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Textos aprobados
Martes 16 de diciembre de 2003 - Estrasburgo
Demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los privilegios de Giuseppe Gargani
 Demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los privilegios de Olivier Dupuis
 Fondo de Cohesión ***
 Semillas (2004-2005) *
 Leche y productos lácteos en las Azores *
 Retirada de tierras para 2004/2005 *
 OCM del tabaco crudo *
 Acuerdo de cooperación científica y tecnológica CE/EE.UU. *
 Emisiones de dióxido de carbono y consumo de combustible de los vehículos N1 ***II
 Precursores de drogas ***II
 Cultura 2000 ***I
 Estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros ***I
 Convención: aprobación de la gestión 2002 ***
 Medidas de inaplicación y competencias de ejecución (IVA) *
 Régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes *
 Control de las actividades de pesca en la Antártida *
 Medidas técnicas aplicables a las actividades de pesca en la Antártida *
 Células y tejidos humanos ***II
 Ofertas públicas de adquisición (OPA) ***I
 Profesiones liberales

Demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los privilegios de Giuseppe Gargani
PDF 24kWORD 29k
Decisión del Parlamento Europeo sobre la demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los privilegios de Giuseppe Gargani (2003/2182(IMM))
P5_TA(2003)0553A5-0421/2003

El Parlamento Europeo,

−  Recibida la demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria de Giuseppe Gargani en relación con un proceso pendiente ante el Tribunal de Milán, Sala I de lo Civil, Juez Instructor Sr. Rossa, y comunicada en la sesión plenaria del 25 de septiembre de 2003,

−  Vistos el artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, de 8 de abril de 1965, así como el apartado 2 del artículo 4 del Acta relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

−  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de mayo de 1964 y de 10 de julio de 1986(1),

−  Vistos los artículos 6 y 6 bis de su Reglamento,

−  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior (A5&nbhy;0421/2003),

A.  Considerando que Giuseppe Gargani fue elegido diputado al Parlamento Europeo en las quintas elecciones por sufragio universal directo, celebradas del 10 al 13 de junio de 1999, y que sus credenciales fueron verificadas por el Parlamento Europeo el 15 de diciembre de 1999(2),

B.  Considerando que los diputados al Parlamento Europeo no pueden ser buscados, detenidos ni procesados por las opiniones o los votos por ellos emitidos en el ejercicio de sus funciones(3),

C.  Considerando que la prohibición de persecución judicial contra los diputados al Parlamento Europeo incluye los procesos por la vía civil,

D.  Considerando que los diputados al Parlamento Europeo tienen la responsabilidad de participar en asuntos políticos en su circunscripción electoral, por lo que, cuando publican artículos sobre temas polémicos en revistas o periódicos, se considera que están ejerciendo sus funciones como diputados al PE,

1.  Decide amparar la inmunidad parlamentaria y los privilegios de Giuseppe Gargani;

2.  Propone que, de conformidad con el artículo 9 del Protocolo mencionado anteriormente y respetando debidamente los procedimientos del Estado miembro en cuestión, se considere que no procede dar curso al procedimiento judicial en este caso y pide al Tribunal que extraiga las conclusiones necesarias;

3.  Encarga a su Presidente que comunique inmediatamente la presente Decisión y el informe de su comisión a la Sala I de lo Civil del Tribunal de Milán.

(1) Asuntos 101/63, Wagner/Fohrman y Krier, Rec. Ed. Esp. 1964-1966, p. 47 y 149/85, Wybot/Faure y otros, Rec. 1986, p. 2391.
(2) Decisión del Parlamento Europeo sobre la verificación de credenciales tras las quintas elecciones al Parlamento Europeo por sufragio universal directo celebradas del 10 al 13 de junio de 1999 (DO C 296 de 18.10.2000, p. 93).
(3) Artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas.


Demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los privilegios de Olivier Dupuis
PDF 125kWORD 29k
Decisión del Parlamento Europeo sobre la demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los privilegios de Olivier Dupuis (2003/2059(IMM))
P5_TA(2003)0554A5-0450/2003

El Parlamento Europeo,

−  Recibida la demanda de amparo de la inmunidad de Olivier Dupuis en relación con un procedimiento penal pendiente ante un tribunal italiano, presentada con fecha de 7 de marzo de 2003 y comunicada en el Pleno del 26 de marzo de 2003,

−  Vistos los artículos 9 y 10 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, de 8 de abril de 1965, así como el apartado 2 del artículo 4 del Acta relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

−  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de mayo de 1964 y de 10 de julio de 1986(1),

−  Vistos los artículos 6 y 6 bis de su Reglamento,

−  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior (A5-0450/2003),

A.  Considerando que la letra a) del artículo 10 del Protocolo confiere a los diputados al Parlamento Europeo en su propio territorio nacional una inmunidad frente a toda actuación judicial equivalente a la que gozan los miembros del Parlamento de dicho país,

B.  Considerando que Olivier Dupuis fue elegido diputado al Parlamento Europeo por Italia, pese a ser ciudadano belga,

C.  Considerando que Olivier Dupuis ha sido objeto de acciones judiciales en Italia, en conexión con acciones públicas relacionadas con el consumo de drogas prohibidas,

D.  Considerando que dichas acciones se inscribían claramente en su actividad política desarrollada de buena fe, la cual incluía actos colectivos de infracción simbólica de la legislación,

E.  Considerando, sin embargo, que al parecer los miembros del Parlamento italiano no gozan de inmunidad parlamentaria frente a acciones judiciales en este tipo de circunstancias,

F.  Considerando que, con arreglo a las pruebas proporcionadas, Olivier Dupuis no está protegido por la inmunidad parlamentaria frente a las acciones judiciales que se han señalado a la atención del Presidente del Parlamento Europeo,

1.  Decide que sería improcedente emprender cualquier tipo de acción encaminada a plantear ante las autoridades italianas cuestiones sobre la actividad política de Olivier Dupuis.

(1) Asuntos 101/63, Wagner/Fohrman y Krier, Rec. Ed. Esp. 1964-1966, p. 47 y 149/85, Wybot/Faure y otros, Rec. 1986, p. 2391.


Fondo de Cohesión ***
PDF 101kWORD 25k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea el Fondo de Cohesión (versión codificada) (COM(2003) 352 - C5-0291/2003 - 2003/0129(AVC))
P5_TA(2003)0555A5-0454/2003

(Procedimiento de dictamen conforme)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de Reglamento del Consejo (COM(2003) 352)(1),

–  Vista la solicitud de dictamen conforme presentada por el Consejo de conformidad con el párrafo 2 del apartado 3 del artículo 300 y con el artículo 161 del Tratado CE (C5&nbhy;0291/2003),

–  Vistos el apartado 1 del artículo 86 y el apartado 1 del artículo 158 de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior (A5&nbhy;0454/2003),

1.  Emite dictamen conforme sobre la propuesta de Reglamento del Consejo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1) Pendiente de publicación en el DO


Semillas (2004-2005) *
PDF 103kWORD 25k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se fijan los importes de la ayuda concedida en el sector de las semillas para la campaña de comercialización de 2004/05 (COM(2003) 552 - C5-0459/2003 - 2003/0212(CNS))
P5_TA(2003)0556A5-0416/2003

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2003) 552)(1),

–  Visto el artículo 37 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C5&nbhy;0459/2003),

–  Vistos el artículo 67 y el apartado 1 del artículo 158 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A5&nbhy;0416/2003),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión;

2.  Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1) Pendiente de publicación en el DO.


Leche y productos lácteos en las Azores *
PDF 103kWORD 26k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n° 1453/2001 por el que se aprueban medidas específicas en favor de las Azores y Madeira en relación con determinados productos agrícolas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n° 1600/92 (Poseima) en relación con la aplicación de la tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos en las Azores (COM(2003) 617 - C5-0500/2003 - 2003/0244(CNS))
P5_TA(2003)0557A5-0415/2003

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2003) 617)(1),

–  Visto el apartado 2 del artículo 299 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C5&nbhy;0500/2003),

–  Vistos el artículo 67 y el apartado 1 del artículo 158 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A5&nbhy;0415/2003),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión;

2.  Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1) Pendiente de publicación en el DO.


Retirada de tierras para 2004/2005 *
PDF 103kWORD 26k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece una excepción al Reglamento (CE) nº 1251/1999 en lo que respecta a la obligación de retirada de tierras para la campaña de comercialización de 2004/2005 (COM(2003) 691 - C5-0559/2003 - 2003/0271(CNS))
P5_TA(2003)0558A5-0460/2003

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2003) 691(1),

–  Vistos los artículos 36 y 37 del Tratado CE, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C5-0559/2003),

–  Vistos el artículo 67 y el apartado 1 del artículo 158 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A5-0460/2003),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión;

2.  Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1) Pendiente de publicación en el DO.


OCM del tabaco crudo *
PDF 103kWORD 26k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) nº 2075/92 por el que se establece la organización común de mercados en el sector del tabaco crudo (COM(2003) 633 - C5-0517/2003 - 2003/0251(CNS))
P5_TA(2003)0559A5-0462/2003

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2003) 633)(1),

–  Visto el artículo 37 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C5&nbhy;0517/2003),

–  Vistos el artículo 67 y el apartado 1 del artículo 158 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A5&nbhy;0462/2003),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión;

2.  Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1) Pendiente de publicación en el DO.


Acuerdo de cooperación científica y tecnológica CE/EE.UU. *
PDF 105kWORD 25k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración de un Acuerdo destinado a renovar el Acuerdo cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de los Estados Unidos de América (COM(2003) 569 - C5-0503/2003 - 2003/0223(CNS))
P5_TA(2003)0560A5-0436/2003

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2003) 569)(1),

–  Vistos el artículo 170 y el primer párrafo del apartado 2 del artículo 300 del Tratado CE,

–  Visto el primer párrafo del apartado 3 del artículo 300 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C5&nbhy;0503/2003),

–  Vistos el artículo 67, el apartado 7 del artículo 97 y el apartado 1 del artículo 158 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía (A5&nbhy;0436/2003),

1.  Aprueba la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y de los Estados Unidos de América.

(1) Pendiente de publicación en el DO.


Emisiones de dióxido de carbono y consumo de combustible de los vehículos N1 ***II
PDF 105kWORD 27k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas del Consejo 70/156/CEE y 80/1268/CEE en lo relativo a las mediciones de emisiones de dióxido de carbono y consumo de combustible de los vehículos N1 (5997/1/2003 - C5-0491/2003 - 2001/0255(COD))
P5_TA(2003)0561A5-0432/2003

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la posición común del Consejo (5997/1/2003 – C5&nbhy;0491/2003)(1),

–  Vista su posición en primera lectura(2) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2001) 543)(3),

–  Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,

–  Visto el artículo 78 de su Reglamento,

–  Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor (A5&nbhy;0432/2003),

1.  Aprueba la posición común;

2.  Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la posición común;

3.  Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, de conformidad con el apartado 1 del artículo 254 del Tratado CE;

4.  Encarga a su Secretario General que firme el acto, en lo que atañe a sus competencias, y que proceda, de acuerdo con el Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1) Pendiente de Publicación en el DO
(2) DO C 273 E de 14.11.2003, p. 74.
(3) DO C 51 E de 26.2.2002, p. 317.


Precursores de drogas ***II
PDF 107kWORD 26k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre precursores de drogas (9732/1/2003 - C5-0462/2003 - 2002/0217(COD))
P5_TA(2003)0562A5-0430/2003

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Posición Común del Consejo (9732/1/2003 – C5&nbhy;0462/2003)(1),

–  Vista su posición en primera lectura(2) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2002) 494)(3),

–  Vista la propuesta modificada de la Comisión(COM(2003) 304)(4),

–  Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,

–  Visto el artículo 78 de su Reglamento,

–  Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores (A5–0430/2003),

1.  Aprueba la Posición Común;

2.  Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición Común;

3.  Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, de conformidad con el apartado 1 del artículo 254 del Tratado CE;

4.  Encarga a su Secretario General que firme el acto, en lo que atañe a sus competencias, y que proceda, de acuerdo con el Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 277 E de 18.11.2003, p. 31.
(2) Textos Aprobados de 11.3.2003, P5_TA(2003)0069.
(3) DO C 20 E de 28.1.2003, p. 160.
(4) Pendiente de publicación en el DO.


Cultura 2000 ***I
PDF 116kWORD 139k
Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión nº 508/2000/CE, de 14 de febrero de 2000, por la que se establece el programa "Cultura 2000" (COM(2003) 187 - C5-0178/2003 - 2003/0076(COD))
P5_TA(2003)0563A5-0417/2003

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2003) 187)(1),

–  Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 151 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C5&nbhy;0178/2003),

–  Visto el artículo 67 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte (A5&nbhy;0417/2003),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Considera que la ficha de financiación que figura en la propuesta de la Comisión es compatible con el límite máximo de la rúbrica 3 de las perspectivas financieras sin que se impongan restricciones a otras políticas;

3.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 16 de diciembre de 2003 con vistas a la adopción de la Decisión nº .../2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que la que se modifica la Decisión nº 508/2000/CE por la que se establece el programa "Cultura 2000"

P5_TC1-COD(2003)0076


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 151,

Vista la propuesta de la Comisión(2),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(3),

Considerando lo siguiente:

(1)  Mediante la Decisión nº 508/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de febrero de 2000, por la que se establece el programa "Cultura 2000"(4), se estableció un programa único de financiación y programación para la cooperación cultural para el período comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2004.

(2)  Es necesario garantizar la continuidad de la acción cultural comunitaria en el marco de las tareas atribuidas a la Comunidad por el artículo 151 del Tratado.

(3)  En consecuencia, es necesario prorrogar el programa "Cultura 2000" dos años más, hasta 2006.

(4)  La revisión de las perspectivas financieras con vistas a la ampliación establece para la rúbrica 3 un límite máximo incrementado que debe ser respetado por la autoridad legislativa en caso de prórroga de los programas existentes.

(5)  Es imprescindible que la Comisión presente un informe de evaluación completo y detallado del programa "Cultura 2000", a más tardar el 31 de diciembre de 2005, para que el Parlamento Europeo y el Consejo puedan examinar la propuesta de nuevo programa marco de acción comunitaria en materia de cultura, anunciado para 2004 y cuyo lanzamiento está previsto para 2007.

DECIDEN:

Artículo 1

La Decisión nº 508/2000/CE queda modificada como sigue:

(1)  En el primer párrafo del artículo 1, la fecha de 31 de diciembre de 2004 se sustituye por la de 31 de diciembre de 2006.

(2)  En el primer párrafo del artículo 3, el importe de 167 millones de euros se sustituye por el de 236,5 millones de euros.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el vigésimo día siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 2005.

Hecho en

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) Pendiente de publicación en el DO.
(2) DO C … de …, p. …
(3) Posición del Parlamento Europeo de 16 de diciembre de 2003.
(4) DO L 63 de 10.3.2000, p. 1.


Estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros ***I
PDF 241kWORD 83k
Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros (COM(2003) 364 - C5-0285/2003 - 2003/0126(COD))
P5_TA(2003)0564A5-0426/2003

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2003) 364)(1),

–  Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 285 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C5&nbhy;0285/2003),

–  Visto el artículo 67 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A5&nbhy;0426/2003),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 16 de diciembre de 2003 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) nº …/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros

P5_TC1-COD(2003)0126


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, el apartado 1 de su artículo 285,

Vista la propuesta de la Comisión(2),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado(4),

Considerando lo siguiente:

(1)  En virtud del Reglamento (CEE) nº 3330/91 del Consejo, de 7 de noviembre de 1991, relativo a las estadísticas de los intercambios de bienes entre Estados miembros(5), se creó un sistema de recogida de datos totalmente nuevo, que se ha simplificado en dos ocasiones. Con objeto de aumentar la transparencia de dicho sistema y a fin de facilitar su comprensión, conviene sustituir el Reglamento (CEE) nº 3330/91 por el presente Reglamento.

(2)  Es necesario mantener este sistema ya que, para las políticas comunitarias implicadas en el desarrollo del mercado interior y para que las empresas europeas puedan analizar sus mercados concretos, sigue haciendo falta información estadística con un nivel suficiente de detalle. Además, para analizar la evolución de la Unión Económica y Monetaria hay que disponer rápidamente de datos agregados. Llegado el caso, los Estados miembros deben poder recoger datos que satisfagan sus necesidades concretas.

(3)  No obstante, debe mejorarse la formulación de las normas sobre elaboración de las estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros a fin de facilitar su comprensión por parte de las empresas encargadas de facilitar los datos, los servicios nacionales encargados de su recogida y los usuarios.

(4)  Es necesario mantener, aunque simplificado, un sistema de umbrales para satisfacer las necesidades de los usuarios, al tiempo que se limita la carga de trabajo que supone para los responsables de la información estadística, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, responder a la demanda.

(5)  Conviene mantener un vínculo estrecho entre el sistema de recogida de información estadística y los trámites fiscales que existen en el marco de los intercambios de bienes entre Estados miembros. Dicho vínculo permitirá comprobar la calidad de la información recogida.

(6)  La calidad de la información estadística, su evaluación mediante indicadores comunes y la transparencia en este ámbito son objetivos importantes que requieren normas a escala comunitaria.

(7)  Habida cuenta de que los objetivos de la acción propuesta, a saber, la creación de un marco jurídico para la elaboración sistemática de estadísticas comunitarias sobre intercambios de bienes entre Estados miembros, no se pueden lograr de forma suficiente a escala nacional y se pueden conseguir con mayor eficacia a escala comunitaria, la Comunidad puede tomar medidas, de conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. Con arreglo al principio de proporcionalidad, establecido en el citado artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para lograr dichos objetivos.

(8)  El Reglamento (CE) nº 322/97 del Consejo, de 17 de febrero de 1997, sobre la estadística comunitaria(6), proporciona un marco de referencia para lo dispuesto en el presente Reglamento. No obstante, el alto grado de detalle de la información que existe en el sector de las estadísticas de intercambios de bienes exige normas específicas sobre confidencialidad.

(9)  Es preciso garantizar la aplicación uniforme del presente Reglamento y prever, a este respecto, un procedimiento comunitario que permita adoptar las normas de aplicación en los plazos adecuados, así como proceder a las adaptaciones técnicas necesarias.

(10)  Las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento deberán adoptarse con arreglo a lo dispuesto en la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(7).

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Objeto

El objeto del presente Reglamento es establecer un marco común para la elaboración sistemática de estadísticas comunitarias sobre los intercambios de bienes entre Estados miembros.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

   a) "mercancías": todos los bienes muebles, incluida la corriente eléctrica;
   b) "mercancías o movimientos particulares": las mercancías o movimientos para los que, por su naturaleza, están justificadas las disposiciones particulares, en concreto, los conjuntos industriales, barcos y aeronaves, productos del mar, mercancías suministradas a barcos y aeronaves, envíos fraccionados, mercancías militares, mercancías destinadas a instalaciones en alta mar o procedentes de ellas, vehículos espaciales, partes de vehículos automóviles y de aeronaves, así como residuos, entre otros;
   c) "autoridades nacionales": los institutos nacionales de estadística y demás órganos encargados, en cada Estado miembro, de elaborar estadísticas comunitarias sobre intercambios de bienes entre Estados miembros;
  d) "mercancías comunitarias":
   i) las mercancías obtenidas íntegramente en el territorio aduanero de la Comunidad, sin participación de mercancías procedentes de países terceros o de territorios que no formen parte del territorio aduanero de la Comunidad;
   ii) las mercancías procedentes de países o territorios que no formen parte del territorio aduanero de la Comunidad y que hayan sido despachadas a libre práctica en un Estado miembro;
   iii) las mercancías obtenidas en el territorio aduanero de la Comunidad, a partir de las mercancías contempladas exclusivamente en el punto ii) o a partir de las mercancías contempladas en los puntos i) y ii);

e)  "Estado miembro de expedición": el Estado miembro que se define por su territorio estadístico, desde el cual las mercancías se expiden con destino a otro Estado miembro;

f)  "Estado miembro de llegada": el Estado miembro que se define por su territorio estadístico, al cual llegan las mercancías procedentes de otro Estado miembro;

   g) "mercancías en simple circulación entre Estados miembros": las mercancías comunitarias expedidas de un Estado miembro a otro y que, durante el trayecto hacia el Estado miembro de destino, atraviesan directamente otro Estado miembro o se detienen por motivos relacionados únicamente con el transporte de las mercancías.

Artículo 3

Ámbito de aplicación

1.  Las estadísticas de comercio entre Estados miembros recogerán las expediciones y las llegadas de mercancías.

2.  Las expediciones incluirán las siguientes mercancías que salgan del Estado miembro de expedición con destino a otro Estado miembro:

   a) las mercancías comunitarias, excepto las que se encuentren en simple circulación entre Estados miembros;
   b) las mercancías que, en el Estado miembro de expedición, estén incluidas en el régimen de perfeccionamiento activo o en el régimen de transformación bajo control aduanero.

3.  Las llegadas incluirán las siguientes mercancías que entren en el Estado miembro de llegada expedidas inicialmente desde otro Estado miembro:

   a) las mercancías comunitarias, excepto las que se encuentren en simple circulación entre Estados miembros;
   b) las mercancías que, en el Estado miembro de expedición, hayan sido incluidas en el régimen de perfeccionamiento activo o en el régimen de transformación bajo control aduanero y que, en el Estado miembro de llegada, se hayan mantenido en el régimen de perfeccionamiento activo o en el de transformación bajo control aduanero o hayan sido despachadas a libre práctica.

4.  En el caso de las mercancías o los movimientos particulares, se pueden aplicar normas distintas o específicas, que fijará la Comisión de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 14.

5.  Por razones de orden metodológico, se excluirán de las estadísticas determinadas mercancías, cuya lista elaborará la Comisión de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 14.

Artículo 4

Territorio estadístico

1.  El territorio estadístico de los Estados miembros coincide con su territorio aduanero, tal y como se define en el artículo 3 del Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario(8).

2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el territorio estadístico de Alemania incluirá Helgoland.

Artículo 5

Fuentes de datos

1.  Con vistas al suministro de información estadística sobre expediciones y llegadas de mercancías comunitarias que no sean objeto de un documento administrativo único con fines aduaneros o fiscales, se utilizará un sistema específico de recogida de datos, en lo sucesivo denominado "sistema Intrastat".

2.  La información estadística sobre expediciones y llegadas de otro tipo de mercancías será facilitada a las autoridades nacionales directamente por las aduanas, como mínimo una vez al mes.

3.  En el caso de las mercancías o movimientos particulares, se podrán utilizar fuentes de información distintas del sistema Intrastat o de las declaraciones aduaneras.

4.  Cada Estado miembro organizará las modalidades con arreglo a las cuales los responsables de la información entregarán los datos Intrastat. A fin de facilitar el trabajo de dichos responsables, la Comisión (Eurostat) y los Estados miembros establecerán las condiciones necesarias para que aumente el uso de sistemas de tratamiento automático de datos y de transmisión de datos por vía electrónica.

Artículo 6

Período de referencia

El período de referencia para la información que se deba facilitar con arreglo al artículo 5 será el mes civil de expedición o de llegada de las mercancías.

Podrá adaptarse el período de referencia para tener en cuenta el vínculo con las obligaciones en materia del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y de aduana, con arreglo a las normas que establezca la Comisión de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 14.

Artículo 7

Responsables del suministro de la información en el marco del sistema Intrastat

1.  Los responsables del suministro de la información Intrastat son:

  a) la persona física o jurídica sujeta al IVA en el Estado miembro de expedición y que:
   i) haya formalizado, independientemente del contrato de transporte, el contrato cuyo efecto sea la expedición de mercancías o, en su defecto,
   ii) proceda o haga que se proceda a la expedición de las mercancías o, en su defecto,
   iii) esté en posesión de las mercancías objeto de la expedición;
  b) la persona física o jurídica sujeta al IVA en el Estado miembro de llegada y que:
   i) haya formalizado, independientemente del contrato de transporte, el contrato cuyo efecto sea la entrega de mercancías o, en su defecto,
   ii) proceda o haga que se proceda a la entrega de las mercancías o, en su defecto,
   iii) esté en posesión de las mercancías objeto de la entrega.

2.  El responsable de la información podrá delegar esta obligación en un tercero, sin que ello suponga una disminución de su responsabilidad en la materia.

3.  Si el responsable de la información incumpliese las obligaciones que le incumben en virtud del presente Reglamento, se le podrán imponer las sanciones que fijen los Estados miembros.

Artículo 8

Registros

1.  Las autoridades nacionales crearán y gestionarán un registro de operadores intracomunitarios en el que figuren, como mínimo, los expedidores en el lugar de expedición y los destinatarios en el lugar de llegada.

2.  Con objeto de identificar a los responsables del suministro de la información contemplados en el artículo 7 y de controlar la información facilitada, la administración fiscal competente de cada Estado miembro proporcionará a las autoridades nacionales:

   a) como mínimo una vez al mes, las listas de las personas físicas o jurídicas que hayan declarado que, en el transcurso del período en cuestión, han suministrado mercancías a otros Estados miembros o han adquirido mercancías procedentes de otros Estados miembros. En estas listas figurará el valor total de las mercancías declaradas por cada persona física o jurídica con fines fiscales;
   b) por iniciativa propia o a petición de las autoridades nacionales, cualquier información que se le haya facilitado para cumplir las obligaciones fiscales que pueda mejorar la calidad de las estadísticas.

La Comisión precisará el modo de comunicar dicha información con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 14.

Las autoridades nacionales tratarán esta información con arreglo a las normas que le aplique la administración fiscal.

3.  La administración fiscal competente recordará a los comerciantes sujetos al IVA las obligaciones que puedan corresponderles como responsables de la información exigida por el sistema Intrastat.

Artículo 9

Información que deberá recogerse en el marco del sistema Intrastat

1.  Las autoridades nacionales recogerán la siguiente información:

   a) el número de identificación atribuido al responsable de la información de conformidad con la letra c) del apartado 1 del artículo 22, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo(9) en la versión establecida en el artículo 28 nono;
   b) el período de referencia;
   c) el tipo de flujo (llegada o expedición);
   d) la mercancía, identificada mediante el código de ocho cifras de la Nomenclatura Combinada tal y como lo define el Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo(10);
   e) el Estado miembro asociado;
   f) el valor de las mercancías;
   g) la cantidad de las mercancías;
   h) la naturaleza de la transacción.

En el anexo figuran las definiciones de los datos contemplados en las letras e) a h). En su caso, la Comisión precisará el modo de recogida de dicha información, en concreto los códigos que se han de utilizar, con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 14.

2.  Los Estados miembros también podrán recoger información adicional, como, por ejemplo:

   a) la identificación de las mercancías con arreglo a un nivel más detallado que el de la Nomenclatura Combinada;
   b) el país de origen, en la llegada;
   c) la región de origen, en la expedición, y la región de destino, en la llegada;
   d) las condiciones de entrega;
   e) la modalidad de transporte;
   f) el régimen estadístico.

En el anexo I del presente Reglamento figuran las definiciones de los datos contemplados en las letras b) a f). Cuando resulte necesario, la Comisión precisará el modo de recogida de dicha información, en concreto los códigos que se han de utilizar, con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 14.

Artículo 10

Simplificación del sistema Intrastat

1.  Con objeto de satisfacer las necesidades de los usuarios de la información estadística sin tener que imponer una carga excesiva a los operadores económicos, los Estados miembros fijarán cada año una serie de umbrales, expresados en valores anuales de comercio intracomunitario, por debajo de los cuales los responsables de la información estarán exentos de facilitar información Intrastat o podrán facilitar información simplificada.

2.  Los Estados miembros fijarán los umbrales por separado para las llegadas y para las expediciones.

3.  Para definir los umbrales por debajo de los cuales los responsables quedarán exentos de facilitar información Intrastat, los Estados miembros deberán garantizar que los responsables de la información facilitan los datos contemplados en las letras a) a f) del primer párrafo del apartado 1 del artículo 9 de tal forma que cubra como mínimo un 97 % del comercio total de los Estados miembros pertinentes, expresado en valor.

4.  Los Estados miembros podrán definir otros umbrales por debajo de los cuales los responsables de la información podrán acogerse a las siguientes simplificaciones:

   a) exención de indicar la cantidad de las mercancías;
   b) exención de indicar la naturaleza de la transacción;
   c) posibilidad de declarar un máximo de diez subpartidas detalladas de la Nomenclatura Combinada, que sean las más usadas en términos de valor, y de reagrupar los demás productos con arreglo a las normas adoptadas por la Comisión de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 14.

Los Estados miembros que apliquen estos umbrales deberán garantizar que el comercio de estos responsables de la información represente como máximo el 6 % del total de sus intercambios.

5.  En determinadas circunstancias que respondan a unas exigencias de calidad y que la Comisión haya definido de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 14, los Estados miembros podrán simplificar la información que deba facilitarse sobre transacciones individuales de escasa envergadura.

6.  La información sobre los umbrales que apliquen los Estados miembros deberá enviarse a la Comisión (Eurostat) como máximo el 31 de octubre del año anterior a aquel en que se apliquen.

Artículo 11

Confidencialidad

Cuando el responsable de la información estadística así lo pida, las autoridades de su país decidirán si no se difunden los resultados estadísticos que permitan identificarlo indirectamente o si se reorganizan de tal forma que su difusión no vaya en detrimento del mantenimiento de la confidencialidad estadística.

Artículo 12

Transmisión de datos a la Comisión

1.  Los Estados miembros enviarán a la Comisión (Eurostat) los resultados mensuales de sus estadísticas de comercio entre Estados miembros dentro de los siguientes plazos máximos:

   a) cuarenta días naturales a partir de la fecha en que finalice el mes de referencia, en el caso de los resultados agregados que defina la Comisión de conformidad con el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 14;
   b) setenta días naturales a partir de la fecha en que finalice el mes de referencia, en el caso de los resultados detallados correspondientes a la información contemplada en las letras b) a h) del primer párrafo del apartado 1 del artículo 9.

En cuanto al valor de las mercancías, estos resultados incluirán únicamente el valor estadístico, tal como queda definido en el anexo.

Los Estados miembros enviarán a la Comisión (Eurostat) los datos que sean confidenciales.

2.  Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión (Eurostat) los resultados mensuales de su comercio total de mercancías sirviéndose, en su caso, de estimaciones.

3.  Los Estados miembros transmitirán los datos a la Comisión (Eurostat) de forma electrónica, con arreglo a una norma de intercambio.

La Comisión precisará el modo de transmisión de dicha información con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 14.

Artículo 13

Calidad

1.  Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la calidad de los datos transmitidos con arreglo a los indicadores de calidad y a las normas en vigor.

2.  Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión (Eurostat) un informe anual sobre la calidad de los datos transmitidos.

3.  La Comisión fijará, con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 14, los indicadores y las normas para evaluar la calidad de los datos, la estructura de los informes de calidad que deberán presentar los Estados miembros y todas las medidas necesarias para evaluar y mejorar la calidad de los datos.

Artículo 14

Comité

1.  La Comisión estará asistida por un Comité de estadísticas de intercambios de bienes entre Estados miembros ("Comité Intrastat"), en lo sucesivo denominado "el Comité".

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE , observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3.  El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 15

Disposiciones finales

Queda derogado el Reglamento (CEE) nº 3330/91.

Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento.

Artículo 16

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Se aplicará a partir del [1 de enero de 2005].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO

Definiciones de datos estadísticos

1.  Estado miembro asociado

a)  En la llegada, el Estado miembro asociado es el Estado miembro de procedencia, lo que significa el Estado miembro de expedición supuesto en los casos en que las mercancías entran directamente desde otro Estado miembro. Cuando las mercancías, antes de entrar en el Estado miembro de llegada, hayan entrado en uno o varios países intermedios y, en dichos Estados miembros, hayan sido objeto de retención o de operaciones jurídicas ajenas al transporte (por ejemplo, cambio de propiedad), se entenderá por Estado miembro de procedencia el último Estado miembro en el que se hayan dado dichas retenciones u operaciones jurídicas.

b)  En la expedición, el Estado miembro asociado es el Estado miembro de destino, lo que significa el último Estado miembro conocido, en el momento de la expedición, como país hacia el cual deben expedirse las mercancías.

2.  Cantidad de las mercancías

La cantidad de las mercancías se puede expresar de dos maneras:

   a) la masa neta, que es la masa real de las mercancías excluido todo tipo de envases;
   b) las unidades suplementarias, que son unidades distintas de la masa neta y pueden usarse para medir la cantidad, tal y como se mencionan en el Reglamento de la Comisión en virtud del cual se actualiza cada año la Nomenclatura Combinada.

3.  Valor de las mercancías

El valor de las mercancías se puede expresar de dos maneras:

   a) el valor que constituye la base imponible a efectos fiscales con arreglo a la Directiva 77/388/CEE;
   b) el valor estadístico, que es el valor calculado en la frontera nacional de los Estados miembros. Sólo incluye los gastos accesorios (por ejemplo, flete y seguro) que se produzcan, en el caso de las expediciones, en relación con la parte del trayecto que se sitúe en el territorio estadístico del Estado miembro de expedición y, en el caso de las llegadas, en relación con la parte del trayecto que se sitúe fuera del territorio estadístico del Estado miembro de llegada. En el caso de las expediciones, será el valor FOB (franco a bordo) y, en el caso de las llegadas, el valor CIF (coste, seguro y flete).

4.  Naturaleza de la transacción

La naturaleza de la transacción incluye las diversas características (adquisición/venta, trabajo contractual, etc.) que se suponga que pueden ser útiles para distinguir una transacción de otra.

5.  País de origen

Únicamente en el caso de las llegadas, el país de origen es el país del que son originarias las mercancías.

Las mercancías que se obtienen o se fabrican íntegramente en un país son originarias de dicho país.

Una mercancía en cuya producción haya intervenido más de un país será originaria del país en el que se haya producido la última transformación o elaboración sustancial, económicamente justificada, efectuada en una empresa equipada a este efecto y que haya conducido a la fabricación de un producto nuevo o que represente un grado de fabricación importante.

6.  Región de origen o de destino

a)  En el caso de las expediciones, se considerará región de origen la región del Estado miembro de expedición en el que las mercancías fueron objeto de operaciones de producción, instalación, montaje, transformación, reparación o mantenimiento; en su defecto, se considerará región de origen la región en la que se expidieron las mercancías o, en su defecto, la región en la que tuvo lugar la transformación comercial.

b)  En el caso de las llegadas, se considerará región de destino la región del Estado miembro de llegada en la que las mercancías serán objeto de operaciones de consumo, instalación, montaje, transformación, reparación o mantenimiento; en su defecto, se considerará región de destino la región a la que se vayan a expedir las mercancías o, en su defecto, la región en la que deba tener lugar la transformación comercial.

7.  Condiciones de entrega

Las condiciones de entrega son las disposiciones del contrato de venta que especifiquen las obligaciones respectivas del vendedor y del comprador de conformidad con los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional (CIF, FOB, etc.).

8.  Modalidad de transporte

En el caso de las expediciones, la modalidad de transporte viene determinada por el medio de transporte activo con el que se supone que las mercancías van a salir del territorio estadístico del Estado miembro de expedición y, en el caso de las llegadas, por el medio de transporte activo con el que se supone que las mercancías han penetrado en el territorio estadístico del Estado miembro de llegada.

9.  Régimen estadístico

Se entiende por régimen estadístico el conjunto de características que distinguen los diferentes tipos de llegadas y expediciones con fines estadísticos.

(1) Pendiente de publicación en el DO.
(2) DO C […] de […], p. […].
(3) DO C […] de […], p. […].
(4) Posición del Parlamento Europeo de 16 de diciembre de 2003.
(5) DO L 316 de 16.11.1991, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n° 1624/2000 (DO L 187 de 26.7.2000, p. 1).
(6) DO L 52 de 22.2.1997, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) n° 1882/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).
(7) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(8) DO L 302 de 19.10.1992, p. 1.
(9) Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativos a los impuestos sobre el volumen de negocios - Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (DO L 145 de 13.6.1977, p. 1). Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/92/CE (DO L 260 de 11.10.2003, p. 8).
(10) DO L 256 de 7.9.1987, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento de la Comisión (CE) n° 2205/2003 de la Comisión (DO L 330 de 18.12.2003, p. 10).


Convención: aprobación de la gestión 2002 ***
PDF 109kWORD 27k
Resolución del Parlamento Europeo sobre la Decisión de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros relativa a la aprobación de la gestión del Secretario General de la Convención en la ejecución de su presupuesto para el ejercicio 2002 (C5-0406/2003 - 2003/0903(AVC))
P5_TA(2003)0565A5-0414/2003

(Procedimiento de dictamen conforme)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 20 de la Decisión de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 21 de febrero de 2002, por la que se crea un Fondo destinado a la financiación de la Convención sobre el futuro de la Unión Europea y se fijan las normas financieras relativas a su gestión (2002/176/UE)(1),

–  Vistos la cuenta de gestión y el balance financiero de la Convención para el ejercicio 2002, transmitidos al Parlamento Europeo mediante carta con fecha de 15 de mayo de 2003 (SN 2802/2003 – I5-0016/2003 – C5-0406/2003),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas, de 10 de abril de 2003, sobre las cuentas elaboradas por el Secretario General de la Convención sobre el futuro de la Unión Europea correspondientes al ejercicio 2002 (iniciado el 21 de febrero de 2002 y finalizado el 31 de diciembre de 2002), acompañado de las observaciones del Secretario General de la Convención(2) (I5-0013/2003),

–  Vista la consulta del Consejo (9736/2003),

–  Visto el apartado 1 del artículo 86 de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Control Presupuestario (A5&nbhy;0414/2003),

A.  Considerando que el Tribunal de Cuentas indica en su informe que ha podido obtener garantías suficientes de que las cuentas de la Convención correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2002 son fiables y de que las operaciones subyacentes son, en su conjunto, legales y regulares,

B.  Considerando que las cuentas de la Convención relativas al ejercicio 2002 no plantean ninguna cuestión que requiera comentarios,

1.  Emite dictamen conforme sobre la aprobación de la gestión del Secretario General de la Convención en la ejecución de su presupuesto para el ejercicio 2002;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la resolución del Parlamento al Consejo, a la Comisión, a los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo y al Tribunal de Cuentas.

(1) DO L 60 de 1.3.2002, p. 56.
(2) DO C 122 de 22.5.2003.


Medidas de inaplicación y competencias de ejecución (IVA) *
PDF 118kWORD 32k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE en lo referente al procedimiento de adopción de medidas de inaplicación, así como a la atribución de las competencias de ejecución (COM(2003) 335 - C5-0281/2003 - 2003/0120(CNS))
P5_TA(2003)0566A5-0427/2003

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2003) 335)(1),

–  Visto el artículo 93 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C5&nbhy;0281/2003),

–  Visto el artículo 67 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A5&nbhy;0427/2003),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE;

3.  Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Texto de la Comisión   Enmiendas del Parlamento
Enmienda 1
CONSIDERANDO 2
(2)  Por razones de transparencia y de seguridad jurídica, conviene velar por que cada excepción autorizada en virtud de los artículos 27 o 30 de la Directiva 77/388/CEE sea objeto de una decisión explícita adoptada por el Consejo a propuesta de la Comisión.
(2)  Por razones de transparencia y de seguridad jurídica, conviene velar por que cada excepción autorizada en virtud de los artículos 27 o 30 de la Directiva 77/388/CEE sea objeto de una decisión explícita adoptada por el Consejo a propuesta de la Comisión, después de haber informado al Parlamento Europeo.
Enmienda 2
CONSIDERANDO 13
(13)  Dado su ámbito de aplicación restringido, conviene prever que las medidas de aplicación de la Directiva 77/388/CEE sean adoptadas por el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, con arreglo a un procedimiento análogo al ya previsto en la misma Directiva para la adopción de medidas de inaplicación.
(13)  Dado su ámbito de aplicación restringido, conviene prever que las medidas de aplicación de la Directiva 77/388/CEE sean adoptadas por el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, con arreglo a un procedimiento análogo al ya previsto en la misma Directiva para la adopción de medidas de inaplicación. No obstante, con vistas a garantizar la transparencia del proceso, se mantendrá plenamente informado al Parlamento Europeo en todas las fases del mismo.
Enmienda 3
ARTÍCULO 1, PUNTO 1
Artículo 27, apartado 4 (Directiva 77/388/CEE)
4.  Dentro de los tres meses siguientes al envío de la información mencionada en el apartado 3, la Comisión presentará al Consejo una propuesta apropiada o, si tiene objeciones que plantear a la solicitud de excepción, una comunicación en la que expondrá esas objeciones.
4.  Dentro de los tres meses siguientes al envío de la información mencionada en el apartado 3, la Comisión presentará al Consejo una propuesta apropiada o, si tiene objeciones que plantear a la solicitud de excepción, una comunicación en la que expondrá esas objeciones. La propuesta o la comunicación se transmitirá, para información, al Parlamento Europeo al mismo tiempo que se remita al Consejo.
Enmienda 4
ARTÍCULO 1, PUNTO 2
Artículo 29 bis (Directiva 77/388/CEE)
El Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, adoptará las medidas necesarias para la aplicación de la presente Directiva.
El Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, y después de haber informado al Parlamento Europeo, adoptará las medidas necesarias para la aplicación de la presente Directiva.
Enmienda 5
ARTÍCULO 1, PUNTO 3
Artículo 30, apartado 1, párrafo 1 (Directiva 77/388/CEE)
1.  El Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, podrá autorizar a cualquier Estado miembro para celebrar con un tercer país, o con un organismo internacional, un acuerdo susceptible de contener excepciones a la presente Directiva.
1.  El Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, y después de haber informado al Parlamento Europeo, podrá autorizar a cualquier Estado miembro para celebrar con un tercer país, o con un organismo internacional, un acuerdo susceptible de contener excepciones a la presente Directiva.
Enmienda 6
ARTÍCULO 1, PUNTO 3
Artículo 30, apartado 3 (Directiva 77/388/CEE)
3.  Dentro de los tres meses siguientes al envío de la información mencionada en el apartado 2, la Comisión presentará al Consejo una propuesta apropiada o, si tiene objeciones que plantear a la solicitud de excepción, una comunicación en la que expondrá esas objeciones.
3.  Dentro de los tres meses siguientes al envío de la información mencionada en el apartado 2, la Comisión presentará al Consejo una propuesta apropiada o, si tiene objeciones que plantear a la solicitud de excepción, una comunicación en la que expondrá esas objeciones. La propuesta o la comunicación se transmitirá, para información, al Parlamento Europeo al mismo tiempo que se remita al Consejo.

(1) Pendiente de publicación en el DO.


Régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes *
PDF 121kWORD 33k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 90/435/CEE relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes (COM(2003) 462 - C5-0427/2003 - 2003/0179(CNS))
P5_TA(2003)0567A5-0472/2003

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2003) 462)(1),

–  Visto el artículo 94 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C5&nbhy;0427/2003),

–  Visto el artículo 67 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior (A5&nbhy;0472/2003),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE;

3.  Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Texto de la Comisión   Enmiendas del Parlamento
Enmienda 1
CONSIDERANDO 7
(7)  A fin de ampliar el alcance de las ventajas de la Directiva 90/435/CEE, el umbral de participación necesario para que una sociedad sea considerada sociedad matriz y la otra su sociedad filial debe rebajarse del 25% al 10%.
(7)  La mayor parte de los Estados miembros no aplican ningún tipo de umbral a escala nacional o aplican un umbral muy bajo en lo que se refiere al régimen fiscal de los dividendos internos de las sociedades, y, con el fin de adaptar en mayor medida el trato de las sociedades transfronterizas a que se refiere la Directiva 90/435/CEE al trato que reciben los grupos nacionales, el umbral de participación necesario para que una sociedad sea considerada sociedad matriz y la otra su sociedad filial debe rebajarse del 25 % al %.
Enmienda 2
ARTICULO 1, PUNTO 1
Artículo 1, apartado 1, guión 3 (Directiva 90/435/CEE)
- a las distribuciones de beneficios percibidas por establecimientos permanentes, situados en ese Estado y pertenecientes a sociedades de otros Estados miembros, y que procedan de sus filiales en algún Estado miembro.
- a las distribuciones de beneficios percibidas por establecimientos permanentes, situados en ese estado y pertenecientes a sociedades de otros estados miembros, y que procedan de sus filiales en algún Estado miembro distinto del Estado en el que esté situado el establecimiento permanente.
Enmienda 3
ARTÍCULO 1, PUNTO 2
Artículo 3, apartado 1, letra a) (Directiva 90/435/CEE)
a) la calidad de sociedad matriz se reconocerá por lo menos a toda sociedad de un Estado miembro que cumpla las condiciones enunciadas en el artículo 2 y que posea en el capital de una sociedad de otro Estado miembro, que cumpla las mismas condiciones, una participación mínima del 10 %;
a) la calidad de sociedad matriz se reconocerá por lo menos a toda sociedad de un Estado miembro que cumpla las condiciones enunciadas en el artículo 2 y que posea en el capital de una sociedad de otro Estado miembro, que cumpla las mismas condiciones, una participación mínima del 5 %;
Enmienda 4
ARTÍCULO 1, PUNTO 3, LETRA a)
Artículo 4, apartado 1, guión 2 (Directiva 90/435/CEE)
– o bien los gravarán, autorizando al mismo tiempo a la sociedad matriz y a su establecimiento permanente a deducir de la cuantía de su impuesto la fracción del impuesto abonado por la filial y toda filial de ulterior nivel en relación con dichos beneficios, hasta la cuantía máxima del impuesto adeudado.
- o bien los gravarán, autorizando al mismo tiempo a la sociedad matriz y a su establecimiento permanente a deducir de la cuantía de su impuesto la fracción del impuesto abonado por la filial y por toda filial de ulterior nivel que cumpla los mismos requisitos, en relación con dichos beneficios, hasta la cuantía máxima del impuesto adeudado.
Enmienda 5
ARTÍCULO 1, PUNTO 3, LETRA c)
Artículo 4, apartado 2, párrafo 2 (Directiva 90/435/CEE)
La sociedad matriz podrá presentar pruebas de los costes de gestión reales sufridos que deben considerarse no deducibles.
Cuando la sociedad matriz presente pruebas de que los costes de gestión reales sufridos que deban considerarse no deducibles son menos elevados que el importe global, el importe no deducible no podrá superar los gastos reales.
Enmienda 6
ARTÍCULO 1, PUNTO 4, LETRA a)
Artículo 5, apartado 1 (Directiva 90/435/CEE)
1.  Los beneficios distribuidos por una sociedad filial a su sociedad matriz quedarán exentos de la retención en origen, al menos cuando la segunda posea una participación de un 10 % como mínimo en el capital de la filial.
1.  Los beneficios distribuidos por una sociedad filial a su sociedad matriz quedarán exentos de la retención en origen, al menos cuando la segunda posea una participación de un 5 % como mínimo en el capital de la filial.
Enmienda 7
ANEXO
Anexo, letra z bis) (nueva) (Directiva 90/435/CEE)
z bis) las cooperativas constituidas al amparo de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE)1, y en la Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003, por la que se completa el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores2.
___________
1DO L 207 de 18.8.2003, p. 1.
2DO L 207 de 18.8.2003, p. 25.

(1) Pendiente de publicación en el DO.


Control de las actividades de pesca en la Antártida *
PDF 120kWORD 34k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta modificada de Reglamento del Consejo por el que se establecen determinadas medidas de control aplicables a las actividades pesqueras en la zona de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (COM(2002) 356 - C5-0356/2002 - COM(2003) 384 - C5-0430/2003 - 2002/0137(CNS))
P5_TA(2003)0568A5-0440/2003

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vistas la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2002)356)(1) y la propuesta modificada (COM(2003)384)(2),

–  Visto el artículo 37 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C5&nbhy;0430/2003),

–  Visto el artículo 67 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Pesca (A5&nbhy;0440/2003),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE;

3.  Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Texto de la Comisión   Enmiendas del Parlamento
Enmienda 1
Artículo 3, apartado 4 bis (nuevo)
4 bis. Los Estados miembros no expedirán licencias de pesca especiales a los buques que pretendan realizar actividades pesqueras con palangre en la zona de la Convención y no cumplan las disposiciones del segundo párrafo del apartado 3 del artículo 8 del Reglamento (CE) del Consejo nº .../200.. por el que se establecen determinadas medidas técnicas aplicables a las actividades de pesca en la zona de la Convención para la conservación de los recursos vivos marinos antárticos.
Enmienda 2
Artículo 6, apartado 1
1.  La explotación de una nueva pesquería en la zona de la Convención queda prohibida a no ser que haya sido autorizada de conformidad con lo establecido en el apartado 4.
1.  La explotación de una nueva pesquería en la zona de la Convención queda prohibida a no ser que haya sido autorizada de conformidad con lo establecido en los apartados 2 a 5.
Enmienda 3
Artículo 7, apartado 1
1.  La explotación de una pesquería exploratoria en la zona de la Convención queda prohibida a no ser que haya sido autorizada de conformidad con lo establecido en los apartados 2 a 6.
1.  La explotación de una pesquería exploratoria en la zona de la Convención queda prohibida a no ser que haya sido autorizada de conformidad con lo establecido en los apartados 2 a 7.
Enmienda 4
Artículo 24, apartado 6, párrafos 1 y 2
6.  En caso de que un buque se niegue a detenerse o a facilitar el embarque de un observador o un inspector, o si el capitán o la tripulación de un buque interfieren las actividades autorizadas de un observador o inspector, éste redactará un informe detallado, que incluirá una descripción completa de todas las circunstancias, y presentará el informe al Estado responsable de su designación para que lo comunique de conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo 25.
6.  En caso de que un buque se niegue a detenerse o a facilitar el embarque de un inspector, o si el capitán o la tripulación de un buque interfieren las actividades autorizadas de un inspector, éste redactará un informe detallado, que incluirá una descripción completa de todas las circunstancias, y presentará el informe al Estado responsable de su designación para que lo comunique de conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo 25.
En caso de interferencia al trabajo de un observador o inspector o de negativa a atender las peticiones razonables de un observador o inspector en cumplimiento de sus funciones, el Estado miembro del pabellón actuará como si el observador o inspector fuera un observador o inspector de ese Estado miembro.
En caso de interferencia al trabajo de un inspector o de negativa a atender las peticiones razonables de un inspector en cumplimiento de sus funciones, el Estado miembro del pabellón actuará como si el inspector fuera un inspector de ese Estado miembro.
Enmienda 5
Artículo 28, apartado 2
2.  En el caso de los buques pesqueros comunitarios, las referencias a las medidas de conservación de la CCRVMA en el apartado 1 se entenderán hechas a las disposiciones correspondientes de aplicación de dichas medidas del Reglamento (CE) nº (XXX/2003), del Reglamento (CE) nº 1035/2001 o las del Reglamento por el que se fijan, anualmente, las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias y, en el caso de los buques comunitarios, en las demás aguas donde sea necesario establecer limitaciones de capturas.
2.  En el caso de los buques pesqueros comunitarios, las referencias a las medidas de conservación de la CCRVMA en el apartado 1 se entenderán hechas a las disposiciones correspondientes de aplicación de dichas medidas del presente Reglamento, del Reglamento (CE) nº (XXX/2003), del Reglamento (CE) nº 1035/2001 o las del Reglamento por el que se fijan, anualmente, las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias y, en el caso de los buques comunitarios, en las demás aguas donde sea necesario establecer limitaciones de capturas.
Enmienda 6
Artículo 30 bis (nuevo)
Artículo 30 bis
Medidas referentes a las actividades INDNR
1.  Los Estados miembros cooperarán y adoptarán todas las medidas necesarias de conformidad con la legislación nacional y comunitaria con vistas a:
a) garantizar que los nacionales bajo su jurisdicción no apoyen o ejerzan la pesca INDNR, incluida la prestación de servicios a bordo de buques que figuran en la lista de buques que realizan actividades INDNR a que se refiere el artículo 29;
b) identificar a los nacionales que son los responsables o los propietarios efectivos de los buques que realizan actividades INDNR.
2.  Los Estados miembros garantizarán que las sanciones aplicadas a los nacionales bajo su jurisdicción por realizar actividades INDNR serán lo suficientemente severas como para prevenir, desalentar y eliminar de modo eficaz la pesca INDNR y privar a los transgresores de los beneficios derivados de esta actividad ilegal.

(1) DO C 262 de 29.10.2002, p. 310.
(2) Pendiente de publicación en el DO.


Medidas técnicas aplicables a las actividades de pesca en la Antártida *
PDF 108kWORD 28k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta modificada de Reglamento del Consejo por el que se establecen determinadas medidas técnicas aplicables a las actividades pesqueras en la zona de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (COM(2002) 355 - C5-0355/2002 - COM(2003) 384 - C5-0431/2003 - 2002/0138(CNS))
P5_TA(2003)0569A5-0437/2003

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vistas la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2002) 355)(1) y la propuesta modificada (COM(2003) 384)(2),

–  Visto el artículo 37 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C5&nbhy;0431/2003),

–  Visto el artículo 67 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Pesca (A5&nbhy;0437/2003),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE;

3.  Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Texto de la Comisión   Enmiendas del Parlamento
Enmienda 1
Artículo 8, apartado 3, párrafo 2
Los Estados miembros no expedirán ningún permiso de pesca especial a los buques que no lleven a bordo dispositivos de tratamiento de desperdicios, dispongan de una capacidad adecuada para mantenerlos a bordo o puedan descargarlos por la borda opuesta a donde se recojan los palangres.
Los buques se configurarán de tal modo que lleven a bordo dispositivos de tratamiento de desperdicios, dispongan de una capacidad adecuada para mantenerlos a bordo o puedan descargarlos por la borda opuesta a donde se recojan los palangres.

(1) DO C 262 de 29.10.2002, p. 295.
(2) Pendiente de publicación en el DO.


Células y tejidos humanos ***II
PDF 265kWORD 109k
Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo respecto de la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos (10133/3/2003 - C5-0416/2003 - 2002/0128(COD))
P5_TA(2003)0570A5-0387/2003

(Procedimiento de codecisión: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la posición común del Consejo (10133/3/2003 – C5&nbhy;0416/2003)(1),

–  Vista su posición en primera lectura(2) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2002) 319)(3),

–  Vista la propuesta modificada de la Comisión (COM(2003) 340)(4),

–  Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,

–  Visto el artículo 80 de su Reglamento,

–  Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor (A5&nbhy;0387/2003),

1.  Modifica la posición común del modo que se indica a continuación;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Posición del Parlamento Europeo adoptada en segunda lectura el 16 de diciembre de 2003con vistas a la adopción de la Directiva 2004/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos

P5_TC2-COD(2002)0128


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular la letra a) del apartado 4 de su artículo 152,

Vista la propuesta de la Comisión (5),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (6),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (7),

Considerando lo siguiente:

(1)  El trasplante de células y tejidos humanos es un sector de la medicina que registra un fuerte crecimiento y entraña grandes oportunidades para el tratamiento de enfermedades hasta ahora incurables. Debe garantizarse la calidad y seguridad de estas sustancias, en particular a fin de evitar la transmisión de enfermedades.

(2)  La disponibilidad de células y tejidos humanos utilizados con fines terapéuticos depende de la disposición de los ciudadanos de la Comunidad a realizar donaciones. Para proteger la salud pública y evitar la transmisión de enfermedades infecciosas a través de estos tejidos y células, deben tomarse todas las medidas de seguridad durante su donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento, distribución y uso.

(3)  Es necesario promover campañas de información y concienciación, tanto a escala nacional como europea, sobre la donación de tejidos, células y órganos, en torno al tema "Todos podemos ser donantes". Estas campañas deben tener como objetivo facilitar la decisión del ciudadano europeo en vida y dar a conocer su voluntad a sus familiares o a su representante legal. Puesto que es necesario garantizar la disponibilidad de tejidos y células para tratamientos médicos, los Estados miembros deben promover la donación de tejidos y células, incluidas las células progenitoras hematopoyéticas, de alta calidad y seguridad, incrementando con ello la autosuficiencia en la Comunidad.

(4)  Existe la urgente necesidad de disponer de un marco unificado a fin de garantizar unas normas elevadas de calidad y seguridad en cuanto a la obtención, evaluación, procesamiento, almacenamiento y distribución de tejidos y células en toda la Comunidad y de facilitar los intercambios para los pacientes que reciben cada año este tipo de terapia. Por consiguiente, es esencial que, con independencia del uso previsto, las disposiciones comunitarias aseguren que los tejidos y las células humanos tengan una calidad y una seguridad comparables. Por tanto, el establecimiento de estas normas contribuirá a convencer a la población de que las células y los tejidos humanos obtenidos en otro Estado miembro presentan las mismas garantías que los procedentes de su propio país.

(5)  Dado que la terapia celular y tisular es un sector en el que tiene lugar un intenso intercambio a escala mundial, es deseable contar con normas válidas a escala internacional. Por consiguiente, la Comunidad debe esforzarse por fomentar el nivel de protección más elevado posible con el fin de salvaguardar la salud pública respecto a la calidad y la seguridad de los tejidos y las células. La Comisión debe incluir en su informe al Parlamento Europeo y al Consejo información sobre los progresos realizados a este respecto.

(6)  Las células y los tejidos destinados a la producción industrial, incluidos los productos sanitarios, sólo deben ser regulados por la presente Directiva en lo que se refiere a la donación, obtención y evaluación, cuando el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución se rijan por otras normas comunitarias. Las posteriores fases de fabricación están cubiertas por la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (8).

(7)  La presente Directiva se debe aplicar a los tejidos y células, incluidas las células progenitoras hematopoyéticas de sangre periférica, del cordón umbilical (sangre) y de la médula ósea, a las células reproductivas (óvulos, espermatozoides), a las células y tejidos fetales, células troncales adultas y embrionarias.

(8)  La presente Directiva excluye la sangre y los productos sanguíneos (excepto las células progenitoras hematopoyéticas) y los órganos humanos, así como los órganos, tejidos y células de origen animal. La sangre y los productos sanguíneos están regulados en la actualidad por la Directiva 2001/83/CE, la Directiva 2000/70/CE (9), la Recomendación 98/463/CE (10) y la Directiva 2002/98/CE (11). También se excluyen de la presente Directiva las células y los tejidos utilizados como injerto autólogo (tejidos extraídos y trasplantados al mismo individuo), dentro del mismo procedimiento quirúrgico y que no sean tratados por ningún establecimiento de tejidos, debido a que las consideraciones de calidad y seguridad asociadas con este proceso son completamente diferentes.

(9)  Si bien el uso de órganos plantea en parte los mismos interrogantes que el uso de tejidos y células, existen ciertas diferencias substanciales que hacen preferible no tratar ambos asuntos en una misma Directiva.

(10)  La presente Directiva cubre las células y tejidos destinados a su aplicación en el ser humano, incluidos las células y tejidos humanos utilizados para la preparación de productos cosméticos. No obstante, habida cuenta de los riesgos de transmisión de enfermedades transmisibles, el uso de células, tejidos y productos humanos en productos cosméticos queda prohibido por la Directiva 95/34/CE de la Comisión, de 10 de julio de 1995, por la que se adaptan al progreso técnico los Anexos II, III, VI y VII de la Directiva 76/768/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de productos cosméticos (12).

(11)  La presente Directiva no cubre la investigación con células y tejidos humanos cuando se utilizan con fines diferentes a su aplicación en el cuerpo humano, como es el caso de la investigación in vitro o en modelos animales. Solamente deben cumplir las normas de calidad y de seguridad establecidas en la presente Directiva las células y los tejidos que se apliquen en ensayos clínicos en humanos.

(12)  La presente Directiva no debe interferir en las decisiones tomadas por los Estados miembros en relación con la utilización o no utilización de cualquier tipo específico de células humanas, incluidas las células germinales y las células progenitoras embrionarias. No obstante, si se autoriza en un Estado miembro un uso específico de estas células, la presente Directiva exigirá la aplicación de todas las disposiciones necesarias para proteger la salud pública, dados los riesgos específicos de estas células, sobre la base del conocimiento científico y de su naturaleza específica, y garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Además, la presente Directiva no debe interferir en las disposiciones de los Estados miembros en las que se define el término jurídico de "persona" o "individuo".

(13)  Para la donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos destinados a su aplicación en el ser humano deben establecerse unas normas estrictas de calidad y seguridad a fin de garantizar un elevado nivel de protección de la salud en la Comunidad. La presente Directiva debe establecer normas para cada una de las fases del proceso de aplicación de células y tejidos humanos.

(14)  La utilización clínica de células y tejidos humanos para su uso con seres humanos podría verse restringida por una disponibilidad limitada. Sería, por lo tanto, deseable que se definieran criterios para el acceso a estas células y tejidos de manera transparente, sobre la base de una evaluación objetiva de las necesidades médicas.

(15)  Es preciso incrementar la confianza entre los Estados miembros en cuanto a la calidad y la seguridad de los tejidos y las células donados, la protección de la salud de los donantes vivos y el respeto de los donantes fallecidos, y la seguridad del proceso de aplicación.

(16)  Las células y los tejidos utilizados para terapias alogénicas pueden proceder de donantes vivos y de donantes fallecidos. A fin de garantizar que el estado de salud de un donante vivo no se verá afectado por la donación es preciso efectuar un reconocimiento médico previo. Asimismo, debe respetarse la dignidad de los donantes fallecidos, en particular mediante la reconstrucción del cuerpo del donante, de manera que sea lo más similar posible a su forma anatómica original.

(17)  La utilización de tejidos y células para su aplicación en el cuerpo humano puede provocar enfermedades y efectos no deseados. La mayor parte de éstos pueden evitarse con una evaluación detallada del donante y con la evaluación de cada donación de acuerdo con las normas establecidas y actualizadas de conformidad con los mejores conocimientos científicos disponibles.

(18)  A priori, los programas de aplicación de tejidos y células deben basarse en el principio de la voluntariedad de las donaciones y la no remuneración, el anonimato del donante y el receptor, el altruismo del donante y la solidaridad entre donante y receptor. Se insta a los Estados miembros a que adopten medidas destinadas a fomentar una participación destacada del sector público y de los organismos sin ánimo de lucro en la prestación de servicios de aplicación de células y tejidos en la investigación y el desarrollo relacionados con los mismos.

(19)  Las donaciones voluntarias y no remuneradas de células y tejidos constituyen un factor que puede contribuir a lograr elevados niveles de seguridad para las células y tejidos y, por consiguiente, para la protección de la salud humana.

(20)  Si respeta las normas pertinentes, cualquier establecimiento podrá también ser acreditado como establecimiento de células y tejidos.

(21)  En el respeto del principio de transparencia, todos los establecimientos de tejidos acreditados, designados o autorizados de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, incluidos los que fabrican productos a partir de células y tejidos humanos, estén sujetos o no a otra legislación comunitaria, deben tener acceso a las células y tejidos correspondientes obtenidos de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, sin perjuicio de las disposiciones en vigor en los Estados miembros sobre el uso de células y tejidos.

(22)  La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y cumple los principios reflejados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (13) y tiene en cuenta como corresponde el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las Aplicaciones de la Biología y la Medicina: Convenio relativo a los Derechos Humanos y Biomedicina. Ni la Carta ni el Convenio prevén explícitamente la armonización ni impiden que los Estados miembros introduzcan en su legislación requisitos más estrictos.

(23)  Deben tomarse todas las medidas necesarias para garantizar a los posibles donantes de tejidos y células la confidencialidad de cualquier información relacionada con su salud que se haya transmitido al personal autorizado, de los resultados de las pruebas de sus donaciones y de la trazabilidad futura de su donación.

(24)  La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (14), se aplica a los datos personales procesados en aplicación de la presente Directiva. El artículo 8 de la Directiva 95/46/CE prohíbe en principio el tratamiento de los datos relativos a la salud. Se establecen exenciones limitadas a este principio de prohibición. La Directiva 95/46/CE también establece que el responsable del tratamiento debe aplicar las medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos personales contra una destrucción accidental o ilícita o la pérdida accidental, la alteración, la difusión o el acceso no autorizados y contra cualquier otro tratamiento ilícito.

(25)  Debe crearse en los Estados miembros un sistema de acreditación de los establecimientos de tejidos y un sistema de notificación de reacciones y efectos adversos relacionados con la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos.

(26)  Los Estados miembros deben organizar inspecciones y medidas de control, que llevaran a cabo funcionarios representantes de la autoridad competente, para garantizar que los establecimientos de tejidos cumplen lo dispuesto en la presente Directiva. Los Estados miembros deben garantizar que los funcionarios encargados de las inspecciones y las medidas de control posean la cualificación adecuada y reciban la formación pertinente.

(27)  El personal que participe directamente en la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos células humanos debe poseer las cualificaciones apropiadas y recibir una formación oportuna y adecuada. Las disposiciones de la presente Directiva en lo relativo a la formación deben ser aplicables sin perjuicio de la legislación comunitaria en vigor sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales.

(28)  Debe instaurarse un sistema adecuado que permita determinar la trazabilidad de las células y tejidos humanos, lo cual permitiría asimismo verificar el respeto de las normas de calidad y seguridad. La trazabilidad debe reforzarse mediante procedimientos precisos de identificación de la sustancia, el donante, el receptor, el establecimiento de tejidos y el laboratorio, así como con el mantenimiento de registros y un sistema apropiado de etiquetado.

(29)  Como principio general, no debe revelarse la identidad del receptor o receptores al donante o a su familia, ni viceversa, sin perjuicio de la legislación vigente en algunos Estados miembros sobre las condiciones de revelación, que autoriza en casos excepcionales, en particular en caso de donación de gametos, la revelación de la identidad del donante.

(30)  A fin de incrementar la efectividad de la aplicación de las disposiciones adoptadas en el marco de la presente Directiva, es conveniente prever sanciones, que deben aplicar los Estados miembros.

(31)  Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de normas elevadas de calidad y seguridad para las células y los tejidos humanos en toda la Comunidad, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y que, por consiguiente, debido a sus dimensiones y sus efectos, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(32)  La Comunidad debe tener acceso a la mejor orientación científica posible en relación con la seguridad de los tejidos y las células y, en especial, para asistir a la Comisión en la adaptación de las disposiciones de la presente Directiva al progreso científico y técnico, en particular en vista de la rapidez con que están evolucionando el conocimiento y las prácticas de biotecnología en el ámbito de las células y los tejidos humanos.

(33)  Se han tenido en cuenta los dictámenes del Comité científico de los medicamentos y de los dispositivos médicos y del Grupo europeo de ética de la ciencia y de las nuevas tecnologías, así como la experiencia internacional en este campo, y se les consultará en el futuro cuando se considere necesario.

(34)  Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva deben ser aprobadas con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (15).

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objetivo

La presente Directiva establece normas de calidad y seguridad para las células y tejidos humanos destinados a su aplicación en el ser humano, con el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1.  La presente Directiva se aplicará a la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos destinados a su aplicación en el ser humano, así como de productos elaborados derivados de células y tejidos humanos destinados a su aplicación en el ser humano.

Cuando estos productos elaborados estén regulados por otras directivas, la presente Directiva solamente se aplicará a la donación, la obtención y la evaluación.

2.  La presente Directiva no se aplicará a:

   a) las células y tejidos utilizados como injertos autólogos dentro del mismo procedimiento quirúrgico;
   b) la sangre y los componentes sanguíneos tal como se definen en la Directiva 2002/98/CE;
   c) los órganos, o partes de órganos, si su función es la de ser utilizados en el cuerpo humano con la misma finalidad que el órgano completo.

Artículo 3

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

   a) "células": las células individuales de origen humano o una colección de células de origen humano cuando no estén unidas por ninguna forma de tejido conjuntivo;
   b) "tejido": todas las partes constituyentes del cuerpo humano formadas por células;
   c) "donante": toda fuente humana, viva o muerta, de células o tejidos humanos;
   d) "donación": el hecho de donar tejidos o células humanos destinados a su aplicación en el ser humano;
   e) "órgano": una parte diferenciada y vital del cuerpo humano, formada por diferentes tejidos, que mantiene su estructura, vascularización y capacidad para desarrollar funciones fisiológicas con un nivel de autonomía importante;
   f) "obtención": un proceso por el que se pueden obtener los tejidos o células;
   g) "procesamiento": todas las operaciones que implica la preparación, manipulación, preservación y acondicionamiento de los tejidos y las células destinados a su aplicación en el ser humano;
   h) "preservación": la utilización de agentes químicos, alteraciones de las condiciones medioambientales u otros medios durante el procesamiento a fin de impedir o retrasar el deterioro biológico o físico de las células o los tejidos;
   i) "cuarentena": la situación del tejido o células extraídos o del tejido aislado físicamente o por otros medios efectivos, mientras se espera una decisión sobre su aceptación o rechazo;
   j) "almacenamiento": el mantenimiento del producto bajo condiciones controladas y apropiadas hasta su distribución;
   k) "distribución": el transporte y la entrega de tejidos o células destinados a su aplicación en el ser humano;
   l) "aplicación en el ser humano": el uso de tejidos y células en un receptor humano y en aplicaciones extracorporales;
   m) "efecto adverso grave": cualquier hecho desfavorable vinculado con la obtención, evaluación, procesamiento, almacenamiento y distribución de tejidos y células que pueda conducir a la transmisión de una enfermedad transmisible o la muerte del paciente, o a estados que hagan peligrar su vida, a minusvalías o incapacidades, o que pueda dar lugar a hospitalización o enfermedad, o las pueda prolongar;
   n) "reacción adversa grave": una respuesta inesperada del donante o del receptor, incluida una enfermedad transmisible, asociada a la obtención o la aplicación en el ser humano de tejidos y células que resulte mortal, potencialmente mortal, discapacitante, que produzca invalidez o incapacidad o que dé lugar a hospitalización o enfermedad, o las prolongue;
   o) "establecimiento de tejidos": un banco de tejidos, una unidad de un hospital o cualquier otro centro en el que se lleven a cabo actividades de procesamiento, preservación, almacenamiento o distribución de células y tejidos humanos. El establecimiento de tejidos podrá encargarse también de la obtención o la evaluación de tejidos y células;
   p) "uso alogénico": las células o los tejidos extraídos de una persona y aplicados a otra;
   q) "uso autólogo": las células o los tejidos extraídos y aplicados a la misma persona.

Artículo 4

Aplicación

1.  Los Estados miembros designarán a la autoridad o autoridades competentes responsables de aplicar las disposiciones de la presente Directiva.

2.  La presente Directiva no impedirá a ningún Estado miembro mantener o introducir en su territorio medidas de protección más estrictas, siempre que se ajusten a las disposiciones del Tratado.

En particular, con el fin de garantizar un elevado nivel de protección de la salud, todo Estado miembro podrá disponer que las donaciones sean voluntarias y no remuneradas, y en particular prohibir o restringir las importaciones de células y tejidos humanos, siempre que se respeten las condiciones del Tratado.

3.  La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las decisiones tomadas por los Estados miembros que prohíben la donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento, distribución o uso de cualquier tipo específico de células o tejidos humanos o de células de cualquier fuente especificada, incluidos los casos en que estas decisiones se refieren también a las importaciones del mismo tipo de células o tejidos humanos.

4.  Para la realización de las actividades a que se refiere la presente Directiva, la Comisión podrá solicitar asistencia técnica o administrativa, en beneficio mutuo de la Comisión y de los beneficiarios, por lo que respecta a la identificación, preparación, gestión, seguimiento, auditoría y control, así como para gastos de apoyo.

CAPÍTULO II

OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Artículo 5

Supervisión de la obtención de células y tejidos humanos

1.  Los Estados miembros garantizarán que la obtención y la evaluación de células y tejidos sean efectuadas por personal con la formación y experiencia adecuadas y que se realicen en las condiciones acreditadas, designadas o autorizadas a tal fin por la autoridad o autoridades competentes.

2.  La autoridad o autoridades competentes adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que la obtención de células y tejidos cumpla los requisitos contemplados en las letras b), e) y f) del artículo 28. Las pruebas exigidas a los donantes deberán ser efectuadas por un laboratorio cualificado, acreditado, designado o autorizado por la autoridad o autoridades competentes.

Artículo 6

Acreditación, designación o autorización de los establecimientos de tejidos

y los métodos de preparación de células y tejidos

1.  Los Estados miembros garantizarán que todos los establecimientos de tejidos en los que se realicen actividades de evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento o distribución de células y tejidos humanos destinados a aplicaciones en seres humanos sean acreditados, designados o autorizados para llevar a cabo dichas actividades por una autoridad competente.

2.  La autoridad o las autoridades competentes, tras verificar que el establecimiento de tejidos se ajusta a los requisitos establecidos en la letra a) del artículo 28, acreditarán, designarán o autorizarán el establecimiento de tejidos e indicarán las actividades que puede emprender y las condiciones que deben cumplirse. Se autorizarán los métodos de preparación de tejidos y células que pueda aplicar dicho establecimiento conforme a los requisitos contemplados en la letra g) del artículo 28. En el marco de dicho procedimiento se examinarán los acuerdos concluidos entre un establecimiento de tejidos y terceros a que se refiere el artículo 24.

3.  El establecimiento de tejidos no podrá efectuar cambios sustanciales en sus actividades sin el consentimiento previo por escrito de la autoridad o autoridades competentes.

4.  La autoridad o autoridades competentes podrán suspender o retirar la acreditación, designación o autorización a un establecimiento de tejidos o a un método de preparación de tejidos o células si una inspección o una medida de control demuestra que el establecimiento no cumple los requisitos de la presente Directiva.

5.  Algunas células y tejidos específicos, que se determinarán con arreglo a los requisitos establecidos en la letra i) del artículo 28, podrán ser distribuidos directamente para transplante inmediato al receptor, con el acuerdo previo de la autoridad o autoridades competentes, siempre que el proveedor disponga de la acreditación, designación o autorización para esa actividad.

Artículo 7

Inspecciones y medidas de control

1.  Los Estados miembros garantizarán que la autoridad o las autoridades competentes organicen inspecciones y que los establecimientos de tejidos apliquen las medidas de control apropiadas para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la presente Directiva.

2.  Los Estados miembros velarán también por que se apliquen las medidas de control apropiadas por lo que respecta a la obtención de células y tejidos humanos.

3.  La autoridad o autoridades competentes organizarán inspecciones y aplicarán medidas de control periódicamente. El intervalo entre dos inspecciones no podrá ser superior a dos años.

4.  Estas inspecciones y medidas de control serán llevadas a cabo por funcionarios representantes de la autoridad competente, que estarán habilitados para:

   a) inspeccionar los establecimientos de tejidos y las instalaciones de terceros a que se refiere el artículo 24;
   b) evaluar y verificar los procedimientos y actividades que se llevan a cabo en los establecimientos de tejidos e instalaciones de terceros, en la medida en que estén sujetos a los requisitos de la presente Directiva;
   c) examinar cualquier documento u otro tipo de registro relacionado con los requisitos de la presente Directiva.

5.  De conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 29, se establecerán directrices relativas a las condiciones de las inspecciones y las medidas de control, así como sobre la formación y la cualificación de los funcionarios encargados de ellas, con el fin de lograr un nivel uniforme de competencia y de resultados.

6.  La autoridad o autoridades competentes organizarán inspecciones y aplicarán, si fuera necesario, medidas de control en caso de reacción adversa grave o efecto adverso grave. Además, deberán organizarse inspecciones y aplicarse medidas de control a petición debidamente justificada de la autoridad o autoridades competentes de otro Estado miembro en ambos supuestos.

7.  Los Estados miembros, a petición de otro Estado miembro o de la Comisión, proporcionarán información sobre los resultados de las inspecciones y las medidas de control efectuadas en relación con los requisitos de la presente Directiva.

Artículo 8

Trazabilidad

1.  Los Estados miembros garantizarán la trazabilidad del donante al receptor, y viceversa, de todas las células y tejidos obtenidos, tratados, almacenados o distribuidos en su territorio. Esta trazabilidad también se aplicará a todos los datos pertinentes sobre los productos y materiales que entren en contacto con dichos tejidos y células.

2.  Los Estados miembros garantizarán la puesta en práctica de un sistema de identificación de donantes que asigne un código único a cada donación y a cada uno de los productos asociados con ella.

3.  Todos los tejidos y células deberán estar identificados con una etiqueta que contenga la información o las referencias que permitan establecer un vínculo con la información mencionada en las letras f) y h) del artículo 28.

4.  Los establecimientos de tejidos deberán conservar los datos necesarios para garantizar su trazabilidad en todas las fases. Los datos necesarios para garantizar su trazabilidad íntegra se conservarán durante un mínimo de 30 años después del uso clínico. Los datos también se podrán almacenar de forma electrónica.

5.  La Comisión establecerá, de conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 29, los requisitos de trazabilidad para los tejidos y células, así como para los productos y materiales que entren en contacto con tejidos y células y que tengan efectos sobre su calidad y su seguridad.

6.  La Comisión establecerá los procedimientos para garantizar la trazabilidad a escala comunitaria conforme al procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 29.

Artículo 9

Importación y exportación de células y tejidos humanos

1.  Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que todas las importaciones de células y tejidos procedentes de terceros países sean efectuadas por establecimientos de tejidos acreditados, designados o autorizados para llevar a cabo dichas actividades, y que las células y los tejidos importados puedan rastrearse desde el donante al receptor y viceversa de conformidad con los procedimientos a que se refiere el artículo 8. Los Estados miembros y los establecimientos de tejidos destinatarios de dichas importaciones garantizarán que éstas cumplen normas de calidad y de seguridad equivalentes a las establecidas en la presente Directiva.

2.  Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que todas las exportaciones de células y tejidos destinados a terceros países sean efectuadas por establecimientos de tejidos acreditados, designados o autorizados para llevar a cabo dichas actividades. Los Estados miembros expedidores de dichas exportaciones garantizarán que éstas cumplen lo establecido en la presente Directiva.

3. a)  La autoridad o autoridades competentes podrán autorizar directamente la importación o la exportación de tejidos y células mencionados en el apartado 5 del artículo 6.

b)  En caso de emergencia, la autoridad o autoridades competentes podrán autorizar directamente la importación o la exportación de determinados tejidos y células

c)  La autoridad o autoridades competentes adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que las importaciones y las exportaciones de los tejidos y células mencionados en las letras a) y b) cumplen normas de calidad y seguridad equivalentes a las establecidas en la presente Directiva.

4.  De conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 29 la Comisión establecerá los procedimientos para verificar la equivalencia de las normas de calidad y seguridad equivalentes a que se refiere el apartado 1.

Artículo 10

Registro de establecimientos de tejidos y obligaciones en materia de información

1.  Los establecimientos de tejidos mantendrán un registro de sus actividades, incluidos los tipos y cantidades de tejidos y células obtenidos, evaluados, preservados, procesados, almacenados y distribuidos o utilizados de cualquier otra forma, y del origen y destino de los tejidos y células destinados a aplicaciones en seres humanos, de conformidad con los requisitos mencionados en la letra f) del artículo 28. Los establecimientos de tejidos presentarán a la autoridad o autoridades competentes un informe anual sobre dichas actividades. El informe será accesible al público.

2.  La autoridad o autoridades competentes elaborarán y mantendrán un registro, accesible al público, de establecimientos de tejidos, en el que se especificarán las actividades para las que cada establecimiento está acreditado, designado o autorizado.

3.  Los Estados miembros y la Comisión crearán una red que conecte los registros nacionales de establecimientos de tejidos.

Artículo 11

Notificación de los efectos y reacciones adversos graves

1.  Los Estados miembros garantizarán la existencia de un sistema que permita notificar, investigar, registrar y transmitir información sobre efectos y reacciones adversos graves que puedan influir en la calidad y seguridad de las células y tejidos, y que puedan atribuirse a la obtención, evaluación, procesamiento, almacenamiento y distribución de las células y tejidos, así como toda reacción adversa grave observada durante o a raíz de la aplicación clínica que pueda tener relación con la calidad y la seguridad de las células y tejidos.

2.  Todas las personas o establecimientos que utilicen células o tejidos humanos regulados por la presente Directiva comunicarán toda la información pertinente a los establecimientos que trabajan en los ámbitos de la donación, obtención, evaluación, procesamiento, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos, con el fin de facilitar la trazabilidad y garantizar el control de la calidad y de la seguridad.

3.  La persona responsable mencionada en el artículo 17 garantizará que se notifique a la autoridad o autoridades competentes cualquier efecto o reacción adverso grave mencionados en el apartado 1 y que se les transmita un informe en el que se analicen sus causas y sus consecuencias.

4.  La Comisión establecerá el procedimiento de notificación de los efectos y reacciones adversos graves conforme al procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 29.

5.  Cada establecimiento de tejidos garantizará la existencia de un procedimiento preciso, rápido y verificable que permita retirar de la distribución todo producto que pueda estar relacionado con un efecto o reacción adverso.

CAPÍTULO III

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS DONANTES

Artículo 12

Principios de la donación de células y tejidos

1.  Los Estados miembros se esforzarán por garantizar las donaciones voluntarias y no remuneradas de células y tejidos.

Los donantes podrán recibir una compensación, limitada estrictamente a aliviar los gastos y los inconvenientes que se deriven de la donación. En ese caso, los Estados miembros definirán las condiciones en las que podrá concederse dicha compensación.

Los Estados miembros informarán de estas medidas a la Comisión antes del ... (16) y, con posterioridad, cada tres años. Sobre la base de dichos informes, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de toda nueva medida necesaria que tenga intención de tomar a escala comunitaria.

2.  Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que cualquier actividad de promoción y publicidad en apoyo de la donación de células y tejidos humanos se atenga a las directrices o disposiciones legales establecidas por los Estados miembros. Dichas directrices o disposiciones legales incluirán restricciones o prohibiciones adecuadas en materia de publicidad sobre la necesidad de células y tejidos humanos o la disponibilidad de los mismos con el objetivo de ofrecer o de tratar de obtener un beneficio económico o una ventaja comparable.

Los Estados miembros se esforzarán por garantizar que la obtención de tejidos y células como tal se efectúe sin ánimo de lucro.

Artículo 13

Consentimiento

Solamente se autorizará la obtención de células y tejidos humanos cuando se hayan cumplido todos los requisitos sobre consentimiento o autorización que sean obligatorios y estén en vigor en el Estado miembro de que se trate.

Los Estados miembros, con arreglo a su legislación nacional, tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que los donantes, sus allegados o las personas que faciliten la autorización en nombre de los donantes, reciban toda la información adecuada mencionada en el Anexo.

Artículo 14

Protección de datos y confidencialidad

1.  Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que todos los datos, incluidos los de carácter genético, recogidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, a los que tengan acceso terceros, se hayan convertido en anónimos, a fin de que el donante y el receptor ya no sean identificables.

2.  A tal fin, velarán por que:

   a) se adopten medidas que garanticen la seguridad de los datos, así como salvaguardias para evitar adiciones, supresiones o modificaciones no autorizadas de los datos en las fichas de los donantes o en los registros de donantes excluidos, así como cualquier transferencia de información;
   b) se establezcan procedimientos para solventar las discrepancias en los datos; y
   c) se impida la revelación no autorizada de información garantizando al mismo tiempo la trazabilidad de las donaciones.

3.  Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que no se revele la identidad del receptor o receptores al donante o a su familia y viceversa, sin perjuicio de la legislación vigente en los Estados miembros sobre las condiciones para la comunicación de la información, en particular en caso de donación de gametos.

Artículo 15

Selección, evaluación y obtención

1.  Las actividades relacionadas con la obtención de tejidos se llevarán a cabo de modo que se garantice que la evaluación y la selección del donante se efectúen de conformidad con los requisitos establecidos en las letras d) y e) del artículo 28 y que las células y tejidos se obtengan, acondicionen y transporten de conformidad con los requisitos mencionados en la letra f) del artículo 28.

2.  En caso de donación autóloga, los criterios de adecuación se establecerán de conformidad con los requisitos mencionados en la letra d) del artículo 28.

3.  Se documentarán los resultados de los procedimientos de evaluación y examen del donante y se comunicará cualquier resultado anómalo importante de conformidad con el Anexo.

4.  La autoridad o autoridades competentes velarán por que todas las actividades relacionadas con la obtención de tejidos se efectúen de conformidad con los requisitos mencionados en la letra f) del artículo 28.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE LAS CÉLULAS Y TEJIDOS

Artículo 16

Gestión de la calidad

1.  Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para que cada establecimiento de tejidos establezca y mantenga actualizado un sistema de calidad basado en criterios de buena práctica.

2.  La Comisión establecerá las normas y especificaciones comunitarias mencionadas en la letra c) del artículo 28 para las actividades relacionadas con un sistema de calidad.

3.  Los establecimientos de tejidos tomarán todas las medidas necesarias a fin de garantizar que el sistema de calidad incluya como mínimo la documentación siguiente:

   manuales de procedimientos,
   directrices,
   manuales de formación y de referencia,
   formularios de transmisión de información,
   datos relativos al donante,
   información sobre el destino final de las células o tejidos.

4.  Los establecimientos de tejidos tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que esta documentación esté disponible para las inspecciones por parte de la autoridad o autoridades competentes.

5.  Los establecimientos de tejidos deberán conservar los datos necesarios para garantizar su trazabilidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.

Artículo 17

Persona responsable

1.  Cada establecimiento de tejidos designará a un responsable que deberá poseer, al menos, las siguientes cualificaciones y cumplir las siguientes condiciones mínimas:

   a) poseer un título, certificado u otra prueba de cualificación formal en el ámbito de la medicina o la biología expedido tras cursar estudios universitarios completos o unos estudios reconocidos como equivalentes por el Estado miembro de que se trate;
   b) tener una experiencia práctica de un mínimo de dos años en los ámbitos pertinentes.

2.  La persona designada en virtud del apartado 1 será responsable de lo siguiente:

   a) velar por que en el ámbito del establecimiento del que esta persona es responsable, las células y los tejidos humanos destinados a la aplicación en humanos se obtengan, evalúen, procesen, almacenen y se distribuyan de conformidad con la presente Directiva, así como con la legislación vigente en el Estado miembro;
   b) facilitar información a la autoridad o autoridades competentes, en aplicación del artículo 6;
   c) aplicar en el establecimiento de tejidos los requisitos establecidos en los artículos 7, 10, 11, 15, 16 y 18 a 24.

3.  Los establecimientos de tejidos notificarán a la autoridad o autoridades competentes el nombre del responsable mencionado en el apartado 1. Cuando se sustituya de forma permanente o temporal a esta persona, el establecimiento de tejidos comunicará inmediatamente a la autoridad competente el nombre del nuevo responsable y la fecha en que asumirá sus funciones.

Artículo 18

Personal

El personal de los establecimientos de tejidos directamente implicado en las actividades relacionadas con la obtención, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos deberá disponer de la cualificación necesaria para efectuar estas tareas y deberá recibir la formación pertinente contemplada en la letra c) del artículo 28.

Artículo 19

Recepción de células y tejidos

1.  Los establecimientos de tejidos velarán por que todas las donaciones de células y tejidos humanos sean sometidas a pruebas de laboratorio conforme a los requisitos establecidos en la letra e) del artículo 28, y por que la selección y aceptación de las células y tejidos cumplan los requisitos establecidos en la letra f) del artículo 28.

2.  El establecimiento de tejidos velará por que las células y tejidos humanos y la documentación relacionada con ellos cumplan los requisitos mencionados en la letra f) del artículo 28.

3.  El establecimiento de tejidos verificará que las condiciones de acondicionamiento de las células y tejidos humanos recibidos se ajustan a los requisitos establecidos en la letra f) del artículo 28 y registrará este hecho. Todas las células y tejidos que no cumplan estas disposiciones deberán rechazarse.

4.  Deberá documentarse la aceptación o el rechazo de las células y tejidos recibidos.

5.  Los establecimientos de tejidos velarán por que las células y tejidos humanos estén correctamente identificados en todo momento. Deberá asignarse un código de identificación a cada entrega o partida de células o tejidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.

6.  Las células y tejidos se mantendrán en cuarentena hasta que se cumplan los requisitos en materia de examen y de información del donante, de conformidad con el artículo 15.

Artículo 20

Procesamiento de tejidos y células

1.  El establecimiento de tejidos incluirá en sus manuales de procedimiento todo proceso que afecte a la calidad y la seguridad, y velará por que se lleve a cabo bajo condiciones controladas. El establecimiento de tejidos verificará que el equipo utilizado, el entorno de trabajo y la concepción, la validación y las condiciones de control de los procesos se ajusten a los requisitos contemplados en la letra h) del artículo 28.

2.  Cualquier modificación de los procesos utilizados en la preparación de las células y tejidos también deberá cumplir los criterios establecidos en el apartado 1.

3.  El establecimiento de tejidos deberá incluir disposiciones especiales en sus manuales de procedimiento relativos a la manipulación de las células y tejidos que vayan a desecharse a fin de evitar la contaminación de otras células y tejidos, del entorno del procesamiento y del personal.

Artículo 21

Condiciones de almacenamiento de las células y los tejidos

1.  Los establecimientos de tejidos velarán por que todos los procedimientos asociados con el almacenamiento de células y tejidos estén documentados en los manuales de procedimientos y por que las condiciones de almacenamiento se ajusten a los requisitos contemplados en la letra h) del artículo 28.

2.  Los establecimientos de tejidos velarán por que todos los procesos de almacenamiento se desarrollen en condiciones controladas.

3.  Los establecimientos de tejidos establecerán y aplicarán procedimientos de control de las áreas de acondicionamiento y almacenamiento a fin de evitar cualquier situación que pudiera afectar negativamente a la funcionalidad o la integridad de las células y tejidos.

4.  Las células o tejidos tratados no serán distribuidos mientras no se cumplan todos los requisitos establecidos por la presente Directiva.

5.  Los Estados miembros garantizarán que los establecimientos de tejidos dispongan de acuerdos y procedimientos que garanticen que, en caso de cese de actividad por cualquier razón, las células y los tejidos almacenados sean transferidos, con arreglo a la autorización correspondiente, a otros establecimientos de tejidos o establecimientos acreditados, designados y autorizados de conformidad con el artículo 6, sin perjuicio de la legislación de los Estados miembros relativa a la eliminación de las células y los tejidos donados.

Artículo 22

Etiquetado, documentación y acondicionamiento

Los establecimientos de tejidos velarán por que el etiquetado, la documentación y el acondicionamiento se ajusten a los requisitos contemplados en la letra f) del artículo 28.

Artículo 23

Distribución

Los establecimientos de tejidos velarán por la calidad de las células y tejidos durante la distribución. Las condiciones de distribución deberán ajustarse a los requisitos contemplados en la letra h) del artículo 28.

Artículo 24

Relaciones entre los establecimientos de tejidos y terceros

1.  Los establecimientos de tejidos celebrarán contratos por escrito con terceros cada vez que tenga lugar una actividad exterior que influya en la calidad y en la seguridad de los tejidos y células procesados en cooperación con terceros. En particular, esto será de aplicación en los casos siguientes:

   a) cuando el establecimiento de tejidos confíe a un tercero la responsabilidad de una fase del procesamiento de las células o tejidos;
   b) cuando un tercero suministre bienes y preste servicios que afecten a la garantía de la calidad y a la seguridad de las células o tejidos, incluida su distribución;
   c) cuando un establecimiento de tejidos preste servicios a otro establecimiento de tejidos que no esté acreditado;
   d) cuando un establecimiento de tejidos distribuya células o tejidos tratados por terceros.

2.  El establecimiento de tejidos evaluará y seleccionará a terceros en función de su capacidad para cumplir las normas establecidas en la presente Directiva.

3.  Los establecimientos de tejidos elaborarán una lista exhaustiva de los acuerdos contemplados en el apartado 1 que hayan celebrado con terceros.

4.  En los acuerdos entre el establecimiento de tejidos y terceros deberán especificarse las responsabilidades que corresponden al tercero y detallarse los procedimientos.

5.  Los establecimientos de tejidos transmitirán copias de sus acuerdos con terceros cuando lo exijan la autoridad o autoridades competentes.

CAPÍTULO V

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, INFORMES Y SANCIONES

Artículo 25

Codificación de la información

1.  Los Estados miembros establecerán un sistema para la identificación de las células y tejidos humanos, con el fin de garantizar su trazabilidad, en aplicación del artículo 8.

2.  La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, designará un sistema único de codificación europeo que proporcionará información sobre las principales características y propiedades de las células y tejidos.

Artículo 26

Informes

1.  Los Estados miembros presentarán a la Comisión, antes del ... (17), y con posterioridad, cada tres años, un informe de las actividades emprendidas en relación con las disposiciones de la presente Directiva, incluida una relación de las medidas que se hayan tomado en materia de inspección y control.

2.  La Comisión transmitirá al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones los informes presentados por los Estados miembros sobre la experiencia adquirida en la incorporación de la presente Directiva a su Derecho interno.

3.  Antes de ... (18), y con posterioridad, cada tres años, la Comisión transmitirá al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones un informe sobre la aplicación de los requisitos de la presente Directiva, en particular los requisitos que se refieren a la inspección y el control.

Artículo 27

Sanciones

Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en cumplimiento de la presente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Estas sanciones serán eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros las comunicarán a la Comisión, a más tardar el ... **, y le comunicarán asimismo sin demora cualesquiera modificaciones ulteriores aportadas.

CAPÍTULO VI

CONSULTA DE LOS COMITÉS

Artículo 28

Requisitos técnicos y su adaptación al progreso técnico y científico

Los requisitos técnicos que se enumeran a continuación y su adaptación al progreso técnico y científico se decidirán de conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 29:

   a) requisitos para la acreditación, designación o autorización del establecimiento de tejidos;
   b) requisitos para la obtención de células y tejidos humanos;
   c) sistema de calidad, incluida la formación;
   d) criterios para la selección del donante de células o tejidos;
   e) pruebas de laboratorio requeridas para los donantes;
   f) procedimientos de obtención de células y tejidos y recepción en el establecimiento de tejidos;
   g) requisitos del método de preparación de células y tejidos;
   h) procesamiento, almacenamiento y distribución de células y tejidos;
   i) requisitos para la distribución directa al receptor de células y tejidos específicos.

Artículo 29

Comité

1.  La Comisión estará asistida por un Comité.

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3.  El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 30

Consulta de uno o varios comités científicos

La Comisión podrá consultar al comité o comités científicos competentes al definir o adaptar al progreso científico y técnico los requisitos técnicos contemplados en el artículo 28.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 31

Incorporación al Derecho interno

1.  Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el ... (19) . Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.  Los Estados miembros podrán decidir no aplicar durante un año, a partir de la fecha establecida en el párrafo primero del apartado 1, los requisitos de la presente Directiva a los establecimientos de tejidos que estaban sujetos a disposiciones nacionales antes de la entrada en vigor de la presente Directiva.

3.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno existentes o que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 32

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 33

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO

INFORMACIÓN QUE SE HA DE FACILITAR SOBRE

LA DONACIÓN DE TEJIDOS Y/O CÉLULAS

A.  DONANTES VIVOS

1.  La persona encargada del proceso de donación garantizará que se haya informado adecuadamente al donante de, como mínimo, aquellos aspectos relacionados con la donación y el proceso de obtención mencionado en el punto 3. La información deberá facilitarse antes de la obtención.

2.  La información deberá ser facilitada por una persona competente, capaz de transmitirla de manera adecuada y clara, utilizando términos fácilmente comprensibles por el donante.

3.  La información deberá cubrir: el objetivo y la naturaleza de la obtención, sus consecuencias y riesgos; pruebas analíticas, si se realizan; registro y protección de los datos del donante, confidencialidad médica; fines terapéuticos y beneficios potenciales, así como información sobre las salvaguardas aplicables para proteger al donante.

4.  El donante deberá ser informado de que tiene derecho a recibir los resultados confirmados de las pruebas analíticas explicados claramente.

5.  Deberá informarse sobre la necesidad de exigir el consentimiento, la certificación y la autorización obligatorios aplicables para que pueda llevarse a cabo la obtención de células y/o tejidos.

B.  DONANTES FALLECIDOS

1.  Toda la información deberá facilitarse y todos los consentimientos y autorizaciones deberán obtenerse de conformidad con la legislación vigente en los Estados miembros.

2.  Los resultados confirmados de la evaluación del donante deberán comunicarse y explicarse claramente a las personas interesadas, de conformidad con la legislación de los Estados miembros.

(1) DO C 240 E de 7.10.2003, p. 12.
(2) Textos Aprobados de 10.4.2003, P5_TA(2003)0182.
(3) DO C 227 E de 24.9.2002, p. 505.
(4) Pendiente de publicación en el DO.
(5) DO C 227 E de 24.9.2002, p. 505.
(6) DO C 85 de 8.4.2003, p. 44.
(7) Posición del Parlamento Europeo de 10 de abril de 2003 (no publicada aún en el Diario Oficial), Posición Común del Consejo de 22 de julio de 2003 (DO C 240 E de 7.10.2003, p. 12) y Posición del Parlamento Europeo de 16 de diciembre de 2003.
(8) DO L 311 de 28.11.2001, p. 67. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/63/CE (DO L 159 de 27.6.2003, p. 46).
(9) Directiva 2000/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, que modifica la Directiva 93/42/CEE del Consejo en lo referente a los productos sanitarios que incorporen derivados estables de la sangre o plasma humanos (DO L 313 de 13.12.2000, p. 22).
(10) Recomendación del Consejo de 29 de junio de 1998 sobre la idoneidad de los donantes de sangre y de plasma y el cribado de las donaciones de sangre en la Comunidad Europea (DO L 203 de 21.7.1998, p. 14).
(11) Directiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se establecen normas de calidad y de seguridad para la recogida, verificación, procesamiento, almacenamiento y distribución de sangre humana y sus componentes (DO L 33 de 8.2.2003, p. 30).
(12) DO L 167 de 18.7.1995, p 19.
(13) DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
(14) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. Directiva modificada por el Reglamento (CE) nº 1882/2003 (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).
(15) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(16)* Dos años después de la entrada en vigor de la presente Directiva
(17)* Cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
(18)* Cuatro años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.** Dos años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
(19)* Dos años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.


Ofertas públicas de adquisición (OPA) ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las ofertas públicas de adquisición (COM(2002) 534 - C5-0481/2002 - 2002/0240(COD))
P5_TA(2003)0571A5-0469/2003

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2002) 534)(1),

–  Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 44 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C5-0481/2002),

–  Visto el artículo 67 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía (A5-0469/2003),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide que la Comisión le presente de nuevo la propuesta en caso de que se proponga modificarla sustancialmente o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 16 de diciembre de 2003 con vistas a la adopción de la Directiva 2003/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las ofertas públicas de adquisición

P5_TC1-COD(2002)0240


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 1 de su artículo 44,

Vista la propuesta de la Comisión (2),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (3),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (4),

Considerando lo siguiente:

(1)  Conforme a la letra g) del apartado 2 del artículo 44 del Tratado, es preciso coordinar, haciéndolas equivalentes en toda la Comunidad, determinadas garantías que los Estados miembros exigen a las sociedades sujetas al Derecho de un Estado miembro y cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de un Estado miembro, a fin de proteger los intereses tanto de los socios como de terceros.

(2)  Es necesario proteger los intereses de los titulares de valores de sociedades que estén sujetas al Derecho de un Estado miembro cuando éstas sean objeto de una oferta pública de adquisición o de un cambio de control y al menos parte de sus valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado en un Estado miembro.

(3)  Debe haber claridad y transparencia a escala de la Comunidad en relación con las cuestiones jurídicas que han de resolverse en caso de ofertas públicas de adquisición e impedir que los planes de reestructuración de sociedades en la Comunidad se vean falseados por diferencias arbitrarias en las culturas de administración y gestión.

(4)  Habida cuenta de las funciones de interés público de los bancos centrales de los Estados miembros, parece inconcebible que puedan ser objeto de una oferta pública de adquisición. Dado que, por razones históricas, los valores de algunos bancos centrales cotizan en un mercado regulado de un Estado miembro, es necesario excluirlos expresamente del ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(5)  Cada uno de los Estados miembros deberá designar a una o varias autoridades que se encarguen de supervisar los aspectos de la oferta regulados por la presente Directiva y velen por que las partes de dicha oferta cumplan las normas adoptadas en aplicación de la presente Directiva. Las distintas autoridades deben colaborar entre sí.

(6)  Para ser eficaz, la normativa sobre ofertas públicas debe ser flexible y adaptable a las nuevas circunstancias que vayan surgiendo, y, por tanto, prever la posibilidad de excepciones y cláusulas de inaplicación. No obstante, a la hora de aplicar cualquier norma o excepción establecida o de conceder el beneficio de cualquier cláusula de inaplicación, las autoridades supervisoras deben respetar determinados principios generales.

(7)  La supervisión debe poder ser efectuada por organismos de autorregulación.

(8)  De conformidad con los principios generales del Derecho Comunitario y, en particular, el de tutela judicial efectiva, las decisiones de las autoridades supervisoras deberán poder someterse, en las circunstancias oportunas, al control de una jurisdicción independiente. Sin embargo, debe dejarse en manos de los Estados miembros la labor de determinar si cabe establecer derechos que puedan hacerse valer en los procedimientos administrativos o judiciales, ya sean contra una autoridad supervisora o entre las partes de una oferta.

(9)  Los Estados miembros deben tomar las medidas oportunas para proteger a los titulares de valores y, en especial, los que posean participaciones minoritarias, en caso de cambio del control de su sociedad. Es preciso que dicha protección se garantice mediante la imposición a todo comprador que haya adquirido el control de una sociedad de la obligación de presentar una oferta que proponga a todos los titulares de valores adquirir la totalidad de sus títulos a un precio equitativo que sea objeto de definición común. Los Estados miembros deben poder establecer medios suplementarios para la protección de los intereses de los titulares de valores, tales como la obligación de presentar una oferta parcial cuando el oferente no adquiera el control de la sociedad o la obligación de presentar una oferta simultáneamente a la adquisición del control de la sociedad.

(10)  La obligación de presentar una oferta a todos los titulares de valores no debe aplicarse a aquéllos cuyas participaciones ya les confieran el control de sociedades en el momento de la entrada en vigor de la legislación nacional de transposición de la presente Directiva.

(11)  La obligación de presentar una oferta no se aplicará en caso de adquisición de valores sin derecho de voto en juntas generales ordinarias. Sin embargo, los Estados miembros deben poder establecer que la obligación de formular una oferta a todos los titulares de valores no sólo se refiera a los valores con derecho de voto, sino también a los valores que sólo confieran derecho de voto en determinadas circunstancias o que no confieran derechos de voto.

(12)  A fin de limitar el riesgo de operaciones con información privilegiada, debe exigirse a los oferentes que anuncien lo antes posible su decisión de presentar una oferta y que informen de ésta a la autoridad supervisora.

(13)  Los titulares de valores deben ser debidamente informados de las condiciones de la oferta por medio de un folleto de oferta. Al mismo tiempo deberá facilitarse información adecuada a los representantes de los trabajadores de la sociedad afectada o, en su defecto, directamente a los propios trabajadores.

(14)  Deben establecerse normas que regulen el plazo de aceptación de la oferta.

(15)  Para poder desempeñar satisfactoriamente sus funciones, las autoridades supervisoras deben poder exigir en todo momento a las partes de la oferta que faciliten información a su respecto y que cooperen y faciliten de modo inmediato y eficaz información a las demás autoridades de supervisión de los mercados de capitales.

(16)  Para evitar toda operación que pueda frustrar la oferta, es preciso limitar los poderes del órgano de administración o dirección de la sociedad afectada de emprender operaciones de carácter excepcional, sin que ello constituya un obstáculo indebido para que la sociedad afectada desarrolle su línea habitual de actividades.

(17)  Debe imponerse al órgano de administración o dirección de la sociedad afectada la obligación de publicar un documento en el que exponga su opinión sobre la oferta y los motivos en que esa opinión se fundamenta, así como su parecer sobre las repercusiones de la oferta en todos los ámbitos de interés para la sociedad y, en particular, en el empleo.

(18)  A fin de dotar de mayor utilidad a las disposiciones vigentes en materia de libre negociación de los valores de las sociedades contempladas en la presente Directiva y libre ejercicio del derecho de voto, es importante que las estructuras y mecanismos de defensa previstos por dichas sociedades sean transparentes y que dichas estructuras y mecanismos se presenten periódicamente en un informe dirigido a la junta general de accionistas.

(19)  Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para brindar a todo oferente la posibilidad de adquirir una participación mayoritaria en otras sociedades y ejercer plenamente el control de éstas. A tal efecto, deben suprimirse las restricciones a la transmisibilidad de valores, las limitaciones de voto, los derechos especiales de nombramiento y los derechos de voto múltiple durante el plazo de aceptación de la oferta, y cuando la junta general de accionistas decida sobre medidas de defensa, sobre la modificación de los estatutos de la sociedad o sobre el nombramiento o la revocación de miembros del órgano de administración o dirección en la primera junta general de accionistas tras cerrarse la oferta. Cuando los titulares de valores sufran una pérdida como resultado de la supresión de derechos, debe ofrecerse una compensación equitativa con arreglo a las modalidades técnicas que establezcan los Estados miembros.

(20)  Todos los derechos especiales en sociedades de los que sean titulares los Estados miembros deben considerarse en el marco de la libre circulación de capitales y de las disposiciones pertinentes del Tratado. Cuando estén previstos en el Derecho nacional, público o privado, los derechos especiales en sociedades de los que sean titulares los Estados miembros deben quedar exentos de la aplicación de la regla de neutralización, siempre y cuando sean compatibles con el Tratado.

(21)  Habida cuenta de las diferencias existentes en los mecanismos y estructuras del Derecho de sociedades de los Estados miembros, éstos deben estar autorizados a no exigir a las sociedades establecidas en su territorio que apliquen aquellas disposiciones de la presente Directiva que limitan los poderes del órgano de administración o dirección de la sociedad afectada durante el plazo de aceptación de la oferta, así como aquellas disposiciones que dejen sin efecto las barreras previstas en los estatutos de la sociedad o en acuerdos específicos. En tal caso, los Estados miembros deben al menos ofrecer a las sociedades establecidas en su territorio la opción reversible de aplicar dichas disposiciones. Sin perjuicio de los acuerdos internacionales de los que sea parte la Comunidad Europea, los Estados miembros deben estar autorizados a no exigir a las sociedades que aplican estas disposiciones en virtud de disposiciones opcionales que las apliquen cuando sean objeto de una oferta formulada por sociedades que no aplican dichas disposiciones como consecuencia de esas mismas disposiciones opcionales.

(22)  Es preciso que los Estados miembros establezcan normas que regulen el supuesto de caducidad de la oferta, definan el derecho del oferente a modificar su oferta, contemplen la posibilidad de de ofertas competidoras por los valores de una sociedad, definan el procedimiento de publicación del resultado de la oferta y estipulen la irrevocabilidad de la misma y las condiciones permitidas.

(23)  La información y consulta de los representantes de los trabajadores de la sociedad oferente y de la sociedad afectada debe regularse por las disposiciones nacionales pertinentes, en particular, las adoptadas en aplicación de la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (5), de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (6), de la Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (7) y de la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea (8). Sin embargo, es importante prever la posibilidad de que los trabajadores de las sociedades afectadas o sus representantes puedan pronunciarse sobre las posibles repercusiones de la oferta en el empleo. Sin perjuicio de las disposiciones de la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado) (9), los Estados miembros pueden aplicar o introducir en todo momento disposiciones nacionales en materia de información y consulta de los representantes de los trabajadores de la sociedad oferente antes de la presentación de la oferta.

(24)  Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para permitir que todo oferente que haya adquirido, como resultado de una oferta pública de adquisición, un determinado porcentaje del capital de una sociedad dotado de derechos de voto, pueda exigir a los titulares de los valores restantes que le vendan dichos valores. Del mismo modo, cuando un oferente haya adquirido, como resultado de una oferta pública de adquisición, un determinado porcentaje del capital de una sociedad dotado de derechos de voto, los titulares de los valores restantes deben tener la posibilidad de obligarle a comprar dichos valores. Estos procedimientos de venta y compra forzosas deben aplicarse únicamente en condiciones específicas vinculadas a las ofertas públicas de adquisición. En otras circunstancias, los Estados miembros pueden continuar aplicando las disposiciones nacionales en materia de procedimientos de venta y compra forzosas.

(25)  Dado que los objetivos de la acción pretendida, a saber, definir orientaciones mínimas en materia de ofertas públicas de adquisición y garantizar un grado de protección suficiente a los titulares de valores de toda la Comunidad, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros debido a la necesidad de transparencia y seguridad jurídica cuando las adquisiciones o tomas de control sean de dimensiones transfronterizas, y pueden, por consiguiente, lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas conforme al principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. Conforme al principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(26)  La adopción de una Directiva es el procedimiento más adecuado para crear un marco que establezca ciertos principios comunes y un reducido número de requisitos generales a los que los Estados miembros habrán de dar cumplimiento mediante normas más detalladas, según sus sistemas nacionales y su contexto cultural.

(27)  Sin embargo, los Estados miembros deben disponer sanciones a toda infracción de las medidas nacionales de transposición de la presente Directiva.

(28)  De forma ocasional, puede presentarse la necesidad de orientaciones técnicas y medidas de aplicación de las disposiciones que establece la presente Directiva, con el fin de tener en cuenta la evolución de los mercados financieros. Para algunas disposiciones, la Comisión debe estar autorizada a adoptar medidas de aplicación, siempre y cuando dichas medidas no modifiquen los elementos esenciales de la presente Directiva y la Comisión respete los principios que se establecen en ella, previa consulta al Comité Europeo de Valores establecido por la Decisión 2001/528/CE de la Comisión (10). Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (11) y teniendo debidamente en cuenta la declaración de la Comisión ante el Parlamento Europeo de 5 de febrero de 2002 sobre la aplicación de la legislación relativa a los servicios financieros. Para las demás disposiciones, es importante confiar a un comité de contacto la misión de asistir a los Estados miembros y a las autoridades supervisoras en la aplicación de la presente Directiva y de asesorar a la Comisión, cuando proceda, sobre las adiciones o modificaciones que deban introducirse en la presente Directiva. Para cumplir estos cometidos, el comité de contacto puede utilizar la información que faciliten los Estados miembros de conformidad con la presente Directiva, relativa a las ofertas públicas de adquisición que hayan tenido lugar en sus mercados regulados.

(29)  Es preciso que la Comisión facilite el proceso que conduzca a una armonización justa y equilibrada de las normas en materia de ofertas públicas de adquisición en la Unión Europea, para lo cual debe poder presentar oportunamente propuestas de revisión de la presente Directiva.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Ámbito de aplicación

1.  La presente Directiva contempla medidas de coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, los códigos de prácticas u otros instrumentos de los Estados miembros, incluidos los establecidos por organismos oficialmente habilitados para regular los mercados (en lo sucesivo denominadas "las normas"), relativos a las ofertas públicas de adquisición de valores de una sociedad sujeta al Derecho de un Estado miembro, cuando todos o parte de dichos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado a efectos de la Directiva 93/22/CEE (12) en uno o varios Estados miembros (en lo sucesivo denominado "mercado regulado").

2.  La presente Directiva no se aplicará a las ofertas públicas de adquisición de valores emitidos por sociedades cuyo objeto sea la inversión colectiva de capitales aportados por el público y cuyo funcionamiento esté sometido al principio del reparto de riesgos, y cuyas acciones, a petición de los titulares, se readquieran o reembolsen directa o indirectamente a cargo de los activos de dichas sociedades. Se asimila a semejantes readquisiciones o reembolsos el hecho de que una sociedad de inversión colectiva actúe de manera que el valor de sus participaciones en bolsa no se aparte sensiblemente de su valor de inventario neto.

3.  La presente Directiva no se aplicará a las ofertas públicas de adquisición de valores emitidos por los bancos centrales de los Estados miembros.

Artículo 2

Definiciones

1.  A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

   a) "oferta pública de adquisición" u "oferta": oferta pública, ya sea voluntaria u obligatoria, dirigida a los titulares de valores de una sociedad (con excepción de las ofertas realizadas por la propia sociedad afectada) con vistas a adquirir la totalidad o parte de dichos valores, siempre y cuando tenga por objetivo o sea consecuencia de la toma de control de la sociedad afectada conforme al Derecho nacional;
   b) "sociedad afectada": la sociedad cuyos valores sean objeto de una oferta;
   c) "oferente": toda persona física o jurídica, de derecho público o privado, que presente una oferta;
   d) "personas que actúen de concierto": las personas físicas o jurídicas que colaboren con el oferente o con la sociedad afectada en virtud de un acuerdo, ya sea expreso o tácito, verbal o escrito, con el fin, bien de obtener el control de la compañía afectada o bien de impedir el éxito de la oferta;
   e) "valores": los valores mobiliarios que confieran derechos de voto en una sociedad;
   f) "partes de la oferta": el oferente, los miembros del órgano de administración o dirección del oferente cuando se trate de una sociedad, la sociedad afectada, los titulares de valores de la sociedad afectada y los miembros del órgano de administración o dirección de la sociedad afectada y las personas que actúen de concierto con las partes mencionadas;
   g) "valores con derechos de voto múltiple": los valores que forman parte de una clase distinta y separada y que confieren más de un voto.

2.  A efectos de la letra d) del apartado 1, las personas controladas por otra persona según el artículo 87 de la Directiva 2001/34/CE (13) se considerarán personas que actúan de concierto con dicha persona y entre sí.

Artículo 3

Principios generales

1.  A efectos de la aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros velarán por que se respeten los principios siguientes:

   a) todos los titulares de valores de una sociedad afectada de la misma clase deberán recibir un trato equivalente; en particular, cuando una persona adquiera el control de una sociedad, deberá protegerse a los demás titulares de valores;
   b) los titulares de valores de una sociedad afectada deberán disponer de tiempo e información suficientes para poder adoptar una decisión respecto a la oferta con pleno conocimiento de causa; a la hora de asesorar a los titulares de valores, el órgano de administración o dirección de la sociedad afectada presentará un dictamen relativo a las repercusiones de la aplicación de la oferta en el empleo, las condiciones de trabajo y la localización de los centros de actividad de la sociedad;
   c) el órgano de administración o dirección de la sociedad afectada deberá obrar en defensa de los intereses de la sociedad en su conjunto y no denegar a los titulares de valores la posibilidad de decidir sobre la idoneidad de la oferta;
   d) no deberán crearse falsos mercados de los valores de la sociedad afectada, de la sociedad oferente o de cualquier otra sociedad interesada por la oferta de forma tales que el alza o baja de las cotizaciones de los valores se torne artificial y se falsee el normal funcionamiento de los mercados;
   e) un oferente únicamente deberá anunciar una oferta una vez se asegure de que pueda hacer frente íntegramente, en su caso, a cualquier oferta de contraprestación en efectivo y previa adopción de todas las medidas razonables para garantizar el cumplimiento de cualquier otro tipo de contraprestación;
   f) la sociedad afectada no deberá ver sus actividades obstaculizadas durante más tiempo del razonable por el hecho de que sus valores sean objeto de una oferta.

2.  A efectos del respeto de los principios contemplados en el apartado 1, los Estados miembros:

   a) velarán por que se cumplan los requisitos mínimos establecidos en la presente Directiva;
   b) podrán establecer condiciones complementarias y disposiciones más estrictas que las previstas en la presente Directiva con vistas a reglamentar las ofertas.

Artículo 4

Autoridad supervisora y derecho aplicable

1.  Los Estados miembros designarán a la autoridad o autoridades competentes para la supervisión de las ofertas que se rijan por las normas adoptadas o introducidas en virtud de la presente Directiva. Las autoridades así designadas deberán ser bien autoridades públicas o bien asociaciones u organismos privados reconocidos por la legislación nacional o por las autoridades públicas expresamente facultadas a tal fin por la legislación nacional. Los Estados miembros informarán a la Comisión de dichas designaciones, especificando todo posible reparto de funciones. Los Estados miembros velarán por que esas autoridades desempeñen sus funciones de forma imparcial e independiente de todas las partes de la oferta.

2. a)  La autoridad competente para la supervisión de la oferta será la del Estado miembro en el que tenga su domicilio social la sociedad afectada cuando sus valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado de dicho Estado miembro.

b)  Cuando los valores de la sociedad afectada no estén admitidos a negociación en un mercado regulado del Estado miembro en el que la sociedad tenga su domicilio social, la autoridad competente para la supervisión de la oferta será la del Estado miembro en cuyo mercado regulado estén admitidos a negociación los valores de la sociedad.

Cuando los valores de la sociedad afectada estén admitidos a negociación en mercados regulados de más de un Estado miembro, la autoridad competente para la supervisión de la oferta será la del Estado miembro en cuyo mercado regulado se admitieron por primera vez los valores.

c)  Cuando los valores de la sociedad afectada sean admitidos a negociación por primera vez y simultáneamente en mercados regulados de más de un Estado miembro, la sociedad afectada deberá determinar cuál, entre las de los Estados miembros, es la autoridad competente para la supervisión de la oferta mediante notificación a dichos mercados regulados y a sus autoridades competentes en el primer día de negociación de valores.

Cuando los valores de la sociedad afectada ya estén admitidos a negociación en mercados regulados de más de un Estado miembro en la fecha mencionada en el apartado 1 del artículo 21 y hayan sido admitidos simultáneamente, las autoridades supervisoras de dichos Estados miembros se pondrán de acuerdo sobre cuál de ellas será la autoridad competente para la supervisión de la oferta en un plazo de cuatro semanas tras la fecha mencionada en el apartado 1 del artículo 21. A falta de decisión de las autoridades supervisoras, la sociedad afectada determinará cuál de ellas es la autoridad competente el primer día de negociación de valores siguiente a dicho plazo de cuatro semanas.

d)  Los Estados miembros velarán por que se hagan públicas las decisiones contempladas en la letra c).

e)  En los casos contemplados en las letras b) y c), los asuntos relativos a la contraprestación ofrecida en caso de oferta, en particular el precio, y los relativos al procedimiento de oferta, en particular la información sobre la decisión del oferente de presentar una oferta, el contenido del folleto de oferta y la divulgación de la oferta se tratarán con arreglo a las normas del Estado miembro de la autoridad competente. En los asuntos relativos a la información que debe facilitarse al personal de la sociedad afectada y en los relativos al Derecho de sociedades, en particular el porcentaje de derecho de voto que confiere el control y las excepciones a la obligación de presentar una oferta, así como las condiciones en las que el órgano de administración o dirección de la sociedad afectada puede emprender una acción que pueda frustrar la oferta, las normas aplicables y la autoridad competente serán las del Estado miembro en el que la sociedad afectada tenga su domicilio social.

3.  Los Estados miembros velarán por que todas las personas que presten o hayan prestado servicios en las autoridades supervisoras estén sometidas al secreto profesional. La información sujeta al secreto profesional únicamente podrá comunicarse a cualesquiera personas o autoridades con arreglo a disposiciones legislativas.

4.  Las autoridades supervisoras de los Estados miembros en virtud de la presente Directiva y las demás autoridades supervisoras de los mercados de capitales, en particular a efectos de la la Directiva 93/22/CEE, la Directiva 2001/34/CE, la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado)(14)y la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE(15), cooperarán y se facilitarán mutuamente cuanta información sea necesaria con vistas a la aplicación de las normas elaboradas de conformidad con la presente Directiva y, en particular, en los casos contemplados en las letras b), c) y e) del apartado 2. La información así intercambiada estará sometida al secreto profesional impuesto a las personas que presten o hayan prestado servicios en las autoridades supervisoras destinatarias de la misma. La cooperación incluirá la capacidad de notificar la documentación necesaria para la aplicación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes en relación con las ofertas, así como otras medidas de ayuda que razonablemente puedan solicitar las autoridades supervisoras interesadas a fin de investigar cualquier infracción efectiva o presunta de las normas establecidas o introducidas en aplicación de la presente Directiva.

5.  Las autoridades supervisoras dispondrán de todos los poderes necesarios para el ejercicio de sus funciones y, entre ellas, el deber de velar por que las partes de la oferta cumplan las normas establecidas en aplicación de la presente Directiva.

Siempre y cuando se respeten los principios generales contemplados en el apartado 1 del artículo 3, los Estados miembros, en las normas que establezcan o introduzcan en aplicación de la presente Directiva, podrán establecer excepciones a dichas normas mediante:

   i) la inclusión de dichas excepciones en sus normativas nacionales, con el fin de tener en cuenta las circunstancias determinadas a nivel nacional; y/o
   ii) la concesión a sus autoridades supervisoras, cuando sean competentes para ello, de la facultad de inhibirse de la aplicación de dichas normativas nacionales con el fin de tener en cuenta las circunstancias contempladas en el inciso i), u otras circunstancias específicas, siendo necesaria en este último caso una decisión motivada.

6.  La presente Directiva no afectará a la facultad de los Estados miembros de designar a las autoridades, judiciales u otras, encargadas de conocer de los litigios y decidir sobre los incumplimientos cometidos durante el procedimiento de oferta, ni a la facultad de los Estados miembros de establecer disposiciones que determinen si las partes de la oferta tienen derecho a emprender acciones judiciales o interponer recursos administrativos y en qué circunstancias. En particular, la presente Directiva no afectará a la facultad de que puedan disfrutar los tribunales de un Estado miembro de renunciar a entender un litigio y de determinar si éste influye o no en el resultado de la oferta. La presente Directiva no afectará a la facultad de los Estados miembros de determinar las normas jurídicas relativas a la responsabilidad de las autoridades supervisoras o a la resolución de litigios entre las partes de una oferta.

Artículo 5

Protección de los accionistas minoritarios, oferta obligatoria y precio equitativo

1.  Cuando una persona física o jurídica, de resultas de una adquisición por su parte o por la de personas que actúen de concierto con ella, venga en posesión de valores de una sociedad a efectos del apartado 1 del artículo 1 tales que, sumados, en su caso, a los que ya poseyera y a los de las personas que actúen de concierto con ella, le confieran directa o indirectamente un determinado porcentaje de derechos de voto en dicha sociedad y le brinden así el control de la misma, los Estados miembros velarán por que dicha persona esté obligada a presentar una oferta a fin de proteger a los accionistas minoritarios de la sociedad. Dicha oferta se dirigirá cuanto antes a todos los titulares de valores y se realizará por la totalidad de sus valores al precio equitativo que se define en el apartado 4.

2.  La oferta obligatoria contemplada en el apartado 1 no será aplicable cuando el control se haya adquirido tras una oferta voluntaria presentada conforme a la presente Directiva a todos los titulares de valores por la totalidad de sus valores.

3.  El porcentaje de derechos de voto que confiera el control de la sociedad a efectos de lo dispuesto en el apartado 1, así como su método de cálculo, se determinarán por las normas del Estado miembro en el que la sociedad tenga su domicilio social.

4.  Se considerará precio equitativo el precio más elevado que haya abonado por los mismos valores el oferente o personas que actúen de concierto con el mismo durante un período que determinarán los Estados miembros y que no podrá ser inferior a seis meses ni superior a doce, antes de la oferta contemplada en el apartado 1. Si el oferente o personas que actúen de concierto con el mismo compran valores a un precio superior al de la oferta después de que ésta se haya hecho pública y antes del cierre del plazo de aceptación, el oferente deberá incrementar el precio de su oferta hasta alcanzar como mínimo el precio más alto pagado por los valores adquiridos de esta forma.

Siempre y cuando se respeten los principios generales a que se refiere el apartado 1 del artículo 3, los Estados miembros podrán autorizar a las autoridades supervisoras a modificar el precio contemplado en el primer párrafo en circunstancias y según criterios claramente determinados. A tal fin, los Estados miembros podrán elaborar una lista de circunstancias en las que el precio podrá modificarse al alza o a la baja, tales como, por ejemplo, en caso de que el precio más elevado se haya fijado por acuerdo entre el comprador y un vendedor, de que los precios del mercado de valores en cuestión se hayan manipulado, de que los precios de mercado en general o de determinados precios en particular se hayan visto afectados por acontecimientos excepcionales o a fin de permitir el saneamiento de una empresa en crisis. Los Estados miembros podrán también definir los criterios que deberán utilizarse en estos casos, tales como, por ejemplo, el valor medio del mercado en un determinado período, el valor de liquidación de la sociedad u otros criterios de evaluación objetivos generalmente utilizados en el análisis financiero.

Toda decisión de las autoridades de modificar el precio equitativo deberá ser motivada y pública.

5.  Como contraprestación, el oferente podrá ofrecer valores, efectivo o una combinación de ambos.

No obstante, cuando la contraprestación ofrecida por el oferente no consista en valores líquidos admitidos a negociación en un mercado regulado, dicha contraprestación tendrá que incluir, como opción, efectivo.

En todos los casos, el oferente deberá proponer, al menos como alternativa, una contraprestación en efectivo cuando el mismo oferente o personas que actúen de concierto con él, en un período que comenzará en el mismo momento que el período decidido por el Estado miembro con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 y concluirá en el momento en que se cierre el plazo de aceptación, hayan adquirido en efectivo valores que confieran el 5% o más de los derechos de voto de la sociedad afectada.

Los Estados miembros podrán prever que se ofrezca en todos los casos, al menos como opción, una contraprestación en efectivo.

6.  Además de la protección contemplada en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar otros instrumentos a fin de proteger los intereses de los titulares de valores, siempre y cuando dichos instrumentos no obstaculicen el curso normal de la oferta.

Artículo 6

Información sobre la oferta

1.  Los Estados miembros velarán por que se haga pública inmediatamente la decisión de presentar una oferta y se informe al respecto a la autoridad supervisora. Los Estados miembros podrán exigir que se informe a la autoridad supervisora antes de hacer pública tal decisión. Tan pronto como se haya hecho pública la oferta, los órganos de administración o dirección de la sociedad afectada y del oferente informarán a los representantes de sus respectivos trabajadores o, en su defecto, a los propios trabajadores.

2.  Los Estados miembros velarán por que el oferente tenga la obligación de elaborar y publicar oportunamente un folleto de oferta que contenga la información necesaria para que los titulares de valores de la sociedad afectada puedan tomar una decisión respecto de la oferta con pleno conocimiento de causa. Antes de publicar el folleto de oferta, el oferente lo transmitirá a la autoridad supervisora. Una vez publicado, los órganos de administración o dirección de la sociedad afectada y del oferente lo remitirán a los representantes de sus respectivos trabajadores o, en su defecto, a los propios trabajadores.

Cuando el folleto de oferta contemplado en el primer párrafo esté sujeto a la aprobación previa de la autoridad supervisora y reciba dicha aprobación, se reconocerá, sin perjuicio de su posible traducción, en todos los demás Estados miembros en cuyos mercados se admitan a negociación los valores de la sociedad afectada sin que sea necesario obtener la aprobación de las autoridades supervisoras de cada Estado miembro. Estas últimas únicamente podrán exigir que se incluya información complementaria en el folleto de oferta si dicha información es propia del mercado del Estado o Estados miembros en cuyos mercados se admiten a negociación los valores de la sociedad afectada y se refiere a los trámites que deben cumplirse para aceptar la oferta y recibir la contraprestación debida a consecuencia de la oferta, así como al régimen fiscal a que quedará sujeta la contraprestación ofrecida a los titulares de valores.

3.  El folleto de oferta contemplado en el apartado 2 contendrá al menos la información siguiente:

   a) el contenido de la oferta;
   b) la identidad del oferente y, cuando éste sea una sociedad, su forma, denominación y domicilio social;
   c) los valores o la clase o clases de valores a que se refiere la oferta;
   d) la contraprestación ofrecida por cada valor o clases de valores y, en caso de ofertas obligatorias, el método de valoración utilizado para determinarla, con indicación del modo en que se hará efectiva tal contraprestación;
   e) la compensación ofrecida a cambio de los derechos que puedan quedar suprimidos como resultado de la regla de neutralización establecida en el apartado 4 del artículo 11, especificando la forma en que se abonará la compensación y el método empleado para determinarla;
   f) el porcentaje o número máximo y mínimo de valores que el oferente se compromete a adquirir;
   g) en su caso, información sobre los valores que ya posea el oferente y las personas que actúan de concierto con él en la sociedad afectada;
   h) todas las condiciones a las que esté sujeta la oferta;
   i) las intenciones del oferente en cuanto a las perspectivas futuras de las actividades de la sociedad afectada y, en la medida en que se vea afectada por la oferta, de la sociedad oferente, así como al mantenimiento de los puestos de trabajo de su personal y directivos, incluido cualquier cambio importante en las condiciones de trabajo. Esto se refiere, en particular, a los planes estratégicos del oferente en relación con las sociedades y sus posibles repercusiones en el empleo y la localización de los centros de actividad;
   j) el plazo de aceptación de la oferta;
   k) en el supuesto de que la contraprestación propuesta por el oferente incluya valores del tipo que fueren, información sobre los mismos;
   l) información sobre la financiación de la oferta;
   m) la identidad de las personas que actúen de concierto con el oferente o con la sociedad afectada, así como, en caso de sociedades, su forma, denominación y domicilio social, así como su relación con el oferente y, en su caso, con la sociedad afectada;
   n) indicación de la legislación nacional que regirá los contratos celebrados entre el oferente y los titulares de valores de la sociedad afectada y derivados de la oferta, así como los órganos jurisdiccionales competentes.

4.  La Comisión adoptará, de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 18, las disposiciones de aplicación del apartado 3 del presente artículo.

5.  Los Estados miembros velarán por que las partes de la oferta estén obligadas a facilitar a las autoridades supervisoras de su Estado miembro, siempre que lo soliciten, toda la información sobre la oferta que obre en su poder y que resulte necesaria para que la autoridad supervisora ejerza sus funciones.

Artículo 7

Plazo de aceptación

1.  Los Estados miembros dispondrán que el plazo de aceptación de la oferta no pueda ser inferior a dos semanas ni superior a diez a partir de la fecha de publicación del folleto de oferta. Sin perjuicio del principio general contemplado en la letra f) del apartado 1 del artículo 3, los Estados miembros podrán prever que se prolongue el período de diez semanas, siempre y cuando el oferente notifique al menos con dos semanas de antelación su intención de cerrar la oferta.

2.  Los Estados miembros podrán prever normas que modifiquen en casos concretos el período contemplado en el apartado 1. Los Estados miembros podrán autorizar a la autoridad supervisora a conceder una excepción a la duración prevista en el apartado 1 a fin de que la sociedad afectada pueda convocar una junta general de accionistas para estudiar la oferta.

Artículo 8

Publicidad de la oferta

1.  Los Estados miembros velarán por que la oferta se haga pública de modo tal que se garantice la transparencia y la integridad del mercado de los valores de la sociedad afectada, de la sociedad oferente o de cualquier otra sociedad interesada por la oferta, a fin de evitar, en particular, la publicación o difusión de datos falsos o engañosos.

2.  Los Estados miembros establecerán la publicación de toda la información o todos los documentos exigidos con arreglo al artículo 6 según normas que garanticen que los titulares de valores, al menos en los Estados miembros en los que los valores de la sociedad afectada estén admitidos a negociación en un mercado regulado, y los representantes de los trabajadores de la sociedad afectada y del oferente o, en su defecto, los propios trabajadores, puedan obtenerlos fácil y rápidamente.

Artículo 9

Obligaciones del órgano de administración o dirección de la sociedad afectada

1.  Los Estados miembros velarán por el cumplimiento de las normas previstas en los apartados 2 a 5.

2.  Durante el período contemplado en el segundo párrafo, el órgano de administración o dirección de la sociedad afectada estará obligado a obtener la autorización previa de la junta general de accionistas a tal efecto antes de emprender cualquier acción que pueda impedir el éxito de la oferta, con excepción de la búsqueda de otras ofertas, y, en particular, antes de iniciar cualquier emisión de valores que pueda impedir al oferente de manera duradera adquirir el control de la sociedad afectada.

Dicha autorización será obligatoria al menos a partir del momento en que el órgano de administración o dirección de la sociedad afectada reciba la información contemplada en la primera frase del apartado 1 del artículo 6 sobre la oferta y en tanto su resultado no se haya hecho público o la oferta no haya caducado. Los Estados miembros podrán disponer que se adelante el momento a partir del cual debe obtenerse tal autorización, por ejemplo, a partir de aquél en que el órgano de administración o dirección de la sociedad afectada tenga conocimiento de la inminencia de la oferta.

3.  Por lo que se refiere a las decisiones adoptadas antes de iniciarse el período contemplado en el segundo párrafo del apartado 2 y aún no aplicadas total o parcialmente, la junta general de accionistas deberá aprobar o confirmar toda decisión que no se inscriba en el curso normal de actividades de la sociedad y cuya aplicación pueda impedir el éxito de la oferta.

4.  A efectos de la obtención de la autorización previa, aprobación o confirmación de los titulares de valores conforme a los apartados 2 y 3, los Estados miembros podrán establecer normas que permitan la convocatoria de una junta general de accionistas en breve plazo, siempre y cuando dicha junta se celebre al menos dos semanas después de su notificación.

5.  El órgano de administración o dirección de la sociedad afectada redactará y hará público un documento que recoja su dictamen motivado sobre la oferta, en particular, en cuanto a sus repercusiones sobre el conjunto de intereses de la sociedad, incluido el empleo, y a los planes estratégicos del oferente enumerados en el folleto de oferta con arreglo a la letra i) del apartado 3 del artículo 6 sobre la sociedad afectada y sus repercusiones probables en el empleo y la localización de los centros de actividad. El órgano de administración o dirección de la sociedad afectada comunicará al mismo tiempo dicho dictamen a los representantes de los trabajadores de la sociedad o, en su defecto, directamente a los trabajadores. Cuando el órgano de administración o dirección de la sociedad afectada reciba oportunamente un dictamen distinto de los representantes del personal en cuanto a las repercusiones sobre el empleo, éste se adjuntará al documento.

6.  A los fines del apartado 2, por órgano de administración o dirección se entenderá tanto el órgano de gestión de la sociedad como el órgano supervisor de ésta, cuando la organización de la misma siga la estructura de dos pilares.

Artículo 10

Información sobre las sociedades contempladas en el apartado 1 del artículo 1

1.  Los Estados miembros velarán por que las sociedades contempladas en el apartado 1 del artículo 1 publiquen información detallada sobre los siguientes aspectos:

   a) la estructura del capital, incluidos los valores que no se negocien en un mercado regulado de un Estado miembro, con indicación, en su caso, de las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera y el porcentaje del capital social que represente;
   b) cualquier restricción a la transmisibilidad de valores, tales como limitaciones a la posesión de valores o la necesidad de obtener autorizaciones de la sociedad o de otros titulares de valores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46 de la Directiva 2001/34/CE;
   c) las participaciones significativas en el capital, directas o indirectas (por ejemplo, a través de estructuras piramidales o accionariado cruzado), a efectos de lo dispuesto en el artículo 85 de la Directiva 2001/34/CE;
   d) los titulares de cualquier valor que incluya derechos de control especiales, con descripción de tales derechos;
   e) el mecanismo de control de votos previsto, en su caso, en el sistema de accionariado de los empleados, cuando éstos no ejerzan directamente el derecho de voto;
   f) cualquier restricción al derecho de voto, tales como limitaciones a los derechos de voto a un determinado porcentaje o número de votos, plazos impuestos al ejercicio del derecho de voto o regímenes en los que, con la cooperación de la sociedad, los derechos económicos vinculados a los valores estén separados de la titularidad del valor;
   g) los acuerdos entre accionistas que sean conocidos por la sociedad y puedan implicar restricciones a la transmisibilidad de valores o a los derechos de voto a efectos de la Directiva 2001/34/CE;
   h) las normas aplicables al nombramiento y sustitución de los miembros del órgano de administración o dirección y a la modificación de los estatutos de la sociedad;
   i) los poderes de los miembros del órgano de administración o dirección y, en particular, los relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones;
   j) los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, junto con sus efectos, excepto cuando su carácter sea tal que su divulgación resulte gravemente perjudicial para la sociedad; esta excepción no se aplicará cuando la sociedad esté obligada específicamente a dar publicidad a esta información sobre la base de otros requisitos legales;
   k) los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación de empleo llega a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición.

2.  La información contemplada en el apartado 1 deberá publicarse en el informe de gestión de la sociedad a efectos de lo dispuesto en el artículo 46 de la Directiva 78/660/CEE (16) y en el artículo 36 de la Directiva 83/349/CEE (17).

3.  Los Estados miembros velarán por que, en las sociedades cuyos valores se negocien en un mercado regulado de un Estado miembro, el órgano de administración o dirección presente cada año un informe explicativo a la junta general de accionistas sobre los elementos contemplados en el apartado 1.

Artículo 11

Neutralización

1.  Sin perjuicio de los demás derechos y obligaciones establecidos en el Derecho comunitario para las sociedades contempladas en el apartado 1 del artículo 1, los Estados miembros velarán por que se apliquen las disposiciones contempladas en los apartados 2 a 7 cuando se haga pública una oferta.

2.  Durante el plazo de aceptación de la oferta establecido en el apartado 1 del artículo 7, no podrá aplicarse al oferente ninguna de las restricciones a la transmisibilidad de valores previstas en los estatutos de la sociedad afectada.

Durante el plazo de aceptación de la oferta establecido en el apartado 1 del artículo 7, no podrá aplicarse al oferente ninguna de las restricciones a la transmisibilidad de valores prevista en acuerdos contractuales entre la sociedad afectada y titulares de valores en esta sociedad o en acuerdos contractuales entre titulares de valores de la sociedad afectada celebrados tras la adopción de la presente Directiva.

3.  Las restricciones al derecho de voto previstas en los estatutos de la sociedad afectada no surtirán efecto en la junta general de accionistas que decida sobre posibles medidas de defensa con arreglo al artículo 9.

Las restricciones al derecho de voto previstas en acuerdos contractuales entre la sociedad afectada y titulares de valores en esta sociedad o en acuerdos contractuales entre titulares de valores de la sociedad celebrados tras la adopción de la presente Directiva no surtirán efecto en la junta general de accionistas que decida sobre posibles medidas de defensa con arreglo al artículo 9.

Los valores con derechos de voto múltiple conferirán un solo voto en la junta general de accionistas que decida sobre posibles medidas de defensa con arreglo al artículo 9.

4.  Cuando, tras una oferta, el oferente posea un 75% o más del capital que confiera derecho de voto, las restricciones a la transmisibilidad de valores y al derecho de voto contempladas en los apartados 2 y 3, así como los derechos extraordinarios de los accionistas relativos al nombramiento o revocación de miembros del órgano de administración o dirección contemplados en los estatutos de la sociedad afectada dejarán de surtir efecto; los valores con derechos de voto múltiple conferirán un voto únicamente en la primera junta general de accionistas tras el cierre de la oferta, convocada por el oferente con el fin de modificar los estatutos o para revocar o designar miembros del órgano de administración o dirección.

A tal efecto, el oferente deberá tener derecho a convocar una junta general de accionistas en breve plazo, siempre y cuando dicha junta se celebre al menos dos semanas después de su notificación.

5.  Cuando se supriman derechos sobre la base de los apartados 2, 3 y 4 y/o del artículo 12, se establecerá una compensación equitativa por cualquier pérdida sufrida por los titulares de los derechos. Los Estados miembros establecerán los términos para determinar dicha compensación y las modalidades de pago.

6.  Los apartados 3 y 4 no se aplicarán a los valores en los que las restricciones de los derechos de voto se hayan compensado mediante beneficios económicos específicos.

7.  El presente artículo no se aplicará en los casos en que un Estado miembro sea titular de valores en la sociedad afectada que confieran derechos especiales al Estado miembro siempre que sean compatibles con el Tratado; tampoco se aplicará a los derechos especiales contemplados en la legislación nacional que sean compatibles con el Tratado ni a las sociedades cooperativas.

Artículo 12

Disposiciones opcionales

1.  Los Estados miembros podrán reservarse el derecho de no requerir a las sociedades contempladas en el apartado 1 del artículo 1 que tengan el domicilio social en su territorio que apliquen los apartados 2 y 3 del artículo 9 y/o el artículo 11.

2.  Cuando los Estados miembros hagan uso de la opción referida en el apartado 1, habrán de dar en cualquier caso a las sociedades que tengan el domicilio social en su territorio la opción de aplicar los apartados 2 y 3 del artículo 9 y/o el artículo 11, sin perjuicio del apartado 7 del artículo 11. La decisión que adopten las sociedades podrá ser modificada.

La decisión de la sociedad deberá ser adoptada por la junta general de accionistas de conformidad con la legislación aplicable donde la sociedad tenga su domicilio social y con arreglo a las normas aplicables a las modificaciones de los estatutos. La decisión habrá de notificarse a la autoridad supervisora del Estado miembro en el que la sociedad tenga su domicilio social, así como a todas las autoridades supervisoras de los Estados miembros en los que los valores estén admitidos a cotización en un mercado regulado o cuya admisión se haya solicitado.

3.  Con arreglo a las condiciones determinadas por la legislación nacional, los Estados miembros podrán eximir a las sociedades a las que se apliquen los apartados 2 y 3 del artículo 9 y/o el artículo 11 de la aplicación de dichas disposiciones si son objeto de una oferta pública de adquisición por parte de una sociedad que no aplica las mismas disposiciones que éstas, o por parte de una sociedad controlada directa o indirectamente por esta última, de conformidad con el artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE.

4.  Los Estados miembros velarán por que se den a conocer inmediatamente las disposiciones aplicables a las sociedades respectivas.

5.  Cualquier medida aplicada con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 estará sujeta a la autorización de la junta general de accionistas de la sociedad afectada, que habrá de producirse con una antelación no superior a 18 meses antes de hacerse pública la oferta de adquisición de conformidad con el apartado 1 del artículo 6.

Artículo 13

Otras normas en materia de ofertas

Los Estados miembros establecerán asimismo normas que regulen las ofertas como mínimo en los siguientes ámbitos:

   a) caducidad de la oferta;
   b) modificación de las ofertas;
   c) ofertas competidoras;
   d) publicación de los resultados de las ofertas;
   e) irrevocabilidad de la oferta y condiciones permitidas.

Artículo 14

Información y consulta a los representantes de los trabajadores

Las disposiciones de la presente Directiva se entenderán sin perjuicio de las normas relativas a la información y consulta de los representantes de los trabajadores y, si los Estados miembros lo contemplan, de la cogestión con los trabajadores de la sociedad oferente y de la sociedad afectada, que se regirán por las disposiciones nacionales pertinentes, y, en particular, las adoptadas en aplicación de las Directivas 94/45/CE, 98/59/CE, 2001/86/CE y 2002/14/CE.

Artículo 15

Venta forzosa

1.  Los Estados miembros velarán por que, tras una oferta dirigida a todos los titulares de valores de la sociedad afectada y referente a la totalidad de sus valores, se apliquen las disposiciones contempladas en los apartados 2 a 5.

2.  Los Estados miembros velarán por que un oferente pueda exigir a los restantes titulares de valores que le vendan dichos valores a un precio justo. Los Estados miembros establecerán este derecho en una de las situaciones siguientes:

   a) cuando el oferente posea valores que representen al menos el 90% del capital que confiere derechos de voto y el 90% de los derechos de voto de la sociedad afectada; o
   b) cuando haya adquirido o se haya comprometido en firme a adquirir, en virtud de la aceptación de su oferta, valores que representen al menos el 90% del capital social de la sociedad afectada que confiera derechos de voto y el 90% de los derechos de voto incluidos en la oferta.

En el caso contemplado en la letra a), los Estados miembros podrán fijar un umbral más elevado que, no obstante, no podrá ser superior al 95% del capital que confiera derechos de voto y al 95% de los derechos de voto.

3.  Los Estados miembros establecerán normas que permitan calcular cuándo se alcanza el umbral.

Cuando la sociedad afectada posea varias clases de valores, los Estados miembros podrán establecer que la venta forzosa pueda reclamarse solamente en la clase en la que se haya alcanzado al umbral fijado en el apartado 2.

4.  El oferente podrá reclamar la venta forzosa en un plazo de tres meses tras el final del plazo de aceptación de la oferta a que se refiere el artículo 7.

5.  Los Estados miembros velarán por que se garantice un precio justo. Dicho precio deberá adoptar la misma forma que la contraprestación de la oferta o realizarse en efectivo. Los Estados miembros podrán determinar que el efectivo se ofrezca al menos como alternativa.

En caso de oferta voluntaria, en los casos contemplados en las letras a) y b) del apartado 2, la contraprestación de la oferta se presumirá justa si el oferente ha adquirido, tras la aceptación de la oferta, valores que representen al menos el 90% del capital que confiera derechos de voto objeto de la oferta.

Tras una oferta obligatoria, la contraprestación de dicha oferta se considerará justa.

Artículo 16

Compra forzosa

1.  Los Estados miembros velarán por que, tras una oferta dirigida a todos los titulares de valores de la sociedad afectada y referente a la totalidad de sus valores, se apliquen las disposiciones de los apartados 2 y 3.

2.  Los Estados miembros velarán por que los titulares de valores que no hayan aceptado la oferta puedan exigir del oferente la compra de sus valores a un precio justo en las mismas condiciones que las contempladas en el apartado 2 del artículo 15.

3.  Se aplicarán, mutatis mutandis, las disposiciones de los apartados 3 a 5 del artículo 15.

Artículo 17

Sanciones

Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva y tomarán cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación de dichas disposiciones. Las sanciones así previstas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasivas. Los Estados miembros notificarán tales disposiciones a la Comisión no más tarde de la fecha prevista en el apartado 1 del artículo 21 e informarán cuanto antes de cualquier posterior modificación al respecto.

Artículo 18

Comité

1.  La Comisión estará asistida por el Comité europeo de valores establecido en la Decisión 2001/528/CE (denominado en lo sucesivo "Comité").

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8 y siempre que las medidas de ejecución adoptadas con arreglo a este procedimiento no modifiquen las disposiciones esenciales de la presente Directiva.

3.  El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3.  Sin perjuicio de las medidas de ejecución ya aprobadas, tras un período de cuatro años a partir de su entrada en vigor, se suspenderá la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva que exijan la adopción de normas técnicas y de decisiones con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado 2. El Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrán renovar estas disposiciones con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado y, a tal fin, las revisarán antes del vencimiento del plazo mencionado.

Artículo 19

Comité de contacto

1.  Se establecerá un comité de contacto con las funciones siguientes:

   a) facilitar, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 226 y 227 del Tratado, la aplicación armonizada de la presente Directiva mediante reuniones periódicas en las que se traten los problemas prácticos que surjan en su aplicación;
   b) asesorar a la Comisión, en su caso, sobre adiciones o modificaciones a la presente Directiva.

2.  El comité de contacto no tendrá como función evaluar la oportunidad de las decisiones adoptadas por la autoridad supervisora en casos concretos.

Artículo 20

Revisión

Cinco años después de la fecha contemplada en el apartado 1 del artículo 21, la Comisión examinará y, en su caso, propondrá que se revise la presente Directiva en función de la experiencia adquirida en su aplicación. El examen deberá incluir un estudio de las estructuras de control y los obstáculos que se oponen a las ofertas públicas de adquisición que no estén contempladas en la presente Directiva.

A tal fin, los Estados miembros informarán anualmente a la Comisión sobre las ofertas públicas de adquisición que se hayan realizado sobre sociedades cuyos valores se admitan a cotización en sus mercados regulados. Esta información incluirá la nacionalidad de las sociedades interesadas, el resultado de la oferta y cualquier otra información pertinente para comprender el funcionamiento en la práctica de las ofertas públicas de adquisición.

Artículo 21

Transposición de la Directiva

1.  Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el… (18). Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en los ámbitos regulados por la presente Directiva.

Artículo 22

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 23

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 45 E de 25.2.2003, p. 1.
(2) DO C 45 E de 25.2.2003, p. 1.
(3) DO C 208 de 3.9.2003, p. 55.
(4) Posición del Parlamento Europeo de 16 de diciembre de 2003.
(5) DO L 254 de 30.9.1994, p. 64. Directiva modificada por la Directiva 97/74/CE (DO L 10 de 16.1.1998, p. 22).
(6) DO L 225 de 12.8.1998, p. 16.
(7) DO L 294 de 10.11.2001, p. 22.
(8) DO L 80 de 23.3.2002, p. 29.
(9) DO L 96 de 12.4.2003, p. 16.
(10) DO L 191 de 13.7.2001, p. 45. Decisión modificada por la Decisión 2004/8/CE de la Comisión (DO L 3 de 7.1.2004, p. 33).
(11) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
(12) Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables (DO L 141 de 11.6.1993, p. 27). Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 35 de 11.2.2003, p. 1).
(13) Directiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la admisión de valores negociables a cotización oficial y la información que ha de publicarse sobre dichos valores (DO L 184 de 6.7.2001, p. 1). Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/71/CE (DO L 345 de 31.12.2003, p. 64).
(14) DO L 96 de 12.04.2003, p.16.
(15) DO L 345 de 31.12.2003, p.64.
(16) Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad (DO L 222 de 14.8.1978, p. 11). Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 178 de 17.7.2003, p. 16).
(17) Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, relativa a las cuentas consolidadas (DO L 193 de 18.7.1983, p. 1). Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/51/CE.
(18)* Dos años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.


Profesiones liberales
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Resolución del Parlamento Europeo sobre las disposiciones en materia de mercado y competencia para las profesiones liberales
P5_TA(2003)0572RC-B5-0430/2003

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 6, 43, 45, 49, 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

–  Vista la Resolución del Parlamento Europeo de 5 de abril de 2001 sobre escalas de honorarios y tarifas obligatorias para determinadas profesiones liberales, en particular los abogados, y sobre la función y la posición particulares de las profesiones liberales en la sociedad moderna,(1)

–  Visto el apartado 5 del artículo 42 de su Reglamento,

A.  Considerando que las profesiones liberales constituyen uno de los pilares del pluralismo y la independencia en la sociedad y que desempeñan funciones de interés público,

B.  Considerando que es necesario que las actividades relacionadas con las profesiones liberales se abran lo más posible a la libre competencia, tanto en el interior de cada uno de los Estados miembros como a través de las fronteras internas de la Unión, en beneficio de los consumidores, de la calidad de los servicios y de la economía de la Unión Europea en su conjunto,

C.  Considerando que la importancia de un comportamiento ético, de la confidencialidad con la clientela y de un alto nivel de conocimientos especializados requieren la organización de sistemas de autorregulación como los que hoy establecen los colegios y las órdenes profesionales,

D.  Considerando que la Comisión ha de tener en cuenta la naturaleza específica de distintos sectores de la economía, las preocupaciones sociales y consideraciones relativas a la búsqueda del interés público,

1.  Reitera que las profesiones liberales son la expresión de un orden democrático fundamental basado en el Derecho y que, en particular, constituyen un elemento esencial de las sociedades europeas;

2.  Subraya la importancia de la existencia de normas, que son necesarias, en el contexto específico de cada profesión, para garantizar la imparcialidad, la competencia, la integridad y la responsabilidad de los miembros de estas profesiones con el fin de garantizar la calidad de sus servicios, en beneficio de sus clientes y de la sociedad en general, y de garantizar asimismo el interés público;

3.  Constata que la actividad de cada asociación profesional ha de ser examinada por separado, de manera que las normas sobre competencia se apliquen a la asociación sólo cuando actúe exclusivamente en interés de sus miembros;

4.  Subraya que un organismo profesional no es una empresa ni un grupo de empresas en el sentido del artículo 82 del Tratado CE;

5.  Toma nota de las altas cualificaciones requeridas para el ejercicio de las profesiones liberales, de la necesidad de proteger estas cualificaciones que distinguen a las profesiones liberales en beneficio de los ciudadanos europeos, así como de la necesidad de establecer relaciones específicas basadas en la confianza entre los profesionales liberales y sus clientes;

6.  Destaca que han de ser objeto de especial consideración las profesiones liberales activas en el sector de la salud pública, a fin de asegurar el respeto de los principios establecidos en el artículo 152 del Tratado;

7.  Considera que se ha de limitar la diversidad nacida de la cultura, la tradición jurídica, la sociología y la etnología de los distintos grupos profesionales en los Estados miembros para atender las exigencias de una sociedad europea común;

8.  Señala la necesidad de que las profesiones liberales fomenten la competencia y la libre prestación de servicios en sus propios Estados miembros y en toda la Unión Europea y los beneficios que de ello se derivan;

9.  Considera, sin embargo, que el objetivo de promover la competencia en el seno de las profesiones debe ser compatible, en cada caso, con el objetivo de preservar las normas puramente éticas específicas de cada profesión y que, para lograr este objetivo, se deben respetar los cometidos de interés público que se confían a las profesiones liberales;

10.  Subraya que las características específicas de los mercados de servicios profesionales requieren una reglamentación adecuada;

11.  Concluye que, desde un punto de vista general, se necesitan normas en el contexto específico de cada profesión, en particular en materia de organización, cualificaciones, ética profesional, supervisión, responsabilidad, imparcialidad y competencia de los miembros de la profesión, o con el fin de prevenir conflictos de intereses y publicidad engañosa, siempre que :

   a) den al usuario final la seguridad de que disponen de las garantías necesarias en materia de integridad y de experiencia, y
   b) no constituyan restricciones de la competencia;

12.  Pide a la Comisión que examine detenidamente los principios y las inquietudes expresados en la presente Resolución al analizar las normas que rigen el ejercicio de las distintas profesiones liberales en los Estados miembros;

13.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión.

(1) DO C 21 E de 24.1.2002, p. 364.

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