Procedimiento : 2021/2881(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B9-0482/2021

Textos presentados :

RC-B9-0482/2021

Debates :

PV 05/10/2021 - 5
CRE 05/10/2021 - 5

Votaciones :

PV 07/10/2021 - 8
PV 07/10/2021 - 14

Textos aprobados :

P9_TA(2021)0420

<Date>{06/10/2021}6.10.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0482/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0485/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0488/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0494/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 186kWORD 60k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN</TitreType>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 132, apartados 2 y 4, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Replacing>para sustituir a las propuestas de Resolución siguientes:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0482/2021 (PPE)

B9‑0485/2021 (S&D)

B9‑0488/2021 (Verts/ALE)

B9‑0494/2021 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>sobre la situación en Bielorrusia tras un año de protestas y de represión violenta</Titre>

<DocRef>(2021/2881(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler‑Lima, Aušra Maldeikienė, Andrey Kovatchev</Depute>

<Commission>{PPE}en nombre del Grupo PPE</Commission>

<Depute>Pedro Marques, Tonino Picula, Robert Biedroń</Depute>

<Commission>{S&D}en nombre del Grupo S&D</Commission>

<Depute>Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}en nombre del Grupo Renew</Commission>

<Depute>Viola Von Cramon‑Taubadel</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}en nombre del Grupo Verts/ALE</Commission>

<Depute>Veronika Vrecionová, Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>


Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Bielorrusia tras un año de protestas y de represión violenta

(2021/2881(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores resoluciones sobre Bielorrusia,

 Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 24 de mayo de 2021 y 25 de junio de 2021 sobre Bielorrusia,

 Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 21 de junio de 2021 sobre Bielorrusia,

 Visto el discurso sobre el estado de la Unión de 2021 de la presidenta Von der Leyen,

 Vistas las declaraciones del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Josep Borrell, de los días 26 de marzo de 2021, sobre el apoyo de la Unión Europea a la Plataforma internacional para la Rendición de Cuentas en Bielorrusia, y 15 de julio de 2021, sobre la represión contra la sociedad civil en Bielorrusia, así como sus declaraciones en nombre de la Unión Europea de los días 30 de julio de 2021, sobre la instrumentalización de migrantes y refugiados por parte del régimen, y 8 de agosto de 2021, sobre el primer aniversario de las elecciones presidenciales fraudulentas del 9 de agosto de 2020 en Bielorrusia,

 Vistas las declaraciones del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de los días 6 de julio de 2021, sobre la condena de Viktar Babaryka y otros juicios políticos, 7 de julio de 2021, sobre la limitación de la presencia diplomática de Lituania, 30 de agosto de 2021, sobre las represiones contra periodistas y medios de comunicación, y 6 de septiembre de 2021, sobre la condena de María Kalésnikava y Maksim Znak,

 Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los convenios sobre derechos humanos de los que Bielorrusia es parte,

 Vista la Carta de París para una Nueva Europa de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE),

 Visto el informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Belarús, Anaïs Marin, de 5 de julio de 2021, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

 Vista la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 13 de julio de 2021, sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia,

 Vista su Recomendación, de 16 de septiembre de 2021, al Consejo, a la Comisión y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la dirección de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia[1],

 Vista la concesión del Premio Sájarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia en 2020 a la oposición democrática de Bielorrusia,

 Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A. Considerando que, transcurrido más de un año desde las denominadas elecciones del 9 de agosto de 2020, las autoridades de Bielorrusia siguen reprimiendo al pueblo bielorruso, y que muchos ciudadanos son acosados, detenidos, torturados y condenados por expresar su oposición al régimen o a las violaciones generalizadas de los derechos humanos que se están produciendo en Bielorrusia; que la Unión Europea y sus Estados miembros no reconocieron los resultados de las elecciones presidenciales;

B. Considerando que se calcula que casi 40 000 bielorrusos han sido detenidos en algún momento por protestar contra el régimen; que los defensores de los derechos humanos han documentado cientos de casos de torturas y malos tratos, mientras que varias personas están todavía desaparecidas y otras han sido halladas muertas; que el trato inhumano, la tortura y la negativa deliberada a prestar atención médica siguen practicándose en centros de detención y prisiones bielorrusas, donde han muerto varios manifestantes; que se han documentado varios casos de intentos de suicidio en los tribunales y en prisión; que todo el poder judicial del país parece haberse transformado en un agente del régimen y se está utilizando para garantizar su supervivencia; que en Bielorrusia hay más de 720 presos políticos y más de 4 600 causas penales abiertas contra ciudadanos bielorrusos, mientras que no se ha incoado causa alguna contra personas responsables o cómplices de la violencia y la represión; que los defensores de los derechos humanos, los políticos de la oposición, la sociedad civil, los periodistas independientes y otros activistas se ven sometidos sistemáticamente a una represión violenta; que miles de ciudadanos de Bielorrusia se han visto forzados u obligados de otro modo a abandonar su país y buscar refugio en el extranjero;

C. Considerando que el régimen bielorruso está llevando a cabo una campaña de represión contra la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos con el fin de silenciar a todas las voces independientes restantes en Bielorrusia; que cerca de 250 organizaciones de la sociedad civil han sido liquidadas o están en proceso de liquidación, incluido el Centro de Derechos Humanos Viasna, que sufrió una represión sin precedentes con la detención e imputación de sus líderes, de miembros del personal y de voluntarios, incluidos Ales Bialiatski, presidente de Viasna; Valiantsin Stefanovich, miembro del Consejo de Viasna y vicepresidente de la Federación Internacional por los Derechos Humanos; Marfa Rabkova, coordinadora de la red de voluntarios de Viasna; Andrei Chepyuk; Leanid Sudalenka; Tatsyana Lasitsa; Maryia Tarasenka; Uladzimir Labkovich; y otros miembros del personal y voluntarios de Viasna;

D. Considerando que los tribunales bielorrusos han dictado más de 120 veredictos injustos y arbitrarios en juicios por motivos políticos, celebrados a menudo a puerta cerrada y sin garantías procesales; que el político de la oposición bielorruso Viktar Babaryka ha sido condenado a 14 años de cárcel, y que los líderes de la oposición y presos políticos bielorrusos María Kalésnikava, galardonada con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia y con el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje, y Maksim Znak, un destacado abogado, han sido condenados a 11 y 10 años, respectivamente, por preparar supuestamente un golpe de Estado; que casi 500 periodistas han sido detenidos y que las autoridades bielorrusas siguen reprimiendo y acosando a periodistas bielorrusos independientes y están realizando intentos deliberados de obstaculizar la información objetiva; que, el 27 de agosto de 2021, el régimen bielorruso ordenó el cierre de la Asociación de Periodistas de Bielorrusia, la mayor organización periodística independiente del país, a la que se concedió el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia en 2004; que dos periodistas de Belsat, Ekaterina Andreeva y Daría Chultsova, siguen cumpliendo sus condenas en un centro penitenciario de Bielorrusia;

E. Considerando que la presión ejercida sobre los sindicatos bielorrusos ha aumentado drásticamente en las últimas semanas, y que dirigentes y miembros del Sindicato Bielorruso Independiente (BITU) y del Congreso de Sindicatos Democráticos Bielorrusos (BKDP) han sido detenidos, multados y sometidos a registros por el KGB; que, en el Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 2021, se considera a Bielorrusia uno de los peores países para los trabajadores;

F. Considerando que Aliaksandr Lukashenka prosigue su campaña contra la minoría polaca, tras encarcelar a Andżelika Borys y Andrzej Poczobut, dos líderes de la comunidad polaca, atacando escuelas de lengua polaca y llevando a cabo una campaña de propaganda basada en falsos relatos históricos;

G. Considerando que no hay indicios de que las autoridades bielorrusas estén investigando las miles de denuncias de brutalidad policial presentadas desde mediados de agosto de 2020, ni tampoco los asesinatos de manifestantes; que la impunidad generalizada de las violaciones de los derechos humanos perpetúa la situación desesperada del pueblo bielorruso; que la ausencia de Estado de Derecho impide el ejercicio de su derecho a un juicio justo; que Bielorrusia es el único país de Europa que sigue aplicando la pena capital;

H. Considerando que, el 23 de mayo de 2021, el vuelo FR4978 de Ryanair, un vuelo internacional de pasajeros entre dos capitales de la Unión Europea (de Atenas a Vilna), fue obligado a desviarse a Minsk por orden de Aliaksandr Lukashenka con el falso pretexto de una amenaza de bomba, violando los convenios internacionales y poniendo en peligro la seguridad de los más de 170 pasajeros y miembros de la tripulación que se encontraban a bordo; que, en Minsk, las autoridades bielorrusas detuvieron a Raman Pratasevich, periodista y activista bielorruso, y a su compañera Sofia Sapega;

I. Considerando que, en represalia por las sanciones impuestas por la Unión como respuesta al desvío forzoso del vuelo FR4978 de Ryanair, Lukashenka amenazó públicamente con inundar la Unión, en especial Lituania y Polonia, de migrantes y drogas; que esta amenaza fue ejecutada mediante la instrumentalización de migrantes con fines políticos; que el régimen de Lukashenka ideó un sistema para transportar a migrantes desde Irak, Turquía y otros países hasta Minsk, y que, con la ayuda de los guardias de fronteras bielorrusos, facilitó su cruce ilegal a la Unión Europea; que esto dio lugar a la entrada de unos 4 000 migrantes ilegales en Lituania, más de 1 400 en Polonia y alrededor de 400 en Letonia; que Lituania, Letonia y Polonia declararon el estado de excepción en sus fronteras con Bielorrusia; que el número de entradas irregulares en la Unión sigue siendo elevado y que prosiguen los intentos de cruzar ilegalmente; que el régimen bielorruso utiliza la fuerza para empujar a los migrantes al territorio de la Unión y crea propaganda y desinformación acusando a los Estados miembros de la Unión de facilitar la migración ilegal a Bielorrusia; que Lukashenka ha sugerido que se ponga fin a la obligación de Bielorrusia de aceptar migrantes retornados y ha presentado un proyecto de ley sobre su suspensión al Parlamento bielorruso; que al menos cinco migrantes han muerto por hipotermia y agotamiento, y que varios migrantes se han visto bloqueados durante semanas en la frontera exterior de la Unión Europea con Bielorrusia; que Polonia ha restringido el acceso de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación a la zona fronteriza en la que se declaró el estado de excepción; que la situación en toda la frontera de la Unión con Bielorrusia sigue siendo tensa, con numerosas provocaciones de diversa índole por parte de oficiales y soldados bielorrusos;

J. Considerando que, en su discurso sobre el estado de la Unión de 15 de septiembre de 2021, la presidenta de la Comisión calificó la instrumentalización de los migrantes como un ataque híbrido perpetrado por Bielorrusia con el fin de desestabilizar a la Unión Europea;

K. Considerando que, el 3 de agosto de 2021, Vitaly Shishov, fundador de la Casa de Bielorrusia en Ucrania, grupo que ayuda a las personas que han abandonado Bielorrusia, fue hallado ahorcado en un parque de Kiev;

L. Considerando que, el 17 de septiembre de 2021, la Fiscalía General de Bielorrusia suspendió una investigación sobre la muerte de Raman Bandarenka;

M. Considerando que, tras el reciente y mortífero tiroteo en Minsk, que se cobró la vida de Andrei Zeltser y de un agente del KGB, más de cien personas que habían comentado el acontecimiento en las redes sociales fueron detenidas por el régimen y obligadas a realizar confesiones forzadas;

N. Considerando que, tras criticar a sus entrenadores, la atleta bielorrusa Krystina Timanovskaya se vio obligada a abandonar anticipadamente los Juegos Olímpicos de Tokio y, al temer por su seguridad, buscó protección policial en el aeropuerto de Tokio y aceptó un visado humanitario proporcionado por Polonia; que el Comité Olímpico Internacional (COI) expulsó a los entrenadores bielorrusos Artur Shimak y Yury Maisevich de los Juegos Olímpicos de Tokio y abrió una investigación;

O. Considerando que, en un clima ya tenso, Rusia y Bielorrusia llevaron a cabo en septiembre de 2021 unas maniobras militares conjuntas a gran escala denominadas Zapad 2021, en las que participaron 200 000 personas, ejerciendo así una presión adicional sobre las fronteras de la Unión; que Rusia y Bielorrusia han establecido un centro conjunto de formación de fuerzas aéreas y defensa aérea en Grodno, a menos de 15 km de la frontera con Polonia; que, el 9 de septiembre de 2021, los Lukashenka y Vladimir Putin se reunieron en Moscú y anunciaron la aprobación de otros 28 programas de integración en el ámbito económico y fiscal, así como la creación de una «esfera de defensa conjunta», lo que supone un paso más hacia la fusión de las fuerzas armadas bielorrusas y rusas y el posible destacamento permanente de tropas rusas en Bielorrusia; que Lukashenka ha anunciado planes para adquirir armamento a Rusia por valor de 1 000 millones de dólares estadounidenses de aquí a 2025, incluidos sistemas de misiles S-400; que, el 9 de septiembre de 2021, Lukashenka y Putin acordaron asimismo la creación de un mercado unificado del petróleo y el gas y la profundización de la integración económica, elevando así el riesgo de que Lukashenka siga sacrificando la soberanía de Bielorrusia a cambio de un mayor apoyo de Rusia;

P. Considerando que, el 28 de junio de 2021, el régimen de Bielorrusia suspendió su participación en la iniciativa de la Asociación Oriental;

Q. Considerando que, a lo largo del pasado año, el régimen de Lukashenka ordenó a varios diplomáticos y miembros del personal de embajadas de la Unión Europea y de sus Estados miembros que abandonaran el país, con lo que cerró aún más los canales diplomáticos de comunicación;

R. Considerando que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha decidido dar a Bielorrusia acceso a casi 1 000 millones de dólares estadounidenses en nuevos derechos especiales de giro como parte de una asignación más amplia de 650 000 millones de dólares estadounidenses a todos los miembros del FMI;

S. Considerando que Bielorrusia inició la explotación comercial de la central nuclear bielorrusa de Astravets sin tener en cuenta todas las recomendaciones de seguridad recogidas en el informe de las pruebas de resistencia de la UE de 2018; que la parte bielorrusa no es transparente y no proporciona información fiable sobre sucesos ocurridos en el emplazamiento de la central nuclear, lo que confirma que es insegura y que plantea una grave amenaza para la seguridad nuclear;

T. Considerando que el Consejo adoptó el cuarto paquete de medidas restrictivas contra personas y entidades bielorrusas el 21 de junio de 2021, tras el aterrizaje forzoso e ilegal del vuelo FR4978 de Ryanair en Minsk; que, el 4 de junio de 2021, el Consejo decidió prohibir que las compañías aéreas bielorrusas de todo tipo entren en el espacio aéreo de la Unión Europea y accedan a los aeropuertos de la Unión; que la Unión Europea ha impuesto hasta ahora sanciones contra 166 personas y 15 entidades, incluido Aliaksandr Lukashenka, así como sanciones económicas específicas contra varios sectores de la economía bielorrusa; que, en 2020, la economía bielorrusa registró un descenso del PIB real del 0,9 %, y que los pronósticos para 2021 prevén una nueva disminución del PIB del 2,7 %; que China sigue cooperando con Bielorrusia e invirtiendo en este país, en particular en el parque industrial chino-bielorruso Great Stone;

1. Sigue manteniendo su firme solidaridad con el pueblo de Bielorrusia, así como con los manifestantes pacíficos que siguen defendiendo una Bielorrusia libre y democrática; recuerda que la Unión Europea y sus Estados miembros no reconocieron los resultados de la elección presidencial de 2020 por razones de fraude y mentira masivos y que no reconocen a Aliaksandr Lukashenka como presidente de Bielorrusia;

2. Sigue condenando la represión, las torturas y los malos tratos que sufren los ciudadanos pacíficos de Bielorrusia, la supresión de los medios de comunicación y de internet, así como las palizas, las detenciones y la intimidación de periodistas, blogueros y otras voces independientes en Bielorrusia; reitera su llamamiento en favor de la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y personas detenidas de forma arbitraria y pide el cese inmediato de la violencia y la represión;

3. Insiste en la necesidad de garantizar las libertades fundamentales y los derechos humanos, el Estado de Derecho y un poder judicial independiente en Bielorrusia, así como el cese de todas las formas de represión, persecución, persecuciones, malos tratos, violencia sexual y de género, desapariciones forzadas y torturas, así como en la abolición inmediata y permanente de la pena de muerte; pide que se ponga fin a la discriminación contra las mujeres y los grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad y las personas LGBTQI;

4. Denuncia los juicios políticos y condena las duras e injustas sentencias judiciales dictadas recientemente contra los líderes de la oposición María Kalésnikava y Maksim Znak y otros presos políticos y detenidos; lamenta que las vistas judiciales se celebrasen a puerta cerrada y sin garantías procesales y que se impidiera la asistencia de diplomáticos de la Unión Europea y de los Estados miembros;

5. Sigue condenando las represalias de las autoridades contra el Centro de Derechos Humanos Viasna y pide la liberación inmediata e incondicional y la retirada de todos los cargos contra Ales Bialiatski, Valiantsin Stefanovich, Marfa Rabkova, Andrei Chepyuk, Leanid Sudalenka, Tatsyana Lasitsa, Maryia Tarasenka, Uladzimir Labkovich y otros miembros del personal y voluntarios de Viasna;

6. Condena los actos de represión y las acciones hostiles llevados a cabo por las autoridades contra los representantes de la minoría polaca y contra las escuelas de lengua polaca en Bielorrusia; pide, a este respecto, la liberación inmediata e incondicional de Andżelika Borys, del periodista Andrzej Poczobut y de otros presos políticos;

7. Condena el comportamiento de los entrenadores bielorrusos Artur Shimak y Yury Maisevich en los Juegos Olímpicos de Tokio; recuerda las acciones judiciales contra deportistas bielorrusos por su participación en protestas pacíficas y los supuestos vínculos entre la Federación de Hockey sobre Hielo de Bielorrusia y el asesinato de Raman Bandarenka; pide al COI y a otras federaciones y comités deportivos internacionales que sigan sus códigos deontológicos y de conducta cuando colaboren con los representantes de Bielorrusia;

8. Reitera su llamamiento al SEAE, a la Comisión y a las representaciones diplomáticas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea en Bielorrusia para que supervisen de cerca la situación de los presos políticos en ese país, informen al Parlamento acerca de dicha supervisión, ofrezcan apoyo a los presos políticos y trabajen para garantizar su liberación;

9. Pide un apoyo inequívoco para la oposición democrática bielorrusa a la hora de organizar unas elecciones libres y justas, bajo la observación internacional de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE y respaldadas por unos medios de comunicación independientes y libres y por una sociedad civil fuerte;

10. Considera que el secuestro y el aterrizaje forzoso del vuelo FR4978 de Ryanair en Minsk es un acto de terrorismo estatal y, por consiguiente, pide a la Unión Europea que aplique medidas restrictivas contra las personas o entidades responsables en Bielorrusia y Rusia, con miras a luchar contra el terrorismo;

11. Insta al Consejo Europeo a que, en su próxima reunión de los días 21 y 22 de octubre de 2021, acuerde un enfoque global y estratégico para las sanciones contra el régimen bielorruso, que debería incluir el paso de un enfoque gradual a un enfoque de sanciones más contundente habida cuenta del carácter sistémico de la represión y las graves violaciones de los derechos humanos;

12. Se congratula de la decisión del Consejo de adoptar el cuarto paquete de medidas restrictivas e insta al Consejo a que dé curso con la máxima urgencia al quinto paquete de sanciones, centrándose en las personas y entidades implicadas en las medidas drásticas y la represión en Bielorrusia y en las personas y entidades implicadas en la trata de seres humanos, y a que haga frente a las elusiones que ya se están produciendo;

13. Lamenta el hecho de que las sanciones económicas impuestas solo hayan tenido un efecto parcial en el régimen de Lukashenka y no hayan afectado significativamente a sectores importantes como los de la potasa y los productos petrolíferos; pide al Consejo que siga reforzando las sanciones económicas selectivas de la Unión, centrándose en sectores económicos clave de Bielorrusia y empresas públicas y privadas que apoyan y financian el régimen de Lukashenka, e incluya otros sectores como el acero, la madera y los productos químicos, así como todos los demás bancos de propiedad estatal y empresas clave como Belaruskali y Beltelecom en el paquete de sanciones económicas, y que prohíba las importaciones de productos que a menudo son producidos por reclusos en centros penitenciarios; acoge con satisfacción las sanciones adicionales impuestas por los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá en el primer aniversario de las elecciones presidenciales fraudulentas en Bielorrusia; pide a la Unión, por consiguiente, que coordine sus medidas con los Estados Unidos, los socios del G-7 y otras democracias afines;

14. Pide a los Estados miembros que declaren colectivamente a los funcionarios del KGB de Bielorrusia persona non grata en territorio de la Unión Europea; reitera que la Unión Europea debe prestar especial atención a los flujos financieros procedentes de Bielorrusia y pide a las instituciones de la Unión que informen al Parlamento sobre los activos del entorno de Lukashenka y los vinculados a los oligarcas corruptos de Lukashenka; reitera su llamamiento a la Unión para que coordine estas acciones con los Estados Unidos, los socios del G-7 y otros países afines;

15. Lamenta la expulsión de Bielorrusia de diplomáticos de la Unión Europea y de los Estados miembros, en particular del jefe de la Delegación de la Unión Europea en Bielorrusia y de embajadores y diplomáticos de Lituania, Letonia y Polonia; solicita a los Estados miembros que llamen a consultas a sus embajadores en Minsk como señal política al régimen de Lukashenka y que denieguen la acreditación de diplomáticos bielorrusos en la Unión; subraya que los diputados y funcionarios bielorrusos no deben ser invitados a ningún acto internacional o bilateral; insta al SEAE a que revise sus métodos de trabajo y garantice un papel activo para el jefe de la Delegación de la Unión Europea en Bielorrusia, quien se encuentra actualmente en Bruselas, y a que adopte medidas adicionales para garantizar un entorno de trabajo seguro para los diplomáticos de la Unión y el personal de la Delegación de la Unión en Minsk, en particular la protección contra los ataques propagandísticos del régimen de Lukashenka;

16. Expresa su firme solidaridad con Lituania, Polonia y Letonia, así como con otros Estados miembros de la Unión que están en el punto de mira del régimen bielorruso; condena enérgicamente la instrumentalización de seres humanos por parte del régimen de Lukashenka con fines políticos, en contravención de las normas internacionales y de los tratados bilaterales de Bielorrusia con sus vecinos de la Unión Europea; subraya que el patrocinio estatal por parte de Bielorrusia de los cruces ilegales en las fronteras exteriores de la Unión, junto con una campaña de desinformación, constituye una forma de guerra híbrida destinada a intimidar y desestabilizar a la Unión; reitera la necesidad de que los países más afectados protejan eficazmente las fronteras exteriores de la Unión, de conformidad con el Derecho internacional aplicable, en particular la Convención de Ginebra;

17. Acoge con satisfacción el apoyo prestado por los Estados miembros, Noruega y las instituciones y agencias de la Unión, en particular Europol, Frontex y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, a los Estados miembros afectados por la crisis migratoria creada por el régimen bielorruso, y les anima a mantener su apoyo, también mediante una mayor asignación de ayuda de emergencia de la Unión, e invita a quienes aún no la hayan aprovechado a que lo hagan; pide a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión que aborden urgentemente la crisis pluridimensional en la frontera con Bielorrusia, que ayuden a los migrantes atrapados en las fronteras de la Unión con Bielorrusia y que les presten el apoyo necesario; expresa su preocupación por la falta de transparencia en la frontera entre Polonia y Bielorrusia e insta a las autoridades polacas a que garanticen, de manera transparente, que toda legislación, política o práctica en la frontera entre Polonia y Bielorrusia se ajuste al Derecho de la Unión y a que garanticen el acceso a la región fronteriza para las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación, así como a que cooperen con Frontex para resolver conjuntamente la crisis actual; pide a la Unión, a sus Estados miembros y a las organizaciones internacionales que redoblen sus esfuerzos con miras a desmantelar estos flujos de trata de seres humanos ordenados por el Estado, en particular ejerciendo presión diplomática sobre los países de origen de los migrantes e imponiendo sanciones a los funcionarios, personas y entidades bielorrusas implicados, así como a las redes delictivas internacionales que operan en el territorio de la Unión y que se encargan de los traslados a los destinos finales; destaca que Bielorrusia ha suspendido recientemente su régimen de visados con Pakistán, Jordania, Egipto y Sudáfrica, lo que permite viajar sin visado desde estos países a Bielorrusia;

18. Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que adopten un enfoque común para esta situación basado en el Derecho internacional y de la Unión pertinente y en los principios de solidaridad, transparencia, rendición de cuentas y respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; pide a la Comisión que presente urgentemente propuestas legislativas específicas que ofrezcan a los Estados miembros las salvaguardias necesarias para reaccionar con rapidez y eficacia y responder a las campañas de instrumentalización de la migración por parte de países no pertenecientes a la Unión, en particular garantizando una protección sólida y eficaz de las fronteras exteriores de la Unión y ofreciendo medidas eficaces para evitar los cruces irregulares así como ideando maneras de poner fin a los abusos en el sistema de asilo por parte de cualquier tercer país hostil o red delictiva;

19. Manifiesta su preocupación por las muertes de personas en la frontera entre Bielorrusia y la Unión y expresa su solidaridad con las familias y los allegados de los fallecidos; pide a las autoridades de Polonia, Letonia, Lituania y de otros Estados miembros afectados que velen por que la legislación de la Unión en materia de asilo y retorno y la legislación internacional en materia de derechos humanos se respeten también durante la situación de emergencia, incluido el acceso al asilo y el acceso de los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y los proveedores de asistencia jurídica gratuita a la zona fronteriza en la mayor medida posible, y que tengan en cuenta las orientaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de los órganos del Consejo de Europa; pide a la Comisión, en su condición de guardiana de los Tratados, que vele por el cumplimiento de la legislación aplicable de la Unión;

20. Pide a los Estados miembros que mejoren su cooperación en materia de gestión de fronteras, lucha contra la trata de seres humanos, contrabando de cigarrillos y otros retos en materia de seguridad creados o agravados por el régimen bielorruso; apoya la propuesta de la Comisión de suspender determinados artículos del Acuerdo de facilitación de visados de la UE con la República de Bielorrusia dirigida a categorías específicas de funcionarios vinculados al régimen de Lukashenka, sin repercusiones para los ciudadanos bielorrusos de a pie; pide que se amplíe la lista de personas afectadas y que se considere desde estos momentos la posibilidad de incluir a las categorías de personas que pueden ser objeto de medidas restrictivas individuales en los futuros paquetes de sanciones;

21. Lamenta la asignación incondicional de derechos especiales de giro del FMI de 910 millones de dólares estadounidenses, que no beneficiará al pueblo de Bielorrusia, sino más bien los intereses del líder ilegítimo del país; pide a los Estados miembros que se coordinen con los socios internacionales en organizaciones multilaterales como el FMI con miras a restringir el desembolso de fondos al régimen de Lukashenka y congelar toda cooperación con él; toma nota de las continuas inversiones de países no democráticos, en particular Rusia y China, en Bielorrusia;

22. Reitera la urgencia de que se denuncie el apoyo de Rusia a la brutal represión del pueblo de Bielorrusia por parte de Lukashenka, así como la participación de Rusia en las acciones híbridas del régimen de Lukashenka contra la Unión, incluido el uso de los migrantes con fines políticos, y exige responsabilidades al Kremlin por estas acciones;

23. Toma nota de la naturaleza agresiva de las maniobras militares denominadas Zapad 2021 y de las escasas oportunidades de observarlas; reitera que estas maniobras, así como otras maniobras similares a gran escala, subrayan el posicionamiento ofensivo y la determinación de Rusia de utilizar sus capacidades de manera hostil; reitera su llamamiento en favor de una autonomía estratégica de la Unión y una auténtica Unión Europea de Defensa como parte de una OTAN reforzada;

24. Condena los continuos contactos entre Lukashenka y Vladimir Putin con miras a preparar hojas de ruta para una mayor integración entre Bielorrusia y Rusia, incluida la militarización progresiva de Bielorrusia, y considera que esto constituye una violación de la soberanía de Bielorrusia, ya que el pueblo bielorruso se ve privado de su derecho a determinar el futuro de su país; destaca la ilegalidad del régimen de Lukashenka y rechaza todos los acuerdos celebrados por Lukashenka en nombre del Estado bielorruso, en particular tras la expiración de su mandato presidencial el 5 de noviembre de 2020; reitera que la Unión Europea debe dejar claro que, si Rusia prosigue su política actual en relación con Bielorrusia, la Unión tendrá que prever medidas adicionales de contención y disuasión dirigidas a Rusia; pide que las instituciones de la Unión informen periódicamente al Parlamento sobre la injerencia del Kremlin en Bielorrusia, también en lo que respecta a su explotación de la situación con miras a un control político, militar y económico más profundo sobre Bielorrusia;

25. Expresa su decepción por el hecho de que hasta ahora la Unión no haya conseguido desarrollar una estrategia global para con el régimen bielorruso, e insta al Consejo, a la Comisión y al VP/AR a que elaboren una estrategia coherente y global con respecto a Bielorrusia, basada en la actual ayuda de emergencia a las víctimas de la represión, el apoyo político, técnico y financiero estratégico y a largo plazo a la sociedad civil bielorrusa, los defensores de los derechos humanos, los medios de comunicación independientes, los sindicatos y las fuerzas democráticas en el país y en el extranjero, la cooperación con los países vecinos en cuestiones humanitarias urgentes, la estrecha coordinación con los socios internacionales y las organizaciones multilaterales pertinentes (por ejemplo, las Naciones Unidas o la OSCE), así como con donantes internacionales, y la acción conjunta internacional para abordar el problema de la impunidad; pide al SEAE que asuma el liderazgo en la coordinación de esta política coherente con los Estados miembros y otras instituciones de la Unión;

26. Insta a la Comisión, al Consejo, al VP/AR y a los Estados miembros de la Unión a que sigan planteando la situación en Bielorrusia en todas las organizaciones europeas e internacionales pertinentes, como la OSCE o las Naciones Unidas y sus órganos especializados, con el fin de reforzar la acción internacional sobre la situación en Bielorrusia y superar la obstrucción de Rusia y otros países frente a dicha acción;

27. Sigue apoyando al pueblo bielorruso en sus legítimas demandas y aspiraciones en favor de unas elecciones libres y justas, las libertades fundamentales y los derechos humanos, la representación democrática y la participación política en una Bielorrusia libre y soberana;

28. Elogia la labor sistemática y coherente de las fuerzas democráticas bielorrusas en Bielorrusia y en el exilio, en particular la líder de la oposición democrática, Svetlana Tijanóvskaya, el Consejo de Coordinación y la Gestión Nacional Anticrisis; reitera la imperiosa necesidad de mantener y ampliar los contactos y la cooperación con estas fuerzas; se congratula, en este contexto, de la decisión de Lituania de conceder una acreditación oficial a la representación democrática bielorrusa en Vilna y pide a los demás Estados miembros que sigan su ejemplo; pide a la Unión Europea que interponga sus buenos oficios para apoyar el establecimiento de una oficina de representación de la Bielorrusia democrática en Bruselas;

29. Pide a la Unión Europea que colabore a nivel operativo con los representantes de las fuerzas democráticas de Bielorrusia con el fin de concluir los trabajos sobre la adopción de una hoja de ruta destinada a la aplicación de un plan global de apoyo económico de 3 000 millones EUR a una futura Bielorrusia democrática en ámbitos como el desarrollo de capacidades de promoción, el desarrollo de capacidades de reforma, el desarrollo de capacidades de gestión de inversiones y el desarrollo de capacidades de gobernanza estatal para las fuerzas democráticas de Bielorrusia; pide a la Unión Europea que inicie los preparativos necesarios para el diálogo con las fuerzas democráticas de Bielorrusia y que informe periódicamente al Parlamento sobre los progresos realizados, en particular sobre la adopción de una estrategia de la Unión sobre sus futuras relaciones con una Bielorrusia democrática y sobre un amplio conjunto de medidas para preparar a las fuerzas democráticas de Bielorrusia para la aplicación de este plan;

30. Reitera su llamamiento para que se invite oficialmente a los representantes de la Bielorrusia democrática a la próxima Cumbre de la Asociación Oriental y para que se les incluya en reuniones bilaterales y preparatorias de alto nivel a escala nacional y de la Unión, así como en sesiones parlamentarias y reuniones interparlamentarias con el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales; reitera la importancia de crear grupos oficiales dedicados a Bielorrusia en todos los Parlamentos nacionales de los Estados miembros de la Unión, los países de la vecindad oriental y los países del G-7; pide una mayor interacción con los representantes de la sociedad civil y la oposición democrática bielorrusas y una mayor presencia de dichos representantes en los órganos multilaterales de la Asociación Oriental, en particular el Foro de la Sociedad Civil de la Asociación Oriental y la Asamblea Parlamentaria Euronest;

31. Recuerda su iniciativa precedente relativa a una misión de alto nivel en la que participen antiguos altos funcionarios europeos para explorar todas las vías posibles para poner fin a la violencia y liberar a los presos políticos, lo que podría contribuir a crear un entorno propicio a un diálogo político interno e integrador en Bielorrusia; reitera su llamamiento a la Comisión y al VP/AR para que organicen, junto con socios internacionales, una conferencia internacional de alto nivel denominada «Futuro de una Bielorrusia Democrática» sobre la resolución de la crisis en ese país y el compromiso de un paquete financiero de varios miles de millones de euros para respaldar los futuros esfuerzos de reforma y la reestructuración de la economía bielorrusa; pide a la Comisión que informe al Parlamento sobre los progresos realizados en este sentido;

32. Subraya la necesidad de una investigación exhaustiva de los crímenes cometidos por el régimen de Lukashenka contra el pueblo bielorruso, incluido el asesinato de Raman Bandarenka y otros ciudadanos bielorrusos; aguarda los resultados de la investigación de las autoridades ucranianas sobre la muerte de Vitaly Shishov; pide a los Estados miembros que apliquen activamente el principio de jurisdicción universal y preparen causas judiciales contra los funcionarios bielorrusos responsables o cómplices de la violencia y la represión, incluido Aliaksandr Lukashenka;

33. Se compromete a garantizar el funcionamiento efectivo de la Plataforma del Parlamento Europeo para la lucha contra la impunidad en Bielorrusia y a coordinar una reacción internacional oportuna ante la evolución de la situación en ese país; pide a la Plataforma que defina en su próxima reunión el camino a seguir para que la Unión contribuya a una estrategia procesal y participe junto con sus socios en el proceso judicial internacional, incluida la jurisdicción universal, para condenar personalmente a Aliaksandr Lukashenka y a miembros de su régimen por los delitos cometidos a gran escala contra el pueblo de Bielorrusia; pide, en particular, que la plataforma estudie la posibilidad de llevar el caso de Bielorrusia ante la Corte Internacional de Justicia sobre la base de las violaciones del Convenio de Chicago, del Convenio de Montreal y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura cometidas por el régimen de Lukashenka;

34. Recuerda a todas las empresas de la Unión que operan en Bielorrusia su llamamiento previo para que actúen con especial diligencia y hagan honor a su responsabilidad de respetar los derechos humanos, de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos; les pide que se abstengan de realizar nuevas inversiones y que protesten públicamente ante las autoridades bielorrusas contra la continua represión de los trabajadores y de los ciudadanos en general;

35. Insta a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros de la Unión a que aumenten el apoyo directo a la oposición bielorrusa, a la sociedad civil, a los defensores de los derechos humanos y a las organizaciones de medios de comunicación independientes dentro y fuera de Bielorrusia; subraya la importancia de mantener relaciones con estas personas y organizaciones a pesar del anuncio del régimen bielorruso de su retirada de la Asociación Oriental; se compromete a intensificar sus propias actividades de apoyo a la democracia; reitera su llamamiento en favor de un programa de asistencia específico de la Unión Europea para ayudar a la sociedad civil, los medios de comunicación independientes, el mundo académico y la oposición bielorrusa en el exilio, así como a las víctimas de la represión política y de la violencia policial y a quienes huyen del régimen opresor;

36. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y al SEAE que cooperen con socios internacionales, como el Mecanismo de Moscú de la OSCE y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como con los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil sobre el terreno, a fin de garantizar el seguimiento, la documentación y la notificación de las violaciones de los derechos humanos y la consiguiente rendición de cuentas y justicia para las víctimas; acoge con satisfacción y apoya la creación de la Plataforma internacional para la rendición de cuentas en Bielorrusia y pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que apoyen su funcionamiento, así como el del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) y de otras iniciativas internacionales que exijan responsabilidades a los autores; apoya que se intensifiquen los debates sobre un posible tribunal internacional para las violaciones de los derechos humanos en Bielorrusia, que se crearía en La Haya;

37. Destaca la enorme importancia de la creación de embajadas populares de Bielorrusia en todo el mundo e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que presten más apoyo para proteger los derechos e intereses de los ciudadanos bielorrusos en el extranjero y los intereses de una Bielorrusia democrática, por ejemplo, explorando formas de financiar las embajadas populares de Bielorrusia;

38. Anima a los Estados miembros a que simplifiquen aún más los procedimientos de obtención de visados y permisos de residencia a las personas que huyen de Bielorrusia por razones políticas o que necesitan tratamiento médico como consecuencia de la violencia de que han sido víctimas, y a que brinden a estas personas y a sus familias el apoyo y la asistencia que precisan; pide a los Estados miembros y a la Comisión que ofrezcan becas a los estudiantes y académicos bielorrusos expulsados de las universidades y encarcelados por su posición prodemocrática;

39. Destaca la importancia de abordar las amenazas para la seguridad nuclear que plantea la central nuclear bielorrusa de Astravets; insiste en que Bielorrusia debe comprometerse con la seguridad nuclear de esa central mediante una total transparencia y con la plena aplicación de las recomendaciones formuladas en la revisión inter pares de esa central por parte del Grupo Europeo de Reguladores de Seguridad Nuclear; respalda, hasta ese momento, la prohibición de importar energía procedente de la central nuclear bielorrusa en el mercado de la Unión y la plasmación de esta posición en el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión Europea;

40. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a las autoridades de la República de Bielorrusia y de la Federación de Rusia, y a los representantes de la oposición democrática bielorrusa.

 

[1] Textos Aprobados, P9_TA(2021)0383.

Última actualización: 6 de octubre de 2021Aviso jurídico - Política de privacidad