Procedimiento : 2020/2913(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B9-0432/2020

Textos presentados :

RC-B9-0432/2020

Debates :

PV 17/12/2020 - 8.2
CRE 17/12/2020 - 8.2

Votaciones :

PV 17/12/2020 - 9
PV 17/12/2020 - 15

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0375

<Date>{16/12/2020}16.12.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0432/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0433/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0434/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0435/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0436/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 178kWORD 57k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN</TitreType>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Replacing>para sustituir a las propuestas de Resolución siguientes:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0432/2020 (Verts/ALE)

B9‑0433/2020 (S&D)

B9‑0434/2020 (ECR)

B9‑0435/2020 (Renew)

B9‑0436/2020 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>sobre el trabajo forzoso y la situación de los uigures en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang</Titre>

<DocRef>(2020/2913(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler‑Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loránt Vincze</Depute>

<Commission>{PPE}en nombre del grupo PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri</Depute>

<Commission>{S&D}en nombre del Grupo S&D</Commission>

<Depute>Engin Eroglu, Malik Azmani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}en nombre del Grupo Renew</Commission>

<Depute>Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}en nombre del Grupo Verts/ALE</Commission>

<Depute>Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bert‑Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska</Depute>

<Commission>{ECR}en nombre del Grupo ECR</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>


Resolución del Parlamento Europeo sobre el trabajo forzoso y la situación de los uigures en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang

(2020/2913(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la situación en China, en particular las de 19 de diciembre de 2019, sobre la situación de los uigures en China («cables de China»)[1]; de 18 de abril de 2019, sobre China, en particular la situación de las minorías religiosas y étnicas[2]; de 4 de octubre de 2018, sobre las detenciones arbitrarias masivas de uigures y kazajos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang[3]; de 12 de septiembre de 2018, sobre el estado de las relaciones UE-China[4]; de 15 de diciembre de 2016, sobre los casos de la Academia Budista tibetana de Larung Gar y de Ilham Tohti[5]; de 10 de marzo de 2011, sobre la situación y el patrimonio cultural en Kashgar (Región Autónoma Uigur de Xinjiang, China)[6]; y de 26 de noviembre de 2009, sobre China: derechos de las minorías y aplicación de la pena de muerte[7],

 Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2020, sobre la revisión de la política comercial de la UE[8],

 Vista el Premio Sájarov 2019 con el que fue galardonado Ilham Tohti, economista uigur que lucha de forma pacífica en favor de los derechos la minoría uigur en China,

 Vistos el Reglamento (UE) 2020/1998 del Consejo[9] y la Decisión (PESC) 2020/1999 del Consejo, de 7 de diciembre de 2020, sobre medidas restrictivas contra violaciones y abusos graves de los derechos humanos[10],

 Vistas las declaraciones de Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, tras el Consejo de Asuntos Exteriores de 7 de diciembre de 2018,

 Vistas las Conclusiones del Consejo, de 1 de diciembre de 2020, sobre derechos humanos y trabajo digno en las cadenas de suministro mundiales,

 Vistas las observaciones efectuadas por Charles Michell presidente del Consejo, tras la reunión celebrada por los dirigentes de la Unión y China el 14 de septiembre de 2020,

 Vista la declaración conjunta del presidente Michel y de la presidenta Von der Leyen sobre la defensa de los intereses y valores de la Unión en una asociación compleja y vital tras la 22.ª Cumbre UE-China celebrada el 22 de junio de 2020,

 Visto el llamamiento de los expertos de las Naciones Unidas en favor de la adopción de medidas ambiciosas para proteger las libertades fundamentales en China, de 26 de junio de 2020,

 Vista la declaración conjunta de la 21.ª Cumbre UE‑China de 9 de abril de 2019,

 Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 12 de marzo de 2019, titulada «UE-China – Una perspectiva estratégica» (JOIN(2019)0005),

 Vistas las Directrices de la Unión sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias, aprobadas por el Consejo de Asuntos Exteriores el 24 de junio de 2013,

 Vista la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 26 de octubre de 2018, sobre la situación en Xianjiang,

 Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 12 de marzo de 2019, titulada «UE-China – Una perspectiva estratégica» (JOIN(2019)0005),

 Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que establece que «nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre» y que «nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio»,

 Vistos el Marco Estratégico y el Plan de Acción de la Unión para los Derechos Humanos y la Democracia, de 25 de junio de 2012, que coloca la protección y la vigilancia de los derechos humanos en el centro de todas las políticas de la Unión,

 Vistas las Directrices de la Unión sobre la pena de muerte, en relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, sobre la libertad de expresión en internet y fuera de internet, y sobre los defensores de los derechos humanos,

 Vistos el artículo 36 de la Constitución de la República Popular China, que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la libertad religiosa, y el artículo 4, que consagra los derechos de las etnias minoritarias,

 Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966, que China firmó en 1998 pero que no ha ratificado jamás,

 Visto el Protocolo de 2014 al Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio, de 1930, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que no ha sido firmado por China,

 Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, de 2011,

 Vistos los informes del Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI, por sus siglas en inglés) titulados «Uyghurs for sale — Re-education, forced labour and surveillance beyond Xinjiang» (Los uigures en venta - Reeducación, trabajo forzoso y vigilancia más allá de Xinjiang) y «Cultural erasure – Tracing the destruction of Uyghur and Islamic spaces in Xinjiang» (Erradicación cultural - Análisis de la destrucción de espacios uigures e islámicos en Xinjiang), publicados en 2020, así como su proyecto de recogida de datos sobre Xinjiang (el «Xinjiang Data Project»),

 Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948,

 Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A. Considerando que el fomento y el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho deben seguir ocupando una posición central en la relación que vienen manteniendo desde hace tiempo la Unión y China, de conformidad con el compromiso de la Unión de respetar estos valores en su acción exterior y el interés manifestado por China por adherirse a estos valores en el marco de su cooperación al desarrollo e internacional;

B. Considerando que la situación en Xinjiang, donde residen más de diez millones de uigures musulmanes y kazajos, se ha deteriorado rápidamente, en particular desde la puesta en marcha en 2014 por el Gobierno chino de su campaña denominada «Duro ataque contra el terrorismo violento», y que los uigures y otras minorías étnicas mayoritariamente musulmanas en la Región autónoma Uigur de Xinjiang han sido objeto de detenciones arbitrarias, torturas, restricciones flagrantes de su cultura y prácticas religiosas y de un sistema de vigilancia digital tan generalizado que controla todos los aspectos de la vida cotidiana mediante cámaras de reconocimiento facial, el barrido de los teléfonos móviles, la recogida, la agregación y el procesamiento de datos personales y una presencia policial generalizada e invasiva; que se ha registrado un fortalecimiento general del régimen chino y un endurecimiento del trato prestado a las minorías, en particular uigures, tibetanos y mongoles, con objeto de asimilarlos imponiéndoles el estilo de vida de la mayoría china y la ideología comunista; que plataformas de actuación policial predictiva, como la Plataforma Integrada de Operación Conjunta (IJOP, por sus siglas en inglés), han sido utilizadas frecuentemente por la policía para rastrear a personas sospechosas sobre la base de comportamientos cotidianos, lícitos y no violentos;

C. Considerando que, según informaciones dignas de confianza, más de un millón de personas están o han sido detenidas en lo que se denominan centros de «reeducación política», lo que supone el mayor número de personas pertenecientes a una minoría étnica encarceladas en masa en todo el mundo en la actualidad; que el sistema de campos de internamiento en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang se encuentra en fase de expansión y que desde 2017 se han construido o ampliado 380 presuntos centros de detención y que entre julio de 2019 y julio de 2020 se construyeron o ampliaron al menos 61 centros de internamiento;

D. Considerando que el sufrimiento de los uigures también se extiende a los jóvenes; que según distintas informaciones ha habido niños que han sido internados en orfanatos públicos estatales aunque solo uno de sus progenitores se encuentre detenido en un campo de internamiento; que distintas investigaciones han revelado que a finales de 2019 más de 880 000 niños uigures habían sido trasladados a internados; que investigaciones verosímiles informan que las autoridades chinas han aplicado un programa oficial de medidas selectivas de prevención de la natalidad dirigido a las mujeres uigures que no es más que un intento de reducir la tasas de natalidad de la población uigur; que, en el marco de este programa, las autoridades chinas someten sistemáticamente a las mujeres uigures en edad fértil a abortos forzados, inyecciones intrauterinas y a la esterilización, y que el 80 % del total de los dispositivos intrauterinos (DIU) implantados en China en 2018 se registra en la Región Uigur, si bien solo representa el 1,8 % de la población china; que estas medidas de control de la natalidad entre la población uigur podrían cumplir los criterios para figurar entre los peores crímenes contra la humanidad;

E. Considerando que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas criticó en agosto de 2018 al Gobierno de la República Popular China por los abusos cometidos en Xinjiang, incluida la creación de centros de detención arbitraria masiva; que, en septiembre de 2018, en su primer discurso tras asumir el cargo, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo mención de acusaciones muy preocupantes en relación con detenciones arbitrarias a gran escala de uigures y de otras comunidades musulmanas en los denominados centros de reeducación en la región de Xinjiang;

F. Considerando que la nueva normativa en materia de asuntos religiosos que entró en vigor en China el 1 de febrero de 2018 resulta más restrictiva para los grupos y las actividades de carácter religioso y les obliga a alinearse más estrechamente con las políticas del Partido Comunista de China; que la libertad religiosa y la libertad de conciencia no se habían encontrado en peor situación desde el inicio de las reformas económicas y la apertura de China a finales de la década de los setenta del siglo pasado; que China es uno de los países con más presos religiosos; que informes fidedignos han revelado la destrucción deliberada y sistemática de mezquitas, iglesias y otros lugares de culto, en particular desde 2017, y que su número se ha reducido al nivel más bajo desde la Revolución Cultural;

G. Considerando que China todavía no ha ratificado cuatro de los ocho Convenios fundamentales de la OIT, a saber, el Convenio n.º 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación; el Convenio n.º 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva; el Convenio n.º 29 sobre el trabajo forzoso; y el Convenio n.º 105, sobre la abolición del trabajo forzoso; que China ha ratificado el Convenio n.º 111, sobre la discriminación (empleo y ocupación); y el Convenio n.º 100, sobre igualdad de remuneración; que los acuerdos de la OMC permiten la adopción de medidas comerciales en relación con los productos fabricados en prisión;

H. Considerando que, paralelamente a la campaña «Duro ataque contra el terrorismo violento», los programas de transferencia de mano de obra se han incrementado desde 2014, lo que permite pensar que se han convertido en una prioridad política para el Gobierno chino en tanto que instrumento de atenuación de la pobreza en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang; que se han difundido distintas informaciones veraces en relación con el trabajo forzoso realizado por la población uigur en las cadenas de producción en los sectores de la confección, la tecnología y el automóvil, en particular un informe de marzo de 2020 de la ASPI, que identificó 27 fábricas en nueve provincias chinas que utilizan el trabajo de al menos 80 000 uigures transferidos de Xinjiang entre 2017 y 2019; que estas fábricas suministran al menos a 82 marcas mundiales, incluidas las que son propiedad de numerosas empresas multinacionales europeas;

I. Considerando que China es uno de los mayores productores de algodón del mundo y que la Región Autónoma Uigur de Xinjiang suministra más del 20 % de la producción mundial de algodón; que China es el mayor productor y exportador de hilo y el mayor productor y exportador de productos textiles y de prendas de vestir; que el Gobierno chino tiene previsto duplicar la capacidad de fabricación en la Región Uigur en el horizonte 2025 y que la confección y los textiles constituyen un elemento clave de dicho plan; que, solo en 2018, tres regiones uigures por si solas movilizaron al menos a 570 000 personas para las operaciones de recogida del algodón en el marco de un programa coercitivo de formación y transferencia de mano de obra del gobierno; que es probable que, en el caso de Xinjiang, la mano de obra total de las minorías étnicas transferida para la recogida de algodón supere esta cifra en varios cientos de miles, lo que convierte al trabajo forzoso en una característica intrínseca y generalizada de la recogida de algodón en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang; que el 84 % del algodón chino procede de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, lo que implica que es muy probable que el hilo, los textiles y las prendas de vestir fabricadas con algodón chino estén mancillados con el trabajo forzoso y realizado en instituciones penitenciarias, independientemente de que se fabriquen en China o en cualquier otro lugar del mundo;

J. Considerando que se ha señalado que más de 80 marcas internacionales se han beneficiado directa o indirectamente del trabajo forzoso realizado por la población uigur en sus cadenas de suministro; que el actual contexto de opresión impide que se lleven a cabo investigaciones y auditorías independientes en la Región Uigur;

K. Considerando que las empresas no disponen de medios fiables para verificar que en un lugar de trabajo en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang no se ha recurrido al trabajo forzoso o para impedir el recurso al trabajo forzoso en estos lugares de trabajo, de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos y las normas de diligencia debida en materia de derechos humanos;

L. Considerando que, con arreglo a la legislación vigente de la Unión (ya sea a escala nacional o de la Unión), en las empresas no recae jurídicamente ningún tipo de responsabilidad que las obligue a adoptar medidas para evitar que contribuyan a las violaciones de los derechos humanos en sus cadenas de suministro; que la Directiva de la Unión sobre divulgación de información no financiera impone una obligación de información a las empresas pero no les obliga a adoptar medidas para evitar daños en sus cadenas de suministro ni permite que se les considere responsables;

M. Considerando que, con motivo de su audiencia en su Comisión de Comercio Internacional, el vicepresidente ejecutivo Dombrovskis indicó que la lucha contra el trabajo forzoso constituye una prioridad para la Unión y que las inversiones de la UE tendrán que respetar los convenios pertinentes de la OIT sobre el trabajo forzoso, también en el marco del Acuerdo global de inversiones UE-China;

N. Considerando que la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo está trabajando actualmente en una iniciativa sobre la diligencia debida de las empresas y la responsabilidad corporativa; que el Consejo publicó el 1 de diciembre de 2020 sus Conclusiones sobre derechos humanos y trabajo digno en las cadenas de suministro mundiales, en las que pide a la Comisión que presente una propuesta de marco jurídico de la Unión sobre gobernanza empresarial sostenible, que incluya las obligaciones de diligencia debida de las empresas en las cadenas de suministro mundiales; que la Comisión ha anunciado que presentará una propuesta legislativa sobre la gobernanza empresarial sostenible en el segundo trimestre de 2021, que abordará la necesidad de diligencia debida en materia de derechos humanos en las cadenas de valor;

O. Considerando que el Consejo ha adoptado una Decisión y un Reglamento por los que se establece el régimen de sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos, que permite a la Unión imponer medidas restrictivas a personas, entidades y organismos concretos —incluidos Estados y agentes no estatales— que sean responsables de casos de violaciones y abusos graves de los derechos humanos en todo el mundo, incluida la esclavitud, estén implicados en dichos casos o estén asociados a ellos;

P. Considerando que en 2019 el Congreso de los EE. UU. aprobó la Ley sobre la política de derechos humanos de los uigures; que, el 22 de septiembre de 2020, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la Ley de prevención del trabajo forzoso de los uigures, por la que se imponen diversas restricciones relacionadas con la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, incluida la prohibición de determinadas importaciones procedentes de Xinjiang y la imposición de sanciones a las personas y entidades responsables de violaciones de los derechos humanos en dicha región;

Q. Considerando que China ha progresado en los ámbitos económico y social, pero está fracasando estrepitosamente por lo que se refiere al respeto de las normas internacionales básicas en materia de derechos humanos y de libertades fundamentales;

R. Considerando que la Unión, en su Marco Estratégico sobre Derechos Humanos y Democracia, asumió el compromiso de redoblar los esfuerzos para promover los derechos humanos, la democracia y el estado de Derecho en todos los componentes de su acción exterior, y de colocar los derechos humanos en el centro de sus relaciones con todos los terceros países, incluidos sus socios estratégicos;

1. Condena enérgicamente el sistema de trabajo forzoso bajo dirección gubernamental, en particular la explotación de los uigures, las personas de las etnias kazaja y kirguisa, así como otros grupos minoritarios musulmanes, en fábricas tanto dentro como fuera de los campos de internamiento de Xinjiang, y el traslado de trabajadores forzosos a otras divisiones administrativas chinas, así como el hecho de que conocidas marcas y empresas europeas sacan provecho de la utilización del trabajo forzoso; pide a los agentes pertinentes del sector privado que evalúen sus compromisos en Xinjiang, ejerzan su responsabilidad empresarial, realicen auditorías independientes en materia de respeto de los derechos humanos en la totalidad de sus cadenas de suministro y pongan fin a las relaciones de negocios cuando se constate que en su marco se amparan violaciones de los derechos humanos o cuando sea imposible determinar la existencia de violaciones de los derechos humanos, directa o indirectamente, a través de la actividad de uno de sus proveedores o relaciones de negocios en su cadena de valor en China;

2. Manifiesta su profunda preocupación a la vista del régimen cada vez más opresivo al que se enfrentan numerosas minorías religiosas y étnicas, en particular los uigures y los kazajos, y que viola su dignidad humana y sus derechos a la libertad de expresión cultural y de religión, a la libertad de palabra y de expresión, y a la libertad de reunión y asociación pacíficas; lamenta el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en China continental y en Hong Kong, y exhorta a las autoridades chinas a respetar las libertades fundamentales;

3. Lamenta profundamente la persecución en curso y las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos que equivalen a crímenes contra la humanidad; insta al Gobierno chino a que ponga fin de inmediato a las detenciones arbitrarias sin cargo, juicio ni condena por infracciones penales de miembros de las minorías uigur y de otras minorías musulmanas, y a que cierre todos los campos y centros de detención y ponga en libertad inmediatamente y sin condiciones a las personas detenidas; pide a las autoridades chinas que pongan término a los programas de trabajo forzoso y esterilización masiva patrocinados por el Gobierno; pide a las autoridades chinas de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang que faciliten información acerca del paradero y el estado de salud de las personas detenidas y las pongan en libertad inmediatamente si no hay pruebas de que han participado efectivamente en actividades delictivas;

4. Condena enérgicamente la amplia utilización de tecnologías digitales de vigilancia para supervisar y controlar a la población de Xinjiang y las pruebas, que según revelaciones recientes, se han realizado con programas de reconocimiento facial que podrían enviar «alarmas uigures» a las autoridades gubernamentales cuando sus sistemas de cámaras identifiquen a miembros de la minoría uigur; lamenta que China no esté cumpliendo los compromisos que asumió al adherirse a los principios de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos sobre una inteligencia artificial centrada en el ser humano y al haber suscrito la declaración del G-20 de junio de 2019, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan instando a China a que cumpla sus propios compromisos a ese respecto;

5. Pide a las autoridades chinas que permitan un acceso libre, efectivo y sin trabas a la provincia de Xinjiang y un acceso sin restricciones a los campos de internamiento para periodistas y observadores internacionales, incluidos funcionarios de la Unión, tras la invitación por parte del presidente Xi Jinping en la Cumbre UE-China del 14 de septiembre de 2020, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos y los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; pide que la Unión y los Estados miembros sigan insistiendo en que se organice una misión de investigación de las Naciones Unidas a Xinjiang y se nombre a un enviado especial;

6. Pide a China que autorice una misión del Parlamento Europeo a Xinjiang con la condición de que se le conceda un acceso libre y sin restricciones, garantizándose al mismo tiempo la confidencialidad y la seguridad de la población local;

7. Condena enérgicamente la campaña masiva del Partido Comunista Chino para rebajar los índices de natalidad de la población uigur en Xinjiang y pide a las autoridades chinas que pongan fin inmediatamente a todas las medidas destinadas a prevenir los nacimientos entre la población uigur, incluidas las esterilizaciones forzadas, los abortos provocados o las sanciones contra las violaciones del control de los nacimientos;

8. Insta al Gobierno chino a ratificar y aplicar el Convenio n.º 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo forzoso, el Convenio n.º 105 de la OIT sobre la abolición del trabajo forzoso, el Convenio n.º 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el Convenio n.º 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva; insta a China a ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

9. Manifiesta su profunda preocupación a la vista de las informaciones sobre el acoso a uigures que viven en el extranjero por parte de las autoridades chinas con el fin de obligarlos a actuar como informantes contra otros uigures, regresar a Xinjiang o guardar silencio sobre la situación de la región, deteniendo en ocasiones a sus familiares; pide a la Comisión y a todos los Estados miembros de la Unión que investiguen esas informaciones con carácter urgente, velen por la protección de los miembros de la diáspora de Xinjiang y agilicen las solicitudes de asilo presentadas por uigures y otros musulmanes de origen túrquico; acoge con satisfacción la decisión adoptada por Alemania y Suecia de suspender el retorno a China de todas las personas de etnia uigur y kazaja u otros musulmanes de origen túrquico, a la vista del riesgo de detención arbitraria, tortura u otros malos tratos;

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que inicien un diálogo con los países en los que los uigures corren el riesgo de ser expulsados a China, con el fin de evitar que se produzcan tales expulsiones; pide a los miembros del Consejo que suspendan sus tratados de extradición con la República Popular China con el fin de impedir la extradición de uigures, ciudadanos de Hong Kong, tibetanos o disidentes chinos en Europa para que sean objeto de un juicio político en la República Popular China;

11. Pide a la Unión que fomente de forma proactiva una investigación independiente de las Naciones Unidas sobre China, con vistas a garantizar la rendición de cuentas por los delitos cometidos;

12. Expresa su profunda preocupación a la vista de las medidas del Estado chino para garantizar la «supervisión integral» de Xinjiang mediante la implantación del sistema de vigilancia electrónica Skynet en las principales zonas urbanas y dispositivos de localización por GPS en todos los vehículos de motor, el uso de escáneres de reconocimiento facial en los puntos de control y en las estaciones de tren y las gasolineras, utilizando programas informáticos basados en sistemas de cámaras de inteligencia artificial para identificar a los uigures y otros miembros de grupos étnicos minoritarios, y la campaña de obtención de muestras de sangre por la policía de Xinjiang con el fin de seguir ampliando la base de datos de ADN de China; expresa su profunda preocupación ante las últimas revelaciones relativas a una lista de más de 2 000 uigures detenidos en la prefectura de Aksu entre 2016 y 2018; expresa su aún mayor preocupación por el hecho de que China está exportando esas tecnologías a regímenes autoritarios de todo el mundo; pide a la Unión y a los Estados miembros que lleven un seguimiento de la adquisición y el desarrollo de esas tecnologías, así como de la actividad de sus proveedores, y que se abstengan de darles acceso a la financiación pública y a la contratación pública nacionales y de la Unión;

13. Critica la adquisición de cámaras térmicas Hikvision por parte de la administración del Parlamento y la Comisión; insiste en que se implante una política de contratación pública prudente que tenga debidamente en cuenta las cuestiones relativas a los derechos humanos; insta a la administración del Parlamento y a su presidente a que rompan de inmediato toda relación comercial directa o indirecta con Hikvision y mejoren la transparencia de sus actividades de contratación pública;

14. Pide a las autoridades chinas que pongan en libertad de inmediato y sin condiciones a Ilham Tohti, profesor uigur galardonado con el Premio Sájarov 2019, y garanticen entretanto que tenga contacto regular y sin restricciones con su familia y los abogados de su elección, y que no sea sometido a tortura u otros malos tratos; pide que se investiguen con carácter inmediato y de manera eficaz e imparcial las supuestas torturas a Ilham Tohti y que los responsables sean llevados ante los tribunales;

15. Acoge con satisfacción la inclusión en el programa de trabajo de la Comisión para 2021 de una iniciativa legislativa relativa a una normativa obligatoria sobre la diligencia debida en la cadena de suministro en materia de derechos humanos; pide a la Comisión que adopte en el segundo trimestre de 2021 a más tardar, y con arreglo a lo previsto, propuestas legislativas relevantes consistentes en tres propuestas distintas pero que se refuerzan mutuamente, a saber, sobre las obligaciones de los consejos de administración y la gobernanza empresarial sostenible, sobre la diligencia debida de las empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente, y sobre la reforma de la Directiva sobre divulgación de información no financiera; opina que, a fin de abordar eficazmente la cuestión del trabajo forzoso y otras violaciones de los derechos humanos en las cadenas de suministro de las empresas, dicha legislación debe incluir también la prohibición de introducir en el mercado de la Unión los bienes pertinentes; recuerda, a ese respecto, su posición expuesta en su reciente Resolución sobre la revisión de la política comercial, en la que pedía medidas complementarias, como la prohibición de importar productos vinculados a violaciones graves de los derechos humanos, como el trabajo forzoso o el trabajo infantil;

16. Pide a los Estados miembros que, de acuerdo con sus competencias y circunstancias nacionales, redoblen sus esfuerzos por aplicar eficazmente los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, en particular mediante planes de acción nacionales nuevos o actualizados que combinen medidas voluntarias y obligatorias;

17. Opina que el Acuerdo Global de Inversiones con China ha de incluir compromisos adecuados para respetar los convenios internacionales contra el trabajo forzoso; estima, en particular, que, por ello, China debe ratificar los Convenios n.º 29 y n.º 105 de la OIT;

18. Acoge con satisfacción el reciente acuerdo alcanzado por los colegisladores sobre la reforma del Reglamento de la Unión sobre productos de doble uso sobre la base de consideraciones de seguridad nacional y de derechos humanos;

19. Insta a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros a que adopten todas las medidas necesarias para convencer al Gobierno chino de que cierre los campos y ponga término a todas las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang y en otros lugares, como el Tíbet; pide a la Unión y a sus Estados miembros que reiteren este mensaje al Gobierno chino en toda ocasión que se presente y a los niveles más elevados; lamenta que el enfoque adoptado y los instrumentos utilizados hasta ahora por la Unión no hayan generado mejoras tangibles en los resultados registrados en China en materia de derechos humanos, que no han hecho sino deteriorarse este último decenio; insta a la Comisión a que elabore y aplique una estrategia global de la Unión con vistas a garantizar que los derechos humanos avancen realmente en China; insta a las autoridades chinas a que sigan aplicando las reformas nacionales necesarias para la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, firmado por China en 1998, y a que pongan en práctica las recomendaciones de los órganos de las Naciones Unidas especializados en el ámbito de los derechos humanos;

20. Acoge con satisfacción la adopción del régimen de sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos el 7 de diciembre de 2020; pide a los Estados miembros y al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que evalúen rápidamente la adopción de sanciones contra funcionarios chinos y entidades dirigidas por el Estado chino, como Xinjiang Production and Construction Corporation, responsables del diseño y la aplicación de la política de detención masiva de uigures y otros musulmanes túrquicos en Xinjiang, del uso del trabajo forzoso y de organizar la grave represión de la libertad religiosa, la libertad de circulación y otros derechos básicos en la región y en otros lugares, como el Tíbet;

21. Pide al Consejo y a la Comisión que apliquen el paquete de medidas acordado en julio, incluida la creación de un «plan de botes salvavidas» para las personas oprimidas en China, tras el continuado deterioro de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

22. Reitera su apoyo al próximo Diálogo UE-EE. UU. sobre China, e insta a que los derechos humanos ocupen un lugar destacado en su orden del día; pide una mayor coordinación entre las democracias a la hora de aplicar sanciones y otras medidas para abordar las violaciones de los derechos humanos en China continental y Hong Kong, así como los retos geopolíticos que plantea la República Popular China;

23. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como al Gobierno y a la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China.

[1] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0110.

[2] Textos Aprobados, P8_TA(2019)0422.

[3] DO C 11 de 13.1.2020, p. 25.

[4] DO C 433 de 23.12.2019, p. 103.

[5] DO C 238 de 6.7.2018, p. 108.

[6] DO C 199 E de 7.7.2012, p. 185.

[7] DO C 285 E de 21.10.2010, p. 80.

[8] Textos Aprobados, P9_TA(2020)0337.

[9] DO L 410I de 7.12.2020, p. 1.

[10] DO L 410I de 7.12.2020, p. 13.

Última actualización: 16 de diciembre de 2020Aviso jurídico - Política de privacidad