Propuesta de resolución común - RC-B9-0328/2021Propuesta de resolución común
RC-B9-0328/2021

    PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN sobre la represión sistemática en Bielorrusia y sus consecuencias para la seguridad europea a raíz de los secuestros llevados a cabo en un avión civil de la Unión interceptado por las autoridades bielorrusas

    9.6.2021 - (2021/2741(RSP))

    presentada de conformidad con el artículo 132, apartados 2 y 4, del Reglamento interno
    para sustituir a las propuestas de Resolución siguientes:
    B9‑0328/2021 (PPE)
    B9‑0332/2021 (Verts/ALE)
    B9‑0339/2021 (S&D)
    B9‑0340/2021 (Renew)
    B9‑0344/2021 (ECR)

    Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler‑Lima
    en nombre del Grupo PPE
    Pedro Marques, Tonino Picula, Robert Biedroń
    en nombre del Grupo S&D
    Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Ramona Strugariu, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
    en nombre del Grupo Renew
    Viola Von Cramon‑Taubadel
    en nombre del Grupo Verts/ALE
    Anna Fotyga, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Antoni Legutko, Assita Kanko, Zdzisław Krasnodębski, Bogdan Rzońca, Charlie Weimers, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Jacek Saryusz‑Wolski, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Roberts Zīle, Dace Melbārde
    en nombre del Grupo ECR
    Fabio Massimo Castaldo


    Procedimiento : 2021/2741(RSP)
    Ciclo de vida en sesión
    Ciclo relativo al documento :  
    RC-B9-0328/2021
    Textos presentados :
    RC-B9-0328/2021
    Textos aprobados :

    Resolución del Parlamento Europeo sobre la represión sistemática en Bielorrusia y sus consecuencias para la seguridad europea a raíz de los secuestros llevados a cabo en un avión civil de la Unión interceptado por las autoridades bielorrusas

    (2021/2741(RSP))

    El Parlamento Europeo,

     Vistas sus anteriores resoluciones sobre Bielorrusia,

     Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo, de 12 de octubre de 2020 y 24 de mayo de 2021, sobre Bielorrusia,

     Vista las declaraciones del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en nombre de la Unión, en particular la de 24 de mayo de 2021, sobre el desvío forzoso del vuelo FR4978 de Ryanair a Minsk el 23 de mayo de 2021,

     Vista la declaración conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores del G‑7 y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 27 de mayo de 2021, sobre Bielorrusia,

     Vista la Decisión (PESC) 2021/908 del Consejo, de 4 de junio de 2021, por la que se modifica la Decisión 2012/642/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Bielorrusia[1], por la que se prohíbe el sobrevuelo del espacio aéreo de la Unión y el acceso de compañías aéreas bielorrusas de todo tipo a los aeropuertos de la Unión,

     Vista la declaración del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 26 de marzo de 2021, sobre el apoyo de la Unión a la Plataforma Internacional para la Rendición de Cuentas en Bielorrusia,

     Visto el informe del ponente del mecanismo de Moscú de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de 5 de noviembre de 2020, sobre presuntas violaciones de los derechos humanos relacionadas con las elecciones presidenciales celebradas el 9 de agosto de 2020 en Bielorrusia,

     Vistos el Convenio de Chicago relativo a la Aviación Civil Internacional y el Convenio de Montreal para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil,

     Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los convenios sobre derechos humanos de los que Bielorrusia es parte,

     Vista la concesión del Premio Sájarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia en 2020 a la oposición democrática de Bielorrusia,

     Visto el artículo 132, apartado 2 y 4, de su Reglamento interno,

    A. Considerando que, el 23 de mayo de 2021, una aeronave matriculada en Polonia utilizada para el vuelo de Ryanair FR4978 —un vuelo internacional de pasajeros entre dos capitales de la Unión (de Atenas a Vilna)— fue desviada a la fuerza por orden de Aliaksandr Lukashenka mientras se encontraba en el espacio aéreo bielorruso y fue escoltada por un avión de combate bielorruso hasta el Aeropuerto Nacional de Minsk con el falso pretexto de una amenaza de bomba, lo que puso en peligro la seguridad de más de 170 pasajeros y miembros de la tripulación a bordo del vuelo, muchos de los cuales eran ciudadanos de la Unión;

    B. Considerando que las autoridades bielorrusas no descubrieron ningún artefacto explosivo pero detuvieron a dos pasajeros, Raman Pratasevich, de nacionalidad bielorrusa, y su compañera Sofia Sapega, ciudadana rusa y estudiante de la Universidad Europea de Humanidades de Vilna;

    C. Considerando que Raman Pratasevich es un periodista y activista bielorruso y antiguo editor del influyente canal de Telegram Nexta, que desempeñó un papel fundamental a la hora de informar a la población sobre los abusos cometidos por las autoridades y de movilizar las protestas en Bielorrusia tras las elecciones presidenciales fraudulentas celebradas el 9 de agosto de 2020, contribuyendo así a revelar la represión sistemática del régimen y las graves violaciones de los derechos humanos; que Raman Pratasevich ha estado viviendo en el exilio en la Unión Europea desde 2019 a fin de evitar acusaciones penales inventadas y que se le ha concedido asilo político en la Unión;

    D. Considerando que la detención ilegal de Raman Pratasevich y su trato inhumano por parte del régimen bielorruso, incluidas confesiones forzadas en entrevistas fingidas difundidas por la televisión estatal bielorrusa, son motivo de gran preocupación para la comunidad internacional y subrayan la urgencia de emprender una acción internacional coordinada, en particular dado que Bielorrusia es el único país europeo que sigue aplicando la pena capital, motivo por el que no es miembro del Consejo de Europa; que Raman Pratasevich no daba la impresión de hacer confesiones por su propia voluntad y que las confesiones forzadas están prohibidas en virtud de la Convención contra la Tortura; que se sigue impidiendo a sus abogados ponerse en contacto con él y que Aliaksandr Lukashenka ha amenazado con invitar a investigadores de la región de Donbas ocupada por Rusia para interrogarle; que las autoridades bielorrusas han incluido a Raman Pratasevich en la lista de observación de terroristas, por lo que puede ser condenado a la pena capital;

    E. Considerando que la interceptación de una aeronave civil constituye una violación grave de los convenios internacionales en el ámbito de la seguridad aérea, pone de relieve las consecuencias internacionales de la represión continua e incesante ejercida en Bielorrusia para la seguridad en Europa y demuestra sin duda alguna que el régimen se ha convertido en una amenaza para la paz y la seguridad internacionales; que el aterrizaje forzoso del avión, que supone un acto de terrorismo patrocinado por el Estado, y la detención de un supuesto enemigo del régimen bielorruso se concibieron para enviar una advertencia a todos sus opositores, en particular a los que viven en el extranjero, para que sepan que el régimen está decidido a capturarlos y que no están seguros en el extranjero;

    F. Considerando que la Organización de Aviación Civil Internacional está llevando a cabo una investigación; que además de Raman Pratasevich y Sofia Sapega también desembarcaron en Minsk varias personas no identificadas; que la Federación de Rusia ha detenido a varios activistas de la oposición bielorrusa que huyeron de Moscú y continúa apoyando al régimen bielorruso, también económicamente;

    G. Considerando que las autoridades bielorrusas han continuado su represión contra el pueblo bielorruso pacífico, y que muchos ciudadanos han sido acosados, detenidos y condenados por expresar su oposición al régimen o a las violaciones generalizadas de los derechos humanos que se están produciendo en Bielorrusia; que se calcula que más de 34 000 bielorrusos han sido detenidos en algún momento por protestar contra el régimen, antes y después de las elecciones del 9 de agosto de 2020; que hay más de 470 presos políticos en Bielorrusia, entre ellos 7 menores; que se han abierto unas 3 000 causas penales por motivos políticos contra manifestantes, y se han presentado más de 4 600 denuncias por torturas, violencia y malos tratos;

    H. Considerando que la situación de los derechos humanos en Bielorrusia sigue deteriorándose, con un número cada vez mayor de presos políticos; que los defensores de los derechos humanos han documentado cientos de casos de torturas y malos tratos, mientras que varias personas están desaparecidas o han sido halladas muertas; que en los centros de detención y prisiones bielorrusas siguen siendo habituales el trato inhumano, la tortura y la negativa deliberada a prestar atención médica, y que en ellos han muerto varios manifestantes, como Vitold Ashurak, en circunstancias sospechosas, mientras que otros, como el joven de 17 años Dzmitry Stakhouski y Stsiapan Latypou, fueron acosados y amenazados hasta el punto de intentar suicidarse;

    I. Considerando que, el 25 de mayo de 2021, los activistas europeos bielorrusos Yauhen Afnahel, Pavel Yukhnevich, Maksim Viniarski y Andrei Voinich, el líder de la oposición Pavel Seviarynets, el bloguero Dzmitry Kazlou y la activista comunitaria Iryna Shchasnaya fueron condenados a penas de entre cuatro y siete años de prisión sobre la base de acusaciones inventadas de «extremismo»; que, el 2 de junio de 2021, el preso político Dzmitry Furmanau, junto con Yauhen Raznichenka y Uladzimir Kniha, fueron condenados a penas de hasta cuatro años de prisión en lo que se conoce como «caso Tsikhanouski»; que, el 3 de junio de 2021, el tribunal condenó a un quinto grupo de acusados, compuesto por los presos políticos Aliaksandr Khrapko, Radzivon Medusheuski e Ihar Vinakurau, Andrei Aniskevich, Alena Loika, Halina Chuhunova, Andrei Niamirski, Dzmitry Kurhanau, Katsiaryna Smirnova, Mikita Uvarau, Safiya Nisht, Siarhei Ksenzhuk e Illia Palkhouski, en el denominado «juicio por los bailes protesta», a penas de entre dieciocho meses de arresto domiciliario y un año de prisión; que, el 3 de junio de 2021, el preso político Siarhei Piarfiliyeu fue condenado a dos años de prisión y su hijo Stanislau Piarfiliyeu, a dos años de libertad restringida (arresto domiciliario);

    J. Considerando que las autoridades bielorrusas siguen reprimiendo y acosando a periodistas independientes bielorrusos y tratando deliberadamente de obstaculizar la información objetiva; que se ha detenido a cientos de periodistas, entre ellos dos periodistas de Belsat que fueron condenados a continuación; que decenas de periodistas se han enfrentado a retención administrativa, han sido víctimas de actos de violencia y, en múltiples casos, han sido multados; que se ha impuesto prisión preventiva a varios periodistas, contra los que se han presentado cargos penales; que numerosas fuentes indican que las autoridades han revocado la acreditación de periodistas, incluidos corresponsales de medios de comunicación extranjeros, varios de los cuales han sido detenidos y expulsados de Bielorrusia; que, el 18 de mayo de 2021, las autoridades bielorrusas llevaron a cabo una redada en las oficinas de Tut.by, el mayor sitio independiente de noticias bielorrusas, detuvieron a muchos miembros de su personal y bloquearon su sitio web;

    K. Considerando que los defensores de los derechos humanos, los políticos de la oposición, los representantes de la sociedad civil, los representantes sindicales y otros activistas son sistemáticamente objeto de intimidación, acoso y restricciones de sus libertades fundamentales; que no hay indicios de que las autoridades bielorrusas estén investigando las miles de denuncias de brutalidad policial presentadas desde mediados de agosto de 2020, ni los asesinatos de manifestantes; que la impunidad generalizada de las violaciones de los derechos humanos perpetúa la situación desesperada del pueblo bielorruso; que la ausencia de Estado de Derecho impide el ejercicio de su derecho a un juicio justo;

    L. Considerando que, según la Asociación de Estudiantes Bielorrusos, un sindicato de estudiantes independiente, han sido detenidos más de 460 estudiantes, casi un tercio de los cuales son mujeres, y han sido expulsados arbitrariamente de las universidades más de 150 estudiantes, muchos de los cuales han huido a países vecinos al temer por su seguridad;

    M. Considerando que, el 31 de mayo de 2021, las autoridades bielorrusas endurecieron aún más las normas de viaje ya de por sí estrictas, impidiendo prácticamente a los ciudadanos bielorrusos salir del país, incluidos aquellos que disponen de permisos de residencia de larga duración en el extranjero;

    N. Considerando que la represión contra los representantes de la minoría polaca en Bielorrusia va en aumento, como lo muestran, entre otras, la detención y condena de la presidenta de la Unión de Polacos de Bielorrusia, Andżelika Borys, y la detención de Andrzej Poczobut, periodista, bloguero y miembro de la Unión de Polacos de Bielorrusia; que el sistema educativo polaco en Bielorrusia está sometido a una presión cada vez mayor por parte del régimen; que estas actuaciones han ido acompañadas de propaganda antipolaca en la televisión estatal; que Lukashenka ha instituido un nuevo día festivo en Bielorrusia, que se celebrará el 17 de septiembre, coincidiendo con el aniversario de la invasión soviética de Polonia en 1939;

    O. Considerando que Bielorrusia inició la explotación comercial de la central nuclear de Astravyets sin tener en cuenta todas las recomendaciones de seguridad recogidas en el informe de las pruebas de resistencia de la UE de 2018, y que, en consecuencia, la central de Astravyets no es segura y plantea graves amenazas para la seguridad nuclear de toda Europa;

    P. Considerando que la Unión Europea ha impuesto hasta ahora sanciones contra 7 entidades y 88 ciudadanos bielorrusos, entre ellos a Aliaksandr Lukashenka;

    1. Condena enérgicamente el secuestro y el aterrizaje forzoso del vuelo de Ryanair FR4978 en Minsk el 23 de mayo, así como la detención por parte de las autoridades bielorrusas del periodista Raman Pratasevich y de Sofia Sapega; considera que este horrendo acto supone una violación del Derecho internacional y constituye un acto de terrorismo estatal;

    2. Solicita la puesta en libertad inmediata e incondicional de Raman Pratasevich y Sofia Sapega, así como de todos los demás periodistas y presos políticos detenidos en Bielorrusia;

    3. Acoge con satisfacción la decisión del Consejo de reforzar las medidas restrictivas existentes mediante la introducción de una prohibición a todo tipo de compañías aéreas bielorrusas de entrar en el espacio aéreo de la Unión Europea y de acceder a los aeropuertos de la Unión, y recomienda al Consejo que elabore un plan para facilitar los intentos de los ciudadanos bielorrusos de salir del país; pide a la Organización de Aviación Civil Internacional y a la Agencia Europea de Seguridad Aérea que investiguen y adopten las medidas oportunas en relación con este incidente inaceptable, que cuestiona las normas y estándares internacionales; destaca que este grave incidente violó significativamente la confianza y que cada Estado debe actuar de manera responsable en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Convenio de Chicago, de modo que las aeronaves puedan operar de forma segura y protegida; pide a Ryanair que coopere y comparta con las autoridades toda la información relevante sobre este incidente;

    4. Solicita una evaluación exhaustiva de las consecuencias de los secuestros de un avión civil interceptado, no solo para el transporte aéreo internacional y la seguridad aérea, sino también para la seguridad general en Europa y para la seguridad de los ciudadanos bielorrusos exiliados y otros ciudadanos exiliados o que solicitan cobijo o asilo en los Estados miembros de la Unión;

    5. Hace hincapié en que dicha investigación debe explorar la posibilidad de que en los actos terroristas perpetrados por el régimen bielorruso hayan participado ciudadanos rusos; subraya que, si se considera que ha sido así, cualquier nacional ruso implicado directa o indirectamente en la operación debería ser sancionado en virtud del régimen de sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos (Ley Magnitski de la Unión); destaca la importancia de la contribución de la Unión a la investigación, en particular mediante la participación de organismos de la Unión como Europol, Eurojust o la Fiscalía Europea en la labor de los equipos y operaciones conjuntos de investigación;

    6. Reitera su no reconocimiento de la elección de Aliaksandr Lukashenka como presidente de Bielorrusia; considera que el régimen bielorruso actual es ilegítimo, ilegal y criminal; sigue apoyando al pueblo bielorruso en sus legítimas demandas y aspiraciones en favor de unas elecciones libres y justas, las libertades fundamentales y los derechos humanos, la representación democrática, la participación política y la dignidad; condena la represión contra los miles de bielorrusos que protestaron pacíficamente en defensa de su derecho a la libertad, la democracia y la dignidad;

    7. Condena firmemente y exige el cese inmediato de la violencia y la represión por parte de las autoridades estatales en Bielorrusia, y en particular de las detenciones ilegales, las torturas, los malos tratos durante las retenciones y el enjuiciamiento penal de ciudadanos pacíficos, y expresa su apoyo y solidaridad a la sociedad bielorrusa; condena los ataques sistemáticos perpetrados por el régimen contra civiles, que desde las elecciones robadas de agosto de 2020 han obligado a más de 14 000 bielorrusos a huir del país, a través de la violencia, la intimidación y otras formas de coacción; reitera que esta campaña de represión en curso y el desplazamiento forzoso de civiles constituyen graves violaciones de los derechos humanos; lamenta que, en la actualidad, Bielorrusia sea el único país de Europa que sigue aplicando la pena de muerte e insiste en la necesidad de su abolición inmediata y permanente; condena las recientes medidas adoptadas por las autoridades bielorrusas, que prohíben la salida del país a la mayoría de los ciudadanos bielorrusos, incluidos muchos titulares de permisos de residencia en el extranjero;

    8. Condena las duras e injustas sentencias judiciales dictadas recientemente contra numerosos presos políticos y detenidos, incluido el líder de la oposición Pavel Seviarynets, y los juicios contra figuras de la oposición democrática bielorrusa como Viktar Babaryka, Mikola Statkevich y Siarhei Tsikhanouski; lamenta la condena de Pavel Sevyarynets, Yauhen Afnahel, Andrei Voynich, Pavel Yukhnevich, Dzmitry Kazlou, Maksim Viniarski e Iryna Shchasnaya en un juicio a puerta cerrada en la ciudad de Mahiliou;

    9. Reitera la importancia que revisten los medios de comunicación y periodistas bielorrusos independientes y el importante papel que desempeñan en la sociedad bielorrusa; condena la supresión de los medios de comunicación y el acceso a internet, así como las palizas, detenciones e intimidaciones de que han sido objeto periodistas y blogueros; subraya el derecho del pueblo de Bielorrusia a acceder sin trabas a la información;

    10. Condena enérgicamente los actos de represión y las acciones hostiles llevadas a cabo por las autoridades contra los representantes de la minoría polaca y contra el sistema escolar polaco en Bielorrusia; solicita, a este respecto, la liberación incondicional de Andżelika Borys, Andrzej Poczobut y otros presos políticos;

    11. Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), a la Comisión y a las representaciones diplomáticas nacionales de los Estados miembros en Bielorrusia que lleven a cabo un estrecho seguimiento de la situación y los juicios de los presos políticos en Bielorrusia, incluidos los de Raman Pratasevich y Sofia Sapega, que les ofrezcan apoyo y que trabajen para garantizar su liberación; pide al régimen de Lukashenka, a este respecto, que ponga fin inmediatamente a cualquier acción tendente a intimidar o acosar a los miembros de los servicios diplomáticos nacionales o europeos, en consonancia con las obligaciones internacionales de Bielorrusia en virtud de las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares;

    12. Subraya la necesidad de mantener y ampliar los contactos y la cooperación con los representantes de las fuerzas democráticas bielorrusas en Minsk y en el exilio, y en particular con Sviatlana Tsikhanouskaya, así como con miembros del Consejo de Coordinación y de la Gestión Nacional Anticrisis; se suma, por tanto, a los llamamientos para que se invite a sus representantes con ocasión de la cumbre del G‑7 de los días 11 y 13 de junio de 2021 y de la Cumbre de la Asociación Oriental de 2021, y recomienda que se les siga invitando a reuniones bilaterales de alto nivel de carácter gubernamental, así como a sesiones parlamentarias y reuniones interparlamentarias, y que en todos los Parlamentos nacionales de los Estados miembros de la Unión se creen grupos dedicados a Bielorrusia;

    13. Pide al Consejo que amplíe lo antes posible las listas de personas y entidades sujetas a sanciones de la Unión mediante la inclusión de las personas y entidades implicadas en la interceptación y el aterrizaje forzoso del vuelo de Ryanair FR4978 y la detención de Raman Pratasevich y Sofia Sapega; recuerda que el periodista Raman Pratasevich puede ser condenado a la pena capital;

    14. Insta al Consejo a que siga adelante con la máxima urgencia con el cuarto paquete de sanciones contra las personas y entidades que hayan participado o hayan sido cómplices del fraude electoral o de las subsiguientes violaciones de los derechos humanos en Bielorrusia, incluida la persecución de periodistas y blogueros independientes, y a que empiece a trabajar en un paquete posterior; pide que se sancione a los fiscales, jueces y empleados de las fuerzas y cuerpos de seguridad que participan en la represión y la condena ilícita de los críticos del régimen, así como a los agentes que trabajan para el régimen en los ámbitos de la propaganda, los medios de comunicación, la desinformación y el discurso del odio, a las personas y entidades que apoyan a Lukashenka y su régimen, como Marat Markov, que entrevistó a Raman Pratasevich en la cadena estatal ONT el 2 de junio, y a quienes participaron en el incidente del 23 de mayo, como funcionarios de los servicios de inteligencia y las autoridades de aviación; recuerda, a este respecto, la necesidad de aprovechar plenamente las opciones en materia de medidas restrictivas que ofrece el régimen de sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos (Ley Magnitsky de la Unión);

    15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que denieguen estrictamente cualquier apoyo financiero al régimen bielorruso y, por lo tanto, denieguen nuevas líneas de crédito a los bancos bielorrusos e interrumpan cualquier inversión en proyectos de infraestructura o en empresas económicas en Bielorrusia; pide a la Comisión que adopte medidas para impedir que las instituciones financieras europeas adquieran bonos o cualquier otro instrumento financiero emitido por el Gobierno bielorruso y las instituciones públicas afiliadas; celebra que el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo hayan suspendido la financiación de proyectos en el sector público bielorruso, y pide que se investigue de qué manera se pueden reorientar los fondos no utilizados hacia la sociedad civil y el sector privado cuando no estén relacionados con el régimen; pide al Fondo Monetario Internacional y a los Estados miembros de la Unión que no presten apoyo presupuestario directo al régimen en ningún caso y que se abstengan de utilizar el proceso especial de giro anunciado para 2021;

    16. Recuerda a todas las empresas de la Unión que operan en Bielorrusia su llamamiento previo para que actúen con especial diligencia y hagan honor a su responsabilidad de respetar los derechos humanos, de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos; pide, además, a estas empresas que se abstengan de realizar nuevas inversiones y que protesten públicamente contra la represión que las autoridades bielorrusas están llevando a cabo en el país;

    17. Pide al Consejo que adopte y aplique rápidamente sanciones económicas, que deben ser sustanciales y tener, en la medida de lo posible, un efecto inmediato sobre el régimen bielorruso, sus partidarios y los agentes económicos que apoyan el régimen; pide que estas sanciones económicas se centren en las empresas públicas y privadas controladas por el régimen o estrechamente vinculadas con los intereses empresariales de este o conocidas por despedir a sus empleados por participar en huelgas o protestas; pide que las sanciones sectoriales se centren, en particular, en los sectores del petróleo crudo y los productos petrolíferos, la potasa, el acero y la transformación de la madera; pide, por otra parte, que se ponga fin a la cooperación y la financiación de los bancos de propiedad estatal bielorrusos, que se limiten las líneas de crédito de los bancos internacionales a sus filiales en Bielorrusia y que se estudie la suspensión temporal de Bielorrusia del sistema SWIFT; insta a las empresas registradas en la Unión, en particular Siemens AG, a que dejen de colaborar con las autoridades bielorrusas mediante el intercambio de tecnología y conocimientos técnicos; pide a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión que redoblen sus esfuerzos para hacer frente al importante contrabando de cigarrillos desde Bielorrusia hacia la Unión Europea, que proporciona fondos al régimen de Lukashenka; alienta una acción coordinada de solidaridad de la Unión para compensar las dificultades económicas de los Estados miembros más afectados por las sanciones económicas impuestas a Bielorrusia;

    18. Se felicita por la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de suspender a la entidad bielorrusa de radiodifusión BTRC como miembro de la UER; pide que se vete a Bielorrusia de los organismos y acontecimientos deportivos internacionales, incluidos los campeonatos europeos y mundiales y los Juegos Olímpicos de Tokio; insta a la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) a que cancele los derechos de retransmisión para el torneo de fútbol EURO 2020 de la televisión pública bielorrusa TVR y los asigne gratuitamente a la televisión independiente Belsat;

    19. Pide a los Estados miembros que mejoren su cooperación en materia de inteligencia en relación con la crisis en Bielorrusia y que expulsen a los funcionarios de inteligencia bielorrusos conocidos y sospechosos activos en toda la Unión; anima a su presidente a que restrinja el acceso al Parlamento Europeo para el personal de la Embajada de Bielorrusia en Bruselas, incluido el acceso físico y remoto a las reuniones organizadas por el Parlamento Europeo, y a que revise la comunicación del Parlamento con la Embajada de Bielorrusia;

    20. Expresa su profunda preocupación por la implicación de Rusia en el régimen de Lukashenka, que incluye ayuda financiera y una estrecha cooperación entre los servicios de inteligencia;

    21. Hace hincapié en la necesidad de un compromiso internacional, incluidos debates en las Naciones Unidas y la OTAN; pide a la Unión que coordine estrechamente sus medidas con los Estados Unidos, los socios del G7 y otros países afines, y que intente lograr una amplia armonización entre los socios de la Unión, en particular en la vecindad europea, como Ucrania, con el fin de que las sanciones tengan el mayor impacto posible; recuerda la decisión del Gobierno ucraniano de sumarse a los Estados miembros de la Unión en las sanciones en el ámbito del transporte a las compañías aéreas bielorrusas, y pide a la Comisión y al Consejo que impongan medidas punitivas a Belavia y a los pasajeros que transporte con destino a Crimea, anexionada por Rusia; acoge con satisfacción las próximas cumbres UE-EE. UU. y EE. UU.-Rusia, y estima que son oportunidades importantes para coordinar posiciones entre la Unión y sus socios;

    22. Subraya que, aunque las mejores oportunidades de que dispone la Unión para lidiar adecuadamente con los Estados ilegales se canalizan a través de mecanismos de sanciones, la Unión debe utilizar, además de las sanciones a las empresas bielorrusas de propiedad estatal, las presiones internas existentes en Bielorrusia apoyando a la sociedad civil bielorrusa;

    23. Pide a la Comisión y al VP/AR que, junto con los socios internacionales, inicien la organización de una conferencia internacional de alto nivel sobre el futuro de una Bielorrusia democrática, centrada en la resolución de la crisis en Bielorrusia, la investigación y el enjuiciamiento de los delitos cometidos por las autoridades bielorrusas contra el pueblo de Bielorrusia, y la transformación democrática de Bielorrusia; considera que esta conferencia, liderada por la Unión y a la que asistirían instituciones financieras internacionales, países del G‑7, Estados miembros e instituciones de la Unión, así como otros países dispuestos a comprometerse a aportar un paquete financiero de miles de millones de euros, permitirá apoyar los futuros esfuerzos de reforma y la reestructuración de la economía y enviará una clara señal de apoyo al pueblo bielorruso;

    24. Recuerda su iniciativa precedente relativa a una misión de alto nivel en la que participen antiguos altos funcionarios europeos para explorar todas las vías posibles para poner fin a la violencia y liberar a los presos políticos, lo que podría contribuir a crear un entorno propicio a un diálogo político interno integrador en Bielorrusia;

    25. Insiste en que la Comisión, el SEAE y los Estados miembros deben aumentar su apoyo directo y su compromiso con la oposición bielorrusa, la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación independientes en Bielorrusia y en el extranjero, también a través del desarrollo de capacidades y el apoyo financiero, así como aumentar el apoyo a la Dotación Europea para la Democracia en sus actividades sobre el terreno; pide, a este respecto, a la Unión y a otras organizaciones internacionales que presten apoyo financiero y técnico a todos los medios de comunicación y periodistas independientes para que puedan llevar a cabo su misión de informar a la sociedad sobre los acontecimientos que se están produciendo en Bielorrusia; reitera, a este respecto, su llamamiento en favor de una mayor apoyo a la cadena de televisión Belsat;

    26. Se compromete a contribuir al refuerzo de la capacidad de las fuerzas democráticas, fortalecer el papel de la sociedad civil y prestar apoyo a un diálogo político pleno conducente a una transferencia pacífica de poderes en Bielorrusia, así como a los jóvenes líderes políticos y defensores de los derechos humanos, a través de los mecanismos de apoyo a la democracia del Parlamento;

    27. Acoge con satisfacción, en este contexto, el esbozo de un plan global de apoyo económico a una futura Bielorrusia democrática por un importe de 3 000 millones de euros presentado por la Comisión; pide a la Comisión y al Consejo que sigan desarrollando y promoviendo este plan y que comuniquen claramente que, una vez que se produzca un cambio democrático en Bielorrusia, la Unión estará dispuesta a proporcionar ayuda tangible para situar al país en una senda de reforma y modernización; observa que la Unión debe proponer un conjunto completo de medidas para preparar a las fuerzas democráticas de Bielorrusia para la aplicación de este paquete;

    28. Pide a la Unión que se coordine con los Estados Unidos, los socios del G‑7 y otros países afines a fin de paralizar la cooperación con el sector público de Lukashenka y reorientar la cooperación con la sociedad civil bielorrusa y las empresas privadas bielorrusas fuera del ámbito del régimen;

    29. Rechaza las amenazas inaceptables de Aliaksandr Lukashenka en el sentido de que las autoridades bielorrusas no detendrán a los migrantes irregulares ni el tráfico de drogas, y expresa su preocupación por el aumento de la migración irregular desde Bielorrusia hacia la Unión y por la posible participación de las autoridades bielorrusas en este fenómeno; pide a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión que sigan los acontecimientos relacionados con estos ámbitos y adopten las medidas adecuadas;

    30. Condena el uso indebido de las autoridades policiales con fines políticos por parte de los dirigentes bielorrusos; pide a Interpol que revise inmediata y exhaustivamente las solicitudes actuales y futuras de Bielorrusia y que adopte todas las medidas adecuadas para evitar que este país haga un uso indebido de Interpol con fines políticos;

    31. Subraya la necesidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre los delitos cometidos por el régimen de Lukashenka contra el pueblo de Bielorrusia, que debería concluir con la creación de un tribunal internacional que conozca de esos delitos; pide que, ante la falta de voluntad de las autoridades bielorrusas para establecer el Estado de Derecho y la rendición de cuentas, la comunidad internacional adopte medidas para ayudar a garantizar la obtención de pruebas de los delitos y garantizar la investigación y el enjuiciamiento de los responsables a lo largo de toda la cadena de mando; acoge con satisfacción las iniciativas de varios Estados miembros de la Unión para aplicar el principio de jurisdicción universal y preparar causas judiciales contra los responsables bielorrusos de actos de represión, y anima a los demás Estados miembros de la Unión a que sigan su ejemplo; solicita un apoyo activo para todas las iniciativas internacionales destinadas a corregir la impunidad en Bielorrusia, como la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Centro de Justicia de Vilna;

    32. Insta al VP/AR, a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros de la Unión a que sigan planteando la situación en Bielorrusia en todas las organizaciones europeas e internacionales pertinentes, como la OSCE, el Consejo de Europa, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros órganos especializados de las Naciones Unidas, con el fin de garantizar una actuación internacional urgente sobre la situación en Bielorrusia y superar la obstrucción de Rusia y otros países a dicha actuación;

    33. Anima a los Estados miembros a que faciliten los procedimientos de obtención de visados y permisos de residencia a las personas que huyen de Bielorrusia por razones políticas o que necesitan tratamiento médico como consecuencia de la violencia de que han sido víctimas, y a que brinden a estas personas y a sus familias el apoyo y la asistencia que precisan; pide a los Estados miembros que apliquen las recomendaciones del ponente del Mecanismo de Moscú de la OSCE en relación con la concesión de asilo en casos de persecución cubiertos por la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y que faciliten en mayor medida el procedimiento para la expedición de visados de emergencia y la concesión de refugio temporal en los países de la Unión; pide a los Estados miembros y a la Comisión que ofrezcan becas a los estudiantes y académicos bielorrusos expulsados de las universidades y encarcelados por su posición prodemocrática; pide a los Estados miembros que aporten ayuda financiera a las instituciones exiliadas, como la Universidad Europea de Humanidades de Vilna, que están formando a una nueva generación de ciudadanos de Bielorrusia que cuestionan el sistema corrupto e ilegítimo del país;

    34. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y al SEAE que cooperen con socios internacionales, como el Mecanismo de Moscú de la OSCE y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como con los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil sobre el terreno, a fin de garantizar el seguimiento, la documentación y la notificación de las violaciones de los derechos humanos y la consiguiente rendición de cuentas y justicia para las víctimas; acoge favorablemente la creación de la Plataforma Internacional para la Rendición de Cuentas en Bielorrusia y pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que apoyen su funcionamiento; se compromete a garantizar el funcionamiento efectivo de la Plataforma del Parlamento Europeo para la lucha contra la impunidad en Bielorrusia y a coordinar una reacción internacional oportuna ante la evolución de la situación en Bielorrusia;

    35. Reitera la necesidad de que todos los Estados miembros adopten una posición unificada en la respuesta al terrorismo estatal orquestado por el régimen de Aliaksandr Lukashenka y apoyado por el Kremlin; subraya la importancia de que la Unión contrarreste la desinformación sobre la situación en Bielorrusia dentro de la Unión, así como otras formas de amenazas híbridas llevadas a cabo por terceros a este respecto; expresa su solidaridad con Letonia tras la expulsión injustificada de sus diplomáticos por parte de Bielorrusia; condena que el fiscal general de Bielorrusia haya iniciado una investigación penal contra el ministro de Asuntos Exteriores de Letonia, así como contra el alcalde de su capital, Riga; condena todos los intentos de las autoridades bielorrusas de ejercer presión sobre los Estados miembros de la Unión, incluida la solicitud de los fiscales bielorrusos de interrogar al expresidente lituano Valdas Adamkus, basándose en sus supuestas conexiones con un batallón policial auxiliar subordinado a las SS que llevó a cabo operaciones punitivas en Bielorrusia durante la Segunda Guerra Mundial;

    36. Reitera su preocupación por la explotación comercial de la central nuclear de Astravyets, situada a tan solo 45 km de Vilna, y subraya el riesgo que ello supone para otros Estados miembros de la Unión; destaca la importancia de abordar las amenazas para la seguridad nuclear que plantea la central nuclear de Astravyets, lamenta que Bielorrusia no esté colaborando con total transparencia en lo que se refiere a la seguridad nuclear de la central de Astravyets y no se haya comprometido a aplicar plenamente las recomendaciones del Grupo Europeo de Reguladores de Seguridad Nuclear (ENSREG) respecto a la revisión inter pares de la central nuclear de Astravyets, y pide que se instauren salvaguardias efectivas contra la venta directa o indirecta de electricidad bielorrusa producida por la central nuclear de Astravyets a los mercados de la Unión;

    37. Subraya que la situación actual pone a prueba la credibilidad de la Unión Europea y la eficacia de su política exterior; recuerda que la situación en Bielorrusia, país vecino y miembro de la Asociación Oriental, tiene un impacto directo en la Unión, que debe mostrar suficiente determinación para ofrecer apoyo tangible y a largo plazo a las fuerzas democráticas que se esfuerzan por llevar la libertad y la democracia a Bielorrusia; pide a la Unión Europea que no dude en actuar rápida y proactivamente;

    38. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a la Organización de Aviación Civil Internacional y a las autoridades de la República de Bielorrusia.

    Última actualización: 9 de junio de 2021
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