El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 150, apartado 5, y el artículo 136, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que se espera que Turquía, como país candidato, se ajuste al acervo de la Unión en todos los ámbitos, incluida la adhesión al Estado de Derecho y los derechos fundamentales, tal como se indica en los criterios de Copenhague; que el proceso de adhesión se ha estancado desde 2018 debido al continuo deterioro de la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho;

B.  Considerando que Turquía ha utilizado sistemáticamente su legislación antiterrorista para atacar a cargos electos, políticos de la oposición y defensores de los derechos humanos, como señalan el relator especial de las Naciones Unidas y la Comisión de Venecia;

C.  Considerando que la práctica de Turquía de sustituir alcaldes elegidos democráticamente por administradores nombrados por el Gobierno en lugar de por un miembro del pleno municipal constituye un ataque flagrante a los principios más básicos de la democracia local, dirigido principalmente a las regiones kurdas;

D.  Considerando que, desde las elecciones locales de 2024, el Ministerio del Interior ha destituido a ocho alcaldes del partido DEM prokurdo y a dos del Partido Popular Republicano (CHP) de la oposición, sustituyéndolos por administradores nombrados por Ankara; que esta práctica ha sido posible gracias a las modificaciones legales introducidas mediante un decreto de urgencia en 2016;

E.  Considerando que varios alcaldes, entre ellos los alcaldes del DEM Mehmet Sıddık Akış (Hakkâri) y Abdullah Zeydan (Van), han sido detenidos o condenados sobre la base de acusaciones vagas e infundadas relacionadas con el terrorismo; que Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul, se enfrenta a múltiples retos jurídicos y a una posible inhabilitación política;

1.  Condena la destitución y el encarcelamiento arbitrarios de alcaldes elegidos democráticamente y su sustitución por administradores del Gobierno que no han sido elegidos, una práctica que viola los principios democráticos y priva de derechos a millones de votantes;

2.  Pide la liberación inmediata, la absolución y el restablecimiento de todos los alcaldes electos, a menos que existan pruebas creíbles de irregularidades verificadas por los órganos jurisdiccionales, en consonancia con las normas jurídicas internacionales;

3.  Expresa su profunda preocupación por el impacto de estas acciones en la gobernanza local, en particular en las zonas de mayoría kurda; subraya la necesidad de reanudar el proceso de paz kurdo;

4.  Pide reformas judiciales para abolir el sistema de administradores, en consonancia con la recomendación del Consejo de Europa y la Comisión de Venecia, y restablecer la independencia del poder judicial;

5.  Insta a Turquía a que adapte sus políticas al CEDH y aplique plenamente todas las sentencias del TEDH, en consonancia con el artículo 46 del CEDH, también en los casos de encarcelamiento político;

6.  Recuerda que la ayuda financiera a Turquía en el marco del IAP III y del IVDCI está supeditada al respeto del Estado de Derecho y los derechos fundamentales, y que debe asignarse financiación suficiente a la sociedad civil;

7.  Reafirma el compromiso de la Unión de apoyar la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Turquía, y pide a la Unión que siga de cerca la situación y adopte las medidas diplomáticas necesarias; pide a la VP/AR que considere la posibilidad de imponer medidas restrictivas en el marco del régimen de sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos contra los funcionarios turcos que asuman la función de administrador y quienes los nombren;

8.  Encarga a su presidenta que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la AR/VP, al Consejo de Europa y a las autoridades turcas.