrada en vigor del retrógrado Código penal de la sharía; insta a las autoridades de Brunéi a que lo revoquen de inmediato y garanticen que las leyes de Brunéi se atengan al Derecho y las normas internacionales, conforme a las obligaciones de Brunéi en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular por lo que se refiere a las minorías sexuales, las minorías religiosas y los no creyentes;
2. Reitera su condena de la pena de muerte; pide a las autoridades de Brunéi que prosigan su moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte como paso hacia su abolición;
3. Condena enérgicamente la práctica de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en cualquier circunstancia; subraya que las disposiciones del Código penal de la sharía conculcan las obligaciones de Brunéi derivadas del Derecho internacional en materia de derechos humanos, y que las penas previstas infringen las prohibiciones de la tortura y los malos tratos por el Derecho internacional consuetudinario;
4. Expresa su profunda preocupación ante el hecho de que, si bien muchos países han despenalizado las prácticas homosexuales por consentimiento mutuo, lamentablemente Brunéi ha pasado a ser el séptimo país que las castiga con la pena de muerte; pide a las autoridades de Brunéi que respeten los derechos humanos internacionales y despenalicen la homosexualidad;
5. Pide a las autoridades de Brunéi que garanticen el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos, sin distinciones por ningún tipo de motivos, en particular de género, orientación sexual, raza o religión; expresa su especial inquietud ante la posible aplicación del Derecho penal a niños; pide a Brunéi que bajo ninguna circunstancia aplique a estos niños la pena capital ni torturas o penas de prisión;
6. Pide a las autoridades de Brunéi que respeten plenamente la libertad religiosa en el sultanato, tal y como establece su propia Constitución, y que permitan la celebración pública de todas las festividades religiosas, en particular la Navidad; hace hincapié en que la legislación a este respecto debe respetar estrictamente los derechos humanos;
7. Anima a las autoridades de Brunéi a que fomenten el diálogo político con partes interesadas clave de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, instituciones confesionales y organizaciones empresariales, tanto en el interior como en el exterior de Brunéi, con el fin de promover y salvaguardar los derechos humanos en su territorio; pone de relieve el derecho a expresar opiniones críticas o satíricas como ejercicio legítimo de la libertad de expresión, consagrado en el marco internacional de derechos humanos;
8. Insta a Brunéi a que ratifique los restantes instrumentos internacionales fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; pide a las autoridades de Brunéi que dirijan una invitación permanente a visitar el país en el marco de todos los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos;
9. Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que, en el supuesto de que efectivamente se aplique el Código penal de la sharía, considere la posibilidad de adoptar al nivel de la Unión medidas restrictivas en caso de violaciones graves de los derechos humanos, como el bloqueo de activos y la prohibición de visados;
10. Pide a la VP/AR que supedite la reanudación de las negociaciones sobre el acuerdo de asociación y cooperación con Brunéi a la condición de la conformidad del Código penal con el Derecho internacional y las normas internacionales en materia de derechos humanos;
11. Pone de relieve el trabajo de promoción y protección de los derechos de las personas LGTBI por parte de los defensores de los derechos humanos; pide a las instituciones de la Unión que aumenten su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos de Brunéi;
12. Pide a la Delegación de la Unión en Indonesia y Brunéi Darusalam en Yakarta, la Delegación para las Relaciones con los Países del Sudeste Asiático y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el SEAE que observen atentamente la situación y consulten con las autoridades de Brunéi, embajadores y representantes a este respecto; pide al SEAE que incluya la situación en Brunéi como punto del orden del día del próximo diálogo político sobre derechos humanos entre la UE y la ASEAN;
13. Anima a los Estados miembros a que participen activamente en el próximo examen periódico universal, que tendrá lugar del 6 al 17 de mayo de 2019 y en el que se examinará el historial de Brunéi en materia de derechos humanos;
14. Destaca que mientras esté en vigor el actual Código penal, las instituciones de la Unión deben considerar la posibilidad de incluir en una lista negra los hoteles propiedad de la Brunei Investment Agency;
15. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que respeten el marco internacional de derechos humanos en lo relativo al acceso a los procedimientos de asilo y la protección humanitaria para las víctimas del Código penal vigente en Brunéi;
16. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Gobiernos de los Estados miembros, al secretario general de las Naciones Unidas, al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Secretaría de la ASEAN, a la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN, al sultán de Brunéi, Hasanal Bolkia, y al Gobierno de Brunéi.