Procedimiento : 2020/2914(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B9-0440/2020

Textos presentados :

RC-B9-0440/2020

Debates :

PV 17/12/2020 - 8.3
CRE 17/12/2020 - 8.3

Votaciones :

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0376

<Date>{16/12/2020}16.12.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0440/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0441/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0443/2020</NoDocSe> }
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PDF 164kWORD 53k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN</TitreType>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Replacing>para sustituir a las propuestas de Resolución siguientes:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0440/2020 (Verts/ALE)

B9‑0441/2020 (S&D)

B9‑0443/2020 (Renew)

B9‑0444/2020 (ECR)

B9‑0445/2020 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>sobre Irán, en particular el caso de Nasrín Sotudé, galardonada con el Premio Sájarov en 2012</Titre>

<DocRef>(2020/2914(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler‑Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loránt Vincze, Ioan‑Rareş Bogdan, Janina Ochojska</Depute>

<Commission>{PPE}en nombre del grupo PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Jytte Guteland</Depute>

<Commission>{S&D}en nombre del Grupo S&D</Commission>

<Depute>Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Marie‑Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}en nombre del Grupo Renew</Commission>

<Depute>Hannah Neumann, Ernest Urtasun</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}en nombre del Grupo Verts/ALE</Commission>

<Depute>Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska</Depute>

<Commission>{ECR}en nombre del Grupo ECR</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

ENMIENDAS

Resolución del Parlamento Europeo sobre Irán, en particular el caso de Nasrín Sotudé, galardonada con el Premio Sájarov en 2012

(2020/2914(RSP))

 

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores resoluciones sobre Irán, especialmente la de 13 de diciembre de 2018 sobre Irán, en particular el caso de Nasrín Sotudé[1], y la de 17 de septiembre de 2019, sobre la situación de los defensores de los derechos de la mujer y de los nacionales de la Unión con doble nacionalidad encarcelados[2],

 Vista la declaración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), de 9 de diciembre de 2020, sobre Irán, en la que solicita la liberación de Nasrín Sotudé,

 Vista la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 12 de diciembre de 2020, sobre la ejecución de Ruholá Zam,

 Vista la declaración de la ACNUDH, de 25 de noviembre de 2020, en la que pide a Irán que suspenda la ejecución de Ahmadreza Djalali,

 Vista la declaración del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, de 26 de octubre de 2020, en la que insta a que se rindan cuentas por la violenta represión de las manifestaciones, y su informe, de 21 de julio de 2020, sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán,

 Visto el 5.º Diálogo de Alto Nivel Unión Europea-Irán, del 9 de diciembre de 2020,

 Vistas las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos,

 Vistas las Directrices de la Unión sobre la pena de muerte, sobre la tortura y sobre la libertad de expresión,

 Vista la concesión del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a Nasrín Sotudé en 2012,

 Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948,

 Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A. Considerando que Nasrín Sotudé, ganadora del Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia de 2012, es una abogada iraní, activista pro derechos humanos y presa política que desde hace 15 años lucha por los derechos de mujeres, menores, minorías religiosas, periodistas y artistas, así como de condenados a la pena de muerte, y que, como consecuencia de ello, ha sufrido ataques y acoso constantes por parte de las autoridades iraníes y ha sido detenida y encarcelada en varias ocasiones; que su enjuiciamiento y los cargos presentados contra ella demuestran hasta qué punto el poder judicial iraní está criminalizando el activismo pro derechos humanos;

B. Considerando que Nasrín Sotudé está privada de libertad arbitrariamente desde el 13 de junio de 2018 por defender a mujeres que habían protestado contra la ley iraní que impone el uso obligatorio del hiyab y fue condenada en rebeldía en marzo de 2019 a 33 años de prisión y 148 latigazos; que expertos de las Naciones Unidas han expresado en numerosas ocasiones su profunda preocupación por el carácter arbitrario de su detención actual y han pedido su liberación;

C. Considerando que Nasrín Sotudé fue liberada temporalmente el 7 de noviembre de 2020 tras una prueba positiva de COVID-19; que el 2 de diciembre de 2020 se le ordenó volver a la prisión de Qarchak, establecimiento penitenciario de Teherán para mujeres conocido por sus condiciones de detención crueles e inhumanas; que esta decisión de las autoridades iraníes puede ponerla en peligro de muerte y prolonga, además, su encarcelamiento arbitrario contraviniendo las obligaciones de Irán en virtud del Derecho internacional en materia de derechos humanos;

D. Considerando que la familia, los familiares y los amigos de Nasrín Sotudé, en particular su marido Reza Jandán, han sido señalados por las autoridades iraníes con objeto de silenciarlos y poner fin a cualquier campaña en favor de la liberación de Nasrín Sotudé;

E. Considerando que la detención de Nasrín Sotudé se inscribe en la intensificación de la represión contra los defensores de los derechos de las mujeres en Irán; que los defensores de los derechos de las mujeres que han luchado activamente a favor del empoderamiento de las mujeres y de sus derechos han sido víctimas de acoso y de detención y encarcelamiento arbitrarios, y que se ha conculcado su derecho al respeto de las garantías procesales y a un juicio justo;

F. Considerando que Ahmadreza Djalali, médico y catedrático irano-sueco de la Universidad Libre de Bruselas (VUB, Bélgica) y la Università degli Studi del Piemonte Orientale (Italia), condenado a muerte por acusaciones espurias de espionaje en octubre de 2017, al parecer ha sido transferido a un régimen de aislamiento previo a su ejecución, a pesar de constataciones ampliamente difundidas que confirman que su juicio fue manifiestamente injusto y que su condena se basó en una confesión arrancada con torturas; que ha recibido amenazas de funcionarios iraníes de que le matarían a él y a su familia en Suecia e Irán; que, en una carta escrita en la prisión política de Evin, señaló que el motivo de su detención era que se había negado a espiar a las instituciones europeas para Irán; considerando que el Dr. Djalali fue informado el 24 de noviembre de 2020 de que su ejecución era inminente;

G. Considerando que el 12 de diciembre de 2020 el periodista Ruholá Zam fue ejecutado en la horca tras una apresurada decisión del Tribunal Supremo, de 8 de diciembre de 2020, de confirmar su pena capital por vagas acusaciones de «sembrar la corrupción en la tierra», respaldadas por confesiones arrancadas por la fuerza; que el Sr. Zam, a quien se había concedido asilo en Francia en 2009 y que gestionaba un popular canal de Telegram crítico con las autoridades iraníes, fue atraído con engaños a Irak, donde fue secuestrado por las autoridades iraníes, que lo trasladaron a Irán; que su ejecución por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión constituye una violación flagrante del Derecho internacional en materia de derechos humanos;

H. Considerando que el ciudadano de la Unión y eminente académico franco-iraní Fariba Adelkhah, director de investigación de la Universidad Sciences Po de París, está encarcelado arbitrariamente desde junio de 2019 en la prisión de Evin;

I. Considerando que siguen detenidas personas con doble nacionalidad de la Unión e iraní, y que su detención implica un régimen de aislamiento prolongado e interrogatorios sin las debidas garantías procesales ni acceso a un juicio justo y con largas penas de prisión basadas en acusaciones vagas o indeterminadas de «seguridad nacional» y «espionaje»; que Irán no reconoce la doble nacionalidad, lo que limita el acceso de las embajadas extranjeras a sus ciudadanos con doble nacionalidad detenidos en el país;

J. Considerando que los tribunales iraníes no respetan las garantías procesales ni garantizan el derecho a un juicio justo, deniegan el acceso a la asistencia de un abogado, en particular durante el período de investigación, y no permiten visitas consulares, de las Naciones Unidas o de organizaciones humanitarias; que las condenas impuestas por los tribunales iraníes se basan con frecuencia en acusaciones vagas e imprecisas de espionaje o relacionadas con la seguridad nacional; que no hay mecanismos independientes para garantizar la rendición de cuentas en el seno del poder judicial y que sigue habiendo motivos de grave inquietud por la politización de los jueces;

K. Considerando que las autoridades iraníes han reaccionado con una dura represión ante las protestas de la sociedad civil en Irán contra la pobreza, la inflación, la corrupción y el autoritarismo político; que los servicios de inteligencia iraníes han intensificado su represión contra trabajadores de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, abogados, defensores del medio ambiente, defensores de los derechos de las mujeres, estudiantes, periodistas, profesores, camioneros y activistas pacíficos;

L. Considerando que los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas han instado a Irán a que garantice los derechos de los defensores de los derechos humanos y los abogados encarcelados por apoyar públicamente las protestas contra el uso obligatorio del hiyab en Irán y han reiterado su profunda preocupación por las continuas ejecuciones de delincuentes juveniles en Irán;

M. Considerando que son numerosas las informaciones sobre las condiciones inhumanas y degradantes de los establecimientos penitenciarios y la falta de un acceso adecuado a atención médica durante el encarcelamiento con el fin de intimidar, castigar o coaccionar a los presos, en contravención de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos;

N. Considerando que docenas de defensores de los derechos humanos, periodistas, abogados y activistas siguen entre rejas por su activismo pacífico y han sido excluidos de la clemencia y las liberaciones temporales promulgadas durante la pandemia de COVID-19 para reducir el hacinamiento en las cárceles;

O. Considerando que el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, en su informe anual presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de julio de 2020, se declaró consternado por la imposición continuada de penas de muerte en Irán y por las numerosas ejecuciones practicadas, y afirmó que los informes recibidos ponen de manifiesto la tendencia constante a restringir la libertad de expresión y la discriminación continua contra las minorías y las mujeres;

P. Considerando que, en este mismo informe, el relator especial de las Naciones Unidas afirma que, a pesar de las claras pruebas de que las fuerzas de seguridad iraníes emplearon en las manifestaciones de noviembre de 2019 una fuerza excesiva y letal, causando la muerte de más de 300 personas, incluidos mujeres y niños, las autoridades iraníes siguen sin llevar a cabo casi un año después una investigación conforme a las normas internacionales;

Q. Considerando que la imposición de penas de muerte a manifestantes ha ido en aumento, siguiendo una pauta de obtención de supuestas confesiones mediante torturas y de ejecución inmediata de los manifestantes sin informar a sus abogados o a sus familiares, como ocurrió con el caso de la estrella de la lucha Navid Afkari, ejecutado el 12 de septiembre de 2020 por cargos que negaba íntegramente; que sus hermanos siguen encarcelados y han sido condenados a larguísimas penas de prisión por haber participado en manifestaciones contra el Gobierno;

R. Considerando que el Parlamento aprobó una Resolución en la que solicitaba la creación de una unidad de comunicación estratégica del SEAE dedicada a Oriente Próximo, en especial a Irán;

S. Considerando que se están utilizando tecnologías de vigilancia masiva para sofocar las protestas en línea y en la calle, también mediante la censura en línea; que los medios de comunicación estatales han llevado a cabo campañas de desinformación contra manifestantes y defensores de los derechos humanos, en las que han participado destacadas figuras nacionales, con el objetivo de distorsionar las protestas de noviembre de 2019;

1. Condena enérgicamente la detención arbitraria, la condena y el reciente reingreso en prisión de la defensora y abogada Nasrín Sotudé, y pide a las autoridades de la República Islámica de Irán su urgente liberación con carácter inmediato e incondicional y que le permitan recibir la asistencia sanitaria que precisa;

2. Condena enérgicamente la ejecución el 12 de diciembre de 2020 de Ruholá Zam, periodista residente en Francia y editor del canal de Telegram Amad News, y del luchador Navid Afkari el 12 de septiembre de 2020; expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros; pide a la Unión Europea y a las instituciones de sus Estados miembros que ofrezcan una protección más eficaz a los nacionales iraníes que residen en la Unión y que son objeto de acoso y amenazas por parte de los servicios de inteligencia iraníes;

3. Pide a Irán que suspenda de forma inmediata a la inminente ejecución de Ahmadreza Djalali, académico sueco-iraní, lo ponga en libertad y le indemnice, y que deje de amenazar a su familia en Irán y Suecia; condena enérgicamente, además, su tortura, detención arbitraria y condena a muerte; toma nota de que el 24 de noviembre de 2020 se informó al Dr. Djalali de que las autoridades judiciales habían dictado una orden de ejecución de la sentencia y que se le sometió a un régimen de aislamiento en la sección 209 de la prisión de Evin; reitera su llamamiento en favor de la intervención urgente del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) y de los Estados miembros de la Unión con el fin de detener cualquier plan de ejecución de Ahmadreza Djalali, anular su pena de muerte y asegurar su liberación inmediata;

4. Pide a todos los Estados miembros de la Unión que emitan declaraciones públicas y lancen iniciativas diplomáticas conjuntas con el fin de supervisar los juicios injustos y visitar las prisiones en las que estén detenidos defensores de los derechos humanos y otros presos de conciencia, incluidos nacionales de la Unión Europea en Irán, en consonancia con las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos;

5. Pide al Gobierno de Irán que libere de forma inmediata e incondicional a los cientos de personas detenidas arbitrariamente por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de opinión y expresión, incluidos manifestantes, periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, disidentes políticos, artistas, escritores y defensores de los derechos humanos, en particular abogados, defensores de los derechos de la mujer, activistas de derechos laborales, defensores de los derechos de las minorías, conservacionistas, activistas contra la pena de muerte y otros, y también a quienes exigen verdad, justicia y una reparación por las ejecuciones extrajudiciales en masa de los años ochenta; hace hincapié en que, a la espera de su liberación, las autoridades iraníes deben garantizar su salud física y mental;

6. Insta a Irán a que retire con carácter inmediato todos los cargos y levante todas las restricciones de viaje impuestas a todos los nacionales europeos que también tengan la nacionalidad iraní y que sean objeto de detenciones arbitrarias y otras medidas restrictivas, como en los casos de Fariba Adelkhah, Nahid Taghavi, Kamil Ahmadi y Nazanin Zaghari-Ratcliffe; reitera su petición para que sean liberados de forma inmediata e incondicional Kamran Ghaderi, Masud Mosaheb y Morad Tahbaz, quienes actualmente se encuentran detenidos en cárceles iraníes, y denuncia, una vez más, la práctica continuada del encarcelamiento de personas con doble nacionalidad iraní y de la UE por parte del poder judicial iraní tras unos juicios injustos, y su falta de acceso a apoyo consular;

7. Expresa su preocupación por la agresión física y el traslado forzoso a la prisión de Evin, el 13 de diciembre de 2020, de la defensora de los derechos humanos Golroj Iraee; pide que se aclare inmediatamente su situación y reitera su petición de que sea liberada;

8. Condena en sus términos más enérgicos la represión de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica; insta a las autoridades iraníes a que garanticen la plena aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Irán es Parte, y a que velen por las garantías procesales de todos los detenidos y por su derecho a un juicio justo, incluido el derecho a estar representados por un abogado de su elección;

9. Condena las restricciones impuestas al espacio cívico, el uso de la pena de muerte como arma de represión política, las amputaciones, la flagelación y otras penas crueles e inhumanas incluidas en el Código penal iraní, las condiciones de detención crueles e inhumanas, las confesiones obtenidas mediante torturas o malos tratos y el juicio de civiles ante tribunales revolucionarios; denuncia el uso de la pena de muerte como elemento disuasorio contra el activismo pacífico en materia de derechos humanos y el derecho a ejercer la libertad de expresión; pide al Gobierno iraní que declare una moratoria inmediata de todas las ejecuciones pendientes, con vistas a la abolición total de la pena de muerte;

10. Señala los progresos realizados por las mujeres iraníes en los campos de la educación, la ciencia y la investigación, ejemplificados por el hecho de que la mayoría de los estudiantes en las universidades iraníes son mujeres; pide a las autoridades de la República Islámica de Irán que eliminen, jurídicamente y en la práctica, todas las formas de discriminación y otras violaciones de los derechos humanos contra las mujeres y las niñas; respalda firmemente a las defensoras iraníes de los derechos humanos que siguen defendiendo los derechos humanos a pesar de las dificultades a las que se enfrentan y de las repercusiones personales que sufren;

11. Pide a las autoridades iraníes que aborden todas las formas de discriminación contra las personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas, incluidos los cristianos y los bahaíes, y las personas LGBTI, y que liberen inmediata e incondicionalmente a todas las personas encarceladas por ejercer su derecho a la libertad de religión o de creencias o por su orientación sexual;

12. Pide la apertura de una investigación dirigida por las Naciones Unidas sobre los crímenes con arreglo al Derecho internacional y otras violaciones graves de los derechos humanos cometidos durante las protestas de noviembre de 2019 y enero de 2020; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que adopten medidas restrictivas específicas contra los funcionarios responsables de estos abusos;

13. Respalda firmemente las aspiraciones del pueblo iraní, que desea vivir en un país libre, estable, integrador y democrático que respete sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales; pide a las autoridades iraníes que garanticen investigaciones independientes e imparciales de todas las muertes acaecidas en estas protestas, de todas las personas sospechosas de tener responsabilidad penal por el asesinato de manifestantes, y de todos los casos de víctimas que hayan sido objeto de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales; pide asimismo a las autoridades iraníes que exhumen y devuelvan los restos de las víctimas a sus familias, que identifiquen y enjuicien a los autores y que ofrezcan soluciones resarcitorias eficaces a las víctimas;

14. Se felicita por la adopción del mecanismo de sanciones contra las violaciones de los derechos humanos, la denominada Ley Magnitski, por parte del Consejo, como un importante instrumento de la Unión de cara a sancionar a los violadores de los derechos humanos; pide medidas selectivas contra los funcionarios iraníes que hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos, incluidas las recientes ejecuciones de Ruholá Zam y Navid Afkari y la detención arbitraria de personas con doble nacionalidad y extranjeros en Irán, así como contra los implicados en graves violaciones de los derechos humanos, incluidos los jueces que hayan condenado a muerte a periodistas, defensores de los derechos humanos, disidentes políticos y activistas;

15. Considera que serán necesarias nuevas sanciones selectivas si las autoridades iraníes no liberan al Dr. Djalali, como solicitan la Unión Europea y sus Estados miembros;

16. Pide al Consejo que plantee las violaciones de los derechos humanos como un elemento central de su cooperación bilateral con Irán, en consonancia con la declaración conjunta acordada por el VP/AR y el ministro iraní de Asuntos Exteriores en abril de 2016; pide al SEAE que siga incluyendo los derechos humanos, en particular la situación de los defensores de los derechos humanos, en el contexto del Diálogo de Alto Nivel UE-Irán, y pide encarecidamente a las autoridades iraníes que pongan fin a todos los actos de intimidación y represalia contra los defensores de los derechos humanos por ponerse en contacto con funcionarios de la Unión Europea y de las Naciones Unidas;

17. Pide al SEAE y a los Estados miembros de la Unión que apoyen plenamente a los galardonados con el Premio Sájarov a través de sus representaciones diplomáticas y consulares y creando un grupo de trabajo interinstitucional interno en apoyo de los galardonados que estén en peligro; opina que debe reforzarse el apoyo a los galardonados en situación de riesgo por parte de las delegaciones de la Unión;

18. Pide al SEAE que refuerce sus capacidades para contrarrestar las injerencias y la desinformación iraníes en territorio europeo; insta a las autoridades iraníes a que levanten su censura de los servicios y contenidos en línea y a que se abstengan de imponer cierres de internet, incompatibles con los derechos humanos internacionales;

19. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que aborden la especial vulnerabilidad de las defensoras de los derechos humanos mediante medidas de protección adecuadas que las protejan de los riesgos específicos y de género a los que están expuestas;

20. Pide a las autoridades iraníes que cursen una invitación permanente de visita a todos los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que cooperen de manera proactiva; insta a las autoridades iraníes a que garanticen en particular que se permita la entrada en el país del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán;

21. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al líder supremo de la República Islámica de Irán, al presidente de la República Islámica de Irán, y a los miembros del Parlamento de la República Islámica de Irán.

 

 

 

[1] DO C 388 de 13.11.2020, p. 127.

[2] Textos Aprobados, P9_TA(2019)0019.

Última actualización: 16 de diciembre de 2020Aviso jurídico - Política de privacidad