Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (11304/2/2001 - C5-0636/2001 - 2000/0158(COD))

P5_TA(2002)0160 A5-0100/2002

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la posición común del Consejo (11304/2/2001 - C5-0636/2001),

–  Vista su posición en primera lectura(1) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2000) 347)(2),

–  Vista la propuesta modificada de la Comisión (COM(2001) 315)(3),

–  Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,

–  Visto el artículo 80 de su Reglamento,

–  Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor (A5-0100/2002),

1.  Modifica la posición común del modo que se indica a continuación;

2.  Encarga a su Presidenta que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Posición del Parlamento Europeo adoptada en segunda lectura el 10 de abril de 2002 con vistas a la adopción de la Directiva 2002/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 1 de su artículo 175,

Vista la propuesta de la Comisión(4),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social(5),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(6),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(7),

Considerando lo siguiente:

(1)  La política medioambiental de la Comunidad, tiene como objetivos, en particular, la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, la protección de la salud de las personas y la utilización prudente y racional de los recursos naturales. Esta política se basa en el principio de cautela, en el principio de acción preventiva, en el principio de corrección de daños al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de que quien contamina paga.

(2)  El programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible ("Quinto Programa de Medio Ambiente")(8) establece que la consecución de un desarrollo sostenible presupone cambiar de forma significativa las pautas actuales de desarrollo, producción, consumo y comportamiento, y aboga, entre otras cosas, por reducir el despilfarro de recursos naturales y por la prevención de la contaminación. En él aparecen mencionados los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) como una de las áreas objetivo que deben ser reguladas, con vistas a la aplicación de los principios de prevención, valorización y eliminación segura de los residuos.

(3)  La Comunicación de la Comisión de 30 de julio de 1996 sobre la revisión de la estrategia comunitaria de gestión de residuos(9) establece que, cuando no pueda evitarse la producción de residuos, estos deberán reutilizarse o valorizarse para aprovechar los materiales o la energía que contienen.

(4)  El Consejo, en su Resolución de 24 de febrero de 1997 sobre una estrategia comunitaria de gestión de residuos(10), insistió en la necesidad de fomentar la valorización de residuos con el fin de reducir la cantidad de éstos destinada a la eliminación y economizar recursos naturales, especialmente por medio de la reutilización, reciclado, compostaje y valorización energética de los residuos y reconoció que la elección en cada caso concreto de una opción debe tener en cuenta los efectos medioambientales y económicos, pero consideró que hasta que se lleve a cabo el necesario avance científico y tecnológico y exista un mayor desarrollo de los análisis del ciclo de vida, debe considerarse preferible la reutilización y valorización de materiales cuando éstas sean las mejores opciones medioambientales. El Consejo invitó asimismo a la Comisión a poner a punto lo antes posible el seguimiento adecuado de los proyectos del programa de flujos de residuos prioritarios, en los que se incluyen los RAEE.

(5)  El Parlamento Europeo, en su Resolución, de 14 de noviembre de 1996(11), sobre la Comunicación de la Comisión sobre la revisión de la estrategia comunitaria para la gestión de residuos y el proyecto de resolución del Consejo sobre la política de gestión de residuos, insta a la Comisión a presentar propuestas de directivas sobre distintos flujos de residuos prioritarios, incluidos los residuos eléctricos y electrónicos, propuestas que deben basarse en el principio de responsabilidad del productor. En esta misma Resolución, el Parlamento Europeo solicita al Consejo y a la Comisión que presenten propuestas para limitar el volumen de residuos.

(6)  La Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos(12), dispone que mediante directivas específicas podrán establecerse disposiciones específicas particulares o complementarias de esta Directiva, destinadas a regular la gestión de determinadas categorías de residuos.

(7)  La cantidad de RAEE que se generan en la Comunidad crece rápidamente. Los componentes peligrosos que contienen los aparatos eléctricos y electrónicos constituyen un problema importante durante la fase de gestión de los residuos y el grado de reciclado de RAEE es insuficiente.

(8)  Los Estados miembros actuando por separado no pueden cumplir con eficacia el objetivo de mejorar la gestión de RAEE. En particular, la distinta aplicación nacional del principio de responsabilidad del productor puede hacer que los agentes económicos soporten cargas financieras desiguales. La existencia de políticas nacionales dispares en materia de gestión de los RAEE reduce la eficacia de las políticas de reciclado. Por ese motivo deben establecerse criterios fundamentales a escala comunitaria.

(9)  Las disposiciones de la presente Directiva deben aplicarse a productos y productores con independencia de la técnica de venta empleada, inclusive la venta a distancia y la venta electrónica. En ese sentido, las obligaciones de productores y distribuidores que utilicen canales de venta a distancia y electrónicos deben adoptar, en la medida de lo posible, la misma forma y deben aplicarse de la misma manera con objeto de evitar que otros canales de distribución tengan que soportar los costes derivados de las disposiciones de la presente Directiva en lo que se refiere a los RAEE de equipos vendidos mediante venta a distancia o electrónica.

(10)  El ámbito de aplicación de la presente Directiva debe comprender todos los aparatos eléctricos y electrónicos, tanto los de consumo como los de uso profesional, que pudieran acabar en el flujo de residuos urbanos. La presente Directiva se debe aplicar sin perjuicio de otros textos normativos comunitarios en materia de salud y seguridad que protejan a todos los agentes en contacto con RAAE, así como de la normativa comunitaria específica sobre gestión de residuos, en particular la Directiva 91/157/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas(13).

(11)  La Directiva 91/157/CEE debe revisarse lo antes posible, teniendo particularmente en cuenta la presente Directiva

(12)  El establecimiento, mediante la presente Directiva, de la responsabilidad del productor es uno de los medios para estimular el diseño y la producción de aparatos eléctricos y electrónicos que tenga plenamente en cuenta y facilite su reparación y su posible actualización, así como su reutilización, desmontaje y reciclado.

(13)  Con objeto de garantizar la salud y la seguridad del personal de los distribuidores encargados de la recogida y el tratamiento de los RAEE, los Estados miembros, de conformidad con las normas nacionales y comunitarias en materia de salud y seguridad, deben determinar las condiciones en que los distribuidores pueden rechazar la recogida.

(14)  La recogida selectiva es condición previa para asegurar el tratamiento y reciclado específicos de los RAEE y es necesaria para alcanzar el nivel deseado de protección de la salud humana y del medio ambiente de la Comunidad. Los consumidores deben contribuir activamente al éxito de dicha recogida y debe animárseles en este sentido. Con este fin, deben existir instalaciones adecuadas de depósito de RAEE, inclusive puntos públicos de recogida, donde los particulares deben tener la posibilidad de devolver sus residuos al menos sin cargo alguno.

(15)  A fin de alcanzar el nivel deseado de protección y objetivos medioambientales armonizados en la Comunidad, los Estados miembros deben garantizar que los RAEE no se eliminen junto con la basura doméstica no seleccionada y que todos los RAEE se recojan de modo selectivo. A fin de asegurar que los Estados miembros se esfuerzan por organizar planes de recogida eficientes, y sin perjuicio del objetivo consistente en recoger de modo selectivo todos los RAEE, los Estados miembros deben aportar la prueba de la recogida de una media de al menos 6 kilogramos de RAEE procedentes de hogares particulares por habitante y año.

(16)  Es indispensable el tratamiento específico de los RAEE a fin de evitar la dispersión de contaminantes en el material reciclado o en el flujo de residuos. Dicho tratamiento es el medio más eficaz para lograr que se alcance el nivel deseado de protección del medio ambiente de la Comunidad. Todo establecimiento o empresa que lleve a cabo operaciones de reciclado y tratamiento debe cumplir los requisitos mínimos para evitar impactos medioambientales negativos asociados con el tratamiento de RAEE. Deben utilizarse el más novedoso tratamiento y la última tecnología de valorización y reciclado siempre y cuando garanticen la salud humana y una elevada protección medioambiental.

(17)  Con excepción de los aparatos enteros que vayan a ser reutilizados, deben valorizarse todos los RAEE recogidos de modo selectivo, siendo preciso lograr el más alto grado de valorización y reciclado posible. Debe darse prioridad, cuando sea preciso, a la reutilización de los RAEE y de sus componentes subconjuntos y consumibles. Además, se debe animar a los productores a incorporar el material reciclado a aparatos nuevos.

(18)  Los Estados miembros deben garantizar que los aparatos eléctricos y electrónicos usados que se exporten a países no comunitarios se presten y estén destinados a la reutilización, y no al reciclado, la valorización o la eliminación.

(19)  Es preciso establecer principios básicos a escala comunitaria con respecto a la financiación de la gestión de los RAEE y los programas de financiación han de contribuir al logro de altos niveles de recogida y a la aplicación del principio de responsabilidad del productor.

(20)  Los usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos de hogares particulares deben tener la posibilidad de devolver sus RAEE al menos sin cargo alguno. Los productores deben financiar, por tanto, la recogida en el punto de recogida, así como el tratamiento, la valorización y la eliminación de los RAEE. A fin de obtener la máxima eficiencia del principio de responsabilidad de los productores, éstos deben cumplir en la medida de lo posible su obligación de financiación de forma individual. Los costes de recogida, tratamiento y eliminación respetuosa con el medio ambiente deben ser internalizados en el precio del producto. Los Estados miembros en que ya estén vigentes otros acuerdos de financiación antes de la entrada en vigor de la presente Directiva deben poder mantenerlos, a reserva del resultado de la revisión, pero con un límite máximo de diez años a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva. La obligación de financiar la gestión de los residuos históricos debe ser compartida colectivamente por todos los productores existentes en el momento en que se produzcan los gastos, de acuerdo con la cuota del mercado que corresponda a cada uno de ellos por el volumen y por el tipo de aparatos. Los Estados miembros deben garantizar que, durante un período transitorio basado en la duración medida de vida de los aparatos, pero que no podrá exceder los diez años a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva, los productores tengan la posibilidad de informar voluntariamente a los usuarios, en el momento de la venta de los productos nuevos, de los gastos de recogida, tratamiento y eliminación respetuosa con el medio ambiente de los residuos históricos. Los productores que se acojan a esta disposición deben garantizar que los gastos mencionados corresponden a los gastos en que verdaderamente hayan incurrido.

(21)  Para que los sistemas de recogida de RAEE tengan éxito, es indispensable informar a los usuarios sobre la obligación de no eliminar los RAEE junto con la basura doméstica no seleccionada y de recoger de modo selectivo todos los RAEE, así como sobre dichos sistemas y sobre la función que desempeñan en la gestión de estos RAEE. Esta información implica el correcto marcado de los aparatos eléctricos y electrónicos que pueden acabar en los contenedores de basura o en medios similares de recogida de los residuos urbanos.

(22)  Para facilitar la gestión, y en particular el tratamiento y la valorización o el reciclado de los RAEE, es importante que los productores proporcionen información en materia de identificación de componentes y materiales.

(23)  Los Estados miembros deben garantizar que se creen los sistemas de inspección y control necesarios para poder verificar la aplicación correcta de la presente Directiva.

(24)  Para verificar el logro de los objetivos de la presente Directiva, se precisa información relativa al peso o, si ello no fuera posible, el número de aparatos eléctricos y electrónicos comercializados en la Comunidad, así como del índice de recogida, reutilización (incluida, en la medida de lo posible, la reutilización de aparatos enteros), valorización/reciclado y de exportación de RAEE.

(25)  Los Estados miembros podrán optar por aplicar determinadas disposiciones de la presente Directiva mediante acuerdos entre las autoridades competentes y los sectores económicos interesados, siempre que se cumplan ciertos requisitos específicos.

(26)  La Comisión, mediante el procedimiento de comité, debe determinar la adaptación al progreso científico y técnico de determinadas disposiciones de la presente Directiva, la lista de productos comprendidos en las categorías establecidas en el Anexo IA, el tratamiento selectivo de los materiales y componentes de los RAEE, los requisitos técnicos de su almacenamiento y tratamiento y el símbolo utilizado en el marcado de aparatos eléctricos y electrónicos.

(27)  Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(14),

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Objetivos

La presente Directiva tiene por objetivo, en primer lugar, prevenir la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y, además, la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de dichos residuos, a fin de reducir su eliminación. Asimismo se pretende mejorar el comportamiento ecológico de todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos, por ejemplo los productores, distribuidores y consumidores y, en particular, de aquellos agentes directamente implicados en el tratamiento de los residuos derivados de estos aparatos.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1.  La presente Directiva se aplicará a los aparatos eléctricos y electrónicos pertenecientes a las categorías que se recogen en el Anexo I A siempre que los aparatos de que se trate no formen parte de otro tipo de aparatos que no pertenezca al ámbito de aplicación de la presente Directiva. El Anexo I B contiene una lista de productos que corresponden a las categorías establecidas en el Anexo I A.

2.  La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de la normativa comunitaria en materia de salud y seguridad y de la normativa comunitaria específica sobre gestión de residuos.

3.  Quedan excluidos de la presente Directiva los aparatos que tengan relación con la protección de los intereses esenciales de la seguridad de los Estados miembros, las armas, las municiones y el material de guerra. No obstante, lo anterior no se aplica a los productos que no estén destinados a fines específicamente militares.

Artículo 3

Definiciones

Artículo 4

Diseño del producto

Artículo 5

Recogida selectiva

1.  Los Estados miembros garantizarán que, a más tardar el … [30 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva], los RAEE no se eliminen junto con la basura doméstica no seleccionada y que todos los RAEE se recojan de modo selectivo.

2.  Para los RAEE procedentes de hogares particulares, los Estados miembros, a más tardar el ... [30 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva], velarán por lo siguiente:

Los Estados miembros podrán apartarse de lo anteriormente dispuesto si se garantiza que esto no dificultará la devolución de los RAEE para el propietario final y que los sistemas sean gratuitos. Los Estados miembros que recurran a esta disposición informarán de ello a la Comisión.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las letras a) y b), los Estados miembros garantizarán que los productores puedan, de manera voluntaria, crear y operar sistemas de recogida individual y/o colectiva para los RAEE procedentes de hogares particulares.

Los Estados miembros podrán prever disposiciones específicas para la devolución de los RAEE con arreglo a las letras a) y b) si el aparato no contiene los componentes esenciales o si contiene residuos que no sean RAEE.

Los Estados miembros garantizarán que los RAEE que se consideren contaminados externamente, incluidos los contaminados por contaminantes radiactivos o biológicos, o que se consideren peligrosos y que puedan presentar riesgos para la salud o seguridad de las personas, se recogen en instalaciones de recogida atendidas por personal debidamente formado y equipado con la tecnología necesaria más avanzada.

De conformidad con las disposiciones de las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE, y teniendo en cuenta la normativa nacional y comunitaria en materia de salud y seguridad, los distribuidores podrán negarse a recoger los RAEE que se consideren contaminados, incluidos los contaminados por contaminantes radiactivos o biológicos o que se consideren peligrosos y que puedan presentar riesgos para la salud y la seguridad del personal.

3.  Los Estados miembros garantizarán que los productores se encarguen de recoger los RAEE no procedentes de hogares particulares.

4.  Los Estados miembros velarán por que todos los RAEE recogidos en virtud de los apartados 1, 2 y 3 se transporten a instalaciones de tratamiento autorizadas con arreglo al artículo 6 a no ser que dichos aparatos se reutilicen enteros. Los Estados miembros velarán por que la reutilización prevista no lleve al incumplimiento de la presente Directiva, en particular de sus artículos 6 y 7. El sistema de recogida selectiva y transporte de estos RAEE se organizará de tal modo que se logre la mejor reutilización y el mejor reciclado posibles de los componentes o aparatos enteros que puedan ser reutilizados o reciclados.

Los Estados miembros garantizarán que los aparatos eléctricos y electrónicos usados que se exporten a países no comunitarios se presten y estén destinados a la reutilización, y no al reciclado, valorización o eliminación.

5.  Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1, los Estados miembros garantizarán que, a más tardar el 31 de diciembre de 2005, se demuestre que se recogen, de modo selectivo, una media de al menos seis kilogramos de RAEE procedentes de hogares particulares por habitante y año.

Sobre la base de la información prevista en el artículo 12, el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, y teniendo en cuenta la experiencia técnica y económica adquirida en los Estados miembros, establecerán a más tardar el 31 de diciembre de 2007, un nuevo promedio para el período posterior a 2008. Este promedio adoptará la forma de un porcentaje de las cantidades de aparatos eléctricos y electrónicos vendidos a los hogares particulares en los años anteriores.

Artículo 6

Tratamiento

1.  Los Estados miembros velarán por que los productores, o terceros que actúen por su cuenta, organicen sistemas para el tratamiento de los RAEE de conformidad con la legislación comunitaria utilizando para ello la tecnología de valorización y reciclado más avanzada. Los productores podrán organizar los sistemas de forma colectiva y/o individual. A efectos de garantizar la aplicación del artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE, el tratamiento incluirá, como mínimo, la retirada de todos los fluidos y el tratamiento selectivo de conformidad con lo estipulado en el Anexo II de la presente Directiva.

Podrán incluirse en el Anexo II, con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 14, otras tecnologías de tratamiento que garanticen un nivel como mínimo equivalente de protección de la salud humana y del medio ambiente.

A los fines de la protección del medio ambiente, los Estados miembros podrán establecer normas mínimas de calidad para el tratamiento de los RAEE recogidos. Los Estados miembros que opten por tales normas de calidad lo pondrán en conocimiento de la Comisión, que hará públicas tales normas.

2.  Los Estados miembros velarán por que todo establecimiento o empresa que realice operaciones de tratamiento obtenga un permiso de las autoridades competentes, en cumplimiento de los artículos 9 y 10 de la Directiva 75/442/CEE.

La dispensa de este permiso que se menciona en la letra b) del apartado 1 del artículo 11 de la Directiva 75/442/CEE podrá aplicarse a las operaciones de valorización de RAEE a condición de que las autoridades competentes realicen una inspección previa al registro a efectos de garantizar la aplicación del artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE.

La inspección se realizará al menos una vez al año y los Estados miembros remitirán sus resultados a la Comisión.

3.  Los Estados miembros velarán por que todo establecimiento o empresa que realice operaciones de tratamiento cumpla los requisitos técnicos que se estipulan en el Anexo III con respecto al almacenamiento y tratamiento de los RAEE.

4.  Los Estados miembros velarán por que el permiso o el registro a que se refiere el apartado 2 incluya todas las condiciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos estipulados en los apartados 1 y 3 y para la consecución de los objetivos de aprovechamiento de residuos establecidos en el artículo 7.

5.  Las operaciones de tratamiento también podrán realizarse fuera del Estado miembro respectivo o fuera de la Comunidad, a condición de que el transporte de los RAEE cumpla las disposiciones del Reglamento (CEE) n° 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea(18).

En este caso, los Estados miembros garantizarán que los productores suministran los RAEE a establecimientos o empresas que cumplan unas normas mínimas correspondientes a las establecidas en el presente artículo, excepto si pueden aportar la prueba de reutilización de aparatos enteros.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) nº 259/93, los Estados miembros podrán oponerse a los transportes destinados a la valorización o eliminación si no se cumplieren en el país importador las normas mínimas de calidad establecidas en el apartado 1 ni los requisitos técnicos establecidos en el apartado 3.

6.  Los Estados miembros fomentarán que los establecimientos o empresas que lleven a cabo operaciones de tratamiento establezcan sistemas certificados de gestión del medio ambiente de conformidad con el Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales (EMAS)(19).

Artículo 7

Valorización

1.  Los Estados miembros velarán por que los productores, o terceros que actúen por su cuenta, organicen, de modo individual o colectivo y de conformidad con la legislación comunitaria, sistemas para la valorización energética de los RAEE recogidos de modo selectivo de acuerdo con el artículo 5. Los Estados miembros darán prioridad a la reutilización de aparatos enteros. Hasta la fecha mencionada en el apartado 4, dichos aparatos no se tendrán en cuenta para el cálculo de los objetivos establecidos en el apartado 2.

2.  Respecto a los RAEE sometidos a tratamiento con arreglo al artículo 6, los Estados miembros velarán por que, a más tardar el 31 de diciembre de 2005, los productores cumplan los siguientes objetivos:

a)  Con respecto a todos los RAEE pertenecientes a la categoría 1 (grandes electrodomésticos) y 10 (máquinas expendedoras) del Anexo I A,

Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (11356/1/2001 - C5-0637/2001 - 2000/0159(COD))

P5_TA(2002)0161 A5-0097/2002

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la posición común del Consejo (11356/1/2001 - C5-0637/2001),

–  Vista su posición en primera lectura(1) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2000) 347)(2),

–  Vista la propuesta modificada de la Comisión (COM(2001) 316)(3),

–  Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,

–  Visto el artículo 80 de su Reglamento,

–  Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor (A5-0097/2002),

1.  Modifica la posición común del modo que se indica a continuación;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Posición del Parlamento Europeo adoptada en segunda lectura el 10 de abril de 2002 con vistas a la adopción de la Directiva 2002/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión(4),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social(5),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(6),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(7),

Considerando lo siguiente:

(1)  La disparidad entre las medidas legales o administrativas adoptadas por los Estados miembros en materia de restricciones a la utilización de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos podría constituir un obstáculo al comercio y distorsionar la competencia en la Comunidad y, de este modo, repercutir de forma directa sobre la creación y el funcionamiento del mercado interior. Por tanto, resulta necesario armonizar la legislación de los Estados miembros en esta materia con objeto de contribuir a la protección de la salud humana y a la valorización y eliminación correctas, desde el punto de vista medioambiental, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

(2)  El Consejo Europeo en su reunión de Niza de los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000 refrendó la Resolución del Consejo de 4 de diciembre de 2000 sobre el principio de cautela.

(3)  La Comunicación de la Comisión de 30 de julio de 1996 sobre la revisión de la estrategia comunitaria de gestión de residuos subraya la necesidad de reducir la presencia de sustancias peligrosas en los residuos y señala los beneficios que podrían derivarse de la adopción de normas de ámbito comunitario que limitasen la presencia de dichas sustancias en los productos y en los procesos productivos.

(4)  La Resolución del Consejo de 25 de enero de 1988 relativa a un programa de acción comunitario para combatir la contaminación ambiental por cadmio (8) insta a la Comisión a trabajar sin demora en la formulación de medidas específicas encaminadas a poner en marcha dicho programa. Es preciso proteger la salud humana y, por lo tanto, debe adoptarse una estrategia global que limite el uso del cadmio en particular y fomente la investigación sobre sustancias sustitutivas. La Resolución subraya que el uso del cadmio debe limitarse a los casos en los que no existan alternativas adecuadas y más seguras.

(5)  Las pruebas disponibles indican que es necesario adoptar medidas sobre la recogida, tratamiento, reciclado y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), tal como se establece en la Directiva 2002/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de … sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)(9) a fin de reducir los problemas de gestión de residuos derivados de los metales pesados y de los retardadores de llama. A pesar de estas medidas, seguirán encontrándose cantidades importantes de RAEE en los procesos de eliminación actuales. Aunque sean recogidos selectivamente y enviados a los procesos de reciclado, es probable que los RAEE sigan suponiendo riesgos para la salud y el medio ambiente debido a su contenido de sustancias como el mercurio, el cadmio, el plomo, el cromo hexavalente, los PBB y los PBDE.

(6)  Teniendo en cuenta la viabilidad técnica y económica, la forma más eficaz de reducir de forma importante los riesgos para la salud y el medio ambiente asociados a estas sustancias y alcanzar el nivel deseado de protección en la Comunidad es sustituirlas por otras más seguras en los aparatos eléctricos y electrónicos. Es probable que la restricción en el uso de tales sustancias incremente las posibilidades de reciclado de los RAEE y su rentabilidad económica, y que disminuya el impacto negativo sobre la salud de los trabajadores en las instalaciones de reciclado.

(7)  Las sustancias a las que se refiere la presente Directiva han sido objeto de minuciosa investigación y evaluación científica, así como de distintas medidas tanto a escala comunitaria como nacional.

(8)  Las medidas previstas por la presente Directiva tienen en cuenta las directrices y recomendaciones internacionales existentes, y se basan en la evaluación de la información científica y técnica disponible. Dichas medidas son necesarias para alcanzar el nivel deseado de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente, teniendo en cuenta los riesgos que la ausencia de tales medidas podría crear en la Comunidad. Estas medidas se deben mantener sometidas a revisión y, si es necesario, se deben adaptar para tener en cuenta la información técnica y científica disponible.

(9)  La presente Directiva se debe aplicar sin perjuicio de la normativa comunitaria en materia de seguridad e higiene y de la normativa comunitaria específica en materia de gestión de residuos, en particular la Directiva 91/157/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas(10).

(10)  Debe tomarse en consideración el desarrollo técnico de aparatos eléctricos y electrónicos sin metales pesados, PBDE y PBB. Sobre la base de datos científicos, y teniéndose presente el principio de cautela, debe considerarse la prohibición de otras sustancias peligrosas y su sustitución por sustancias alternativas que respeten en mayor medida el medio ambiente y garanticen al menos el mismo nivel de protección de los consumidores.

(11)  Se deben permitir exenciones a la obligación de sustitución si ésta no fuera posible desde el punto de vista técnico y científico o si existe la probabilidad de que los efectos perjudiciales para el medio ambiente o la salud causados por la sustitución sean superiores a sus beneficios para el ser humano y el medio ambiente. La sustitución de las sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos debe asimismo efectuarse de forma compatible con la preservación de la salud y de la seguridad de los usuarios de los aparatos eléctricos y electrónicos.

(12)  Dado que la reutilización de los productos, su reacondicionamiento y la prolongación de su vida útil resultan beneficiosos, conviene poder disponer de piezas de recambio.

(13)  La Comisión, mediante el procedimiento de comitología, debe efectuar la adaptación al progreso científico y técnico de las exenciones a los requisitos de la supresión gradual y la prohibición de sustancias peligrosas.

(14)  Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(11).

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Objetivos

La presente Directiva tiene por objetivo aproximar la legislación de los Estados miembros en materia de restricciones a la utilización de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y contribuir a la protección de la salud humana y a la valorización y eliminación correctas, desde el punto de vista medioambiental, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, la presente Directiva se aplicará a los aparatos eléctricos y electrónicos pertenecientes a las categorías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 que se recogen en el Anexo I A de la Directiva 2002/…/CE (RAEE) y a las bombillas y las luminarias de los hogares particulares.

2.  La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de la normativa comunitaria en materia de seguridad e higiene y de la normativa comunitaria específica sobre gestión de residuos.

3.  La presente Directiva no se aplicará a la reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos o de sus componentes que se hayan comercializado antes de la fecha mencionada en el apartado 1 del artículo 4, incluida la reutilización de estos componentes en nuevos aparatos eléctricos y electrónicos comercializados.

Artículo 3

Definiciones

Artículo 4

Prevención

1.  Los Estados miembros garantizarán que, a partir del 1 de enero de 2006, los nuevos aparatos eléctricos y electrónicos que se comercialicen no contengan plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos (PBB) o polibromodifeniléteres (PBDE).

2.  El apartado 1 no se aplicará a las aplicaciones que se enumeran en el Anexo.

3.  Tampoco se aplicará dicho apartado 1 a los repuestos para aparatos y para la reparación de aparatos comercializados antes del 1 de enero de 2006.

4.  El Parlamento Europeo y el Consejo decidirán, tan pronto como se disponga de los datos científicos necesarios y sin perjuicio de las competencias de la Comisión, sobre la prohibición de otras sustancias peligrosas y su sustitución por sustancias alternativas más respetuosas con el medio ambiente, que garanticen al menos el mismo nivel de protección del consumidor.

Artículo 5

Adaptación al progreso científico y técnico

1.  Toda modificación necesaria para adaptar el Anexo al progreso científico y técnico con los fines siguientes, se adoptará de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 7:

2.  Antes de proceder a la modificación del Anexo de conformidad con el apartado 1, la Comisión, consultará, entre otros, a los productores de aparatos eléctricos y electrónicos, empresas de reciclado, operadores de tratamiento, organizaciones de defensa del medio ambiente y asociaciones de trabajadores y de consumidores. Los comentarios se remitirán al Comité mencionado en el apartado 1 del artículo 7. La Comisión dará cuenta de las informaciones recibidas.

Artículo 6

Revisión

Antes del … *(13), la Comisión revisará las medidas de la presente Directiva para tener en cuenta, en su caso, los nuevos datos científicos.

En particular, la Comisión presentará para esa fecha propuestas para incluir en el ámbito de aplicación de la presente Directiva los aparatos que entran dentro de las categorías 8 y 9 que figuran en el Anexo I A de la Directiva 2002/…/CE (RAEE).

La Comisión estudiará asimismo la necesidad de adaptar la lista de sustancias del apartado 1 del artículo 4 sobre la base de datos científicos y tomando en consideración el principio de cautela, y presentará, en su caso, propuestas para dichas adaptaciones al Parlamento Europeo y al Consejo.

En la revisión se prestará especial atención a las repercusiones para el medio ambiente y la salud humana de otras sustancias y materiales peligrosos utilizados en los aparatos eléctricos y electrónicos. La Comisión examinará la viabilidad de sustituir tales sustancias y materiales y presentará propuestas al Parlamento Europeo y al Consejo destinadas a ampliar, en su caso, el ámbito de aplicación del artículo 4.

Artículo 7

Comité

1.  La Comisión estará asistida por el Comité creado en virtud del artículo 18 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos(14).

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3.  El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 8

Sanciones

Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva. Las sanciones que así se adopten deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Artículo 9

Incorporación a la legislación nacional

1.  Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva antes del … *(15). Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 10

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 11

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO

Aplicaciones de plomo, mercurio, cadmio y cromo hexavalente que quedan exceptuadas de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 4

1.  El mercurio en lámparas fluorescentes compactas si no sobrepasa los 5 mg por lámpara.

2.  El mercurio en lámparas fluorescentes rectas para usos generales si no sobrepasa:

3.  Mercurio en lámparas fluorescentes rectas para usos especiales.

4.  El mercurio en lámparas no mencionadas específicamente en el presente Anexo.

5.  El plomo en el vidrio de los tubos de rayos catódicos, componentes electrónicos y tubos fluorescentes.

6.  El plomo como elemento de aleación en acero hasta el 0,35% de plomo en peso, en aluminio que contenga hasta el 0,4% de plomo en peso y en las aleaciones de cobre que contengan hasta el 4% de plomo en peso.

7. &nbhy;  El plomo en soldaduras del tipo de alta fusión (es decir, soldaduras de aleación estaño&nbhy;plomo que contengan más de 85% de plomo),

8.  El cadmiado a excepción de aplicaciones prohibidas conforme a la Directiva 91/338/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1991(16), por la que se modifica por décima vez la Directiva 76/769/CEE (17) sobre restricciones a la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos.

9.  El cromo hexavalente como protección anticorrosiva para los sistemas de refrigeración de acero al carbono que se utilizan en los frigoríficos de absorción.

(1) DO C 34 E de 7.2.2002, p. 109. (2) DO C 365 E de 19.12.2000, p. 195. (3) DO C 240 E de 28.8.2001, p. 303. (4) DO C 365 E de 19.12.2000, p. 195 y DO C 240 E de 28.8.2001, p. 303. (5) DO C 116 de 20.4.2001, p. 38. (6) DO C 148 de 18.5.2001, p. 1. (7) Posición del Parlamento Europeo de 15 de mayo de 2001 (DO C 34 E de 7.2.2002, p. 109), Posición Común del Consejo de 4 de diciembre de 2001 y Posición del Parlamento Europeo de 10 de abril de 2002. (8) DO C 30 de 4.2.1988, p. 1. (9) DO L (10) DO L 78 de 26.3.1991, p. 38. Directiva modificada por la Directiva 98/101/CE de la Comisión (DO L 1 de 5.1.1999, p. 1). (11) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. (12) DO L 144 de 4.6.1997, p. 19. (13) * Dos años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. (14) DO L 194 de 25.7.1975, p. 39. Directiva cuya última modificación la constituye la Decisión 96/350/CE de la Comisión (DO L 135 de 6.6.1996, p. 32). (15) * 18 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva. (16) DO L 186 de 12.7.1991, p. 59. (17) DO L 262 de 27.9.1976, p. 201.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la posición común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica por vigesimocuarta vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (éter de pentabromodifenilo) (12332/1/2001 - C5-0638/2001 - 2001/0018(COD))

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la posición común del Consejo (12332/1/2001 - C5-0638/2001),

–  Vista su posición en primera lectura(1) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2001) 12(2)),

–  Vista la propuesta modificada de la Comisión (COM(2001) 555(3)),

–  Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,

–  Visto el artículo 80 de su Reglamento,

–  Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor (A5-0090/2002),

1.  Modifica la posición común del modo que se indica a continuación;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Posición del Parlamento Europeo adoptada en segunda lectura el 10 de abril de 2002 con vistas a la adopción de la Directiva 2002/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica por vigesimocuarta vez la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (éter de pentabromodifenilo, éter de octabromodifenilo)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión (4),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (5),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (6),

Considerando lo siguiente:

(1)  De conformidad con el artículo 14 del Tratado, debe establecerse un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales esté garantizada.

(2)  En el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo, de 23 de marzo de 1993, sobre evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes (7) se evaluaron los riesgos medioambientales del éter de pentabromodifenilo (pentaBDE). Al llevar a cabo dicha evaluación se observó la necesidad de reducir los riesgos del pentaBDE para el medio ambiente. En su dictamen de 4 de febrero de 2000, el Comité científico de la toxicidad, la ecotoxicidad y el medio ambiente (CCTEMA) confirmó las conclusiones de la evaluación del pentaBDE sobre la necesidad de reducir riesgos para proteger el medio ambiente. Además, el CCTEMA reiteró, en su dictamen de 19 de junio de 2000, la preocupación sobre la exposición de los lactantes al pentaBDE y que los crecientes niveles de esta sustancia en la leche materna podrían ser consecuencia de un uso aún no identificado.

(3)  La Comisión ha adoptado una Recomendación, en el ámbito del Reglamento (CEE) nº 793/93, relativa a una estrategia de reducción de los riesgos del pentaBDE en la que se contemplan medidas restrictivas en materia de comercialización y uso para controlar los riesgos para el medio ambiente. Recomienda asimismo que todas las medidas tengan en cuenta la preocupación por la exposición infantil a través de la leche materna.

(4)  Con objeto de proteger la salud humana y el medio ambiente, debe prohibirse la comercialización y el uso de pentaBDE, así como la comercialización de artículos que contengan pentaBDE.

(5)  Los éteres difenílicos de calidad técnica disponibles en el mercado son mezclas y contienen moléculas con distinto número de átomos de bromo. El éter de octabromodifenilo (octaBDE) de calidad técnica contiene principalmente octaBDE y heptaBDE, pero también pentaBDE. Para proteger la salud humana y el medio ambiente, no se debe permitir el uso de octaBDE con un contenido de pentaBDE superior al 0,1% a partir del momento en que se limite el uso de pentaBDE. Por otra parte, aunque las evaluaciones del riesgo de octaBDE y decaBDE aún no están completas, debe restringirse la comercialización y el uso de estas sustancias dado que las evaluaciones actuales ya han determinado riesgos concretos para la salud humana y el medio ambiente.

(6)  Existen técnicas analíticas normalizadas, tales como la CG&nbhy;EM (cromatografía gaseosa/espectrometría de masas), que permiten detectar la presencia de pentaBDE en concentraciones superiores al 0,1% y distinguir entre las calidades técnicas del octaBDE y las del pentaBDE.

3.  Lo dispuesto en la presente Directiva se entiende sin perjuicio de la legislación comunitaria que fija los requisitos mínimos para la protección de los trabajadores, tal como se dispone en la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (8), y en directivas específicas basadas en ésta, en particular en la Directiva 90/394/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo (sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (9), y en la Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998, relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (decimocuarta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (10).

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

El anexo I de la Directiva 76/769/CEE queda modificado como se indica en el anexo de la presente Directiva.

Artículo 2

Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar […] *(11). Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Los Estados miembros aplicarán dichas disposiciones a partir del […] *(12)*.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 3

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO

Se añaden los siguientes puntos [XX], [XXI] y [XXII] al anexo I de la Directiva 76/769/CEE:

(1) DO C 72 E de 21.3.2002, p. 286. (2) DO C 154 E de 29.5.2001, p. 112. (3) DO C 25 E de 29.1.2002, p. 472. (4) DO C 154 E de 29.5.2001, p. 112 y DOC 25 E de 29.1.2002, p. 472. (5) DO C 193 de 10.7.2001, p. 27. (6) Posición del Parlamento Europeo de 6 de septiembre de 2001 (DO C 72 E de 21.3.2002, p. 286), Posición Común del Consejo de 6 de diciembre de 2001 y posición del Parlamento Europeo de 10 de abril de 2002. (7) DO L 84 de 5.4.1993, p. 1. (8) DO L 183 de 29.6.1989, p. 1. (9) DO L 196 de 26.7.1990, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 1999/38/CE (DO L 138 de 1.6.1999, p. 66). (10) DO L 131 de 5.5.1998, p. 11. (11) * 12 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva. (12) ** 18 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.

Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria (COM(2000) 412 - C5-0461/2000 - 2000/0177(CNS))

P5_TA(2002)0163 A5-0059/2002

Se modifica esta propuesta del modo siguiente:

Texto de la Comisión(1)   Enmiendas del Parlamento Enmienda 21 Considerando 2 (2)  El Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas de 5 de octubre de 1973 (en lo sucesivo denominado "Convenio de Múnich") creó la Oficina Europea de Patentes (en lo sucesivo denominada "Oficina"), que tiene encomendada la concesión de patentes europeas. Conviene recurrir a la experiencia que ofrece la mencionada Oficina en lo que respecta a la concesión y la administración de la patente comunitaria. (2)  El Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas de 5 de octubre de 1973 (en lo sucesivo denominado "Convenio de Múnich") creó la Oficina Europea de Patentes (en lo sucesivo denominada "Oficina"), que tiene encomendada la concesión de patentes europeas. Conviene recurrir a la experiencia que ofrece la mencionada Oficina en lo que respecta a la concesión y la administración de la patente comunitaria. Las oficinas nacionales de patentes podrán realizar parte de las labores de procedimiento relacionadas con la patente comunitaria, incluidas las labores de investigación sobre la innovación, en lugar de la Organización Europea de Patentes (OEP), con la condición de que las oficinas nacionales de patentes respeten las normas de calidad acordadas previamente. La OEP será la única instancia responsable en relación con la concesión de patentes. Enmienda 2 Considerando 5 bis (nuevo) (5 bis) Resulta preciso encontrar un equilibrio entre el derecho de todos los ciudadanos de la Unión a tramitar cualquier expediente en su propia lengua, el principio de seguridad jurídica que permite conocer fácilmente el contenido de lo que se patente y el no encarecimiento de los costes. Ese equilibrio puede encontrarse en la fórmula establecida en el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria1 para el régimen lingüístico. ___________________ 1 DO L 11 de 14.1.1994, p. 1. Enmienda 3 Considerando 7 (7)  Razones de seguridad jurídica exigen que todas las acciones relativas a determinados aspectos de la patente comunitaria se sometan a un mismo órgano jurisdiccional y que las resoluciones de dicho órgano jurisdiccional se ejecuten en toda la Comunidad. Por consiguiente, conviene atribuir al Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial competencia exclusiva para una determinada categoría de acciones y demandas sobre la patente comunitaria y, en especial, para las acciones relacionadas con la violación y la validez de la misma. Es además preciso que las resoluciones de las salas de primera instancia de dicho Tribunal puedan ser recurridas ante las salas de recursos del mismo Tribunal. (7)  Todas las acciones relativas a determinados aspectos de la patente comunitaria deben someterse a la jurisdicción, en primera instancia, de los Tribunales de la Patente Comunitaria (TPC) de los Estados miembros y, en segunda instancia, de la Sala Europea de la Propiedad Intelectual (SEPI) creada en virtud de los artículos 225 A y 229 A del Tratado, introducidos por el Tratado de Niza. (7 bis) El recurso a tribunales nacionales existentes con experiencia en asuntos de patentes como tribunales de primera instancia para los litigios en materia de patentes (TPC) comunitarias sigue, por lo que se refiere al primer caso, el ejemplo del Reglamento (CE) nº 40/94. Se tienen así debidamente en cuenta los factores de rapidez, coste-eficacia, lengua local, cercanía a los usuarios y utilización de las infraestructuras y los conocimientos técnicos existentes. (7 ter) El número de TPC por Estado miembro debe ser limitado. Los Estados miembros podrán acordar el establecimiento de TPC para dos o más Estados miembros. (7 quater) La aplicación uniforme del Derecho comunitario será garantizada a través del control de los TPC por la SEPI, que actuará como tribunal de apelación. La SEPI podrá autorizar una apelación ante el Tribunal de Primera Instancia para cuestiones jurídicas importantes. (7 quinquies) En los asuntos sobre patentes es indispensable contar con dos órganos que examinen las cuestiones de hecho (primordialmente técnicas). Por consiguiente, los TPC y la SEPI se pronunciarán sobre cuestiones de hecho y de derecho. El Reglamento de ejecución podrá restringir las competencias de la SEPI para examinar el fundamento de hecho de la decisión del TPC. (7 sexies) La SEPI, en calidad de tribunal central de apelación, es un tribunal de primera instancia en el sentido del artículo 225 A del Tratado, introducido por el Tratado de Niza, puesto que la estructura jurisdiccional europea, formada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), el Tribunal de Primera Instancia (TPI) y la Sala Europea de la Propiedad Intelectual (SEPI), es llamada a pronunciarse "por primera vez" por una apelación de un TPC, que de por sí no forma parte de la estructura jurisdiccional europea. Una vez más, se sigue así el ejemplo del sistema aplicado para la marca comunitaria, en el que el TPI se pronuncia sobre las acciones contra las decisiones de los tribunales de apelación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior , actuando así como órgano jurisdiccional en segunda (e incluso tercera) instancia. (7 septies) A nivel institucional, los TPC son tribunales nacionales. No obstante, aplicarán exclusivamente el Derecho comunitario, en particular las disposiciones substantivas y procedimentales del presente Reglamento. Por consiguiente, la soberanía nacional de los Estados miembros no será obstáculo para una apelación de un TPC a la SEPI. Enmienda 4 Considerando 8 (8)  Resulta necesario que el órgano jurisdiccional que decida en materia de violación y de validez pueda pronunciarse asimismo sobre las sanciones y la indemnización de los perjuicios fundándose en normas comunes. Estas competencias deben entenderse sin perjuicio las competencias en materia de aplicación de las normas sobre responsabilidad penal y competencia desleal que puedan prever las legislaciones de los Estados miembros. (8)  Resulta necesario que el TPC que decida en materia de violación y de validez pueda pronunciarse asimismo sobre las sanciones y la indemnización de los perjuicios fundándose en normas comunes. Estas competencias deben entenderse sin perjuicio las competencias en materia de aplicación de las normas sobre responsabilidad penal y competencia desleal que puedan prever las legislaciones de los Estados miembros. Enmienda 5 Considerando 9 (9)  Las normas de procedimiento ante el Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial se fijarán en el estatuto de este órgano jurisdiccional y en su reglamento de procedimiento. (9)  Las normas de procedimiento ante los TPC y la SEPI se fijarán en el Reglamento de ejecución. Enmienda 6 Artículo 1 bis (nuevo) Artículo 1 bis Oficinas nacionales de patentes 1.  Las oficinas nacionales de patentes, en lo que hace a la patente comunitaria, podrán, en los términos que se establezcan en el Reglamento de ejecución previsto en el artículo 59, prestar servicios de asesoramiento sobre los procedimientos para la solicitud de una patente comunitaria, recibir solicitudes de patentes y transmitirlas a la Oficina Europea de Patentes, y difundir información sobre la patente comunitaria. 2.  Las oficinas nacionales de patentes que así lo soliciten en el marco del Convenio de Múnich podrán, en sus lenguas de trabajo respectivas, acometer otras tareas en relación con la solicitud de la patente comunitaria, especialmente aquellas de búsqueda e investigación. Dicha actividad no afectará a la uniformidad de la patente comunitaria que en todo caso deberá ser concedida por la Oficina Europea de Patentes. Enmienda 7 Artículo 1 ter (nuevo) Artículo 1 ter Funciones de las oficinas nacionales de patentes En el marco del procedimiento para la solicitud de una patente comunitaria, las oficinas nacionales de patentes apoyarán al solicitante en los términos que se establezcan en el Reglamento de ejecución previsto en el artículo 59 . En particular, se harán cargo de las solicitudes de patente, las transmitirán a la Oficina Europea de Patentes y prestarán servicios de asesoramiento e investigación. Además, prestarán servicios de información relativa a los aspectos jurídicos de la patente comunitaria. La Oficina Europea de Patentes es, en todo caso, la única competente para la concesión de una patente comunitaria. Enmienda 8 Artículo 9, letra b) b) a los actos realizados con carácter experimental que se refieran al objeto de la invención patentada; b) a los actos realizados con carácter experimental que se refieran al objeto de la invención patentada, incluidas las pruebas y los experimentos correspondientes realizados para obtener una autorización; Enmienda 9 Artículo 25, apartado 1 1.  De conformidad con las disposiciones del Reglamento de ejecución que se contempla en el artículo 60, se pagarán a la Oficina Europea de Patentes tasas anuales para mantener en vigor las patentes comunitarias. Dichas tasas se devengarán los años siguientes al año durante el cual se publicó la mención de la concesión de la patente en el Boletín de la patente comunitaria que se contempla en el artículo 57. 1.  De conformidad con las disposiciones del Reglamento de ejecución que se contempla en el artículo 60, se pagarán a la Oficina Europea de Patentes tasas anuales para mantener en vigor las patentes comunitarias. Parte de las tasas se destinará a la financiación de las obligaciones contraídas por los Estados miembros en materia de información sobre patentes según la importancia de la oficina nacional de patentes. Dichas tasas se devengarán los años siguientes al año durante el cual se publicó la mención de la concesión de la patente en el Boletín de la patente comunitaria que se contempla en el artículo 57. Enmienda 10 Artículo 30, apartados 3 y 4 3.  El Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial gozará de competencia exclusiva para conocer de las demandas y acciones contempladas en el apartado 1, que se interpondrán en primera instancia ante la Sala de Primera Instancia de dicho Tribunal. 3.  Las demandas y acciones contempladas en el apartado 1 se someterán a la jurisdicción exclusiva, a) de los Tribunales de la Patente Comunitaria (TPC) de los Estados miembros, en primera instancia y b) de la Sala Europea de la Propiedad Intelectual (SEPI) creada en virtud de los artículos 225 A y 229 A del Tratado introducidos por el Tratado de Niza, en segunda instancia. 3 bis. Los Estados miembros designarán como TPC a tribunales nacionales con experiencia en la resolución de conflictos en materia de patentes. 3 ter. El número de TPC en un Estado miembro no será superior a dos. 3 quáter. Los Estados miembros podrán acordar que un TPC establecido en un Estado miembro actúe como TPC para cada uno de ellos. 4.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el Tratado y en el presente Reglamento, las condiciones y modalidades de las acciones y demandas contempladas en el apartado 1, así como las normas aplicables a las resoluciones que se dicten, se establecerán en los estatutos o reglamento de procedimiento del Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial. 4.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el Tratado y en el presente Reglamento, las condiciones y modalidades de las acciones y demandas contempladas en el apartado 1, así como las normas aplicables a las resoluciones dictadas por los TPC y la SEPI, serán establecidas por el Reglamento de ejecución contemplado en el artículo 59. Enmienda 11 Artículo 39 1.  Podrán recurrirse ante la Sala de Recursos del Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial las resoluciones que dicte la Sala de Primera Instancia de dicho Tribunal en los procedimientos derivados de las acciones y demandas que contemplan las disposiciones de la presente sección. 1.  Podrán recurrirse ante la SEPI las resoluciones que dicten los TPC de los Estados miembros en los procedimientos derivados de las acciones y demandas que contemplan las disposiciones de la presente sección. 2.  El recurso se interpondrá ante la Sala de Recursos en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución de conformidad con los estatutos del Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial. 2.  El recurso se interpondrá ante la SEPI en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución de conformidad con los estatutos del Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial. 3.  La Sala de Recursos será competente para pronunciarse tanto sobre los elementos de hecho como sobre de Derecho, así como para anular o modificar la resolución impugnada. 3.  La SEPI será competente para pronunciarse tanto sobre los elementos de hecho como sobre de Derecho, así como para anular o modificar la resolución impugnada. 4.  Podrán interponer recurso todas las partes en el procedimiento ante el Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial, siempre que la resolución de éste no haya estimado sus pretensiones. 4.  Podrán interponer recurso todas las partes en el procedimiento ante el Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial, siempre que la resolución de éste no haya estimado sus pretensiones. 5.  El recurso tendrá efecto suspensivo. La Sala de Primera Instancia podrá, no obstante, dar a su resolución carácter ejecutivo acompañándola, si procede, de garantías. 5.  El recurso tendrá efecto suspensivo. El TPC podrá, no obstante, dar a su resolución carácter ejecutivo acompañándola, si procede, de garantías. 5 bis. La SEPI podrá autorizar una apelación ante el Tribunal de Primera Instancia para cuestiones jurídicas de especial importancia. Enmienda 12 Artículo 40 1.  Cuando lo exija el interés de la Comunidad, la Comisión podrá someter al Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial una acción de nulidad de la patente comunitaria. 1.  Cuando lo exija el interés de la Comunidad, la Comisión podrá someter al TPC competente para el Estado miembro en el que el titular tenga su sede una acción de nulidad de la patente comunitaria. 2.  La Comisión podrá asimismo, con la condición que se establece en el apartado 1, intervenir en cualquier procedimiento pendiente ante el Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial. 2.  La Comisión podrá asimismo, con la condición que se establece en el apartado 1, intervenir en cualquier procedimiento pendiente ante cualquier TPC o ante la SEPI. Enmienda 13 Artículo 41 En las acciones previstas en los artículos 33 a 36, el Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial será competente para pronunciarse sobre los hechos que se hubieren cometido y las actividades que se hubieren llevado a cabo en parte o la totalidad del territorio, zona o espacio en los que se aplique el presente Reglamento. 1.  En las acciones previstas en los artículos 33 a 36 sometidas al TPC competente para el Estado miembro en el que el demandado tenga su sede, el TPC será competente para pronunciarse sobre las acciones y demandas contempladas en el apartado 1 del artículo 30. En caso de acción de violación y de acción declarativa de la ausencia de violación, ese TPC será competente en la totalidad del territorio, zona o espacio en los que se aplique el presente Reglamento. 2.  La primera frase del apartado 1 se aplicará a todos los TPC competentes para los Estados miembros en los que se haya violado la patente o, en caso de acción declarativa de la ausencia de violación, en los que se suponga que se ha violado una patente. En caso de acción de violación y de acción declarativa de la ausencia de violación, ese TPC será competente únicamente para ese Estado miembro. Enmienda 14 Artículo 42 El Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial podrá tomar cualquier medida provisional o cautelar que sea necesaria de conformidad con sus estatutos. El TPC podrá tomar cualquier medida provisional o cautelar que sea necesaria de conformidad con sus estatutos. Enmienda 15 Artículo 44, apartado 1 1.  El Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial podrá ordenar el pago de daños y perjuicios para indemnizar los daños subyacentes a las acciones que contemplan los artículos 31 a 36. 1.  El TPC podrá ordenar el pago de daños y perjuicios para indemnizar los daños subyacentes a las acciones que contemplan los artículos 31 a 36. Enmienda 16 Artículo 46 Los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros serán competentes para conocer de las acciones relacionadas con la patente comunitaria que no sean competencia exclusiva ni del Tribunal de Justicia en virtud del Tratado ni del Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial en virtud de lo dispuesto en la sección 1 del Capítulo IV. Los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados miembros serán competentes para conocer de las acciones relacionadas con la patente comunitaria que no sean competencia exclusiva ni del Tribunal de Justicia en virtud del Tratado ni del TPC en virtud de lo dispuesto en la sección 1 del Capítulo IV. Enmienda 17 Artículo 51 1.  El tribunal nacional ante el que se interponga una acción o demanda de las contempladas en el artículo 30 se declarará de oficio incompetente. 1.  El tribunal nacional distinto de un TPC ante el que se interponga una acción o demanda de las contempladas en el artículo 30 se declarará de oficio incompetente. 2.  El tribunal nacional ante el que se interponga una acción o demanda distinta de las contempladas en el artículo 30 y relacionada con una patente comunitaria deberá tener esta patente por válida, a menos que el Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial declare su invalidez mediante resolución con fuerza de cosa juzgada. 2.  El tribunal nacional ante el que se interponga una acción o demanda distinta de las contempladas en el artículo 30 y relacionada con una patente comunitaria deberá tener esta patente por válida, a menos que el TPC o la SEPI declaren su invalidez mediante resolución con fuerza de cosa juzgada. 3.  El tribunal nacional ante el que se interponga una acción o demanda distinta de las contempladas en el artículo 30 y relacionada con una patente comunitaria, suspenderá el procedimiento cuando considere que para fallar es condición previa que haya una resolución sobre una acción o demanda contemplada en el artículo 30. La causa se suspenderá bien de oficio, previa audiencia de las partes, cuando se haya ejercido una de las acciones o demandas contempladas en el artículo 30 ante el Tribunal Comunitario de la Propiedad Intelectual e Industrial, bien a instancia de parte y previa audiencia de las demás partes si aún no se hubiese sometido el asunto al Tribunal Comunitario. En este último caso, el tribunal nacional invitará a las partes a presentar la demanda en un plazo que él mismo fijará. De no presentarse la demanda en tal plazo, se reanudará el procedimiento. 3.  El tribunal nacional ante el que se interponga una acción o demanda distinta de las contempladas en el artículo 30 y relacionada con una patente comunitaria, suspenderá el procedimiento cuando considere que para fallar es condición previa que haya una resolución sobre una acción o demanda contemplada en el artículo 30. La causa se suspenderá bien de oficio, previa audiencia de las partes, cuando se haya ejercido una de las acciones o demandas contempladas en el artículo 30 ante el TPC, bien a instancia de parte y previa audiencia de las demás partes si aún no se hubiese sometido el asunto al TPC. En este último caso, el tribunal nacional invitará a las partes a presentar la demanda en un plazo que él mismo fijará. De no presentarse la demanda en tal plazo, se reanudará el procedimiento. Enmienda 39 Artículo 56 bis (nuevo) Artículo 56 bis Función de las oficinas nacionales de patentes La Comisión y el Consejo velarán por que en el marco de la próxima conferencia diplomática - las oficinas nacionales de patentes puedan conservar una función importante en la tramitación de la patente comunitaria, especialmente por lo que se refiere al asesoramiento de los solicitantes y la transmisión de solicitudes de patentes a la Oficina Europea de Patentes; - la Oficina Europea de Patentes pueda encargar a las oficinas nacionales de patentes que así lo deseen la elaboración de informes de investigación sobre un número limitado de solicitudes de patentes, a condición de que se respeten los criterios de calidad que se habrán acordado previamente con vistas a garantizar la calidad y uniformidad de la patente comunitaria. Esta actividad de las oficinas nacionales no deberá en ningún caso socavar la uniformidad ni la calidad de la patente comunitaria, la cual será concedida, en todo caso, por la Oficina Europea de Patentes; con vistas a garantizar la calidad y uniformidad de la patente, se establecerá un sistema de control bajo la autoridad de la Comisión en colaboración con la Oficina Europea de Patentes;

Resolución legislativa>MERGEFORMATResolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria (COM(2000) 412 - C5-0461/2000 - 2000/0177(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2000) 412)(2),

–  Consultado por el Consejo, de conformidad con el artículo 308 del Tratado CE (C5&nbhy;0461/2000),

–  Visto el artículo 67 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y la opinión de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía (A5-0059/2002),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Solicita al Consejo y a la Comisión que se aseguren de que en la próxima Conferencia Diplomática para la revisión del Convenio sobre la Patente Europea se establezca para la patente comunitaria el régimen lingüístico previsto en el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria(3);

3.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE;

4.  Pide al Consejo que le informe, en caso de que pretenda apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

5.  Solicita la apertura del procedimiento de concertación, en caso de que el Consejo pretenda apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

6.  Pide que se le consulte de nuevo, en caso de que el Consejo se proponga modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

7.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 337 E de 28.11.2000, p. 278. (2) DO C 337 E de 28.11.2000, p. 278. (3) DO L 11 de 14.1.1994, p. 1.

Decisión del Parlamento Europeo relativa a la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2000 (Comisión) (SEC(2001) 528 - C5-0234/2001 - 2001/2102(DEC))

P5_TA(2002)0164 A5-0103/2002

El Parlamento Europeo,

-  Vistos la cuenta de gestión, el análisis de la gestión financiera y el balance financiero e la Unión Europea relativos al ejercicio 2000 (SEC(2001) 528 - C5-0234/2001, SEC(2001) 529 - C5-0235/2001, SEC(2001) 531 - C5-0236/2001),

-  Vistos el Informe anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2000, los informes especiales del Tribunal de Cuentas y las respuestas de las instituciones (C5&nbhy;0617/2001)(1),

-  Vista la declaración de fiabilidad relativa a la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas de conformidad con el artículo 248 del Tratado CE (C5&nbhy;0617/2001),

-  Vista la Recomendación del Consejo de 5 de marzo de 2002 (C5-0124/2002),

-  Vistos el artículo 276 del Tratado CE, el artículo 78 octavo del Tratado CECA y el artículo 180 ter del Tratado CEEA,

-  Visto el Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977 y, en particular, su artículo 89,

-  Vistos el artículo 93 y el Anexo V de su Reglamento,

-  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las otras comisiones (A5-0103/2002),

A.  Considerando que, de conformidad con el artículo 275 del Tratado CE, compete a la Comisión elaborar las cuentas de gestión,

1.  Aprueba la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2000;

2.  Presenta sus observaciones en la resolución adjunta;

3.  Encarga a su Presidenta que transmita la presente decisión y la resolución que forma parte integrante de la misma al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Cuentas, así como al Banco Europeo de Inversiones, y que disponga su publicación en el Diario Oficial (serie L).

2.Decisión del Parlamento Europeo relativa al cierre de cuentas en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2000 (Comisión) (SEC(2001) 528 - C5-0234/2001 - 2001/2102(DEC))

El Parlamento Europeo,

-  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2000,

-  Vistos la cuenta de gestión y el balance financiero consolidados de la Unión Europea relativos al ejercicio 2000 (SEC(2001)528 - C5-0234/2001, SEC(2001)529 - C5&nbhy;0235/2001, SEC(2001)531 - C5-0236/2001)(2),

-  Vistos el Informe anual relativo al ejercicio 2000, los informes especiales del Tribunal de Cuentas y las respuestas de las instituciones (C5&nbhy;0617/2001)(3),

-  Vista la declaración de fiabilidad relativa a la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas de conformidad con el artículo 248 del Tratado CE (C5&nbhy;0617/2001),

-  Vista la Recomendación del Consejo de 6 de marzo de 2002 (C5-0124/2002),

-  Vistos el artículo 276 del Tratado CE, el artículo 78 octavo del Tratado CECA y el artículo 180 ter del Tratado CEEA,

-  Visto el Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977 y, en particular, su artículo 89,

-  Vistos el artículo 93 y el Anexo V de su Reglamento,

-  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones (A5-0103/2002),

A.  Considerando que, de conformidad con el artículo 275 del Tratado CE, compete a la Comisión elaborar las cuentas de gestión,

11.619.  Constata que los ingresos y los gastos autorizados para el ejercicio 2000 ascendían a:

92.724.  Constata que los gastos totales se desglosan como sigue:

79.535.  Constata que los gastos totales se desglosan como sigue:

4.  Toma nota del siguiente balance consolidado elaborado por la Comisión:

5.  Aprueba el cierre de cuentas relativo a la ejecución del presupuesto general para el ejercicio 2000;

o
o   o

6.  Encarga a su Presidente que transmita la presente decisión a la Comisión, al Consejo, al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Cuentas, así como al Banco Europeo de Inversiones, y que disponga su publicación en el Diario Oficial (serie L).

3.Resolución del Parlamento Europeo con las observaciones que forman parte integral de la decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2000 (Comisión) (SEC(2001) 528 - C5-0234/2001 - 2001/2102(DEC))

El Parlamento Europeo,

-  Visto el artículo 276 del Tratado CE,

-  Visto el apartado 7 del artículo 89 del Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977, en virtud del cual todas las instituciones comunitarias quedan obligadas a adoptar cuantas medidas sean necesarias para dar efecto a las observaciones que figuren en las decisiones de aprobación de la gestión,

-  Visto el informe anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2000, al que se adjuntan las respuestas de las instituciones sometidas a control (C5-0617/2001)(4), y vistos los informes especiales del Tribunal de Cuentas,

-  Vista la recomendación del Consejo de 5 de marzo de 2002 (C5-0124/2002),

-  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones afectadas (A5-0103/2002),

A.  Considerando que la decisión de aprobación de la gestión se basa en cómo ha ejecutado la Comisión el presupuesto en un ejercicio dado, incluyendo en este concepto la medida en que la Comisión ha dado curso efectivo: a) a las prioridades presupuestarias y orientaciones políticas del Parlamento en materia de ejecución del presupuesto, así como a las recomendaciones anteriores del Parlamento aprobadas en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión; b) a las auditorías externas del Tribunal de Cuentas (incluidos sus informes especiales); c) a las auditorías internas del controlador financiero y a las evaluaciones y controles de las direcciones generales operativas; y d) a las alegaciones de mala gestión por personal de la Comisión y a los informes de la Oficina de Lucha contra el Fraude en que se recogen irregularidades graves,

B.  Considerando que la apreciación depende asimismo de la medida en que la Comisión - cuyos miembros responden ante el Parlamento Europeo y cuyos directores generales son, según el programa de reformas, responsables de la realización de controles internos adecuados en sus departamentos - aplique verdaderamente la política de tolerancia cero frente al fraude y a las irregularidades,

C.  Constata que la Comisión tuvo un superávit de 11.600 millones de euros,

D.  Considerando que, a la vista de los resultados de su auditoría, el Tribunal de Cuentas entiende que las operaciones subyacentes a los balances financieros, consideradas en su conjunto, son legales y regulares por lo que se refiere a los ingresos, a los compromisos y a los gastos administrativos, pero al mismo tiempo ha declinado declarar la fiabilidad en lo relativo a los demás pagos, como sí fue el caso para los ejercicios 1999 y anteriores,

E.  Considerando que el Tribunal de Cuentas todavía no puede conceder una declaración de fiabilidad positiva para la totalidad del presupuesto; considerando que esta circunstancia equivale a decir que el Parlamento y el Tribunal se ven en la imposibilidad de dar garantías sobre la regularidad de las transacciones realizadas por la Comisión, y sobre todo por los Estados miembros,

F.  Considerando que debe valorarse el que los servicios de la Comisión hayan respondido dentro de plazo (el 21 de diciembre de 2001) a las cuestiones remitidas el 5 de diciembre de 2001 por los miembros de la Comisión de Control Presupuestario, en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión,

G.  Considerando que el ejercicio 2000 se caracteriza por un superávit presupuestario excepcionalmente elevado (11.600 millones de euros, es decir, el 14% del presupuesto), lo que revela un claro desajuste de las previsiones presupuestarias (los ingresos superaron las previsiones), así como el fracaso de la reforma de las acciones estructurales de 1999, cuyo objetivo era proporcionar mecanismos puntuales y eficaces para el buen funcionamiento de los Fondos Estructurales,

H.  Considerando que la gestión del presupuesto para le ejercicio 2000 es responsabilidad exclusiva de la nueva Comisión constituida en 1999,

I.  Considerando que ejercicio 2000 marca el inicio - tanto para los Fondos Estructurales como para las ayudas de preadhesión - de un nuevo período de programación que abarca hasta 2006, así como la aplicación de una nueva reglamentación (Reglamento (CE) n° 1260/1999 + regl. Sapard e Ispa)(5)

J.  Considerando que el ejercicio 2000 se ha caracterizado por las propuestas de reformas de la Comisión, conforme a las recomendaciones del Libro Blanco, en especial en lo relativo al Reglamento Financiero, el ámbito de las acciones exteriores (comunicación del 16 de mayo de 2000) y la mejora de la gestión y del control financiero en los servicios (estrategia global para la reforma administrativa del 1 de marzo de 2000, COM(2000) 200);

K.  Considerando que, pese a que la gestión del 85% del presupuesto comunitario se comparte con los Estados miembros, es la Comisión, de conformidad con los artículos 274 y 275 del Tratado CE, la única responsable de controlar y supervisar la utilización del presupuesto y, por consiguiente, de garantizar que los Estados miembros asuman plenamente la responsabilidad de cualquier problema de mala administración que se produzca a su nivel, por lo que debe dotarse de los medios para conocer los incumplimientos de los Estados miembros en lo que se refiere a sus obligaciones y no debe dudar en sancionarles ni en informar a la autoridad responsable de la aprobación de la gestión de las responsabilidades exactas de aquéllos,

L.  Considerando que el año 2000 se ha caracterizado por un notable aumento del volumen de fraude e irregularidades identificadas por los Estados miembros y la OLAF, que han alcanzado un valor total de 2.000 millones de euros (de los que 1.140 millones corresponden a los recursos propios tradicionales, 885 millones a los gastos - incluidos 580 millones correspondientes a los gastos agrícolas) y 156 millones a las acciones exteriores); considerando que el incremento de estas cifras resultan preocupantes, si bien revela una situación alarmante, puede deberse en parte a los esfuerzos redoblados en el ámbito de la lucha contra el fraude y a unos mejores controles(6);

M.  Considerando que tres Estados miembros (Bélgica, Irlanda y Luxemburgo), todavía no han ratificado el Convenio de 1995 sobre la Protección de los Intereses Financieros de las Comunidades;

N. a)  Considerando las críticas expresadas por el Parlamento en su Resolución de 28 de febrero de 2002(7) en relación con el seguimiento de la aprobación de la gestión de 1999, y en particular la falta de un adecuado seguimiento de control por parte de la Comisión; considerando las siguientes recomendaciones expresadas por el Parlamento en su citada Resolución en relación con el seguimiento de la aprobación de la gestión de 1999, en particular:

O.  Considerando que la Comisión, en su informe de seguimiento de la resolución de aprobación de la gestión de 1999, afirmó que "tendrá sumo placer de presentar los resultados de las evaluaciones efectuadas" (COM(2001) 696), el Parlamento insta ahora a la misma a que cada trimestre presente a su Comisión de Control Presupuestario las evaluaciones completas y que le informe de las previsiones de informes de evaluación que espera concluir en el siguiente trimestre;

P.  Considerando que la cuestión de fondo que se plantea en el análisis de la ejecución presupuestaria en 2000 es saber, por un lado, cuáles son los elementos básicos de la gestión comunitaria que convendría mejorar en aras de la eficacia, y por otro lado, cuáles son los componentes del sistema propicios al fraude y a las irregularidades;

Q.  Considerando que la presente aprobación no pretende pararse excesivamente en detalles sección por sección, por más que los detalles puedan ilustrar los problemas sistemáticos, sino dirigir una mirada más global y horizontal hacia aquellas prácticas que en el pasado crearon problemas y encontrarles soluciones adecuadas;

R.  Considerando que, si bien es importante tener presentes las dificultades creadas por una legislación deficiente y tomar debida nota de las soluciones propuestas por el Tribunal de Cuentas, no es menos necesario distinguir entre normas deficientes, por un lado, y mala administración, de la cual únicamente es responsable la Comisión, por otro; considerando asimismo la necesidad de identificar lo más claramente posible los casos de fraude o error provocados por las autoridades nacionales o regionales, y de apoyar a la Comisión en la adopción de prácticas de gestión eficiente siempre que esté en juego el dinero comunitario;

I.  Considerando que la naturaleza multinacional intracomunitaria de algunas de las irregularidades y fraudes comunitarios en restituciones a la exportación, productos alimentarios y pagos controlados por el Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) exige una mayor participación de las instituciones comunitarias en la lucha contra el fraude y las irregularidades, y que esta participación no puede delegarse a los Estados miembros ni a ninguna otra autoridad de nivel inferior al comunitario;

Eficacia

1.  Constata que la eficacia de la Comisión debe estimarse sobre la base de tres criterios no sólo en relación con el cumplimiento de los objetivos fijados por la autoridad política, sino también con la rapidez y la simplicidad de las medidas administrativas y presupuestarias adoptadas para alcanzar dichos objetivos y la óptima utilización de los medios presupuestarios aplicados;

2.  Estima que deben estudiarse, en su calidad de elementos de apoyo de esta eficacia prioritaria: la maquinaria administrativa de la Comisión; los diferentes procedimientos reglamentarios y el sistema de controles; y el cumplimiento por parte de la Comisión de las prioridades políticas y las orientaciones presupuestarias definidas por el Parlamento Europeo;

La maquinaria administrativa de la Comisión

3.  Considera que los servicios de la Comisión deben estructurarse con vistas a garantizar una gestión al más alto nivel de integridad y eficacia; toma nota de la reforma administrativa en curso, algunos de cuyos aspectos fundamentales se han puesto en marcha en el ejercicio 2000; alienta a la Comisión a proseguir en sus esfuerzos para que los resultados, en especial los relativos a la reforma del servicio exterior con arreglo a las orientaciones políticas aprobadas por el Parlamento Europeo y a la reforma de la gestión y del control financiero en los servicios, sean visibles lo antes posible;

4.  Constata, no obstante, un retraso en la aplicación de algunas de las acciones previstas en el Libro Blanco, según se desprende del cuadro de aplicación remitido por la Comisión (anexo 5 a las respuestas del cuestionario), debido a los procedimientos interinstitucionales en curso en relación con el Reglamento Financiero y el Estatuto de los Funcionarios; constata, en relación con la Acción 96 (recuperación de importes pagados indebidamente) que la Comisión ha establecido una nueva estructura organizativa para la recuperación de estos importes; constata asimismo que los procedimientos internos relativos a la recuperación reforzada están en preparación y desea que se le informe sobre la efectividad de este nuevo sistema de control en un ámbito que constituye una prioridad para la Comisión de Control Presupuestario;

5.  Pide que se informe con regularidad a las comisiones competentes del Parlamento Europeo sobre la puesta en marcha de determinadas acciones y decisiones en materia de gestión previstas en la reforma, en particular:

6.  Pide a la Comisión, a la vista de la reciente proliferación de organismos descentralizados, que proponga un mecanismo de revisión para las agencias basado en la relación coste-beneficio y en el valor añadido comparado con otras alternativas;

7.  Recalca que toda acción que conlleve modificaciones en el Estatuto de los Funcionarios y en el régimen aplicable a los otros agentes (como el nuevo sistema de carreras, la incompetencia profesional, la jubilación flexible y la normativa reguladora de la denuncia de irregularidades) debe ejercerse dentro del respeto de los principios de independencia, neutralidad y continuidad de la función pública europea y respetar las normas modernas de administración, especialmente las relativas a la transparencia y a la prestación de servicio al ciudadano;

8.  Espera que los recursos humanos destinados a los distintos aspectos de la reforma sean suficientes para asegurar una implantación rápida y eficaz de la misma (por ejemplo, el personal afectado a la reforma del servicio exterior o el destinado a la reforma de la gestión y control financiero de las secciones y delegaciones de la Comisión); desea conocer los problemas de contratación a los que la Comisión debe enfrentarse en ocasiones;

9.  Entiende que un personal motivado es indispensable para el éxito de las políticas implantadas por la Comisión y pide a la Comisión que garantice la celebración de cuantas consultas sean necesarias a todos los niveles de personal; acoge con satisfacción que la Comisión y los sindicatos que representan a la mayor parte del personal hayan llegado a un acuerdo sobre la propuesta de modificación del Estatuto de los Funcionarios, que considera parte esencial del proceso de reforma de la Comisión, y pide a todas las partes implicadas que cooperen de manera constructiva en el proceso de reforma;

10.  Pide a la Comisión que se cerciore de que el proceso de reformas no tiene ninguna repercusión negativa, por ejemplo, en lo relativo a la disminución de los controles in situ efectuados por la Comisión (cf. punto 3.72 del informe anual del Tribunal de Cuentas);

11.  Pide a la Comisión que proceda a un análisis coste-beneficio de la implantación de la reforma, incluidos los costes de formación profesional (en especial en el ámbito de la gestión financiera), los costes de contratación y los costes de los ceses en interés del servicio (artículo 50 del Estatuto de los Funcionarios), y que le informe de los resultados;

12.  Considera que las "declaraciones de gestión" de cada director general, establecidas por el nuevo sistema de gestión interna (en vigor a partir de mayo de 2002) constituirán un nuevo y positivo para la evaluación de las Direcciones Generales de la Comisión y facilitarán la identificación de los sectores que necesitan la introducción de mejoras; subraya que las declaraciones de gestión no reducen en modo alguno la responsabilidad individual o colectiva de los miembros de la Comisión;

13.  Espera que la Comisión informe al Parlamento Europeo en el supuesto de que existan otras reformas en curso;

Los procedimientos

14.  Constata, tal como destaca el informe anual del Tribunal de Cuentas, la inadecuación de los procedimientos a los objetivos que se persiguen, y en particular:

15.  Pide a la Comisión que proceda a efectuar auditorías especiales de sus representaciones en los Estados miembros dadas las acusaciones de mala gestión en la oficina de Estocolmo; pide que se le informe adecuada y exhaustivamente del resultado de los procesos disciplinarios que se apliquen en relación con la oficina de Estocolmo;

16.  Pide a la Comisión que mejore las previsiones presupuestarias, reduzca las discrepancias entre las estimaciones y los resultados y mejore la comunicación entre la Comisión y los Estados miembros, especialmente en el marco de la red presupuestaria para el intercambio de información;

17.  Considera que la Comisión debe dotarse de los instrumentos necesarios para mejorar las previsiones presupuestarias y hacer mayor uso de la red presupuestaria, a fin de evitar que repitan unos superávits tan elevados;

18.  Está convencido de que el método de gestión de la actual Unión, y también de la Unión ampliada del futuro, debe seguir descansando sobre el principio de descentralización, lo cual exige una capacidad gestora comparable e igualmente eficaz por parte de las diversas administraciones nacionales, tal como se refleja en la nueva normativa sobre los Fondos Estructurales (Reglamento (CE) n° 1260/1999), que contiene también disposiciones sobre la separación de funciones entre la Comisión, los Estados miembros y los diversos interlocutores enunciados en el artículo 8 del Reglamento; señala, no obstante, que cuando una actuación presupuestaria implique a varios Estados miembros en diversas operaciones de la PAC, puede ser necesaria una mayor intervención de la Comisión; insiste en que el éxito de la gestión descentralizada de Sapard e Ispa en los países candidatos y de la actividad de sus administraciones nacionales dependerá del compromiso de la UE de apoyar a estos países a mejorar su capacidad administrativa; alienta a la Comisión a perseverar en sus esfuerzos en materia de formación (por medio de hermanamientos con los países candidatos) e información (por ejemplo, mesas redondas con los organismos competentes de los Estados miembros);

Subvenciones comunitarias y procedimientos de gestión contractual

19.  Pide al Tribunal de Cuentas que evalúe hasta qué punto los procedimientos de gestión contractual de los créditos comunitarios (licitaciones, adjudicaciones de contratos) se atienen a los principios de transparencia en lo que se refiere a objetivos, composición de los comités de selección, selección de candidatos, respeto de los procedimientos y motivación de las decisiones; y en particular, tiene sus dudas acerca de los procedimientos de licitación en el sector de la investigación; constata que el Tribunal de Cuentas, en su informe anual, ha llegado a conclusiones positivas acerca de los procedimientos de adjudicación de contratos utilizados por las instituciones para servicios, suministros y obras y destaca la necesidad de un mayor uso de los criterios de beneficio social y medioambiental a largo plazo en los procedimientos de selección; en especial, pide al Tribunal de Cuentas que evalúe la transparencia de las actuales prácticas de la Comisión en relación con las ayudas exteriores, como por ejemplo, la elaboración de juegos de listas reducidas en las que las mismas empresas parecen ser siempre la solución más eficiente para aplicar subvenciones comunitarias de hasta 200.000 euros en todos los rincones del planeta;

20.  Pide a la Comisión que utilice en todos los casos el procedimiento más adecuado, teniendo en cuenta, por un lado, las posibles dificultades para los candidatos, especialmente en los proyectos de investigación, y por otro lado, los costes; destaca, sin embargo, que la investigación es un sector de alto riesgo y que requiere un control intensivo;

21.  Pide a la Comisión que explique, en relación con el procedimiento de selección para las propuestas Media y Media-Plus, qué tipo de OAT realiza los trabajos preparatorios que sirven de base para que la Comisión haga la selección final de los beneficiarios de los programas y decida el tipo de apoyo que se concederá (cf. Decisión del Consejo 2000/821/CE(12)); pide a la Comisión que haga un desglose por regiones de los beneficiarios en 2000;

22.  Considera, en relación con los actuales procedimientos de concesión de subvenciones comunitarias a entidades específicas, en particular en el marco de la línea A-302, que un sistema que suponga tanto asignaciones de fondos como convocatorias de propuestas es insatisfactorio, y pide a la Comisión que proponga a la autoridad presupuestaria un sistema más transparente que pueda contribuir a paliar el estado de inseguridad permanente que pesa sobre algunas instituciones, sin generar dependencia de los fondos comunitarios para la supervivencia de las entidades; constata que una presupuestación por actividades puede contribuir a acabar con el sistema actual; pide a la Comisión que garantice que las nuevas organizaciones que deseen solicitar fondos no se vean privadas de la posibilidad de hacerlo; pide asimismo a la Comisión que colabore con la OLAF y con el Tribunal de Cuentas en el control de los centros o entidades financiadas casi exclusivamente con cargo al presupuesto de la Unión;

23.  Destaca que en el año 2000 se asignaron 800.000 euros, con cargo a la línea A-3040, para gastos de funcionamiento y programa de trabajo del Foro Europeo de Migrantes; constata que la OLAF ha abierto una investigación tras las acusaciones de fraude y mala gestión de esta organización y ha remitido el asunto a las autoridades judiciales belgas en junio de 2001; espera que se le informe exhaustivamente de las conclusiones adoptadas por las autoridades belgas; pide a la Comisión que se asegure de que este organismo y otros financiados con cargo a las subvenciones de las líneas A-3 cumplen efectivamente sus objetivos;

La complejidad procedimental y legislativa

24.  Coincide con el Tribunal de Cuentas en que las más de las veces la legislación comunitaria es excesivamente compleja, lo que provoca dificultades a los beneficiarios, y pide a la Comisión que haga una valoración sistemática de la eficacia de los distintos instrumentos reguladores en el cumplimiento de los objetivos definidos por el Tratado o aprobados por las instituciones europeas;

25.  Comprueba que, en el nuevo Reglamento sobre los Fondos Estructurales (Reglamento (CE) nº 1260/1999), la Comisión declaraba su intención de simplificar la normativa; espera que ello se produzca en 2001, aunque lamenta, no obstante, el bajo porcentaje de ejecución de los Fondos Estructurales en 2000 debido a los retrasos en la programación (lo que a su vez explica en gran parte el superávit presupuestario); señala que análogas dificultades se produjeron en el primer ejercicio del período de programación (1994); se pregunta asimismo si el actual sistema es realmente el mejor posible para planificar el futuro de las medidas estructurales después de 2006; pide a la Comisión y a los Estados miembros que racionalicen y simplifiquen los procedimientos de ejecución de medidas estructurales a fin de evitar las referidas dificultades cada vez que se creen nuevos programas;

26.  Considera que el hecho de que no se adoptaran programas de iniciativa comunitaria en 2000 se debió a la aprobación tardía de los reglamentos del Consejo, al exagerado margen de tiempo que llevó la elaboración del manual de uso y a su publicación con retraso por parte de la Comisión, al tiempo que tardaron las demás instituciones en emitir su opinión y a la reacción tardía de los Estados miembros;

27.  Comprueba con insatisfacción que, debido a estos retrasos, las transferencias, las prórrogas y las represupuestaciones fueron la norma y no la excepción; reitera su crítica a la transferencia nº 40/2000, que dio lugar a una reducción de 164 millones de euros, y a la represupuestación, que supuso una reducción de 30 millones de euros más en créditos destinados a medidas innovadoras;

28.  Expresa su particular preocupación por los escandalosos retrasos en la puesta en marcha de la iniciativa comunitaria EQUAL y pide a la Comisión y a los Estados miembros que ofrezcan asistencia para la creación y consolidación de las relaciones de asociación de desarrollo y de las vinculaciones transnacionales;

29.  Constata asimismo que la complejidad de la normativa y el solapamiento entre las medidas contempladas en los distintos fondos y en las políticas comunitarias pueden generar una situación incoherente, lo que puede reducir la eficacia de fondos y programas, tal y como advierte el Tribunal de Cuentas en sus Informes Especiales 1/2001(13) y 12/2001(14) y en su informe anual (apartado 3.121);

30.  Llega a idéntica conclusión en lo que se refiere a la reglamentación de Sapard e Ispa, cuya complejidad de ejecución, que fue subestimada por la Comisión, supone un auténtico reto para los países candidatos; reconoce asimismo el esfuerzo hecho por la Comisión en favor de la "construcción institucional" dentro del sistema de Sapard y de una mejor coordinación interna de los programas de ayuda a la preadhesión; no obstante, lamenta que sólo la mitad de los países candidatos esté en situación de hacer efectivos los programas antes de finales de 2002;

31.  Pide a la Comisión que garantice, con carácter prioritario, la simplificación de los procedimientos y la fijación de unos objetivos y normas claras, transparentes e inteligibles para los ciudadanos; pide a la Comisión que simplifique la legislación, las normas y los procedimientos como elemento intrínseco de la revisión a medio plazo de las políticas agrícola y estructural; reconoce, no obstante, las dificultades a las que tiene que hacer frente la Comisión para alcanzar este objetivo en el caso concreto de la adopción de normas de ejecución de determinados programas, como los procedimientos de control aplicables a los Fondos Estructurales, en cuyo caso se aplica el "procedimiento relativo a la comitología"; constata de que en muchos más casos de los deseables son estos comités, que representan a los intereses administrativos de los Estados miembros, los que generalmente contribuyen a la complejidad de estas normas;

32.  Señala que en el próximo procedimiento de aprobación de gestión estudiará con suma atención hasta qué punto la Comisión ha respetado adecuadamente las prioridades políticas y las orientaciones presupuestarias definidas por el Parlamento Europeo y ha cumplido los compromisos que asumió en respuesta a las críticas del Tribunal de Cuentas (cf. apartado 3.122 del informe anual);

Los controles

33.  Constata que la propia complejidad de las normas dificulta la efectividad de los controles;

34.  Pide a la Comisión que incremente de manera sustancial el número de cláusulas de extinción y de análisis detallados de las repercusiones económicas incluidas en la legislación;

35.  Observa que el sistema de controles se caracteriza por algunos puntos débiles, por ejemplo:

36.  Manifiesta su preocupación por las afirmaciones del Tribunal de Cuentas (Informe Especial 10/2001(16)) en el sentido de que la aplicación del Reglamento (CE) n° 2064/97 plantea dificultades, tanto para la Comisión como para los Estados miembros, a causa de la insuficiente coordinación entre las direcciones generales competentes y los organismos de los Estados miembros, que no están familiarizados con el manual de auditoría, que fue entregado tarde por la Comisión;

37.  Pide, habida cuenta de lo anterior, que cada Estado miembro designe un único ministerio nacional como servicio competente para la supervisión de los progresos realizados en la consecución de la cuota de control del 5% fijada en el Reglamento (CE) n° 2064/1997 y el Reglamento (CE) n° 438/2001(17) para cada programa de los Fondos estructurales; pide asimismo que se adopten medidas con vistas a coordinar de manera uniforme los controles en los Estados miembros con autoridades regionales autónomas; considera que esta coordinación se realizará mejor a través de los servicios de coordinación existentes y opina que estos servicios podrían servir también de base tanto para el intercambio de información entre las regiones como para la coordinación y transmisión de toda la información a la Comisión;

38.  Exige a la Comisión y a los Estados miembros, a la vista de los resultados del Informe especial nº 10/2001 del Tribunal de Cuentas, que mejoren el control financiero de los Fondos Estructurales; en particular, exige

39.  Pide al Tribunal de Cuentas que evalúe los costes totales actuales de los controles internos y externos de los fondos comunitarios, distinguiendo entre costes para el presupuesto comunitario y costes para los presupuestos nacionales y estableciendo una relación entre el coste de las distintas categorías de controles efectuados en cada uno de los sectores de gastos y los importes de los fraudes y de las irregularidades descubiertas así como la información relativa a las irregularidades detectadas y las recuperaciones realizadas en cada capítulo;

40.  Cree que la Comisión debería velar por que los controles sean económicamente eficaces, y toma nota, a tal efecto, de las reformas internas de la Comisión en relación con la "declaración de gestión" de los directores generales, declaración a la que quedan obligados, y de la constitución del sistema de control interno de la Comisión; considera que en los próximos procedimientos de aprobación de la gestión debería evaluarse la repercusión de estas novedades sobre la efectividad de los controles;

41.  Pide a la Comisión que intente encontrar el equilibrio perfecto entre el coste del número de controles y los beneficios que implica un nivel reducido de error generado por estos controles;

42.  Considera que el éxito en la gestión de la Agencia para la Reconstrucción de Kosovo se debió a la cercanía de las operaciones a sus beneficiarios, al hecho de que se centrase en un número reducido de sectores y a una única estructura para la identificación de los proyectos, y, en gran medida, al hecho de que los servicios financieros internos de la Agencia hubiesen realizado un control ex-ante, lo que permitió la rápida ejecución de las acciones; constata que en la propuesta modificada de la Comisión de un nuevo Reglamento Financiero (COM(2001) 691) se prevé la descentralización del control financiero ex-ante en todos los departamentos de la Comisión; pide al Consejo que acelere sus trabajos sobre la propuesta modificada de la Comisión;

43.  Recomienda, además, que la Comisión potencie una buena cooperación institucional con el Tribunal de Cuentas y sus órganos de control, así como con los Estados miembros y sus respectivos órganos de control; manifiesta su deseo de ser informado de los progresos logrados;

44.  Considera que una planificación coordinada de los controles permitiría impedir la duplicación superflua de esfuerzos y una mejor separación entre controles internos y externos, entre controles de sistemas y controles de proyectos, dados los riesgos y el nivel de financiación implicados;

45.  Es consciente de que el método utilizado actualmente por el Tribunal de Cuentas no permite proporcionar un porcentaje de error para cada sector de gasto de la Comunidad, y comparte la opinión de que el objeto de la declaración de fiabilidad debería ser proporcionar estas informaciones, tal y como ha solicitado reiteradamente la Comisión de Control Presupuestario, distinguiendo entre fraude y error y teniendo asimismo en cuenta las diferencias que existen en los riesgos inherentes entre los diferentes sectores, así como las correcciones realizadas por la Comisión, incluida una evaluación entre un ejercicio y otro, con objeto de hacer de él un instrumento útil no solo para la autoridad responsable de la aprobación de la gestión, sino también para la Comisión, que debería lograr una declaración de fiabilidad positiva lo antes posible; considera, no obstante, que no es probable que, con la metodología que utiliza en la actualidad, el Tribunal de Cuentas pueda proporcionar a la Comisión una declaración de fiabilidad positiva en un futuro próximo;

46.  Cuestiona la utilidad de la declaración global de fiabilidad para 2000 hasta que no se faciliten las cifras; constata que el Tribunal de Cuentas no ha publicado tasas de errores importantes y formales en los últimos años; recuerda que el Comisario encargado del sector agrícola facilitó las cifras correspondientes al período 1995-1999 en una audiencia de la Comisión de Presupuestos celebrada el 7 de febrero de 2001; pide al Tribunal de Cuentas y a la Comisión que faciliten las cifras correspondientes a 2000;

47.  Pide al Tribunal de Cuentas que pronuncie una declaración sobre la fiabilidad y la tasa de errores en cada una de las DG para poner en evidencia los ámbitos problemáticos y aumentar de modo sustancial la responsabilidad de la Comisión y de los Estados miembros;

48.  Constata que las actividades de control y de auditoría relacionadas con el presupuesto de la UE se caracterizan por un número elevado de auditores y de servicios de auditoría, y que cada uno realiza visitas y elabora informes de modo prácticamente independiente pero basándose frecuentemente en normas diferentes; pide a la Comisión que elabore un informe sobre la posibilidad de introducir un único modelo de auditoría en relación con el presupuesto de la UE en el que cada uno de los niveles de control se base en el anterior, con vistas a reducir la carga sobre el objeto de la auditoría y aumentar la calidad de las actividades de auditoría, sin minar, no obstante, la independencia de las instituciones de control en cuestión; pide al Tribunal de Cuentas que prepare un dictamen sobre este mismo tema; pide asimismo a la Comisión que examine la posibilidad de organizar de modo más racional los controles y, en particular, los controles sobre el terreno;

49.  A la vista de su Resolución, de 17 de mayo de 2001, sobre la adulteración del aceite de oliva(18), y especialmente del apartado 22, de su Resolución de 4 de abril de 2001, sobre la adulteración de los productos lácteos(19) especialmente su apartado 9 iii), y del Informe especial del Tribunal de Cuentas nº 7/2001 sobre restituciones a la exportación(20), pide a la Comisión que le informe sobre el estado en que se encuentra la adulteración de productos agrícolas que afecta directa o indirectamente al presupuesto comunitario, abordando el marco reglamentario, el porcentaje mínimo de análisis físicos por sector, los métodos técnicos para detectar la adulteración y las acciones previstas en el futuro por la Comisión para hacer frente a esta situación;

Recursos propios

50.  Destaca la tendencia que se registra de apoyarse en mayor medida en las contribuciones basadas en el PNB al presupuesto comunitario y el descenso correspondiente de la importancia de los recursos propios tradicionales; observa que esto se debe, en parte, a la reducción del tercer recurso (IVA) y a los compromisos internacionales de la Comunidad en materia de reducción de los derechos de aduana; hace referencia, no obstante, a las dificultades que conlleva hacer previsiones exactas en materia de ingresos basadas en gran medida en la tasa del PNB de los Estados miembros y pide a la Comisión que examine las posibles repercusiones de la ampliación sobre esta situación;

51.  Hace referencia con preocupación al temor tanto del Tribunal de Cuentas como de la Comisión en el sentido de que el sistema del IVA está seriamente afectado por el fraude, si bien esto no conlleva necesariamente pérdidas para el presupuesto comunitario; señala el hecho de que los Estados miembros destacaron que en 2000 el volumen del fraude y de las irregularidades ascendió a 543 millones de euros, lo que equivale al 3,5% de los ingresos procedentes de los recursos propios en ese año, si bien se explica, básicamente, por la mantequilla de Nueva Zelanda en el Reino Unido, que representa la mitad de la cantidad total; constata que Grecia fue el único Estado que no informó a la Comisión sobre irregularidades detectadas en ese año en el ámbito de los recursos propios y se pregunta si esto se debe a un expediente totalmente inmaculado, a una transmisión atrasada de los datos, o a que, simplemente, no se detectaron las irregularidades;

52.  Subraya las críticas del Tribunal de Cuentas en el sentido de que las medidas de recuperación de los Estados miembros no son eficaces ni se aplican equitativamente, lo que indica una falta de voluntad o una dificultad para abordar el problema; constata, en este contexto, que en 2000 OLAF abrió 120 expedientes sobre sospechas de fraude en la recaudación de los recursos propios por un importe total que asciende a 608,7 millones de euros; insta a la Comisión a que presente las propuestas necesarias para modificar la Decisión 97/245/CE(21) de la Comisión por la que se establecen las modalidades de comunicación por los Estados miembros para crear sistemas equivalentes de transmisión de datos en todos los Estados miembros;

II.  Recuerda que los Estados miembros han ratificado ya la nueva Decisión sobre los recursos propios, por la que se aumentan los costes de recaudación del 10 al 25%; pide a los Estados miembros que garanticen que esta medida conllevará una actuación enérgica en relación con el fraude fronterizo y una mejor detección de las irregularidades detectadas hasta la fecha en el ámbito de los recursos propios;

Regularidad, lucha antifraude y protección de intereses financieros

54.  Reconoce que debe reforzarse el actual sistema de protección de los intereses financieros de la Comunidades y de prevención del fraude;

55.  Considerando que, en la lucha contra el fraude y las irregularidades, la Comisión debe aplicar las mismas normas en todos los sectores del gasto comunitario si es que se quiere respetar el espíritu del artículo 280 del Tratado y asegurar un nivel equivalente de protección de los intereses financieros de la Comunidad;

56.  Considera que algunas de las políticas comunes son de por sí proclives a generar fraude, en especial cuando se fijan precios guía y se utilizan las restituciones a la exportación para apoyar la exportación de excedentes, principalmente en los casos de los productos lácteos, el azúcar, los cereales y el vacuno;

57.  Considera que uno de los principales objetivos de la Política Agrícola Común instituida por el Tratado es garantizar "un nivel de vida equitativo a la población agrícola", y que dicho objetivo impone a la Comisión la labor de supervisar escrupulosamente las pautas de la distribución de los capítulos presupuestarios agrícolas entre los agricultores y demás beneficiarios;

58.  Considera que la normativa sobre transparencia que obliga a la Comisión a revelar los nombres de los destinatarios finales de sus subvenciones en ámbitos como la ciencia y la tecnología o en el Fondo de Cohesión debería aplicarse también a otras líneas presupuestarias, y en particular a la Política Agrícola Común

Restituciones a la exportación

-  señala que el gasto en restituciones a la exportación pasó de 5 695 millones de euros en 1980 (50,3% del presupuesto de FEOGA-Garantía)(22) a 10 159 millones de euros en 1993 (29% de dicho presupuesto), para caer a 5 646 millones de euros en 2000 (14% del presupuesto del FEOGA-Garantía)(23); observa, no obstante, lo relativo de estas cifras a causa de la evolución del tipo de cambio del dólar;

59.  Solicita a la Comisión que garantice que el cálculo de los tipos de restitución aplicables a la fécula de patata y de cereales se haga de conformidad con criterios transparentes y previsibles, tal y como se recomienda en el apartado 40 bis) del Informe especial nº 8/2001 del Tribunal de Cuentas Europeo;

60.  Toma buena nota de todas las medidas anunciadas por la Comisión en su respuesta al cuestionario de la Comisión de Control Presupuestario en relación con la publicación de los datos relativos a la concentración de fondos de la PAC por productor y/o unidad de explotación, y pide a la Comisión que comience a presentar estos datos en el plazo más breve posible;

61.  Constata que, de conformidad con el punto 2.145 del Informe anual del Tribunal de Cuentas, la reciente reforma del sector de las frutas y legumbres frescas concentró los fondos comunitarios en los países y regiones más desarrollados;

62.  Constata que algunas disposiciones no introducen ni mecanismos de control ni sanciones, lo que puede fomentar el fraude o simplemente comportar riesgos para la salud pública;

63.  Pide que se introduzca - por ejemplo, para las OCM de la carne de ovino y de caprino - un sistema de identificación de animales obligatoria para permitir la obtención de información sobre primas y comprobación de las mismas;

64.  Pide, en relación con el régimen de cuotas lácteas, una aplicación armonizada de la normativa sobre sanciones para los productores que no respeten las cuotas, las cuales siguen sin aplicarse correctamente en todos los Estados miembros transcurridos ya 17 años desde su introducción (cf. apartado 2.193 del informe anual del Tribunal de Cuentas); lamenta que Italia haya estado abonando la supertasa por no respetar las cuotas lácteas, en nombre de sus agricultores, distorsionando así la competencia en toda la Unión;

65.  Pide, en relación con la aplicación de la legislación en materia de EEB por los Estados miembros (cf. Informe Especial 14/2001 del Tribunal de Cuentas) y las medidas relativas a la prevención de la fiebre aftosa, que se establezcan procedimientos para imponer correcciones financieras o multas y sanciones en los casos de gastos veterinarios o medidas relacionadas con el mercado financiadas por la Unión Europea siempre que los Estados miembros incumplan la legislación veterinaria;

66.  Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de disponer de competencias adicionales en caso de situaciones especiales de urgencia en las que exista riesgo para la salud humana y animal;

67.  Señala que algunas disposiciones han producido efectos indeseables y que la Comisión ha tardado en responder a las advertencias del Tribunal de Cuentas, citando en este sentido el caso del cultivo del lino, en que el Tribunal de Cuentas recomendó, ya en 1992(28), que la Comisión dejara de seguir promoviendo la producción, puesto que ya existía un superávit de producción para el que no podían encontrarse compradores(29); lamenta el modo en que la Comisión y los Estados miembros reaccionaron ante esta situación, así como el retraso con que lo hicieron; constata que en ocasiones el Consejo y el Parlamento han obstaculizado propuestas de la Comisión encaminadas a mejorar la legislación sobre la PAC

68.  Censura las disposiciones que alientan la llamada "caza de primas", que tan perniciosos efectos tiene sobre el presupuesto comunitario; insiste una vez más, como ya hiciera en su Resolución de 19 de enero de 2000 sobre la aprobación de la gestión(30) en la necesidad de un seguimiento minucioso y sistemático de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas;

69.  Pide al Tribunal de Cuentas que evalúe hasta qué punto el sistema de preferencias comerciales no constituye también una fuente de irregularidades con efectos negativos sobre los recursos comunitarios (cf. sentencia dictada en el caso de los televisores de Turquía), y pide a la Comisión que desarrolle alternativas al actual sistema lo antes posible;

70.  Lamenta que se haya producido una situación en que un tráfico de mantequilla adulterada organizado por delincuentes profesionales podría haberse traducido en riesgos para la salud, representando además una pérdida potencial para el presupuesto; pide que se impongan sanciones ejemplares a los adulteradores y a las empresas europeas involucradas, y que se remita al Parlamento Europeo cuanto antes toda la información sobre este asunto; lamenta que la Comisión no advirtiera a los consumidores contra los posibles riesgos para la salud cuando salió a la luz pública este caso en julio de 2000; espera que en el futuro la Comisión dé prioridad, por encima de cualquier otra investigación, a las cuestiones de salud pública; constata que, transcurridos casi dos años desde que OLAF hiciese publico este escándalo, la Comunidad no haya aprobado todavía ningún tipo de correcciones financieras contra las empresas responsables involucradas en este asunto, lo que contrasta claramente con lo que ocurre con violaciones de mucha menos gravedad (como la producción de leche por encima de la cuota láctea atribuida);

71.  Constata que la detección de irregularidades o fraude es responsabilidad de los Estados miembros (quienes tienen la obligación de comunicarlo a la Comisión), de los servicios de la Comisión, de la OLAF y del Tribunal de Cuentas); no obstante, tampoco puede decirse que los Estados miembros, tal como se señala en el Informe Especial 10/2001 del Tribunal de Cuentas, cumplan con su obligación de comunicar las irregularidades en relación con los Fondos Estructurales , y las cifras reales son probablemente mucho más elevadas;

72.  Pide a la Comisión que examine y revise el régimen existente de importación de productos agrícolas procedentes de terceros países a previos inferiores a los de la UE que se procesan en la UE y que se reexportan a terceros países;

73.  Pide a los Estados miembros, incluidas sus administraciones regionales, que sean más conscientes de la necesidad de combatir activamente las irregularidades, dado que un uso negligente o irregular de los créditos comunitarios, especialmente en el ámbito de las acciones estructurales, va de la mano de un uso igualmente negligente de los fondos aportados mediante cofinanciación por los presupuestos nacionales;

74.  Insta a la Comisión a aplicar correcciones financieras efectivas, conforme al Reglamento (CE) n° 448/2001 de la Comisión(31) en los casos de irregularidades en las acciones estructurales,

75.  Constata las cifras transmitidas por la Comisión, por propia iniciativa, con respecto a las dimensiones de las irregularidades por Estado miembro y el volumen de las recuperaciones en relación con los Fondos Estructurales desde la aplicación del Reglamento (CE) n° 1681/94(32); señala las importantes cantidades que deben algunos Estados miembros (Italia, España, Reino Unido y Alemania) y señala que quisiera estar informado sobre las razones del reducido índice de recuperación en relación con estos Estados;

Correcciones

76.  En relación con la liquidación de cuentas (FEOGA), recomienda en su citada Resolución de 4 de abril de 2001 que se mejore el procedimiento, especialmente mayores correcciones financieras para aquellos Estados miembros con deficiencias reiteradas en el sistemas de control, incluidos los retrasos en la creación del SIGC, y que se amplíe el plazo para la presentación de decisiones de conformidad de los 24 meses actuales a 36 meses, tal como ya se propuso en la mencionada resolución sobre la aprobación de la gestión de 1999; pide a la Comisión que presente las propuestas necesarias al respecto;

77.  Pide a la Comisión que, antes de la próxima aprobación de gestión, formule propuestas que permitan sancionar adecuadamente (por ejemplo, mediante reducción de adelantos o correcciones financieras) el incumplimiento de los criterios por parte de los organismos pagadores de los Estados miembros;

78.  Pregunta una vez más si el actual sistema de correcciones financieras es suficiente para alentar a los Estados miembros a combatir el fraude y las irregularidades; pide, de nuevo, a la Comisión que proponga una simplificación del procedimiento por incumplimiento, que permite que el Estado miembro pague una suma a tanto alzado o una multa si la Comisión estima que el Estado miembro implicado ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del presente Tratado (artículo 228);

79.  Pide a la Comisión que informe mejor al Parlamento sobre los progresos logrados en la mejora de la eficacia de la gestión de recuperación de pagos indebidos (acción 96 de la reforma interna de la Comisión); lamenta, de nuevo (cf. la citada Resolución de 28 de febrero de 2002) que la Comisión no haya seguido la recomendación del Parlamento y presentado una solicitud de iniciar los procedimientos de recuperación en un plazo de 3 meses a partir del momento de haber tenido conocimiento de las irregularidades a través del Tribunal de Cuentas;

80.  Felicita a la Comisión por las orientaciones en lo relativo a la aplicación del principio de proporcionalidad a la renuncia al cobro de la deuda; se congratula de que las orientaciones introduzcan procedimientos claros y transparentes para cancelar la deuda, de conformidad con los deseos del Parlamento;

81.  Pide que, una vez tomada la decisión de la Comisión, ésta informe al Parlamento Europeo, sobre la base para el cálculo de las correcciones financieras aplicadas a los Países Bajos y a España, en el marco de los Fondos Estructurales y del asunto del lino, respectivamente;

82.  Espera que los procedimientos de toma de decisión de la Comisión para las correcciones financieras sean abiertos y transparentes; recuerda el artículo 213 del Tratado, que establece que "los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones con absoluta independencia y en interés general de la Comunidad" y que "no podrán […] ejercer ninguna otra actividad profesional, retribuida o no"; recuerda el Código de Conducta de los Comisarios, que afirma que "la exclusión de todo riesgo de conflicto de intereses" ayudará a los miembros de la Comisión a "garantizar su independencia"; observa que, conforme al Código de Conducta, la función de los Gabinetes de los Comisarios es "actuar, cuando sea necesario, como interfaz entre los Comisarios y los departamentos de los que son responsables, pero sin interferir en la gestión de los mismos"; espera que los miembros de la Comisión y sus Gabinetes continúen observando este conjunto de normas; recuerda a la Comisión su compromiso de informar detalladamente, a petición del Parlamento, de toda corrección financiera específica, así como de los procedimientos que se sigan;

En relación con la OLAF

83.  Constata las limitaciones de acción de la OLAF, como se indica en el informe anual (capítulo III, punto 3.2) del Comité Supervisor de la OLAF, dada su imposibilidad de facilitar información precisa sobre las acciones emprendidas por las autoridades nacionales competentes en los diversos casos abiertos, así como sobre la imposición de sanciones administrativas o penales o sobre la recuperación de fondos; constata asimismo las limitaciones de ámbito de actuación (por ejemplo, el sector del IVA, tal como indicó el Tribunal de Cuentas en el punto 1.90 de su informe anual: "otro elemento susceptible de incrementar el riesgo de fraude es la falta de un fundamento jurídico claro para la coordinación internacional de las investigaciones en materia de IVA por parte de la OLAF/Comisión");

84.  Constata con preocupación la conclusión del informe del Comité Supervisor (capítulo IV, punto 3.1.1) según la cual pese a ser gran parte de los casos de la OLAF de naturaleza penal, la Oficina sólo ha remitido informes o información a las autoridades judiciales en muy pocos de ellos;

85.  Pide que se le informe sobre la función exacta de la OLAF en el contexto de la comprobación de fraudes a la legislación;

86.  Manifiesta su profunda preocupación por la aplicación efectiva del artículo 7 del Reglamento (CE) n° 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), en lo que se refiere a la comunicación de información entre instituciones y organismos comunitarios(33);

87.  Considera imperativo que la revisión de la reglamentación arriba referida zanje la cuestión del "reconocimiento", por parte de las autoridades nacionales, de las investigaciones de la OLAF y del curso que debe dárseles;

88.  Deplora que el Consejo Europeo de Niza, de diciembre de 2000, no aprobara la creación de una Fiscalía Europea (cf. COM(2000) 608); acoge con gran satisfacción el Libro Verde presentado en diciembre de 2001 (COM(2001) 715), atendiendo a las reiteradas peticiones del Parlamento Europeo, y considera que la creación de la citada Fiscalía es esencial para combatir eficazmente el fraude al presupuesto comunitario; pide que la creación de la fiscalía europea se incluya en la Convención, a fin de que su consagración en el Tratado se produzca antes de la ampliación;

89.  Solicita que se le informe plena y adecuadamente sobre los acontecimientos que se registren en relación con el "tráfico ilícito de productos basados en la mantequilla", el "Foro Europeo de Emigrantes", el "FSE", "Berlaymont", "ACEAL" e "IRELA"; lamenta que no hayan concluido las investigaciones internas de OLAF sobre las posibles medidas disciplinarias en relación con IRELA;

Ampliación

90.  Considera que la lucha contra el fraude y la protección eficaz de los intereses financieros de la Comunidad debe ser materia prioritaria en la agenda de los países candidatos, y pide a la Comisión que haga un esfuerzo especial para garantizar que, antes de la adhesión, todos los países candidatos hayan introducido auténticos sistemas de contabilidad, auditoría y control conformes con las normas de la UE en los ámbitos de gestión beneficiarios de asistencia financiera de la UE y en particular donde existe una gestión compartida de los créditos comunitarios; insiste en que en los informes anuales sobre la evolución de los países se incluya información clara y detallada sobre la ejecución de la ayuda financiera de preadhesión, sobre las medidas tomadas para su seguimiento y sobre los resultados de las auditorías y los controles in situ y en relación con el capítulo 28 (control financiero); señala, a este respecto, la importancia de una asistencia financiera y técnica de la UE más fuerte con miras a mejorar la capacidad administrativa de los países candidatos;

91.  Expresa su profunda preocupación por los escasos progresos logrados en el objetivo de informatización del sistema de tránsito comunitario desde la Comisión de Investigación del Parlamento; confía en que la Comisión presente propuestas concretas de mejora en el contexto del seguimiento de la aprobación de la gestión de 2000; pide que todas las posibles medidas necesarias se adopten antes de que cualquiera de los países candidatos se adhiera a la Unión y pide a la Comisión de Control Presupuestario revise la situación con carácter urgente; se remite asimismo a la Recomendación de la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo de 13 de marzo de 1997 sobre el régimen de tránsito comunitario;

Participación del Parlamento

92.  Encarga ya a su Presidente que defienda ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas los derechos del Parlamento Europeo en el caso de que el Consejo incorpore en el nuevo Reglamento Financiero disposiciones que impongan reservas de cualquier tipo al derecho de acceso del Parlamento a la información reconocido en el artículo 276 del Tratado CE, limitando así sus poderes de control;

Capítulos de gastos
Justicia y Asuntos de Interior (JAI)

93. a)  Pide al Tribunal de Cuentas que, en el inventario que lleva a cabo de las acciones en el ámbito de la política interna, reconozca explícitamente el título B5-8 "Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia" y le dedique la atención necesaria;

94.  Considera que el bajo porcentaje de ejecución de la línea presupuestaria B5-503 se debe principalmente a las severas condiciones establecidas en la convocatoria de propuestas; considera que la condición de la transnacionalidad como requisito para la subvencionabilidad no puede ir más allá, en general, de la exigencia de que exista una relación de cooperación transnacional establecida con socios de tres Estados miembros;

Agencias

95. a)  Considera que para la correcta evaluación de las necesidades financieras de las agencias independientes en el procedimiento presupuestario y para el control de su gestión financiera en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión se requiere una estrecha cooperación entre las comisiones interesadas;

Programas Daphne

96.  Pide a la Comisión que elabore sin demora un informe de evaluación sobre el programa Daphne, con arreglo a lo previsto en la Decisión nº 293/2000/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo(34) espera que la Comisión incorpore en el informe los resultados de las evaluaciones, así como información sobre la financiación comunitaria en los diferentes ámbitos de acción aplicados en el marco del programa; pide a la Comisión que informe, en particular, sobre el bajo nivel de utilización de los créditos de pago durante el ejercicio 2000;

Transporte transeuropeo

97.  Comprueba que en el presupuesto 2000 el porcentaje de ejecución de las líneas relativas a la red transeuropea de transportes fue satisfactorio; recomienda que se reduzca nuevamente el número de proyectos, concentrándose en aquellos proyectos que permitan suprimir importantes estrangulamientos en las redes de transporte RTE y que ofrezcan la seguridad de un valor añadido europeo;

Cooperación

98. a)  Constata que la reducción de la pobreza es el objetivo fundamental de la política de desarrollo comunitaria, y que para su consecución es necesario adaptarla a los términos y calendarios aprobados en la Cumbre del Milenio;

Acceso a los documentos

99. a)  Afirma que el Parlamento, en tanto que autoridad responsable de la aprobación de la gestión, debe tener el mismo acceso a los documentos de la Comisión que el Tribunal de Cuentas;

(1) DO C 359 de 15.12.2001. (2) DO C 370 de 27.12.2001. (3) DO C 359 de 15.12.2001. (4) DO C 359 de 15.12.2001 (5) DO L 161 de 26.6.1999, p. 1 (6) Protección de los intereses financieros de las Comunidades - Comisión, cf. informe anual 2000 (COM(2001) 255, apartado 12 (7) P5_TA(2002)0084. (8) DO C 342 de 20.11.2001. (9) DO C 329 de 23.11.2001. (10) DO C 168 de 12.6.2001. (11) DO C 328 de 30.11.2001. (12) DO L 336 de 30.12.2000, p. 82. (13) DO C 124 de 25.4.2001. (14) DO C 334 de 28.11.2001. (15) DO L 290 de 23.10.1997, p. 1. (16) DO C 314 de 8.11.2001, p. 26. (17) DO L 63 de 3.3.2001, p. 21. (18) DOC 34 E de 7.2.2002, p. 367. (19) DO L 160 de 15.6.2001, p. 2. (20) DO C 314 de 8.11.2001, p. 1. (21) DO L 97 de 12.4.1997, p. 12. (22) Información facilitada por la Comisión por correo electrónico el 7 de febrero de 2002. (23) Informe especial 2/1990 del Tribunal de Cuentas y nota de la DG IV "Restituciones a la exportación", p. 6. (24) DO L 388 de 30.12.1989, p. 18. (25) DO L 42 de 16.2.1990, p. 6. (26) Textos Aprobados, punto 11. (27) DO L 180 de 15.7.1999, p. 53. (28) DO C 309 de 16.11.1993 (29) Informe anual del Tribunal de Cuentas - apartado 2.77 (30) DO L 45 de 17.2.2000, p. 33. (31) DO L 64 de 6.3.2001, p. 13 (32) DO L 178 de 12.7.1994, p. 43. (33) DO L 136 de 31.5.1999, p. 1. (34) DO L 34 de 9.2.2000, p. 1.

1.Decisión del Parlamento Europeo que contiene las observaciones que forman parte integrante de la decisión por la que se aprueba la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto del 6°, 7° y 8° Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2000 (COM(2001) 233 - C5-0209/2001 - 2001/2096(DEC))

P5_TA(2002)0165 A5-0088/2002

El Parlamento Europeo,

−  Vistos los balances financieros y las cuentas de gestión del 6°, 7° y 8° Fondo Europeo de Desarrollo para el ejercicio 2000 (COM(2001) 233 – C5-0209/2001),

−  Visto el Informe anual del Tribunal de Cuentas sobre las actividades del 6°, 7° y 8° Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2000, acompañado de las respuestas de las instituciones (C5-0618/2001)(1),

−  Vista la Declaración de Fiabilidad del Tribunal de Cuentas sobre las actividades de los Fondos Europeos de Desarrollo (C5-0618/2001),

−  Vistas las Recomendaciones del Consejo de 5 de febrero de 2001 relativas a la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución de las actividades de los Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2000 (5787/2002 – C5-0118/2002, 5788/2002 – C5&nbhy;0119/2002, 5789/2002 – C5-0120/2002),

−  Visto el artículo 33 del Acuerdo interno entre los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación y a la gestión de las ayudas de la Comunidad en el marco del segundo Protocolo financiero del Cuarto Convenio ACP-CE(2),

−  Visto el artículo 276 del Tratado CE,

−  Visto el artículo 74 del Reglamento Financiero de 16 de junio de 1998 aplicable a la cooperación para la financiación del desarrollo con arreglo al IV Convenio ACP-CE(3),

−  Vistos el artículo 93 y el Anexo V de su Reglamento,

−  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Desarrollo y Cooperación (A5-0088/2002),

A.  Considerando que, en su Declaración de Fiabilidad sobre los Fondos Europeos de Desarrollo, el Tribunal de Cuentas llega a la conclusión de que, con algunas excepciones, las cuentas del ejercicio 2000 reflejan de manera fiable los ingresos y gastos del ejercicio así como la situación financiera al final del ejercicio,

B.  Considerando que el Tribunal de Cuentas examinó las operaciones subyacentes sobre la base de la documentación disponible, pero no llevó a cabo auditorías sobre el terreno en los Estados ACP para verificar la realidad de las obras, suministros o servicios subyacentes a la documentación,

C.  Considerando que el Tribunal de Cuentas estima que, en general aunque con algunas excepciones, las operaciones subyacentes a los estados financieros son legales y regulares,

1.  Aprueba la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto del 6°, 7° y 8° Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2000;

2.  Presenta sus observaciones en la resolución adjunta;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, y la resolución que forma parte integrante de la misma, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas, así como al Banco Europeo de Inversiones, y que disponga su publicación en el Diario Oficial (serie L).

2.Decisión del Parlamento Europeo sobre el cierre de cuentas del 6°, 7° y 8° Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2000 (COM(2001) 233 – C5-0209/2001 – 2001/2096(DEC))

El Parlamento Europeo,

−  Vistos los balances financieros y las cuentas de gestión del 6°, 7° y 8° Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2000 (COM(2001) 233 – C5-0209/2001),

−  Visto el Informe anual del Tribunal de Cuentas sobre las actividades del 6°, 7° y 8° Fondo Europeo de Desarrollo para el ejercicio 2000, acompañado de las respuestas de las instituciones (C5-0618/2001)(4),

−  Vista la Declaración de Fiabilidad del Tribunal de Cuentas sobre las actividades de los Fondos Europeos de Desarrollo (C5-0618/2001),

−  Vistas las Recomendaciones del Consejo de 5 de febrero de 2001 relativas a la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución de las actividades de los Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2000 (5787/2002 – C5-0118/2002, 5788/2002 – C5&nbhy;0119/2002, 5789/2002 – C5-0120/2002),

−  Visto el artículo 74 del Reglamento Financiero de 16 de junio de 1998 aplicable a la cooperación para la financiación del desarrollo con arreglo al IV Convenio ACP-CE(5),

−  Vistos el artículo 93 y el Anexo V de su Reglamento,

−  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Desarrollo y Cooperación (A5-0088/2002),

1.  Toma nota de que, a 31 de diciembre de 2000, la situación financiera del 6°, 7° y 8° Fondos Europeos de Desarrollo era la siguiente:

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la resolución que contiene sus observaciones a la Comisión, al Consejo, al Tribunal de Cuentas, así como al Banco Europeo de Inversiones, y que disponga su publicación en el Diario Oficial (serie L).

3.Resolución del Parlamento Europeo que contiene las observaciones que forman parte integrante de la decisión por la que se aprueba la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto del 6°, 7° y 8° Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2000 (COM(2001) 233 – C5-0209/2001 – 2001/2096(DEC))

El Parlamento Europeo,

−  Vistos los balances financieros y las cuentas de gestión del 6°, 7° y 8° Fondo Europeo de Desarrollo para el ejercicio 2000 (COM(2001) 233 – C5-0209/2001),

−  Visto el Informe anual del Tribunal de Cuentas sobre las actividades del 6°, 7° y 8° Fondo Europeo de Desarrollo para el ejercicio 2000, acompañado de las respuestas de las instituciones (C5-0618/2001)(6),

−  Vista la Declaración de Fiabilidad del Tribunal de Cuentas sobre las actividades de los Fondos Europeos de Desarrollo (C5-0618/2001),

−  Vistas las Recomendaciones del Consejo de 5 de febrero de 2001 relativas a la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución de las actividades de los Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2000 (5787/2002 – C5-0118/2002, 5788/2002 – C5&nbhy;0119/2002, 5789/2002 – C5-0120/2002),

−  Visto el artículo 33 del Acuerdo interno entre los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación y a la gestión de las ayudas de la Comunidad en el marco del segundo Protocolo financiero del Cuarto Convenio ACP-CE(7),

−  Visto el artículo 74 del Reglamento Financiero de 16 de junio de 1998 aplicable a la cooperación para la financiación del desarrollo con arreglo al IV Convenio ACP-CE(8),

−  Vistos el artículo 93 y el Anexo V de su Reglamento,

−  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Desarrollo y Cooperación (A5-0088/2002),

A.  Considerando que, de conformidad con el artículo 74 del Reglamento Financiero de 16 de junio de 1998, la Comisión debe tomar todas las medidas oportunas para dar curso a las observaciones contenidas en las decisiones de aprobación de la gestión,

B.  Considerando que el principal objetivo de la cooperación al desarrollo de la Comunidad Europea es reducir la pobreza,

C.  Considerando que con la celebración del Acuerdo de Cotonú de 23 de junio de 2000(9) se han sentado nuevas bases para la asociación entre los países ACP y la Unión Europea entre cuyos objetivos se contempla la reforma de la cooperación financiera,

D.  Considerando que, en lugar de destinarse a proyectos específicos, la ayuda consistirá cada vez más en programas sectoriales de apoyo presupuestario,

E.  Considerando que la información es todavía imprecisa; confía en que en los próximos ejercicios presupuestarios las cifras proporcionadas sean plenamente fiables y pide, concretamente, que se aclaren los términos y resultados de la aplicación de la condicionalidad social en relación con las ayudas al ajuste estructural,

F.  Considerando que la ayuda se centrará cada vez más en sectores clave y en inversiones de envergadura para un número limitado de programas;

G.  Considerando que la Comisión ha tomado medidas concretas en el contexto de un plan de acción (creación de EuropeAid, refuerzo de las delegaciones de la Comisión, simplificación de los procedimientos) en respuesta a las solicitudes contenidas en la Resolución del Parlamento Europeo de 6 de julio de 2000 que contiene las observaciones que acompañan la decisión del Parlamento Europeo de aprobar la gestión de la Comisión en la ejecución del 6°, 7° y 8° Fondo Europeo de Desarrollo para el ejercicio 1998(10),

H.  Considerando que todavía es pronto para evaluar la eficacia de dichas medidas destinadas a mejorar el rendimiento de los servicios y delegaciones de la Comisión,

I.  Considerando que el presupuesto de 2000 es el primero que la actual Comisión, que asumió sus funciones en septiembre de 1999, ejecuta bajo su propia responsabilidad,

Presupuesto y ejecución presupuestaria en 2000

1.  Lamenta que los fondos destinados a las infraestructuras y servicios sociales, según las estimaciones preliminares de la Comisión correspondientes al ejercicio 2000, sean inaceptablemente bajos; recuerda los resultados del procedimiento presupuestario para el ejercicio 2002, a través de los cuales la Comisión se ha comprometido a modificar esta situación, de acuerdo con los objetivos establecidos;

2.  Toma nota de que en 2000 el volumen de compromisos y el volumen de pagos fueron considerablemente superiores a los del año anterior:

3.  Toma nota de que en 2001 se produjo un nuevo y significativo incremento de los pagos;

4.  Se congratula por esta evolución, pero considera que es demasiado pronto para decir si el problema fundamental del retraso en la aplicación de los FED quedará definitivamente resuelto en los próximos años;

Control de la ayuda

5.  Subraya que un sistema de información transparente acorde con los estándares del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) es un primer paso para una aproximación más orientada a los resultados, e insiste en que los indicadores de resultados del desarrollo en relación con los objetivos son una prioridad para la Comisión; pide que el Parlamento sea exhaustivamente informado y consultado sobre este proceso;

6.  Reitera su opinión(11) según la cual la concesión de nuevas ayudas debe quedar supeditada a la presentación y aplicación eficaz de programas de reforma para mejorar la calidad de la gestión de la hacienda pública en los países receptores; subraya una vez más la importancia de los siguientes puntos:

7.  Insiste en que la Comisión tiene que aumentar y mejorar sustancialmente sus servicios de auditoría para cumplir con dichos requisitos;

8.  Se congratula de la respuesta transmitida el 15 de marzo de 2002 sobre los puntos problemáticos referentes al número y el carácter de las auditorías realizadas por la Comisión en 2000; expresa su satisfacción ante la explicación pormenorizada y sistemática sobre la forma en que se pretende que se desarrollen las actividades de auditoría de la Comisión; deplora, no obstante, que la Comisión no pueda proporcionar ningún tipo de información adicional sobre la lista de auditorías realizadas en 2000 ya que la DG AIDCO mantiene un inventario bastante básico de las auditorías descentralizadas (véase la respuesta de la Comisión del 13 de marzo de 2002);

9.  Pregunta a la Comisión si, basándose en el sistema aplicado en la actualidad, puede realizar una declaración de fiabilidad de que todos los fondos FED se han gastado de forma legal y regular y con arreglo a los principios de una gestión financiera buena y eficaz, sobre todo en lo que respecta a:

10.  Pide a la Comisión que explique cómo el actual sistema de control garantizará que los fondos del FED se gastarán de forma legal y regular con una utilización incrementada de las ayudas presupuestarias directas;

11.  Pide a la Comisión que transmita al Parlamento su programa indicativo de auditorías sobre gastos en el marco del FED para 2002 realizadas por sus servicios centrales o bajo su estrecha supervisión, entendiendo que dichas auditorías sobre el terreno evaluarán la aplicación de las medidas destinadas a mejorar la administración pública en los Estados ACP y verificarán la realidad de las obras, suministros o servicios financiados por los FED;

12.  Lamenta que todavía no haya mejorado el seguimiento de los resultados de las auditorías efectuado por los servicios de la Comisión; está de acuerdo con el Tribunal en que las inspecciones practicadas sobre el terreno con arreglo a las instrucciones de la propia Comisión o de los ordenadores de pago del FED deben tener un carácter especial;

13.  Pide a la Comisión que proporcione una explicación más convincente de las razones por las que los casos de gastos no elegibles por valor de unos 14 millones de euros señalados en un estudio del Tribunal de Cuentas(12) aún no se han llevado a buen término;

14.  Pide a la Comisión que suspenda los pagos a Senegal mientras no se cumpla una sentencia del tribunal senegalés relativa a la malversación de aproximadamente 6 millones de euros de un proyecto perteneciente al séptimo FED, detectada por una auditoría que se llevó a cabo en 1995(13);

15.  Toma nota de la tendencia continuada que está experimentando la cooperación tradicional en forma de proyectos hacia un cambio consistente en destinar una proporción creciente de los fondos llamados "instrumentos de desembolso rápido" -principalmente la ayuda al ajuste estructural- al apoyo directo a los presupuestos; cree que la Comisión y el Parlamento deben emprender un análisis minucioso de las ventajas e inconvenientes de esta aproximación e insta a la Comisión a que presente una comunicación sobre este tema;

16.  Pide a la OLAF que le informe de todas las investigaciones iniciadas, en curso o concluidas en 2000; observa que actualmente la OLAF presta su asistencia a Kenia en una investigación penal sobre graves alegaciones referentes a un procedimiento de licitación; pide que se le mantenga informado sobre este asunto;

17.  Observa que no se han tomado medidas disciplinarias a raíz de la investigación administrativa sobre la eficacia de la gestión y las medidas de control sobre la utilización de los fondos de contrapartida en Costa de Marfil, Tanzania y Togo; recuerda(14) que en estos países se han producido evidentes casos de fraude, entre ellos, en Costa de Marfil con equipos médicos a precios inflados por unos 28 millones de euros; espera que se le informe de los posibles futuros casos en cuanto se produzcan;

18.  Considera que la complementariedad con las políticas de desarrollo de los Estados miembros y la coordinación con otros donantes constituyen un elemento fundamental para alcanzar los objetivos citados; pide, en este sentido, que para los próximos procedimientos de aprobación de la gestión la Comisión presente al Parlamento información concreta sobre las acciones llevadas a cabo conjuntamente con otros donantes, así como los resultados de las mismas;

19.  Constata los retrasos en la gestión de proyectos cofinanciados con ONG; solicita a la Comisión información sobre la simplificación y armonización de los procedimientos;

Centro para el desarrollo de las empresas (CDE)

20.  Observa que la contribución del FED al CDE en el ejercicio 2000 se elevó a 18.738 euros; lamenta que, durante el período 1997-1999, hayan existido graves problemas en la gestión del Centro, incluyendo una falta de supervisión de los contratos, gastos de representación elevados y viajes costosos; lamenta que el informe sobre la auditoría realizada en el ejercicio 1999 por los auditores designados por el Comité de embajadores ACP-CE revelase que, en general, no se había producido ninguna mejora en la gestión financiera del Centro en 1999; se felicita de que la Comisión haya iniciado una auditoría adicional para el período 1997/98/99; espera recibir una copia cuando haya finalizado dicha auditoría; señala a la Comisión que volverá referirse a este asunto en el marco de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2001;

Secretaría ACP

21.  Desaprueba que la Comisión firmara, el 9 de marzo de 2000, un acuerdo de financiación de 18 millones de euros para el período 2000-2004 a favor de la Secretaría ACP, con sede en Bruselas, lo que representa un 50% de aumento anual respecto del anterior período de financiación:

22.  Pide a la Comisión que informe a la Secretaría ACP de que debe respetar, en todos los casos, las sentencias definitivas de los tribunales belgas sobre asuntos que aún están pendientes;

23.  Pide a la Comisión que cumpla la recomendación del Tribunal de Cuentas(15) y que pida a la Secretaría ACP no solamente los estados financieros anuales y los informes de auditoría externa sino también los informes de actividad que incorporen indicadores de rendimiento, con el fin de realizar el seguimiento de los resultados y atender las solicitudes de financiación;

Competencias presupuestarias y legislativas del Parlamento Europeo respecto de los FED

24.  Reitera su opinión(16) de que es anómala la situación actual, en la que el Parlamento Europeo tiene que adoptar una decisión anual de aprobación de la gestión para los FED sin disponer al mismo tiempo de las correspondientes competencias presupuestarias y legislativas; pide de nuevo que se incluyan los recursos de los FED en la parte del presupuesto general de la Unión Europea relativa a la cooperación al desarrollo;

Declaración de fiabilidad

25.  Observa que el Tribunal realizó una declaración de fiabilidad positiva, pero que esta institución afirma que, en caso de pagos efectuados en países ACP, las auditorías financieras señalan que algunas operaciones no subvencionables pueden haberse imputado al FED (véase "Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes"); observa que las inspecciones practicadas sobre el terreno en Estados ACP no corrieron a cargo del Tribunal, por lo que cuestiona la utilidad de la declaración de fiabilidad;

Descentralización

26.  Pide a la Comisión que informe plenamente al Parlamento sobre la puesta en marcha del proceso de desconcentración hacia las delegaciones en los países en desarrollo, así como de los resultados de la gestión de la ayuda por las delegaciones;

27.  Insiste en que el Parlamento debe estar plenamente implicado en la evaluación de las delegaciones piloto seleccionadas para el proceso de desconcentración, así como informado de la evaluación del rendimiento de las delegaciones, que será un elemento crucial para futuras decisiones en materia de personal;

Acceso a los documentos

28.  La aprobación de la gestión del FED para el ejercicio 2000 ha demostrado una vez más que las normas del actual Acuerdo marco sobre la transmisión de informaciones confidenciales resultan insatisfactorias para el Parlamento en su calidad de autoridad competente para la aprobación de la gestión; las normas

29.  Afirma la necesidad de que el Parlamento tenga acceso a documentos originales completos sin alteraciones previas ni omisión de texto;

30.  Encarga a su Presidente que inicie sin demora negociaciones destinadas a la revisión del acuerdo marco, y que garantice que el nuevo acuerdo es conforme a los principios adoptados por el Parlamento en su Resolución de 4 de abril de 2001 sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 1999(17);

31.  Advierte al Consejo que no adopte nuevos reglamentos financieros en los que se limite el pleno ejercicio del derecho que tiene el Parlamento a la información necesaria para llevar a cabo las tareas relacionadas con la aprobación de la gestión;

32.  Encarga a su Presidente que inicie un procedimiento ante el Tribunal de Justicia si el Consejo adoptase reglamentos financieras que limitasen las atribuciones de control del Parlamento en el ámbito presupuestario;

o
o   o

33.  Pide a la Comisión que, antes del 31 de mayo de 2002, le informe sobre las medidas adoptadas para dar curso a las observaciones contenidas en la presente resolución; pide a su Comisión de Control Presupuestario que analice esta información y elabore un informe de seguimiento a la resolución de aprobación de la gestión del ejercicio 2000.

(1) DO C 359 de 15.12.2001, p. 417. (2) DO L 156 de 29.5.1998, p. 108. (3) DO L 191 de 7.7.1998, p. 53. (4) DO C 359 de 15.12.2001, p. 417. (5) DO L 191 de 7.7.1998, p. 53. (6) DO C 359 de 15.12.2001, p. 417. (7) DO L 156 de 29.5.1998, p. 108. (8) DO L 191 de 7.7.1998, p. 53. (9) DO L 317 de 15.12.2000, p. 3. (10) DO L 234 de 16.9.2000, p. 37. (11) Apartados 20 y 21 de su Resolución de 24 de octubre de 2001 sobre la aprobación de la gestión de lOs FED para el ejercicio 1999, (DO L 321 de 6.12.2001, p. 25.) (12) Véase el apartado 58 del Informe anual 2000 del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2000. (13) Véase el apartado 60 del Informe anual 2000 del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2000. (14) Comunicado de prensa de la Comisión n° IP/00/64 de 20.1.2000. (15) Apartado 51 del Informe annual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2000. (16) Apartado 30 de su Resolución sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 1999, véase Acta de 24 de octubre de 2001. (17) DO L 160 de 15.6.2001, p. 2.

1.Decisión del Parlamento Europeo por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) para el ejercicio 2000 (C5-0043/2002 - 2001/2101(DEC))

P5_TA(2002)0166 A5-0079/2002

El Parlamento Europeo,

-  Vistos los estados financieros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero a 31 de diciembre de 2000(1) y el informe del Tribunal de Cuentas sobre los mismos(2),

-  Visto el informe anual del Tribunal de Cuentas relativo a la CECA para el ejercicio 2000 (incluida la declaración de fiabilidad relativa a la CECA), acompañado de las respuestas de la Comisión (C5-0043/2002)(3),

-  Visto el Tratado CECA, en particular su artículo 78 octavo,

-  Vistos el artículo 93 y el Anexo V de su Reglamento,

-  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A5-0079/2002),

1.  Aprueba la gestión de la Comisión en lo referente a la CECA por lo que respecta a los importes relativos a la ejecución del presupuesto operativo para el ejercicio 2000, que se adjuntan;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución adjunta;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente decisión, así como la resolución que forma parte integrante de la misma, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas, al Banco Europeo de Inversiones y al Comité Consultivo de la CECA y que disponga su publicación en el Diario Oficial (serie L).

2.Resolución del Parlamento Europeo que contiene las observaciones que forman parte integrante de la decisión por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) para el ejercicio 2000 (C5&nbhy;0043/2002 - 2001/2101(DEC))

El Parlamento Europeo,

-  Vistos el artículo 78 octavo y el artículo 97 del Tratado CECA,

-  Visto el Protocolo anejo al Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas concluido en Niza el 26 de febrero de 2001 y relativo a las consecuencias financieras de la expiración del Tratado CECA y sobre el fondo de investigación del carbón y el acero(4),

-  Visto el Informe Financiero sobre la CECA para el ejercicio 2000, publicado por la Dirección General de la Comisión Europea para Asuntos Económicos y Financieros (Servicio de Operaciones Financieras),

-  Vistos los estados financieros de la CECA a 31 de diciembre de 2000(5), y el informe del Tribunal de Cuentas sobre los mismos(6)

-  Visto el apartado 7 del artículo 89 del Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977, en virtud del cual todas y cada una de las instituciones de la Comunidad están obligadas a tomar todas las medidas necesarias para dar efecto a las observaciones del Parlamento Europeo relativas a la ejecución de los gastos,

-  Visto el informe del Tribunal de Cuentas relativo a la CECA para el ejercicio 2000 (incluida la declaración de fiabilidad relativa a la CECA), acompañado de las respuestas de la Comisión (C5-0043/2002)(7),

-  Vista la Declaración Conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión relativa a las disposiciones post-CECA aprobada el 21 de noviembre de 2001 en el marco del procedimiento presupuestario "a tres bandas" (Consejo de la Unión Europea)(8),

-  Vista la Recomendación del Consejo de 5 de marzo de 2002 (C5-0124/2002),

-  Vistas las Resoluciones de 20 de julio de 1998(9) y de 21 de junio de 1999 del Consejo(10),

-  Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Consultivo CECA, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones "Expiración del Tratado CECA: actividades financieras después del 2002" (COM(2000)518), el cual contiene propuestas de Decisiones del Consejo, ahora modificadas en función del Protocolo del Tratado de Niza (COM(2001)121),

-  Visto el informe de seguimiento sobre el ejercicio financiero 1999 presentado por la Comisión (COM(2001) 735),

-  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A5-0079/2002),

A.  Considerando que, en razón de la próxima expiración del Tratado CECA, la CECA dejó de conceder nuevos créditos a partir de fondos prestados desde 1997 y tampoco durante el año 2000 llevó a cabo ninguna actividad crediticia, si bien a 31 de diciembre de 2000 los créditos pendientes ascendían a 1 851 millones de euros para los fondos prestados y a 130 millones de euros para los fondos propios,

B.  Considerando que en 2000 la CECA continuó financiando actividades de investigación y de reorganización de personal, con unos compromisos de 81 millones de euros adicionales procedentes de su presupuesto operativo en el primer caso y de 31 millones en el segundo caso, y un tercer compromiso de 19 millones de euros para el programa Rechar de medidas sociales en el sector del carbón,

C.  Considerando que desde el 1 de enero de 1998 la exacción CECA sobre los productos del carbón y del acero, que hasta entonces constituía uno de los recursos principales del presupuesto, está fijada por la Comisión en el 0%,

D.  Considerando que la principal fuente de los fondos de la CECA está representada ahora por el saldo neto de la gestión de las diferentes reservas y la anulaciones de los compromisos no ejecutados,

E.  Considerando que el balance de la CECA disminuye continuamente desde 1997 y acusa un retroceso de 504 millones de euros con respecto a 1999, constituyendo los préstamos a entidades crediticias y clientes un 54% del total de los activos en 2000,

F.  Considerando que la cuenta de pérdidas y ganancias acusa un retroceso de 75,3 millones de euros con respecto al ejercicio precedente, que las pérdidas netas derivadas de operaciones financieras han disminuido de 42 a 24 millones de euros y, por lo que se refiere a los rendimientos, que los intereses han disminuido de 254 a 249 millones de euros y que los rendimientos vinculados con el presupuesto operativo han caído de 105 a 75 millones de euros,

G.  Considerando que el nivel de reservas alcanzará previsiblemente el 100% de los créditos aún pendientes no cubiertos por garantías estatales antes del 23 de julio de 2002, y considerando que a 31 de diciembre de 2000, el Fondo de Garantía ascendía a 565 millones de euros, es decir, un 98,8% de dichos créditos;

H.  Considerando que en la Resolución del Consejo Europeo sobre el crecimiento y el empleo adoptada en Amsterdam los días 16 y 17 de junio de 1997 y en la Resolución del Consejo de 21 de junio de 1999 sobre el futuro de la CECA se pedía que el rendimiento de las reservas se utilizara para financiar un fondo de investigación en beneficio de las actividades relacionadas con los sectores del carbón y del acero,

I.  Considerando que la Comisión Europea, en su Comunicación anteriormente citada (COM(2000) 518), señaló que los activos en liquidación de la CECA ascenderán a 1 600 millones de euros en 2002,

J.  Considerando que el importe que reste tras la devolución de la deuda pendiente puede considerarse como "fondos propios" de la UE, que deberían devengar unos intereses anuales del orden de 45 millones de euros, importe que se destinará a la investigación en el ámbito del carbón y del acero (al margen del programa marco de investigación),

K.  Considerando que la expiración del Tratado CECA el 23 de julio de 2002 entrañará la desaparición plena del régimen jurídico y de los procedimientos de la CECA, así como la disolución del Comité Consultivo instituido por este Tratado,

L.  Considerando que el 10 de octubre de 2001 el Tribunal de Cuentas aprobó el informe anual sobre la CECA en el curso del ejercicio 2000,

M.  Considerando que el Tribunal de Cuentas ha concluido que los estados financieros de la CECA a 31 de diciembre de 2000 ofrecen una imagen fidedigna del patrimonio y de la situación financiera de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero a 31 de diciembre de 2000, así como del resultado de sus operaciones relativas al ejercicio cerrado en esa misma fecha,

N.  Considerando que el Tribunal es de la opinión de que la legalidad y la regularidad de las operaciones están, en su conjunto, suficientemente garantizadas, concediendo de este modo una declaración de fiabilidad positiva,

1.  Acoge con satisfacción los progresos realizados en la supresión paulatina de las actividades de la CECA, en particular sus préstamos y bonificaciones de intereses, pero lamenta los retrasos en la conclusión de un fundamento jurídico consensuado para el nuevo Fondo de Investigación del Carbón y el Acero, que sustituirá a la CECA en sus actividades en este ámbito;

2.  Observa que las previsiones de gastos para ayudas de rehabilitación en 2000 efectuadas en base a las estimaciones facilitadas por los Estados miembros sobrestimaron los gastos en un 46% y que el excedente resultante, junto con las anulaciones de compromisos, ha contribuido a una nueva mejora del coeficiente de solvencia,

3.  Acepta los argumentos de la Comisión relativos a la imposibilidad de evaluar por separado -sin tener en cuenta los muchos otros factores implicados- las repercusiones reales del Tratado CECA sobre la expansión económica, el empleo y el nivel de vida; no obstante, insta a la Comisión a que publique un folleto donde se resuma la labor de la CECA desde sus inicios;

4.  Insta a la Comisión a que publique lo antes posible una evaluación global de la investigación financiada por la CECA, y en particular una evaluación del programa de investigación sobre el carbón y los criterios propuestos para la sección de nuevos proyectos de investigación en esta materia, tal y como ya se ha hecho para el sector de acero; considera que estas evaluaciones deben constituir la base de la labor del nuevo Fondo de Investigación del Carbón y el Acero;

5.  Observa que el 100% de los créditos pendientes tras el 23 de julio de 2002 y no garantizados por uno de los Gobiernos de los Estados miembros quedarán cubiertos por las reservas de la CECA; reconoce la estrategia de gestión financiera prudente de la CECA adoptada por la Comisión Europea hasta la expiración del Tratado;

6.  Toma nota de los progresos realizados en la disminución de los costes administrativos, reflejados en el documento "Expiración del Tratado CECA: repercusiones sobre los costes administrativos en la Comisión" (remitido a la Comisión de Control Presupuestario por la Comisaria Schreyer el 8 de marzo de 2001); pide a la Comisión que informe al Parlamento Europeo de los resultados de su Estrategia de Política Anual para 2003 en relación con la reorganización del personal actualmente adscrito a la administración de las actividades de la CECA;

7.  Se congratula por los progresos realizados en la transferencia al Comité Económico y Social de la experiencia adquirida en el contexto de la CECA y apoya a la Comisión en sus esfuerzos por promover una nueva estructura de trabajo en el seno del Comité Económico y Social para responder a las cuestiones relacionadas con la transformación industrial, una estructura que incorpore las mejores prácticas desarrolladas en el ámbito de los sectores del carbón y del acero;

8.  Insta a la Comisión a que inicie negociaciones con los países candidatos para definir su participación en el nuevo fondo de investigación en cuanto se haya constituido éste, y pide a la Comisión que informe al Parlamento Europeo de la marcha de dichas negociaciones;

9.  Pide a la Comisión que explique el motivo del retraso en la mejora de las cuentas relativas a créditos a funcionarios, con especial referencia a la presentación de los informes restantes prometidos para finales de 2001 en sus respuestas al punto 22 del informe anual del Tribunal de Cuentas relativo a la CECA para el ejercicio 2000;

10.  Acoge con satisfacción la valoración positiva que el Tribunal de Cuentas hace de la gestión del presupuesto en el ejercicio 2000, así como la introducción por la Comisión de un sistema de evaluación de rendimientos que ha revelado un índice medio de rendimiento de activo líquido del 4,72% en 2000; no obstante, considera que dicho índice debería ir acompañado de un índice de rentabilidad de referencia en los próximos ejercicios si se quiere que los auditores puedan realizar una evaluación coherente;

11.  Pide a la Comisión, por consiguiente, que presente al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta sobre orientaciones de inversión y un objetivo de índice de rentabilidad de los activos financieros por ella gestionados, en particular los actualmente gestionados por la CECA y que se convertirán en la principal fuente para el propuesto Fondo de Investigación del Carbón y del Acero; sugiere que este objetivo de índice de rentabilidad se vincule a un cálculo objetivo de los índices de rentabilidad media de los bonos del Tesoro en los Estados miembros de la UE;

12.  Pide además a la Comisión que explique las medidas que piensa adoptar para garantizar que todos los ingresos derivados de estas gestión financiera queden estrictamente limitados al Fondo de Investigación y no se desvíen en parte al presupuesto general;

13.  Insta una vez más a la Comisión a que garantice la máxima transparencia al revelar datos que afecten al valor de los activos de la CECA;

14.  Insiste en que el Parlamento Europeo seguirá velando por que se gaste con eficacia el dinero del contribuyente, especialmente con fines de investigación en los sectores del carbón y el acero, incluso tras la desaparición de la CECA.

ANEXO

BALANCE DE LA CECA A 31 DE DICIEMBRE DE 2000

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA CECA

(1) DO C 185 de 30.6.2001, p. 2. (2) DO C 363 de 19.12.2001, p. 40. (3) DO C 366 de 20.12.2001, p. 1. (4) DO C 80 de 10.3.2001, p. 67. (5) DO C 185 de 30.6.2001, p. 2. (6) DO C 363 de 19.12.2001, p. 40. (7) DO C 366 de 20.12.2001, p. 1. (8) SN 4609/01 Rev 1. (9) DO C 247 de 7.8.1998, p. 5. (10) DO C 190 de 7.7.1999, p.1.

Decisión por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2000 (Sección I - Parlamento Europeo) (SEC(2001) 530 - C5-0238/2001 - 2001/2103(DEC))

P5_TA(2002)0167 A5-0098/2002

El Parlamento Europeo,

−  Vistos la cuenta de gestión y el balance financiero relativos al ejercicio 2000 (SEC(2001) 530 – C5-0238/2001),

−  Vistos el Informe del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2000 y las respuestas de las instituciones (C5-0617/2001) (1),

−  Vista la declaración de fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones presentada por el Tribunal de Cuentas de conformidad con el artículo 248 del Tratado CE (C5-0617/2001),

_  Vistos los artículos 275 del Tratado CE, 78 quinto del Tratado CECA y 179 bis del Tratado CEEA,

−  Vistos el artículo 77 del Reglamento Financiero y el artículo 13 de las Normas internas de ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo,

−  Visto su Reglamento y, en particular, el apartado 3 del artículo 184,

−  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A5-0098/2002),

1.  Toma nota de las cifras con que se cerraron las cuentas del Parlamento Europeo para el ejercicio 2000, concretamente:

Ejecución presupuestaria

2.  Toma nota del elevado nivel de ejecución presupuestaria puesto de manifiesto por:

3.  Reconoce, no obstante, que la imagen en general positiva en relación con el índice de utilización resulta distorsionada por el recurso sistemático a la transferencia de remanentes al final del ejercicio, que en los últimos años se ha venido utilizando para reunir créditos disponibles en todo el presupuesto del Parlamento con el fin de efectuar inyecciones de capital mediante el reembolso anticipado de los importes adeudados en relación con los edificios de la Institución;

4.  Toma nota, por lo que se refiere al nivel de utilización de los créditos de líneas presupuestarias concretas, de que fue posible transferir 4 410 000 euros de la partida 1100 ("Sueldos base") y 4 200 000 euros de la partida 1870 ("Intérpretes y operadores de conferencia") como parte de la transferencia de remanentes C 10 y, posteriormente, otros 700 000 euros de la partida 1870 como parte de la transferencia de remanentes C 10 (complementaria); recuerda que el hecho de que la Administración no mantuviera un registro correcto de los costes de interpretación durante el ejercicio 2000 indujo al Interventor a emitir la denegación de visado nº 01/6; encarga a la Administración que, a más tardar el 1 de julio de 2002, le informe del resultado de la investigación administrativa prometida en la decisión de hacer caso omiso firmada por la Presidenta el 13 de diciembre de 2001;

5.  Acoge con satisfacción la información recogida en el informe nº 1/1 del Interventor a la Institución de que la tasa de error (definida en términos de documentos presupuestarios devueltos para corrección y finalización, como porcentaje del número total presentado) cayó del 8,4% en 1999 al 7% en 2000 y de que del total de documentos controlados (33 335), solamente 8 dieron lugar en último extremo a una denegación de visado del Interventor (de las que 5 fueron objeto de decisión de hacer caso omiso), con el reflejo en ambas cifras de una tendencia descendente; se muestra preocupado por el hecho de que el gran número de errores que ahora se detectan y corrigen gracias a la labor del Interventor pasen desapercibidos en caso de que, a raíz de la introducción del sistema de auditoría interna propuesto, se suprima la verificación ex ante;

6.  Toma nota de la conclusión del Tribunal de Cuentas en su comunicación de 12 de noviembre de 2001 relativa a las decisiones de hacer caso omiso de las denegaciones de visado durante el ejercicio 2000, según la cual este aspecto del control interno funciona con normalidad en el sentido de que pone de manifiesto anomalías de la gestión administrativa;

7.  Comprueba, no obstante, que algunos casos que dieron lugar a denegaciones de visado en 2000 no conllevaron una "obligación jurídica previa"; se pregunta si la Administración no debería haber presentado estos casos para una decisión de hacer caso omiso; insiste en que los ordenadores deben asumir personalmente la responsabilidad de los errores y las infracciones jurídicas que den lugar a estos casos; pide a la Administración que tome rápidamente medidas correctivas, incluida la suspensión inmediata de las propuestas en cuestión, en vez de recurrir prácticamente de manera automática al procedimiento de hacer caso omiso de una denegación de visado;

Presentación de las cuentas

8.  Toma nota de la observación del Tribunal de Cuentas en su Informe Anual 2000 (apartado 7.3) de que el planteamiento general adoptado por las Instituciones con respecto al análisis de la gestión presupuestaria no informa a los lectores de las características más significativas de los gastos del ejercicio, y de su crítica de que el Parlamento no explica el procedimiento para emplear créditos no utilizados de otras líneas presupuestarias en las amortizaciones de principal sobre edificios; está de acuerdo con el Tribunal en que las Instituciones en general y el Parlamento en particular deben facilitar en el futuro un análisis más global, centrado en las principales tendencias en los gastos y en los elementos patrimoniales fundamentales y que presenten indicadores clave de economía y eficiencia;

9.  Considera que las cuentas del Parlamento, incluidos el balance y la cuenta de gestión, tal como se publican junto con las de las demás Instituciones en el "compte de gestion" (3) elaborado por la Comisión, deberían presentarse de un modo más sencillo de usar (análogamente a la presentación del informe de una empresa a sus accionistas), para poder ser accesibles para todos los ciudadanos de la Unión y de fácil comprensión para un lector normal, sin necesidad de conocimientos especializados de contabilidad o del funcionamiento financiero de la Unión Europea;

10.  Encarga a su Secretario General que presente a la Comisión de Control Presupuestario para el 1 de julio de 2002 un documento de trabajo sobre la viabilidad y las repercusiones financieras de la revisión de la presentación de las cuentas del Parlamento;

11.  Señala que, aunque el Tribunal de Cuentas emite una sola declaración de fiabilidad basada en las cuentas consolidadas de todos los ingresos y gastos de la Comunidad, de conformidad con el apartado 1 del artículo 248 del Tratado CE, dicha declaración de fiabilidad incluye observaciones en cuanto a la legalidad y la regularidad de las operaciones efectuadas por Instituciones determinadas; pide al Tribunal que, en aras de una mayor transparencia, examine la posibilidad de emitir una declaración de fiabilidad separada para cada Institución en su próximo informe anual; pide a su Secretario General que ponga a disposición de la Comisión de Control Presupuestario la carta sectorial del Tribunal de Cuentas y las respuestas de la Administración;

12.  Señala, en vista de que el estado de ingresos del Parlamento incluye 19 600 463 euros correspondientes a la contribución del personal a la financiación del régimen de pensiones (artículo 401) y 1 290 126 euros correspondientes a la contribución de los miembros a un régimen de pensión de jubilación (artículo 910), que sería conveniente que el balance del Parlamento recogiera una explicación del modo en que debe otorgarse la liberación de estas responsabilidades potenciales, por ejemplo, haciendo referencia a las notas sobre compromisos fuera de balance anexas a las cuentas consolidadas de la Unión Europea;

Gestión

13.  Acoge con satisfacción los progresos de la introducción de la gestión por actividades en la gestión del Parlamento Europeo, pero considera los resultados bastante modestos y de carácter preliminar; pide medidas más ambiciosas; subraya la necesidad de delegar poderes y responsabilidades en un nivel administrativo inferior y la necesidad de clarificar y aplicar los deberes y responsabilidades individuales de cada miembro del personal;

14.  Toma nota de las recomendaciones del informe intermedio del estudio externo "Repertorio operativo de oficios y puestos (ROME PE)"(4) para la mejora de la eficiencia de los recursos humanos del Parlamento Europeo; propone que se tomen en consideración las recomendaciones junto con las propuestas existentes de reforma del personal con miras a promover la eficiencia de la gestión y a clarificar las responsabilidades del personal y la obligación de rendir cuentas de los funcionarios;

15.  Destaca el compromiso del Parlamento de crear un servicio de auditoría interna independiente de conformidad con el Reglamento (CE, CECA, Euratom) nº 762/2001 del Consejo por el que se modifica el artículo 24 del Reglamento Financiero(5); toma nota de la Decisión de la Mesa de 28 de noviembre de 2001 de crear un servicio de esta índole; subraya que este servicio debe ser independiente, y disponer de la posibilidad de ponerse directamente en contacto con el Presidente del Parlamento cuando el auditor interno observe asuntos de gravedad; pide encarecidamente a la Mesa que apruebe, con carácter prioritario, los cambios necesarios en sus Normas Internas de ejecución del presupuesto; considera que el auditor interno debe ser un profesional del sector sumamente cualificado y experimentado, capaz de llevar a cabo su cometido de manera totalmente independiente y con arreglo a las normas internacionales pertinentes; considera que las experiencias que han vivido recientemente algunos bancos y algunos importantes grupos de empresas, que han registrado unas pérdidas catastróficas debido a la insuficiencia de los controles internos, ponen de manifiesto que el debilitamiento de los mecanismos de control iría en detrimento de la buena gestión del dinero de los contribuyentes europeos; insiste en que se proteja la independencia de los interventores y de la función de control de una subordinación a los gestores del gasto;

Política de personal

16.  Apoya el principio subyacente a la política de movilidad del personal; acepta, en casos excepcionales, la necesidad de flexibilidad en el sistema con el fin de mantener la continuidad y la estabilidad en momentos concretos, cuando para la realización de tareas importantes son necesarios funcionarios con una experiencia considerable en un ámbito determinado; considera que el Parlamento debería recurrir con más frecuencia a personal no permanente para la realización de determinadas tareas especializadas;

17.  Lamenta la escasa proporción de mujeres en puestos de responsabilidad; solicita al Secretario General que considere la existencia de este déficit y que en la cobertura de nuevas plazas se tienda a la equiparación entre hombres y mujeres;

18.  Señala que el Parlamento Europeo ha intervenido en repetidas ocasiones a favor de la igualdad de oportunidades, especialmente para la promoción de las mujeres a puestos de responsabilidad en las Instituciones europeas; recuerda a este respecto la Resolución de 11 de febrero de 1994, sobre la presencia de las mujeres en los órganos de decisión(6) en la que se pide a las Instituciones europeas, en su calidad de empresarios, que fijen objetivos para emplear a mujeres y para que un porcentaje determinado de puestos directivos estén ocupados por mujeres, y, en el caso de que no se consigan estos objetivos en el año 2000, que introduzcan regímenes de cuotas (los objetivos para el año 2000 preveían que fueran mujeres el 40% de las personas contratadas, el 30% en la categoría A y el mismo porcentaje en los demás grados);

19.  Lamenta profundamente que no se haya puesto en práctica este compromiso del Parlamento; constata que en el período comprendido entre julio de 2000 y diciembre de 2001 se nombró a hombres para ocupar tres puestos A1, a dos hombres y sólo a una mujer para ocupar tres puestos A2 y a ninguna mujer para doce puestos A3, pese a que varias mujeres habían presentado sus candidaturas; critica la alarmante situación que se vive actualmente en el Parlamento Europeo; desea saber cuál es el estatuto del COPEC en los procedimientos de contratación y promoción;

20.  Exige que, como se hace en la Comisión, se fije de forma inmediata un número anual de mujeres para ocupar puestos de responsabilidad (A3, A2 y A1), y se reserva la posibilidad de cuestionar todas las demás promociones a estos puestos cuando la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no designe a las mujeres cuya candidatura haya sido aceptada;

21.  Alienta a la Administración a que tome todas las medidas adecuadas para facilitar el trabajo a tiempo parcial en todas las Direcciones Generales cuando así lo soliciten funcionarios y funcionarias;

22.  Es consciente del nivel relativamente bajo de mujeres en puestos de responsabilidad en la Administración del Parlamento; insta a su Secretario General a que siga una política de movilidad interinstitucional que aumente el número de candidatas a los puestos de responsabilidad del Parlamento;

23.  Toma nota de que la aplicación de las normas que regulan el intercambio de funcionarios con las administraciones nacionales y regionales dio lugar a dos denegaciones del visado en 2000 (nº 00/04 y 00/08) respecto de las que la Administración no solicitó que se hiciera caso omiso; pide al Secretario General que informe de la aplicación de la política de intercambio de funcionarios desde que ocurrieron estos acontecimientos;

24.  Toma nota de los casos que ilustran las posibilidades de abuso del sistema de ponderación de las pensiones del personal, puestos de manifiesto en los informes del Interventor a la Institución nº 00/03 y 01/01; observa que la Administración acaba de revisar sus procedimientos internos con arreglo a las recomendaciones del Interventor; pide al Secretario General que mantenga un enfoque de vigilancia en relación con la verificación de las declaraciones del lugar de residencia por parte de los pensionistas; pide a su Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior que, cuando estudie la próxima propuesta de la Comisión destinada a modificar el Estatuto de los funcionarios, examine si debe mantenerse el actual sistema de ponderación de las pensiones del personal;

25.  Expresa su satisfacción por la tendencia sostenida a reducir el número global y el coste de las misiones de los funcionarios entre los tres lugares de trabajo del Parlamento y, en particular, entre Luxemburgo y Bruselas, como ponen de manifiesto las cifras siguientes:

26.  Recuerda el apartado 9 de su Decisión de 4 de abril de 2001(7) sobre la concesión de la aprobación de la gestión para el ejercicio 1999 relativo a las investigaciones de la OLAF sobre las cuestiones derivadas de las denegaciones del visado nº 99/07, y nº 99/09 y pide a la OLAF que le comunique sus resultados inmediatamente;

Formación

27.  Subraya la importancia de aumentar la eficiencia del uso de los recursos humanos existentes mediante medidas de formación y reorganización en lugar de recurrir al incremento del organigrama;

28.  Acoge con satisfacción la organización de cursos de iniciación en materia de contabilidad y auditoría, pero considera que estos cursos no pueden sustituir a unas cualificaciones profesionales y a una experiencia profesional adecuadas; considera que los cursos de corta duración no son adecuados para los gestores;

29.  Insta a que, además de la formación obligatoria en gestión financiera para todos los nuevos ordenadores, todos los funcionarios con responsabilidades de gestión sigan un curso de gestión de recursos humanos; hay que animar a quienes ya ocupan puestos de gestión a que también lo hagan;

30.  Expresa su sorpresa ante el hecho de que el número de funcionarios que participaron en programas de formación profesional en 2000 haya sido inferior al de 1999, al igual que el número de cursos ofrecidos; insiste en que todos los funcionarios deben tener la oportunidad de desarrollar nuevas cualificaciones y de mejorar las que ya poseen; insiste en que se haga hincapié en las cualificaciones profesionales particularmente necesarias para el servicio de que se trate;

31.  Reconoce el trabajo ya iniciado en cada una de las direcciones generales para establecer planes propios de formación y la existencia de inscripciones en línea para cursos de formación profesional para el personal; reconoce la necesidad de apoyar las posibilidades de formación si se quiere que el Parlamento haga frente a los nuevos desafíos y trabaje más eficientemente;

Reclutamiento

32.  Considera que los concursos generales deben desarrollarse sobre una base interinstitucional y que el Parlamento, como otras Instituciones, debe poder proceder a reclutamientos a partir de una lista común de candidatos seleccionados, con el fin de garantizar una función pública europea común, ahorrar costes y mejorar la movilidad subsiguiente entre las Instituciones; espera la decisión definitiva por la que se crea una oficina interinstitucional de contratación; considera que en el proceso de contratación debería tomarse debidamente en consideración un análisis de las aptitudes de los candidatos para trabajar en equipo;

Lugares de trabajo y edificios

33.  Toma nota de que incluso los costes variables de un período de sesiones ordinario de 5 días en Estrasburgo son un 33% superiores a los de Bruselas, además de otros costes, mucho más elevados, debidos a edificios, gastos de hotel, etc.; admite que la decisión relativa a los lugares de reunión del Parlamento está recogida en el Tratado, pero recuerda que se hizo contra la voluntad del Parlamento; pide a su Secretario General que facilite a la Convención sobre el futuro de Europa un análisis pormenorizado del coste que supone el mantenimiento de tres lugares de trabajo;

34.  Observa, por el contrario, que la reducción de 5 a 4 días de los períodos de sesiones en Estrasburgo, que amputa a los períodos de sesiones de 1/8 de su duración, da lugar a unos ahorros irrisorios (0,97% del coste total de la reunión);

35.  Destaca firmemente que la cuestión de los costes de inversión del nuevo edificio LOW de Estrasburgo debe resolverse inmediatamente, y pide a los socios principales y a los principales accionistas del promotor del edificio, al Ayuntamiento de Estrasburgo y a la Región de Alsacia que contribuyan a resolver este asunto; lamenta que el Parlamento Europeo haya tenido que acudir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para resolver el litigio sobre la fecha contractual de conclusión del edificio LOW; subraya que los litigios entre el promotor y los subcontratistas del edificio LOW no deben tener ninguna repercusión en el coste de inversión final;

36.  Recuerda que la firma del contrato del edificio LOW fue el objeto del Informe especial nº 5/95(8) del Tribunal de Cuentas; recuerda asimismo los apartados 13, 14 y 15 de su Resolución de 13 de abril de 2000(9) por la que se aplaza la aprobación de la gestión del Parlamento para el ejercicio 1998, en los que expresaba su preocupación por la aplicación de los pagos provisionales de intereses y las multas por la demora en la entrega; insiste en que no debe procederse a reembolsos de capital hasta que el coste final de inversión se haya acordado entre las partes o se haya determinado de otro modo;

37.  Destaca la necesidad de economizar en la utilización del espacio con objeto de limitar el coste presupuestario de los nuevos edificios D4/D5;

38.  Toma nota de la evaluación del uso del garaje, en la que se indica que no se necesitarán más plazas de aparcamiento para el Parlamento Europeo después de la ampliación;

39.  Encarga a su Secretario General, de conformidad con la recomendación del Tribunal de Cuentas en su Informe Anual 2000 (apartado 7.35), que modifique su nomenclatura presupuestaria para distinguir entre alquileres, gastos de adquisición y otros tipos de gasto, como cánones enfitéuticos, en el marco de una posible opción de compra;

40.  Toma nota de que la liquidación por el Parlamento del pago de los edificios D1, D2 y D3 de Bruselas el 15 de enero de 2001 y la fructífera estrategia de inyecciones de capital permitirán obtener ahorros sustanciales en los futuros pagos de intereses por el capital pendiente;

Grupos políticos

41.  Recuerda que, en el ejercicio 2000, la utilización por los grupos políticos de los créditos puestos a su disposición por el Parlamento Europeo en las partidas presupuestarias 3707 y 3708 estaba regulada por las normas aprobadas por la Mesa el 14 de diciembre de 1998; toma nota de que, mientras que las partidas 3707 y 3708 representaron en 2000 alrededor del 3% del presupuesto del Parlamento, el Tribunal de Cuentas(10) evalúa la parte total atribuible a los grupos políticos (partidas 3707 y 3708 junto con personal, locales y equipo) en un 13%; señala que, de conformidad con las normas pertinentes de la Mesa, los informes de los grupos políticos sobre su utilización de los créditos para el ejercicio 2000 son de dominio público(11); toma nota de la decisión de la Mesa relativa a la línea presupuestaria 3701 como consecuencia de las respuestas de los grupos políticos al Informe especial del Tribunal de Cuentas;

42.  Recuerda que las normas pertinentes de la Mesa(12) facultan a la Comisión de Control Presupuestario para elaborar un informe anual sobre la base del estado de ingresos y gastos, el balance financiero y el certificado del auditor transmitidos por los grupos políticos;

43.  Observa el conflicto que existe entre la necesidad de separar las responsabilidades de la Administración del Parlamento y las de los grupos políticos, por una parte, y el Reglamento Financiero, por otra, que no prevé explícitamente ninguna separación de esta índole; encarga a la Mesa del Parlamento que vele por que las normas del Parlamento en materia de ejecución del Reglamento Financiero incluyan una disposición en la que se defina el estatuto específico de los grupos políticos de modo que puedan regularse de manera clara y adecuada sus responsabilidades; recuerda las observaciones del Tribunal de Cuentas de que las diferencias entre los procedimientos de auditoría utilizados por los diferentes auditores hacen que estas auditorías externas tengan una eficacia limitada en la evaluación de los mecanismos globales de control aplicables a la línea presupuestaria 3701; espera que la situación mejore sensiblemente en el futuro tras la decisión de limitar la elección de auditores externos a una corta lista de empresas de auditoría reconocidas a nivel internacional y a un marco de auditoría común;

44.  Considera que, teniendo en cuenta la Decisión de 6 de julio de 2000 sobre la aprobación de la gestión(13), las disposiciones relativas a los gastos y responsabilidades de los grupos políticos deberían definirse de manera más clara y precisa en el marco de la campaña de información, con objeto de permitir la identificación de los partidos políticos de los diputados en sus respectivos contextos nacionales y evitar la responsabilidad colectiva de todas las agrupaciones políticas; pide a la Mesa que emprenda la revisión necesaria;

45.  Observa, por lo que se refiere a los certificados emitidos por los auditores externos seleccionados por los grupos políticos, que la información y las garantías de la fiabilidad de las cuentas contenidas en los mismos y las verificaciones efectuadas por el auditor acusan variaciones muy considerables de un grupo a otro;

46.  Toma nota de que los estados de ingresos y gastos ponen de manifiesto en el ejercicio 2000 un nivel relativamente bajo de utilización de los créditos y, en consecuencia, un nivel elevado de prórrogas al ejercicio siguiente, y toma nota de las observaciones del Tribunal de Cuentas en su Informe especial n° 13/2000, (punto 19) en cuanto al riesgo de mala gestión financiera, a menos que las prórrogas estén acompañadas por un volumen equivalente de compromisos;

47.  Toma nota, por lo que se refiere a los balances de los grupos políticos, de que por lo general no recogen una información suficientemente clara acerca de los bienes que los grupos adquieren con los créditos puestos a su disposición por el Parlamento Europeo ni tampoco constan estos bienes en el balance financiero de la Institución, como señala el Tribunal de Cuentas en su Informe anual relativo al ejercicio 2000 (apartado 7.10);

48.  Apoya la recomendación del Tribunal de Cuentas en su Informe especial n° 13/2000 (apartado 48) de que se publiquen las cuentas certificadas de los grupos políticos; encarga a su Secretario General que reserve una sección de la página web del Parlamento para la publicación de las cuentas certificadas de los grupos políticos;

49.  Reitera su solicitud, expresada en su Resolución de 13 de abril de 2000(14) y en la citada Decisión de 4 de abril de 2001, de que el Tribunal de Cuentas lleve a cabo una auditoría de la situación financiera de los grupos políticos cada dos años con el fin de asistir a la Comisión de Control Presupuestario en la elaboración del informe exigido por el artículo 2.7.3 de la Reglamentación relativa a la utilización de los créditos previstos en la partida 3701(15);

50.  Toma nota de la observación del Tribunal de Cuentas (en su Informe Especial n° 13/2000 (apartado 21) según la cual, en las relaciones con terceros, se considera que las decisiones de los grupos políticos en cuanto a contratos laborales, de alquiler y de compra se toman con la autorización del Parlamento y comprometen su responsabilidad; reconoce que ello hace que a menudo se considere a la Administración del Parlamento responsable de decisiones que están fuera de su control; pide al Servicio Jurídico que elabore un dictamen en el que recomiende una solución para este problema de la responsabilidad financiera y contractual y que se apliquen unas normas precisas que indiquen claramente las responsabilidades en cuanto a la ejecución del presupuesto y al personal (incluidas las reclamaciones y las cuestiones relacionadas con la legislación laboral) entre la Administración del Parlamento y los grupos políticos;

51.  Observa que, dos años después de la publicación del Informe especial n° 13/2000 del Tribunal de Cuentas, todavía no se ha aprobado el fundamento jurídico pertinente para una financiación transparente de los partidos políticos europeos; critica, en particular, al Consejo por no haber sido capaz de capitalizar los progresos realizados a este respecto durante la Presidencia belga, y pide a las Presidencias española y danesa que garanticen la consecución de un acuerdo durante el año en curso;

Diputados no inscritos

52.  Encarga a su Comisión de Control Presupuestario que, en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión para el ejercicio 2001, lleve a cabo un examen completo y detallado de las subvenciones pagaderas a los diputados no inscritos, similar al realizado para los grupos políticos;

Inventario

53.  Acoge con satisfacción el hecho de que por primera vez el valor de los activos inmovilizados registrado en el balance financiero se ha actualizado para reflejar su depreciación(16); reitera la petición formulada en su Resolución de 6 de julio de 2000(17) de que en el balance financiero de cada ejercicio se informe en detalle del inventario material permanente; toma nota de la conclusión del Interventor(18) de que la introducción del sistema ELS ha proporcionado un marco para mejorar la gestión, el control y el registro de los movimientos de inventario, pero sigue habiendo margen para continuar reforzando los controles internos, en particular, en cuanto al procedimiento de puesta fuera de servicio;

54.  Toma nota de la respuesta del Parlamento Europeo Informe Anual 2000 del Tribunal de Cuentas (apartado 7.10) de que es consciente de que el inventario no recoge los bienes adquiridos por los grupos políticos con los créditos que se les proporcionan y de que tratará de aportar una solución con la ayuda de los grupos políticos;

55.  Recuerda la Recomendación del Tribunal en su Informe especial n° 13/2000 (apartado 66) de que deben establecerse unas normas claras en relación con la propiedad y el inventario de los bienes adquiridos con los créditos pertinentes para garantizar la protección y la gestión óptimas de todo el equipo de que disponen los grupos; recuerda la observación del Tribunal de Cuentas en ese mismo informe (apartado 23) de que los créditos reservados para los grupos políticos no constituyen una subvención a un órgano externo, sino una delegación de la ejecución de estos créditos en un órgano interno que, por lo tanto, debe atenerse al marco reglamentario aplicable al gasto presupuestario; encarga a su Secretario General que presente un informe a la Comisión de Control Presupuestario para el 1 de julio de 2002 con propuestas de modalidades de inclusión en el inventario de los bienes adquiridos por los grupos políticos con fondos del Parlamento;

Adjudicación de contratos

56.  Reconoce que el Secretario General facilita actualmente a la Comisión de Control Presupuestario los informes trimestrales de la CCCC (Comisión Consultiva de Compras y Contratos), como le pidió en su Decisión de 4 de abril de 2001; toma nota de que, de conformidad con el Informe anual de la CCCC relativo al ejercicio 2000, se mantiene la tendencia a recurrir a procedimientos de licitación para la adjudicación de contratos, frente a la celebración de contratos por contratación directa o por procedimiento negociado, como se indica en el cuadro siguiente, pero sigue considerando muy elevado el nivel de contratos no adjudicados por licitación:

57.  Recuerda la necesidad de anunciar los procedimientos de licitación con la mayor amplitud posible, entre otros medios, dirigiéndose a organismos profesionales y asociaciones mercantiles e insertando anuncios en publicaciones especializadas; recomienda, con miras a garantizar la máxima transparencia en el caso de los procedimientos restringidos, que la licitación no se organice hasta después de que se haya publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en internet una convocatoria de manifestaciones de interés o información previa;

58.  Insiste en que en los procedimientos restringidos la base geográfica de los proveedores invitados a la licitación debe ser lo más amplia posible; acoge con satisfacción la información recogida en el informe de la CCCC relativo al ejercicio 2000 según la cual, siguiendo instrucciones del Secretario General y con el fin de aumentar la seguridad jurídica y de reducir la duración de los procedimientos, se han elaborado documentos contractuales estandarizados y condiciones generales y se han facilitado a los servicios del Parlamento en todas las lenguas; pide que se recurra en mayor medida a los criterios medioambientales sobre el ciclo de vida de los productos;

Contrato de servicios de seguridad en Estrasburgo

59.  Recuerda que, de conformidad con el apartado 16 de la mencionada Resolución del Parlamento de 13 de abril de 2000 por la que se aplaza la aprobación de la gestión para el ejercicio 1998, se pidió al Tribunal de Cuentas que examinara los problemas relacionados con los contratos de servicios de seguridad y, en particular, la aplicabilidad a una licitación determinada de una norma nacional francesa relativa al sector de la seguridad; toma nota de que el Tribunal comparte la preocupación manifestada por el Interventor al expresar la denegación de visado nº 00/5; pide al Servicio Jurídico un dictamen sobre la compatibilidad de este aspecto de la legislación francesa con el Derecho comunitario, con miras a garantizar una competencia leal en este tipo de procedimientos de adjudicación de contratos;

60.  Señala que la decisión de la Mesa de hacer caso omisión de la denegación de visado se tomó sobre la base del informe del Servicio Jurídico que contenía una apreciación de las disposiciones pertinentes de la legislación nacional y comunitaria; pide, no obstante, al Secretario General que se asegure de que, con ocasión de la próxima renovación del contrato de seguridad de Estrasburgo, el contratista saliente facilita la información necesaria a sus sucesores potenciales en la fase adecuada del procedimiento de licitación;

Administraciones de anticipos

61.  Se pregunta si todavía son necesarias las administraciones de anticipos, y pide al Secretario General del Parlamento Europeo que justifique los motivos de su mantenimiento;

Política de información

62.  Llama la atención sobre los relativamente escasos recursos presupuestarios asignados a información y comunicación (25 millones de euros en 2000, lo que supone solamente el 2,5% del presupuesto total del Parlamento); toma nota de que casi la mitad de dicho importe se utiliza para el programa de visitas del Parlamento, que también debe modernizarse; espera, por lo tanto, el cumplimiento de unas normas generales para las dietas relacionadas con la distancia; considera necesario, por consiguiente, el incremento adecuado de los recursos presupuestarios para información en paralelo con una revisión estratégica del contenido y los métodos de la política de información del Parlamento y una mejor sinergia con otras Instituciones;

63.  Toma nota del altísimo porcentaje de jóvenes que ha supuesto casi la mitad del total de visitantes del Parlamento Europeo a lo largo del programa de visitas; señala la necesidad de diseñar de nuevo el programa de visitas de manera que resulte más atractivo para los más jóvenes, por ejemplo, haciendo el máximo uso de los equipos audiovisuales y multimedios y empleando instrumentos pedagógicos interactivos;

64.  Subraya el papel central de las oficinas exteriores de información del Parlamento Europeo en la difusión de información acerca de la Institución en los Estados miembros y asimismo en la recopilación de reacciones y respuestas del público; considera que el inicio del debate público sobre el futuro de Europa le confiere un carácter de urgencia; toma nota de que los locales compartidos con la Comisión, la aplicación conjunta del programa PRINCE y el Grupo de trabajo interinstitucional sobre información permitirán ahorros de costes que pueden utilizarse para mejorar los resultados; pide que se le mantenga informado de las actividades del Grupo de trabajo interinstitucional sobre información;

65.  Es consciente de los objetivos del programa anual de trabajo fijados por la DG III (Dirección General de Información y Relaciones Públicas) para las oficinas de información y pide que se evalúe rigurosamente si se logran los objetivos y si es rentable este empleo de recursos; aprueba el interés puesto en el establecimiento de relaciones más estrechas con los medios de comunicación visual a los niveles nacional y regional así como el mejor recurso a los diputados en estas áreas para personalizar ante el público la actividad del Parlamento; pide que se facilite a todos los diputados que lo soliciten el material para presentaciones (transparencias para proyecciones, vídeos, etc.) que pueda servirles de ayuda para explicar las funciones y el funcionamiento del Parlamento a grupos de visitantes y a sus electores;

66.  Pide a los órganos de gobierno del Parlamento que apliquen una política de transparencia en sus prácticas relativas a las subvenciones y dietas, haciendo públicas, de manera comprensible, tanto las reglamentaciones como otras decisiones e interpretaciones relevantes para el cálculo de dichas subvenciones y dietas en el caso del transporte de visitantes;

67.  Comprueba que la DG III no gestiona en la actualidad la página web pública del Parlamento; considera que las actividades Internet del Parlamento deberían formar parte integrante de sus actividades de información y relaciones públicas, y que ello podría representar una utilización más eficaz de los recursos; pide, por consiguiente, a su Secretario General que examine la posibilidad de transferir la responsabilidad del mantenimiento de las actividades Internet del Parlamento a la DG III;

68.  Considera que la norma no escrita seguida por la Administración, según la cual no se aceptan grupos mixtos de visitantes de diferentes Estados miembros, es contraria al objetivo fundamental de promover los contactos europeos en que radica el programa; considera que las normas y los procedimientos del Parlamento Europeo, en particular los relativos a los grupos de visitantes, deberían prestar más atención a los objetivos de los programas que a su carga administrativa;

Dietas de los diputados

69.  Recuerda que el 10 de abril y el 6 de julio de 2000 la Mesa aprobó enmiendas al artículo 14 de la Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los diputados(19) para su entrada en vigor el 1 de enero de 2001; señala que en el curso de su trabajo de auditoría, el Tribunal de Cuentas expresó su opinión de que la Administración del Parlamento Europeo y el Interventor debían examinar las nuevas disposiciones e informar acerca de su conformidad con el Reglamento Financiero para finales de 2001; pide al Secretario General que presente un informe a la Comisión de Control Presupuestario para el 1 de julio de 2002;

70.  Reconoce la importancia de velar por la existencia de las garantías necesarias para la protección de los derechos de los asistentes contratados por los diputados, incluida una cobertura de seguro y de seguridad social adecuada, y de realizar este objetivo mediante la plena aplicación del artículo 14 de la Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los diputados, y mediante la aprobación de un estatuto de los asistentes;

71.  Considera que es necesario clarificar la situación de los asistentes parlamentarios, así como las disposiciones contractuales que se les aplican, mediante la elaboración de un estatuto para esta categoría de personal; opina que dicho estatuto debería proporcionar una base reglamentaria para el empleo de todos los asistentes acreditados (que trabajen a tiempo total o parcial para uno o más diputados); considera, no obstante, que dicho estatuto debería incluir una excepción para los proveedores de servicios contratados para llevar a cabo labores específicas y limitadas en el tiempo; subraya que, aunque los diputados sigan teniendo la responsabilidad del nombramiento, el tipo de remuneración y el despido de sus asistentes personales, la responsabilidad global de velar por que las disposiciones administrativas y contractuales en materia de remuneración y seguridad social se apliquen de manera adecuada y transparente recae sobre la Administración del Parlamento;

72.  Recuerda las recomendaciones del Tribunal de Cuentas de que los pagos de los gastos y las dietas de viaje y estancia reflejen el coste real del viaje y el tiempo real de desplazamiento; recuerda que la Administración ya utiliza este sistema en aquellos casos en los que los diputados celebran reuniones fuera del territorio de la Comunidad Europea (Artículo 3 de la Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los diputados);

El asunto relativo al Servicio de Dietas de los Diputados

73.  Toma nota de que se ha iniciado el procedimiento previsto en el artículo 22 del Estatuto de los Diputados y de que se encuentra en la fase preparatoria con miras al establecimiento de las responsabilidades en relación con la discrepancia de 4 136 125 BEF entre la situación real de caja y las cuentas correspondientes en 1982; pide que se actualice claramente este asunto que viene arrastrándose desde hace casi 20 años;

Medio ambiente

74.  Considera que habría que esforzarse más por reducir la cantidad de papel que se utiliza en el Parlamento; pide a su Secretario General que examine el desarrollo de un interfaz seguro en Intranet para la presentación y firma de enmiendas, preguntas parlamentarias, declaraciones por escrito y otros formularios y documentos parlamentarios que se presentan actualmente en papel; considera que esto también daría lugar a un aumento adicional de la eficiencia; pide a su Secretario General que se dejen de distribuir en versión papel aquellos documentos parlamentarios (como, por ejemplo, órdenes del día de las comisiones, comunicaciones a los miembros, etc.) que pueden transmitirse también por correo electrónico o a través de Intranet, y que haga copias múltiples del material sobre relaciones públicas a disposición de los diputados únicamente previa solicitud del mismo;

75.  Destaca la necesidad de que se apliquen a los nuevos edificios los principios relativos a la administración ecológica (por ejemplo, plan de movilidad sostenible, incluida la creación de un centro/servicio de gestión de la movilidad, potencial de eficiencia energética y utilización de energías renovables);

76.  Encarga a su Secretario General que mejore las prácticas habituales de gestión medioambiental y que presente con carácter anual cifras sobre el consumo de papel, agua, energía y otros indicadores de importancia;

Conclusión

77.  Señala a la atención de la Administración su viva preocupación, expresada en la presente Resolución, en relación con toda una serie de deficiencias de gestión en muchos ámbitos de la aplicación del presupuesto, y le pide que saque las conclusiones necesarias;

o
o   o

78.  Concede al Secretario General la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 1999;

79.  Autoriza que se otorgue la liberación de responsabilidad al Contable por lo que se refiere al ejercicio 2000;

80.  Encarga a su Presidente que transmita la presente decisión a la Comisión, al Consejo, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo Europeo, y que disponga su publicación en el Diario Oficial (serie L).

(1) DO C 359 de 15.12.2001. (2) Incluido el presupuesto rectificativo y suplementario n° 2/2000. (3) Compte de gestion et bilan financier afférents aux opérations du budget de l'exercice 2000 (volume III – SEC(2001) 530 – FR). (4) PE 305.179/MESA. (5) DO L 111 de 20.4.2001, p. 1. (6) DO C 61 de 28.2.1994, p. 248. (7) DO L 160 de 15.6.2001, p. 25. (8) DO C 27 de 31.1.1996, p. 1. (9) DO C 40 de 7.2.2001, p. 398. (10) Informe Especial nº 13/2000 sobre los gastos de los grupos políticos del Parlamento Europeo, junto con las respuestas del Parlamento Europeo, nota al apartado 5 (DO C 181 de 28.6.2000) (11) Artículo 8 de la Reglamentación relativa a la utilización de los créditos previstos en la partida 3707 y artículo 5 de la Reglamentación relativa a la utilización de los créditos previstos en la partida 3708 (véase el Acta de la Mesa de 14.12.1998). (12) Véase la nota anterior y la Reglamentación de la Mesa relativa a la partida 3701, aprobada el 11 de diciembre de 2000 y que entró en vigor el 1 de enero de 2001. (13) DO C 121 de 24.4.2001, p. 366. (14) DO C 40 de 7.2.2001, p. 398. (15) PE 298.252/MESA/def. - véase las actas de la Mesa de 11.12.2000 y 1.2.2001. (16) Notas de acompañamiento del balance financiero del Parlamento, "compte de gestion", p. 96. (17) DO C 121 de 24.4.2001, p. 366. (18) Informe nº 01/1 para la Institución y respuestas (nota del Secretario General a la Mesa, de 24.4.2001). (19) PE 133.116/CUEST.

Decisión del Parlamento Europeo por la que se aprueba la gestión del Consejo de Administración de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo en lo que se refiere a la ejecución de su presupuesto para el ejercicio 2000 (C5&nbhy;0126/2002 - 2001/2111(DEC))

P5_TA(2002)0168 A5-0101/2002

El Parlamento Europeo,

–  Visto el informe del Tribunal de Cuentas sobre los estados financieros y la gestión de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2000, acompañado de las respuestas de la Fundación(1) (C5-0126/2002),

–  Vista la Recomendación del Consejo de 5 de marzo de 2002 (C5-0122/2002),

–  Visto el artículo 276 del Tratado CE,

–  Vistos el artículo 93 y el Anexo V de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A5-0101/2002),

A.  Considerando que la Fundación Europea para la Mjeora de las Condiciones de Vida y Trabajo (Fundación de Dublín) continúa su misión de contribuir al establecimiento de mejores condiciones de vida y de trabajo, mediante medidas tendentes a desarrollar y difundir los conocimientos adecuados para coadyuvar a esta evolución, aplicando seis prioridades de investigación a medio plazo, en particular, en los ámbitos de las prácticas del empleo, la participación de los trabajadores, la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la salud y el bienestar, y el desarrollo sostenible,

B.  Considerando que la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, con arreglo a lo establecido por el Código de Conducta de 14 de julio de 1998, se encarga de la supervisión de la Fundación de Dublín, que en el ejercicio de 2000 recibió una subvención de 14 700 000 euros,

C.  Considerando que el Parlamento procedió a la aprobación de la gestión el 4 de abril de 2001(2) y transmitió esta decisión al Consejo de Administración de la Fundación para la ejecución del presupuesto del ejercicio 1999, y que además: