El Parlamento Europeo,

–  Visto el Acuerdo de Asociación ACP-UE, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (Acuerdo de Cotonú), y en particular su artículo 8 relativo al diálogo político,

–  Visto el intercambio de puntos de vista celebrado en la reunión de su Comisión de Desarrollo del 20 de febrero de 2006,

–  Vista la Resolución sobre un asunto de carácter urgente de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE sobre la situación en Sudán, aprobada en Bamako (Malí) el 21 de abril de 2005(1),

–  Vistas sus Resoluciones de 16 de septiembre de 2004 sobre la región de Darfur (Sudán)(2) y de 12 de mayo de 2005 sobre la situación en Sudán(3),

–  Vista el acta de su delegación ad hoc que visitó Sudán y Chad entre el 2 y el 7 de septiembre de 2004,

–  Vista su Resolución, de 14 de junio de 2001, sobre las elecciones presidenciales en Chad(4),

–  Vista su Resolución, de 20 de enero de 2000, sobre las violaciones de los derechos humanos relacionadas con el proyecto Chad-Camerún de extracción de petróleo y de construcción de un oleoducto(5),

–  Visto el documento "Estrategia de cooperación y Programa Indicativo 2002-2007", ratificado por el Gobierno de la República de Chad y por la Comisión el 11 de febrero de 2002,

–  Vista su Resolución, de 18 de junio de 1998, sobre el proyecto Chad-Camerún y las violaciones de los derechos humanos cometidas durante el período de octubre de 1997 a marzo de 1998(6),

–  Vista la Resolución 1590 (2005), de 24 de marzo de 2005, aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de la Misión de las Naciones Unidas en el Sudán (UNMIS),

–  Vista la decisión del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, de 20 de octubre de 2005, de aumentar el número de soldados de la Misión de la Unión Africana de observación en Sudán (AMIS), por la que el número de sus efectivos pasa de 300 hombres en 2004 a 6 964 hombres en la actualidad,

–  Visto el informe de la Comisión del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, de 12 de enero de 2006, sobre la situación en Darfur,

–  Vista la decisión del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, de 12 de enero de 2006, de prorrogar el mandato de la AMIS hasta el 31 de marzo de 2006,

–  Visto el Acuerdo entre Chad y Sudán, firmado en Trípoli el 8 de febrero de 2006 a raíz de las tensiones observadas entre los dos países,

–  Vistas todas las resoluciones conexas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en particular la Resolución 1593 (2005), de 31 de marzo de 2005, sobre la situación en Sudán, y el informe de la Comisión de investigación internacional sobre Darfur al Secretario General de las Naciones Unidas, de conformidad con la Resolución 1564 (2004) del Consejo de Seguridad,

–  Visto el Plan de acción para Darfur concluido entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Sudán el 5 de agosto de 2004,

–  Visto el Informe de las Naciones Unidas, de 26 de abril de 2005, sobre la situación en Sudán,

–  Visto el Acuerdo firmado en 1999 entre Chad y el Banco Mundial sobre el Programa de gestión de los ingresos procedentes del petróleo,

–  Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,

–  Vista la Ley de la República de Chad nº 001/PR/99, de 11 de enero de 1999, sobre la gestión de los ingresos procedentes del petróleo,

–  Visto el informe sobre el proyecto de construcción de un oleoducto Chad-Camerún de la Comisión de Desarrollo y Cooperación, de 22 de febrero de 2001, acompañado del acta de la visita de la delegación a Chad y Camerún del 23 al 30 de marzo de 2000,

–  Vistos el artículo 91 y el apartado 4 del artículo 90 de su Reglamento,

A.  Recordando que la organización de las elecciones presidenciales en Chad está prevista para mayo o junio de 2006,

B.  Considerando el aplazamiento de las elecciones legislativas previstas para abril-mayo de 2006,

C.  Considerando la aprobación por la Asamblea Nacional de Chad de la revisión de la citada Ley sobre la gestión de los ingresos procedentes del petróleo,

D.  Considerando el compromiso asumido por el Banco Mundial con respecto a Chad para luchar contra la pobreza, establecer las bases de un crecimiento sostenible y ofrecer una oportunidad para mejorar las perspectivas de desarrollo,

E.  Considerando que el Gobierno de Chad desea ampliar la utilización del 10 % del fondo previsto para las generaciones futuras a la administración territorial y a la seguridad, por lo que el Banco Mundial ha bloqueado el desembolso de créditos por un importe de 124 millones de dólares, concedidos a Chad por la Asociación Internacional de Desarrollo (IDA) para financiar ocho proyectos en curso de ejecución y cuyo importe total asciende a 297 millones de dólares,

F.  Considerando que el Gobierno de Chad ha reaccionado a la decisión del Banco Mundial firmando con China y Taiwán acuerdos para la explotación de otros yacimientos de petróleo,

G.  Considerando que Chad es uno de los países más pobres del mundo y que tan sólo el 27 % de la población tiene acceso al agua potable,

H.  Recordando que Chad tiene importantes riquezas en los sectores de la agricultura, la ganadería, la pesca y, especialmente, de los recursos minerales y el petróleo, codiciados por diversos Estados y compañías multinacionales,

I.  Subrayando que las condiciones de vida en el país son extremadamente difíciles debido al efecto combinado de la guerra, la sequía y la hambruna, y que sus instituciones y sus infraestructuras se han deteriorado gravemente,

J.  Considerando que aproximadamente el 80 % de la población de Chad es analfabeta y está sometida a todo tipo de precariedades alimentarias debido al clima y a las enfermedades causadas por el agua y las epidemias,

K.  Considerando las restricciones a la libertad de expresión, como lo demuestra el cierre, en dos ocasiones, de la emisora Radio FM Liberté por el Ministerio del Interior,

L.  Preocupado por las amenazas que sufren las asociaciones activas en el ámbito de los derechos humanos en Chad,

M.  Considerando las expropiaciones de terrenos sin compensaciones de las que son víctimas los agricultores en las zonas petrolíferas,

N.  Preocupado por las diversas incursiones armadas en la frontera oriental de Chad, donde se acusa a Sudán de armar y financiar a los rebeldes, así como por los frecuentes episodios bélicos entre Chad y Sudán,

O.  Considerando que el Gobierno sudanés, las milicias Janjaweed y los movimientos rebeldes están siendo objeto de una investigación iniciada el 6 de junio de 2005 por la Corte Penal Internacional por los crímenes cometidos en violación del Derecho internacional en Darfur,

P.  Preocupado por las conclusiones, de 11 de diciembre de 2005, de Juan Méndez, Asesor especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, según las cuales las misiones de las Naciones Unidas (UNMIS) y de la Unión Africana (AMIS) han sido un verdadero fracaso, puesto que las violaciones de los derechos humanos no sólo no han disminuido sino que por el contrario van en aumento,

Q.  Considerando que la crisis de Darfur constituye una prueba determinante para el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana,

R.  Considerando que los miembros de la Unión Africana no disponen ni de los recursos humanos, materiales y financieros suficientes ni del mandato necesario para hacer frente a esta situación y en un terreno tan vasto,

S.  Considerando que las necesidades en efectivo de la AMIS reforzada, para el período comprendido entre el 1 de julio de 2005 y el 30 de junio de 2006, ascienden a 252,4 millones de dólares, es decir, el 54 % del presupuesto total, y que el importe recibido al 31 de octubre de 2005 era de tan sólo 65,4 millones de dólares, es decir, la cuarta parte del importe total necesario,

T.  Considerando que los fondos recibidos hasta la fecha en el marco de la AMIS reforzada están prácticamente agotados y que los problemas financieros son tan importantes que la Unión Africana ha tenido que reducir las remuneraciones de los observadores militares,

U.  Considerando que se necesita un importe adicional de 4,6 millones de dólares para cubrir otras líneas presupuestarias y apoyar la Misión hasta el 31 de marzo de 2006,

V.  Considerando que, el 3 de febrero de 2006, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas solicitó la elaboración de planes con miras a la sustitución de la fuerza de la Unión Africana en Darfur por una fuerza de las Naciones Unidas,

W.  Considerando que la transición de una fuerza de la Unión Africana hacia una operación de las Naciones Unidas en Darfur es ya inevitable, al igual que el despliegue de una fuerza mucho más numerosa que sea capaz de prevenir los ataques contra la población civil y de desarmar a las milicias Janjaweed,

X.  Preocupado por el creciente número de ataques contra los pueblos en Chad y contra los campos y los trabajadores humanitarios en Darfur occidental, lo que convierte a esta región en un lugar extremadamente peligroso para las organizaciones humanitarias internacionales que, en muy pequeño número, operan actualmente en la zona fronteriza,

Y.  Considerando que el conflicto de Darfur, aún en curso, ha causado varios millares de muertos, el desplazamiento de aproximadamente 1,65 millones de personas y 200 000 refugiados en Chad, y que el número total de personas afectadas por este conflicto se aproxima a los 2,5 millones,

Z.  Considerando que la mayoría de las personas desplazadas en Chad ha perdido una gran parte de sus cosechas como consecuencia de los ataques y viven en chabolas, y que existe el riesgo de que se produzca una grave penuria alimentaria cuando se agoten las reservas de alimentos,

AA.  Considerando el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, de la que dan fe los persistentes actos de violencia, las restricciones a la libertad de expresión, las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad y la situación de pobreza y malos tratos que afecta especialmente a las mujeres y los niños,

AB.  Considerando que, el 24 de enero de 2005, la Unión Africana decidió crear un grupo de expertos jurídicos encargado de examinar las "opciones disponibles" para juzgar a Hissène Habré, antiguo dictador de Chad refugiado en Senegal desde 1990,

1.  Manifiesta su profunda preocupación por la situación general en Chad, en particular por lo que respecta a los derechos humanos;

2.  Recuerda con preocupación que la población civil, ya afectada por la sequía y la hambruna, no se beneficia en absoluto de la ley n° 001/PR/99 ni de los miles de millones de dólares derivados de la venta del petróleo, y subraya que la riqueza petrolífera de Chad debe beneficiar en primera instancia a la población del país;

3.  Condena el hecho de que el 10 % de los ingresos procedentes del petróleo se haya suprimido del fondo para las generaciones futuras y se haya destinado a la lista de "sectores prioritarios", de los que forman parte ahora los gastos militares;

4.  Pide al Gobierno de Chad que indique de forma clara y transparente cómo se utilizan los ingresos procedentes del petróleo;

5.  Pide al Gobierno de Chad que destine los fondos de los ingresos procedentes del petróleo al desarrollo, en particular al suministro de agua potable, a la sanidad y a la educación, así como a la organización de las elecciones;

6.  Insta al Gobierno de Chad a que elabore un plan anual para el desarrollo del país y lo ponga a disposición de la opinión pública;

7.  Toma nota de que el Gobierno de Chad está dispuesto en principio a tener en cuenta los dictámenes de la comunidad internacional, pero insiste en la necesidad de establecer un diálogo más profundo y de aplicar un enfoque abierto;

8.  Se congratula de la creación de un Ministerio de Derechos Humanos en Chad, pide a sus responsables que colaboren con la sociedad civil y concreticen el programa de acción nacional para la política en materia de derechos humanos, y pide a la Comisión que siga de cerca este proceso;

9.  Insta al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros a que presionen al Gobierno de Chad para que refuerce el Estado de Derecho y ponga fin al clima de impunidad y a las violaciones de los derechos humanos, cometidas especialmente contra los detractores del proyecto de revisión de la ley nº 001/PR/99;

10.  Pide al Gobierno de Chad que ponga fin al reclutamiento forzoso de jóvenes soldados en el ejército gubernamental;

11.  Manifiesta su preocupación por los actos de represalia perpetrados por las fuerzas de orden público y las bandas armadas contra la población y los militantes de la oposición; exhorta a las fuerzas de orden público y al ejército a que se abstengan de toda exacción contra la población civil y a que pongan fin a las intrigas de las bandas armadas;

12.  Pide a la AMIS que realice inmediatamente los cambios necesarios para mejorar la protección de la población civil y demostrar que es capaz de proteger a la población civil en Darfur;

13.  Pide al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, a las Naciones Unidas y a la Unión Africana que ejerzan toda la presión posible sobre el Gobierno sudanés para que deje de poner en peligro la eficacia de las operaciones de la AMIS;

14.  Insta encarecidamente al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, a las Naciones Unidas y a la Unión Africana a que pongan a disposición de la AMIS, debilitada por graves problemas financieros, logísticos y de otro tipo, recursos financieros, materiales y militares mucho mayores;

15.  Condena los ataques perpetrados por las milicias Janjaweed desde mediados de diciembre, con el apoyo probable, en ocasiones, del Gobierno sudanés, en particular mediante helicópteros de combate, contra 40 de los 85 pueblos de la región chadiana de Borota, al sur de Adré, todos ellos abandonados tras los ataques por sus habitantes, actualmente sin cobijo;

16.  Se congratula del acuerdo celebrado entre Chad y Sudán en Trípoli el 8 de febrero de 2006, y pide a ambos Estados que respeten plenamente los compromisos asumidos;

17.  Pide a los Gobiernos de Chad y Sudán que controlen más estrictamente el comercio de armas ligeras y de pequeño calibre en la región;

18.  Subraya la gravedad que reviste el problema de las minas terrestres y las municiones sin explotar (UXO) en el sur de Sudán, y pide al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de Chad y Sudán, a las Naciones Unidas y a los demás actores que procedan sin demora a la limpieza de las zonas minadas, a asistir a las víctimas y a explicar los riesgos a la población, con el fin de despejar las carreteras y permitir que las personas desplazadas y los refugiados retornen a sus hogares;

19.  Insta encarecidamente al Gobierno de Chad a que respete el debate democrático sobre la situación en el país, así como sobre el proyecto de extracción de petróleo en la región de Doba;

20.  Pide al Gobierno de Chad que fije lo antes posible el calendario oficial de las próximas elecciones, no sólo presidenciales sino también legislativas, de conformidad con sus obligaciones constitucionales, y que garantice la imparcialidad de la comisión electoral nacional independiente;

21.  Manifiesta su convencimiento de que un proceso electoral no puede desarrollarse con eficacia y transparencia en una coyuntura en la que están amenazados los derechos de expresión más elementales;

22.  Solicita, siempre que se reúnan las condiciones necesarias, que la Unión Europea envíe a Chad una misión de observación electoral con el fin de seguir y favorecer el correcto desarrollo del proceso electoral;

23.  Insta encarecidamente al Gobierno de Chad, recordando el informe de "Transparency International" de 18 de octubre de 2005, según el cual Chad es uno de los países menos transparentes por lo que respecta a sus finanzas, a que combata y ponga fin lo antes posible al fenómeno de la corrupción, y que dé muestras de transparencia en los gastos estatales;

24.  Insta al Gobierno de Chad a que realice campañas de información sobre el desarrollo de las elecciones y a que favorezca la correcta realización de la campaña electoral de forma pacífica y democrática;

25.  Solicita que se fomenten importantes y urgentes progresos económicos y sociales, en particular en los ámbitos de la educación y la formación, la sanidad y la seguridad social;

26.  Manifiesta su deseo de que estos progresos vayan acompañados de avances en los ámbitos de la consolidación de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos, en particular la libertad de expresión, la libertad de asociación y la independencia de la prensa;

27.  Pide al Gobierno de Chad que cree las condiciones favorables para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio fijados y adoptados por las Naciones Unidas;

28.  Insta al Gobierno de Chad a que ponga fin a los actos de sumisión y segregación de la mujer y a la explotación laboral de los niños, y a que suprima, en particular, el reclutamiento forzoso de jóvenes soldados;

29.  Considera que el respeto de los derechos humanos y del pluralismo político constituye una condición indispensable que permitirá a la población defender sus intereses legítimos y participar en la toma de decisiones y, en última instancia, luchar contra la pobreza;

30.  Pide al Consejo, a la Comisión y a la comunidad internacional que continúen facilitando su ayuda humanitaria y su ayuda para el desarrollo a la población refugiada de Sudán y a la población de acogida de Chad, y que sigan asociando a la sociedad civil de Sudán y Chad como socios de la paz;

31.  Pide a todas las compañías petrolíferas que respeten plenamente la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas y los principios internacionales en materia de seguridad voluntaria; insta a la Comisión a que vigile este proceso en el marco de sus políticas relativas a la responsabilidad social de las empresas;

32.  Solicita que Hissène Habré, antiguo dictador de Chad refugiado en Senegal desde 1990, sea juzgado finalmente en África o bien extraditado y juzgado en Bélgica de forma que obtenga un proceso justo y equitativo, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

33.  Pide a la Unión Africana que asuma sus obligaciones en el marco del proceso de Hissène Habré con el fin de evitar las críticas de la comunidad internacional;

34.  Pide a la Comisión que inicie un diálogo político estructurado, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú, y que informe a la Comisión de Desarrollo de los progresos y los resultados de este diálogo;

35.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos de los Estados miembros, al Consejo de Ministros ACP-UE, a los Presidentes, los Gobiernos y los Parlamentos de Chad y Sudán, al Banco Mundial y a la organización no gubernamental "Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l'homme" (ATPDH).

(1) DO C 272 de 3.11.2005, p. 43. (2) DO C 140 E de 9.6.2005, p. 153. (3) Textos Aprobados, P6_TA(2005)0178. (4) DO C 53 E de 28.2.2002, p. 404. (5) DO C 304 de 24.10.2000, p. 211. (6) DO C 210 de 6.7.1998, p. 210.