PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN sobre la crisis política en Sudán
19.1.2022 - (2022/2504(RSP))
para sustituir a las propuestas de Resolución siguientes:
B9‑0068/2022 (The Left)
B9‑0070/2022 (Verts/ALE)
B9‑0078/2022 (Renew)
B9‑0080/2022 (S&D)
B9‑0081/2022 (ECR)
B9‑0082/2022 (PPE)
Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, David McAllister, Andrey Kovatchev, Paulo Rangel, Isabel Wiseler‑Lima, Miriam Lexmann, Stelios Kympouropoulos, Gheorghe‑Vlad Nistor, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, David Lega, Ivan Štefanec, Christian Sagartz, Antonio López‑Istúriz White, Vladimír Bilčík, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vangelis Meimarakis, Romana Tomc, Peter Pollák, Tom Vandenkendelaere, Loránt Vincze, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer
en nombre del Grupo PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Jytte Guteland
en nombre del Grupo S&D
Jan‑Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Andreas Glück, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
en nombre del Grupo Renew
Katrin Langensiepen
en nombre del Grupo Verts/ALE
Anna Fotyga, Assita Kanko, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Bogdan Rzońca, Carlo Fidanza, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Vincenzo Sofo, Witold Jan Waszczykowski
en nombre del Grupo ECR
Marisa Matias
en nombre del Grupo The Left
Fabio Massimo Castaldo
Resolución del Parlamento Europeo sobre la crisis política en Sudán
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Sudán,
– Visto el debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Sudán, de 12 de enero de 2022,
– Vista la declaración, de 4 de enero de 2022, de la Unión Europea, el Reino Unido, Noruega y los Estados Unidos tras la dimisión del primer ministro sudanés,
– Vista la Declaración atribuible al representante especial del secretario general para Sudán, de 8 de enero de 2022, sobre el anuncio de conversaciones sobre la transición política en Sudán,
– Vista la declaración del presidente de la Comisión de la Unión Africana, de 21 de noviembre de 2021, sobre el acuerdo político alcanzado en Sudán,
– Vista la declaración, de 18 de enero de 2022, del vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre la actualidad en Sudán,
– Vista la declaración de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 18 de noviembre de 2021, sobre los asesinatos de manifestantes pacíficos en Sudán,
– Vista la Resolución 2524 (2020) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la que se establece la Misión Integrada de Asistencia de las Naciones Unidas para la Transición en el Sudán (UNITAMS),
– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, del que Sudán es parte,
– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,
– Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,
– Visto el código de conducta de las Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,
– Vista la Declaración Constitucional de Sudán, de agosto de 2019,
– Visto el Acuerdo de Cotonú[1],
– Visto el Acuerdo de Juba para la Paz en Sudán, de octubre de 2020,
– Vista la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
– Vista la Estrategia conjunta África-UE,
– Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Paritaria del Grupo de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) y la UE, de 11 de marzo de 2021, sobre la democracia y el respeto de las constituciones en los Estados miembros de la UE y en los países ACP,
– Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,
A. Considerando que, hasta el golpe de Estado del 25 de octubre de 2021, compartían el poder dirigentes militares y civiles sudaneses desde agosto de 2019, una vez derrocado el líder autoritario Omar Al-Bashir a raíz de manifestaciones que exigían un Gobierno civil; que el acuerdo de reparto de poder entre el Ejército y actores civiles instauró el Consejo Soberano como jefatura de Estado colectiva del país;
B. que el Consejo Soberano se componía inicialmente de cinco civiles elegidos por las Fuerzas por la Libertad y el Cambio (FLC), cinco representantes militares elegidos por el Consejo Militar de Transición (CMT) y un civil seleccionado de común acuerdo entre la FLC y el CMT; que, según la Declaración Constitucional sudanesa de 2019, para los primeros 21 meses del período transitorio de 39 meses, el presidente del Consejo Soberano debía ser elegido por los cinco miembros militares del Consejo y, para los 18 meses siguientes, el presidente debía ser elegido por los cinco miembros civiles seleccionados por la FLC; que estaba previsto que la transición entre el actual presidente, el general Abdelfatá al-Burhan, y un Gobierno civil se produjese el 9 de diciembre de 2021; que, de conformidad con el documento constitucional que rige el período de transición, está previsto que se celebren elecciones generales en Sudán no más tarde de julio de 2023;
C. Considerando que el acuerdo de reparto de poder de 2019 quedó hecho añicos el 25 de octubre de 2021, cuando el líder militar, el general Abdelfatá al-Burhan, dio un golpe de Estado, declaró el estado de excepción, disolvió el Consejo Soberano que compartía el poder, derrocó el Gobierno civil y mantuvo detenidos por un tiempo al primer ministro Abdalá Hamdok y a su equipo ministerial, así como a otros activistas y personalidades políticas, lo que dio lugar a la condena internacional y a protestas generalizadas en Sudán; que este golpe de Estado puso fin a la transición a un Consejo Soberano dirigido por civiles;
D. Considerando que, el 21 de noviembre de 2021, el Sr. Hamdok firmó un acuerdo con el general Al-Burhan por el que quedaba liberado del arresto domiciliario y continuaba como primer ministro; que el Sr. Hamdok aceptó volver a desempeñar su cargo con el fin de proseguir las reformas democráticas y dirigir un nuevo gabinete tecnocrático hasta que pudieran celebrarse elecciones; que muchos activistas en favor de la democracia, grupos de la sociedad civil y líderes civiles rechazaron este acuerdo; que el primer ministro Hamdok dimitió el 2 de enero de 2022 a raíz de manifestaciones a escala nacional en favor de la democracia, mencionando la resistencia de los generales a un incremento del poder civil;
E. Considerando que el general Al-Burhan nombró a personalidades vinculadas al régimen de Al-Bashir para desempeñar puestos clave, incluidos los medios de comunicación públicos y el banco central, y destituyó al fiscal general y a los dirigentes de un comité que investigaba los beneficios económicos ilícitos obtenidos durante las tres décadas de Al-Bashir en el poder; que, el 24 de diciembre de 2021, Al-Burhan otorgó a los servicios de inteligencia, a las Fuerzas de Apoyo Rápido y al Ejército competencias para efectuar registros, detenciones e interrogatorios y confiscar bienes, facultades antes concedidas exclusivamente a la policía y a los fiscales; que a los miembros de estas fuerzas también se les concedió inmunidad penal, que solo pueden suspender los dirigentes del propio Consejo Soberano;
F. Considerando que, desde el golpe de Estado militar del 25 de octubre de 2021, los ciudadanos siguen organizando manifestaciones pacíficas masivas contra el Ejército, que sigue respondiendo con violencia y fuerza extrema, incluido el uso de munición real, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, lo que ha dado lugar a la muerte de al menos 70 manifestantes, con cientos de heridos y encarcelados;
G. Considerando que se ha informado de que las fuerzas de seguridad han recurrido a la violencia sexual, y que las Naciones Unidas están investigando actualmente las noticias sobre 13 mujeres y niñas que presuntamente han sido víctimas de violaciones o violaciones en grupo, mientras que otras mujeres sufrieron acoso sexual por parte de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones celebradas en Jartum el 19 de diciembre de 2021; que se han producido cierres generalizados de internet y perturbaciones de las comunicaciones, además de las denuncias referentes a periodistas que han sido objeto de ataques y detención arbitraria y atacados;
H. Considerando que las mujeres y los jóvenes sudaneses han desempeñado un papel clave en la marcha del país hacia la democracia; que las mujeres, en particular durante los primeros tiempos del movimiento democrático, han sido reiteradamente víctimas de la violencia, incluida la violencia sexual, y que los autores de estos delitos inhumanos siguen impunes;
I. Considerando las alarmantes informaciones sobre la entrada de las fuerzas de seguridad en hospitales para detener a manifestantes, impedir que recibieran tratamiento personas heridas y amenazar e intimidar a personal sanitario; que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha notificado quince ataques a trabajadores sanitarios y centros sanitarios desde noviembre de 2021;
J. Considerando que la respuesta a las manifestaciones conculca el derecho a la libertad de reunión, asociación y expresión, el derecho a la libertad personal y la prohibición de la tortura y los malos tratos, entre otros derechos fundamentales que están garantizados en tratados regionales e internacionales de los que Sudán es parte;
K. Considerando que la situación de los derechos humanos en Sudán sigue deteriorándose y que los activistas de la sociedad civil sudanesa han sido objeto de cada vez más ataques en los últimos meses; que se dice que han desaparecido varios activistas y que sus restos mortales han sido encontrados con claras señales de tortura; que civiles, defensores de los derechos humanos, activistas, periodistas y líderes políticos han sido detenidos arbitrariamente y mantenidos en régimen de incomunicación;
L. Considerando que, el 8 de enero de 2022, la UNITAMS inició consultas para reanudar la transición democrática con el objetivo de invitar a participar en el proceso al Ejército, grupos rebeldes, partidos políticos, movimientos de protesta, la sociedad civil y grupos de mujeres; que, aunque ello ha tenido una acogida generalmente favorable tanto en Sudán como a nivel internacional, algunos sectores de la sociedad siguen oponiéndose firmemente a cualquier acuerdo de reparto de poder con personalidades militares;
M. Considerando que los ciudadanos sudaneses siguen enfrentándose a una espiral inflacionista —el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas informa de un incremento interanual de los precios de más del 300 % y de aumentos extremos del precio del combustible y de los productos básicos—, asociada a la falta de servicios básicos, lo que deja a muchos sudaneses en la imposibilidad de satisfacer sus necesidades básicas y atender a su subsistencia, aumentando el sentimiento de frustración entre los manifestantes; que el primer ministro Hamdok desempeñó un papel clave en la negociación del alivio de la deuda y para persuadir a los Estados Unidos de que retirasen a Sudán de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo; que se ha informado de que numerosos mandos militares controlan alrededor de 250 empresas en ámbitos vitales de la economía sudanesa, como las exportaciones de oro, caucho y carne;
N. Considerando que, en 2021, el Fondo Monetario Internacional (FMI) concedió a Sudán un préstamo de 2 500 millones de dólares estadounidenses, y que, junto con el Banco Mundial, aprobó la solicitud de Sudán de alivio de la deuda en el marco de la iniciativa «Países pobres muy endeudados», que requiere la adopción de amplias reformas económicas, incluida la eliminación de determinadas subvenciones; que hay riesgo de que el golpe de Estado lo impida;
O. Considerando que, tras el golpe de Estado, la Unión Africana suspendió a Sudán de todas sus actividades; que varios Estados y organizaciones multilaterales, incluido el FMI, han suspendido la ayuda exterior y han cesado las transferencias; que la Unión ha anunciado que su apoyo a Sudán se verá comprometido si no se restablece el orden constitucional; que numerosos países no pertenecientes a la Unión intervienen activamente en Sudán, en particular mediante el suministro de armas, el apoyo político y flujos financieros relacionados con las materias primas y el oro; que estos países desempeñan un papel en la estabilidad de la región y persiguen diferentes objetivos y estrategias a largo plazo; que sus intereses contrapuestos constituyen un reto para el desarrollo futuro de Sudán y de la región y están agravando las tensiones, ya pronunciadas, en el Cuerno de África, lo que no favorecerá una solución política a la situación en Etiopía;
P. Considerando que sigue deteriorándose la situación de la seguridad en todo Sudán, en particular en el este de Darfur, donde han perdido la vida cientos de civiles y miles de personas han quedado desplazadas, además de los desplazamientos a gran escala y las muertes en Kordofán del Sur; que, según las Naciones Unidas, 6,2 millones de civiles necesitarán ayuda humanitaria en 2022 y que, según el PMA, 2,7 millones de personas sufren una aguda inseguridad alimentaria; que la situación humanitaria se ha visto exacerbada por la crisis de la COVID-19 y por la afluencia de refugiados del conflicto en Etiopía;
Q. Considerando que el Gabinete sudanés acordó por unanimidad el 4 de agosto de 2021 convertirse en Estado parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), a la espera de la aprobación del Consejo Soberano, con lo que se le exigiría que entregue a todos los sospechosos acusados por la CPI de crímenes cometidos en Darfur entre 2003 y 2004, incluido el antiguo presidente Omar al-Bashir; que, lamentablemente no se ha avanzado hacia la creación del tribunal penal especial de Darfur, previsto en el Acuerdo de Juba;
R. Considerando que, el 3 de junio de 2021, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prorrogó el mandato de la UNITAMS, encargada de asistir a las autoridades sudanesas durante la transición a la democracia, hasta junio de 2022;
S. Considerando que, desde septiembre de 2019, la Unión, principalmente a través del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, ha proporcionado más de 88 millones de euros en ayuda para el desarrollo para apoyar reformas políticas y económicas que contribuyan a la paz y la estabilidad en Sudán;
T. Considerando que, el 12 de noviembre de 2021, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, designó a Adama Dieng como experto en derechos humanos en Sudán; que se ha encomendado a Dieng que elabore un informe escrito que la alta comisionada presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 50.º período de sesiones de junio de 2022;
1. Lamenta que, desde el golpe de Estado militar de 25 de octubre de 2021, hayan fallecido o resultado heridos muchísimos manifestantes sudaneses o hayan sido víctimas de violencia sexual a manos de los servicios de seguridad; subraya el derecho del pueblo sudanés a reunirse y ejercer sus derechos fundamentales para restablecer la democracia y satisfacer sus necesidades básicas; pide a todas las partes interesadas sudanesas que respeten el Estado de Derecho, tal como se establece en la Declaración Constitucional de 2019;
2. Condena el golpe de Estado militar del 25 de octubre de 2021 y recuerda la urgente necesidad de que la cúpula militar sudanesa se comprometa de nuevo con la transición democrática del país y atienda a las demandas de libertad, paz y justicia del pueblo sudanés; pide que la cúpula militar sudanesa determine plazos y procesos claros para reanudar la transición previamente acordada, en particular mediante el establecimiento de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Gobierno, creando mecanismos de rendición de cuentas y sentando las bases para las elecciones;
3. Condena todos los actos de violencia contra manifestantes pacíficos, activistas, periodistas y todas las demás personas que ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, asociación o reunión; pide la liberación inmediata de las personas actualmente detenidas sin cargos ni juicio, que se permita el pleno acceso a la representación legal a personas sujetas a cargos y que se levante inmediatamente el estado de excepción; pide a las autoridades sudanesas que pongan fin inmediatamente a toda detención ilegal, así como a las desapariciones forzadas; recuerda que las fuerzas armadas de Sudán no tienen autoridad legal para detener a civiles o para desempeñar funciones de garantía del cumplimiento de la ley, ya que, desde el 21 enero de 2021, la facultad de detener a civiles ha estado limitada a la policía y a la fiscalía; condena el cierre continuado de servicios de internet;
4. Condena enérgicamente los ataques denunciados por las fuerzas de seguridad contra centros médicos; pide a las autoridades sudanesas que permitan que todas las personas heridas reciban tratamiento; recuerda que los ataques selectivos contra trabajadores sanitarios, pacientes e instalaciones constituyen una violación flagrante del Derecho internacional humanitario;
5. Pide que se lleven a cabo investigaciones independientes sobre las muertes y la violencia asociada y que sus autores rindan cuentas; apoya los llamamientos a una misión de investigación internacional independiente para investigar las denuncias de violencia contra manifestantes desde el golpe militar de octubre de 2021; pide a la Unión y a sus Estados miembros que colaboren con organismos regionales e internacionales para facilitar su puesta en marcha y que supervisen de cerca los acontecimientos en el país, garantizando que se investiguen todas las violaciones de los derechos humanos para que los autores puedan ser procesados; subraya que deben continuar las investigaciones similares de los delitos cometidos durante el régimen de Omar Al-Bashir y durante el período de transición de 2019;
6. Apoya firmemente los esfuerzos de la UNITAMS para facilitar los debates para resolver la crisis política; pide a todos los agentes políticos sudaneses que participen en este diálogo para restablecer la transición a un Gobierno civil, en consonancia con la Declaración Constitucional de 2019 y que se atengan al deseo de los ciudadanos sudaneses de aumentar la libertad, la democracia, la paz, la justicia y la prosperidad; está firmemente convencido de que el nombramiento de un nuevo primer ministro y un gabinete civiles debe llevarse a cabo en el marco de un diálogo interno de este tipo para garantizar su credibilidad y aceptación por parte de la sociedad civil sudanesa, que ha dejado claro que es contraria a cualquier forma de gobierno autoritario y desea una transición real y permanente a la democracia; pide a todos los agentes regionales que actúen de buena fe, apoyen a un Gobierno civil y se abstengan de apoyar a las Fuerzas de Apoyo Rápido, cuyos miembros deben ser retirados de las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley en interés de la seguridad pública en Sudán;
7. Hace hincapié en que, en consonancia con la Declaración Constitucional de 2019, el proceso de reforma debe ser inclusivo y estar dirigido por Sudán, y deben determinarse plazos y procedimientos claros para establecer un poder legislativo y un poder judicial independiente, ceben crearse mecanismos de rendición de cuentas y deben celebrarse elecciones inclusivas, justas y transparentes lo antes posible; hace hincapié en que el diálogo debe ser plenamente inclusivo y representativo de los grupos anteriormente marginados, incluidas las mujeres, los jóvenes y las minorías; pide a la Unión y sus Estados miembros que apoyen activamente este proceso;
8. Condena y expresa su profunda preocupación por el alarmante aumento de la violencia en Darfur y Kordofán del Sur; pide a los observadores internacionales que vuelvan a centrar su atención en Darfur y Kordofán del Sur con el fin de proteger a la población local de la violencia, los daños y los desplazamientos masivos;
9. Pide que los servicios de seguridad y otros grupos armados dejen inmediatamente de utilizar la violencia contra civiles y trabajadores humanitarios en todo el país, en particular en Darfur; condena el saqueo, el 29 de diciembre de 2021, por parte de milicias locales del almacén de alimentos del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Al-Fasher, en Darfur septentrional, que contiene alimentos destinados a cientos de miles de personas con inseguridad alimentaria en esa zona, y subraya firmemente que la ayuda humanitaria nunca debe ser objeto de ningún conflicto;
10. Reitera su llamamiento para que el expresidente Omar Al-Bashir rinda cuentas por las violaciones de los derechos humanos contra civiles sudaneses cometidas bajo su régimen autoritario, incluido el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad; apoya su entrega a la CPI por su complicidad en la guerra de Darfur, así como la del antiguo ministro de Defensa, Abdelrahim Mohamed Husein, y el antiguo ministro de Asuntos Humanitarios, Ahmed Harún;
11. Reitera su petición de que Sudán ratifique el Estatuto de Roma de la CPI, coopere plenamente con esta y ejecute las órdenes de detención pendientes; pide a Sudán que destituya a los funcionarios y agentes de las fuerzas de seguridad implicados en violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de guerra; insta a todos los agentes políticos a que den prioridad a la creación del Tribunal Penal Especial para Darfur, tal como se establece en la Declaración de Juba de 2006 sobre la Unidad y la Integración entre el Ejército Popular de Liberación de Sudán y las Fuerzas de Defensa de Sudán del Sur;
12. Pide a Sudán que denuncie los esfuerzos de las fuerzas armadas sudanesas por mantener la propiedad y el control de las industrias y empresas estratégicas, revirtiendo así el proceso de reforma; pide a la Comisión que establezca mecanismos exhaustivos de diligencia debida en lo relativo a los vínculos con estos sectores y que, cuando proceda, haga pleno uso de las disposiciones del régimen de sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos contra las personas;
13. Condena el intento de los militares de socavar las instituciones de Sudán mediante la destitución de funcionarios que fueron nombrados durante el período transitorio y su sustitución por otros funcionarios alineados con el anterior régimen de Al-Bashir; subraya que los funcionarios despedidos por el régimen deben ser reincorporados;
14. Apoya la declaración del VP/AR, de 18 de noviembre de 2021, de que si no se restablece plenamente el orden constitucional, se producirán graves consecuencias para el apoyo financiero de la Unión; subraya, no obstante, la necesidad de que la Unión continúe prestando asistencia para la prestación de servicios básicos como la sanidad y la educación; acoge con satisfacción, por tanto, la contribución de 10 millones de euros al Programa Mundial de Alimentos en Sudán en diciembre de 2021 para la ayuda alimentaria destinada a salvar vidas, a través de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas de la Comisión, además de la contribución de 13 millones de euros recibida a principios de 2021;
15. Expresa su preocupación por el hecho de que la cooperación de la Unión con Sudán en materia de migración sea utilizada por el régimen militar como excusa para reforzar su capacidad de control y opresión de la población, por ejemplo reforzando las capacidades de vigilancia, también en las fronteras, y suministrando equipos; pide, en consecuencia, a la Unión que garantice una transparencia total respecto de los proyectos que implican a Sudán en el ámbito de la seguridad, incluyendo todas las actividades ya planificadas y a los beneficiarios de la financiación nacional y de la Unión; destaca la necesidad de examinar continuamente el enfoque de la Unión con respecto a la migración, el desarrollo sostenible, la ayuda humanitaria y la buena gobernanza, reforzando al mismo tiempo la sociedad civil y fomentando las reformas democráticas con el objetivo de un desarrollo político integrador en Sudán;
16. Reitera su llamamiento para que se prohíban a escala de la Unión la exportación, la venta, la modernización y el mantenimiento de cualesquiera equipos de seguridad que puedan utilizarse o se utilicen para la represión interior, incluida la tecnología de vigilancia de internet, a los Estados en los que la situación de los derechos humanos sea lamentable, como ocurre en Sudán; apremia a otros países de la región a obrar de este modo;
17. Pide a la comunidad internacional que se una a la Unión en el apoyo a la sociedad civil y a los agentes democráticos, y recuerda a los países no pertenecientes a la Unión, especialmente a los actores regionales con una fuerte presencia e influencia en Sudán, su responsabilidad internacional y la importante contribución que podrían aportar a un Sudán libre, pacífico y democrático, que redundaría en interés a largo plazo de todas las partes interesadas mencionadas;
18. Pide a la Delegación de la Unión en Sudán y a la representación de los Estados miembros que apliquen plenamente las Directrices de la UE sobre Defensores de los Derechos Humanos, solicitando visitas a prisiones, observando juicios, divulgando declaraciones públicas, implicando a las autoridades a todos los niveles y emitiendo visados de emergencia cuando sea necesario;
19. Pide un debate activo sobre la situación en Sudán durante la próxima reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión, el 24 de enero de 2022;
20. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a las autoridades sudanesas, a la Unión Africana, al secretario general de las Naciones Unidas, a la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, al Mercado Común para el África Oriental y Meridional, al Gobierno y al Parlamento de Egipto, al Consejo de Cooperación del Golfo, a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al Parlamento Panafricano.
- [1] DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.