Procedimiento : 2021/2981(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : RC-B9-0554/2021

Textos presentados :

RC-B9-0554/2021

Debates :

Votaciones :

PV 25/11/2021 - 8
PV 25/11/2021 - 15

Textos aprobados :

P9_TA(2021)0481

<Date>{24/11/2021}24.11.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0554/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0559/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0565/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0568/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0570/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0572/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 188kWORD 54k

<TitreType>PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN</TitreType>

<TitreRecueil>presentada de conformidad con el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, del Reglamento interno</TitreRecueil>


<Replacing>para sustituir a las propuestas de Resolución siguientes:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0554/2021 (The Left)

B9-0559/2021 (Verts/ALE)

B9-0565/2021 (S&D)

B9-0568/2021 (PPE)

B9-0570/2021 (Renew)

B9-0572/2021 (ECR)</TablingGroups>


<Titre>sobre la situación en Somalia</Titre>

<DocRef>(2021/2981(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Janina Ochojska, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Pollák, José Manuel Fernandes, Adam Jarubas, Tom Vandenkendelaere, David Lega, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Lefteris Christoforou, Andrey Kovatchev, Vladimír Bilčík, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan</Depute>

<Commission>{PPE}en nombre del Grupo PPE</Commission>

<Depute>Pedro Marques, Andrea Cozzolino</Depute>

<Commission>{S&D}en nombre del Grupo S&D</Commission>

<Depute>Jan-Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}en nombre del Grupo Renew</Commission>

<Depute>Hannah Neumann, Alviina Alametsä</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}en nombre del Grupo Verts/ALE</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Jan Zahradil, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski</Depute>

<Commission>{ECR}en nombre del Grupo ECR</Commission>

<Depute>Emmanuel Maurel</Depute>

<Commission>{The Left}en nombre del Grupo The Left</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

ENMIENDAS

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Somalia

(2021/2981(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores resoluciones sobre Somalia,

 Vista la Estrategia conjunta África-UE,

 Visto el Acuerdo de Cotonú,

 Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

 Vista la Convención de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de los Desplazados Internos en África,

 Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989,

 Visto el programa indicativo nacional UE-Somalia para la República Federal de Somalia correspondiente al período 2014-2020,

 Vista la declaración de la Misión de la Unión Africana en Somalia (Amisom), de 8 de noviembre de 2017, en la que anunciaba su intención de iniciar una retirada progresiva de tropas de Somalia a partir de diciembre de 2017 con vistas a una retirada total para 2020,

 Vista la declaración del alto representante, Josep Borrell, de 18 de septiembre de 2021, sobre la situación política en Somalia,

 Vista la Resolución 2568 (2021) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 12 de marzo de 2021, sobre la situación en Somalia,

 Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la situación humanitaria se sigue deteriorando en Somalia, que atraviesa múltiples crisis, incluidas la inestabilidad política, las actividades terroristas, la inseguridad alimentaria, la sequía, la crisis climática y la COVID‑19, que suponen una amenaza para la estabilidad, así como para el bienestar y los medios de subsistencia de las personas, y provocan desplazamientos a gran escala en todo el país y la región;

B. Considerando que varios organismos de ayuda internacionales han advertido de que Somalia está al borde de una catástrofe humanitaria, ya que unos 5,9 millones de personas necesitan ayuda humanitaria y más de 2,7 millones de personas se enfrentan a niveles alarmantes de inseguridad alimentaria en todo el país, entre ellas más de 800 000 niños menores de cinco años que corren el riesgo de sufrir desnutrición aguda; que 2 millones de personas se enfrentan a una grave escasez de agua; que las Naciones Unidas han declarado que Somalia se ve confrontada con el déficit de financiación más grave de los últimos seis años; que los socios humanitarios estiman que 7,7 millones de somalíes necesitarán ayuda humanitaria en 2022, y que es probable que aproximadamente 1,2 millones de niños menores de cinco años sufran desnutrición aguda en 2022 si no se proporciona inmediatamente un tratamiento;

C. Considerando que Somalia no ha podido responder a la pandemia de COVID‑19 al no contar con un sistema sanitario operativo y carecer de respiradores, productos farmacéuticos y personal; que Somalia, al igual que muchos países africanos, no ha podido vacunar a su población debido a la falta de vacunas, y que solo alrededor del 3 % de su población ha sido vacunada por completo;

D. Considerando que el sector de la educación se ha visto muy afectado por la pandemia de COVID‑19 y que muchos niños, incluidos los que viven en centros de desplazados internos, en particular, no han podido continuar su educación formal debido a circunstancias como la pérdida de los medios de subsistencia y fuentes de ingresos efectivas de sus padres;

E. Considerando que los grupos insurgentes siguen siendo la mayor fuente de inseguridad en el país, y que estos grupos perpetran ataques indiscriminados contra los somalíes y participan en secuestros y en el reclutamiento forzoso de niños para los conflictos armados; que, en lo que va de 2021, aproximadamente 1 000 civiles han sido asesinados o heridos en conflictos armados, y que Al-Shabab es responsable de la mayoría de las víctimas civiles; que los militantes han intensificado sus ataques y asesinatos selectivos de funcionarios del Gobierno para intentar perturbar el proceso electoral de 2021;

F. Considerando que los grupos vulnerables siguen siendo las principales víctimas de abusos y actos de violencia, en particular las mujeres, los niños, las personas mayores, los desplazados internos, las personas LGBTQ y otras minorías; que, de manera generalizada, los casos de violencia sexual y de género, así como de violencia relacionada con los conflictos, siguen quedando impunes, en particular en las zonas de conflicto;

G. Considerando que, según el informe del secretario general de las Naciones Unidas de 2021 sobre los niños y los conflictos armados, en Somalia se continuaron cometiendo graves abusos contra los niños y al menos 1 087 niños fueron asesinados y mutilados en 2020; que, si bien Al-Shabab es el principal agente de reclutamiento de niños, Al-Shabab, las fuerzas de seguridad gubernamentales, las fuerzas de seguridad regionales y las milicias de clanes reclutaron a 1 716 niños el año pasado;

H. Considerando que, en agosto de 2020, el Parlamento de Mogadiscio presentó una nueva Ley sobre delitos relacionados con las relaciones sexuales que permite el matrimonio infantil, al establecer una definición del niño basada en la madurez física y no en la edad, y prevé una escasa protección procesal para los supervivientes; que la nueva Ley sobre delitos relacionados con las relaciones sexuales vulnera las obligaciones internacionales y regionales en materia de derechos humanos;

I. Considerando que la libertad de expresión sigue estando severamente restringida y que los periodistas y defensores de los derechos humanos son objeto de amenazas y detenciones arbitrarias y se les priva de las garantías procesales y de un juicio justo; que las autoridades regionales y federales han clausurado algunos medios de comunicación; que las autoridades rara vez investigan los casos de asesinatos o ataques contra periodistas o procesan a sus autores;

J. Considerando que, de cara al proceso electoral, las fuerzas de seguridad del Gobierno Federal de Somalia y las autoridades regionales, en particular en Puntlandia, así como Al-Shabab, intensificaron los ataques contra los periodistas con actos de intimidación y acoso y detenciones arbitrarias; que la independencia de los medios de comunicación es un componente esencial de un proceso electoral justo; que numerosos periodistas han sido asesinados ilegalmente en el transcurso de 2021, incluido el veterano periodista Abdiaziz Mohamud Guled, director de Radio Mogadiscio, que fue asesinado por Al‑Shabab en Mogadiscio el 20 de noviembre de 2021;

K. Considerando que se calcula que 2,9 millones de somalíes son desplazados internos; que, entre agosto y octubre de 2021, 55 000 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares, el 80 % de ellas como consecuencia de los conflictos y el 20 % debido a fenómenos climáticos; que en Kenia hay varios campos de refugiados en los que se viene acogiendo a refugiados y solicitantes de asilo somalíes desde la guerra civil de Somalia en 1991, incluidos los campos de Kakuma y Dadaab, en los que están registrados alrededor de 520 000 refugiados y solicitantes de asilo; que las condiciones de vida en los campamentos no son seguras y que, en particular, las mujeres, los niños y las personas LGBTQ son víctimas de abusos y actos de violencia recurrentes; que, el 29 de abril de 2021, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Gobierno de Kenia acordaron una hoja de ruta por la que se aplaza el cierre de los campos de Dadaab y Kakuma hasta el 30 de junio de 2022;

L. Considerando que Somalia sigue siendo uno de los países africanos más peligrosos para los sindicalistas, contra los que se cometen sistemáticamente actos de violencia e intimidación; que a los trabajadores somalíes se les deniegan constantemente sus derechos humanos y laborales fundamentales, que su salud y seguridad en el trabajo se ve amenazada periódicamente y que su trabajo está mal remunerado, también por los contratistas extranjeros;

M. Considerando que, en un principio, el proceso electoral debía concluir en octubre de 2021 con las elecciones presidenciales; que, sin embargo, el proceso electoral se ha interrumpido continuamente como consecuencia de los retrasos registrados en los Estados miembros federales en la celebración de las elecciones de los miembros de ambas cámaras del Parlamento Federal de Somalia, que, a su vez, debe elegir al presidente de Somalia; que, cuanto más se retrase el proceso electoral, más recursos se desviarán de importantes prioridades nacionales, como la respuesta a las emergencias humanitarias;

N. Considerando que se prevé que los delegados de los clanes nombren a un total de 275 diputados para la Cámara Baja, mientras que las cinco asambleas legislativas estatales de Somalia ya han elegido a los 54 senadores de la Cámara Alta; que las autoridades se han comprometido a concluir las elecciones a la Cámara Baja el 24 de diciembre de 2021 a más tardar; que una conclusión creíble de los procesos electorales será crucial para garantizar la seguridad y el desarrollo a largo plazo de Somalia;

O. Considerando que el 26 % de los elegidos para la Cámara Alta son mujeres, lo que representa un avance positivo en la senda de Somalia hacia la igualdad de género; que deben realizarse esfuerzos adicionales para respetar la cuota acordada del 30 % para la Cámara Baja y lograr la plena inclusión de las mujeres en la toma de decisiones políticas, sociales y económicas de Somalia;

P. Considerando que la injerencia extranjera en los procesos políticos internos y en la organización de las elecciones ha impedido que ambos concluyeran a su debido tiempo; que, el 15 de noviembre de 2021, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 2607 (2021), por la que se renueva el embargo de armas a Somalia;

Q. Considerando que el mandato otorgado por las Naciones Unidas a la Amisom expirará el 31 de diciembre de 2021; que el Gobierno Federal de Somalia y la Unión Africana (UA) no han logrado llegar a un acuerdo sobre una reconfiguración de una misión dirigida por la UA, de conformidad con lo establecido en la Resolución 2568 (2021) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

R. Considerando que, en diciembre de 2020, el Consejo prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2022 los mandatos de sus dos misiones de la política común de seguridad y defensa (PCSD) en Somalia, a saber, la Misión de la UE de desarrollo de capacidades (EUCAP) en Somalia y la Misión de formación de la UE (EUTM) en Somalia, así como la operación Atalanta;

S. Considerando que, el 5 de noviembre de 2021, Somalia declaró persona non grata al enviado de la UA, Simon Mulongo, y le ordenó que saliera del país en un plazo de siete días, acusándole de participar en actividades incompatibles con el mandato de la Amisom;

T. Considerando que la Unión destinó 286 000 000 EUR a Somalia en el marco del programa indicativo nacional en el período 2014-2020, centrándose en el apoyo al Estado de Derecho, la seguridad, la seguridad alimentaria y la educación; que, en 2021, la Unión destinó 45 300 000 EUR a proyectos humanitarios en Somalia, incluidos 2 800 000 EUR para apoyar el despliegue nacional de la vacunación contra la COVID‑19, y que la Unión y sus Estados miembros aportan conjuntamente más del 35 % de toda la ayuda humanitaria en Somalia;

1. Expresa su profunda preocupación por el deterioro de la crisis humanitaria en Somalia; condena todas las violaciones y abusos de los derechos humanos y los ataques indiscriminados dirigidos contra civiles, trabajadores humanitarios, periodistas, funcionarios electorales y la Amisom por parte de grupos terroristas, en particular Al‑Shabab; pide a todas las partes implicadas en los diversos conflictos en Somalia que pongan fin de inmediato a las violaciones de los derechos humanos y que adopten medidas concretas para llevar a los responsables ante la justicia en juicios justos; pide encarecidamente el cese de las hostilidades y, siempre que sea posible, la continuación de un diálogo global para abordar las diferencias políticas;

2. Recuerda que la estabilidad y la paz duraderas en Somalia solo pueden lograrse a través de la inclusión social y la buena gobernanza basada en los principios de la democracia y el Estado de Derecho; pide, por tanto, a los dirigentes somalíes que redoblen sus esfuerzos para completar el proceso electoral del país y que concluyan con la celebración de unas elecciones inclusivas y creíbles a la Cámara Baja antes de finales de 2021, de modo que a continuación puedan celebrarse las elecciones presidenciales lo antes posible; subraya que el proceso electoral debe desarrollarse pacíficamente, en consonancia con el calendario previamente acordado de 27 de mayo de 2021; pide asimismo a los dirigentes somalíes que den muestras de moderación y se abstengan de toda acción que pueda agravar las tensiones políticas o la violencia, con el fin de establecer la estabilidad y privar a Al-Shabab de la oportunidad de adquirir influencia política; pide el pleno respeto de los derechos fundamentales durante la campaña y los períodos electorales, incluido el derecho de reunión pacífica, y la libertad de circulación, asociación y expresión; condena todo uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas gubernamentales contra la oposición política o contra manifestantes; previene contra cualquier otra iniciativa que conduzca a una ampliación de mandatos anteriores sin un amplio apoyo de las partes interesadas somalíes y se opone a cualquier proceso paralelo o a elecciones parciales;

3. Pide a la Unión, a sus Estados miembros y a sus socios internacionales que refuercen urgentemente la ayuda humanitaria en consonancia con los requisitos y presten asistencia adicional a la respuesta a la COVID-19, en particular compartiendo vacunas y facilitando suministros médicos y productos farmacéuticos esenciales; subraya que la comunidad internacional debe ayudar a hacer todo lo necesario para controlar la pandemia de COVID-19 en Somalia y en la región, también mediante una mayor distribución de vacunas e impulsando la capacidad de fabricación de vacunas;

4. Pide a las autoridades somalíes que pongan fin a todas las detenciones arbitrarias y liberen a todas las personas que estén siendo objeto de detenciones ilegales e injustificables, que luchen contra los actos de acoso e intimidación de civiles por parte de las fuerzas de seguridad, los políticos y las autoridades locales, y que garanticen que los responsables rindan cuentas de dichos actos; insiste en que las autoridades deben detener las ejecuciones ordenadas por tribunales militares, adoptar una moratoria y proceder a la abolición de la pena de muerte; insta al Gobierno de Somalia a que refuerce el Estado de Derecho, establezca un sistema judicial independiente e imparcial, y garantice reparaciones a las víctimas de la violencia extrajudicial y excesiva; insta a las autoridades somalíes a que adopten rápidamente la política de protección de civiles y el proyecto de ley nacional de lucha contra el terrorismo, y a que garanticen el pleno cumplimiento por su parte de las normas y los principios internacionales en materia de derechos humanos;

5. Expresa su profunda preocupación por el número de refugiados y desplazados internos en Somalia y por su bienestar; pide a la Unión y a sus socios internacionales que se comprometan con el Gobierno Federal de Somalia para ofrecer protección, asistencia y soluciones duraderas en consonancia con las obligaciones internacionales; acoge con satisfacción la ratificación por el Gobierno Federal de Somalia de la Convención de la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de los Desplazados Internos en África, y pide a la Comisión que ayude a Somalia a desarrollar marcos jurídicos nacionales y a garantizar la seguridad de los desplazados internos y los refugiados, prestando especial atención a las personas más vulnerables, como las mujeres, los niños y las personas pertenecientes a grupos minoritarios, que corren mayor riesgo de sufrir violencia, abusos y violaciones;

6. Expresa su profunda preocupación por los daños sociales y económicos causados por el cambio climático, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y la plaga de la langosta; acoge con satisfacción los compromisos de Somalia en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) de 2021 en favor de una transición justa basada en el diálogo social y en la priorización de las energías renovables con el fin de cubrir las necesidades energéticas de Somalia; pide que se adopten medidas urgentes y se apliquen adecuadamente los planes de acción para prevenir o mitigar las catástrofes relacionadas con el clima, como el Plan de acción contra la crisis Desert Locust («Langosta del Desierto») de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO);

7. Lamenta los ataques de grupos terroristas contra los trabajadores humanitarios, la destrucción de infraestructuras y el desvío de la ayuda; recuerda que, de conformidad con el Derecho internacional, debe garantizarse el acceso sin restricciones para la entrega oportuna de ayuda humanitaria a las personas necesitadas en toda Somalia;

8. Reconoce el papel desempeñado por la Amisom en el establecimiento de la seguridad ante la amenaza que suponen Al-Shabab y los grupos armados de la oposición; expresa su apoyo al Plan de Transición para Somalia en relación con las operaciones de la Amisom y pide su oportuna aplicación; pide a las principales partes interesadas somalíes en materia de seguridad que lleguen a un acuerdo sobre los objetivos estratégicos, el tamaño y la composición de una futura Amisom diseñada para apoyar la transición de la seguridad en Somalia, con el fin de avanzar en la aplicación del Plan de Transición; pide que se refuerce la arquitectura de seguridad nacional para proteger a la población; pide al Gobierno Federal de Somalia, a la Amisom y a las fuerzas aliadas que garanticen que sus campañas militares contra Al-Shabab se lleven a cabo respetando estrictamente el Derecho internacional humanitario y el Derecho internacional en materia de derechos humanos;

9. Subraya que las autoridades somalíes deben ser las principales responsables de garantizar la seguridad en su país, pero que todavía no están en condiciones de hacerlo en la lucha contra Al-Shabab y grupos armados de la oposición; recuerda la importancia, en consonancia con la Resolución 2568 (2021) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de desarrollar urgentemente un plan de lo que sería una presencia reconfigurada de la UA después de 2021; recuerda, en este contexto, la responsabilidad primordial de las Naciones Unidas, la UA y el Gobierno Federal de Somalia en la elaboración de dicho plan, con el apoyo de socios internacionales;

10. Insta a todos los agentes extranjeros a que no pongan en peligro los esfuerzos en curso en materia de consolidación del Estado y de la paz, promoviendo al mismo tiempo la estabilidad y preservando asimismo la unidad del país; recuerda a todas las partes el embargo de armas a Somalia adoptado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y aún vigente;

11. Acoge con satisfacción el aumento de la representación de las mujeres en las elecciones parlamentarias, y señala que sigue siendo necesaria una mayor representación; destaca el importante papel que desempeñan las mujeres en la resolución de conflictos y la consolidación de la paz; pide una participación e implicación plenas, igualitarias y significativas de las mujeres a todos los niveles, de conformidad con la Carta de la Mujer somalí;

12. Condena la actual violencia sexual y de género contra las mujeres y las niñas en Somalia, y pide esfuerzos nacionales continuos y concertados para hacer frente a la violencia sexual y de género, incluida la transposición efectiva a la legislación nacional y la aplicación del Convenio n.º 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, que Somalia ha ratificado, la ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la promulgación de legislación progresiva contra la mutilación genital femenina a escala tanto estatal como federal; insta al Gobierno de Somalia a que adopte medidas concretas para prevenir la violencia sexual contra mujeres y niños;

13. Pide a las autoridades somalíes que deroguen las disposiciones de la Ley de Medios de Comunicación modificada de 2020, que restringe gravemente la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión, e incumple las normas internacionales en materia de libertad de expresión;

14. Lamenta los recientes ataques contra periodistas y personal de los medios de comunicación que desempeñan un papel legítimo en la construcción del Estado y en el proceso electoral, y que deberían poder llevar a cabo su trabajo sin miedo ni intimidación; pide a las autoridades somalíes que lleven a cabo y concluyan investigaciones sobre los asesinatos de todos los periodistas durante 2021, incluido el de Jamal Farah Adan, y que lleven a los responsables ante la justicia;

15. Insta al Gobierno Federal de Somalia y a sus Estados miembros federales a que declaren sin demora una moratoria sobre la detención y el encarcelamiento de periodistas en el ejercicio de sus funciones periodísticas, como proponen Reporteros sin Fronteras y la Unión Nacional de Periodistas somalíes, y a que pongan fin al recurso continuado al antiguo y obsoleto código penal de Somalia para castigar a los periodistas y restringir la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión;

16. Pide al Gobierno Federal de Somalia, a sus Estados miembros federales y a la comunidad internacional que velen por que las empresas extranjeras o multinacionales que operan en Somalia respeten, defiendan y apliquen plenamente los tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos jurídicos, incluida la Constitución provisional y las leyes de Somalia, así como los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos y los convenios fundamentales de la OIT; subraya la necesidad de vigilar muy atentamente las finanzas de Al‑Shabab y de evitar la generación ilícita de ingresos, también a partir de materias primas;

17. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Unión Africana, al presidente, al primer ministro y al Parlamento de Somalia, al secretario general de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.

 

Última actualización: 24 de noviembre de 2021Aviso jurídico - Política de privacidad