PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN sobre los nuevos actos de represión contra la población de Bielorrusia, en particular los casos de Andrzej Poczobut y Ales Bialiatski
13.3.2023 - (2023/2573(RSP))
para sustituir a las propuestas de Resolución siguientes:
B9‑0164/2023 (PPE)
B9‑0165/2023 (Renew)
B9‑0166/2023 (Verts/ALE)
B9‑0167/2023 (S&D)
B9‑0168/2023 (ECR)
Sandra Kalniete, Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler‑Lima, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Liudas Mažylis, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, Milan Zver
en nombre del Grupo PPE
Pedro Marques, Tonino Picula, Thijs Reuten, Juozas Olekas
en nombre del Grupo S&D
Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Bernard Guetta, Karen Melchior, Karin Karlsbro, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
en nombre del Grupo Renew
Viola von Cramon‑Taubadel, Hannah Neumann
en nombre del Grupo Verts/ALE
Anna Fotyga, Beata Mazurek, Angel Dzhambazki, Elżbieta Kruk, Tomasz Piotr Poręba, Dominik Tarczyński, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Andżelika Anna Możdżanowska, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Jacek Saryusz‑Wolski, Beata Kempa, Joachim Stanisław Brudziński, Zbigniew Kuźmiuk, Charlie Weimers, Adam Bielan, Roberts Zīle, Zdzisław Krasnodębski, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Waldemar Tomaszewski
en nombre del Grupo ECR
Fabio Massimo Castaldo, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
Resolución del Parlamento Europeo sobre los nuevos actos de represión contra la población de Bielorrusia, en particular los casos de Andrzej Poczobut y Ales Bialiatski
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Bielorrusia,
– Vistos la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y todos los demás convenios sobre derechos humanos de los que Bielorrusia es parte,
– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 21 y 22 de octubre de 2021,
– Vistas las declaraciones del vicepresidente de la Comisión y alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, de 25 de marzo de 2021, sobre los ataques dirigidos contra la Unión de Polacos en Bielorrusia, de 17 de enero de 2023 sobre los juicios contra líderes de la oposición y periodistas, y de 3 de marzo de 2023 sobre la condena de Ales Bialiatski y otros defensores de los derechos humanos, así como la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, de 7 de octubre de 2022, sobre la sentencia judicial contra representantes de medios de comunicación independientes,
– Vistos el informe, de 4 de marzo de 2022, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia en vísperas de las elecciones presidenciales de 2020, y la declaración, de 6 de enero de 2023, del portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los juicios en Bielorrusia,
– Vistos los informes, de 4 de mayo de 2022 y 20 de julio de 2022, de Anaïs Marin, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el llamamiento de expertos de las Naciones Unidas en favor de la liberación inmediata del premio Nobel encarcelado y de otros defensores de los derechos en Bielorrusia, de 10 de octubre de 2022, y el comentario de la portavoz de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Ravina Shamdasani, sobre la condena a los defensores de los derechos humanos en Bielorrusia, de 3 de marzo de 2023,
– Vista la declaración de los ministros de Asuntos Exteriores del G-7, de 4 de noviembre de 2022, a propósito de Bielorrusia,
– Vista la declaración del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 3 de marzo de 2023, sobre la condena del premio Nobel Bialiatski y de otros defensores de los derechos humanos,
– Vistas las declaraciones de Teresa Ribeiro, representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación, de 13 de julio de 2022 sobre el encarcelamiento pertinaz de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en Bielorrusia, de 15 de septiembre de 2022 sobre el encarcelamiento continuado de periodistas en Bielorrusia, y de 7 de octubre de 2022 sobre la persistente persecución de los profesionales de los medios de comunicación bielorrusos,
– Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,
A. Considerando que, desde que estallaron las protestas pacíficas tras las fraudulentas elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020, el régimen de Lukashenka ha continuado con sus actos de represión contra la población de Bielorrusia, en los que los representantes de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los activistas de la oposición y muchas otras personas han sido acosados, perseguidos, detenidos, torturados y condenados por expresar su oposición al régimen, a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos o al apoyo del régimen a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania; que el enjuiciamiento penal sigue constituyendo una de las formas más graves de represión y continúa siendo un fenómeno generalizado;
B. Considerando que, en marzo de 2023, figuraban más de 1 450 personas en la lista de presos políticos bielorrusos mantenida por el Centro de Derechos Humanos Viasna, que incluye al Premio Sájarov y ganador del Premio Nobel Ales Bialiatski; que Viasna es consciente de que al menos 2 900 personas han sido condenadas en causas penales por motivos políticos; que, en 2022, el régimen de Lukashenka dictó al menos 1 200 condenas políticas por cargos penales y se cerraron 215 medios de comunicación impresos, mientras que más de 1 000 ONG han sido liquidadas en Bielorrusia desde 2020;
C. Considerando que Ales Bialiatski, un destacado defensor de los derechos humanos, fundador y presidente del Centro de Derechos Humanos Viasna y galardonado con el Premio Nobel y con el Premio Sájarov, fue detenido el 12 de febrero de 2022 y se le mantuvo en prisión preventiva; que Bialiatski permaneció encarcelado entre 2011 y 2014, y fue encarcelado de nuevo en 2021 a raíz de las masivas manifestaciones prodemocráticas posteriores a las elecciones presidenciales de 2020; que, el 3 de marzo de 2023, Ales Bialiatski, Valiantsin Stefanovich, miembro del Centro de Derechos Humanos Viasna, Zmitser Salauyou, defensor de los derechos humanos, y Uladzimir Labkovich, coordinador de la campaña «Defensores de los derechos humanos por unas elecciones libres», fueron condenados a diez, nueve, ocho y siete años de cárcel, respectivamente, en juicios por motivos políticos; que, el 3 de noviembre de 2021, Leanid Sudalenka, abogado de la rama Homieĺ de Viasna, y Tatsiana Lasitsa, voluntaria de Viasna, fueron condenados a tres años y a dos años y medio de cárcel, respectivamente;
D. Considerando que Andrzej Poczobut, periodista y miembro de la Unión de Polacos en Bielorrusia, fue detenido el 18 de marzo de 2021 y posteriormente condenado a tres años de cárcel tras ser acusado de «insultar públicamente al presidente de Bielorrusia» e «incitar al odio étnico»; que, el 8 de febrero de 2023, el Tribunal Regional de Hrodna lo declaró culpable de fomentar acciones encaminadas a menoscabar la seguridad nacional de la República de Bielorrusia e incitar a la hostilidad étnica, y lo condenó a ocho años de cárcel;
E. Considerando que los periodistas siguen estando entre las personas más atacadas por el régimen; que en la actualidad hay más de treinta periodistas encarcelados en Bielorrusia; que, en octubre de 2022, al menos veintinueve medios de comunicación independientes habían sido designados como «extremistas» y bloqueados por las autoridades; que, según la Asociación Bielorrusa de Periodistas, el discurso público se ha suprimido casi por completo y se reprime gravemente a los medios de comunicación; que, como resultado de la represión total contra los medios de comunicación independientes, la libertad de expresión ha dejado de existir en Bielorrusia, y que el régimen ejerce una vigilancia total de internet;
F. Considerando que los cargos contra Andrzej Poczobut y Ales Bialiatski se consideran en general basados en motivos políticos y destinados a silenciar voces independientes y suprimir la libertad de expresión y asociación;
G. Considerando que las fuerzas políticas democráticas bielorrusas siguen siendo objeto de persecución; que el régimen de Lukashenka ha iniciado procedimientos en rebeldía contra dirigentes de las fuerzas democráticas en Bielorrusia y que muchos dirigentes y representantes de los partidos de la oposición democrática siguen encarcelados en condiciones inhumanas; que, el 6 de marzo de 2023, el Tribunal de la Ciudad de Minsk condenó en rebeldía a la líder de la oposición democrática bielorrusa y jefa del Gabinete de Transición Unido, Sviatlana Tsijanóuskaya, a quince años de cárcel; que el tribunal también condenó a otros miembros del Consejo de Coordinación, a saber, Pável Latushka, a dieciocho años de cárcel, y a Maryia Maroz, Volha Kavalkova y Siarhéi Dyleuski, a doce años de cárcel cada uno; que las sentencias se dictaron días después de que un tribunal bielorruso ampliara en dieciocho meses la condena a dieciocho años de cárcel del marido de Tsijanóuskaya, el disidente y activista en favor de la democracia Siarhéi Tsijhanouski; que varios de los condenados han sido galardonados con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia;
H. Considerando que, el 17 de octubre de 2022, en una sentencia de una severidad sin precedentes en un caso por motivos políticos en Bielorrusia, el preso político Mikalai Autujovich fue condenado a 25 años en una colonia penitenciaria de alta seguridad, mientras que otras 11 personas en este mismo caso fueron condenadas a penas de prisión de hasta 20 años;
I. Considerando que las autoridades de Bielorrusia han violado reiteradamente los derechos humanos de los ciudadanos del país, incluido el derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación; que la represión sigue afectando a todos los sectores de la sociedad; que la persecución de las personas continúa bajo el pretexto de la lucha contra el extremismo y el terrorismo; que las modificaciones del Código Penal bielorruso entraron en vigor en enero de 2022, por las que se vuelve a introducir la responsabilidad penal en caso de participación en actividades de organizaciones no registradas; que, en mayo de 2022, las autoridades ampliaron la aplicación de la pena capital a la tentativa de actos de terrorismo, cargo utilizado anteriormente en juicios contra activistas políticos; que el régimen bielorruso sigue restringiendo gravemente la libertad de asociación; que, en diciembre de 2022, el Gobierno bielorruso presentó al Parlamento un proyecto de ley por el que se modifica la Ley de partidos políticos, que en última instancia puede dar lugar a la prohibición de facto de cualquier partido político que se oponga al régimen;
J. Considerando que, en octubre de 2022, Lukashenka firmó la retirada de Bielorrusia del Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, bloqueando el mandato del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para recibir y examinar las denuncias relacionadas con derechos humanos de personas en Bielorrusia, una de las últimas vías de recurso para los bielorrusos perseguidos;
K. Considerando que la persecución administrativa es uno de los instrumentos que utiliza el régimen de Lukashenka para silenciar a la oposición y a todas las voces que cuestionan al régimen; que, en enero de 2023, el Centro de Derechos Humanos Viasna informó de al menos 350 detenciones y 141 casos de persecución administrativa por motivos políticos;
L. Considerando que se sigue persiguiendo a los sindicatos independientes; que las autoridades bielorrusas han modificado la legislación para ampliar el alcance de la clasificación de las organizaciones como «extremistas»; que, en julio de 2022, el Tribunal Supremo de Bielorrusia clausuró cuatro importantes sindicatos independientes y el Congreso de Sindicatos Democráticos de Bielorrusia; que, en enero de 2023, los dirigentes de sindicatos independientes Henadz Fiadynich y Vasil Berasneu fueron condenados a nueve años de cárcel, al tiempo que Vatslau Areshka fue condenado a ocho años; que, en febrero de 2023, los miembros del grupo Rabochy Rukh (Movimiento de los Trabajadores) Siarhéi Shelest, Uladzimir Zhurauka, Andréi Paheryla, Hanna Ablab, Aliaksandr Hashnikau, Siarhéi Dziuba, Ihar Mints, Valiantsin Tseranevich, Siarhéi Shametska y Aliaksandr Kapshul fueron acusados de alta traición y de crear y participar en una organización extremista, y fueron condenados a penas de entre once y quince años de cárcel cada uno; que el Ministerio del Interior de Bielorrusia sigue añadiendo activistas y dirigentes del movimiento sindical democrático a las listas de extremistas y terroristas;
M. Considerando que el régimen ha continuado con sus actos de represión contra abogados en represalia por expresar opiniones en materia de derechos, representar a clientes en casos por motivos políticos, o por pronunciarse en contra de la guerra en Ucrania; que, desde agosto de 2020, al menos setenta abogados han perdido sus licencias a raíz de decisiones arbitrarias del Ministerio de Justicia o de procedimientos de inhabilitación por motivos políticos; que, en 2022, siete abogados se enfrentaron a acusaciones penales por motivos políticos y siguieron enfrentándose a cargos administrativos, detenciones, registros y acoso; que Vital Brahinets fue condenado a ocho años de cárcel por su defensa de varios presos políticos, entre ellos Ales Bialiatski;
N. Considerando que el régimen de Lukashenka ha adoptado medidas cada vez más represivas contra las minorías nacionales en Bielorrusia, en particular contra las minorías polaca y lituana, incluido el cierre de escuelas que enseñan las lenguas nacionales minoritarias, así como contra organizaciones que representan a estas minorías, como la Unión de Polacos en Bielorrusia; que la discriminación sistemática contra las minorías polacas y otras minorías nacionales se viene produciendo desde hace muchos años, y que los casos más destacados de represión son los casos contra Andżelika Borys y Andrzej Poczobut;
O. Considerando que el régimen de Lukashenka continúa su política de rusificación de Bielorrusia, con el objetivo estratégico de marginar y destruir las expresiones de la identidad nacional bielorrusa, incluidas su lengua y su cultura; que esta política conlleva asimismo la prohibición de símbolos nacionales e históricos de Bielorrusia, como la bandera blanquirroja y el escudo Pahonia, así como el cierre de editoriales, escuelas privadas y cursos de lengua bielorrusa;
P. Considerando que el régimen ilegítimo de Lukashenka sigue reprimiendo la libertad de religión y creencias; que, según el Consejo de Coordinación, varios sacerdotes católicos romanos, católicos griegos y ortodoxos y pastores protestantes se han enfrentado a diversas formas de presión, desde multas hasta largas penas de prisión, entre ellos Siarhéi Rezanovich, que fue condenado a dieciséis años de cárcel;
Q. Considerando que los presos políticos sufren una represión adicional y unas condiciones inhumanas; que esto adopta varias formas, entre ellas mantener a los presos políticos en condiciones prohibidas con arreglo a las obligaciones internacionales de Bielorrusia, someterlos a sanciones disciplinarias por motivos falsos y encerrarlos en celdas de castigo; que los presos políticos siguen denunciando el deterioro de su salud, humillaciones y malos tratos; que, en algunos casos, se incrementa el nivel de seguridad de su detención y se amplía arbitrariamente la pena de prisión, se viola el derecho a la correspondencia y se priva a los presos políticos de las visitas familiares, como demuestra el caso de Palina Sharenda-Panasiuk;
R. Considerando que miles de ciudadanos de Bielorrusia se han visto forzados u obligados de otro modo a abandonar su país y buscar refugio en el extranjero; que las autoridades bielorrusas siguen adoptando medidas que restringen los derechos de los bielorrusos que viven en el extranjero; que el programa denominado «La vuelta a casa», puesto en marcha por el régimen de Lukashenka, consiste en «invitar» a los bielorrusos que han abandonado el país en los últimos años a regresar a Bielorrusia, con la promesa de que no serán perseguidos siempre que realicen una confesión oficial; que muchos bielorrusos que han regresado a su país han sido detenidos, perseguidos y en ocasiones condenados a penas de prisión por haber participado en protestas, publicado comentarios en las redes sociales criticando el régimen de Lukashenka o efectuado donaciones a víctimas de la represión en Bielorrusia; que, en enero de 2023, el régimen bielorruso promulgó una ley que retirará la ciudadanía a los exiliados a quienes acuse de los denominados delitos relacionados con el extremismo, una lista que ya incluye a más de 2 000 personas;
S. Considerando que, más de dos años después, no hay indicios de que las autoridades bielorrusas estén investigando las miles de denuncias de brutalidad policial presentadas desde las protestas de agosto de 2020 ni los homicidios de manifestantes; que la impunidad generalizada de las violaciones de los derechos humanos perpetúa la situación desesperada del pueblo bielorruso; que la ausencia de Estado de Derecho impide el ejercicio del derecho a un juicio justo; que Bielorrusia es el único país de Europa que sigue aplicando la pena capital;
T. Considerando que las autoridades bielorrusas recurren a menudo a la vigilancia, la censura en línea y la desinformación, desplegando tecnología para controlar a la población; que estas prácticas represivas representan otro paso hacia el autoritarismo digital y la supresión de los derechos digitales de la población en Bielorrusia, lo que da lugar a la escalada de intimidación de los ciudadanos y a la reducción del espacio cívico; que el régimen de Lukashenka también ejerce una represión transnacional contra los ciudadanos bielorrusos que viven en el extranjero;
U. Considerando que la Unión ha impuesto sanciones a personas y entidades responsables de la represión en Bielorrusia y ha prestado apoyo a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes en dicho país;
V. Considerando que las autoridades de Bielorrusia siguen apoyando la guerra injustificada de agresión de Rusia contra Ucrania, al permitir que Rusia utilice el territorio bielorruso para lanzar ataques militares contra Ucrania; que decenas de ciudadanos bielorrusos han sido procesados por expresar su apoyo a Ucrania, criticar al gobierno por apoyar la guerra de agresión de Rusia o informar sobre los movimientos de tropas y equipos militares rusos dentro de Bielorrusia;
W. Considerando que, el 7 de septiembre de 2022, el Comité de Ministros del Consejo de Europa invitó a la secretaria general del Consejo de Europa a crear un grupo de contacto sobre Bielorrusia en cooperación con representantes de las fuerzas democráticas y de la sociedad civil bielorrusas; que el 1 de marzo de 2023 se inauguró en Bruselas la Misión oficial de la Bielorrusia Democrática en una ceremonia a la que asistió Sviatlana Tsijanóuskaya;
1. Reitera su solidaridad con el pueblo bielorruso, que sigue defendiendo una Bielorrusia soberana, libre y democrática, arriesgando su libertad y sus vidas; sigue exigiendo que las autoridades estatales pongan fin de inmediato a la represión contra el pueblo bielorruso, procedan a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y de todas las personas detenidas, encarceladas o condenadas arbitrariamente por motivos políticos, y pide que se retiren todos los cargos contra ellos, así como su plena rehabilitación e indemnización económica por los daños sufridos como consecuencia de su detención ilegítima;
2. Sigue condenando en los términos más enérgicos la continua represión en Bielorrusia, incluida la represión a través de simulacros de juicios por motivos políticos; condena la represión sistemática del régimen de Lukashenka contra la población de Bielorrusia, que desde las elecciones presidenciales amañadas del 9 de agosto de 2020 ha obligado a miles de bielorrusos a huir del país; reitera que la campaña de represión sistemática en curso constituye una grave violación de los derechos humanos;
3. Recuerda a las autoridades de Bielorrusia sus obligaciones de respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos bielorrusos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación; insiste en la necesidad de garantizar las libertades fundamentales y los derechos humanos, el Estado de Derecho y un poder judicial independiente funcional en Bielorrusia; reitera su llamamiento a las autoridades bielorrusas para que conmuten inmediatamente todas las condenas a muerte y establezcan una moratoria inmediata sobre la aplicación de la pena de muerte, como primer paso hacia su abolición total y permanente; condena la nueva ley que permite la aplicación de la pena de muerte contra funcionarios y miembros del ejército condenados por alta traición; pide que se ponga fin a la discriminación contra las mujeres y los grupos vulnerables, incluidas las personas pertenecientes a minorías, las personas con discapacidad y las personas LGBTQI;
4. Reitera que debe atenderse a las legítimas demandas del pueblo bielorruso de democracia basada en los derechos humanos y las libertades fundamentales, la prosperidad, la soberanía y la seguridad; reitera sus anteriores llamamientos en favor de la celebración de nuevas elecciones libres y justas bajo la observación internacional de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE; recuerda que la Unión y sus Estados miembros no reconocieron los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 ni reconocieron a Aliaksandr Lukashenka como presidente legítimo de Bielorrusia;
5. Denuncia la detención y condena de Andrzej Poczobut y la condena de Ales Bialiatski, Valiantsin Stefanovich, Zmitser Salauyou y Uladzimir Labkovich, ya que ponen de relieve los esfuerzos del régimen por reprimir todo compromiso cívico en pro de la defensa de los derechos humanos y todo trabajo periodístico independiente en el país; denuncia las numerosas violaciones de su derecho a un juicio justo y pide su liberación inmediata e incondicional, así como su plena rehabilitación y una indemnización;
6. Condena la sentencia en rebeldía de Sviatlana Tsijanóuskaya, líder de la oposición democrática bielorrusa y jefa del Gabinete de Transición Unido, y de otros integrantes del Consejo de Coordinación, a saber, Pável Latushka, Maryia Maroz, Volha Kavalkova y Siarhéi Dyleuski; rechaza el veredicto del tribunal, según el cual el ejercicio del derecho democrático de presentarse a unas elecciones constituye una «conspiración para tomar el poder»; pide que el régimen de Lukashenka derogue las sentencias y retire todos los cargos contra los cuatro activistas; insiste en que no debe impedirse a ningún activista condenado por su apoyo o participación activa en la oposición prodemocrática el presentarse como candidato a un cargo electo en Bielorrusia; insta a los Estados miembros, en particular a los que acogen a estos miembros destacados de las fuerzas democráticas bielorrusas, a que garanticen su seguridad y protección frente al régimen de Lukashenka;
7. Condena el intenso acoso y la persecución de los sindicatos; denuncia las sentencias dictadas por motivos políticos contra los dirigentes de sindicatos independientes como Henadz Fiadynich, Vasil Berasneu y Vatslau Areshka, y los miembros del grupo Rabochy Rukh (Movimiento de los Trabajadores), que ilustran un completo desprecio por sus derechos humanos y constituyen violaciones flagrantes de los convenios laborales internacionales;
8. Condena la persecución de los grupos minoritarios polacos, lituanos y otros grupos minoritarios nacionales en Bielorrusia y sus representantes, incluidas las decisiones encaminadas a cerrar las escuelas polacas y lituanas y a eliminar la educación en estas lenguas, así como la destrucción de los cementerios y el patrimonio polacos; pide a las autoridades bielorrusas que supriman todas las medidas adoptadas contra las minorías nacionales y respeten sus derechos, incluido su derecho a la educación en lenguas minoritarias;
9. Denuncia que los juicios por motivos políticos se celebran a puerta cerrada y sin las debidas garantías procesales, lo que infringe las obligaciones y compromisos internacionales del país y tiene como resultado la imposición de sentencias duras e injustificadas a los líderes de la oposición; pide a la Delegación de la UE para las Relaciones con Bielorrusia y a las embajadas de los Estados miembros en Bielorrusia que sigan observando y supervisando los juicios de todos los presos políticos; anima al Consejo y a la Comisión a que encuentren nuevas vías para trabajar en pro de la liberación de todos los presos políticos; pide al Comité Internacional de la Cruz Roja y a otras organizaciones que visiten a los presos políticos, especialmente a aquellos con graves problemas de salud;
10. Condena la Ley de ciudadanía, sancionada por Aliaksandr Lukashenka, que abre la posibilidad de que los bielorrusos que residen en el extranjero se vean privados de su ciudadanía; subraya que las autoridades bielorrusas violan el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que Bielorrusia es parte, que salvaguarda el derecho a la nacionalidad y prohíbe su privación arbitraria; insta a las autoridades bielorrusas a que suspendan el programa «La vuelta a casa»;
11. Subraya la necesidad de una investigación exhaustiva sobre los crímenes cometidos por el régimen de Lukashenka contra el pueblo de Bielorrusia; pide a los Estados miembros que apliquen activamente el principio de jurisdicción universal y preparen procedimientos judiciales contra altos cargos bielorrusos, incluido Aliaksandr Lukashenka, que son responsables o cómplices de actos sistemáticos de violencia y represión y crímenes contra la humanidad;
12. Reitera su firme condena de la participación de Bielorrusia en la guerra de agresión injustificada y no provocada de Rusia contra Ucrania; condena la retórica beligerante del régimen de Lukashenka contra Ucrania y la difusión masiva de propaganda y desinformación sobre la guerra de agresión; reitera que Lukashenka y otros altos cargos bielorrusos comparten la responsabilidad de esta guerra de agresión y de los crímenes de guerra cometidos en Ucrania y deben rendir cuentas ante un tribunal especial por el crimen de agresión contra Ucrania y otros tribunales internacionales pertinentes, y pide a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen los esfuerzos en este sentido; expresa su apoyo a los voluntarios y partisanos bielorrusos que luchan por la independencia de Bielorrusia y ayudan a Ucrania a defenderse de la guerra de agresión de Rusia; reconoce que el régimen de Lukashenka es cómplice del apoyo estatal al terrorismo y cómplice de un Estado que utiliza medios terroristas;
13. Observa con preocupación el hecho de que prosiga la denominada integración de Rusia y Bielorrusia en varios ámbitos, lo que equivale a una ocupación de facto y, en particular, la militarización progresiva de Bielorrusia y la región, también a través de la presencia de tropas rusas en Bielorrusia, lo que representa un reto para la seguridad y la estabilidad del continente europeo y va en contra de la voluntad del pueblo bielorruso; lamenta la decisión de Bielorrusia de renunciar a su estatuto de país no nuclear;
14. Pide a la Unión Europea y sus Estados miembros que amplíen y refuercen las sanciones de la Unión contra las personas y entidades responsables de la represión en Bielorrusia y que incluya a todas las personas cómplices de la represión ejercida por el régimen contra la oposición democrática y los manifestantes políticos, incluyendo a jueces, fiscales y funcionarios policiales, penitenciarios y de colonias penitenciarias, y garanticen la correcta aplicación de las sanciones; lamenta que Bielorrusia no haya sido incluida en el 10.º paquete de sanciones contra Rusia y quienes apoyen a este país; pide la adopción de sanciones creíbles contra las personas y entidades bielorrusas que apoyan la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, así como de las medidas necesarias para evitar la elusión de las sanciones de la Unión contra Rusia a través de Bielorrusia y aplicar al régimen de Lukashenka en Bielorrusia medidas análogas a las medidas restrictivas impuestas a Rusia; pide que se incluya la potasa, la principal fuente de ingresos del régimen, en la lista de sanciones;
15. Pide a la Unión y sus Estados miembros que sigan planteando la situación en Bielorrusia en todas las organizaciones europeas e internacionales pertinentes, en particular las Naciones Unidas y sus órganos especializados, la OSCE, así como en la Organización Internacional del Trabajo, con el fin de aumentar el control internacional de las violaciones de los derechos humanos, reforzar la acción internacional en respuesta a la situación en Bielorrusia y superar la obstrucción de Rusia y otros países a dicha acción;
16. Pide a la Unión y sus Estados miembros que cooperen con socios internacionales, como el Mecanismo de Moscú de la OSCE y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como con los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil sobre el terreno, a fin de garantizar el seguimiento, la documentación y la notificación de las violaciones de los derechos humanos y la consiguiente rendición de cuentas y justicia para las víctimas; elogia, a este respecto, la labor de la Plataforma Internacional de Rendición de Cuentas para Bielorrusia y pide a la Unión y a los Estados miembros que mantengan su apoyo; anima a la Corte Penal Internacional que investigue e inicie procedimientos preliminares contra el régimen bielorruso en casos de crímenes contra la humanidad;
17. Pide a toda la comunidad internacional que rechace la candidatura de Bielorrusia para el puesto no permanente del Grupo de Europa Oriental en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2024-2025;
18. Anima a los Estados miembros a que se esfuercen en pro del refuerzo del mandato y el cargo del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia y el examen por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) de la situación en Bielorrusia, de modo que puedan recibir y tramitar eficazmente las denuncias individuales de los ciudadanos bielorrusos; expresa su apoyo al llamamiento realizado por organizaciones internacionales y bielorrusas de la sociedad civil el 13 de febrero de 2023 para que los Estados miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas establezcan un mecanismo de investigación independiente que complemente y haga un seguimiento de la labor del actual examen de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y pide que la labor de este mecanismo cuente con recursos y financiación suficientes;
19. Destaca el papel fundamental que desempeñan los medios de comunicación independientes, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil a la hora de afirmar las aspiraciones democráticas del pueblo bielorruso, ya sea en Bielorrusia o en el exilio; pide a las instituciones de la Unión que refuercen el apoyo al desarrollo de capacidades de la sociedad civil de Bielorrusia, los medios de comunicación libres, los sindicatos independientes y los activistas en favor de la democracia, tanto en Bielorrusia como en el exilio; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan prestando apoyo a la sociedad civil bielorrusa, a los medios de comunicación independientes y a los grupos y estructuras políticos democráticos, entre ellos el Consejo de Coordinación y el Gabinete de Transición Unido; pide a las fuerzas democráticas bielorrusas que mantengan y promuevan la unidad sobre la base del objetivo de una Bielorrusia libre, democrática e independiente;
20. Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que presten apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos y a la sociedad civil en Bielorrusia, que se enfrentan a una severa represión, en particular mediante la expedición de visados de emergencia para abandonar Bielorrusia en caso necesario; pide a las instituciones de la Unión que sigan apoyando los esfuerzos de los Estados miembros por proteger y acoger a los bielorrusos obligados a huir de su país; pide a los Estados miembros que presten apoyo a los bielorrusos residentes en la Unión cuyos documentos de identidad vayan a expirar y que no disponen de medios para renovarlos, ya que no pueden regresar a Bielorrusia;
21. Condena los esfuerzos del régimen de Lukashenka por suprimir la cultura bielorrusa y por llevar a cabo una política de rusificación del pueblo bielorruso; pide a la Unión que apoye la cultura y las organizaciones culturales bielorrusas; condena la negativa a celebrar el juicio de Ales Bialiatski en bielorruso en lugar de en ruso, y la denegación de la solicitud de Bialiatski de contar con un intérprete, lo que demuestra la política antibielorrusa del régimen de Lukashenka; apoya la celebración por parte del pueblo bielorruso del 25 de marzo, día en que se proclamó la independencia de Bielorrusia en 1918;
22. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar que las empresas que operan en Bielorrusia, tanto extranjeras como nacionales, actúen con especial diligencia y asuman su responsabilidad de respetar los derechos humanos tanto en sus operaciones como en sus cadenas de suministro, de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas; pide a todas las empresas con sede en la Unión que pongan fin a sus relaciones con cualquier proveedor bielorruso que apoye abiertamente al régimen violento de Lukashenka o viole de otro modo los Principios Rectores de las Naciones Unidas; pide al Consejo que imponga sanciones a cualquier empresa bielorrusa o internacional que incumpla la normativa; insta al régimen de Lukashenka a que ponga fin a su práctica de imponer trabajo forzoso en las colonias penales;
23. Pide a la Comisión que cree un grupo de trabajo que abra un diálogo sobre políticas con los representantes de la Bielorrusia democrática con el fin de trabajar en pro de un acuerdo multisectorial global que constituya la base de la cooperación con una Bielorrusia democrática una vez que el régimen actual deje de ocupar el poder; reitera que ello debe ir acompañado de un plan de recursos financieros y administrativos, que debe aplicarse a fin de llevar a cabo y financiar las reformas necesarias en el país en cuanto sea posible; acoge con satisfacción la creación de la Misión de la Bielorrusia Democrática en Bruselas y pide a las instituciones de la Unión que apoyen la Misión y las embajadas populares de Bielorrusia;
24. Reitera la importancia de formalizar la relación entre las fuerzas democráticas bielorrusas y el Parlamento con el fin de reforzar la representación bielorrusa en la escena internacional; pide, por tanto, que se renueve la representación bielorrusa democrática reconocida oficialmente en la Asamblea Parlamentaria Euronest y en la Delegación para las Relaciones con Bielorrusia;
25. Subraya la importancia de reforzar la unidad de la Unión Europea en lo que respecta a Bielorrusia, también en lo que atañe al aislamiento diplomático del régimen actual; condena todas las acciones, incluidas las visitas de alto nivel a las autoridades de facto en Minsk, que podrían poner en entredicho el no reconocimiento inequívoco por parte de la Unión del régimen de Lukashenka; deplora, en este contexto, la visita realizada el 13 de febrero de 2023 a Minsk por el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, que contravino la política de la Unión en relación con Bielorrusia y la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, y desaprueba que algunos Estados miembros sigan expidiendo visados Schengen a personas cercanas a Aliaksandr Lukashenka;
26. Reitera su condena de la reciente decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de permitir que los deportistas bielorrusos compitan bajo bandera neutral en las pruebas de clasificación para los Juegos Olímpicos de París de 2024, lo que contraviene el aislamiento pluridimensional de Bielorrusia y será utilizado por el régimen con fines propagandísticos; pide a los Estados miembros y a la comunidad internacional que presionen al COI para que revoque esta decisión, y que adopten una posición similar sobre cualquier otro acontecimiento deportivo, cultural o científico;
27. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al secretario general de las Naciones Unidas, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a la Organización Internacional del Trabajo, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a los representantes de las fuerzas democráticas bielorrusas y a las autoridades de facto de la República de Bielorrusia.