PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN sobre la situación en el Líbano
15.9.2021 - (2021/2878(RSP))
para sustituir a las propuestas de Resolución siguientes:
B9‑0465/2021 (Verts/ALE)
B9‑0467/2021 (S&D)
B9‑0468/2021 (ECR)
B9‑0469/2021 (PPE)
B9‑0470/2021 (Renew)
Michael Gahler, Tom Vandenkendelaere, David McAllister, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev
en nombre del Grupo PPE
Evin Incir, Pedro Marques, Tonino Picula
en nombre del Grupo S&D
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Stéphane Bijoux, Izaskun Bilbao Barandica, Gilles Boyer, Sylvie Brunet, Olivier Chastel, Ilana Cicurel, Jérémy Decerle, Laurence Farreng, Klemen Grošelj, Sandro Gozi, Bernard Guetta, Valérie Hayer, Karin Karlsbro, Fabienne Keller, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Irène Tolleret, Véronique Trillet‑Lenoir, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne, Stéphanie Yon‑Courtin
en nombre del Grupo Renew
Salima Yenbou
en nombre del Grupo Verts/ALE
Anna Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Ladislav Ilčić, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski
en nombre del Grupo ECR
Fabio Massimo Castaldo
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en el Líbano
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus resoluciones anteriores sobre el Líbano, en particular su Resolución, de 22 de mayo de 2008, sobre la situación en el Líbano[1],
– Vistas las anteriores resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en particular las Resoluciones 1559 (2004), 1701 (2006), 2539 (2020) y 2591 (2021),
– Visto el Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra[2],
– Vista la Decisión del Consejo, de 10 de diciembre de 2007, por la que se concede ayuda macrofinanciera de la Comunidad al Líbano[3],
– Visto el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en el Líbano en 2018,
– Vistos los compromisos acordados en el marco de las Prioridades de la Asociación UE‑Líbano en noviembre de 2016, la Conferencia del CEDRE celebrada el 6 de abril de 2018, el marco de reforma, recuperación y reconstrucción del Líbano (3RF) adoptado en diciembre de 2020 y las reuniones del Grupo Internacional de Apoyo al Líbano de los días 11 de diciembre de 2019, 23 de septiembre de 2020 y 19 de mayo de 2021,
– Vista la declaración del comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarčič, de 5 de agosto de 2020, sobre la explosión en Beirut,
– Vistas la Conferencia internacional sobre asistencia y apoyo a Beirut y al pueblo libanés, del 9 de agosto de 2020, y la Conferencia en apoyo de la población libanesa, del 2 de diciembre de 2020, organizadas por Francia y las Naciones Unidas,
– Vista la declaración conjunta, de 23 de septiembre de 2020, del Grupo Internacional de Apoyo al Líbano,
– Vista la declaración del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en nombre de la Unión, de 28 de septiembre de 2020, sobre la dimisión del primer ministro designado del Líbano,
– Visto el Informe sobre el marco de reforma, recuperación y reconstrucción del Líbano (3RF), adoptado por la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Banco Mundial en diciembre de 2020,
– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 7 de diciembre de 2020, sobre el Líbano,
– Vistos el Lebanon Economic Monitor (LEM) del Banco Mundial, de 1 de junio de 2021, y la evaluación rápida de daños y necesidades (ERDN) de Beirut elaborada por el Grupo del Banco Mundial en colaboración con la Unión y las Naciones Unidas,
– Vistas la declaraciones y observaciones del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Josep Borrell, de 19 de junio de 2021, durante su visita al país,
– Vista la declaración del VP/AR, Josep Borrell, de 16 de julio de 2021, sobre la renuncia del primer ministro designado, Saad Hariri,
– Vista la petición del presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, David McAllister, y de la presidenta de la Delegación para las Relaciones con los Países del Mashreq, Isabel Santos, de 16 de julio de 2021, para que los dirigentes políticos libaneses resuelvan la situación de punto muerto tras la renuncia del primer ministro designado,
– Visto el comunicado de prensa de Unicef, de 23 de julio de 2021, titulado «Lebanon: Public water system on the verge of collapse, UNICEF warns» (Líbano: sistema público de agua al borde del colapso, Unicef advierte),
– Vista la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 26 de julio de 2021, sobre el proceso de formación de gobierno,
– Vista la declaración de los copresidentes de la segunda reunión del Grupo Consultivo del 3RF, de 28 de julio de 2021,
– Vista la Decisión (PESC) 2021/1277 del Consejo, de 30 de julio de 2021, relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en el Líbano[4],
– Vista la declaración del VP/AR, Josep Borrell, de 3 de agosto de 2021, sobre el primer aniversario de la explosión en el puerto de Beirut,
– Vistas la Conferencia en apoyo de la población del Líbano, celebrada el 4 de agosto de 2021 por videoconferencia, y la declaración del VP/AR, Josep Borrell, durante la Conferencia,
– Vista la carta dirigida el 4 de agosto de 2021 por el secretario general de las Naciones Unidas al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la prórroga del mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL),
– Vista la declaración del presidente del Consejo Europeo, de 4 de agosto de 2021, en la tercera Conferencia Internacional en Apoyo a la Población Libanesa, celebrada por invitación conjunta del secretario general de las Naciones Unidas y del presidente de la República Francesa,
– Vista la declaración del portavoz del SEAE, de 7 de agosto de 2021, en la que condena el lanzamiento de cohetes desde el sur del Líbano,
– Vista la declaración del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, de 26 de agosto de 2021, sobre el deterioro de la situación socioeconómica en el Líbano,
– Vistas la Decisión n.º 1/2016 del Consejo de Asociación UE-Líbano, de 11 de noviembre de 2016, por la que se acuerdan las Prioridades de la Asociación UE-Líbano y la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Consejo de Asociación instituido por el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra, en lo que respecta a la prórroga de las prioridades de la Asociación UE-Líbano hasta que la UE y la República Libanesa adopten nuevos documentos conjuntos actualizados (COM(2021)0406),
– Vistos los incidentes ocurridos entre agosto y septiembre de 2019, el 14 de abril de 2020, el 17 de abril de 2020, el 27 de julio de 2020, en mayo de 2021, el 20 de julio de 2021 y del 4 al 6 de agosto de 2021, a lo largo de la Línea Azul,
– Vista la Comunicación conjunta, de 9 de febrero de 2021, titulada «Asociación renovada con los países vecinos meridionales – Una nueva Agenda para el Mediterráneo» (JOIN(2021)0002),
– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948,
– Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,
A. Considerando que la situación actual en el Líbano es extremadamente alarmante y profundamente preocupante debido a la crisis política, económica, social, financiera y sanitaria, así como al estado de deterioro institucional; que el Líbano es un socio cercano e importante de la Unión Europea; que esta asociación se basa en intereses comunes, antiguos vínculos históricos y culturales, un diálogo político y social periódico, y contactos interpersonales de amplio alcance;
B. Considerando que el Líbano cuenta con una sociedad civil dinámica, con numerosos activistas, líderes comunitarios, académicos, artistas y grupos juveniles que se movilizan y piden reformas urgentes;
C. Considerando que la situación en el Líbano ya era crítica anteriormente y dio lugar a una crisis financiera a finales de 2019; que, el 17 de octubre de 2019, ya se produjeron protestas masivas —también denominadas la «revolución libanesa de octubre»— para reivindicar derechos sociales y económicos, la rendición de cuentas, el fin de la corrupción y la dimisión de todos los representantes políticos; que, el 29 de octubre de 2019, el ex primer ministro libanés, Saad Hariri, anunció la dimisión del Gobierno;
D. Considerando que, el 4 de agosto de 2020, una explosión devastadora de una gran cantidad de nitrato de amonio en el puerto de Beirut causó más de 200 muertos, más de 6 500 heridos y daños a más de 74 000 hogares, lo que afectó directamente a 300 000 personas; que, a raíz de ello, dimitió el ex primer ministro Hasán Diab; que, un año después de la deflagración, aún no ha concluido la investigación sobre las causas de la explosión —principalmente debido a la corrupción— y los responsables no han sido identificados ni obligados a rendir cuentas; que un informe de Human Rights Watch publicado el 3 de agosto de 2021 puso al descubierto pruebas que implicaban a funcionarios en la explosión; que, el 4 de agosto de 2021, tuvo lugar otra protesta callejera masiva en Beirut para exigir responsabilidades por la explosión del puerto; que diversos documentos oficiales filtrados indican que las autoridades aduaneras, militares y de seguridad libanesas, así como el poder judicial, habían advertido a los sucesivos Gobiernos del peligroso almacenamiento de sustancias químicas explosivas en el puerto de Beirut en al menos diez ocasiones a lo largo de seis años, sin que se hubiese tomado medida alguna al respecto; que las principales figuras políticas del Líbano han obstruido la investigación local sobre la posterior explosión, ya que las autoridades destituyeron al primer juez de instrucción después de que este convocase a figuras políticas a un interrogatorio, y rechazaron las solicitudes del segundo juez instructor de suspender la inmunidad de los diputados sospechosos y de interrogar a altos cargos de las fuerzas de seguridad;
E. Considerando que la corrupción es uno de los principales retos que obstaculizan el desarrollo y la prosperidad del Líbano y que intensifican el distanciamiento respecto del sistema político y la falta de confianza en él; que la corrupción está muy extendida e impregna todos los niveles de la sociedad, como se refleja en los resultados globales y medios del país en la mayoría de los ámbitos de gobernanza; que aún no ha empezado a funcionar la institución nacional de lucha contra la corrupción, ya que está pendiente el nombramiento de sus comisarios;
F. Considerando que el Líbano formó finalmente un Gobierno el 10 de septiembre de 2021, tras tres primeros ministros designados: Mustafá Adib, Saad Hariri y Nayib Mikati; que el nuevo Gobierno tendrá que presentar urgentemente el importante paquete de reformas necesarias para que el Líbano pueda luchar contra la corrupción y preservar su estabilidad, unidad, soberanía, independencia política e integridad territorial;
G. Considerando que está previsto que se celebren elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales en el Líbano en mayo y octubre de 2022; que es fundamental que todos los dirigentes políticos respeten el calendario electoral de 2022 y garanticen unas elecciones inclusivas, transparentes y justas, con igualdad de acceso a las campañas electorales para todos y acceso al voto para todos los ciudadanos libaneses, incluidos los que residen fuera del país, tal como lo permite la ley electoral más reciente adoptada en 2017 y como lo estipula la Constitución libanesa; que la Comisión de Supervisión Electoral no dispone de los medios necesarios para desempeñar su mandato, lo que suscita preocupación en cuanto a la transparencia y la equidad de la campaña y de las elecciones previstas para el año próximo;
H. Considerando que, inmediatamente después de la enorme explosión, la Unión llevó a cabo una evaluación rápida de daños y necesidades junto con el Banco Mundial y las Naciones Unidas para estimar el impacto en la población, los activos físicos, las infraestructuras y la prestación de servicios; que las conclusiones indican entre 3 800 y 4 600 millones USD en daños, siendo los sectores de la vivienda y la cultura los más gravemente afectados, entre 2 900 y 3 500 millones USD en pérdidas, siendo la vivienda la más afectada seguida del transporte y la cultura, y entre 1 800 y 2 000 millones USD en necesidades prioritarias de recuperación y reconstrucción, siendo las necesidades de transporte las más elevadas, seguidas de la cultura y la vivienda; que el principal resultado ha sido el establecimiento del marco de reforma, recuperación y reconstrucción (3RF), cogestionado por el Gobierno del Líbano; que no se han registrado avances en las reformas en el marco del 3RF debido a los meses de bloqueo de la formación del Gobierno; que, en mayo de 2021, el principal productor de electricidad del Líbano, Electricité du Liban, anunció que ya no disponía de dinero suficiente para comprar combustible; que el Líbano ha acudido a varios países de la región para hacer frente a sus necesidades energéticas inmediatas;
I. Considerando que, a pesar de la suspensión de la legislación sobre el secreto bancario, no ha habido avances en la auditoría forense del Banco Central; que, a raíz de los informes de una investigación suiza sobre transacciones en las que estaban presuntamente implicados el gobernador del Banco Central, Riad Salamé, y su hermano, la fiscalía libanesa inició una investigación y fiscales franceses abrieron una investigación preliminar sobre las acusaciones de blanqueo de capitales en relación con Salamé; que el gobernador del Banco Central niega todas las acusaciones;
J. Considerando que la Unión se ha comprometido a apoyar la estabilidad y la unidad del país a través de la asistencia económica; que la Unión ha proporcionado una ayuda sustancial para hacer frente a las consecuencias y necesidades inmediatas tras la explosión; que movilizó 33 millones EUR para necesidades de emergencia y más de 250 efectivos de rescate de los Estados miembros de la Unión; que, solo en 2021, la Unión ha proporcionado al Líbano 55,5 millones EUR en ayuda humanitaria; que durante el verano de 2021 se desembolsaron otros 5,5 millones EUR para reforzar la respuesta del Líbano a la COVID-19; que la Unión y sus Estados miembros han movilizado 24 000 millones EUR desde 2011;
K. Considerando que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado la ya existente y amplia crisis del Líbano, donde existe una corrupción generalizada en todos los niveles de la sociedad; que tanto los grupos vulnerables como los no vulnerables se han visto gravemente afectados; que, desde el inicio de la pandemia, se han registrado más de 610 000 casos de coronavirus y 8 150 muertes en el Líbano; que los barrios más afectados por la destrucción de viviendas provocada por la explosión fueron Gemaize Asrafid, Mar Mijael Benabil y Remeil Medawar, y que la actual falta de alternativas para aquellos cuyas viviendas quedaron destruidas podría afectar a la tradicional estructura, tejido y cohesión sociales del Líbano;
L. Considerando que la Decisión del Consejo, de 30 de julio de 2021, establece un marco para imponer sanciones selectivas contra personas y entidades responsables de socavar la democracia o el Estado de Derecho en el Líbano; que entre dichas sanciones se incluyen la prohibición de viajar a la Unión y la inmovilización de activos por obstaculizar de forma persistente la formación de un Gobierno, socavar gravemente la celebración de elecciones, obstaculizar o socavar la aplicación de los planes aprobados por las autoridades libanesas y apoyados por la Unión para mejorar la rendición de cuentas y la buena gobernanza, también en los sectores bancario y financiero, o por cometer infracciones financieras graves en relación con fondos públicos, por cometer actos cubiertos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o por proceder a la salida no autorizada de capitales;
M. Considerando que la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental constató que, entre 2019 y 2020, el índice de recuento de pobreza ya había aumentado del 28 % al 55 %; que la tasa de pobreza multidimensional en el Líbano casi se ha duplicado, pasando del 42 % en 2019 al 82 % en 2021, y que la pobreza extrema multidimensional afecta actualmente al 34 % de la población; que la tasa de desempleo ha aumentado a más del 40 % de la población activa y que una proporción cada vez mayor de los hogares tiene dificultades para acceder a servicios básicos como la alimentación, el agua y la asistencia sanitaria; que el Banco Mundial informó en su publicación Lebanon Economic Monitor, de junio de 2021, de que el Líbano está atravesando una depresión económica grave y prolongada, probablemente uno de los episodios más graves de crisis a escala mundial desde mediados del siglo XIX;
N. Considerando que la guerra en la vecina Siria ha obligado a muchas personas a huir al Líbano, que se calcula que ha acogido a 1,5 millones de refugiados sirios, además de unos 15 800 refugiados etíopes, iraquíes, sudaneses y de otros orígenes registrados en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y aproximadamente 207 700 refugiados palestinos; que, según el Programa Mundial de Alimentos, en 2021 el 22 % de los ciudadanos libaneses, el 50 % de los refugiados sirios y el 33 % de los refugiados de otras nacionalidades padecen inseguridad alimentaria; que el Líbano es uno de los dos países de Oriente Próximo que acogen a un gran número de trabajadores domésticos migrantes regulados por el sistema de la kafala; que, desde 2011, la Unión ha aportado 2 400 millones EUR para ayudar a los refugiados sirios y palestinos a través de diversos instrumentos, como el Fondo fiduciario regional de la Unión Europea en respuesta a la crisis siria y el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV);
O. Considerando que, en abril de 2020, el Gobierno libanés aprobó un plan económico y solicitó un programa del FMI sobre la base de las reformas necesarias; que las conversaciones con el FMI siguen en curso; que, según el FMI, el Líbano debe poner en marcha urgentemente reformas globales para poner en orden las finanzas públicas, reestructurar la deuda pública, restablecer el sistema bancario, ampliar la red de seguridad social, reformar las empresas públicas y mejorar la gobernanza; que el FMI ha decidido destinar 860 millones USD de derechos especiales de giro para reforzar las reservas agotadas del país y ayudar a atender las numerosas y urgentes necesidades; que la Comisión de Finanzas del Parlamento libanés rechazó el plan del Gobierno para una recapitalización interna que hubiese permitido preservar el ahorro del 98 % de la población garantizando los activos de las cuentas bancarias con ahorros inferiores a 500 000 USD; que, ante las críticas de los diputados al plan de recuperación, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó tres declaraciones en apoyo del plan propuesto por el Gobierno; que los diputados que rechazaron el plan de recuperación tienen intereses personales en preservar los intereses de los bancos libaneses, habida cuenta de sus relaciones como accionistas o con accionistas de esos bancos;
P. Considerando que, el 30 de junio de 2021, el Parlamento libanés aprobó una ley relativa a un crédito excepcional por un importe de 556 millones USD para financiar un sistema de tarjetas de racionamiento que proporcionará asistencia en efectivo para apoyar a las familias más vulnerables, en sustitución del actual sistema de subsidios; que la introducción de las tarjetas de racionamiento debe atenerse al principio de no discriminación;
Q. Considerando que el Acuerdo Euromediterráneo se basa en el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que constituye un elemento esencial del acuerdo;
R. Considerando que la última resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el Líbano, la Resolución 2591 (2021), aprobada por unanimidad el 30 de agosto de 2021, prorroga por otro año el mandato de la FPNUL y recuerda la necesidad de un alto el fuego permanente, en consonancia con los principios y elementos establecidos en la Resolución 1701 (2006);
S. Considerando que la neutralidad del Líbano es la clave para su futura estabilidad; que un Líbano estable, plenamente soberano, unido y democrático reviste una importancia fundamental para la estabilidad, la seguridad y el desarrollo pacífico de todo Oriente Próximo; que el Gobierno formado recientemente y sus ministros deben lograr la independencia política y resistir cualquier injerencia exterior de países vecinos al Líbano o más alejados; que las injerencias exteriores son perjudiciales para el desarrollo y la estabilidad del Líbano; que Hizbulá sigue controlando ministerios fundamentales del Gobierno libanés; que Hizbulá ha sido incluida en la lista de organizaciones terroristas de varios Estados miembros de la Unión; que Hizbulá ha demostrado repetidamente su firme lealtad ideológica con Irán, que está desestabilizando al Gobierno libanés y socavando su tan necesaria cohesión;
1. Estima que la situación actual del Líbano es la de una catástrofe de origen humano causada por un puñado de hombres miembros de la clase política dirigente; toma nota de la reciente formación de Gobierno tras 13 meses de bloqueo político; lamenta que el nuevo ejecutivo solo incluya a una mujer; insta encarecidamente a los dirigentes libaneses a que mantengan sus promesas y sean un Gobierno funcional, guiado por una misión, creíble y responsable, que deje de lado las divisiones parlamentarias y que esté libre de influencias extranjeras; estima que la exigencia de responsabilidades, la defensa de unas elecciones libres y justas y la prestación de servicios públicos básicos han de tener más peso que cualesquiera consideraciones personales de la clase política libanesa; recuerda que las elecciones de mayo de 2022 no deben posponerse bajo ningún concepto, habida cuenta del estancamiento político y la creciente disfunción de las instituciones estatales, y deben atenerse a las normas democráticas internacionales de libertad, justicia y transparencia;
2. Pide a las autoridades libanesas que soliciten al VP/AR que despliegue una misión de observación electoral o, si se considera necesario, una misión de expertos en materia electoral, meses antes de las elecciones; solicita al nuevo Gobierno libanés que aplique plenamente las recomendaciones derivadas de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2018; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que presten toda la asistencia técnica y financiera necesaria para que las elecciones puedan celebrarse en las mejores condiciones posibles y a que se esfuercen por garantizar la equidad y la transparencia de todo el proceso; insta al nuevo Gobierno libanés a que proporcione a la Comisión de Supervisión Electoral todos los fondos, personal y equipos necesarios para que pueda cumplir plenamente su mandato; pide la creación de un grupo de trabajo humanitario internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas para apoyar la prestación de la ayuda humanitaria y supervisar el uso de los fondos; recuerda que las Naciones Unidas han desarrollado un marco para apoyar a las mujeres candidatas y votantes y promover así una mayor participación de las mujeres en el proceso político, y pide que este marco se integre plenamente en los planes de reforma electoral;
3. Pide a la Unión que despliegue en el Líbano una misión global de asesoramiento administrativo de la Unión con el fin de abordar la urgente necesidad de contrarrestar la rápida descomposición de la administración pública y los servicios básicos; insta al nuevo Gobierno a que aplique rápidamente reformas económicas y de gobernanza fundamentales que garanticen la recuperación política y económica, incluida una regulación creíble de sectores económicos clave, como el de la electricidad;
4. Recuerda que una investigación transparente, independiente, neutral y eficaz sobre la explosión en el puerto de Beirut es una prioridad y debe garantizarse; insta a las autoridades libanesas a que respeten los procedimientos judiciales y la independencia del poder judicial y a que apoyen todos los esfuerzos que permitan investigar adecuadamente y exigir responsabilidades a los responsables de las decisiones que condujeron a la explosión en el puerto de Beirut; pide una misión de investigación internacional independiente en el Líbano sobre la explosión de Beirut en el marco de las Naciones Unidas; insiste en que los responsables directos o indirectos deben rendir cuentas de las vidas perdidas y de los daños causados al pueblo libanés;
5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, dadas las pésimas condiciones sobre el terreno, liberen ayuda humanitaria adicional, en particular ayuda alimentaria y material hospitalario y farmacéutico, y que proporcionen recursos energéticos alternativos (incluidos paneles solares) a todas las escuelas y hospitales, canalizados a través de entidades distintas de las públicas, como organizaciones no gubernamentales conocidas, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones confesionales del Líbano que sean capaces de llevar a cabo reformas; insiste en la necesidad de incluir a las organizaciones locales de la sociedad civil en el diseño, la planificación, la coordinación, la ejecución y la evaluación de los programas de ayuda para el Líbano; pide a la Comisión que halle mecanismos para aplicar de manera estratégica y flexible los criterios para permitir a las organizaciones acceder rápidamente a los fondos a fin de abordar las necesidades inmediatas, respetando en todo momento el Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria y el Derecho internacional humanitario; subraya la necesidad de prever un seguimiento riguroso de la ayuda de la Unión para garantizar que se transfiere directamente a quienes la necesitan; lamenta profundamente el elevadísimo nivel de mala gestión y la falta de supervisión financiera de los fondos proporcionados en el pasado;
6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros de la Unión que colaboren de manera constructiva con el nuevo Gobierno libanés a fin de llevar a cabo las reformas estructurales y sectoriales necesarias para desbloquear una ayuda macrofinanciera significativa de la Unión y de reforzar nuestras relaciones comerciales, a condición de que se produzcan avances tangibles en la aplicación de las reformas necesarias incluidas en el 3RF;
7. Pide a las autoridades libanesas que reanuden lo antes posible las conversaciones con el FMI para que las reformas resulten tangibles para las personas con dificultades en el Líbano; insta a las autoridades libanesas a que apliquen los compromisos contraídos previamente en el contexto de la Conferencia Económica para el Desarrollo a través de Reformas con el Sector Privado (CEDRE), de abril de 2018, con el apoyo del Grupo Internacional de Apoyo al Líbano y según lo acordado por todos los dirigentes políticos del Líbano, que implican reformas significativas y profundas en materia económica y de gobernanza, incluido el restablecimiento de la estabilidad económica y la credibilidad del sector financiero, la garantía de la independencia del poder judicial, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, y la lucha contra la corrupción; pide a las autoridades libanesas que presten apoyo a las comunidades más vulnerables del Líbano, también a través de redes de protección social; pide a las autoridades libanesas que aprueben el presupuesto de 2021 y preparen el presupuesto de 2022, con inclusión de un sólido programa de protección social, aplicando el Programa de la Red de Seguridad Social de Emergencia y el Programa Nacional de Reducción de la Pobreza; insta a las autoridades libanesas a que prevean una línea presupuestaria con una dotación suficiente para las elecciones de 2022;
8. Señala que, debido a la represión generalizada ejercida por el régimen de Al-Asad contra el levantamiento popular sirio de 2011, el Líbano ha acogido a la mayor proporción mundial de refugiados sirios; llama la atención sobre la especial responsabilidad del régimen sirio en la continuación de esa dramática situación humanitaria; recuerda que, a fin de lograr soluciones duraderas para los desplazados, la financiación y la programación suficientes a largo plazo son cruciales para apoyar a los desplazados internos y a los refugiados más allá del ciclo del programa humanitario; recuerda la vulnerabilidad de los refugiados sirios y palestinos en el Líbano y subraya la necesidad de proporcionar una financiación suficiente, previsible y a múltiples niveles para el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) y para otros agentes que trabajan con los refugiados, con objeto de garantizar que se prestan íntegramente servicios esenciales a las comunidades de refugiados que viven en el país; destaca la necesidad de reforzar la cooperación y el diálogo con las ONG y otros proveedores de servicios que ayudan a los refugiados en el país;
9. Insta al nuevo Gobierno y al nuevo presidente libaneses a que tomen todas las medidas necesarias para desmantelar las prácticas corruptas, incluidas las transferencias de capital público y la evasión fiscal, a que garanticen la plena independencia de los futuros miembros de la institución nacional de lucha contra la corrupción y a que soliciten el apoyo técnico de la comunidad internacional a través de los mecanismos de las Naciones Unidas y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a fin de garantizar tanto la transparencia como la plena rendición de cuentas ante el pueblo libanés; recuerda que la Unión, el Banco Mundial y las Naciones Unidas han exigido la creación de un poder judicial independiente y transparente, la adopción de una ley moderna en materia de contratación pública y la promulgación de una estrategia de lucha contra la corrupción, y denuncia la falta de acción de los sucesivos Gobiernos libaneses en los últimos años;
10. Subraya la especial responsabilidad de Hizbulá y otras facciones en la represión del movimiento popular en el Líbano en 2019 y en la crisis política y económica libanesa; pide a todas las potencias externas que se abstengan de interferir en los asuntos internos del Líbano y que se respeten la soberanía e independencia política del país; insta a todas las facciones políticas del Gobierno a que pongan fin al sectarismo y apliquen reformas vitales para todas las personas que viven en el Líbano, sin discriminación por motivos religiosos ni étnicos;
11. Expresa su profunda preocupación ante la continua falta de avances hacia un alto el fuego permanente y otras disposiciones clave de la Resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, habida cuenta de las recientes y continuas tensiones a lo largo de la frontera meridional del Líbano; reitera su firme apoyo a la integridad territorial, la soberanía y la independencia política del Líbano, en consonancia con la reciente Resolución 2591 (2021) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; recuerda la posición de la Unión de que deben respetarse plenamente las pertinentes Resoluciones 1559 (2005) y 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
12. Pide a la comunidad internacional que preste el apoyo financiero necesario para que las fuerzas armadas libanesas y las fuerzas de seguridad interior puedan desempeñar su función esencial e impedir el colapso ulterior de las instituciones estatales, proteger la ayuda humanitaria y garantizar la seguridad y la estabilidad, dentro del pleno respeto al derecho de manifestación y a la libertad de expresión; reitera que la rendición de cuentas de los funcionarios públicos es esencial y condena toda violencia contra los manifestantes;
13. Pide al SEAE que proponga una lista de autoridades responsables en el Líbano en cooperación con los Estados miembros; pide que se apliquen sanciones específicas, de conformidad con el marco adoptado por el Consejo el 30 de julio de 2021, a todas las personas o entidades que cumplan los criterios de dicho marco; destaca que la introducción de sanciones específicas en caso de obstrucción o menoscabo del proceso político democrático es una opción que se podría activar si los interlocutores responsables en el Líbano continúan obstaculizando las reformas y la lucha contra la corrupción; pide a todos los Estados miembros de la Unión sin excepción que cooperen plenamente y refuercen las nuevas sanciones selectivas de la Unión contra los dirigentes corruptos y los responsables de socavar la democracia y el Estado de Derecho y quienes tengan con ellos relaciones clientelares en el Líbano; insta al SEAE y al Consejo a que asignen urgentemente recursos suficientes para desarrollar eficazmente el nuevo mecanismo; pide a los Estados miembros de la Unión y a sus socios, como el Reino Unido y Suiza, que cooperen en la lucha contra la supuesta malversación de fondos públicos por parte de un cierto número de funcionarios libaneses; sugiere que los Estados miembros incoen acciones ante sus órganos jurisdiccionales nacionales contra los propietarios de capital obtenido ilícitamente y que se encuentra en sus territorios, y que promuevan los esfuerzos destinados a restituir los fondos ilegales a la población libanesa;
14. Recuerda que el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la República Libanesa prevé un diálogo político entre el Parlamento y el nuevo Parlamento libanés sobre la base del establecimiento de una cooperación política entre ambas instituciones, que puede servir de marco adicional, si así lo solicitan las autoridades libanesas, para apoyar al Gobierno recientemente formado y superar el estancamiento institucional;
15. Recuerda su firme apoyo a todos los defensores de los derechos humanos en el Líbano y a su labor; anima a la sociedad civil y a los interlocutores sociales y económicos a que desempeñen sus papeles respectivos en el diálogo nacional expresando sus aspiraciones y presentando propuestas para la paz, el desarrollo y el futuro del país, y elogia las iniciativas de las comunidades locales y de la sociedad civil; expresa su profunda preocupación por el aumento de la emigración de la población libanesa y la consiguiente fuga de cerebros, que afecta a los recursos humanos esenciales para la reconstrucción y recuperación del Líbano y de su vida democrática;
16. Pide al Líbano que garantice la protección necesaria frente al trabajo forzoso, tal como se consagra en el Derecho laboral nacional y en las normas internacionales en materia de derechos humanos, incluidos los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos (n.º 189 de 2011), a fin de hacer frente a la explotación que caracteriza al sistema de la kafala;
17. Reitera su apoyo a la determinación de la Unión de ayudar al Líbano con su reestructuración económica y la reconstrucción de sus infraestructuras; pide a la Comisión que reforme los fondos a largo plazo y reformule la estrategia y el plan de recuperación para el Líbano teniendo presentes las Prioridades de la Asociación UE-Líbano en el marco del nuevo Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional – Europa Global, y que considere la posibilidad de financiar a otros posibles socios de la sociedad civil, especialmente con el fin de encontrar soluciones urgentes a la escasez energética a través de fuentes de energía renovables como los paneles solares;
18. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen su apoyo a la campaña de vacunación libanesa, que necesita un respaldo internacional, y que mitiguen la crisis sanitaria en el Líbano; solicita ayuda para los salarios de los empleados de los hospitales y la compra de artículos paramédicos;
19. Reitera su firme asociación con el Líbano y su pueblo, fundamentada en los valores comunes de democracia, pluralismo, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos; reitera su apoyo a la determinación de la Unión Europea de ayudar al Líbano en su reestructuración económica; rinde homenaje a las víctimas de la explosión en el puerto de Beirut; reafirma su solidaridad con la sociedad civil libanesa, y su apoyo a esta, especialmente por lo que respecta a los periodistas y los denunciantes de irregularidades; pide al Consejo y a la Comisión que continúen sus esfuerzos por ayudar a la reconstrucción y la recuperación económica del Líbano y que establezcan una cooperación más estrecha con las organizaciones de la sociedad civil en el país y les proporcionen más financiación;
20. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de las Naciones Unidas, al secretario general de la Liga de los Estados Árabes, al presidente de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo y al Gobierno y el Parlamento del Líbano.