Procedimiento : 2021/2749(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B9-0347/2021

Textos presentados :

RC-B9-0347/2021

Debates :

PV 10/06/2021 - 7.3
CRE 10/06/2021 - 7.3

Votaciones :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Textos aprobados :

P9_TA(2021)0291

<Date>{09/06/2021}9.6.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0347/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0348/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0351/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0352/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0360/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 169kWORD 52k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN</TitreType>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Replacing>para sustituir a las propuestas de Resolución siguientes:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0347/2021 (Verts/ALE)

B9-0348/2021 (Renew)

B9-0351/2021 (S&D)

B9-0352/2021 (ECR)

B9-0360/2021 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>sobre la designación de ONG alemanas como «organizaciones indeseables» por Rusia y la detención de Andrei Pivovarov</Titre>

<DocRef>(2021/2749(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Željana Zovko, Andrius Kubilius, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Jerzy Buzek, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Tom Vandenkendelaere, Gabriel Mato, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, David Lega, Inese Vaidere, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Maria Walsh, Helmut Geuking</Depute>

<Commission>{PPE}en nombre del Grupo PPE</Commission>

<Depute>Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Włodzimierz Cimoszewicz, Norbert Neuser</Depute>

<Commission>{S&D}en nombre del Grupo S&D</Commission>

<Depute>Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache</Depute>

<Commission>{Renew}en nombre del Grupo Renew</Commission>

<Depute>Sergey Lagodinsky, Hannah Neumann</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}en nombre del Grupo Verts/ALE</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Ryszard Antoni Legutko, Charlie Weimers, Jacek Saryusz-Wolski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Roberts Zīle, Dace Melbārde, Witold Jan Waszczykowski</Depute>

<Commission>{ECR}en nombre del Grupo ECR</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>


Resolución del Parlamento Europeo sobre la designación de ONG alemanas como «organizaciones indeseables» por Rusia y la detención de Andrei Pivovarov

(2021/2749(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores resoluciones sobre Rusia, entre otras, su Resolución, de 29 de abril de 2021, sobre Rusia, en particular el caso de Alexéi Navalni, el despliegue militar en la frontera de Ucrania y el ataque ruso en la República Checa[1], y su Resolución, de 12 de mayo de 2016, sobre los tártaros de Crimea[2],

 Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

 Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los protocolos al mismo, en particular su artículo 10 sobre el derecho a la libertad de expresión, y su artículo 11 sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación,

 Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

 Vistas la Constitución de la Federación de Rusia y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que Rusia se ha comprometido a cumplir como miembro del Consejo de Europa, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y de las Naciones Unidas (NU),

 Visto el Dictamen n.º 814/2015 de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, de 13 de junio de 2016, sobre la Ley Federal n.º 129-FZ sobre la modificación de determinados actos legislativos (Ley federal sobre actividades indeseables de organizaciones no gubernamentales extranjeras e internacionales),

 Vista la declaración del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en nombre de la Unión, de 1 de mayo de 2021, sobre la imposición de medidas restrictivas contra ocho nacionales de la UE,

 Vista la declaración del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en nombre de la Unión, de 15 de mayo de 2021, sobre la publicación de una lista de denominados «Estados hostiles»,

 Vista la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 27 de mayo de 2021, sobre la designación de ONG alemanas como «organizaciones indeseables»,

 Vista la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 1 de junio de 2021, sobre la detención de Andrei Pivovarov,

 Vista la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 4 de junio de 2021, sobre la ley relativa a las llamadas «organizaciones extremistas»,

 Vista la declaración del presidente de la Delegación en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Rusia, de 3 de junio de 2021, sobre la detención de Andrei Pivovarov, director de la ONG disuelta «Rusia Abierta», a bordo de un avión comercial de la Unión, a punto de despegar del aeropuerto de San Petersburgo,

 Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A. Considerando que el ejercicio de la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión pacífica es un derecho fundamental consagrado en la Constitución de la Federación de Rusia, así como en numerosos instrumentos jurídicos internacionales, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que Rusia ha suscrito; que la primacía del Derecho internacional constituye una obligación para Rusia, que no puede modificarse ni derogarse por los recientes cambios constitucionales;

B. Considerando que la Federación de Rusia ha aprobado recientemente una serie de leyes represivas que han ampliado drásticamente las personas y grupos que pueden ser designados como «agentes extranjeros» y han aumentado las restricciones y requisitos que se les imponen, junto con las sanciones por su incumplimiento;

C. Considerando que las organizaciones no gubernamentales (ONG) desempeñan un papel crucial en las sociedades democráticas modernas, permitiendo a los ciudadanos cooperar para promover diversos objetivos legítimos, como forma de compromiso público necesario que complementa, prepara y supervisa la toma de decisiones políticas formales; que, por tanto, las ONG desempeñan un papel político importante y, dentro del respeto de la ley, deben mantener su independencia frente a cualquier injerencia indebida de las autoridades públicas;

D. Considerando que la Ley federal sobre las actividades indeseables de las organizaciones no gubernamentales extranjeras e internacionales permite que las actividades de las organizaciones no gubernamentales extranjeras e internacionales se consideren indeseables en el territorio de la Federación de Rusia; que las organizaciones declaradas indeseables por las autoridades rusas se enfrentan a restricciones a su libertad de asociación debido a la prohibición de sus actividades y al establecimiento de sanciones administrativas y penales vinculadas a dichas actividades; que las autoridades rusas han utilizado esta ley para facilitar la represión contra las organizaciones independientes de la sociedad civil activas en Rusia;

E. Considerando que, con la aprobación de estas leyes, la Federación de Rusia ha dotado a las autoridades de un poder de control casi total sobre las organizaciones independientes de la sociedad civil y ha facultado al órgano de vigilancia de los medios de comunicación de la Federación de Rusia (Roskomnadzor) para bloquear recursos en línea; que las autoridades rusas han prohibido las manifestaciones en lugares públicos, han limitado el derecho a participar en protestas individuales y han impuesto restricciones adicionales a los periodistas que cubren estas protestas;

F. Considerando que la última ley aprobada por la Duma Estatal y el Consejo de la Federación en mayo de 2021 restringió drásticamente los derechos y libertades en Rusia al imponer severas restricciones a las personas que critican al Gobierno, prohibiéndoles participar en la vida pública y presentarse a elecciones a cualquier nivel, incluidas las elecciones legislativas de 2021, en el supuesto de haber dirigido, trabajado o participado de otro modo en las actividades de una organización designada «extremista» o «terrorista» en esa ley;

G. Considerando que esa ley también prevé su aplicación retroactiva y su objetivo es la Fundación Anticorrupción de Alexéi Navalni, que ya ha sido declarada «agente extranjero» y en la actualidad está en proceso de ser considerada «organización extremista»;

H. Considerando que la Federación de Rusia también ha ampliado el ámbito de aplicación de la ley sobre «organizaciones indeseables» al introducir la prohibición de participar en sus actividades en el extranjero y atribuir el estatus de «indeseable» a las organizaciones que se consideran intermediarios en las transacciones financieras con organizaciones ya prohibidas;

I. Considerando que la Federación de Rusia ha designado ONG internacionales y extranjeras como «indeseables», en particular mediante la decisión del Fiscal General ruso, de 26 de mayo, de incluir a tres ONG alemanas como «indeseables», entre las que figuran Forum Russischsprachiger Europäer e.V., Zentrum für die Liberale Moderne GmbH y Deutsch-Russischer Austausch e.V.;

J. Considerando que una esfera activa de la sociedad civil es un componente fundamental de una sociedad democrática y abierta, con una función para salvaguardar los derechos humanos y el Estado de Derecho;

K. Considerando que la Duma estatal, al aprobar estas leyes, que incluyen una aplicación inmediata de la responsabilidad penal, se ha dirigido contra el movimiento cívico «Rusia Abierta», una estructura en red a favor de la democracia y los derechos humanos, que, de esta forma, se ha visto forzada a disolverse para proteger a sus activistas y simpatizantes de nuevas imputaciones;

L. Considerando que, el 27 de mayo de 2021, «Rusia Abierta» anunció que cesaría sus actividades para proteger a su personal y a sus miembros de ser imputados en aplicación de la legislación rusa sobre «organizaciones indeseables»;

M. Considerando que, el 31 de mayo de 2021, el antiguo dirigente del movimiento «Rusia Abierta», Andrei Pivovarov, fue obligado a abandonar un avión de la compañía polaca LOT en San Petersburgo a punto de despegar, fue retenido arbitrariamente y, transcurridos dos días, se le impuso una prisión preventiva de dos meses, acusado de «llevar a cabo actividades de una organización indeseable»; que el activista de Nizhny Novgorod, Mijaíl Iosilevich, también figura entre los que están siendo procesados y retenidos por los mismos cargos;

N. Considerando que estas actuaciones se suman a numerosos procesos penales por motivos políticos promovidos por la Federación de Rusia contra personas que expresan opiniones discrepantes o han anunciado su intención de presentarse a las elecciones legislativas previstas para septiembre de 2021 en Rusia, como el encarcelamiento del activista anticorrupción y el político de la oposición Alexéi Navalni o la pena suspendida de cinco años impuesta al bloguero y político de la oposición de izquierdas, Nikolai Platoshkin; llama igualmente la atención sobre las acusaciones recientes dirigidas contra el político opositor Dimitri Gudkov, medios de comunicación como Radio Free Europe/Radio Liberty, Meduza y VTimes, y varios periodistas acusados de ser «agentes extranjeros»; que incluso las revistas de estudiantes están siendo objeto de medidas represivas; que, según el Centro de Derechos Humanos Memorial, las autoridades rusas retienen actualmente a casi 400 presos políticos en violación de las obligaciones de la Federación de Rusia;

O. Considerando que las autoridades rusas han reprimido severamente a los manifestantes pacíficos que tomaron las calles en todo el país para apoyar a Aléxei Navalni y protestar contra la corrupción y la injusticia; que, según la organización rusa de supervisión, OVD-Info, más de 11 000 manifestantes fueron detenidos durante tres días de protestas en enero y febrero, incluidas docenas de periodistas independientes y defensores de los derechos humanos que estaban cubriendo o supervisando las protestas; que se han puesto en marcha miles de procedimientos administrativos y más de 100 procedimientos penales en todo el país, y se están produciendo nuevas detenciones y detenciones por acusaciones falsas;

P. Considerando que, según numerosos informes, manifestantes pacíficos condenados a una «detención administrativa» han sido objeto de malos tratos, entre los que se incluyen, entre otros, el internamiento en centros de detención hacinados, la denegación de comida y agua durante varias horas, y el hecho de ser obligados a pasar largos períodos de tiempo (varias horas, a menudo de noche) en furgonetas policiales durante el traslado; que las personas que participaron en las protestas también han informado de que fueron amenazadas con la expulsión, fueron expulsadas de universidades o colegios o han perdido sus puestos de trabajo; que los manifestantes pacíficos, incluidas las personas mayores y los niños, también fueron objeto de un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía antidisturbios;

Q. Considerando que es fundamental garantizar, en una estrategia global de la Unión respecto a Rusia, que el compromiso con Rusia no ha de poner en peligro los valores de la democracia y la protección de los derechos humanos;

R. Considerando que el régimen del Kremlin está haciendo todo lo posible para aislar al pueblo ruso de la comunidad internacional y privarle de su esperanza de un futuro democrático, en particular recurriendo a diversos mecanismos para prohibir que los candidatos de la oposición participen en las elecciones legislativas de 2021 en Rusia;

S. Considerando que las investigaciones llevadas a cabo por el Centro Levada muestran que el partido gobernante de Rusia Unida se encuentra en mínimos históricos en los sondeos tras apoyar una reforma impopular de las pensiones y presionar para lograr la adopción de un proyecto de enmiendas constitucionales, en particular una que podría permitir al presidente Vladimir Putin permanecer en el cargo hasta 2036; que la creciente represión ejercida contra la sociedad civil y la oposición política por parte de las autoridades rusas pone de manifiesto el temor de las autoridades al descontento popular por los malos resultados socioeconómicos del país y la corrupción de la clase gobernante;

1. Pide a las autoridades rusas que:

a) liberen inmediatamente y sin condiciones a Andrei Pivovarov y retiren todas las acusaciones contra él y todas las demás personas procesadas en virtud de la ley sobre «organizaciones indeseables», o que hayan sido detenidas arbitrariamente en otras circunstancias;

b) pongan fin a todas las represalias contra opositores políticos y otras voces críticas en el país; garanticen a todos los partidos políticos el mismo acceso y las mismas oportunidades durante las elecciones;

c) pongan fin a los procesos penales contra defensores y activistas de los derechos humanos incoados en virtud de la ley sobre «agentes extranjeros» y la ley sobre «organizaciones indeseables», deroguen esas leyes discriminatorias y anulen la decisión del fiscal general ruso de designar tres ONG alemanas como «indeseables»;

d) deroguen las leyes recientemente aprobadas recientemente y dejen de promulgar normas especiales o de realizar una aplicación abusiva de otras leyes penales o administrativas convencionales que imponen nuevas restricciones generalizadas a la sociedad civil independiente, a los derechos de libre reunión y asociación pacífica y al acceso a información en línea, y que revisen y adapten esa normativa a sus obligaciones internacionales, al Derecho internacional en materia de derechos humanos y a su propia Constitución;

e) se abstengan de aprobar los proyectos adicionales actualmente en preparación que prohibiría presentarse a las elecciones al personal o a los seguidores de las organizaciones designadas arbitrariamente como «indeseables»;

f) reconozcan la contribución positiva de una sociedad civil dinámica y activa al estado de la democracia y la sociedad y garanticen un entorno propicio en el que las organizaciones y los activistas de la sociedad civil puedan contribuir libremente a la promoción y la protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el bienestar social;

g) revisen y adapten al Derecho internacional en materia de derechos humanos el resto de legislación que está siendo utilizada para restringir la libertad de expresión, incluida la normativa rusa sobre campañas de desinformación, lucha contra el extremismo y lucha contra el terrorismo;

h) liberen inmediatamente y sin cargos a todos los manifestantes pacíficos y otros activistas de la sociedad civil y políticos, incluido Alexéi Navalni, así como a las personas retenidas y detenidas por «faltas» administrativas sin fundamento o enjuiciados bajo acusaciones penales falsas únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y a la reunión pacífica, entre los que se encuentran periodistas, abogados, activistas de la oposición, defensores de los derechos humanos y otros agentes de la sociedad civil, en particular miembros del personal y socios de Aléxei Navalni y su Fundación Anticorrupción;

i) contribuyan a la promoción de los contactos interpersonales en beneficio de la Federación de Rusia y de la Unión Europea;

2. Pide al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a las Delegaciones de la Unión Europea, a los Estados miembros y a la Comisión que, en la preparación de la estrategia global de Unión hacia Rusia, y en respuesta a la erosión del Estado de Derecho, las libertades fundamentales y los derechos humanos en Rusia, se centren en:

a) la introducción de una nueva condicionalidad en las relaciones entre la Unión y Rusia destinada a poner fin a la represión interna en Rusia contra activistas políticos y de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y abogados, políticos de la oposición, periodistas, medios de comunicación independientes, sindicatos u ONG y, si esta situación no se abordara, la introducción de nuevas sanciones de la Unión, como impedir el acceso de los oligarcas y funcionarios rusos responsables de violaciones de los derechos humanos a la adquisición de inmuebles, a visados, a productos financieros, etc., en la Unión;

b) la adopción de medidas para abordar los derechos humanos en las relaciones entre la Unión y Rusia y en cualquier diálogo con Rusia, con el fin de reflejar de forma precisa la gravedad de la represión de los derechos humanos en Rusia, en particular a partir de enero de 2021; seguir mostrando solidaridad y unidad de acción, con vistas a coordinar sus posiciones sobre Rusia para limitar las repercusiones negativas de las leyes restrictivas adoptadas recientemente en Rusia, y estudiar la idea de repartir la carga de las sanciones económicas contra el régimen ruso entre los Estados miembros en un espíritu de equidad, detener la continuación de proyectos estratégicos como Nord Stream 2 y completar el actual régimen de sanciones de la Unión de alcance mundial en materia de derechos humanos con un régimen similar para luchar contra la corrupción;

c) la adopción de medidas coordinadas para hacer presión contra las leyes restrictivas adoptadas recientemente en Rusia y limitar sus efectos negativos y dar prioridad a un compromiso estratégico con los activistas de la democracia y los derechos humanos en Rusia, en particular integrando los derechos humanos, incluida la igualdad de género, y las consultas con la sociedad civil en todos los diálogos y ámbitos de cooperación entre la Unión y Rusia, también mediante la cooperación en materia de digitalización y cambio climático, así como los programas de cooperación educativa y cultural, llevando a cabo periódicamente evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos para revisar esa cooperación;

d) la evaluación de qué instituciones, organizaciones y medios de comunicación con vínculos estrechos con el Gobierno ruso deberían ser objeto de un seguimiento en relación con sus actividades en la Unión;

e) el aumento del apoyo a los defensores de los derechos humanos, las ONG y los medios de comunicación independientes, la sociedad civil y aquellos que defienden las libertades políticas y civiles en Rusia, por ejemplo, mostrando un compromiso más sostenido y de alto nivel en los principales casos concretos que susciten preocupación, como el envenenamiento de Vladimir Kara-Murza, aprovechando bien las visitas de embajadores y otros funcionarios a las regiones para plantear preocupaciones respecto a los derechos humanos y reunirse con defensores de los derechos humanos y la sociedad civil y utilizando de forma estratégica las redes sociales, artículos de opinión y apariciones en la prensa para articular el apoyo a los defensores de los derechos humanos, tanto en Rusia como a través de canales rusos independientes, así como apoyando a periodistas independientes en Rusia con medias diplomáticas o consulares cuando estén en riesgo, por ejemplo, con una política flexible de visados; que mientras el Parlamento hace hincapié en que esta cooperación con la sociedad civil debe ser un pilar del próximo nuevo enfoque estratégico de la Unión con respecto a Rusia, insta a los Estados miembros a que consideren acoger a ONG de Rusia amenazadas o prohibidas y permitirles operar desde el territorio de la Unión en caso necesario, y a que aumenten su apoyo a la labor de los defensores de los derechos humanos y, en su caso, a que faciliten la expedición de visados de emergencia y a ofrecer refugio temporal en los Estados miembros de la Unión;

f) la necesidad de continuar la cooperación de la sociedad civil con Rusia y, por tanto, abordar los obstáculos cada vez más numerosos que las autoridades rusas están poniendo a los contactos interpersonales, la cooperación de la sociedad civil y el apoyo a organizaciones de la sociedad civil rusa;

g) la condena de nuevas formas de represión soterrada destinada a sancionar, tanto en la capital como en otros lugares, la participación de empleados, médicos de hospital, profesores y trabajadores de los servicios sociales en manifestaciones o su apoyo a opositores al régimen actual;

h) la necesidad de que la Unión y sus Estados miembros planteen urgentemente en el Consejo de Europa los problemas de la adopción de actos legislativos autoritarios recientes por parte de la Federación de Rusia, a la luz del cumplimiento de sus obligaciones internacionales con el Consejo de Europa;

i) la adopción de medidas coordinadas con socios internacionales afines, incluidos los países del G-7, para instar a las autoridades rusas a poner fin a la represión contra los activistas de la democracia y la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, lo que debería incluir también intervenciones públicas y de alto nivel, iniciativas coordinadas y un control permanente en foros internacionales y regionales de derechos humanos, como el Consejo de Europa, la OSCE y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

j) la realización de evaluaciones periódicas de impacto sobre los derechos humanos para garantizar que el compromiso con las autoridades rusas no socave los objetivos de derechos humanos y no contribuya directa o indirectamente a las violaciones de los derechos humanos;

k) el respeto del llamamiento del Parlamento a la Delegación de la Unión y a las representaciones diplomáticas nacionales en Rusia para que supervisen de cerca la situación y los juicios de los presos políticos sobre el terreno y ofrezcan a estos todo el apoyo que puedan necesitar y cooperen para garantizar su rápida liberación;

l) evitar dar legitimidad a funcionarios responsables de violaciones de los derechos humanos y de represión, garantizando, por ejemplo, que los embajadores y visitantes de alto nivel eviten reuniones discrecionales con funcionarios implicados en la represión, por ejemplo, con miembros de la Duma Estatal que hayan participado en la elaboración de la ley sobre «agentes extranjeros», como Andrei Klimov;

3. Expresa su apoyo a todas las personas y organizaciones objeto de represión e insta a las autoridades rusas a poner fin a los actos de acoso e intimidación y a los ataques a la sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones y activistas de derechos humanos; condena la falta de protección de las autoridades rusas a estas personas y entidades frente a ataques y actos de acoso e intimidación por parte de terceros y que no investiguen de manera imparcial estos ataques;

4. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y al presidente, al Gobierno y a la Duma Estatal de la Federación de Rusia.

 

 

[1] Textos Aprobados, P9_TA(2021)0159.

[2] DO C 76 de 28.2.2018, p. 27.

Última actualización: 9 de junio de 2021Aviso jurídico - Política de privacidad