Procedimiento : 2019/2980(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B9-0261/2019

Textos presentados :

RC-B9-0261/2019

Debates :

PV 19/12/2019 - 2.1
CRE 19/12/2019 - 2.1

Votaciones :

PV 19/12/2019 - 6.1

Textos aprobados :

P9_TA(2019)0106

<Date>{18/12/2019}18.12.2019</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0261/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0264/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0265/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0269/2019</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0270/2019</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 193kWORD 53k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN</TitreType>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Replacing>para sustituir a las propuestas de Resolución siguientes:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0261/2019 (ECR)

B9-0264/2019 (Verts/ALE)

B9-0265/2019 (S&D)

B9-0269/2019 (Renew)

B9-0270/2019 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>sobre las violaciones de los derechos humanos, incluida la libertad religiosa, en Burkina Faso</Titre>

<DocRef>(2019/2980(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, György Hölvényi, Peter van Dalen, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Sandra Kalniete, Isabel Benjumea, Eva Maydell, Magdalena Adamowicz, Milan Zver, Roberta Metsola, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, David Lega, Krzysztof Hetman, Inese Vaidere, Tomas Tobé, Romana Tomc, Seán Kelly, Arba Kokalari, Stelios Kympouropoulos, Vladimír Bilčík, Karlo Ressler, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan, Gheorghe-Vlad Nistor, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Peter Pollák</Depute>

<Commission>{PPE}en nombre del Grupo PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Maria Arena</Depute>

<Commission>{S&D}en nombre del Grupo S&D</Commission>

<Depute>Jan-Christoph Oetjen, Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, José Ramón Bauzá Díaz, Phil Bennion, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jérémy Decerle, Anna Júlia Donáth, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Bernard Guetta, Antony Hook, Ivars Ijabs, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Ulrike Müller, Javier Nart, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Monica Semedo, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Irène Tolleret, Yana Toom, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Irina Von Wiese, Chrysoula Zacharopoulou</Depute>

<Commission>{Renew}en nombre del Grupo Renew</Commission>

<Depute>Gina Dowding, Ellie Chowns</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}en nombre del Grupo Verts/ALE</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Jan Zahradil, Karol Karski, Assita Kanko, Bert-Jan Ruissen</Depute>

<Commission>{ECR}en nombre del Grupo ECR</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

ENMIENDAS

Resolución del Parlamento Europeo sobre las violaciones de los derechos humanos, incluida la libertad religiosa, en Burkina Faso

(2019/2980(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vista la declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) en nombre de la UE con motivo del Día de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 2019,

 Visto el comunicado de prensa de la Comisión, de 13 de noviembre de 2019, en el que se anuncia una ayuda humanitaria adicional por importe de 35 millones de euros para la región africana del Sahel,

 Vista la declaración, de 7 de noviembre de 2019, de la portavoz del VP/AR sobre los ataques en Burkina Faso,

 Vista la visita de la VP/AR Federica Mogherini a la región del Sahel, de julio de 2019, y el discurso que pronunció el 9 de julio de 2019 en Burkina Faso,

 Visto el discurso pronunciado en nombre de la VP/AR Federica Mogherini, el 17 de septiembre de 2019, en su debate en el Pleno sobre la situación de la seguridad en Burkina Faso,

 Visto el estudio titulado «The Freedom of Religion or Belief and the Freedom of Expression» (La libertad de religión o creencias y la libertad de expresión), publicado por su Dirección General de Políticas Exteriores de la Unión en febrero de 2009,

 Vista la audiencia pública de su Subcomisión de Derechos Humanos sobre la «libertad de religión o creencias: la situación de las minorías perseguidas, en particular los cristianos», celebrada el 22 de noviembre de 2017,

 Visto el informe del enviado especial para la promoción de la libertad de religión o creencias, de 21 de noviembre de 2019, titulado «The mandate of the Special Envoy for the promotion of freedom of religion or belief outside the European Union: activities and recommendations» (El mandato del enviado especial de la UE para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión: actividades y recomendaciones),

 Vistas las Orientaciones de la UE sobre el fomento y la protección de la libertad de religión o creencias, de 2013,

 Visto el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra (el Acuerdo de Cotonú),

 Vista la declaración atribuible a la portavoz del alto representante para la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, de 1 de diciembre de 2019, sobre el ataque a una iglesia en Burkina Faso,

 Visto el informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 11 de noviembre de 2019, sobre la Fuerza Conjunta del Grupo de los Cinco del Sahel,

 Vista la información operativa por país de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), de octubre de 2019, sobre Burkina Faso,

 Vista la declaración del secretario general de las Naciones Unidas, de 13 de octubre de 2019, sobre el ataque contra una mezquita en el norte de Burkina Faso,

 Visto el Informe sobre la situación humanitaria n.º 8 de UNICEF, de octubre de 2019, sobre Burkina Faso,

 Visto el Informe de desarrollo humano de 2019 sobre las desigualdades en el desarrollo humano en el siglo XXI, y en particular el informe sobre el desarrollo humano sobre Burkina Faso,

 Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, de la que Burkina Faso es signataria,

 Visto el plan de acción de las Naciones Unidas para salvaguardar los lugares de culto, de 12 de septiembre de 2019,

 Vista la Constitución burkinesa,

 Vista la declaración de los obispos, sacerdotes y delegados laicos de las conferencias episcopales de Burkina Faso, Níger, Mali, Costa de Marfil y Ghana, realizada tras la celebración del taller interconferencias sobre seguridad en el Sahel de los días 12 y 13 de noviembre de 2019,

 Vista la declaración del obispo de Dori, Laurent Birfuoré Dabiré, pronunciada ante la organización benéfica católica Ayuda a la Iglesia Necesitada el 5 de julio de 2019,

 Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, adoptada el 27 de junio de 1981 y que entró en vigor el 21 de octubre de 1986,

 Visto el Foro de París sobre la Paz de los días 12 y 13 de noviembre de 2019,

 Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A. Considerando que, aunque Burkina Faso tenía una sólida tradición de tolerancia religiosa y laicismo, se ha vuelto vulnerable a la inestabilidad —en particular debido a la radicalización islamista que azota al conjunto de la región del Sahel— y se enfrenta a una escalada combinada de la violencia, los desplazamientos, el hambre, la pobreza y el cambio climático;

B. Considerando que la creciente inseguridad en Burkina Faso ha conducido a crímenes terribles tanto de yihadistas como de otros grupos armados; que, según un informe de Human Rights Watch, estos grupos armados han ejecutado en Burkina Faso a presuntos colaboradores gubernamentales, intimidado a profesores y extendido el miedo entre la población civil por todo el país; que las fuerzas de seguridad burkinesas llevaron a cabo, en 2017 y 2018, operaciones antiterroristas que dieron lugar a ejecuciones extrajudiciales, malos tratos a sospechosos detenidos y detenciones arbitrarias; que el Gobierno burkinés prometió investigar tales acusaciones;

C. Considerando que, desde 2015, los yihadistas y otros grupos armados anteriormente activos en la vecina Mali han aterrorizado a la población burkinesa y perpetrado una serie de ataques contra símbolos del Estado, tales como objetivos militares, escuelas e instalaciones sanitarias, aunque también, en particular, contra iglesias y fieles cristianos; que, desde 2015, los ataques de los yihadistas y grupos armados se han saldado con al menos 700 muertos y miles de heridos Uagadugu y las provincias del norte, en particular en la provincia de Sum, extendiéndose a las provincias orientales y occidentales en 2018; que la violencia no afecta exclusivamente a los cristianos; que, el 11 de octubre de 2019, por ejemplo, una mezquita de la ciudad de Salmossi, en el norte de Burkina Faso, fue atacada durante las oraciones del viernes;

D. Considerando que entre enero y noviembre de 2019 se notificaron 520 incidentes de seguridad, frente a los 404 registrados entre 2015 y 2018; que solo en octubre de 2019 se registraron 52 incidentes relacionados con grupos armados no estatales, de los cuales cerca del 70 % estaban dirigidos contra civiles y fuerzas de seguridad;

E. Considerando que los ataques han sido perpetrados tanto por grupos armados transnacionales que operan a través de las fronteras de Mali y Níger, incluidos Yamaa Nusrat al-Islam wal Muslimin y el Estado Islámico del Gran Sahara, como por grupos nacionales, principalmente Ansar al-Islam, que operan desde las provincias del norte y este de Burkina Faso;

F. Considerando que en 2019 resultaron muertos en Burkina Faso más de 60 cristianos, en múltiples ataques, incluido el más reciente, de 1 de diciembre de 2019, contra los fieles que asistían a un servicio dominical en una iglesia protestante de la ciudad oriental de Hantokoura, en el que murieron catorce personas;

G. Considerando que varios sacerdotes, clérigos y fieles cristianos han sido víctimas de secuestros y asesinatos selectivos en todo el país; que, como consecuencia de la creciente violencia, muchas personas, en particular en el norte, han abandonado sus hogares tradicionales, como ha ocurrido recientemente en los pueblos de Hitté y Rounga, y huido a campamentos para desplazados internos u otras partes del país, incluida la capital, Ouagadougou;

H. Considerando que la población de Burkina Faso es predominantemente suní malikí, con grandes minorías religiosas cristianas e indígenas; que los límites entre religiones en Burkina Faso son fluidos, dado que los fieles de todas las religiones suelen adoptar prácticas sincréticas y lo normal es la tolerancia religiosa; que los lugares de culto tanto suníes como cristianos han sido recientemente objeto de ataques guerrilleros de grupos armados salafistas; que esto ha contribuido a aumentar las tensiones entre religiones, y que la persecución de comunidades religiosas, incluidos los miembros de numerosas confesiones cristianas, ha perturbado el tejido social y conducido a un aumento de los niveles de emigración;

I. Considerando que los grupos yihadistas desean ejercer presión sobre la coexistencia entre religiones en Burkina Faso, como parte de su estrategia más amplia para fomentar los conflictos interétnicos y religiosos y desplazar a la población;

J. Considerando que, a consecuencia de la falta de protección por parte del Gobierno, Justin Kientenga, obispo de la diócesis de Ouahigouya, en el noreste de Burkina Faso, ha recomendado medidas de seguridad para proteger mejor a los fieles cristianos;

K. Considerando que, a consecuencia de los actos violentos de agosto, el obispo de Dori y presidente de la Conferencia Episcopal de Burkina Faso y Níger, Laurent Birfuoré Dabiré, pidió a la comunidad global que aumentara su apoyo a los cristianos de Burkina Faso para evitar «la eliminación de la presencia cristiana»; que se han producido llamamientos reiterados para denunciar las amenazas de censura y en apoyo del diálogo interreligioso continuado;

L. Considerando que, en su plan de acción para salvaguardar los lugares de culto, publicado el 12 de septiembre de 2019, el secretario general de las Naciones Unidas destacó que los lugares de culto de todo el mundo deben ser puertos seguros para la reflexión y la paz, no lugares de derramamiento de sangre y de terror, y que las personas deben poder observar su fe y practicarla en paz;

M. Considerando que las organizaciones humanitarias, muchas de ellas de base confesional, desempeñan un papel fundamental para ayudar a las víctimas de la violencia, en particular a mujeres, niños y desplazados internos;

N. Considerando que el Gobierno de Burkina Faso parece carecer de capacidad para solucionar efectivamente los enormes problemas de seguridad, sociales y económicos del país; que algunas regiones, en particular en el noreste del país, están de hecho fuera del alcance del Gobierno central;

O. Considerando que Burkina Faso está entre los diez países más pobres del mundo; que la inestabilidad, el cambio climático y el conflicto en el país han reducido aún más las oportunidades económicas, han aumentado la pobreza y han dado lugar a acusadas carestías de alimentos; que ello se ha visto agravado por la rápida desertificación de la región septentrional, con las consecuencias de escasez de agua, degradación de los suelos y carestía de recursos; que, como consecuencia, más de un millón de personas corre riesgo de penuria de alimentos y un millón y medio necesitan con urgencia ayuda humanitaria;

P. Considerando que, en 2014, la tasa de alfabetización de adultos se estimaba en el 34,5 %; que el aumento de la inseguridad y el terrorismo en algunas regiones del país está repercutiendo negativamente en los sectores de la educación y la sanidad; que 85 centros sanitarios y más de 2 000 escuelas se han visto obligados a cerrar, lo que ha afectado a un millón de pacientes y 300 000 estudiantes, respectivamente; que otros 93 centros sanitarios están en su nivel mínimo de funcionamiento debido a la difícil situación de seguridad;

Q. Considerando que la violencia en Burkina Faso ha dado lugar al desplazamiento de cerca de medio millón de personas; que muchas de ellas son personas vulnerables y los menores son el 44 % de los desplazados; que Burkina Faso acoge además a 31 000 refugiados malíes; que el ACNUR tiene serios problemas para llegar a los desplazados internos y refugiados en Burkina Faso; que los desplazados internos y refugiados afectados por la crisis humanitaria en la región están expuestos a riesgos para su protección y su presencia podría dar lugar a conflictos con la población local por unos recursos naturales escasos de no tomarse medidas adecuadas para proporcionarles alojamiento, empleo y alimentos; que los resultantes conflictos por los recursos amenazan con alimentar aún más el ciclo de violencia en el país;

R. Considerando que, en los últimos siete años, la Unión ha movilizado más de 1 000 millones de euros para programas de desarrollo en Burkina Faso, y recientemente ha asignado 15,7 millones de euros para hacer frente al grave problema de la inseguridad alimentaria y la desnutrición entre los desplazados internos; que el país es uno de los beneficiarios principales de la ayuda financiera (628 millones de euros) del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y además recibe una ayuda financiera sustancial (245,8 millones de euros) del Fondo Fiduciario de Emergencia (financiado por el FED) para el periodo 2016-2020;

S. Considerando que Burkina Faso participa en la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA) y en la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), la Iniciativa Transahariana de Lucha contra el Terrorismo (TSCTP por sus siglas en inglés) y el G-5 del Sahel; que su participación en estas misiones e iniciativas ha convertido al país en un objetivo primordial para grupos armados no estatales que tratan de perturbar la contribución de Burkina Faso a la seguridad regional y de desalentar al país de prestarla; que un informe del secretario general de las Naciones Unidas ha puesto de relieve las violaciones de los derechos humanos cometidas por soldados malíes del G-5 del Sahel;

T. Considerando que la Unión contribuye directamente a la estabilidad de la región del Sahel con las misiones civiles EUCAP SAHEL en Mali y en Níger y a través de la Misión de Formación Militar de la Unión Europea en Mali (EUTM), aparte de hacerlo indirectamente por medio de la participación de los Estados miembros en la MINUSMA y en la operación Barkhane; que el G-5 del Sahel, apoyado por la Unión Europea, es un esfuerzo de defensa en colaboración entre Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger que refuerza la coordinación del desarrollo y la seguridad regionales para neutralizar grupos armados y reducir su atractivo; que en un ataque contra una base militar de Tahoua (Níger) que se produjo el 11 de diciembre de 2019 resultaron muertos 71 soldados nigerianos y 12 fueron heridos en el incidente más sangriento en la región desde 2016;

U. Considerando que, en la cumbre celebrada en Ouagadougou el 14 de septiembre de 2019, la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) anunció un plan por importe de 1 000 millones de dólares estadounidenses para combatir la inseguridad creciente en la región del Sahel;

V. Considerando que la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea tiene por objeto desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales;

1. Condena enérgicamente toda forma de violencia, intimidación y secuestro dirigidos contra civiles, personal de seguridad, lugares de culto y fieles en Burkina Faso, en particular la violencia contra determinadas comunidades religiosas, así como la instrumentalización política y el abuso de la religión para legitimar la persecución de cristianos y otras minorías religiosas;

2. Expresa sus condolencias a las familias de las víctimas y al Gobierno de Burkina Faso; expresa su solidaridad con el pueblo burkinés, sumido en el luto casi diariamente por los ataques contra civiles, fuerzas de seguridad y miembros de comunidades cristianas y otras minorías religiosas;

3. Pide a las autoridades nacionales que se esfuercen más por un diálogo nacional como elemento importante para construir la cohesión; destaca la necesidad de fomentar la unidad y el diálogo entre todas las comunidades de Burkina Faso, con participación de los líderes tradicionales y las organizaciones de la sociedad civil, a fin de contrarrestar los intentos de sembrar el odio y crear tensiones intracomunitarias;

4. Pide al Gobierno de Burkina Faso que aumente su apoyo a las comunidades musulmanas, cristianas y animistas y refuerce su protección, a fin de mantener la ya antigua tradición burkinesa de coexistencia pacífica del islam y la cristiandad; pide que se conceda más apoyo a las víctimas de violencia, en especial a las mujeres y los menores;

5. Recuerda que la lucha contra el terrorismo solo puede dar fruto si las fuerzas de seguridad respetan el Estado de Derecho y los derechos humanos; insta al Gobierno burkinés a que, en este sentido, ponga fin de inmediato a su estrategia abusiva frente a la insurgencia, y en particular a las ejecuciones sumarias de sospechosos, que pueden inflamar el conflicto arrojando a más personas en brazos de las filas islamistas;

6. Pide al Gobierno burkinés que cumpla con su compromiso de investigar los supuestos abusos por parte de las fuerzas del Estado, que adopte medidas concretas para prevenir nuevos abusos y que base su estrategia de lucha contra el terrorismo y el extremismo violento en el Estado de Derecho y el respeto de los derechos fundamentales, de conformidad con sus obligaciones en virtud del Derecho internacional y en particular del Derecho internacional en materia de derechos humanos, del Derecho internacional humanitario y el Derecho de los refugiados;

7. Insiste en la necesidad de un enfoque exhaustivo preventivo frente a la radicalización y el terrorismo, centrado en el refuerzo de la cohesión social y de la prevención de la delincuencia; pide a las autoridades burkinesas que redoblen sus esfuerzos por la reducción de la pobreza, que creen mejores perspectivas de empleo y que empoderen y respeten a las personas, con el fin de eliminar de raíz los agravios y frustraciones susceptibles de explotación por los extremistas violentos; reitera que la inversión en educación es esencial para la prevención de conflictos y la reconstrucción de las sociedades pacíficas e inclusivas;

8. Recuerda que la vinculación de la seguridad política con el desarrollo sostenible y también con la concienciación respecto a la cuestión religiosa mediante el fomento del diálogo interreligioso será esencial para encontrar una solución duradera a los diversos retos que afrontan Burkina Faso y la región del Sahel;

9. Pide una coordinación internacional en toda la región, en particular en el marco de la CEDEAO, con los objetivos políticos de salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de sus miembros, las instituciones democráticas regionales y la seguridad de todos los ciudadanos y sus propiedades; recuerda que la situación en Burkina Faso tiene un impacto directo en sus países vecinos; pide al Gobierno burkinés que refuerce la cooperación con los Estados vecinos, especialmente con respecto a las regiones septentrionales del país y a los Estados directamente afectados por la violencia, como Mali y Níger;

10. Felicita a la Unión y a sus Estados miembros por apoyar al G-5 del Sahel, a la MINUSMA y a la operación Barkhane; elogia asimismo los esfuerzos de las misiones civiles EUCAP Sahel en Mali y Níger y de la misión de entrenamiento militar EUTM Mali; pide a la Unión que siga reforzando su apoyo a Burkina Faso para hacer frente a los enormes desafíos en materia de seguridad en el país; destaca la necesidad de una acción internacional de seguridad más amplia y coordinada en Burkina Faso; pide a los países del G-5 del Sahel y a los donantes internacionales que redoblen sus esfuerzos para convertir sin demora la fuerza militar conjunta del G-5 del Sahel en una fuerza operativa con medios suficientes, dentro del pleno respeto de los derechos humanos;

11. Destaca que la seguridad es vital, pero que no es la única respuesta a los retos que afronta Burkina Faso, y que, por lo tanto, la coordinación entre seguridad y desarrollo y políticas comerciales es uno de los retos fundamentales; subraya que la seguridad de la población local debe ser el principio rector de la reforma del sector de la seguridad de la Unión y de los esfuerzos de asistencia en los países y regiones vulnerables;

12. Toma nota de que los conflictos, los desplazamientos y la desertificación dificultan el ejercicio de los empleos tradicionales; destaca que el 65 % de la población burkinesa tiene menos de 25 años de edad; considera que las operaciones de seguridad en Burkina Faso deben ir acompañadas de esfuerzos de desarrollo local destinados a reducir la desigualdad y mejorar las infraestructuras, la participación política, la administración de justicia, la emancipación de la mujer y las oportunidades económicas;

13. Constata el deterioro de la situación en Burkina Faso y sus implicaciones geopolíticas internacionales; hace hincapié en la necesidad de que prosiga la asistencia de la Unión en materia política y de seguridad, junto a los esfuerzos liderados por el G-5 del Sahel en la región, también por lo que se refiere al proceso de paz en Mali; pide un mayor apoyo a las fuerzas de seguridad de Burkina Faso para que puedan responder a las amenazas de ataques y actos de violencia yihadistas y sostener el control gubernamental en las regiones septentrionales y orientales del país;

14. Subraya que la coordinación internacional es también fundamental y que la Unión debería estar dispuesta a comprometerse aún más con el conjunto de la región e integrar este compromiso en su nueva «Estrategia UE-África — Una asociación para un desarrollo sostenible e integrador»;

15. Pide al SEAE que incluya la práctica efectiva del diálogo interreligioso como instrumento de su estrategia de comunicación con los países terceros, y que fomente la mediación en situaciones de conflicto con el fin de proteger a las minorías religiosas y la libertad de religión y de creencias;

16. Acoge favorablemente el plan de acción de las Naciones Unidas para salvaguardar los lugares de culto, desarrollado por la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas y anunciado por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, el 12 de septiembre de 2019;

17. Destaca que la prioridad de la lucha antiterrorista es acabar con la financiación internacional de los grupos armados yihadistas, por una parte, y atajar las causas profundas de la pobreza y la desigualdad, por otra;

18. Considera que la Unión debe trabajar con la CEDEAO, con el Gobierno y todas las partes interesadas en Burkina Faso para redoblar los esfuerzos de desarrollo, educación y adaptación al cambio climático con el fin de luchar contra la pobreza y evitar una mayor radicalización; hace hincapié en la importancia del cambio climático como multiplicador del riesgo de conflictos, sequías, hambrunas y desplazamientos; insta al Gobierno de Burkina Faso a que priorice la lucha contra la corrupción y la impunidad;

19. Manifiesta su especial preocupación por el impacto de las amenazas a la seguridad sobre la eficacia de la ayuda humanitaria y la cooperación para el desarrollo; insta a los Estados miembros y a la comunidad internacional a que refuercen su ayuda humanitaria a Burkina Faso, en particular mediante el suministro de alimentos, agua y servicios médicos; advierte de que se producirá otra crisis humanitaria si no se satisfacen las necesidades básicas de los desplazados y de las comunidades de acogida (de alimentos, agua, alojamiento y asistencia sanitaria);

20. Pide al Gobierno de Burkina Faso que garantice la prestación de ayuda humanitaria y alimentaria, en particular en las zonas de acceso humanitario limitado, y que adopte medidas específicas para reforzar las acciones de prevención y gestión de la desnutrición aguda en los campos de desplazados internos, prestando especial atención a los grupos vulnerables, incluidas las mujeres y los niños;

21. Insta al Gobierno de Burkina Faso a que garantice y facilite los movimientos de trashumancia de ganado para prevenir conflictos comunitarios, y a que incremente la disponibilidad y el acceso de los animales a alimentos, agua y cuidados en las zonas con déficits significativos de piensos;

22. Expresa su gratitud por el importante trabajo realizado por las ONG —incluidas las de carácter confesional— y por las instituciones internacionales en la prestación de ayuda a las numerosas víctimas de la violencia, y en particular a las mujeres y a los niños;

23. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al presidente de la República de Uganda, al presidente del Parlamento de Burkina Faso y a la Unión Africana y sus instituciones.

Última actualización: 19 de diciembre de 2019Aviso jurídico - Política de privacidad