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Procedimiento : 2004/2252(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A6-0075/2005

Textos presentados :

A6-0075/2005

Debates :

PV 12/04/2005 - 7

Votaciones :

PV 12/04/2005 - 9.15

Textos aprobados :

P6_TA(2005)0115

Textos aprobados
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Martes 12 de abril de 2005 - Estrasburgo
Objetivos de Desarrollo del Milenio
P6_TA(2005)0115A6-0075/2005

Resolución del Parlamento Europeo sobre la función de la UE en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) (2004/2252(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 2000, en la que se fijan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como criterios acordados conjuntamente por la comunidad internacional para la eliminación de la pobreza,

–  Vistos los sucesivos informes sobre desarrollo humano elaborados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

–  Visto el Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) sobre los países menos adelantados de 2002, titulado "Escapar de la trampa de la pobreza",

–  Vistos los informes anuales del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, el último de ellos con fecha de 27 de agosto de 2004,

–  Visto el informe del Grupo de Acción sobre el Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas dirigido por el Profesor Jeffrey Sachs titulado "Invirtiendo en el desarrollo: un plan práctico para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio",

–  Vistos los informes anuales del Unicef sobre el estado mundial de la infancia y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989,

–  Vistas las declaraciones finales y las conclusiones de distintas conferencias internacionales, en particular la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Monterrey, 2002), la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002), la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Desarrollados (Bruselas, 2001), la Cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (Doha, 2001), la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) (El Cairo, 1994), la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en 1999 para examinar los progresos para la consecución de los objetivos de la CIPD ("El Cairo + 5"), y el Foro Mundial de la Educación (Dakar, 2000),

–  Vistas las reservas nacionales expresadas por los Estados miembros de la UE en las declaraciones y conclusiones finales de las conferencias anteriormente citadas,

–  Vistos los compromisos asumidos por la UE en el Consejo Europeo de Barcelona en marzo de 2002, de cara a la Conferencia de Monterrey,

–  Vistos los artículos 177 a 181 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y los artículos III-316 a 318 y III-321 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa,

–  Visto el informe de la Comisión sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000-2004 (SEC(2004)1379),

–  Vista la declaración del Consejo y de la Comisión de 20 de noviembre de 2000 sobre la política de desarrollo de la Comunidad Europea,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y de Relaciones Exteriores de los días 22 y 23 de noviembre de 2004,

–  Vistas las comunicaciones del Presidente de la Comisión, elaboradas de común acuerdo con la Vicepresidenta Wallström, sobre "Objetivos estratégicos 2005-2009; Europa 2010: una asociación para la renovación de Europa - prosperidad, solidaridad y seguridad" y el "Programa de trabajo de la Comisión para 2005",

–  Vista la Comunicación de la Comisión sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la posición que la Comunidad debe adoptar en el Consejo de Ministros ACP/CE en cuanto a la liquidación de los préstamos especiales concedidos a los países pobres muy endeudados (HIPC) y menos desarrollados (PMD) de la región ACP que subsistan después de la aplicación de todos los mecanismos de alivio de la deuda de la iniciativa HIPC (COM(2001)0210), así como su Resolución al respecto, de 25 de abril de 2002(1),

–  Vista su Resolución, de 13 de enero de 2005, sobre la reducción de la deuda de los países en desarrollo(2),

–  Visto el compromiso suscrito en 1996 en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación con el fin de reducir a la mitad el número de personas que padecen desnutrición para el año 2015,

–  Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y la opinión de la Comisión de Comercio Internacional (A6-0075/2005),

A.  Considerando que Europa facilita más del 50 % de la ayuda al desarrollo a nivel mundial, que en septiembre de 2000 los Estados miembros de la UE y el Presidente de la Comisión firmaron la Declaración del Milenio, que en diciembre de 2001 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),

B.  Reconociendo que los ODM, que hacen hincapié en los esfuerzos por alcanzar los objetivos de erradicación de la pobreza, deben considerarse como un elemento de un programa más amplio de fomento del desarrollo sostenible, la justicia, la igualdad, la gobernanza y el Estado de Derecho,

C.  Considerando que según el Informe 2002 de la UNCTAD sobre los países menos adelantados, el número de personas que viven en situación de extrema pobreza se ha duplicado con creces en los últimos treinta años, pasando de 138 millones en los años sesenta a 307 millones en los noventa y que, de continuar esta tendencia, el número de personas que viven con menos de 1 dólar estadounidense al día pasará de 307 millones a 420 millones de aquí a 2015,

D.  Considerando que la acción contra la pobreza requiere por encima de todo un cambio radical de política tanto en los países industrializados como en desarrollo, con objeto de tratar las causas estructurales de la pobreza, incluidas las reglas injustas del comercio internacional, el pago de la deuda que difícilmente pueden reembolsar los países en desarrollo a las instituciones financieras internacionales y el reparto injusto de la riqueza,

E.  Reconociendo que la consecución de los ODM implica la duplicación de los importes destinados en la actualidad a ayudas, así como su mantenimiento en ese nivel durante una década, como mínimo,

F.  Reconociendo los esfuerzos paralelos desplegados para identificar otras fuentes innovadoras de financiación y reconociendo que la calidad y el contenido de la ayuda es igual de importante,

G.  Lamentando que dos tercios de los países en desarrollo gasten más en el servicio de la deuda que en servicios sociales básicos,

H.  Reconociendo que muchos países altamente endeudados necesitan que se les condone al 100 % la carga de la deuda y que deberían llegar a 2015 sin deuda pendiente,

I.  Considerando que la revisión inter pares de 2002 realizada por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) criticó a la Comunidad Europea por no contar con una estrategia comunitaria global y por que los objetivos de la política de desarrollo comunitaria son muy numerosos, demasiado vagos y no se recogen en una escala de prioridades, y considerando que no se han realizado verdaderos esfuerzos en el pasado para asegurar que la ayuda comunitaria y la ayuda de los Estados miembros de la UE fueran complementarias,

J.  Tomando nota de que el 10 % de los recursos mundiales en el ámbito de la salud se destinan a las necesidades del 90 % de la población mundial, y que el 95 % de los 38 millones de personas con sida viven en países en desarrollo,

K.  Reconociendo la importancia de la prevención, pero subrayando, asimismo, la necesidad de facilitar medicamentos antirretrovirales a 3 millones de personas antes de que finalice el año,

L.  Considerando que, recientemente, se han logrado avances significativos en lo que respecta a la forma más dañina de los cuatro parásitos de la malaria humana, abriendo así el camino hacia nuevos tratamientos,

M.  Alarmado por los porcentajes más elevados de infección por el VIH/sida en el África subsahariana, en donde se han reducido drásticamente los gastos en materia de salud y educación,

N.  Considerando que algunas enfermedades tropicales pueden tratarse pero que, según los casos, los medicamentos son imposibles de costear, se han dejado de producir o son de calidad o eficacia insuficientes,

O.  Reconociendo que en el África subsahariana el 57 % de los adultos portadores del VIH son mujeres, y lamentando las presiones existentes para socavar políticas progresistas sobre derechos en materia de salud sexual y reproductiva, con el consiguiente aumento de los embarazos no deseados y de los abortos realizados en condiciones peligrosas,

P.  Considerando los importantes vínculos entre las políticas de sostenibilidad ambiental, comercio y desarrollo y la erradicación de la pobreza y el hambre extremas y considerando que el sustento de los pobres del campo depende casi exclusivamente de una buena gestión de los recursos naturales derivados del bosque, del suelo, de los campos, del mar, así como de los recursos en agua potable,

Q.  Tomando nota de la reciente publicación del alarmante Informe de Evaluación del Ecosistema del Milenio, en el que se llega a la conclusión de que cerca del 60 % (15 de 24) de los servicios de los ecosistemas examinados se están degradando o se están usando de manera no sostenible, incluidas el agua potable, las reservas haliéuticas, la depuración del aire y del agua, así como la regulación del clima, las catástrofes naturales y las plagas a escala regional y local y de que la población más pobre del planeta es la que más sufre a causa de estos cambios del ecosistema,

R.  Reconociendo el impacto que puede tener la Ronda de Desarrollo de Doha y la necesidad de unos sistemas comerciales basados en normas y destinados a corregir los desequilibrios comerciales en los intercambios comerciales en el mundo y, en particular, en África,

S.  Considerando que, en el pasado, la cooperación al desarrollo se basaba principalmente en estrategias sectoriales y que sería beneficioso orientar los ODM según un enfoque más basado en los sistemas, debido a las claras sinergias existentes,

1.  Acoge con satisfacción el informe de la Comisión sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000-2004 y espera con impaciencia el informe de síntesis de la UE sobre nuevas propuestas para garantizar que la ayuda comunitaria se destine íntegramente a la consecución de los ODM;

2.  Subraya que la reducción de la pobreza mediante la consecución de los ODM y la aplicación de la Declaración del Milenio debe reconocerse inequívocamente como el marco básico de la política de desarrollo de la UE, lo que debe reflejarse de forma clara en todas las propuestas políticas y propuestas legislativas en la materia; estima, no obstante, que los ODM no deben considerarse una cuestión técnica que se resolverá simplemente concediendo más fondos, sin definir ni abordar las causas subyacentes de la pobreza;

3.  Lamenta que, mientras que los ODM 1 a 7 tienen plazos claros, éste no sea el caso del ODM 8;

4.  Subraya el vínculo existente entre los ODM, las estrategias nacionales de reducción de la pobreza, la política macroeconómica, la gestión eficaz del gasto público, y una ayuda armonizada en apoyo de la buena gobernanza y de unas políticas adecuadas;

5.  Expresa su convencimiento de que los documentos de la estrategia de reducción de la pobreza (DERP) y los documentos de estrategia por país (DEP) pueden constituir importantes herramientas para realizar los ODM, si bien considera que deben someterse a revisión para sustentar mejor los ODM, y pide que se consagren en ambos tipos de documentos las acciones de ganancia rápida ("Quick Wins") para así formar parte de un enfoque sostenible y estructural; está convencido de que el procedimiento de desarrollo de un ODM basado en un DERP debe ser abierto y consultivo e implicar a todas las partes interesadas, tanto a escala nacional como internacional;

6.  Está convencido de que las políticas de desarrollo nacionales y regionales deben ser establecidas democráticamente por las propias poblaciones y que los respectivos gobiernos deben rendir cuentas a estas últimas a través de instituciones democráticas y no actuar condicionados por los intereses estratégicos de los donantes;

7.  Está convencido de que la lucha contra la pobreza incluye el reconocimiento del derecho de un país o una región a definir democráticamente sus propias políticas, prioridades y estrategias para incrementar una producción alimentaria y un desarrollo económico sostenibles mediante el aprovechamiento de sus recursos naturales y humanos y la tecnología local;

8.  Subraya que deben utilizarse todos los medios para la consecución de los ODM, para lo que es necesario establecer la cooperación más amplia posible con las partes interesadas, en particular con los parlamentos nacionales y la sociedad civil, para proporcionar la innovación, los recursos y la capacidad necesarios;

9.  Considera que debe reconocerse plenamente el derecho y el deber de cada país a garantizar la seguridad alimentaria de su población y a protegerse, si es necesario, frente a las exportaciones de otros países que puedan perjudicarle;

10.  Considera que la consolidación y el desarrollo de servicios públicos son indispensables para acabar con las grandes plagas relacionadas con la pobreza, como las epidemias, el analfabetismo, la falta de acceso al agua potable y de depuración de las aguas residuales;

11.  Pide que se aplique un enfoque integrado, opuesto a un enfoque sectorial, para alcanzar los ODM;

12.  Felicita a aquellos Estados miembros que han alcanzado o superado el 0,7 % de la RNB, si bien observa la preocupante tendencia de algunos a iniciar una disminución del nivel de las ayudas y a renunciar a los compromisos adquiridos sobre los calendarios;

13.  Subraya que, si bien la UE parece respetar en la actualidad su objetivo intermedio de destinar el 0,39 % de la RNB a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en 2006, las disparidades que se registran entre sus Estados miembros son muy grandes y, en este contexto, pide a los Estados miembros que siguen situándose por debajo de esta cifra que se comprometan con un calendario y unos plazos claros para alcanzar el objetivo del 0,7 % en 2015;

14.  Celebra los avances logrados por muchos de los diez nuevos Estados miembros de la UE al aumentar drásticamente los niveles de la AOD y espera que prosiga esta tendencia;

15.  Subraya que el objetivo del 20 % para la educación básica y la salud debería incluirse en el Presupuesto de la UE y en el Fondo Europeo de Desarrollo, ampliando el actual objetivo del 35 % para servicios sociales básicos;

16.  Expresa su apoyo a la propuesta de que el Consejo de Economía y Finanzas (ECOFIN) y el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores efectúen evaluaciones periódicas de los avances realizados en relación con la consecución de los objetivos de la AOD, y pide a los Estados miembros que fijen unos objetivos anuales en materia de ayuda global y ayuda a los países menos desarrollados;

17.  Insta a la Comisión a que examine los recursos que ella misma destina al desarrollo y a que se comprometa a aumentar significativamente su gasto en desarrollo durante el período cubierto por las próximas perspectivas financieras;

18.  Pide a la UE que lleve a cabo acciones concretas de lucha contra la pobreza mediante la adopción de una política coherente entre su comercio, la cooperación al desarrollo y las políticas agrícolas comunes, con objeto de evitar repercusiones negativas, directas o indirectas, en la economía de los países en desarrollo;

19.  Pide a la Comisión que explore nuevas fuentes innovadoras de financiación y que examine todas las sugerencias presentadas como vías alternativas para garantizar la financiación de los programas de desarrollo además del compromiso de destinar el 0,7 % de la RNB a la AOD;

20.  Pide que se condone la deuda mediante la supresión paulatina de la deuda de aquellos países altamente endeudados, especialmente países menos desarrollados, cuyos gobiernos respeten los derechos humanos y el principio de buena gobernanza y consideren prioritaria la erradicación de la pobreza;

21.  Solicita que los objetivos en materia de condonación de la deuda se vinculen no sólo a la relación entre deuda y exportaciones, sino también a las necesidades basadas en los ODM;

22.  Insta a la UE a que garantice una financiación adecuada a escala internacional de la investigación, que cuenta actualmente con una dotación insuficiente, sobre las enfermedades que afectan a los ciudadanos de los países en desarrollo;

23.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que fortalezcan sus asociaciones con los países en desarrollo de modo que se fomenten la previsibilidad, la responsabilidad mutua y las obligaciones recíprocas;

24.  Expresa su firme convencimiento de que, al tratar conjuntamente el problema de la corrupción y las prácticas financieras ilegales con arreglo a las disposiciones del Acuerdo de Asociación de Cotonú, los Estados ACP y de la UE pueden contribuir significativamente a la lucha contra la pobreza, la delincuencia y el terrorismo y, al tiempo, generar una estabilidad política y promover el desarrollo económico y social;

25.  Destaca la importancia de informatizar la gestión financiera pública en el marco más amplio de la administración pública en línea, con objeto de contrarrestar mejor la ineficacia burocrática y evitar la falta de transparencia;

26.  Insta a la Comisión a que incremente significativamente sus esfuerzos en aras de una mayor complementariedad entre las actividades de cooperación al desarrollo de los Estados miembros y las acciones de la Comisión, basándose en las ventajas comparativas de cada donante;

27.  Acoge con satisfacción iniciativas como el Atlas de donantes de la UE, que aspira a coordinar la ayuda al desarrollo en todos los Estados miembros, y anima a la Comisión a que complete y perfeccione este instrumento de modo que pueda utilizarse para determinar los ámbitos que se pueden armonizar más rápidamente;

28.  Solicita, en este contexto, que se adopten compromisos y calendarios concretos en materia de armonización, y pide que se desarrollen indicadores y referencias destinados a gestionar el compromiso de todas las partes a nivel nacional;

29.  Subraya las oportunidades que ofrece la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para luchar contra los problemas específicos ligados a la pobreza, como las TIC en el ámbito educativo, para la mejora de la asistencia sanitaria, para la buena gobernanza, etc.;

30.  Destaca la importancia de que los pobres tengan acceso a servicios energéticos modernos; reconoce al mismo tiempo que los países en desarrollo no tienen por qué repetir los errores de los países industrializados y que, por ello, debería apoyarse concretamente la inversión en tecnologías energéticas limpias y eficientes;

31.  Pide a la Comisión que aumente los fondos y que elabore un plan global en materia de desarrollo, educación y formación relacionado con los ODM;

32.  Insta a todos los Estados miembros de la UE a que cumplan plenamente los compromisos contraídos en el marco de la Declaración de Roma, de 25 de febrero de 2003, en lo que se refiere a la mejora del suministro de la ayuda y, en principio, a la desvinculación de la misma;

33.  Insta a la Comisión a que garantice que la UE asuma una posición de liderazgo en lo que se refiere a la realización de esfuerzos para garantizar la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza básica, e insiste en que estos esfuerzos se combinen con un aumento sustancial de los recursos y un gasto más focalizado de los recursos existentes;

34.  Considera ilusorio alcanzar los ODM de reducir a la mitad el número de personas en situación de pobreza y hambre de aquí a 2015, ofrecer una educación gratuita para todos y mejorar el acceso a los servicios sanitarios mientras los países en desarrollo sigan pagando cuatro veces más para reembolsar su deuda que para ofrecer servicios sociales básicos;

35.  Insiste en que, teniendo en cuenta que el principal desafío al que se enfrenta la iniciativa "Vía Rápida de Educación para Todos" del Banco Mundial es la falta de financiación externa, la Comisión debería buscar una mayor financiación para la educación y para dicha Iniciativa;

36.  Subraya la importancia de prestar una atención especial a la educación de las niñas, ya que las mujeres que han recibido una educación tienen familias menos numerosas, más sanas y contribuyen a aumentar la productividad y a reducir la pobreza;

37.  Pide que se preste especial atención a los huérfanos y niños y niñas excluidos socialmente, que sufren de forma desproporcionada las consecuencias de la falta de acceso a la educación;

38.  Insta a la Comisión a que examine cómo se puede hacer una contribución temprana y positiva mediante la preparación de un paquete que incluya mosquiteros para prevenir la malaria, la vacunación a través de la Alianza Global para Vacunas e Inmunización (GAVI) y, como medida importante de lucha contra el sida, el suministro de preservativos; señala que los Estados miembros podrían colaborar en esta iniciativa a nivel nacional; subraya que estas acciones deben integrarse en una estrategia a largo plazo para así formar parte de un enfoque sostenible;

39.  Pide a la Comisión que asuma el liderazgo en la lucha contra la malaria, reúna recursos y adopte medidas adecuadas y generales para controlar y erradicar esta pandemia a largo plazo, haciendo especial hincapié en la prevención;

40.  Pide, en particular, que se incremente la investigación pública y que el sector privado de inversiones se movilice para acelerar la investigación sobre vacunas;

41.  Subraya que la disponibilidad y accesibilidad en cuanto al coste de los servicios básicos de salud son una condición esencial para la aplicación satisfactoria de todas las políticas sanitarias en los países en desarrollo;

42.  Expresa su apoyo al acuerdo de la Comisión en relación con la necesidad de disponer de medicamentos a precios asequibles, y subraya la necesidad de un control minucioso de la aplicación de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC);

43.  Hace un llamamiento en favor de la puesta a disposición de fondos para abordar las emergencias en materia de salud en los países en desarrollo, y pide a los Gobiernos nacionales que concedan la prioridad a la salud;

44.  Subraya que el acceso al agua potable y a una alimentación equilibrada son condiciones imprescindibles para la salud de las poblaciones y, por ello, insiste en que el acceso al agua potable es esencial para luchar contra la pobreza y las enfermedades relacionadas con la falta de agua potable;

45.  Pide a los países en desarrollo que restablezcan los servicios públicos y los sistemas sanitarios básicos y considera que la ayuda europea debe sustentar en primer lugar los esfuerzos internos de los países en desarrollo por aumentar las capacidades humanas, institucionales y de infraestructura;

46.  Solicita un aumento sustancial del número de profesionales de la salud, ya que son más las personas que abandonan la profesión que las que se están formando en la materia;

47.  Solicita una mayor contribución de la UE al Fondo Mundial para la Salud, ya que los fondos prometidos para 2005 no suponen más que el 25 % de la cantidad necesaria, y que la UE y otros países adopten medidas para evitar la duplicación de esfuerzos e impulsar respuestas nacionales a las políticas en materia de VIH/sida, tuberculosis y malaria;

48.  Insta a la UE a que continúe asumiendo el liderazgo en lo que se refiere a los derechos en materia de salud sexual y reproductiva manteniendo los niveles de financiación de una amplia gama de servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar, el tratamiento de enfermedades sexualmente transmisibles y servicios de aborto seguro, siempre y cuando sean legales;

49.  Hace un llamamiento en favor del establecimiento de un objetivo en el marco del ODM 5 relativo al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de aquí a 2015, garantizando un ritmo igual o mayor de avance entre los pobres y otros grupos marginados o vulnerables; pide asimismo que se identifiquen correctamente los indicadores en lo que se refiere a los otros siete objetivos;

50.  Subraya la necesidad de que todos los programas y evaluaciones de la Comisión aborden la problemática relacionada con los menores basándose en sus derechos, y destaca que, al ser los derechos de los menores cuestiones transversales, éstos deberían incluirse sistemáticamente en todos los instrumentos y programas;

51.  Considera que las prioridades específicas relacionadas con el género deberán reevaluarse en el marco de la política de desarrollo comunitaria como derechos fundamentales y parte de los criterios de gobernanza aplicados sobre la base del Acuerdo de Cotonú y otros acuerdos;

52.  Destaca la importancia de que las mujeres dejen de estar marginadas para poder desempeñar un papel central en la formulación y seguimiento de las estrategias de reducción de la pobreza basadas en los ODM y otras reformas generales de importancia vital, particularmente a nivel de las autoridades locales;

53.  Acoge con satisfacción y apoya la intención de la Comisión de impulsar sus relaciones con África trabajando estrechamente con la Nueva Asociación para el Desarrollo de África (NEPAD), la Unión Africana (UA) y recientes iniciativas como la Comisión para África;

54.  Reitera la necesidad recogida en el artículo 178 del Tratado CE de que la Comunidad examine, si procede, mediante estudios de impacto, si los objetivos de la política de desarrollo podrían verse perjudicados como consecuencia de las acciones adoptadas en relación con otras políticas;

55.  Pide una completa evaluación del impacto de las actuales políticas de liberalización del comercio en lo que respecta a la situación de hambre y pobreza en los países en desarrollo y pide que los resultados de dicha evaluación se utilicen a la hora de establecer directrices claras para la cooperación al desarrollo;

56.  Insiste en prestar la necesaria atención al medio ambiente a nivel nacional para contribuir a alcanzar el ODM 7 incluyendo explícitamente el medio ambiente y el desarrollo sostenible en los documentos de estrategia regional y nacional;

57.  Subraya que el respaldo de la protección y regeneración de los sistemas que permiten la vida, como suelos, bosques y recursos marinos sanos y una buena gestión de los recursos en agua potable, constituyen elementos indispensables de los programas de reducción de la pobreza y que estas intervenciones deben considerarse prioritarias en el marco de las actividades de cooperación al desarrollo de la UE;

58.  Apoya plenamente las conclusiones del Informe de Evaluación del Ecosistema del Milenio, en el sentido de que la destrucción de los ecosistemas mundiales obstaculizará la consecución de los ODM; está de acuerdo, además, en que son necesarios cambios políticos e institucionales significativos para contrarrestar la degradación generalizada e insta a la Comisión a que incorpore las recomendaciones detalladas del Informe en su informe de síntesis y en sus futuros planes de trabajo;

59.  Pide al Consejo que solicite al Consejo de Administración del PNUMA que garantice que en la cumbre de revisión de los ODM de septiembre se inicie una revisión general de las consecuencias sociales y ambientales de las políticas de liberalización del comercio aplicadas hasta el momento, con el fin de garantizar que contribuyan a la erradicación de la pobreza lo más eficazmente posible;

60.  Recuerda que, si bien el comercio, regulado con unas normas justas, no es un remedio perfecto para la pobreza mundial, sí puede contribuir positivamente al logro de los ODM a través de su impacto en el crecimiento económico;

61.  Toma nota de recientes estudios de la UNCTAD y de otras instituciones que demuestran que la considerable liberalización del comercio en los países menos desarrollados se ha traducido demasiado poco en una reducción duradera y sustancial de la pobreza y que ha contribuido a un declive en términos de comercio en los países en desarrollo, especialmente en los países africanos;

62.  Pide a la Comisión que ajuste lo más posible sus políticas comerciales y de cooperación para ayudar a los gobiernos de los países en desarrollo a mantener y desarrollar los servicios públicos, en particular aquellos que garantizan al conjunto de la población el acceso al agua potable, a los servicios sanitarios, a la educación, a los transportes y a la energía;

63.  Reitera, con respecto a los debates sobre los efectos de la liberalización en el sector del agua, que, como cuestión de principio, los servicios relacionados con el agua deberían estar plenamente sujetos a la responsabilidad y el control públicos, dejando en manos de las autoridades nacionales, regionales y locales la salvaguarda de este principio, e insta a la Comisión a que se atenga a esta opinión;

64.  Reitera, de conformidad con su Resolución de 11 de marzo de 2004(3) sobre la Estrategia para el mercado interior, que el agua es un bien común de la humanidad y que el acceso al agua, especialmente por parte de las poblaciones más pobres del Sur del mundo, constituye un derecho humano fundamental que debe promoverse y salvaguardarse;

65.  Lamenta que no haya un calendario para suprimir las subvenciones a la exportación de productos agrícolas; considera, por tanto, que el Parlamento Europeo debería ejercer presión para que se establezca dicho calendario;

66.  Pide a los dirigentes de la UE y de otros países industrializados que adopten medidas concretas para alcanzar los ODM mediante la supresión de las subvenciones a la exportación que socavan la producción alimentaria y el desarrollo económico a nivel local;

67.  Insta a la Comisión a reforzar el capítulo de "desarrollo" de las actuales negociaciones de la OMC con un énfasis en la seguridad alimentaria y el empleo rural, que figuran entre los elementos más eficaces para la erradicación de la pobreza, por ejemplo mediante la introducción de una "caja de desarrollo" en el acuerdo de la OMC sobre agricultura, a fin de que los países más pobres puedan abordar mejor sus problemas de seguridad alimentaria y preservar los medios de subsistencia rurales, y mediante la supresión total de las subvenciones a las exportaciones agrícolas de la UE;

68.  Acoge con satisfacción el reconocimiento por parte de la Comisión de la necesidad de un trato especial y diferenciado y se atienda la preocupación de los países en desarrollo en lo que se refiere al impacto de la liberalización del comercio y la reciprocidad;

69.  Insta a la Comisión a promover una urgente reforma de la OMC, con objeto de dar la primacía en la agenda de las negociaciones comerciales a la sostenibilidad y a la erradicación duradera de la pobreza, y a reforzar realmente el "trato especial y diferenciado";

70.  Pide a la Comisión que incluya en las acciones prioritarias del informe de síntesis sobre los ODM una acción de la UE para la estabilización de los precios de las materias primas, incluyendo la revisión de los mecanismos de gestión de la oferta internacional, el apoyo a propuestas tendentes a incluir los precios de las materias primas en la actual ronda de negociaciones de la OMC y la participación en la financiación del Grupo de trabajo sobre materias primas propuesta por la UNCTAD;

71.  Recuerda que, al finalizar las negociaciones sobre los Acuerdos de Asociación Económica (AAE), la situación en la que se encuentren los países ACP a partir de 2007 en lo que se refiere a sus relaciones comerciales no deberá ser menos favorable que la que tienen en la actualidad en el marco de los acuerdos vigentes, y que no hay ninguna garantía o compromiso a priori de que estos países firmarán algún tipo de AAE a finales de 2007;

72.  Insta a la Comisión a que, con relación a los AAE con los países ACP, asegure que sean un instrumento para el desarrollo de estos países y la erradicación de la pobreza, entre otras cosas mediante el mantenimiento de la no reciprocidad de acceso al mercado, con vistas a garantizar un puesto justo a los socios ACP en el mercado mundial, el énfasis en las obligaciones relativas a la oferta y las medidas de salvaguardia para productos sensibles y el fortalecimiento de los esfuerzos de integración regional existentes, así como a que revise o aclare el artículo 24 del Acuerdo del GATT;

73.  Insta a que se tenga plenamente en cuenta la gran dependencia, en numerosos casos, de los países ACP en relación con las materias primas, particularmente vulnerables a las fluctuaciones de previos y al aumento de los aranceles aduaneros y subraya la importancia de la diversificación, el desarrollo de industrias de transformación y de pequeñas y medianas empresas en estos países;

74.  Pide a la Comisión que, durante un período de transición, suscriba el principio de no reciprocidad comercial que debe regular las relaciones entre países industrializados y países en desarrollo, y demuestre mayor flexibilidad hacia los países ACP durante las negociaciones de los AAE a la vista de su nivel de desarrollo, de la dimensión relativamente pequeña de su economía, así como de sus necesidades financieras, de desarrollo y de comercio, y que garantice asimismo que los AAE se conviertan realmente en instrumentos de desarrollo sostenible para los países ACP;

75.  Pide a la Comisión que elabore alternativas válidas a los AAE como, por ejemplo, la ampliación de la iniciativa "Todo menos armas" (EBA) a todos los países que no sean países menos desarrollados o la mejora de la propuesta SPG+ de la UE para aquellos países ACP que no deseen suscribir un AAE;

76.  Destaca la importancia del refuerzo de las capacidades en el ámbito comercial y la necesidad de recursos adicionales por parte de la UE para incrementar la capacidad de los países ACP a la hora de identificar sus necesidades y estrategias, negociar y consolidar su integración regional y respaldar este proceso, en lo que atañe particularmente a la diversificación, así como preparar la liberalización mediante un aumento de la capacidad de producción, suministro y comercialización y una compensación de los costes de ajuste, y aumentar su capacidad para atraer inversiones;

77.  Subraya que el desarrollo de las capacidades en los mercados locales y en el ámbito comercial reviste por lo menos tanta importancia como el acceso a los mercados, y que deben ponerse a disposición fondos no sólo para este fin, sino, también, para la diversificación y el apoyo, en particular en los sectores del plátano, el arroz y el azúcar;

78.  Insiste en que el Consejo debería intervenir rápidamente y aplicar la Decisión de la OMC de 30 de agosto de 2003 sobre la aplicación del apartado 6 de la Declaración de Doha sobre el Acuerdo ADPIC y la salud pública, y pide a la Comisión que inste a los Estados miembros a aplicar plenamente y tan pronto como sea posible la nueva normativa;

79.  Insiste en que el Consejo debería acelerar la toma de decisiones sobre la reforma de las políticas comerciales de la UE para productos sensibles;

80.  Pide a la Comisión que incremente su asistencia en el ámbito comercial y que apoye la creación de capacidad, lo que es esencial para que los países más pobres hagan frente al aumento de la competencia que se deriva de la liberalización del mercado.

81.  Pide que se revisen los estatutos y el mandato del Banco Europeo de Inversiones de modo que un departamento especializado pueda operar sobre la base de un verdadero mandato en materia de desarrollo;

82.  Considera que los ODM nunca se alcanzarán si no se elaboran políticas coherentes en apoyo de las mujeres, los menores, las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad;

83.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos a la adhesión, a la Unión Interparlamentaria, a las Naciones Unidas y al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.

(1) DO C 131 E de 5.6.2003, p. 167.
(2) Textos aprobados de esa fecha, P6_TA(2005)0008.
(3) DO C 102 E de 28.4.2004, p. 857.

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