Propuesta de resolución común - RC-B9-0253/2024Propuesta de resolución común
RC-B9-0253/2024

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN COMÚN sobre las elecciones presidenciales antidemocráticas en Rusia y su ilegítima extensión a los territorios ocupados

24.4.2024 - (2024/2665(RSP))

presentada de conformidad con el artículo 132, apartados 2 y 4, del Reglamento interno
para sustituir a las propuestas de Resolución siguientes:
B9‑0253/2024 (S&D)
B9‑0255/2024 (Verts/ALE)
B9‑0256/2024 (Renew)
B9‑0259/2024 (ECR)
B9‑0260/2024 (PPE)

Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, David McAllister, Vladimír Bilčík, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev
en nombre del Grupo PPE
Pedro Marques, Tonino Picula, Eero Heinäluoma
en nombre del Grupo S&D
Bernard Guetta, José Ramón Bauzá Díaz, Fabio Massimo Castaldo, Vlad Gheorghe, Michael Kauch, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
en nombre del Grupo Renew
Sergey Lagodinsky
en nombre del Grupo Verts/ALE
Anna Fotyga, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Roberts Zīle, Witold Jan Waszczykowski, Assita Kanko, Anna Zalewska, Angel Dzhambazki
en nombre del Grupo ECR


Procedimiento : 2024/2665(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento :  
RC-B9-0253/2024
Textos presentados :
RC-B9-0253/2024
Debates :
Textos aprobados :

Resolución del Parlamento Europeo sobre las elecciones presidenciales antidemocráticas en Rusia y su ilegítima extensión a los territorios ocupados

(2024/2665(RSP))

El Parlamento Europeo,

 Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Rusia y sobre Ucrania,

 Vistas la Constitución de la Federación de Rusia y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que Rusia se ha comprometido a cumplir como miembro del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE),

 Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,

 Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

 Visto el Documento de Copenhague de la OSCE, de 1990,

 Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

 Vistas la Resolución ES-11/4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 12 de octubre de 2022, titulada «Integridad territorial de Ucrania: defensa de los principios de la Carta de las Naciones Unidas» y la Resolución 68/262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 27 de marzo de 2014, titulada «Integridad territorial de Ucrania»,

 Vista la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, de 17 de junio de 2023, sobre la intención de celebrar «elecciones» en los territorios ocupados de Ucrania,

 Vista la declaración de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE, de 29 de enero de 2024, sobre la decisión de la Federación de Rusia de no invitar a la OSCE a observar las elecciones presidenciales rusas,

 Vista la declaración, de 18 de marzo de 2024, del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en nombre de la Unión Europea sobre las elecciones presidenciales en Rusia y su no aplicabilidad al territorio ucraniano,

 Vista la declaración, de 18 de marzo de 2024, del presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Theodoros Rousopoulos, sobre las «elecciones» presidenciales en Rusia,

 Visto el informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia, Mariana Katzarova, de 15 de septiembre de 2023, titulado «Situation of human rights in the Russian Federation» (Situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia),

 Visto el Dictamen n.º 992/2020, de 23 de marzo de 2021, de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) sobre las enmiendas constitucionales y el procedimiento para su adopción en la Federación de Rusia,

 Vistos la Resolución 2519 (2023) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 13 de octubre de 2023, titulada «Examining the legitimacy and legality of the ad hominem term-limit waiver for the incumbent President of the Russian Federation» (Examen de la legitimidad y la legalidad de la exención ad hominem de la limitación de mandatos aplicada al presidente en ejercicio de la Federación de Rusia), y su informe n.º 15827, de 22 de septiembre de 2023, y con el mismo título, en el que se basó,

 Vista la Resolución 2540 (2024) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 17 de abril de 2024, titulada «Alexei Navalny’s death and the need to counter Vladimir Putin’s totalitarian regime and its war on democracy» (La muerte de Alexéi Navalny y la necesidad de contrarrestar el régimen totalitario de Vladímir Putin y su guerra contra la democracia),

 Visto el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 11 de julio de 2023, titulado «Protecting human rights defenders at risk: EU entry, stay and support» (Proteger a los defensores de los derechos humanos en peligro: entrada en la Unión, estancia y apoyo),

 Visto el artículo 28 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas,

 Visto el artículo 132, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A. Considerando que todos los Estados participantes en la OSCE, incluida la Federación de Rusia, han acordado que la voluntad del pueblo, expresada de manera libre y justa mediante elecciones auténticas y periódicas, es la base de la autoridad y la legitimidad del Gobierno;

B. Considerando que los Estados participantes en la OSCE se han comprometido a respetar una serie de principios, como los definidos en el Documento de Copenhague de 1990, a fin de garantizar, entre otras cosas, que las campañas electorales puedan llevarse a cabo en un ambiente abierto y justo sin violencia, intimidación o temor a represalias contra candidatos, partidos o votantes, y a garantizar que los votos se emitan mediante votación secreta y se contabilicen y notifiquen honestamente;

C. Considerando que las denominadas elecciones presidenciales celebradas por Rusia del 15 al 17 de marzo de 2024 se llevaron a cabo sin ninguna competencia política, en un entorno muy restringido de represión sistémica y grave, y durante la guerra ilegal de agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania; que se denunciaron casos de intimidación de los votantes, denegación del derecho de voto de los votantes, llenado de las urnas, falsificación a gran escala de las actas de las mesas electorales y detención de observadores electorales nacionales independientes; que Rusia organizó ilegalmente el voto en los territorios ucranianos ocupados de Crimea, Donetsk, Jersón, Luhansk y Zaporiyia, en ocasiones entre la violencia y las amenazas de soldados rusos armados; que Rusia también tiene un historial de organización del voto ilegal en Abjasia y Osetia del Sur y en Transnistria, en contra de la voluntad de las autoridades georgianas y moldavas;

D. Considerando que las autoridades rusas no invitaron a la OSCE/OIDDH a observar sus elecciones, lo que va en contra de los compromisos y obligaciones de Rusia como Estado participante en la OSCE; que estas fueron las segundas elecciones rusas consecutivas celebradas sin observadores electorales internacionales imparciales e independientes en el país;

E. Considerando que la Comisión Electoral Central de la Federación de Rusia impidió injustificadamente registrar como candidatos a todos los políticos críticos con el régimen o con la guerra de agresión, incluidos algunos que supuestamente habían recogido más de 100 000 firmas, tal como prescribe la legislación nacional;

F. Considerando que Alexéi Navalny, la figura más poderosa de la oposición democrática y galardonado con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia en 2021, fue asesinado en una colonia penitenciaria siberiana el 16 de febrero de 2024, justo semanas antes de las denominadas elecciones presidenciales; que Navalny había estado cumpliendo una pena de prisión infundada y por motivos políticos; que toda la responsabilidad de su asesinato recae en el Estado ruso, y en particular en su presidente Vladímir Putin;

G. Considerando que la Constitución rusa de 1993 limitaba el ejercicio de la presidencia a dos mandatos consecutivos, pero que Vladímir Putin ha estado en el poder continuamente desde 2000, encontrando diferentes maneras de eludir este límite; que el falso referéndum de 2020 no puede considerarse válido y que fue promulgado violando las leyes y los compromisos internacionales de la Federación de Rusia; que la renovación del mandato presidencial de Vladímir Putin es considerada inconstitucional por numerosos expertos; que, desde 2022, el régimen del Kremlin ha aplicado diversas leyes restrictivas de supervisión electoral, mientras que quienes apoyan a los partidos de la oposición son sistemáticamente perseguidos, detenidos y a menudo acusados, en gran medida en virtud de la nueva ley aprobada en febrero de 2024 que permite la confiscación de bienes y activos a cualquier persona que critique la guerra en Ucrania;

H. Considerando que el régimen autoritario ruso lleva décadas utilizando estas denominadas elecciones cada vez más fraudulentas y grotescas para dar una apariencia de democracia con el fin de seguir concentrando todo el poder en manos de Vladímir Putin; que el Gobierno reprime cualquier disidencia con el apoyo de unas fuerzas de seguridad leales, un poder judicial servil, unos medios de comunicación controlados por el Estado que garantizan una avalancha continua de propaganda y desinformación, y un poder legislativo formado por un partido en el poder y facciones opositoras complacientes;

I. Considerando que otros candidatos que se presentaron a estas elecciones fraudulentas eran representantes del Partido Comunista de la Federación de Rusia, Nuevo Pueblo y el Partido Liberal Democrático de Rusia, y están actualmente sometidos a sanciones de la Unión y de Estados Unidos por su apoyo a la guerra en Ucrania;

J. Considerando que la «victoria electoral» de Putin, con el 87 % de los votos, una cifra claramente inconcebible para unas elecciones libres y justas, fue fruto de un resultado manifiestamente manipulado de los colegios electorales de todo el país, desde Adygea hasta Yamalo-Nenets; que esto demuestra la manera arrogante y flagrante en que el régimen de Putin hace un uso abusivo de las elecciones para continuar en su 24.º año en el poder;

K. Considerando que, desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, las autoridades rusas han aumentado su represión contra la oposición política, los medios de comunicación, la sociedad civil y la comunidad LGBTIQ, restringiendo aún más los derechos y las libertades individuales para asfixiar la disidencia en el país;

L. Considerando que muchos votantes rusos expresaron con valentía su ira y su oposición al régimen del Kremlin y a la farsa que representó en forma de elecciones, mediante actos de resistencia en los colegios electorales; que multitud de personas se dirigieron a los colegios electorales a mediodía del último día de las denominadas elecciones en apoyo de la manifestación «Mediodía contra Putin» que Alexéi Navalny también había convocado antes de ser asesinado en prisión tras haber sido sometido a torturas y tratos inhumanos;

M. Considerando que el régimen del Kremlin ha diezmado a una generación de la sociedad civil rusa, a la oposición política democrática y a las organizaciones de derechos humanos, en particular Memorial y el Grupo Helsinki de Moscú; que el número de presos políticos en Rusia, estimado en al menos mil, supera incluso los niveles que existían durante el último período soviético, y que ha aumentado notablemente el número de personas detenidas por criticar las políticas de Putin, especialmente en relación con la guerra en Ucrania; que, según el Comité para la Protección de los Periodistas, Rusia mantiene encarcelados al menos a veintidós periodistas;

N. Considerando que la Unión ha expresado en numerosas ocasiones su solidaridad inequívoca con todos estos disidentes y con el pueblo ruso, quienes, pese a las amenazas contra su libertad y su vida y las presiones del Kremlin y de las autoridades rusas, siguen luchando por la libertad, los derechos humanos y la democracia; que la Unión acoge a distintos disidentes rusos y representantes de los medios de comunicación y de la sociedad civil, que se vieron obligados a abandonar Rusia porque sus críticas hacia el Gobierno les ponían en una situación de alto riesgo de sufrir represalias por parte de las autoridades;

O. Considerando que la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia ha llegado a la conclusión de que ya no hay ningún espacio seguro para la acción cívica o la oposición política en Rusia;

P. Considerando que la Comisión de Venecia, en su Dictamen n.º 992/2020, concluyó que la rapidez con que se prepararon las enmiendas constitucionales de 2020 fue claramente inadecuada, que las enmiendas de 2020 a la Constitución de Rusia adoptadas precipitadamente han reforzado de manera desproporcionada la posición del presidente y que la exención ad hominem de la limitación de mandatos aplicada al presidente actual y a los anteriores contradice la propia lógica de la enmienda aprobada que limita el ejercicio de la presidencia a dos mandatos;

Q. Considerando que, en sus Resoluciones 2519 (2023) y 2540 (2024), la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa pidió a los Gobiernos europeos que reconocieran la ilegitimidad de Vladímir Putin tras el final de su mandato presidencial vigente y que cesaran todos los contactos con él, salvo con fines humanitarios y en aras de la paz;

R. Considerando que, en su Recomendación de 2021 sobre la dirección de las relaciones políticas entre la Unión y Rusia[1], el Parlamento concluyó que los cambios constitucionales aplicados en junio de 2020 eran ilícitos, al igual que hizo la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su Resolución 2519 (2023);

S. Considerando que la Federación de Rusia ha estado llevando a cabo una guerra de agresión ilegal, no provocada e injustificada contra Ucrania desde el 24 de febrero de 2022; que esta guerra de agresión constituye una violación clara y flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de los principios fundamentales del Derecho internacional;

T. Considerando que, el 17 de marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra Vladímir Putin por su responsabilidad por el crimen de guerra de deportación ilegal y traslado de niños ucranianos durante la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania;

1. Denuncia enérgicamente todas las violaciones electorales cometidas por el régimen de Vladímir Putin durante las denominadas elecciones presidenciales rusas celebradas del 15 al 17 de marzo de 2024, así como la represión sistemática y prolongada anterior y las violaciones de los derechos civiles y políticos; subraya que las denominadas elecciones presidenciales de Rusia se celebraron en un clima de miedo y represión y en el contexto de una guerra de agresión ilegal, no provocada e injustificada contra Ucrania; observa que durante las denominadas elecciones presidenciales no hubo verdaderos candidatos alternativos, medios de comunicación libres, observadores creíbles ni libertades políticas; concluye que las denominadas elecciones presidenciales en Rusia fueron ilegítimas y antidemocráticas;

2. Concluye que esta actuación grotesca de las autoridades rusas tenía como único objetivo dar una apariencia de legitimidad electoral a Vladímir Putin, a su política de represión interna incesante y, sobre todo, a la guerra de agresión contra Ucrania;

3. Condena tajantemente las denominadas elecciones ilegales celebradas en los territorios de Ucrania que Rusia ha ocupado temporalmente, a saber, la República Autónoma de Crimea, la ciudad de Sebastopol y partes de las regiones de Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón; destaca que la celebración de elecciones en estos territorios constituye una clara violación de la soberanía ucraniana y un manifiesto incumplimiento del Derecho internacional, en particular de la Carta de las Naciones Unidas; lamenta el uso de la amenaza de violencia por parte de las autoridades rusas, ya que se obligó a la población a votar en presencia de soldados rusos armados; reitera que, como ha declarado el alto representante en nombre de la Unión, esta no reconocerá la celebración de estas denominadas elecciones en los territorios de Ucrania ni su resultado; pide medidas restrictivas de la Unión contra quienes participan en la organización y celebración de las elecciones ilegales;

4. Subraya que la negativa a permitir una observación internacional independiente de las elecciones presidenciales rusas de conformidad con los compromisos internacionales de Rusia como Estado participante en la OSCE apunta a un grado sin precedentes de retroceso democrático y a una falta crítica de voluntad de cumplir los compromisos internacionales y respetar los principios de cooperación establecidos en las instituciones internacionales; destaca que la decisión de las autoridades rusas de no invitar a la misión de observación electoral de la OSCE/OIDDH a observar las elecciones demuestra que quieren negar a los votantes una evaluación imparcial e independiente de las elecciones;

5. Insta a los Estados miembros de la Unión Europea y a la comunidad internacional a que no reconozcan como legítimo el resultado de las elecciones presidenciales rusas, ya que se celebraron en los territorios ilegalmente ocupados de Ucrania y que, incluso dentro de Rusia, no fueron ni libres ni justas ni cumplieron las normas electorales internacionales básicas, por todo lo cual carecieron de legitimidad democrática, e insta a limitar las relaciones con Putin a los asuntos necesarios para la paz regional, así como a los fines humanitarios y de derechos humanos, por ejemplo, los intercambios de presos, el regreso a Ucrania de los niños deportados o la petición de liberación de presos políticos;

6. Acoge con satisfacción la valentía de los miles de personas en Rusia que protestan contra el régimen de Putin e intentan transformar su país en una democracia, en particular mediante actos de resistencia durante las denominadas elecciones, como las protestas que abarrotaron los colegios electorales en Rusia y en el extranjero el domingo 17 de marzo de 2024 a mediodía;

7. Reitera que el régimen del Kremlin y Vladímir Putin cargan personalmente con la responsabilidad penal y política de la muerte de su opositor más destacado, Alexéi Navalny; pide una investigación internacional sobre las circunstancias que rodearon su muerte, con el objetivo de que los responsables rindan cuentas;

8. Sigue pidiendo que se libere inmediata e incondicionalmente y se indemnice a todos los presos políticos, incluidos Vladímir Kara-Murza, Oleg Orlov, Alexéi Gorinov, Alexandra Skochilenko, Dmitry Ivanov, Ioann Kurmoyarov, Viktoria Petrova, Maria Ponomarenko, Dmitry Talantov, Yuri Dmitriev, Lilia Chanysheva, Ksenia Fadeeva, Iván Safronov e Ilya Yashin, a los periodistas encarcelados injustamente, entre ellos Alsu Kurmasheva y Evan Gérshkovich, y a sus familias, así como que se restablezca la libertad de expresión y asociación en Rusia y que se incrementen el control y seguimiento internacionales de las violaciones de los derechos humanos en Rusia;

9. Insta a las autoridades rusas a que proporcionen acceso inmediato a una atención médica integral a los presos políticos que se hallan en condiciones sanitarias críticas, en particular a Vladímir Kara-Murza; recuerda a Rusia que debe cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos de los presos;

10. Pide a las autoridades rusas que concedan a los funcionarios consulares acceso a los presos con doble nacionalidad;

11. Reitera que la Unión debe mostrar su plena solidaridad con la sociedad civil rusa, que ha suscrito los valores democráticos universales y rechazado el imperialismo, y que debe hacer uso del régimen europeo de sanciones por violaciones de los derechos humanos para penalizar a los autores de dichas violaciones; denuncia la escalada de las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen del Kremlin y condena la represión en curso contra los críticos con el Gobierno, defensores de los derechos humanos, activistas contra la guerra y periodistas independientes, así como la creciente represión contra los activistas LGBTIQ;

12. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que colaboren con los socios y organizaciones internacionales para prestar apoyo a los presos políticos, en particular la asistencia médica y jurídica que se les está limitando o denegando, y que busquen formas de lograr su liberación; reitera su llamamiento a las representaciones diplomáticas de la Unión y de sus Estados miembros para que sigan supervisando de cerca los procedimientos judiciales contra miembros de la oposición política rusa y las condiciones en que se encuentran encarcelados; pide a la Unión y a sus Estados miembros que sigan sensibilizando sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en Rusia y que presionen al Gobierno ruso para que cumpla sus obligaciones internacionales;

13. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que sigan apoyando activamente a las organizaciones independientes de la sociedad civil rusa, así como a los medios de comunicación independientes y a los defensores de los derechos humanos de ese país; pide a la Unión y a sus Estados miembros que colaboren activamente con la oposición democrática rusa que se opone a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y le ofrezcan apoyo;

14. Insta a los Estados miembros a que proporcionen visados humanitarios y otro tipo de apoyo a los disidentes rusos en riesgo de persecución política, incluidos los abogados; reitera su llamamiento en favor de un régimen de visados de entrada múltiple a escala de la Unión para defensores de los derechos humanos y personas perseguidas políticamente, y de utilizar la flexibilidad existente para colmar las lagunas de la legislación, tal como propone la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su informe de 2023 titulado «Protecting human rights defenders at risk: EU entry, stay and support» (Proteger a los defensores de los derechos humanos en peligro: entrada en la Unión, estancia y apoyo); insiste, en este sentido, en que estos sistemas también podrían ampliarse a líderes de la oposición, activistas de la sociedad civil y otras personas objeto de persecución política;

15. Insta a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros a que se preparen para una situación en la que Rusia, al igual de Bielorrusia, deje de expedir pasaportes en sus consulados, en cuyo caso puede ser necesario que la Unión y todos sus Estados miembros reconozcan la apatridia de facto y expidan documentos de viaje, tal como se establece en el artículo 28 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Apátridas;

16. Pide la simplificación de los procedimientos para que los disidentes rusos en la Unión puedan registrar organizaciones y entidades, abrir cuentas bancarias y realizar otras tareas administrativas, a fin de permitirles continuar su labor en el exilio;

17. Lamenta el hecho de que el primer ministro de Hungría, Viktor Órban, optara por desmarcarse de la Unión y felicitara a Vladímir Putin por su simulacro de reelección;

18. Expresa su apoyo a la labor de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia, Mariana Katzarova, y pide a los Estados miembros que velen por que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas prorrogue de nuevo su mandato en 2024;

19. Reitera su solidaridad inquebrantable con el pueblo de Ucrania y su apoyo a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente; reitera, por tanto, su firme condena de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y exige que Rusia y sus fuerzas subsidiarias pongan fin a todas las acciones militares, cesen sus ataques contra zonas residenciales e infraestructuras civiles, retiren todas las fuerzas militares de todo el territorio de Ucrania reconocido internacionalmente, pongan fin a las deportaciones forzosas de civiles ucranianos, liberen a todos los ucranianos detenidos, en particular a los niños, y dejen de vulnerar o amenazar de forma permanente la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania;

20. Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y a las autoridades rusas.

 

 

 

Última actualización: 24 de abril de 2024
Aviso jurídico - Política de privacidad