PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN sobre la represión continua de la oposición democrática y de la sociedad civil en Bielorrusia
23.11.2022 - (2022/2956(RSP))
para sustituir a las propuestas de Resolución siguientes:
B9‑0508/2022 (Verts/ALE)
B9‑0521/2022 (Renew)
B9‑0530/2022 (S&D)
B9‑0531/2022 (ECR)
B9‑0532/2022 (PPE)
Tomasz Frankowski, Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Andrey Kovatchev, Željana Zovko, Gheorghe Falcă, David Lega, Miriam Lexmann, Andrzej Halicki, Radosław Sikorski, Adam Jarubas, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Stanislav Polčák, Sara Skyttedal, Eugen Tomac, Tom Vandenkendelaere, Tomáš Zdechovský, David McAllister
en nombre del Grupo PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Juozas Olekas, Thijs Reuten
en nombre del Grupo S&D
Petras Auštrevičiusbaran, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
en nombre del Grupo Renew
Viola von Cramon‑Taubadel, Markéta Gregorová
en nombre del Grupo Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jacek Saryusz‑Wolski, Veronika Vrecionová, Angel Dzhambazki, Patryk Jaki, Dominik Tarczyński, Alexandr Vondra, Witold Jan Waszczykowski, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Kruk, Denis Nesci, Beata Mazurek, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Adam Bielan, Anna Zalewska, Hermann Tertsch, Eugen Jurzyca, Nicola Procaccini, Raffaele Stancanelli
en nombre del Grupo ECR
Resolución del Parlamento Europeo sobre la represión continua de la oposición democrática y de la sociedad civil en Bielorrusia
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Bielorrusia,
– Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los convenios sobre derechos humanos de los que Bielorrusia es parte,
– Vistas las Conclusiones del Consejo de 12 de octubre de 2020,
– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 21 y 22 de octubre de 2021,
– Vistos los informes elaborados por organizaciones internacionales y organizaciones bielorrusas independientes de derechos humanos,
– Vistos los informes, de 4 de mayo de 2021 y 20 de julio de 2022, de Anaïs Marin, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y el llamamiento de expertos de las Naciones Unidas, de 10 de octubre de 2022, en favor de la liberación inmediata de un galardonado con el premio Nobel encarcelado y otros defensores de los derechos en Bielorrusia,
– Visto el informe, de 4 de marzo de 2022, del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia en vísperas de las elecciones presidenciales de 2020,
– Vista la declaración de los ministros de Asuntos Exteriores del G-7 sobre Bielorrusia, de 4 de noviembre de 2022,
– Vista la declaración del representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de 13 de julio de 2022, sobre el encarcelamiento pertinaz de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en Bielorrusia,
– Vista la declaración del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 7 de octubre de 2022, sobre una sentencia judicial contra representantes independientes de los medios de comunicación,
– Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,
A. Considerando que la represión sistemática ejercida por el régimen bielorruso contra la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos pretende silenciar a todas las voces independientes restantes en Bielorrusia; que se calcula que más de 10 000 bielorrusos han sido detenidos en algún momento por protestar contra el régimen; que los defensores de los derechos humanos, los políticos de la oposición, los representantes de la sociedad civil, los artistas, los periodistas independientes, los líderes y miembros sindicales y otros activistas son sistemáticamente objeto de represión violenta y se ven forzados a huir;
B. Considerando que las violaciones de los derechos humanos en Bielorrusia se han intensificado desde agosto de 2020, con más de 1 400 presos políticos en noviembre de 2022, incluido Ales Bialiatski, galardonado con el premio Nobel de la Paz de 2022; que la lista de presos incluye a menores, personas con discapacidad, pensionistas y personas gravemente enfermas; que continúan los juicios de presos políticos y que se dictan sentencias a una escala nunca vista;
C. Considerando que se ha producido un número creciente de medidas represivas contra el movimiento opositor prodemocrático de Bielorrusia, que cuenta con un amplio apoyo; que, en octubre de 2022, el Tribunal Regional de Hrodna dictó una sentencia de 25 años contra el activista político Mikalai Autujovich por cargos totalmente falsos entre los que estaba el de alta traición; que esta es la pena de prisión más larga jamás impuesta a un oponente al régimen de Lukashenka; que el Sr. Autujovich, que emprendió una huelga de hambre durante el verano, ha sido golpeado y torturado desde el inicio de su encarcelamiento;
D. Considerando que otros once acusados en el asunto, conocidos junto con el Sr. Autujovich como «los doce de Autujovich» fueron condenados a una pena combinada de 169,5 años de prisión, a saber, Paval Sava, Halina Dzerbysh, Volha Mayorava, Viktar Snehur, Uladzimer Hundar, Syarhey Razanovich, Paval Razanovich, Lyobov Razanovic, Iryna Meljer, Anton Meljer e Iryna Harachkina; que algunas de las personas detenidas han sido sometidas reiteradamente a régimen de aislamiento después de que sus familias denunciaran tratos violentos e incluso torturas a los presos por parte de los guardias penitenciarios;
E. Considerando que los tribunales bielorrusos han pronunciado centenares de veredictos injustos y arbitrarios en juicios por motivos políticos en el «asunto del baile en corro», en audiencias celebradas a menudo a puerta cerrada, sin las debidas garantías procesales y sin que los diplomáticos de la Unión tuvieran acceso para observar los procedimientos;
F. Considerando que el Comité de Investigación de Bielorrusia ha iniciado procedimientos especiales en rebeldía contra líderes de la oposición democrática bielorrusa y miembros del Consejo de Coordinación, a saber, Sviatlana Tsijanóusaya, Pavel Latushka, Volha Kavalkova, Maria Maroz, Siarhei Dyleuski, Dmitry Navosha, Valeria Zanemonskaya, Daniil Bogdanovich, Yanina Sazanovich, Volha Vysotskaya, Aleksandra Gerasimova, Aliaksandr Opeikin y Dmitry Soloviev, entre otros;
G. Considerando que siguen encarcelados en condiciones inhumanas líderes y representantes de los partidos de la oposición democrática, como Pavel Seviarynets, Mikalai Kazlou, Antanina Kavaleva, Aksana Alyakseeva, Tatsiana y Dzmitry Kaneuski, Ihar Salavei, Pavel Spiryn, Uladzimir Niapomniashchykh, Aliaksandr Agraitsovich, Pavel Belavus, Andrei Kudzik, Mikolai Siarhienka, Ramuald Ulan, Aliaksandr Nahela, Andrei Kabanau, Artur Smaliakou, Andrei Asmalouski, Dziana Charnushyna, Mikola Statkevich, Siarhei Tsikhanouski, Viktar Babaryka, Maryia Kalesnikava, Maksim Znak, Ihar Losik y Sergey Sparish;
H. Considerando que el régimen bielorruso no está investigando los millares de denuncias de brutalidad policial; que, por el contrario, promueve y recompensa a los responsables de estos actos; que la impunidad generalizada de las violaciones de los derechos humanos perpetúa la desesperada situación del pueblo bielorruso; que la ausencia de Estado de Derecho impide el ejercicio del derecho a un juicio justo;
I. Considerando que Bielorrusia es el único país de Europa que aplica la pena capital y que últimamente se ha anunciado que se llevarían a cabo ejecuciones de opositores políticos al régimen; que, en enero de 2022, fue modificado el Código Penal de Bielorrusia y elevado a ley por Lukashenka en mayo de 2022 para extender la pena capital a la «tentativa de acto de terrorismo», con el objetivo final de acusar a disidentes políticos e iniciar juicios en rebeldía por motivos de «extremismo» o «terrorismo»;
J. Considerando que el régimen de Lukashenka sigue utilizando la tortura y que los presos políticos siguen denunciando el deterioro de las condiciones de salud, la humillación y los tratos inhumanos y crueles; que Lukashenka ha ampliado su campaña contra activistas pro derechos humanos y periodistas, y ha encarcelado a Andrzej Poczobut, destacado periodista y activista de la minoría polaca de Bielorrusia, añadido a la «lista de terroristas»; que se ha intensificado la inaceptable persecución de la minoría polaca y otras minorías, incluidas las recientes decisiones de las autoridades bielorrusas destinadas a suprimir la enseñanza en las lenguas polaca y lituana, efectuar registros en los domicilios de líderes polacos y destruir cementerios polacos y tumbas de poetas, escritores, insurgentes y soldados de la Armia Krajowa (Ejército del Interior); que las autoridades han rescindido el contrato que permitía el libre uso de la Iglesia Roja, templo católico, por la parroquia católica romana de los Santos Simón y Elena, que ha tenido que retirar sus propiedades de dicha iglesia;
K. Considerando que, según la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, los estudiantes universitarios sufren a detenciones arbitrarias, exclusiones injustificadas y la expulsión de la universidad, lo que supone una clara amenaza para su libertad académica;
L. Considerando que Bielorrusia se ha retirado del Convenio de Aarhus, que ha tenido un éxito considerable en el refuerzo de los derechos de acceso, el desarrollo sostenible y la democracia medioambiental;
M. Considerando que las autoridades recurren a menudo a la vigilancia, la censura en línea y la desinformación, desplegando tecnologías para controlar a la población; que esta práctica represiva representa otro paso hacia el autoritarismo digital y la supresión de los derechos digitales de la población en Bielorrusia, lo que da lugar a la escalada de intimidación de los ciudadanos y a la reducción del espacio cívico; que, en consecuencia, la libertad de expresión ya no existe;
N. Considerando que, el 14 de noviembre de 2022, medios de comunicación independientes informaron sobre el enjuiciamiento penal de Irena Valius y Renata Dzemanchuk, líderes de la Unión de Polacos en Bielorrusia;
O. Considerando que el régimen de Lukashenka en Bielorrusia sigue posibilitando la guerra injustificada de agresión de Rusia contra Ucrania, al permitir que Rusia utilice el territorio bielorruso para lanzar ataques militares contra Ucrania;
P. Considerando que los bielorrusos que se unieron al movimiento antibelicista están siendo objeto de medidas represivas, sometidos a detención administrativa o acusados de delitos, como el abogado Alexander Daniavoich, sobre quien pesan cargos penales en relación con su firma de una petición pública contra la guerra en Ucrania, y los tres ciudadanos bielorrusos Dzianis Dzikun, Dzmitry Ravich y Aleh Malchanau, que se enfrentan a cargos de terrorismo por sabotear infraestructuras ferroviarias para impedir el transporte de equipamiento militar ruso;
Q. Considerando que el Centro de Derechos Humanos de Viasna es objeto de una serie de investigaciones penales, y se han presentado acusaciones contra Ales Bialiatski, Valiantsin Stefanovich, Uladzimir Labkovich, Marfa Rabkova, Leanid Sudalenka, Tatsiana Lasitsa y Andrei Chapiuk, entre otros;
R. Considerando que han sido liquidadas o están en proceso de liquidación más de 600 organizaciones no gubernamentales (ONG), entre las que se encuentran prácticamente todos los grupos de derechos humanos que trabajan en el país; que la persecución contra los sindicatos independientes sigue en curso, y que sus líderes y activistas, como Aliaksandr Yarashuk, Henadz Fiadynich, Siarhei Antusevich, Mijaíl Hromau, Iryna Bud-Husaim, Yanina Malash, Vasil Berasnieu, Zinaida Mijniuk, Aliaksandr Mishuk, Ihar Povarau, Yauhen Hovar, Artsiom Zhernak y Daniil Cheunakou siguen en prisión; que, en julio, el Tribunal Supremo de Bielorrusia liquidó el Congreso de Sindicatos Democráticos de Bielorrusia, organización coordinadora de sindicatos independientes, prohibiendo así de hecho a todos los sindicatos independientes;
S. Considerando que los periodistas siguen siendo uno de los grupos más perseguidos por el régimen, como muestran los casos de Katsiaryna Andreyeva, Iryna Slaunikava, Siarhei Satsuk, Ihar Losik, Ksenia Lutskina y Andrei Kuznechyk; que, el 6 de octubre de 2022, el Tribunal Regional de Minsk condenó a penas de prisión de entre 4 y 14 años a tres periodistas del medio de comunicación independiente prohibido BelaPAN, a saber, Iryna Leushyna, redactora jefa, Dzmitry Navazhylau, director, y Andrei Aliaksandrau, director adjunto, así como a una periodista independiente, Iryna Zlobina;
T. Considerando que la libertad de reunión pacífica se conculca continuamente; que no se han autorizado manifestaciones de la oposición desde las elecciones presidenciales fraudulentas de agosto de 2020;
U. Considerando que Lukashenka prosigue su política de rusificación de Bielorrusia, fomentando la marginación y la destrucción de manifestaciones de la identidad nacional de los bielorrusos, incluso en términos de lengua, educación y cultura, mediante arrestos arbitrarios, detenciones y, en particular, el trato brutal dado a las personalidades culturales;
1. Sigue manteniendo su firme solidaridad con el pueblo de Bielorrusia, así como con los miembros de la oposición democrática y la sociedad civil, que siguen defendiendo una Bielorrusia libre, soberana y democrática;
2. Recuerda que la Unión y sus Estados miembros no reconocieron los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 debido a las manipulaciones y el fraude masivos, y que no reconocen a Aliaksandr Lukashenka como presidente de Bielorrusia; pide un apoyo continuo a la oposición democrática y a la sociedad civil independiente de Bielorrusia, también a los miembros de las familias políticas europeas; acoge con satisfacción la formación del Gabinete de Transición Unido de Bielorrusia dirigido por Sviatlana Tsijanóuskaya, tras la creación del Consejo de Coordinación y la Gestión Nacional Anticrisis; pide a las fuerzas de la oposición democrática que mantengan y promuevan la unidad sobre la base del objetivo de una Bielorrusia libre, democrática e independiente; señala que son muchos los bielorrusos que consideran a Sviatlana Tsijanóuskaya la vencedora de las elecciones presidenciales de 2020;
3. Reitera su apoyo inquebrantable a la oposición democrática y a la sociedad civil bielorrusas y les pide que sigan actuando en interés del pueblo bielorruso y elaboren un plan para reformar el país; señala que la victoria de Ucrania acelerará los cambios democráticos en Bielorrusia; reitera que, en consonancia con los principios de la OSCE, deben satisfacerse las demandas legítimas del pueblo bielorruso en favor de una democracia basada en los derechos humanos y las libertades fundamentales, la prosperidad, la soberanía y la seguridad; reitera sus anteriores llamamientos en favor de la celebración de unas nuevas elecciones libres y justas bajo la observación internacional de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE;
4. Condena enérgicamente las sentencias injustificadas y por motivos políticos impuestas a los «los doce de Autujovich», así como a los más de 1 400 presos políticos detenidos; pide el cese inmediato de la violencia y la represión, así como la liberación incondicional de todos los presos políticos y de todas las personas detenidas, retenidas o condenadas arbitrariamente por motivos políticos, y la retirada de todas las acusaciones que pesan contra ellos; solicita, asimismo su plena rehabilitación y una compensación financiera por los daños sufridos como consecuencia de su detención ilegítima; subraya, entretanto, la necesidad de que se facilite información sobre sus paraderos y sus condiciones de detención, así como de que tengan acceso a abogados de su elección y apoyo médico y de que se garantice que puedan comunicarse con los miembros de sus familias; pide que el régimen de Lukashenka permita observar y supervisar los juicios de todos los presos políticos, incluidos los activistas en favor de la democracia, los miembros de la oposición democrática, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los sindicalistas;
5. Condena enérgicamente la participación de Bielorrusia en la guerra de agresión injustificada y no provocada de Rusia contra Ucrania; condena que Rusia haya vuelto a desplegar fuerzas armadas en Bielorrusia; condena la retórica beligerante y amenazante de funcionarios bielorrusos contra Ucrania; señala que Lukashenka y las personas de su entorno son igualmente responsables de los crímenes de guerra en Ucrania y deben rendir cuentas ante el tribunal internacional y la Corte Penal Internacional;
6. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y al SEAE que cooperen con socios internacionales, como el Mecanismo de Moscú de la OSCE y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como con los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil sobre el terreno, a fin de garantizar el seguimiento, la documentación y la notificación de las violaciones de los derechos humanos y la consiguiente rendición de cuentas y justicia para las víctimas; acoge con satisfacción y apoya la creación de la Plataforma internacional para la rendición de cuentas en Bielorrusia; reitera la importancia de mantener el aislamiento diplomático de Bielorrusia, reduciendo la presencia diplomática de la Unión y sus Estados miembros en el país y continuando el aislamiento de Bielorrusia en las organizaciones internacionales;
7. Insta a las autoridades bielorrusas a que pongan fin a cualquier tipo de represión, persecución, tortura y malos tratos contra su pueblo, incluida la violencia contra las mujeres y los grupos vulnerables y las desapariciones forzadas; sigue condenando las condiciones inhumanas de detención, las incesantes humillaciones y el deterioro de las condiciones sanitarias de los presos políticos;
8. Expresa su preocupación por el presunto uso del trabajo forzoso de reclusos en las colonias penales bielorrusas por parte de proveedores de grandes empresas establecidas en la Unión; pide a todas las empresas establecidas en la Unión que actúen con especial diligencia y cesen sus relaciones con los proveedores bielorrusos que utilicen el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro, conculquen los derechos civiles y políticos de sus empleados o apoyen abiertamente al régimen violento; pide al Consejo que imponga sanciones a cualquier empresa bielorrusa o internacional que opere en Bielorrusia y que utilice el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro, conculque los derechos civiles y políticos de sus empleados o apoye abiertamente el régimen violento; insta al régimen de Lukashenka a que ponga fin a su práctica de imponer trabajo forzoso en las colonias penales;
9. Condena los esfuerzos de Lukashenka por socavar la cultura bielorrusa, incluidas las culturas minoritarias, y rusificar la nación; pide a la Unión que apoye a las organizaciones culturales independientes de Bielorrusia, como teatros, coros, escuelas, grupos folclóricos y artistas; lamenta la decisión del Ministerio del Interior bielorruso de considerar nazi el lema patriótico del país «Zhyve Belarus!» (¡Viva Bielorrusia!);
10. Condena firmemente el uso del territorio bielorruso por parte del ejército ruso para agredir a Ucrania; acoge con satisfacción las medidas adoptadas por la sociedad bielorrusa para oponerse al uso del territorio de Bielorrusia al objeto de facilitar la invasión rusa de Ucrania; expresa su apoyo a los regimientos Kastuś Kalinoŭski y Pahonia, que ayudan a Ucrania a defenderse de la guerra de agresión rusa; respalda la posición de la oposición democrática y de la sociedad civil bielorrusa de que Bielorrusia debe ser reconocida como territorio ocupado o territorio ocupado de facto, y se suma a ellos para pedir la retirada inmediata de las tropas rusas de Bielorrusia y Ucrania;
11. Reitera su llamamiento al Consejo y a la Comisión para que eviten la evasión de sanciones, y pide que las sanciones impuestas a Rusia se apliquen de igual manera a Bielorrusia y que se impongan de forma adecuada en las futuras rondas de sanciones; pide a la Comisión, a los colegisladores y a los Estados miembros que completen el régimen jurídico que permite la confiscación de los activos inmovilizados por la Unión, lo que también permitiría confiscar los activos de Lukashenka, su familia y el círculo cercano sobre el que se asienta el régimen, incluidos jueces, fiscales, propagandistas, miembros de las milicias, la KGB y los agentes de seguridad implicados en la represión, la condena, la detención ilegal y la tortura, y que canalicen estos recursos para apoyar a las víctimas y a la oposición democrática bielorrusa;
12. Acoge con satisfacción la concesión del Premio Nobel de la Paz de 2022 a Ales Bialiatski, defensor de los derechos humanos, fundador del Centro de Derechos Humanos de Viasna y ganador del Premio Sájarov de 2020; denuncia el encarcelamiento de Ales Bialiatski, Valiantsin Stefanovich y Uladzimir Labkovich, acusados por motivos políticos de contrabando y financiación de acciones colectivas que atentan contra el orden público, lo que conlleva una pena de hasta doce años de prisión, y pide su liberación inmediata e incondicional; se hace eco del llamamiento del presidente del Comité Nobel de Noruega al régimen de Lukashenka para que garantice la liberación de Ales Bialiatski antes de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que se tendrá lugar el 10 de diciembre;
13. Acoge con satisfacción la creación de un grupo de contacto en el seno del Consejo de Europa en cooperación con las fuerzas democráticas bielorrusas y la sociedad civil; anima a las instituciones de la Unión, a los Estados miembros y a las organizaciones internacionales a que refuercen la cooperación sistémica con los representantes democráticos de Bielorrusia;
14. Celebra que la Unión y los Estados miembros, en particular Polonia y Lituania, estén proporcionando apoyo y protección a los bielorrusos obligados a huir del país; pide a los Estados miembros que mantengan su solidaridad con las personas que huyen de Bielorrusia e insta a la Comisión a que siga respaldando estos esfuerzos;
15. Acoge con satisfacción el plan global de apoyo económico de la Comisión a una Bielorrusia democrática, pero pide que los fondos sean inmediatamente accesibles para apoyar la labor crucial de la sociedad civil, los medios de comunicación independientes, los sindicatos y la oposición bielorrusa en el exilio, así como de quienes huyen del régimen opresor; insta a los partidos políticos europeos y a las fundaciones políticas europeas a que presten apoyo directo a los miembros bielorrusos de sus partidos y a la oposición en general; pide a la Comisión que siga apoyando a los medios de comunicación independientes, especialmente a los nuevos medios de comunicación como Nexta, que no ha recibido ninguna ayuda financiera de la Unión a pesar de contar con un público amplio en Bielorrusia;
16. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que sigan ayudando a la oposición democrática, a la sociedad civil, a los defensores de los derechos humanos, a los representantes sindicales y a los medios de comunicación independientes en Bielorrusia y en el extranjero, con el fin de preparar la futura transición democrática del país; elogia al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP / AR) por haber invitado periódicamente a Sviatlana Tsijanóuskaya a las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores, también a la mesa redonda del 14 de noviembre de 2022; acoge con satisfacción, a este respecto, la creación de la misión por una Bielorrusia democrática en Bruselas;
17. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren normas y procedimientos para tratar los casos en que los defensores de los derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil sean privados de su nacionalidad en Bielorrusia, así como que presten apoyo a los bielorrusos residentes en la Unión cuyos documentos de identidad están a punto de caducar y no disponen de medios para renovarlos, ya que no pueden regresar a Bielorrusia;
18. Insta al Consejo y al VP / AR a que estudien nuevas medidas, más allá de las sanciones, y a que elaboren un enfoque coherente y global a largo plazo con respecto a Bielorrusia, en estrecha coordinación con países afines y organizaciones internacionales; pide al SEAE que asuma el liderazgo en la coordinación de una política coherente con los Estados miembros y otras instituciones de la Unión;
19. Denuncia la decisión de Bielorrusia de retirarse del Convenio de Aarhus y condena la brutal persecución a la que está sometiendo el régimen bielorruso a los defensores del medio ambiente y los derechos humanos y a las ONG que manifiestan preocupaciones en materia de seguridad nuclear;
20. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a las autoridades de la República de Bielorrusia y de la Federación de Rusia, y a los representantes de la oposición democrática bielorrusa.