Procedimiento : 2019/2982(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B9-0258/2019

Textos presentados :

RC-B9-0258/2019

Debates :

PV 19/12/2019 - 2.3
CRE 19/12/2019 - 2.3

Votaciones :

PV 19/12/2019 - 6.3

Textos aprobados :

P9_TA(2019)0108

<Date>{18/12/2019}18.12.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0258/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0259/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0260/2019</NoDocSe> }
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PDF 165kWORD 50k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN</TitreType>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Replacing>para sustituir a las propuestas de Resolución siguientes:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0258/2019 (ECR)

B9-0259/2019 (Verts/ALE)

B9-0260/2019 (S&D)

B9-0263/2019 (Renew)

B9-0267/2019 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>sobre la Ley rusa de «agentes extranjeros»</Titre>

<DocRef>(2019/2982(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Željana Zovko, Roberta Metsola, David Lega, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Vladimír Bilčík, Sandra Kalniete, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Liudas Mažylis, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe-Vlad Nistor, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik</Depute>

<Commission>{PPE}en nombre del Grupo PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Tonino Picula</Depute>

<Commission>{S&D}en nombre del Grupo S&D</Commission>

<Depute>Antony Hook, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Radka Maxová, Karen Melchior, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese, Chrysoula Zacharopoulou</Depute>

<Commission>{Renew}en nombre del Grupo Renew</Commission>

<Depute>Viola Von Cramon-Taubadel, Bronis Ropė, Sergey Lagodinsky, Hannah Neumann</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}en nombre del Grupo Verts/ALE</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski</Depute>

<Commission>{ECR}en nombre del Grupo ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


Resolución del Parlamento Europeo sobre la Ley rusa de «agentes extranjeros»

(2019/2982(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores resoluciones sobre Rusia y sobre las relaciones entre la Unión Europea y Rusia,

 Vistas las declaraciones de la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 23 de noviembre de 2019, sobre las modificaciones de la Ley de «agentes extranjeros» en la Federación de Rusia, y de 26 de noviembre de 2017, sobre la ley rusa que permite el registro de medios de comunicación extranjeros como «agentes extranjeros»,

 Vista la declaración de la Delegación de la Unión ante el Consejo de Europa, de 11 de diciembre de 2019, sobre las modificaciones de la Ley de «agentes extranjeros» en la Federación de Rusia,

 Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, en particular su artículo 19 sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, y su artículo 20 sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas,

 Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, en particular su artículo 13 sobre la libertad de asociación,

 Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, en particular su artículo 22 sobre el derecho a la libertad de asociación,

 Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos),

 Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los protocolos al mismo, en particular su artículo 10 sobre el derecho a la libertad de expresión, y su artículo 11 sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación,

 Vistas las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos,

 Vista la Constitución de la Federación de Rusia, y en particular el capítulo 2 sobre los derechos y las libertades de los ciudadanos,

 Vista la declaración del representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de 20 de noviembre de 2019, sobre la libertad de los medios de comunicación,

 Visto el dictamen del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 15 de julio de 2013, sobre la legislación de la Federación de Rusia relativa a las organizaciones no comerciales a la luz de las normas del Consejo de Europa, así como el dictamen actualizado sobre la legislación y las prácticas en la Federación de Rusia sobre organizaciones no comerciales a la luz de las normas del Consejo de Europa, publicado el 9 de julio de 2015,

 Visto el dictamen de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia), de 27 de junio de 2014, sobre la Ley federal de organizaciones no comerciales («Ley de agentes extranjeros»), el dictamen de 13 de junio de 2016 sobre la Ley federal rusa n.º 129-FZ (sobre las actividades indeseables de las organizaciones no gubernamentales extranjeras e internacionales) y el informe de la Comisión de Venecia, de 18 de marzo de 2019, sobre la financiación de asociaciones,

 Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A. Considerando que los derechos de libertad de pensamiento y de palabra, de asociación y de reunión pacífica, están consagrados en la Constitución de la Federación de Rusia;

B. Considerando que la Federación de Rusia es signataria de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como miembro del Consejo de Europa, y que, por tanto, se ha comprometido a respetar las normas y principios internacionales que rigen el Estado de Derecho y los derechos humanos y las libertades fundamentales;

C. Considerando que, en julio de 2012, el Parlamento ruso adoptó una ley de «agentes extranjeros» que obliga a las ONG rusas a registrarse en el Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia como «organizaciones que desempeñan funciones de agentes extranjeros» si reciben financiación del extranjero y se dedican a actividades descritas de forma imprecisa como «actividades políticas»; que, en junio de 2014, se modificó dicha Ley permitiendo al Ministerio de Justicia registrar por iniciativa propia a las ONG como «agentes extranjeros»; que, en noviembre de 2017, se amplió el ámbito de aplicación de la Ley para imponer el uso de la denominación «agentes extranjeros» a cualquier medio extranjero que recibiera directa o indirectamente financiación del extranjero;

D. Considerando que las últimas modificaciones de la Ley de «agentes extranjeros», que amplían la categoría de «agentes extranjeros» para incluir a particulares, incluidos blogueros y periodistas independientes, fueron aprobadas por el Parlamento ruso el 21 de noviembre de 2019 y promulgadas por el presidente Vladimir Putin el 2 de diciembre de 2019; que la Ley exige requisitos específicos para el registro, la contabilidad y la denominación de las publicaciones, y tipifica el incumplimiento como una infracción penal, lo que conlleva la posibilidad de imponer sanciones administrativas severas o penas de prisión de hasta dos años;

E. Considerando que, de acuerdo con esta Ley, los rusos y los extranjeros que trabajan o distribuyen contenidos de medios calificados como «agentes extranjeros» serían declarados «agentes extranjeros», lo que podría exponer a periodistas, sus fuentes, o incluso a quienes comparten material en las redes sociales a su estigmatización como «agentes extranjeros», dar lugar a la autocensura y disuadirles, al mismo tiempo, no solo de publicar, sino también de compartir publicaciones;

F. Considerando que la Ley rusa de «agentes extranjeros» infringe el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el acuerdo internacional del Consejo de Europa que defiende, entre otras cuestiones, la libertad de expresión y de los medios de comunicación; que, por lo tanto, Rusia no está cumpliendo sus obligaciones como miembro del Consejo de Europa; que el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa estimó que esta Ley es incompatible con las normas internacionales y europeas en materia de derechos humanos; que la Ley de «agentes extranjeros» viola los compromisos de Rusia como miembro de la OSCE y firmante de la Declaración Universal de Derechos Humanos; que la Unión Europea espera que la Federación de Rusia, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, respete plenamente los compromisos internacionales que ha contraído;

G. Considerando que una serie de organizaciones defensoras de los derechos humanos y ONG, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, opinan que la Ley modificada tendrá un impacto negativo en el entorno ya restrictivo para el periodismo independiente en Rusia, lo que socavará aún más la libertad de expresión; que los medios de comunicación de calidad, independientes de las estructuras gubernamentales o progubernamentales, que trabajan con muchos corresponsales rusos en todo el país y son a menudo la única fuente de información fiable y una alternativa a los medios estatales en las regiones remotas, están en el punto de mira de la Ley, lo que obstaculiza su labor y, por consiguiente, el acceso a una cobertura mediática imparcial;

H. Considerando que, en los últimos meses, las restricciones legales y las acciones judiciales específicas en virtud de la Ley de «agentes extranjeros» en Rusia han adoptado formas más represivas, cuyo resultado ha sido limitar el acceso de los medios de comunicación y de la sociedad civil a financiación independiente, empañar su reputación y obstaculizar sus actividades, de modo que se ha restringido el ejercicio de las libertades fundamentales y reducido el espacio para los actores independientes y disidentes en Rusia;

I. Considerando que la Ley de «agentes extranjeros» forma parte de una campaña más amplia para reprimir la disidencia, la oposición y la sociedad civil en toda Rusia; que la reducción del espacio reservado a la sociedad civil independiente rusa permite una mayor presencia de organizaciones no gubernamentales no independientes organizadas por el Gobierno (ONG gubernamentales); que el Gobierno ruso utiliza las ONG gubernamentales para promover sus propias políticas, manteniendo al mismo tiempo la apariencia de una sociedad civil independiente;

J. Considerando que, hasta el momento, la Ley se ha dirigido principalmente contra las ONG; que un total de unas ochenta ONG están catalogadas como «agentes extranjeros» en virtud de esa Ley, incluidas prácticamente todas las principales ONG de defensa de los derechos humanos en Rusia; que 49 ONG rusas tienen solicitudes pendientes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en las que alegan que la Ley de «agentes extranjeros» viola una serie de derechos humanos, incluidos los derechos de libertad de expresión y de asociación, y protestan contra la calidad de la Ley y por su persecución al no registrarse como «agentes extranjeros», así como por el excesivo control estatal;

K. Considerando que desde 2014 ha habido decenas de organizaciones activas en cuestiones medioambientales que se han visto obligadas a constar en la lista de «agentes extranjeros», pese a que el Tribunal Constitucional de Rusia dictaminó de manera expresa la exclusión de los grupos ecologistas del ámbito de aplicación de la Ley; que muchos de los grupos afectados se han visto obligados a disolverse o bien para no ser tildados de «agentes extranjeros», o bien por no poder pagar las multas;

L. Considerando que este pasado decenio ha surgido una inquietante tendencia mundial en la que cada vez más Estados están aprobando y utilizando legislación para poner trabas al derecho a la libertad de expresión, lo que incluye la libertad para recibir y transmitir información e ideas sin que se inmiscuyan las autoridades públicas y por encima de las fronteras, así como las libertades de reunión y de asociación; que estas leyes obstaculizan asimismo la labor de las organizaciones de la sociedad civil y de particulares;

M. Considerando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha subrayado en varias sentencias que el papel de guardián público de la democracia que desempeñan las ONG resulta fundamental para una sociedad democrática y reviste una importancia comparable al de los medios de comunicación;

N. Considerando que el objetivo legítimo de velar por la transparencia de las ONG cuando reciben financiación extranjera no puede justificar medidas que restrinjan las actividades de las ONG activas en el ámbito de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho;

1. Pide a las autoridades rusas que deroguen con carácter inmediato la Ley de «agentes extranjeros» y adapten la legislación vigente a su Constitución y a las obligaciones contraídas por Rusia en virtud del Derecho internacional; insta a la Federación de Rusia a que deje de crear intencionadamente un ambiente hostil para la sociedad civil y condena, en consecuencia, el recurso a la Ley de «agentes extranjeros» como instrumento para el acoso y la represión de las organizaciones de la sociedad civil que colaboran con donantes internacionales o manifiestan opiniones políticas;

2. Condena las modificaciones de la Ley de «agentes extranjeros» que se aprobaron hace poco, a través de las cuales se amplía notablemente su ámbito de aplicación y se permite que se desacredite a particulares tildándolos de «agentes extranjeros», lo que vulnera sus derechos humanos, en particular sus libertades de expresión y de asociación, así como sus derechos como ciudadano, además de limitar su participación y contribución en el ámbito de la sociedad civil rusa y poner en peligro su seguridad personal al estigmatizarlos;

3. Denuncia el continuo empeño de las autoridades rusas por poner cortapisas al debate tanto en línea como fuera de internet, así como al periodismo independiente; recuerda que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental a través del cual se consolida el resto de derechos humanos, lo que hace posible la evolución y el avance de la sociedad; pide a la Federación de Rusia que reconozca todo lo positivo que aporta una sociedad civil dinámica y activa al estado de la democracia y la sociedad;

4. Considera que la Ley y el recurso excesivo a multas y acuerdos dirigidos contra los medios de comunicación, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y la sociedad civil tienen la intención de obligarlos a centrar sus recursos en el pago de multas y los honorarios de su defensa jurídica de modo que se vea limitada su libertad de expresión; se muestra profundamente preocupado por que las organizaciones y los defensores de los derechos humanos estén en el punto de mira, lo que no hace más que sumarse al deterioro de la situación de los derechos humanos en Rusia; condena, entre otras cuestiones, la disolución del movimiento de importancia histórica За права человека (Por los derechos humanos);

5. Expresa su preocupación por el peligro de que la Ley se aplique de manera selectiva contra personas concretas, en particular periodistas independientes y activistas de la oposición política, habida cuenta tanto de la ausencia de criterios claros como de la inseguridad jurídica en torno a los motivos y las consecuencias de su aplicación a la ciudadanía de a pie; pide a las autoridades rusas la creación de un marco para las actividades de las organizaciones no comerciales (ONG) que resulte claro, coherente y congruente y guarde consonancia con las normas europeas e internacionales, en particular empleando definiciones claras, evitando el uso de expresiones estigmatizadoras como «agentes extranjeros» o disposiciones jurídicas discriminatorias en cuanto a las fuentes de financiación, y evitando acciones penales contra las ONG, los medios de comunicación y los blogueros, o contra particulares que desempeñen actividades para ONG o medios de comunicación; muestra su preocupación por la expulsión de las organizaciones independientes de la sociedad civil por parte de las ONG organizadas por el Gobierno; toma nota con preocupación de las circunstancias en torno a Anastasiya Shevchenko en Rostov del Don;

6. Se opone enérgicamente a los métodos empleados por las autoridades rusas al recurrir al poder del Estado para suprimir la libertad de expresión de modo que se inspire temor a la sociedad; pide a las autoridades rusas que brinden apoyo a la imparcialidad de los canales de comunicación mediática, incluidos los que son propiedad de empresas estatales rusas, y refuercen la seguridad y el entorno de trabajo de los periodistas en Rusia, en particular fomentando sus competencias profesionales con el uso de los programas internacionales existentes; hace hincapié en la necesidad de que se garanticen procedimientos de recurso jurídico eficientes para los periodistas cuya libertad de trabajo se ha visto amenazada, a fin de evitar la autocensura;

7. Aplaude, expresándoles su apoyo, todas las personas y organizaciones que, a pesar de hallarse en el punto de mira de la represión, siguen desempeñando su labor pacífica y legítima en defensa de los derechos humanos; insta a las autoridades rusas a que pongan fin a toda forma de acoso, intimidación y ataque dirigida contra la sociedad civil, los medios de comunicación, y las organizaciones y los defensores de los derechos humanos; condena que las autoridades rusas ni protejan a estos agentes frente a los ataques, el acoso y la intimidación por parte de terceros, ni investiguen de manera imparcial estos ataques;

8. Toma nota de que el registro ruso de medios de comunicación como «agentes extranjeros» consta de diez asientos, todos ellos medios relacionados con Radio Free Europe o Voz de América; recuerda que el Gobierno ruso ha criticado a otros medios de comunicación extranjeros por informar de las manifestaciones celebradas en el país;

9. Espera del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), el Consejo y la Comisión que planteen su preocupación en cuanto a la Ley de «agentes extranjeros» al contactar, reunirse y comunicarse con representantes rusos, en particular a los niveles más elevados, y pide que le informen de lo tratado con las autoridades rusas;

10. Reitera su llamamiento a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros para que sigan vigilando de cerca la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia, y pide que la Delegación de la Unión en Rusia y las embajadas de los Estados miembros no dejen de llevar a cabo el seguimiento de los juicios relacionados con organizaciones y activistas de la sociedad civil; solicita asimismo al VP/AR y al SEAE que velen por que los casos de las personas procesadas por motivos políticos sean abordados en sus comunicaciones con las autoridades rusas y por que se pida formalmente a los representantes rusos una respuesta en estos casos; pide al VP/AR y al SEAE que le informen de lo tratado con las autoridades rusas;

11. Solicita al VP/AR que emplee todas las posibilidades a su alcance para brindar apoyo a la sociedad civil de modo que se fomenten los valores democráticos, el Estado de Derecho, las libertades fundamentales y los derechos humanos en Rusia y que refuerce los contactos interpersonales con los ciudadanos de Rusia;

12. Pide a los Estados miembros de la Unión que planteen la cuestión de la Ley de «agentes extranjeros» en las instituciones del Consejo de Europa, principalmente en el Comité de Ministros y en la Asamblea Parlamentaria; solicita a la Comisión de Venecia que estudie la versión modificada de la Ley de «agentes extranjeros» al objeto de redactar un dictamen jurídico y las recomendaciones pertinentes; pide a las autoridades rusas que apliquen plenamente todas las recomendaciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Rusia a este respecto; pide a los Estados miembros de la Unión que ejerzan una presión constante sobre las autoridades rusas en los foros de la OSCE para que se ajusten a las normas de esta en materia de derechos humanos, democracia, Estado de Derecho e independencia del poder judicial;

13. Anima a la Unión a que no ceje en sus peticiones a Rusia para que derogue o modifique todas las leyes incompatibles con las normas internacionales; pide al VP/AR que elabore una nueva estrategia integral UE‑Rusia tendente a la consolidación de la paz y la estabilidad; insiste en que todo diálogo debe basarse en principios firmes, en particular el respeto del Derecho internacional y la integridad territorial de los vecinos de Rusia; subraya que las sanciones contra Rusia únicamente podrán levantarse cuando el país cumpla plenamente sus obligaciones;

14. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y al presidente, al Gobierno y a la Asamblea Federal de la Federación de Rusia.

 

Última actualización: 18 de diciembre de 2019Aviso jurídico - Política de privacidad