PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN sobre la situación de los derechos humanos en Egipto
23.11.2022 - (2022/2962(RSP))
para sustituir a las propuestas de Resolución siguientes:
B9‑0505/2022 (S&D)
B9‑0515/2022 (Verts/ALE)
B9‑0533/2022 (Renew)
Pedro Marques, Tonino Picula, Javi López, Pierfrancesco Majorino
en nombre del Grupo S&D
Jan‑Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
en nombre del Grupo Renew
Mounir Satouri
en nombre del Grupo Verts/ALE
Assita Kanko
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en Egipto
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre Egipto,
– Vistas las declaraciones de la portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad del Servicio Europeo de Acción Exterior sobre Egipto,
– Vistas la política de vecindad de la Unión y la Comunicación conjunta, de 9 de febrero de 2021, titulada «Asociación renovada con los países vecinos meridionales - Una nueva Agenda para el Mediterráneo» (JOIN(2021)0002),
– Vista la 13.ª reunión interparlamentaria UE-Egipto, celebrada el 29 de septiembre de 2022,
– Visto el memorando de entendimiento entre la Unión, Egipto e Israel sobre cooperación en materia de comercio, transporte y exportación de gas natural a la Unión Europea, firmado en El Cairo el 15 de junio de 2022,
– Vista la última declaración del portavoz del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Egipto,
– Visto el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas relativo a Egipto para 2019-2020,
– Vista la declaración, de 8 de noviembre de 2022, del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que pide la liberación inmediata de Alaa Abdel Fattah,
– Vistas las directrices de la Unión sobre la pena de muerte, sobre la tortura y los malos tratos, sobre la libertad de expresión, sobre los defensores de los derechos humanos, sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, y sobre los derechos de las personas LGBTI,
– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989,
– Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Carta Árabe de Derechos Humanos, todos ellos ratificados por Egipto,
– Vista la Constitución de Egipto, en concreto su artículo 52 sobre la prohibición de todas las formas de tortura, su artículo 73 sobre la libertad de reunión y su artículo 93 sobre el carácter vinculante del Derecho internacional en materia de derechos humanos,
– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,
– Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,
A. Considerando que Egipto acogió la 27.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) en Sharm al-Sheij; que este acontecimiento internacional puso de relieve la represión interna de Egipto contra las voces pacíficas y legítimas de la sociedad civil;
B. Considerando que, en 2021, Egipto puso en marcha su estrategia nacional de derechos humanos y su diálogo nacional, cuyo objetivo oficial era mejorar la situación de los derechos humanos en el país y establecer un entorno político más inclusivo; que, en abril de 2022, se creó la Comisión egipcia de indultos presidenciales, que se encarga de llevar a cabo investigaciones con las organizaciones de la sociedad civil sobre casos de presos cuya situación no se ajusta a las normas internacionales en materia de derechos humanos; que esta comisión ha pasado por alto graves violaciones de los derechos humanos pasadas y en curso y que no se han producido cambios sustanciales tras un año desde la puesta en marcha de la estrategia nacional de derechos humanos y del diálogo nacional de Egipto; que el Subcomité de cuestiones políticas, derechos humanos y democracia, y cuestiones internacionales y regionales, que es resultado del Acuerdo de Asociación entre Egipto y la Unión Europea, constituye el principal marco para debatir cuestiones de derechos humanos entre ambas partes; que la próxima reunión de este subcomité está prevista para el 8 de diciembre de 2022 en El Cairo;
C. Considerando que Egipto no modificó ningún acto legislativo pertinente antes de la celebración de la COP27, en particular en lo que respecta al derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación y a la libertad de prensa, a pesar de que proporcionar espacio a la sociedad civil es un compromiso conjunto consagrado en las Prioridades de la Asociación UE-Egipto y estipulado en la Constitución egipcia; que no se ha levantado el estado de excepción, en vigor desde 2017; que siguen produciéndose juicios y detenciones masivas, y que los tribunales militares y de excepción para la seguridad del Estado juzgan a decenas de miles de civiles; que, el 8 de julio de 2021, los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo expresaron conjuntamente su preocupación por las leyes egipcias sobre organizaciones no gubernamentales (ONG), de 2019, sobre delitos contra la ciberseguridad y las tecnologías de la información, de 2018, sobre entidades terroristas, de 2015, y sobre reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, de 2013; que, según la Comisión egipcia para los derechos y las libertades, el Gobierno egipcio detuvo a casi 734 personas en dieciocho provincias entre el 1 de octubre y el 14 de noviembre de 2022;
D. Considerando que, en noviembre de 2022, el defensor de los derechos humanos Alaa Abdel Fattah, que ha permanecido encarcelado arbitrariamente durante la mayor parte de la última década por acusaciones infundadas, interrumpió la huelga de hambre que había comenzado en abril de 2022, después de estar a punto de morir en su celda; que también había dejado beber agua desde el inicio de la COP27; que Alaa aún no ha tenido acceso consular a funcionarios del Reino Unido y que a su abogado no le se ha permitido visitarlo; que a la familia de Alaa se le ha permitido esporádicamente visitarlo en el pasado debido a la presión internacional;
E. Considerando que el Gobierno egipcio ha impedido que grupos independientes de defensa de los derechos humanos participen en la COP27 mediante un proceso de inscripción secreto controlado por el Gobierno que descartó a grupos críticos con el Gobierno egipcio, restricciones indebidas a la libertad de reunión pacífica fuera del lugar de celebración de la COP27 y retrasos injustificados en la expedición de visados a las personas que viajaban desde el extranjero; que solo algunos grupos independientes de defensa de los derechos humanos y la defensora de los derechos humanos Sanaa Seif pudieron participar gracias a la ayuda de organizaciones internacionales;
F. Considerando que los defensores de los derechos de las mujeres, las personas LGBTIQ + y los defensores de los derechos de los coptos siguen sufriendo acoso, intimidación, detenciones y encarcelamientos, como ponen de manifiesto los casos de Patrick George Zaki, que aún tiene prohibido viajar y está siendo juzgado por un tribunal de excepción para la seguridad del Estado tras criticar la política de su Gobierno hacia los cristianos coptos, y de las influentes Hanin Hosam y Mawada al-Adham, condenadas a tres y dos años de prisión tras haber sido acusadas falsamente de delitos morales en 2020 por aparecer bailando de manera informal en vídeos de TikTok;
G. Considerando que en la 9.ª reunión del Consejo de Asociación entre la Unión Europea y Egipto, celebrada el 20 de junio de 2022, y las Prioridades de la Asociación (2021-2027), adoptadas el 19 de junio de 2022, se reiteró el compromiso de ambas partes de promover la democracia, las libertades fundamentales y los derechos humanos, la igualdad de género y la igualdad de oportunidades;
H. Considerando que Egipto es un socio estratégico de la Unión desde hace mucho tiempo, que ha compartido con ella los objetivos de cimentar la estabilidad, la paz y la prosperidad en el Mediterráneo y Oriente Próximo, y que desempeña un papel importante en la estabilidad de la región; que la Unión es el mayor socio económico de Egipto y su principal fuente de inversión extranjera; que, en junio de 2017, la Unión y Egipto adoptaron Prioridades de la Asociación en muchos ámbitos, como la seguridad, la lucha contra el terrorismo y la reforma judicial; que Egipto respaldó la resolución de las Naciones Unidas en la que se condena la anexión de regiones de Ucrania por parte de Rusia y sigue apoyando los esfuerzos de la Unión e internacionales para poner fin a la guerra de agresión rusa contra Ucrania; que Egipto ha firmado un memorando de entendimiento con la Unión e Israel para reducir las importaciones de gas procedentes de Rusia a raíz de su agresión contra Ucrania; que la Comisión ha asignado 100 millones EUR a Egipto con cargo al mecanismo «Mecanismo Alimentario y de Resiliencia» para ayudarle a hacer frente a la escasez de alimentos debida a la agresión rusa contra Ucrania;
1. Lamenta profundamente la continua falta de derechos y libertades políticos básicos en Egipto, en particular en el contexto de la celebración de la COP27 en Sharm al-Sheij; lamenta que la COP27 no haya conducido a la mejora de la situación de los derechos humanos;
2. Condena con la mayor firmeza la censura, el acoso y la intimidación que sufren los representantes de la sociedad civil egipcia por parte de las autoridades egipcias, incluso en los locales internacionales de las Naciones Unidas, así como la nueva oleada de detenciones y encarcelamientos en el contexto de la COP27; expresa su apoyo al Gobierno de Alemania, que el 13 de noviembre de 2022 presentó una denuncia contra las autoridades egipcias debido a la vigilancia excesiva de los participantes por parte de los cuerpos de seguridad en el pabellón alemán de la COP27; lamenta que a las ONG independientes egipcias en la COP27 se les negara una inscripción única y que solo unas pocas consiguieran asistir, y que esto solo fuera posible gracias que las organizaciones internacionales les proporcionaron sus propias tarjetas de acceso; lamenta que las autoridades egipcias seleccionaran a las organizaciones de la sociedad civil que no las critican; subraya que, como partes interesadas legítimas, las comunidades locales y las ONG del Sinaí deberían haber podido participar en la COP27, ya que se celebró en el Sinaí; lamenta que Egipto empleara un procedimiento secreto con criterios de selección no divulgados para excluir a las ONG de derechos humanos críticas; insta a las autoridades egipcias a que no tomen ninguna represalia contra los defensores de los derechos humanos y activistas egipcios que expresaron públicamente su preocupación por las violaciones de los derechos humanos cometidas por Egipto durante la COP27;
3. Condena firmemente las continuas detenciones arbitrarias y preventivas de decenas de miles de presos de conciencia en Egipto, muchos de los cuales se encuentran retenidos en condiciones inhumanas y sin acceso a un juicio justo ni a derechos fundamentales, como evidencian las cárceles políticas egipcias de Wadi Natrun y Badr; observa que en abril de 2022 la Comisión de indultos presidenciales liberó o indultó a una pequeña parte de los presos políticos egipcios, al liberar a entre ochocientos y mil presos que se encontraban en prisión preventiva arbitraria; destaca que, según ONG egipcias y Amnistía Internacional, al menos 1 953 egipcios han sido víctimas de detenciones y encarcelamientos arbitrarios desde entonces;
4. Insta a las autoridades egipcias a que liberen inmediatamente a Mohamed «Oxygen» Ibrahim, Mohamed Adel, Alaa Abdel Fattah y a los tres abogados galardonados con el premio de derechos humanos de 2020 del Consejo de la Abogacía Europea, Ibrahim Metwally Hegazy, Mohamed el-Baqer y Hoda Abdelmoniem, así como a Ezzat Goneim, Ahmed Amasha, Abdel Moneim Abul Fotuh, Mohamed al-Kasas, Ziad Abu el-Fadl, Aisha al-Shater, Mohamed Abo Huraira, Manal Agrama, Marwa Arafa, Hala Fahmy, Safaa al-Korbagy, Tawfik Ganim, Seif Zabit, Safwan Zabit, Sherif al-Ruby, Anas el-Beltagy, Ahmed Duma, Mohamed Adel Fahmy, Nermin Huseín, Hanin Hosam, Mawada al-Adham, Ismail Iskandarani, Seif Fatin, Hisham Genena, Omar Mohamed Ali, Aymen Musa, Omar el-Hut, Ahmed Musa Abd al-Jaleq y Ahmed Fayez, entre otros muchos detenidos injustamente; destaca que estos hombres y mujeres son defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas pacíficos, políticos, mujeres influentes en las redes sociales o empresarios egipcios que se negaron a vender sus activos a las fuerzas armadas; pide a las autoridades egipcias que levanten las prohibiciones de viaje de Patrick George Zaki y Mahinur al-Masry;
5. Insta a las autoridades egipcias a que liberen inmediata e incondicionalmente al defensor de los derechos humanos y activista pacífico de nacionalidad británica y egipcia Alaa Abdel Fattah, galardonado con premios otorgados por Deutsche Welle y Reporteros Sin Fronteras, que ha permanecido encarcelado de forma arbitraria durante la mayor parte de la última década debido a acusaciones infundadas, por sus llamamientos pacíficos y legítimos en favor de más derechos y libertades, y que dista mucho de ser un caso aislado, y que le permitan salir rápidamente hacia el Reino Unido; destaca que tanto el canciller alemán Olaf Scholz como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han pedido su liberación;
6. Reitera su máxima condena del uso generalizado de la tortura por parte del aparato de seguridad egipcio; recuerda que la revolución egipcia del 25 de enero de 2011 comenzó como una protesta pública contra la impunidad policial tras la tortura y el asesinato del bloguero Jaled Saíd, entre otros; insta a Egipto a que coopere plenamente con la investigación de las autoridades italianas sobre el asesinato del estudiante de doctorado italiano Giulio Regeni, que fue torturado hasta morir por agentes de seguridad en 2016; reitera, en particular, su llamamiento para que se notifique al general Tariq Sabir, al coronel Athar Kamel Mohamed Ibrahim, al coronel Uhsam Helmi y al comandante Magdi Ibrahim Abdelal Sharif el procedimiento judicial incoado contra ellos en Italia; condena en los términos más enérgicos la tortura del economista Ayman Hadhud, que provocó su muerte el 5 de marzo de 2022, tras su desaparición forzada y detención por parte de agentes de seguridad a raíz de sus críticas a las políticas económicas, y lamenta profundamente que la Fiscalía egipcia no haya llevado a cabo ninguna autopsia independiente ni una investigación creíble;
7. Insta a Egipto a que libere a los veintiún periodistas que se encuentran actualmente encarcelados por realizar su trabajo, como documentan Reporteros sin Fronteras y la Comisión para la Protección de los Periodistas; subraya que todos los egipcios tienen derecho a acceder a la información sin la censura de su Gobierno; toma nota de la decisión, tomada bajo presión al inicio de la Conferencia COP27, de permitir el acceso a algunos sitios web de ONG de derechos humanos y periódicos independientes como Medium, Mada Masr o Human Rights Watch; destaca, no obstante, que los egipcios deben seguir teniendo acceso a estos sitios web incluso después de la Conferencia;
8. Insta, por tanto, a las autoridades egipcias a que liberen a todos los periodistas detenidos en noviembre de 2022: Jaled Abdelwahab Radwan, Ahmed Fayez, Alaa Abdel Fattah, Ismail Alexandrani, Mohamed Ibrahim (también conocido como Mohamed Oxygen), Ahmed Alaam, Hamdi al-Zaim, Tawfik Ganem, Rabie al-Sheij, Adalah Shusha, Jaled Sahlub, Bahaa al-Din Ibrahim Nemat Alah, Hisham Abdel Aziz, Mohamed Saíd Fahmy, Badr Mohamed Badr, Rauf Ebeid, Mostafa Saad, Mohamed Mostafa Musa, Mahmud Saad Diab y Amr Shnin;
9. Pide a las autoridades egipcias que pongan fin a la discriminación y garanticen la igualdad efectiva de todos los egipcios ante la ley y en la práctica, tal como se estipula en la Constitución, independientemente de su fe o sus creencias; señala la discriminación prolongada contra minorías, como la minoría copta y el pueblo de la fe bahaí; pide a Egipto que revise sus leyes relativa a la blasfemia para garantizar la protección de la libertad de conciencia y los derechos de las minorías religiosas;
10. Insta a Egipto a que respete las normas internacionales básicas en materia de libertad de asociación y a que derogue su represiva Ley 149/2019 sobre ONG, que somete todas las actividades al control gubernamental; comparte las preocupaciones expresadas por los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas sobre el arsenal jurídico de Egipto para restringir la libertad de asociación, de expresión, de prensa y de reunión pacífica con el pretexto de luchar contra el terrorismo; insta a Egipto a que también modifique o derogue la Ley de 2018 sobre delitos contra la ciberseguridad y las tecnologías de la información, la Ley de 2015 sobre entidades terroristas y la Ley de 2013 sobre reuniones públicas y manifestaciones pacíficas; pide una vez más a las autoridades egipcias que archiven el asunto 173/2011, conocido como «asunto de la financiación extranjera», y que levanten todas las prohibiciones de viaje e inmovilizaciones de bienes contra treinta y un empleados de ONG de derechos humanos;
11. Pide al Parlamento egipcio que acelere la adopción de una ley global sobre la violencia contra las mujeres, en particular los «crímenes de honor»; pide a las autoridades egipcias que reiteren su oposición a la mutilación genital femenina y que persigan eficazmente a quienes siguen practicándola; recomienda que las autoridades egipcias refuercen su cooperación con la Unión para encontrar nuevas formas de seguir protegiendo a las mujeres frente a los abusos sexuales y la violencia de género; condena en los términos más enérgicos los asesinatos por motivo de género;
12. Pide a las autoridades egipcias que pongan fin a las detenciones y enjuiciamientos por relaciones sexuales consentidas entre adultos, incluidas las relaciones entre personas del mismo sexo o basadas en la expresión de género, y que liberen inmediatamente a las personas LGBTIQ + que permanecen retenidas arbitrariamente, a menudo en condiciones inhumanas;
13. Acoge con satisfacción los recientes cambios jurídicos que Egipto ha introducido en relación con el trabajo y el matrimonio infantiles; pide, no obstante, a las autoridades egipcias que sigan reforzando la aplicación de la ley sobre el matrimonio infantil y que mejoren los sistemas escolares y los servicios públicos de protección de la infancia que previenen y responden al maltrato infantil para seguir protegiendo a los niños frente a este fenómeno;
14. Insta a Egipto a que abola la pena de muerte y declare una moratoria inmediata sobre su aplicación; lamenta que, en la última década, Egipto se haya convertido en uno de los países que más aplican la pena de muerte, también a menores delincuentes;
15. Reitera su llamamiento a todos los Estados miembros de la Unión y a la Delegación de la UE para que asistan a los juicios contra defensores de los derechos humanos, periodistas y sindicalistas egipcios y extranjeros y para que los visiten en prisión;
16. Insta a los Estados miembros de la Unión a que promuevan un mecanismo de seguimiento e información en materia de violaciones graves de los derechos humanos en Egipto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; recuerda que la Unión debe integrar las preocupaciones relativas a los derechos humanos en todos sus intercambios de alto nivel con funcionarios egipcios, también en el Consejo de Asociación UE-Egipto; pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior que hagan hincapié en la interconexión entre el desarrollo democrático y el crecimiento; pide a las Naciones Unidas que establezcan criterios para los países anfitriones en materia de acceso de la sociedad civil y libertad de expresión en reuniones futuras de la COP y en conferencias de las Naciones Unidas similares;
17. Reitera su llamamiento en favor de una revisión profunda y exhaustiva de las relaciones de la Unión con Egipto a la luz de los escasos avances en materia de derechos humanos en Egipto y de la represión de los disidentes, a pesar del constante apoyo de los socios europeos; insta al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a que adopte una posición pública firme sobre la necesidad de que Egipto libere a los presos políticos, realice progresos concretos en materia de derechos humanos, ponga fin a los casos de tortura y los investigue, y abandone el uso masivo de la prisión preventiva abusiva y las prohibiciones de viaje para reprimir la disidencia real o percibida como requisitos previos para mejorar las relaciones y la cooperación de la Unión con Egipto; reitera su llamamiento a los Estados miembros de la Unión para que consideren la posibilidad de adoptar sanciones específicas contra los mayores responsables de la brutal represión en el país; pide una mayor transparencia en todas las formas de apoyo financiero o formación ofrecidas a Egipto por la Unión, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones;
18. Insta a todos los Estados miembros de la Unión a que acaten plenamente las Conclusiones del Consejo, de 21 de agosto de 2013, en las que se anuncia la suspensión de las licencias de exportación de cualquier equipo utilizado para la represión interna, incluida la tecnología de vigilancia utilizada para rastrear las voces disidentes;
19. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno de la República Árabe de Egipto.